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La suspensión administrativa del actor, luego de que denunciara a miembros de la asociación, justifica la reparación de los perjuicios que reclama.

justicia2Partes: S. J. C. y otro c/ Asociación Escuela Científica Basilio – Culto de Dios- Confesión Religiosa de los Discípulos de Jesús y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 29-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-95335-AR | MJJ95335 | MJJ95335

La suspensión administrativa del actor, luego de que denunciara a miembros de la asociación, justifica la reparación de los perjuicios que reclama. 

Sumario:

1.-Corresponde encuadrar la acción formulada por el accionante en lo normado por el art. 1089 del Cciv. puesto que no cabe duda sobre el cercenamiento producido en la integridad espiritual de aquel, a quien se le negó trato digno al aplicársele una severa sanción que vino a poner en duda injustamente su honor, su buena fama, nombre y estima, especialmente entre los integrantes de la comunidad.

2.-El hecho de que el accionante fuera sancionado sin más por el hecho de haber practicado una denuncia contra distintos integrantes del Consejo Directivo de la entidad demandada, resultó un accionar arbitrario e ilegítimo (arts. 1066 y 1109 Cciv., art. 1717 CCivCom.), que justifica la reparación de los daños y perjuicios que reclama.

3.-No corresponde admitir la existencia de un supuesto de ‘prejudicialidad’, pues lo acontecido no encuadra en ningún supuesto normado por el Código de Vélez; en efecto, lejos encuentra solución a la luz de lo dispuesto por el art. 1101 del referido cuerpo legal, -ahora regulado en los arts. 1774 y ss. del CCivCom.-, pues en todo caso, se ha realizado un juicio de jerarquización de las diferentes pruebas producidas, y es en tal sentido que le asignó fuerza de convicción a una probanza.

4.-Toda vez que los elementos probatorios arrimados a la luz del principio de la sana crítica, han servido para ilustrar al órgano jurisdiccional acerca del significado de los hechos individuales que importan al proceso, cuáles se han producido, qué consecuencias jurídicas derivan de ellos, y así se arribó a una decisión final acerca de tales fundamentos que resulta atacada, no se admite que haya existido un supuesto de ‘prejudicialidad’.

5.-Debe confirmarse la indemnización por daño psíquico toda vez que luce probado que el actor sufrió una transformación en su personalidad, alteraciones emocionales, sociales y familiares, sentimientos de injusticia y difamación, luego de que le fuera aplicada la sanción que puso en duda injustamente su honor.

Fallo:

Buenos Aires, a los 29 días del mes de septiembre de 2015, reunidas las Señoras Jueces de la Sala «J» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: «S. J. C. Y OTRO c/ ASOCIACION ESCUELA CIENTIFICA BASILIO -CULTO DE DIOS- CONFESION RELIGIOSA DE LOS DISCIPULOS DE JESUS Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS»

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 1906/1915 vta. se alza la demandada y expresa los agravios que lucen a fs. 1974/1982 que se contestan a fs. 1985/1992.

La apelante califica de arbitrario el fallo en crisis pues considera que no se ha ponderado la prueba producida. Rechaza que hubiere procedido de manera antijurídica, así como que promedie relación causal ni daño reparable.

Niega que el resultado de los procedimientos administrativos deban producir efecto de cosa juzgada respecto de lo que aquí se discute, resalta que «tienen presupuestos distintos y obedecen a propósitos diferentes por lo que no puede sostenerse la procedencia de la prejudicialidad».

A su vez, sostiene que la «suspensión administrativa» del accionante no significa haberlo «privado del ejercicio del culto», pues es público, por lo que rechaza que se hubiere producido daño moral y psicológico, y además se agravia de las sumas establecidas por considerarlas sobredimensionadas y carentes de la debida prueba.

Por último, impugna que se hayan fijado los montos a la fecha del hecho, pues como se remontan al año 1994 y la aplicación de réditos transforman al crédito en una cifra objetivamente cuantiosa.

2.1.- Con carácter previo a todo análisis cabe señalar que el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994 contempla de manera expresa lo tocante a la «temporalidad» de la ley.

Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art.7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Por ello, corresponde ponderar que el caso sub examine versa sobre una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior, y también -por tanto- las consecuencias que emanan de ella, por lo que al haber nacido al amparo de tal legislación, en definitiva es la que se aplica.

2.2.- Sentado ello y por las razones que comienzo a desarrollar, propiciaré el rechazo de las críticas formuladas por la entidad demandada.

En efecto, adelanto que seguiré a las recurrentes en las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto (C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, entre otros) pues recuerdo que como todas las pruebas no tienen el mismo peso, me apoyaré en las que resulten apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611), las que produzcan mayor convicción en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa.

En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama «jurídicamente relevantes» (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o «singularmente trascendentes» como los denomina Calamandrei («La génesis lógica de la sentencia civil», en Estudios sobre el proceso civil, págs. 369 y ss.).

2.3.- En primer término se impone determinar con exactitud lo que constituye objeto de la pretensión intentada en autos, de allí que acuda a la atenta lectura del líbelo de inicio obrante a fs.117 y ss., pues el apelante cuestiona la interpretación practicada de los hechos acontecidos y su encuadramiento jurídico.

Rápidamente advierto que no se verifica aquí un supuesto de «prejudicialidad» como denuncia, pues lo acontecido claramente no encuadra en ninguno de los supuestos normados por el Código de Vélez, siendo este un tópico central en su desarrollo argumental.

En efecto, la naturaleza de lo que se debate en el caso sub examine lejos se encuentra de resolverse a la luz de lo dispuesto por el art. 1101 del referido cuerpo legal (ahora regulado, con algunos notables cambios, en los arts. 1774 y ss. del CCyCom.). En todo caso, lo que ha hecho la sentenciante de grado -en temperamento que propiciaré confirmar- es realizar un «juicio de jerarquización» de las diferentes pruebas producidas en autos en los términos que emanan de los arts. 386 y 477 del CPCCN, y es en tal sentido que le asignó fuerza de convicción a una probanza, radicando allí el alcance de la queja en análisis.

Me refiero a que los elementos probatorios arrimados a la luz del principio de la sana crítica, han servido para ilustrar al órgano jurisdiccional acerca del significado de los hechos individuales que importan al proceso, cuáles se han producido, qué consecuencias jurídicas derivan de ellos, y así se arribó a una decisión final acerca de tales fundamentos que resulta atacada, a mi entender sin fundamentos (Couture, Eduardo, JA 71-80 y ss.; Kisch, W., Elementos de Derecho Procesal Civil, trad. L. Prieto Castro, 1° ed., Madrid, pág. 189).

2.4.- Por su intermedio se le ha conferido especial relevancia a las actuaciones administrativas que tengo a la vista, procedimiento que se desarrolló en virtud de la denuncia practicada por el aquí accionante -junto a otras personas- contra distintos integrantes del Consejo Directivo de la entidad demandada, la que fuera recibida tanto por la «Inspección General de Justicia» como por la Sala «A» de este Excmo.Tribunal.

Ello ha sido lo que generó convicción en la magistrada de la anterior instancia, quien al sentenciar elaboró un razonamiento detallado y con cita pormenorizada de la prueba (ver 1809 vta./1909 vta.), aspecto este último sobre el que sugestivamente nada observa la apelante.

Lo cierto es que el accionante resultó «suspendido provisoriamente» en su carácter de «socio» por la accionada (ver fs. 29/31), y a la luz del resultado de tales actuaciones motorizadas por su denuncia, juzgó determinante la influencia que debe asignársele en lo tocante a este proceso en el que reclama reparación de daños y perjuicios.

Como sostuvo la juez de grado, el accionante fue sancionado sin más por el hecho de haber practicado dicha denuncia, actuando por tanto de manera arbitraria e ilegítima (doct. arts. 1066 y 1109 CC, art. 1717 CCyCom.), ocasionando los perjuicios por los que aquí reclama.

2.5.- Ahora bien, en otro orden, la interpretación que practica la «Asociación» difiere de la facticidad que resulta basamento de la pretensión indemnizatoria.

El accionante ha sido claro en su reclamo por daño moral, pues fundamentó su acción en «la circulación divulgatoria de dicha medida ilegítima y abusiva en el ámbito societario en el que me desenvolvía (sin poder recurrir ante los miembros de la Entidad, por ejemplo la Asamblea de asociados) (que) provocó una grave lesión en mi honra, pues fui sometido al escarnio de verme impedido de ejercer los derechos societarios y de practicar el Culto en los Salones Espirituales, en virtud de la acción antijurídica por parte de la demandada» (fs. 125 vta. in fine).

Continuó explicitando el actor, «Como es lógico comprender, tal medida arbitraria, ofensiva e ilegal, trascendió el ámbito meramente institucional para alcanzar a los sectores sociales y laborales de mi amistad y sobre todo familiares» (fs.126).

No se trata entonces de juridizar (o más crudamente aún, monetizar) lo atinente al ejercicio mismo del culto, es decir, el aspecto trascendental que hace a la creencia religiosa, a la doctrina que se abraza, sino que lo que constituye objeto de cuestionamiento involucra estrictamente a los efectos minusvalidantes para quien sufrió las consecuencias de la infundada medida disciplinaria, tanto en el plano espiritual como psíquico.

Me refiero entonces al necesario relacionamiento que importa para quien, como el accionante, no era un mero socio (que ya de por sí, involucraría un interés digno de protección) sino que además tenía un cargo en la comunidad pues era «director espiritual», extremo este no cuestionado, como tampoco se debate que los directores espirituales ejercen una autoridad de contralor y son responsables de las direcciones de zonas y delegaciones a cargo, así como de los directores y auxiliares adscriptos a ella, quienes están bajo su dependencia.

2.6.- De acuerdo a las circunstancias de hecho relatadas y razones de derecho desarrolladas, cabe tener por demostrado entonces en primer lugar el procedimiento antijurídico de la demandada, y luego su relación de causalidad con el daño cuya reparación se reclama en los términos de los arts. 901 y ccds., 1068 y ccds. del CC (que, con algunas variantes, regula el nuevo cuerpo legal en los arts. 1726/7 y 1744 respectivamente del CCyCom.).

No me cabe duda acerca del cercenamiento producido en la integridad espiritual del accionante, a quien se le negó trato digno al habérsele aplicado una severa sanción que vino a poner en duda injustamente su honor, su buena fama, nombre y estima, especialmente entre los integrantes de la comunidad, lo que conduce a encuadrar la acción formulada en lo normado por el art.1089 del Código Civil.

Daños reparables

3.1.- Teniendo cuenta la naturaleza de los perjuicios ocasionados al accionante a los que me refiriera, en lo tocante al quantum estimo que las sumas estipuladas ($30.000 por daño moral, $40.000 por daño psíquico, más $20.000 por tratamiento de este último) se adecuan a las ponderadas circunstancias de la causa y por tanto propondré su confirmación.

3.2.- En efecto, recuerdo que esta sala participo del criterio que aprehende con amplitud el daño moral, al considerar que se trata de un perjuicio que no queda reducido al clásico pretium doloris (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.) sino que, además, apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteraciones desfavorables en las capacidades del individuo de sentir lato sensu, de querer y de entender (Bueres, Alberto J., «El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general», en» Revista de Derecho Privado y Comunitario», Rubinzal-Culzoni, Nº 1, págs. 237/259).

Importa una minoración en la subjetividad de la persona de existencia visible, derivada de la lesión a un interés no patrimonial, o con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, lo que se traduce en un modo de estar diferente de aquél en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial (Pizarro, Ramón D., Vallespinos, Carlos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, Hammurabi, t. 2, pág. 641; ver mis votos in re «Luggo, Cristina Moemí c/ Zepeda, Jorge Luis y otro s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 2.992/2012, del 1°/09/2015 idem, «Luciani, Nelly c/ Herszague, León y otros c/ Ds. y Ps.», Expte. N° 21.920/2006, del 13/8/2010; «Peralta, Daniel Oscar c/ Transportes Metropolitanos General San Martín y otro s/ Ds. y Ps.», Expte.N° 33.299/2005, del 10/5/2010; «Burcez, Elizabeth Graciela c/ Aguas Argentinas S.A s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 115.335/2005, del 22/4/2010, entre muchos otros)

3.3.- En lo tocante al daño psicológico, según la experticia de la especialidad agregada a fs. 1046/1054 tengo por probado que el actor sufrió una «transformación en su personalidad, alteraciones emocionales, sociales y familiares, sentimientos de injusticia, difamación, de inseguridad, etc.» (ver pto. «3» a fs. 1052), lo que ha impactado en su plena capacidad en un 30% (cfr. pto. 4 a fs. 1051), habiéndose prescripto la perito en la necesidad de realizar un tratamiento psicoterapéutico (ver pto. 5 as fs. 1051).

Propicio, por tanto, su confirmación (art. 165 CPCCN).

Intereses

4.1.- En lo atinente a los réditos sobre el capital de condena, también arribaré a similar solución.

4.2.- Por lo pronto el cuestionamiento de la demandada no alcanza a revestir los caracteres que impone el art. 265 del rito y me conduce a aplicar la sanción dispuesta por el art. 266 del mismo cuerpo legal. La apelante practica una mera y vaga referencia a la suma por la que en definitiva prospera la acción en su contra y que estima elevada, mas sin practicar para ello una crítica concreta y razonada.

4.3.- No obstante, cabe señalar que en el caso no se produce «una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido» (último párrafo de la doctrina plenaria emergente de «Samudio de Martínez» del 20/4/2009), por lo que el rechazo de lo reclamado por este concepto también se impone.

4.- Por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para que:

a) Se confirme la sentencia apelada en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio;

b) Se impongan las costas de Alzada a la demandada.

Las Dras. Marta del Rosario Mattera y Zulema Wilde adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

a) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio;

b) Imponer las costas de Alzada a la demandada.

c) Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-

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