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Procesamiento del encartado por el delito de uso de documento falso si de la pruebas surge la probabilidad de que conociera el carácter adulterado de la cédula verde que presentó.

DNIPartes: H. H. E. s/ uso de documento adulterado o falso

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: B

Fecha: 7-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-95396-AR | MJJ95396 | MJJ95396

Procesamiento del encartado por el delito de uso de documento falso si de la pruebas surge la probabilidad de que conociera el carácter adulterado de la cédula verde que presentó.
Sumario:

1.-Corresponde confirmar parcialmente la resolución en cuanto ordenó el procesamiento del encartado como presunto autor del delito de uso de documento falso (art. 296 en función del 292 del CPen.) desde que de la documentación que se ha incorporado a la causa surgen elementos suficientes como para considerar acreditado, con el grado de probabilidad requerido, el conocimiento por parte del imputado de la falsificación material de la cédula verde.

Fallo:

Rosario, 7 de septiembre de 2015.

Visto en Acuerdo de la Sala «B» el expediente nº FRO 5474/2013/1/CA1 de entrada, caratulado «Legajo de Apelación en autos H., H. E. s/ Uso de documento adulterado o falso (art. 296 CP), falsificación documentos públicos» (del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás).

Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Oficial ad hoc ante los Tribunales de San Nicolás, Dra. Silvina Costa, en ejercicio de la defensa técnica de H. E. H. (fs. 103/107 vta.) contra la resolución n° 9 bis/14 mediante la cual se resolvió procesar al encartado como presunto responsable del delito previsto en los artículos 289 inciso 3º, y 296 en función del art. 292 del C.P., y embargar sus bienes hasta la cubrir la suma de $ 1.000. (fs. 98/101 vta.).

Elevados los autos a la Alzada, se dispuso la intervención de la Sala «B» (fs. 161), y habiéndose designado audiencia oral en los términos del art.

454 del C.P.P.N. (fs. 168), la defensa presentó minuta sustitutiva del informe «in voce» (fs. 171/172), quedando los autos en condiciones de resolver (fs. 173).

El Dr. Bello dijo:

1°) La defensa de H. se agravia de la falta de motivación de la resolución impugnada.Dice que el procesamiento de su asistido se expone en breves líneas sin fundamentar cuáles son las causas del mismo.

Aduce la inexistencia de dolo, explicando que el dolo típico exigido por la norma al autor requiere el conocimiento cierto de la falsedad del documento o certificado y la voluntad de utilizarlo como tal según su finalidad probatoria; que el mismo debe probarse y no presumirse.

Sostiene que de la documentación que se ha incorporado a la causa no surge palmariamente que existan elementos suficientes como para considerar acreditado, con el grado de probabilidad requerido, el conocimiento por parte del imputado de la falsificación material de la cédula verde.

Asevera que normalmente la misma falsedad señala un menoscabo a la fe pública en cuanto se ha deformado el documento, pero que ese efecto no es típicamente suficiente. La ley exige que a esa lesión «abstracta» se sume la concreta posibilidad de perjuicio de otros bienes jurídicos: patrimoniales, morales, políticos. Que la sola falsificación no alcanza jerarquía penal si no se logra, por lo menos, poner en peligro la relación jurídica (de disponibilidad), representada en el documento. Directamente, la falsificación debe ser de una entidad tal que pueda generar la extinción o creación de derechos que el propio documento represente.

Manifiesta que su defendido fue procesado por haber sustituido la chapa patente correspondiente al acoplado marca Helvética, modelo 1988, chasis n° 42626, por la patente RRQ576, cuando al mismo le correspondía la chapa patente H076185.

Alega que respecto de esta conducta, se registra jurisprudencia que sostiene que el mero reemplazo de las chapas patentes resulta atípico, ya que luego de la derogación del art. 33 Decreto-ley 6582/58 que incriminaba específicamente dicho accionar, tal conducta no puede subsumirse en las ilicitudes que contempla el art. 289 CP.

Finalmente se queja de que el embargo impuesto resulta arbitrario en tanto carece de fundamentación.

2°) Conforme surge de la declaración indagatoria, se le imputó a H. E. H.». haber sustituido la chapa patente correspondiente al acoplado marca Helvética, modelo 1988, chasis n° 42624, por la patente RRQ576, cuando al mismo le correspondería la chapa patente H076185.

Asimismo y como complemento de dicha maniobra habría hecho uso de una cédula de identificación del automotor n° 37539600, adulterada, exhibida el día 12 de mayo, al personal de la Sección de Seguridad Vial «San Pedro», dependiente del escuadrón de Seguridad Vial «San Nicolás» de Gendarmería Nacional Argentina, en oportunidad de que dicha fuerza realizaba un operativo público de prevención, sobre la ruta nacional n° 9 altura km 152 (descendente) .» (fs.

68/70).

3°) Analizando los agravios vertidos por la defensa, en tanto la misma indicó que no surge demostrado en autos el dolo exigido por la figura atribuida, se advierte conforme a las reglas de valoración probatoria correspondientes a la sana crítica racional -lógica, psicología y experiencia- y, en virtud de las constancias glosadas a la causa y de la cédula verde que se tiene a la vista (documentación reservada en Secretaría), la probabilidad de que el causante conociera el carácter adulterado del documento que presentó.

Resulta necesario además señalar que la figura prevista en el art.

292 del C.P. no requiere la posibilidad de perjuicio efectivo, sino su mera posibilidad, como textualmente indica la norma «de modo que pueda resultar perjuicio».

En tal sentido, «.Creus afirma que la doctrina tradicional consideró que la falsificación debe poner en peligro a otro bien jurídico junto con la fe pública. Y agrega: «el perjuicio o su peligro pueden recaer sobre cualquier bien; no se restringen a los de carácter propiamente económico, ni siquiera a los de índole material, ni a los de naturaleza privada: se extiende a los inmateriales, a los públicos; hasta se menciona comprendidos la honra y los intereses políticos y los que puede tener el Estado en el cumplimiento de determinadas actividades o en la reglamentación para la concesión de ciertas habilitaciones.Es pues, indiferente quién sea el titular del bien que se perjudica o pone en peligro.» (Edgardo Donna, «Derecho Penal. Parte Especial», Tomo IV, edit. Rubinzal Culzoni, 2004, pág.151).

Asimismo en cuanto a la idoneidad de la falsificación se ha señalado que: «. El tribunal reitera su doctrina expuesta en autos, «P» del 6.3.92; «J.S.» del 1-6-95 y «R, D.» del 27-10-98, por la que se establece que la virtualidad suficiente del documento para producir la afectación del bien jurídico tutelado, debe analizarse teniendo en cuenta la apreciación que en el momento puede efectuar el hombre común que se intenta inducir a error y no la que puede efectuar un individuo experto, que cuenta con los elementos adecuados para descubrir sus deficiencias» (C.N.Fed.Cr.Corr, Sala II, 27-4-2000, «L., J» c. 16.402, reg. 17.471, J.4 – S-7, WebRubinzal penal 5.1.1.2.r)» y «Cuando la ley penal reprime la creación de un documento público falso o la adulteración de uno verdadero no requiere la efectiva producción de un daño, sino que tan sólo reclama el peligro presunto que pueda resultar de ella dado que tal acto tiene como destino su utilización, que además de lesionar la fe pública considerada en abstracto, lleva ínsita la posibilidad de perjuicio de cualquier bien jurídicamente tutelado que no necesariamente ha de ser de índole patrimonial. Es decir, basta un perjuicio potencial que puede ser de cualquier naturaleza y no necesariamente patrimonial, sin exigirse que con el instrumento se obtengan beneficios» (C.N.Cas.Pen., Sala II, 8-5-2003, «D.H.C.», c. 4238, reg. 5648, WebRubinzal penal 5.1.1.9.r2) (ambos fallos citados por Donna, op. cit., pág.181).

4°) En mérito a lo expuesto, y habiendo analizado la procedencia de los agravios en los que el defensor fundó su recurso de apelación contra la resolución en crisis, se concluye que, el decisorio recurrido, luce ajustado a derecho conforme al criterio ya sostenido en reiterados pronunciamientos por esta Cámara, en cuanto el auto de procesamiento previsto por el art. 306 y siguientes del CPPN constituye una resolución meramente provisoria, que puede ser modificada o revocada en la misma etapa de instrucción, a pedido de parte y aun de oficio, por lo que no causa estado.

Por ello estimo corresponde el rechazo de la pretensión esgrimida por la defensa respecto del procesamiento de su defendido por suponérselo prima facie responsable del delito del art. 296 en función del art. 292 del CP.

5°) Con relación al embargo dispuesto en la suma de $ 1.000, atendiendo al tipo de delito de que se trata, no puede considerárselo como elevado, por lo que propicio su confirmación.

6°) En lo que respecta al procesamiento dictado por el juez a quo con relación a las chapas patentes que tenía el vehículo que conducía H., respecto de las cuales se determinó que corresponden a otro vehículo (art. 289 inc. 3° del C.P.), resulta oportuno hacer hincapié en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las infracciones vinculadas con maniobras relativas a la identificación de automotores (art. 289, inc. 3° del C.P.), carecen de entidad para producir perjuicio al Registro Nacional de la Propiedad Automotor o una obstrucción a su normal desenvolvimiento (Fallos: 303:1607; 312:2347; 313:86; 524), por lo que no corresponde la intervención de este fuero federal, debiendo el juez extraer fotocopias de la parte pertinente de este sumario y remitirlas al Juzgado Provincial que por turno corresponda. En igual sentido se expidió la Sala «A» de esta Cámara en el Acuerdo de fecha 20/08/2014 dictado en autos «ELISO, Luis Ricardo s/ Falsificación de Marcas (art. 289)», expte. nro.FRO 75003753/2012/1/CA1. Así voto.- La Dra. Vidal dijo:

Que adhiere a la propuesta efectuada por el Dr. Bello en su voto en orden a confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto dispuso el procesamiento de H. E. H. como presunto autor responsable del delito del art. 296, en función del art. 292, ambos del C.P., y ordenó la remisión de actuaciones a la Justicia provincial para la investigación de la presunta adulteración y/o falsificación de chapas patentes (art. 289, inc. 3º, C.P.).

Ello en virtud de los motivos expresados por el citado vocal, agregando por su parte que los agravios en los que la recurrente fundó la interposición del recurso relativos a una presunta falta de suficiente acreditación del dolo exigido por el tipo penal en análisis no pueden prosperar, en virtud de que además de los argumentos desarrollados por el juez a quo y por el Dr. Bello, que comparte, las constancias obrantes en la causa apuntan a la intervención personal de H. en el hecho imputado, ya que la cédula de identificación del automotor nº 37539600 exhibida al personal de Gendarmería Nacional, corresponde a un vehículo cuyo titular es el imputado, pero que habría sido adulterada en su reverso para permitir su utilización en el acoplado que arrastraba el vehículo conducido por H., siendo que además a aquél se le habían colocado las chapas patentes del otro, propiedad del imputado, por lo cual es evidente que de esos elementos de juicio surge claro el conocimiento de la adulteración de la cédula de identificación de automotor que exhibiera. Así voto.

Atento al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

I) Confirmar parcialmente la Resolución recurrida n° 9bis/14, en cuanto ordenó el procesamiento de H. E. H. como presunto autor del delito de uso de documento falso (art. 296 en función del 292 del Código Penal).

II) Extraer fotocopias de la parte pertinente de este sumario respecto a la aplicación al vehículo de las chapas patentes y remitirlas al Juzgado Provincial que por turno corresponda conforme a lo expuesto en el Considerando 6°) del presente pronunciamiento. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y, oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. No participa del Acuerdo el Dr. Toledo por encontrarse fuera de la jurisdicción cumpliendo funciones inherentes a su cargo de Presidente de esta Cámara Federal. (expte. n° FRO 5474/2013/1/CA1).- Fdo.:

Edgardo Bello- Elida Vidal- (Jueces de Cámara) Ante mi, María Verónica Villatte (Secretaria de Cámara).-

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