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La inconstitucionalidad de la Ley 27.145 en una sentencia de la Corte Suprema de la Nación. Un paso hacia la restauración de la independencia de la Justicia.

CSJNAutor: Sabsay, Daniel A.

Fecha: 13-nov-2015

Cita: MJ-DOC-7488-AR | MJD7488

Doctrina:

Por Daniel A. Sabsay (*)

La voluntad de las administraciones Kirchner de copar el Poder Judicial comienza en 2006, decisión que coincide con la clara victoria obtenida en las elecciones legislativas del año anterior. Es a partir de ese momento que concluye la que denomino «etapa de seducción» que se vio marcada por el Decreto 222/03 de Autolimitación de las Facultades del Ejecutivo para el nombramiento de miembros de la Corte Suprema, entre otras iniciativas positivas.

Ese ímpetu giraría 360 grados con la sanción de la Ley 26.080 (2 de febrero de 2006) de Reforma del Consejo de la Magistratura, de conformidad con las características del sistema que se edificó en Santa Cruz bajo el gobierno de Néstor Kirchner. La nueva norma llevó a una integración del Consejo en la que luce una mayoría de representantes del sector político, en el que el oficialismo con cinco sobre trece miembros logra bloquear la elevación de una terna para la designación de un nuevo juez o la acusación de un magistrado para dar inicio a un juicio político, en razón de que es necesaria una mayoría de dos tercios de sus miembros para dichas decisiones. Recordemos que se trata de los dos actos más importantes que toma el mencionado organismo. Esta actitud se ha acentuado durante los dos mandatos de Cristina Kirchner.

En 2013 un paquete de leyes que se dio en llamar de «democratización de la Justicia», aunque en realidad fue ideado para su dominio, reforma nuevamente el Consejo de la Magistratura, modifica el marco jurídico para el dictado de medidas cautelares, entre otras novedades encaminadas a invadir desmedidamente la competencia de la Justicia, en desmedro de su autonomía.Si bien la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de varios de sus artículos, han quedado vigentes otros que importan una irrupción sobre la independencia judicial.

La escalada continúa con la aparición de la agrupación Justicia Legítima, cuyos integrantes -jueces, fiscales, juristas- se proclaman militantes del proyecto político que encabeza la actual presidenta. Nada más alejado de la imparcialidad y objetividad que deben observar los magistrados de conformidad con la Ley de Organización de la Justicia. Asimismo, la Ley de Subrogancias que la Corte declara inconstitucional en el fallo «Uriarte c/ Consejo de la Magistratura» , resuelto el 4 de noviembre de 2015, que comentaremos más adelante; y la designación de conjueces, se caracterizan por la arbitrariedad de los nombramientos, de acuerdo con nuevas reglas y en abierta contradicción con sentencias de la Corte Suprema.

A este cuadro se suma la remoción o apartamiento de los jueces y fiscales que tienen a su cargo causas que pongan en cuestión al Ejecutivo. En ocasiones se trata de someter a juicio político a quienes no obedecen los deseos de la Presidencia. Los casos del fiscal Campagnoli y de los magistrados Bonadío, Herrero y Fernández, no alcanzaron a concretarse por la reacción de la opinión pública, pero se acecha la continuidad de otros, a partir de acusaciones falsas o que ya se han ventilado en anteriores procesos o que han caducado y que no respetan los principios esenciales del derecho. Esto es lo que ocurre en este momento con el vocal de la Cámara Federal de Bahía Blanca Dr. Néstor Montezanti, que fuera designado para ocupar dicho puesto con el acuerdo unánime del Senado en 2002. Sin embargo, hoy su presencia molesta dado su desempeño como juez independiente en el contexto de una causa por facturas apócrifas que involucra al empresario K Lázaro Báez. El juez de primera instancia Martínez había avanzado fuertemente en ese proceso.Eso motivó su apartamiento inmediato (la primera medida adoptada por el Consejo de la Magistratura con la nueva Ley 27.145 , de Subrogancias, el mismo día de su entrada en vigencia). Luego aprovecharon para ir contra la Cámara, que como solo contaba y funcionaba con dos jueces titulares, sería fácil de «copar» mediante la suspensión y destitución de uno de ellos. Entre las escuchas de la causa «Suris» por narcotráfico (luego anuladas por reparos procesales), hay un diálogo entre Suris y otro narco, en el que este último le dice que «si en la Cámara lo agarra Montezanti está perdido porque es un hijo de p…»(sic). El nombrado también habla bien de uno de los fiscales de Justicia Legítima, Antonio Castaño, que casualmente es uno de los que pide, juntamente con Abuelas de Plaza de Mayo, la intervención irregular de la justicia federal de Bahía Blanca mediante el nombramiento de Ramos Padilla (que no podía ser nombrado porque es juez federal de Dolores, es decir, no es juez de la misma jurisdicción ni figura en la lista de conjueces como exige la propia Ley de Subrogancias).

A efectos de lograr una integración del tribunal que posea una mayoría afecta al poder, se ha montado una acusación que hoy tramita ante el Jurado de Enjuiciamiento que está plagada de vicios que la tornan nula de nulidad absoluta. El mencionado juez ha sido suspendido por el Consejo de la Magistratura por supuesto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Expresamente aclaran que no le imputan delito alguno. El mal desempeño lo fundan en causales que ya el Consejo había considerado con anterioridad y que habían derivado en el archivo de las denuncias (por transcurso del plazo legal de tres años y cuatro meses sin acusación). Además, algunas de ellas (supuestos vínculos con personas pertenecientes a la Triple A) son previas a su propio nombramiento y actuación como juez.Por lo tanto, no pueden ser propuestas como constitutivas de mal desempeño de ese cargo y su evaluación y mérito corresponden al Consejo, al presidente y al Senado en el momento de la designación.

Como se puede apreciar, se violan los principios de ne bis in idem -arremetiendo contra la cosa juzgada-, de legalidad, de seguridad jurídica, entre muchos otros.

Por ello, nos da un gran aliento la sentencia antes citada que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 27.145 del 18 de junio de 2015, que establecía el régimen de subrogaciones y fijó una nueva modalidad transitoria de designación de subrogantes. Además, declaró la inconstitucionalidad del reglamento de designaciones de subrogantes del Consejo de la Magistratura y de todas las listas de conjueces. Finalmente, invalidó la Resolución 331/14 del Consejo de la Magistratura y el Decreto 1264/15 del Poder Ejecutivo nacional, que designaron al Dr. Laureano Durán como juez subrogante a cargo del Juzgado Federal N.° 1 de La Plata y la designación de todos los jueces subrogantes nombrados en las mismas condiciones.

La Corte Suprema, por unanimidad, sostuvo que la ley era inconstitucional porque afectaba la independencia judicial y la garantía del juez natural para los ciudadanos, en tanto permitía al Consejo de la Magistratura elegir subrogantes para un tribunal o caso determinado, en forma discrecional, sin sorteo ni parámetro objetivo alguno y sin dar prioridad a los jueces designados mediante el procedimiento constitucional.Además, la ley establecía que los jueces subrogantes podían nombrarse por una mayoría inferior a la requerida para nombrar jueces titulares.

De esta manera, el régimen de la ley resultaba contrario a la jurisprudencia fijada por el Alto Tribunal en otros precedentes como «Rosza» , «Rizzo» y «Aparicio» , tendientes a asegurar el derecho de los justiciables a contar con un juez independiente e imparcial.

La Corte advirtió que en la actualidad aproximadamente un cuarto de los cargos de los tribunales nacionales y federales se encuentran vacantes en forma permanente y que, en los hechos, hoy la regla es designar un subrogante y la excepción nombrar a un juez mediante el procedimiento constitucional.

Por ello, concluyó que las disposiciones de la Ley 27.145 permiten que, en forma paralela a los jueces designados de acuerdo con las reglas de la Constitución Nacional, se conforme un cuerpo de conjueces para cada fuero, instancia y jurisdicción -que solo en el ámbito de la Capital Federal alcanzaría al millar- y cuyo nombramiento para un tribunal, o incluso para un caso concreto, es definido en forma discrecional y por simple mayoría por el Consejo de la Magistratura.

De este modo, los propios órganos a los que la Constitución Nacional les asigna la función de designar jueces no solo no cubrieron, en tiempo y forma, el importante porcentaje de cargos vacantes sino que, además, dictaron normas por las que habilitaron a designar jueces al margen del procedimiento constitucional creando una justicia de excepción en la que no rige la garantía del juez natural ni de independencia judicial.

En consecuencia la Corte decidió:

1. Revocar la sentencia apelada.

2. Declarar la inconstitucionalidad de la Resolución 331/14 del Consejo de la Magistratura de la Nación (que nombró al Dr.Durán como juez subrogante), del artículo 7.° del Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación -aprobado por la Resolución 8/14 del Consejo de la Magistratura- (que autorizó al Consejo de la Magistratura a nombrar subrogantes sin intervención del Congreso ni del Poder Ejecutivo), del Decreto 1264/2015 del Poder Ejecutivo Nacional (que designó, entre otros, al Dr. Durán) y del régimen de subrogaciones establecido por la Ley 27.145 (que permitía al Consejo de la Magistratura designar discrecionalmente subrogantes).

3. Declarar, en consecuencia, la invalidez del nombramiento del Dr. Durán y de todos los subrogantes cuyo procedimiento de designación no se haya ajustado a las pautas fijadas en la sentencia, con excepción de los casos en los que se haya designado para subrogar a un juez titular y que este último haya sido elegido por sorteo u orden preestablecido en una norma general.

4. Declarar la invalidez de todas las listas de conjueces aprobadas sin la debida intervención del Consejo de la Magistratura con las mayorías agravadas de dos tercios.

5. Declarar la validez de todas las actuaciones cumplidas hasta la fecha por los subrogantes al amparo de las designaciones que aquí son declaradas inválidas.

6. Mantener en el ejercicio de sus cargos por el plazo de tres meses a aquellos subrogantes cuya designación es invalidada en esta sentencia para asegurar el principio inalterable de seguridad jurídica. La Corte trata de resguardar las actuaciones judiciales comenzadas en procesos y juicios en los cuales estos magistrados hubieren intervenido y de producirse su cese inmediato se podría desencadenar una situación caótica en el ámbito de las causas en trámite.

Además, los tres meses se corresponden a un período razonable y suficiente para que el nuevo Congreso pueda dictar respecto de las subrogancias y suplencias de jueces una legislación acorde con la Constitución y con lo dispuesto en los fallos «Rosza», «Rizzo», «Aparicio» y «Uriarte».

7.Mantener la designación de los jueces subrogantes en materia penal que a la fecha del dictado de la presente sentencia se encuentren interviniendo en audiencias de debate oral y público en curso, al único efecto de que estas se concluyan y se dicte sentencia.

8. Disponer que, hasta tanto el Poder Legislativo sancione un nuevo régimen que se ajuste a las pautas establecidas en este fallo, los subrogantes deberán ser designados por el Consejo de la Magistratura de la siguiente manera:

a) para los juzgados de primera instancia se deberá nombrar un juez de igual competencia de la misma jurisdicción, teniendo prelación el juez de la nominación inmediata siguiente en aquellos lugares donde tenga asiento más de un juzgado de igual competencia;

b) para los restantes tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por sorteo siguiendo el orden al que remite el Decreto 1285/58, según Ley 26.371 .

Agotadas estas posibilidades deberá convocarse a un magistrado jubilado que haya sido nombrado de conformidad con lo previsto por la Constitución Nacional. A tales efectos, las cámaras, según fuero y jurisdicción, elaborarán un listado de jueces jubilados y la designación se hará por sorteo.

En los supuestos de excusación, recusación, impedimento, suspensión o licencias inferiores o iguales a 60 días de los jueces de los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la designación del juez subrogante o del jubilado corresponderá a la cámara del fuero, de acuerdo a los parámetros establecidos precedentemente.

Consideramos que esta decisión importa un gran avance que frena la carrera hacia el copamiento de la Justicia a que antes hemos hecho alusión recurriendo a algunos de sus hitos más importantes. Ojalá que se trate del primer paso que permita desmontar los mecanismos perversos que han venido dinamitando de manera grosera el edificio institucional en el que sostiene nuestro Estado de derecho.

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(*) Profesor titular de Derecho Constitucional, UBA. Director de la Carrera de Especialización en Derecho Constitucional, UBA.

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