fbpx

Cobertura por destrucción total de un automotor utilizado como taxímetro y aceptación tácita del siniestro por la aseguradora que no se expidió dentro del plazo previsto.

Paccidente choque autoartes: Mazzoletti Silvia Alejandra c/ La Nueva Coop. de Seguros Ltd. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 22-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-95376-AR | MJJ95376 | MJJ95376

Cobertura por destrucción total de un automotor utilizado como taxímetro y aceptación tácita del siniestro por la aseguradora que no se expidió dentro del plazo previsto en el art. 56 de la Ley 17.418, con fundamento en el reconocimiento implícito de la garantía. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Imagen 1

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que admitió la cobertura del siniestro a cargo de la aseguradora que, una vez realizada la denuncia por el asegurado, no se expidió dentro del plazo previsto en el art. 56 de la Ley 17.418, pues la falta de pronunciamiento sobre el derecho de aquel importa un reconocimiento implícito de la garantía comprometida, determina el inicio de la mora y la imposibilidad de invocar defensas a fin de obtener la liberación de su obligación de indemnizar.

2.-Debe rechazarse el planteo de la aseguradora respecto a que debe considerarse como inicio del cómputo del plazo del art. 56 de la Ley 17.418 el momento en que su parte contó con información complementaria realizada por terceros, pues la información a la que alude la norma con alcance interruptivo se refiere a la requerida al asegurado para que colabore en la comprobación del siniestro y en su eventual liquidación y no se extiende a otra que pudieren suministrar terceros.

3.-Debe revocarse la indemnización por lucro cesante y admitir una reparación solo en calidad de privación de uso si el accionante no acercó prueba alguna, siquiera indiciaria, que permita acreditar la recaudación que tenía como taxista con el automotor asegurado, pues la sola privación del rodado produce por sí misma una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria sin necesidad de prueba específica pero tal presunción tiene como límite el mero uso particular, de alegarse un uso mayor debe ser acreditado.

Fallo:

En Buenos Aires, a los veintidós días de septiembre del año dos mil quince, reúnense los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa «MAZZOLETTI SILVIA ALEJANDRA contra LA NUEVA COOP. DE SEGUROS LTD. sobre ORDINARIO», registro nº 29.427/2011, procedente del Juzgado Nº 23 del fuero (Secretaría Nº 46), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Vassallo, Heredia y Dieuzeide. El Juez Juan José Dieuzeide no interviene por hallarse excusado en la presente causa. Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara, Gerardo G. Vassallo dijo: I. Silvia Alejandra Mazzoletti dedujo demanda contra La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada a fin de reclamar el cumplimiento del contrato de seguro que los vinculaba y un resarcimiento por los daños y perjuicios que dijo le habría generado aquella inobservancia. Relató que el 8 de febrero de 2011 fue víctima de un accidente de tránsito en el cual su vehículo marca Citröen C4 Picasso 1.6 HDI, dominio JEZ 829, año 2010, resultó con destrucción total. Dijo haber efectuado la denuncia a la demandada el 10.2.2010. Sin embargo sólo pudo recibir noticias sobre la postura asumida por la aseguradora cuando concurrió a las oficinas de la misma (el 7.4.2011). En aquella reunión La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada le informó que por superar el valor de realización de los restos del rodado el 20% de valor de venta al público, la compañía había rechazado el siniestro.

En el mismo momento se le entregó una carta documento fechada el 17.3.2011 y dirigida a su parte que notificaba aquella decisión.Sostuvo que, la demandada había aceptado tácitamente el siniestro al no pronunciarse en el plazo del artículo 56 de la ley específica. De seguido, tachó de abusiva la cláusula que define del modo indicado el riesgo de «destrucción total», y acercó un presupuesto de reparación que en sus números equivalía al valor de la unidad. De todos modos, la concesionaria emisora de aquella cotización expresó su voluntad de no tomar a su cargo la tarea por encontrarse comprometidos elementos de seguridad, por lo cual no podía hacerse responsable de una correcta reparación del automóvil. En cuanto a los restos, tanto la concesionaria como otra compañía dedicada a la compra de vehículos chocados le habrían ofrecido adquirirlos por la suma de $ 25.000. Amén del cumplimiento del contrato de seguro, la actora reclamó ser indemnizada por lucro cesante. Dijo utilizar el rodado como taxímetro, explotación que quedó trunca por el accidente y el incumplimiento de la aseguradora. Así reclamó por tal concepto la suma de $ 34.000.

II. La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada contestó demanda en fs. 70/73 y pidió el rechazo de la pretensión de su contraria. Reconoció tanto el vínculo contractual como la ocurrencia del siniestro. Pero consideró que no se estaba ante el supuesto de destrucción total en atención a los términos de la póliza que vinculó a los aquí litigantes. En dicha línea destacó que el valor de los restos superaban largamente el 20% del precio del vehículo, lo cual la alejaba de la hipótesis pretendida. Negó también haberse expedido fuera del plazo previsto por el artículo 56 de la ley de seguros y sostuvo que este debía ser computado no desde la denuncia sino desde que la actora pretendió que el siniestro sea calificado como destrucción total. Por último cuestionó la procedencia y entidad del resarcimiento pretendido por lucro cesante.

III. La sentencia de la anterior instancia (fs.207/214) hizo lugar a la demanda condenando a la aseguradora a abonar la suma de $ 123.00 (previa deducción de la franquicia y de la cuota N° 6 impaga) y la cantidad de $ 230 diarios en concepto de lucro cesante. A ambas sumas les añadió intereses, según la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, sin capitalizar y calculados desde el día 10.3.2011 hasta su efectivo pago. Dispuso que previo al pago, la actora transfiriera los restos del vehículo a la aseguradora y la entrega del certificado de la inscripción registral de la baja del automotor. Por último, impuso las costas del proceso a la vencida. Para sí decidir, luego de una extensa descripción de la prueba producida, la señora juez a quo concluyó que la aseguradora había rechazado tardíamente el siniestro. Así, por imperio de lo dispuesto por la LS 56, debía ser entendido que la demandada había aceptado en forma tácita el siniestro. Y como consecuencia de ello, la actual oposición de defensas era impertinente. Pero, amén de ello, evaluó la entidad de los daños infringidos al vehículo lo cual la llevó a entender que existía destrucción total. Concluyó así, no sólo a partir del peritaje técnico producido en la causa sino que estimó que la aplicación mecánica de la esgrimida cláusula 9 de la póliza conduce a un resultado disvalioso, contrario al sentido y finalidad del régimen de seguro. Por último admitió el reclamo indemnizatorio por lucro cesante, fijando un resarcimiento diario de $ 230. Ello provocó un pedido de aclaratoria por la aseguradora en tanto sostuvo que la sentencia no fijaba el período en que debía calcularse tal concepto. La solicitud fue rechazada por considerar la señora Jueza a quo que su decisión era clara sobre el punto. Sólo la demandada apeló la sentencia, expresando agravios en fs. 230/234, pieza que fue contestada por la accionada en fs. 237/243.En prieta síntesis, la demandada impugnó el fallo en punto a: i) la pertinencia y oportunidad del rechazo del siniestro, que la sentencia estimó tardía; ii) que se considerara acaecido un supuesto de destrucción total del vehículo cuando de la prueba pericial resulta todo lo contrario; y c) que se admitiera el reclamo por lucro cesante.

IV. Por cuestiones de orden metodológico, entiendo acertado evaluar los diversos agravios conforme el orden propuesto por el recurrente. a) Rechazo del siniestro: Como fuera precisado, la sentencia en estudio estimó que la aseguradora había rechazado la cobertura una vez vencido largamente el plazo establecido por el artículo 56 de la ley 17.418, con las consecuencias que tal omisión prevé aquella norma. Para atacar tal conclusión, la demandada sostuvo que su asegurada se había notificado de tal rechazo mediante la carta documento del 17.3.2011, enviada a su domicilio real, como lo demuestra la constancia de recepción suscripta por la señora Mazzoletti. Además sostuvo que el dies a quo del cómputo de aquel plazo no debió ser fijado en la fecha de la denuncia (10.2.2011), sino desde el momento en que la demandada contó con la «información complementaria» a que alude el artículo 46 de aquella legislación, dentro de las que incluye «…las diligencias necesarias para poder liquidar el siniestro, que por lo general son realizadas por personas ajenas a la aseguradora» (fs. 230v). Veamos: Dice el art. 56 de la ley 17.418, «El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2 y 3 del artículo 46.La omisión de pronunciarse importa aceptación». Una interpretación literal de la norma permite concluir fácilmente que la falta de pronunciamiento sobre el derecho del asegurado dentro del plazo legal importa, en principio, un reconocimiento implícito de la garantía comprometida, al tiempo que además determina el inicio de la mora; y la imposibilidad, por parte de la compañía de seguros, de invocar defensas a fin de obtener la liberación de su obligación de indemnizar. El fundamento de la norma legal, parece evidente que constituye un típico modo mercantil de suministrar rapidez y certeza al tráfico, que debe ser tutelado en su operatividad y aplicado por los jueces con el máximo rigor en tanto se trata del tráfico asegurador, pues la ratio legis del mismo reside en evitar dilaciones (Stiglitz, Rubén S., Derecho de Seguros, Tomo II, pág. 280). Y en este orden de ideas, es razonable que el legislador entienda el silencio del asegurador como la aceptación tácita del siniestro, cuando estando en condiciones de pronunciarse por contar con información suficiente para evaluar la existencia y extensión del evento no lo hace en el tiempo que la ley le confirió para ello. Frente a esta conducta negligente, la compañía debe soportar las consecuencias (efectos) que consagra la última parte de la disposición y que se traduce en «la aceptación del derecho del asegurado» a ser indemnizado o, según el caso, obtener la prestación comprometida (Stiglitz, Rubén S., obra y tomo citados, pág. 295/296). Del análisis de las constancias de la causa resulta claro que La Nueva S.A. no se pronunció en el tiempo que le otorgó la ley. Según coinciden las partes, amén de la constatación pericial, la señora Mazzoletti denunció el siniestro a la demandada el 10.2.2011, esto es, dos días después de ocurrido.La actora dijo haberse enterado del rechazo de la cobertura el 7.4.2011 al concurrir a las oficinas de la aseguradora a indagar sobre lo ocurrido con su denuncia. De su lado, La Nueva S.A. indicó como fecha de notificación la de la carta documento del 17.3.2011. Y si bien esta misiva también aparece objetivamente tardía cuando se computa el plazo desde la fecha de la denuncia, la demandada intentó excusar tal preclusión, con argumentos disímiles en ambas instancias. En efecto, la compañía sostuvo en su escrito de descargo, que el dies a quo de tal cómputo debía ser fijado en «…la fecha en que la que reclama de la aseguradora la indemnización del siniestro como destrucción total pretendiendo que los daños sufridos por el rodado asegurado configuran ese supuesto» (fs. 71v). Pero, de seguido, no identificó con claridad cuál era la f echa en que la actora había requerido cobertura con tal alcance. Sin embargo tal argumento no fue mantenido en esta instancia, pues al expresar agravios, la recurrente sostuvo que el dies a quo debía ubicarse en el momento en que su parte contó con la «información complementaria» a que alude el artículo 46 de aquella legislación, dentro de las que incluye «…las diligencias necesarias para poder liquidar el siniestro, que por lo general son realizadas por personas ajenas a la aseguradora» (fs. 230v). Resulta claro que ambos argumentos son impertinentes. Al denunciar el siniestro acaecido (choque en ruta con impacto contra un guard rail de cemento), es claro que la pretensión de la señora Mazzoletti sólo podía inscribirse en la hipótesis de «destrucción total». Como puede verse en la póliza de fs. 84, la misma sólo otorgaba cobertura respecto del vehículo por «pérdida total accidente», «pérdida total incendio» y «pérdida parcial incendio». Así, al no denunciarse la presencia de fuego durante el accidente, el pedido de cobertura sólo podía justificarse por la destrucción total del vehículo.Conclusión que, como dije, se ve avalada por la conducta de la propia aseguradora, quien al invocar este descargo, ni siquiera señaló el hipotético momento posterior a la denuncia en que su contraria habría «variado» su pretensión encaminándola hacia una cobertura por «pérdida total accidente». Tampoco es admisible la absurda argumentación que introduce la recurrente al expresar agravios. Como antes lo expresé, la demandada ahora sostuvo que debía considerarse como inicio del cómputo del plazo del artículo 56, el momento en que su parte contó con la «información complementaria» a que alude el artículo 46 de aquella legislación, dentro de las que incluye «…las diligencias necesarias para poder liquidar el siniestro, que por lo general son realizadas por personas ajenas a la aseguradora». Parecería aludir la aseguradora a las tareas de liquidación encomendadas por ella misma a terceros. Interpretación que de ser correcta encubre una posición claramente improcedente, pues el artículo 46 prevé la facultad de la aseguradora de requerir a su asegurado (el subrayado me pertenece) alguna información complementaria a fin de contar con todos los elementos para poder pronunciarse.

La doctrina es clara en que la única causal de interrupción de fuente legal del plazo del artículo 56 es el requerimiento de información complementaria. Ella está autorizada en el artículo 46 (segundo y tercer párrafo), que plasma en tal norma la carga impuesta al asegurado de suministrar al asegurador información necesaria para verificar el siniestro, la de permitir a aquel efectuar las verificaciones e indagaciones necesarias, como entregar la prueba instrumental de que disponga (Stiglitz R., obra y tomo citados, página 289). Es claro, entonces, que la facultad que el artículo 46 le confiere a la aseguradora está dirigida a requerir a su asegurado la información complementaria que colabore en la comprobación del siniestro y en su eventual liquidación.Va de suyo que esta prerrogativa no puede ser extendida a otra información que le pudieren suministrar terceros, cuanto menos no con el alcance interruptivo que luego le otorga el artículo 56 ya citado. Lo expuesto permite desechar también este tardío argumento que, sin ingresar en su sustancia como he hecho, podía ser desestimado desde lo procesal por no haberse propuesto en la instancia anterior (artículo 277 código procesal). Desechados sendos argumentos de la demandada, cabe entonces computar el plazo del artículo 56 desde la fecha de la denuncia en tanto la propia aseguradora no dijo haber pedido a su contrario alguna información complementaria. Y desde aquella fecha (10.2.2011), hasta la de la misiva del 17.3.2011, transcurrió en exceso el plazo que prevé la norma en estudio, lo cual lleva a considerar al siniestro como tácitamente aceptado por La Nueva Cooperativa de Seguros S.A. Debo señalar aquí que he adoptado para el cómputo como dies ad quem el momento que la demandada dijo haber notificado del rechazo a la señora Mazzoletti. Es que aun tomando tal fecha, la solución no varía para la aseguradora.

De todos modos no puedo dejar de destacar la falacia de la recurrente en este punto. Al expresar agravios la aseguradora sostuvo haber cursado la misiva al domicilio real de la actora y notificado allí el rechazo, tal como lo demuestra la firma de la señora Mazzoletti puesta en el «acuse de recibo». Sin embargo, a poco que se revise tal constancia con algún detenimiento se concluirá que la misiva no fue entregada. Al dorso de la constancia de fs.162 pueden verificarse tres anotaciones del correo donde indica que el cartero concurrió tres veces al domicilio de la actora (18/3 a las 10hs.; 21/3, a las 10,35hs.; y 22/3 a las 12,07hs.) sin resultado positivo, lo cual justificó que la carta fuera devuelta, como lo indica el sello que el robo luce en la parte inferior derecha de tal «acuse». Así cobra veracidad el relato efectuado por la señora Mazzoletti en su escrito de demanda que dijo haber recibido la carta documento de manos de la aseguradora al tiempo de ir a requerir noticias de su denuncia. Y en este caso la notificación se habría producido el 7.4.2011 como lo indica la actora. De todos modos, como ya dije, aun adoptando la fecha indicada por la propia recurrente, la solución no cambia, por lo cual no resulta necesario ingresar en estas disquisiciones. En definitiva, resulta claro que la aseguradora no se pronunció sobre la denuncia de la señora Mazzoletti en el plazo previsto por el artículo 56 de la ley 17.418, lo cual importó no sólo la aceptación tácita del siniestro sino la imposibilidad de alegar cualquier defensa que obste al cumplimiento de la obligación principal. De allí que resulta innecesario ingresar en otro de los agravios cual es el que hace a la determinación de la existencia o no de destrucción total. De todos modos la aceptación tácita del siniestro no importa borrar toda posibilidad de discusión sobre la entidad económica del siniestro y de las demás pretensiones que pudiere plantear el asegurado. Ello podría habilitar a la aquí recurrente a cuestionar el valor del rodado aceptado en la sentencia como la procedencia y entidad de los intereses allí admitidos. Sin embargo, la compañía no ensayó agravio alguno sobre este punto, lo cual impide a la Sala toda consideración sobre el punto. Sólo atacó la condena referida al resarcimiento por lucro cesante, a la que me referiré de seguido. b) Lucro cesante:La sentencia de grado consideró que correspondía admitir el reclamo por lucro cesante, aun cuando no se hubiera acompañado elemento de prueba alguno que permitiera tener por acreditada la recaudación diaria promedio de la accionante como taxista. Por su parte, la compañía de seguros demandada se agravió de tal proceder, aduciendo que la accionante no habría logrado acreditar el daño. Concretamente, criticó que se hubiera aceptado la procedencia del daño cuando no se probó ningún elemento respecto de su «quantum». Ahora bien, sabido es que, en materia de daños es principio general que la prueba del daño incumbe al damnificado que pretende hacer valer la responsabilidad del deudor y por tanto, él debe aportar la demostración del hecho constitutivo del derecho cuyo reconocimiento pretende (Alsina H., Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Buenos Aires, 1942, T. II, p. 192; LLambias J.J., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. I, 310). Conforme lo dicho es presupuesto de la reparación, la previa acreditación del perjuicio que se intenta resarcir, y no basta para ello que el mismo sea insinuado dogmáticamente o resulte de suposiciones no probadas (CSJN, 19.11.1991, «O’Mill Allan Edgar c/ Neuquén Provincia del s/ cobro de australes», Fallos Tomo: 314 Folio: 1505; CSJN, 19.12.1995, «Kopex Sudamericana SAI. y C. c/ Buenos Aires Provincia de y otros s/ daños y perjuicios», Fallos Tomo 318, Folio: 2555; CNCom Sala A, 9.5.1975, «HausalerCantela», LL 1975-D, 443; esta Sala, 16.11.2007, «Oribe Juan Carlos c/ Esso Petrolera Argentina S.R.L. s/ ordinario»; esta Sala, 19.9.2007, «Angelini, Fernando Gabriel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Ordinario»; CNCiv. Sala A, 6.4.1972, «Siri de Russo», LL 149:598; CNCivil Sala B, 25.7.2008, «D’Amico Mabel Ernestina c/ Sáenz de Pérez Concepción s/ daños y perjuicios»; CNCont. Adm. Fed, Sala III, 23.9.1999, «Nicolosi, Julio Alberto c/ Entel s/ juicio de conocimiento»; CNCont. Adm.Fed, Sala IV, 9.8.2005, «Senem de Buzzi María del Carmen c/ Ministerio de Justicia -Poder Judicial- Estado Nacional- s/ proceso de conocimiento» ; CNFed. Civ. y Com, Sala II, 14.6.2001, «Franco Ana Bautista c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios»; en igual sentido, Alconada Aramburu, Código de Comercio., T. I, p. 375; De Gasperi, Tratado de las Obligaciones, T. II, p. 516). En la especie, tal como se adelantó, la parte actora reclamó ser resarcida al estimarse perjudicada por el lucro cesante padecido con causa en el accidente y en la ulterior desatención de la aseguradora. Sostuvo a tal efecto, que el vehículo era utilizado como taxi, el cual alcanzaba una recaudación diaria del orden de los $ 500, menos el costo de combustible (15%), costo de mantenimiento (10%), patente ($ 700) y seguro ($ 725). Sin embargo, aun cuando acreditó que el vehículo estaba habilitado como taxímetro, no acercó prueba alguna aún indiciaria, que permitiera conocer elementos básicos para mensurar la eventual ganancia perdida. No se demostró, quizás por testigos, el horario diario y frecuencia semanal que el automotor era explotado como taxi. Sólo dijo la actora que era su única conductora aunque de seguido describió un uso intenso (días hábiles, fines de semana y feriados, viajes programados, etc.), que se aprecia casi incompatible con la presencia de un único chofer. Frente a esta orfandad probatoria, no queda más que acoger este rubro pero sólo en calidad de «privación de uso». He dicho antes de ahora, que entiendo que la sola privación del automotor afectado a un uso particular produce por sí misma una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria, que debe ser resarcida como tal (Corte Suprema, Fallos 319:1975 ; 320:1567; 323:4065 ), y sin necesidad de prueba específica. En rigor trátase de un daño emergente que deriva de la objetiva ausencia del rodado o de su falta de disponibilidad, como bien es explicado por mi distinguido colega Dr.Heredia en su voto in re «Toneguzzo» (esta Sala, 21.9.2006), tesis que ha sido reiteradamente aplicada por este Tribunal (esta Sala, 22.9.2008, «Ampuero Nora Amalia c/ Liderar Compañía General de Seguros S.A.» s/ ordinario; id esta Sala, 14.8.2008, «Aveille, Hernán Esteban c/ Ford Credit Compañía Financiera S.A. s/ ordinario» ; íd. esta Sala, 16.3.2009, «Barbera José Luis c/ Argos Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. s/ ordinario»; íd. esta Sala, 17.4.2009, «Calandra, Gastón Carlos c/ HSBC La Buenos Aires S.A. s/ ordinario»; íd. esta Sala, 15.5.2008, «Chalela, Néstor Fermín c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ ordinario»; íd. esta Sala, 14.2.2007, «Degaetano Walter c/ Fiat Auto Argentina S.A.»; íd. esta Sala, 12.3.2009, «Giorgi, Carlos Camilo c/ Ford Argentina S.A. s/ ordinario»; íd. esta Sala, 13.5.2008, «Sasso, Nélida Beatriz c/ Trotar S.A. s/ ordinario»; íd. esta Sala, 6.6.2007, «Witenko, Gregorio Conrado c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros s/sumario»). Sin embargo tal presunción tiene como límite el mero uso particular, pues de alegarse un uso mayor, este daño debió ser acreditado. Igual prueba es requerida si se alega un destino comercial y que su ausencia ha producido un lucro cesante (CNCiv. Sala G, 7.6.1989, «Seoane, Elsa Marta c/ Formica, Luís Alberto y otro s/ cobro de pesos»; esta Sala, 21.9.2006, in re, «Toneguzzo Honorio Carlos c/ Columbia S.A. de Seguros s/ Ordinario»). Dentro de los límites señalados, entiendo que el resarcimiento por este concepto debe ser reducido a una suma única de quince mil pesos.Ha sido mi criterio como el de esta Sala admitir intereses, los que conforme con la doctrina plenaria fijada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil el 16/12/58 in re «Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes» , corresponde sean calculados desde el día en que se produjo el perjuicio (esta Sala, 15.12.2006, «Mabromata Daniel José c/ Lloyds Bank LTD SA s/ Sumario»). Como he dicho, por tratarse de un capital fijado a valores actuales, será autorizada una tasa del 8% anual, bien que por el período que va desde el incumplimiento de la aseguradora (45 días desde la fecha de la denuncia) hasta la de la sentencia de la instancia anterior, que es al momento en que es determinado el resarcimiento. Es que resultaría un claro exceso aplicar, en ese lapso, el interés bancario de plaza. Es sabido que esa tasa está compuesta, en términos generales, por un porcentaje destinado a compensar la depreciación de la moneda y por otro que remunera al Banco por el uso del dinero. Así, al tratarse de una suma fijada a valores actuales, resulta impertinente aplicar la tasa Banco Nación sin limitación alguna, pues de así hacerlo se estaría compensando doblemente la desvalorización del signo monetario. Tal reparo pierde justificación, como ya se adelantó, en el período que va desde la fijación del quantum de la indemnización (fecha de la sentencia de primera instancia) hasta el efectivo pago. Por ello en tal lapso los accesorios correrán a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de documentos comerciales a treinta días (conf. CNCom. en pleno, 27/10/94, «S.A. La Razón»), sin capitalizar (conf. CNCom. en pleno, 25/8/03, «Calle Guevara»), hasta el efectivo pago. Como corolario de lo hasta aquí expuesto, cabe acoger parcialmente este agravio.Finalmente, y en cuanto a las costas de esta instancia, entiendo que deben ser soportadas por la recurrente, quien ha sido vencida en lo sustancial (artículo 68 código procesal).

V. En virtud de lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo que estamos celebrando, confirmar en lo sustancial la sentencia en estudio, modificándola únicamente en lo que respecta al lucro cesante que se fija en $ 15.000, con más los intereses autorizados en el punto anterior. En cuanto a las costas de esta instancia, propicio que las mismas sean impuestas en su totalidad a la demandada vencida. Así voto. El señor Juez de Cámara, Dr. Heredia adhiere al voto del Dr. Vassallo. Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan: (a) Confirmar la sentencia en estudio, modificándola únicamente en lo que respecta al lucro cesante que se fija en la suma de $ 15.000, con más los intereses precedentemente establecidos. (b) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida. (c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia. (d) Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13). Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

Julio Federico Passarón

Secretario de Cámara

A %d blogueros les gusta esto: