fbpx

Es de un excesivo rigor formal imponer al recurrente adjuntar tantas copias del recurso como partes intervengan, cuando las co-actoras habían constituido un único domicilio junto a su letrado patrocinante.

Firma documentoPartes: Gómez Patricia Verónica e/ Latrille, Fernando Gabriel Roberto s/ daños y perjuicios

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 24-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-94865-AR | MJJ94865 | MJJ94865

Es de un excesivo rigor formal imponer al recurrente adjuntar tantas copias del recurso como partes intervengan, cuando las co-actoras habían constituido un único domicilio junto a su letrado patrocinante.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la queja y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que sustancie el recurso extraordinario y oportunamente, se resuelva sobre su admisibilidad, puesto que la decisión que lo tuvo por no presentado, por entender que la parte no había cumplido con la carga de acompañar las copias para el traslado del remedio federal, a pesar de haber sido intimado, es de un excesivo rigor formal, dado que en autos, el demandado presentó el recurso federal ante el a quo acompañando una copia para las actoras, que habían constituido un único domicilio a lo largo del proceso conjuntamente con su letrado patrocinante, del mismo modo que había hecho para todas las notificaciones durante la tramitación de la causa.

2.-Aún cuando las cuestiones atinentes a la interpretación del art. 120 del CPCCN., son ajenas al remedio federal del art. 14 de la ley 48, tal circunstancia no resulta óbice decisivo para invalidar lo resuelto cuando se advierte un exceso ritual susceptible de frustrar el derecho de defensa en juicio, pues, en efecto, dicha disposición, en tanto establece que deberán adjuntarse tantas copias como partes intervengan, ha de interpretarse razonablemente a partir de su finalidad, que es asegurar a las partes interesadas el debido conocimiento de las cuestiones planteadas por la contraria.

3.-Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte acerca de que adolecen de un injustificado rigor formal aquellas sentencias que son fruto de una sobredimensión del instituto de la preclusión procesal al hacerlo extensivo a un ámbito que no hace a su finalidad. La mencionada negativa del a quo a examinar la defensa también bajo un argumento ritual, ha llevado a convalidar un resultado inicuo pues el apelante había satisfecho en su oportunidad el recaudo formal exigible para la debida sustanciación del recurso y de tal modo le impuso una obligación que no había podido ser razonablemente prevista a partir de lo actuado con anterioridad en el proceso.

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por Fernando Latrille contra el pronunciamiento de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del departamento judicial de San Nicolás, que había hecho lugar a la demanda entablada por Patricia Verónica Gómez y Marta Hernández de Villareal por los daños y perjuicios derivados de la difusión de publicaciones injuriantes y, en consecuencia, había condenado al demandado al pago de $10.000 (fs. 430/1 Y 362/369 del expediente principal, al que me referiré salvo aclaración en contrario).

El superior tribunal provincial sostuvo que no correspondía anular la sentencia apelada en tanto aquélla había tratado todas las cuestiones esenciales planteadas ante esa instancia y, de este modo, dejó firme la condena dictada contra e! demandado.

A su tumo, esa cámara había sostenido que las expresiones difundidas por el demandado no constituían meras opiniones, sino afirmaciones de hechos que vinculaban a las actoras con la sustracción de fondos públicos destinados a la biblioteca popular José Manuel Estrada de la localidad de Ramallo.

En esas circunstancias, la cámara había advertido que e! demandado no había cumplido con las mínimas medidas de resguardo para verificar la veracidad de la información difundida y, en consecuencia, había actuado con temeraria despreocupación respecto de la verdad o falsedad de la noticia. Por ello, entendió que el accionado debe responder, en virtud de la doctrina de la real malicia, por los daños y perjuicios causados por las expresiones lesivas al honor de las actoras.

-II-

Contra dicho pronunciamiento, el demandado interpuso recurso extraordinario (fs.13/31 del cuaderno de queja).

El recurrente sostiene, en lo principal, que la condena a pagar daños y perjuicios por la difusión de noticias de interés general atenta contra la libertad de expresión.

En ese sentido, destaca que las notas publicadas en el mensuario Despertar reflejan su opinión sobre un asunto de interés público, esto es, el esclarecimiento del destino de los fondos percibidos por la biblioteca popular José Manuel Estrada de la localidad de Ramallo. Recuerda que esta cuestión preocupaba a los habitantes de aquella localidad, en tanto, entre otras circunstancias, el Concejo Deliberante de Ramallo había solicitado informes relacionados con la utilización de los fondos. Agrega que, al momento de las publicaciones, la Banda Infanto-juvenil de Ramallo -otro de los destinatarios de los fondos del bingo- había iniciado un proceso judicial contra la biblioteca a fin de obtener el cobro de las sumas de dinero no percibidas. En ese marco, alega que no debe responder civilmente en tanto los juicios de valor por él difundidos no constituyen insultos o vejaciones gratuitas.

Además, agrega que, aun si se considerase que las expresiones son aseveraciones fácticas, estas se encuentran amparadas por la doctrina de la real malicia. Señala que el pronunciamiento confirmado por el superior tribunal provincial omitió ponderar que, de conformidad con esa doctrina adoptada por la Corte Suprema, las actoras tenían la carga de probar que la noticia contenía afirmaciones falsas o inexactas, y que él obró con conocimiento de su falsedad o con notoria despreocupación por su veracidad.En este sentido, advierte que el análisis de las publicaciones basta para descartar la existencia de la fe y que las instancias anteriores confunden él estándar de «notoria despreocupación por la veracidad» con el concepto de mera culpa establecido en el Código Civil de la Nación.

-III-

A su turno, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires tuvo por no presentado el recurso extraordinario federal en atención a que el recurrente acompañó en forma extemporánea un juego adicional de copias para traslado (fs. 39 del cuaderno de queja), lo que motivó la presentación de un recurso de queja (fs. 40/44 del cuaderno de queja), que, en mi opinión, debe prosperar.

La decisión del a quo de tener por no presentado el recurso extraordinario configura una denegación de la impugnación (Fallos: 311:273, entre otros) que incurrió en un excesivo rigor formal (Fallos: 329:3966; dictamen de la Procuración General de la Nación en los autos s.e. P.213, L XXXIV, ‘Piave SRL s/ concurso preventivo», del 31 de marzo de 1999) que no puede obstar· que la Corte Suprema trate los agravios federales planteados por el apelante vinculados a la inteligencia de las cláusulas constitucionales que garantizan la libertad de expresión (arts. 14 y 32, Constitución Nacional; Fallos: 329:3966).

De las actuaciones surge que al interponer el remedio federal, el recurrente acompañó una copia para traslado en atención a que hasta ese momento ambas accionantes -que tienen e! mismo letrado patrocinante y e! mismo domicilio constituido– eran notificadas a través de una única cédula acompañada de un juego de copias (fs. 335,344/51,370,380/87,432). Luego de la presentación de la impugnación federal, la Suprema Corte provincial intimó al apelante, bajo apercibimiento de aplicar la sanción prevista en el artículo 120 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a acompañar otra copia en tanto entendió que era necesario enviar dos cédulas distintas con un juego de copias cada una.Finalmente, e! impugnante presentó la reproducción adicional una vez transcurrido el plazo de dos días previsto en la norma citada, lo que motivó que el a quo hiciera efectivo el apercibimiento y tuviera al recurso por no presentado.

En estas circunstancias, la decisión de dar por decaído el derecho a recurrir por la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48 ha frustrado, con argumentos de excesivo rigor formal, una vía apta para el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión invocado (artículos 14 y 32, Constitución Nacional), con menoscabo de la garantía de defensa en juicio (artículo 18, Constitución Nacional).

Para más, se encuentran reunidos los restantes recaudos de la vía extraordinaria en tanto la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que la demandada fundó en las cláusulas federales invocadas (art. 14, inc. 3, ley48).

Por ello, el recurso de queja es procedente.

-IV-

No se encuentra controvertido que, entre febrero y junio de 2006, el señor Fernando Latrille publicó tres notas periodísticas relacionadas con el destino de los fondos asignados a la biblioteca popular José Manuel Estrada de la localidad de Ramallo en el mensuario Despertar, que circula en esa jurisdicción local (fs. 10/14). Ello motivó la interposición de la presente acción por parte de Patricia Verónica Gómez y Marta Hernández de Villareal, en su carácter de presidenta y de secretaria de la comisión de esa biblioteca, por los daños y perjuicios que le habrían causado esas publicaciones (fs. 23 / 30 vta.).

En el año 1997 la biblioteca popular de Ramallo fue autorizada a instalar una sala de bingo en esa ciudad, de conformidad con la ley provincial 11.018, cuyos ingresos debían ser destinados a entidades de bien público, entre ellas, la biblioteca en cuestión (d. ordenanza municipal 1505/97 de! 28 de octubre de 1997, fs. 45/68).

En e! artículo titulado «Hipocresía» publicado en e!mes de febrero de 2006, el señor Latrille afirmó que esa biblioteca había recibido una gran cantidad de dinero para su funcionamiento, pero que faltaba que e! ingreso de fondos se viera reflejado en la institución (fs. 14). La nota culminaba con la siguiente frase:

«[s]i uno recibiera ese dinero, tranquilamente crearía una editorial. Sí señor, una editorial que tranquilamente se podría llamar ‘Editorial Villa Real’. A lo mejor de esta manera uno estaría convirtiéndose en un verdadero hipócrita».

En e! mes de abril, el demandado publicó otra nota titulada «Se volaron. ¿Dónde están?», donde expuso que en los años 2004 y 2005 la biblioteca José Manuel Estrada recibió de Bingo Ramallo SA la suma de $ 307.723 Y que el bloque justicialista de! Concejo Deliberante solicitó al Poder Ejecutivo municipal que se informe sobre el uso de los fondos. Luego incluyó una entrevista al concejal Ricardo Belos (fs. 10 y 12).

Finalmente, en el mes de junio, el señor Latrille volvió a publicar una editorial en la que instó a que se siga investigando el destino de los fondos. En ese marco, ·aseveró: «Perdón por la insistencia, pero a lo mejor hacen que me irrite, cuando intentan coartar la libertad de expresión. Sólo espero que les alcance con el carbón, porque algún día la justicia puede llegar para al lado donde tienen que ir y, aquellos que se burlaron y viajaron por Egipto como quien viaja de Ramallo a Villa, tendrán que dar explicaciones. Por momentos me imagino un camión de carbón, una quema de plata -libros, libros- plata, una vieja viajando y que en la timba gasta la plata ajena.

Demasiado para una tapa.Todo tiene un límite, el suyo es que ahora la repartan» (fs . 13).

Tampoco se encuentra discutido en esta instancia que el 21 de febrero de 2006, los concejales del Partido Justicialista dirigieron una nota al intendente de Ramallo a fin de que la biblioteca corrobore la fecha y el monto de los pagos efectuados por Bingo Ramallo SA a la institución, especifique el destino de esos fondos con los respaldos correspondientes y acompañe las copias de los balances de los últimos tres meses (fs. 44). De acuerdo con el informe de fojas 166, Bingo Ramallo SA entregó a la biblioteca $95.572,79 en el año 2004 y $179.227,55 en el año 2005. De las constancias de la causa surge que, para el 11 de abril de 2006, aquella nota no había sido respondida por el departamento ejecutivo municipal (fs. 59).

-V-

la cuestión federal llevada a conocimiento de la Corte Suprema, consiste en determinar cómo debe compatibilizarse, en las circunstancias relatadas, el derecho a la libertad de expresión de! demandado con el derecho al honor de las actoras (arts. 14, 32 Y 75 , inc. 22, Constitución Nacional; 11 y 13, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 y 19, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; IV y V, Declaración Americana de los Derechos y Deberes de! Hombre; y 12 Y 19, Declaración Universal de Derechos Humanos).

Al respecto, corresponde destacar el fundamental valor que el derecho a la libertad de expresión representa en una sociedad democrática. Tal como ha establecido esta Procuración General: «~a libertad de expresión J comprende tanto e! derecho de cada individuo a expresar su pensamiento y a difundirlo a través de cualquier medio apropiado, como el derecho colectivo a recibir todo tipo de información ya conocer la expresión del pensamiento ajeno (Corte Interamericana de Derechos Humanos, «Opinión Consultiva OG5/85, 13 de noviembre de 1985, párrafo 30). Ese derecho adquiere una preponderancia singular en el ámbito de los derechos fundamentales pues se despliega en una doble dimensión:por un lado, constituye un derecho inalienable de los individuos, y, por el otro, es una precondición esencial para el funcionamiento de un gobierno democrático. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que ‘la libertad de expresión e información es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática’ (Corte IDH, OG5/85, párrafo 70) [ .) Ese entendimiento también ha sido resaltado invariablemente por la Corte Suprema (CSJN, Fallos: 310:510; 314:1517; 319:3428; entre otros)» (S. e G, 439, L. XLIX, «Grupo Clarín S.A y otros cl Poder Ejecutivo Nacional y otro si acción meramente declarativa», emitido el 12 de julio de 2013).

En este sentido, la Corte Suprema ha receptado la doctrina de la real malicia (Fallos 310:508). De acuerdo con ella, y tal como fue expuesta en el precedente registrado en Fallos: 331:1530, «tratándose de informaciones referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones de esa índole, cuando la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320: 1272 ; 327:943 )».

En esta causa, cabe destacar que las expresiones vertidas por el demandado versaban sobre un asunto de interés público. En efecto, las normas municipales y provinciales autorizaron el funcionamiento de un bingo con la condición de que los fondos recaudados por esa actividad sean destinados a una entidad de bien público. El esclarecimiento respecto de si ese dinero efectivamente se aplicaba a causas de bien común tenía una indudable trascendencia para la vida social, política e institucional del municipio. En otras palabras, se trata de información significativa para el debate democrático en el ámbito de la municipalidad de Ramallo.Para más, de las constancias de la causa surge que esta cuestión preocupaba a los habitantes de la localidad de Ramallo. Entre otras circunstancias, ello se evidencia por la carta enviada por el Partido Justicialista al intendente de Ramallo para que se provea información sobre la utilización de! dinero (fs. 44).

Asimismo, las actoras, en su carácter de presidenta y de secretaria de la comisión de la biblioteca, se encontraban a cargo de la institución que recibía fondos regulados por la municipalidad de Ramallo para ser destinados al bien común. En esa medida, intervenían en una cuestión de interés público. En este contexto, la doctrina de la real malicia es aplicable en todo lo concerniente con el desarrollo de dicha actividad, que es justamente el asunto abordado por las publicaciones que dieron lugar a esta acción (Fallos: 331:1530 ; 334:1722 , voto de la ministra Elena I. Highton de Nolasco; Corte Interamericana de Derechos Humanos, «Caso Ricardo Canese vs. Paraguay», sentencia del 31 de agosto de 2004, párr. 103).

En mi opinión, la sentencia de la cámara de apelaciones, que fue confirmada por la Suprema Corte provincial, aplicó en forma errónea la doctrina de la Corte Suprema con relación al alcance de la libertad de expresión.

Por un lado, las actoras no cumplieron con la carga de acreditar la falsedad de la información, dado que no han acompañado ninguna prueba relativa al uso de los fondos. El tribunal de grado tuvo por acreditada la Li»1exactitud de la información sobre la base de que los concejales interesados en el esclarecimiento no habían formulado denuncia contra las actoras y en razón de que el concejal entrevistado, Ricardo Belos, no había formulado juicio alguno sobre la honorabilidad de las actoras.Sin embargo, ninguna de dichas circunstancias pone en evidencia la inexactitud de las afirmaciones vertidas por el demandado.

Más importante aún, las accionantes no acreditaron que el demandado hubiera obrado a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación al respecto (Fallos: 310:508, considerando 11 0; 331:1530, considerando 8°).

Luego, los dichos atribuidos al demandado que encierran juicios de valor -tal como la alusión a las actoras como «hipócritas»- también gozan, en el caso, de protección constitucional en tanto no dejan traslucir un ejercicio abusivo por parte del accionado de su derecho a la libertad de expresión. Sin perjuicio de que esas manifestaciones pudieron resultar hirientes para las actoras, no constituyen un insulto o una vejación gratuita o injustificada, sino que muestran una relación con las ideas expuestas (Fallos: 335:2150, considerando 12° y sus citas).

Cabe recordar que en el debate sobre temas de interés público no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquéllas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o la población (Corte Interamericana de Derechos Humanos en «Caso Ivcher Bronstein vs. Perú», sentencia del 6 de febrero de 2001, párr. 152; «Caso Ricardo Canese vs. Paraguay», sentencia del 31 de agosto de 2004, párr. 83; «Caso Kimel vs. Argentina», sentencia del 2 de mayo de 2008, párr. 88).

-V-

Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar a la queja, admitir el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 14 de abril de 2015

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014

Vistos los autos:»Recurso de hecho deducido por el demandado en la causa Gómez, Patricia Verónica c/ Latrille, Fernando Gabriel Roberto si daños y perjuicios», para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, desestimó el recurso de nulidad deducido respecto de la decisión de cámara -confirmatoria de la de grado que había condenado al demandado a indemnizar a las coactoras por los perjuicios derivados de la difusión de publicaciones injuriantes.

2º) Que, contra tal decisión, el vencido dedujo recurso extraordinario, que fue tenido por no presentado por entender el tribunal que la parte no había cumplido con la carga de acompañar las copias para el traslado del remedio federal, a pesar de haber sido intimado bajo la forma y el apercibimiento dispuesto en el art. 120 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por ello concluyó que al haber transcurrido el plazo allí previsto, el recurrente había cumplido el requerimiento en forma extemporánea.

3°) Que el apelante considera que la decisión que tuvo por no presentado el recurso extraordinario, configuró su denegación e impidió que este Tribunal ejerciera el control sobre la sentencia impugnada.

Expresa que al interponer la demanda las actoras constituyeron domicilio legal conjuntamente con su letrado patrocinante, que fue mantenido durante la tramitación del expediente en primera instancia y ante la cámara, por lo que todas las notificaciones fueron efectuadas a dicho domicilio mediante una única cédula.

Afirma que después de cuatro meses sin que tuviera alguna novedad sobre la presentación de su remedio federal, el tribunal lo intimó a acompañar una copia del recurso interpuesto en un plazo de dos días (art. 120 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y que esa situación lo dejó en un claro estado de indefensión debido al prolongado lapso sin movimientos.

4°) Que, aun cuando las cuestiones atinentes a la interpretación del art.120 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, son ajenas al remedio federal del art. 14 de la ley 48, tal circunstancia no resulta óbice decisivo para invalidar lo resuelto cuando se advierte un exceso ritual susceptible de frustrar el derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional).

5°) Que, en efecto, dicha disposición, en tanto establece que deberán adjuntarse tantas copias como partes intervengan, ha de interpretarse razonablemente a partir de su finalidad, que es asegurar a las partes interesadas el debido conocimiento de las cuestiones planteadas por la contraria (Fallos: 322:2497 ) .

Que, en autos, el demandado presentó el recurso federal ante el a qua acompañando copia para las actoras que habían constituido un único domicilio a lo largo del proceso conjuntamente con su letrado patrocinante. Así lo habían hecho para todas las notificaciones durante la tramitación de la causa, y después de un prolongado lapso sin movimiento, el tribunal intimó al recurrente en los términos del art. 120 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

7°) Que, a pesar de que debe ser reconocida la trascendencia de las técnicas y principios tendientes a la organización y el desarrollo del proceso, no puede admitirse que dichas formas procesales sean utilizadas mecánicamente, con prescindencia de la finalidad que las inspira y con alvida de la verdad jurídica objetiva, porque ello resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia (Fallos: 301:1067; 303:1150; 311:274; 312:61 y 317:757).

8º) Que, desde esta perspectiva, resulta de aplicación la doctrina de esta Corte acerca de que adolecen de un injustificado rigor formal aquellas sentencias que son fruto de una sobretlimensión del instituto de la preclusión procesal al hacerlo extensivo a un ámbito que no hace a su finalidad (Fallos:302:1430; 313:1223). La mencionada negativa del a qua a examinar la defensa también bajo un argumento ritual, ha llevado a convalidar un resultado inicuo pues el apelante había satisfecho en su oportunidad el recaudo formal exigible para la debida sustanciación del recurso y de tal modo le impuso una obligación que no había podido ser razonablemente prevista a partir de lo actuado con anterioridad en el proceso.

9°) Que, en suma, la decisión que en el caso tuvo por decaído un acto de la trascendencia que tiene el recurso extraordinario, por ~no haberse cumplido la carga de agregar una copia del traslado que tenía por destinataria a una de las coactoras, importa un menoscabo directo del derecho de defensa del apelante y, consecuentemente, de la verdad jurídica objetiva, cuya necesaria primacía: es acorde con el adecuado servicio de justicia (doctrina de Fallos: 299:208). r Por ello, i Y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal subrogante~ se hace lugar a la queja y se deja sin efecto el pronunciamiento de fs. 481 de los autos principales. En consecuencia, remítanse las actuaciones al tribunal de origen para que sustancie ‘el recurso extraordinario y oportunamente, se resuelva sobre su admisibilidad, de acuerdo con lo establecido por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Notifíquese, agréguese la queja la queja al principal y devuélvase.

ELENA I.HIGHTON de NOLASCO – ROCARDO LUIS LORENZETTI – JUAN CARLOS MAQUEDA

A %d blogueros les gusta esto: