Responsabilidad concurrente del ciclista que intentó cruzar con su bicicleta un puente por una senda no autorizada, y el barrrio cerrado que omitió la colocación de carteles indicativos.

accdeiten bicicleta 3Partes: M. S. J. R. c/ Campo Chico Country Club y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 4-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-94590-AR | MJJ94590 | MJJ94590

Responsabilidad concurrente en el accidente ocurrido cuando el actor intentó cruzar con su bicicleta un puente por una senda no autorizada, en tanto que la demandada omitió la colocación de carteles indicativos. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar en forma concurrente e igualitaria al ciclista y a la demandada a raíz de accidente sufrido cuando al salir de su domicilio, al pasar por un puente de madera, la rueda delantera del biciclo se introdujo entre las aberturas de las tablas y se trabó provocando que cayera sobre el pavimento y golpeara su cabeza contra la baranda metálica, pues el demandante realizó un uso inadecuado del puente, dado que intentó trasponerlo por la senda peatonal y no por la vehicular como correspondía, y asimismo, la parte demandada ha contribuido en el acaecimiento del hecho por la falta de medidas de prevención en el lugar como la colocación de carteles indicativos que bien podrían haber cooperado a que el hecho no ocurriera.

2.-Cuando el hecho es consecuencia tanto de la culpa de la víctima como del riesgo o vicio de la cosa que intervino activamente en su producción, habrá concurrencia de riesgo y culpa y la responsabilidad en esta última habrá de acotarse a la estricta proporción en que la cosa tuvo incidencia causal en el hecho.

3.-El sujeto que introduce en la sociedad un factor generador de riesgo para terceros debe responder objetivamente, ya sea que la cosa sea peligrosa por su naturaleza o por la forma de utilización, sin que sea menester que aquélla se encuentre siquiera en movimiento; y en autos, la omisión de medidas de prevención en el puente por parte de la demandada son elementos que contribuyeron en la existencia del siniestro, pudiéndose agregar que tanto el estado de la senda peatonal (tablones existentes en la senda peatonal en forma separada y desnivelada) como la falta de indicación, tornaron a la cosa por sí riesgosa para su uso, sin que sea necesaria otra prueba al respecto.

4.-La eximente de responsabilidad basada en la culpa de la víctima, debe traducirse en una conducta que revele por lo menos la certeza de que el daño se ha sufrido como resultado de su comportamiento, no siendo suficiente la mera imprudencia sino que debe existir previsión concreta que se aprecia en cada caso en particular, y en el caso de marras, el actor realizó un uso inadecuado del puente en cuestión, dado que con su bicicleta intentó trasponerlo por la senda peatonal y no por la vehicular como correspondía, máxime teniendo en cuenta las condiciones del biciclo, pues se trataba de uno para ruta, lo que no podía ser desconocido por el mismo, en definitiva, la conducta asumida por el actor resultó coadyuvante para la producción del hecho, asumiendo en parte el riesgo del evento en cuestión.

5.-El daño psicológico fue expresamente acreditado y establecida su relación causal con el hecho, y frente a la temporaneidad de la dolencia resulta resarcible el rubro por el costo de tratamiento, sin que pudiera verse menoscabado ello por la circunstancia de haber mencionado el actor que ya lo había realizado durante seis meses sin acompañar los recibos correspondientes y sin mencionar quien fue su terapeuta.

6.-La evaluación del perjuicio moral es tarea delicada pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, y para establecer su monto no se deben correlacionar los daños materiales y morales, puesto que se trata de lesiones de diferente índole, siendo que en definitiva la incidencia del hecho que aparece como dañoso basta con presumirla según su entidad y naturaleza, y en el caso de autos, la suma asignada no aparece elevada para los fines perseguidos.

7.-El damnificado tiene derecho a ser resarcido por los gastos médicos, de farmacia y de traslado aun cuando no pruebe concretamente su realización, en tanto guarden razonable relación con la importancia de las lesiones sufridas y tratamientos efectuados.

8.-Teniendo en cuenta la atribución igualitaria de responsabilidad, la demanda prospera sólo por la respectiva proporción, lo que en definitiva será la base de la condena en costas, sin que ello pueda desvirtuar la condición de vencida ni el apartamiento del principio objetivo de la derrota.

9.-La aplicación de la doctrina legal plenaria sólo podrá efectuarse recién a partir del dictado del pronunciamiento que la fija, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, podría consagrar una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, debiendo en el caso establecerse que desde el inicio de la mora (desde la fecha en que ocurrió el hecho) hasta el dictado del pronunciamiento de primera instancia, se calculen los intereses a la tasa de interés del 8% anual, que representan los réditos puros y desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 4 días del mes de agosto del año dos mil quince, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “M S J R c/ Campo Chico Country Club y otros s/ Daños y Perjuicios” respecto de la sentencia corriente a fs. 387/396 de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. GUISADO, CASTRO y UBIEDO.-

Sobre la cuestión propuesta la Dra. GUISADO dijo:

I.- Que contra la sentencia dictada a fs. 387/96 que admitió la demanda entablada atribuyendo la responsabilidad en forma concurrente e igualitaria, se alzan las partes quienes expresaron agravios a fs. 438/40, fs. 442/7 y fs. 449/56, resultando contestados a fs. 463/4, fs. 466/9, fs. 458/61 y fs. 471/76 respectivamente.-

Así del relato del escrito inicial surge que el actor J R M S el día 4 de octubre de 2009, salió de su domicilio (unidad funcional 270) y se dirigió a la salida que el country Campo Chico tiene hacia Panamericana a bordo de una bicicleta de ruta, cuando al pasar por el puente de madera que se encuentra camino a la misma, la rueda delantera del biciclo se introdujo entre las aberturas de las tablas y se trabó, provocando que se desplomara sobre el pavimento y golpeara su cabeza contra la baranda metálica del puente.-

El Sr. Magistrado, luego de encuadrar la cuestión dentro de las previsiones contenidas en el art.1113 del Código Civil, entendió que ambas partes resultaban responsables por el acaecimiento del evento dañoso que motivara la demanda en estudio.-

En razón de ello cada una de las partes se agravia de tal decisión brindando sus respectivos argumentos, como así también de los rubros y montos acordados en la instancia anterior.-

II.- Por una cuestión metodológica trataré liminarmente las quejas vertidas por las partes que se refieren a la responsabilidad atribuida en forma concurrente, las que adelanto no recibirán favorable acogida. En este sentido comparto el encuadre jurídico aplicado en la anterior instancia, toda vez que como ha quedado relatado el hecho en la demanda y en oportunidad de contestarse la misma por la demandada y citada en garantía, no cabe más que aplicar al caso el contenido normativo que surge de lo establecido por el art. 1113 párrafo segundo apartado segundo del Código Civil.-

La reforma dispuesta por la ley 17.711 en nuestro ordenamiento legal introduce la teoría del riesgo creado en el artículo antes citado. Según dicha disposición el dueño y el guardián son responsables -en forma concurrente- por los daños causados por el vicio o riesgo de la cosa. Se trata entonces de una responsabilidad sin culpa, es decir sin que se formule juicio de reproche alguno (conf. Trigo Represas, Félix, “Derecho de las obligaciones”, t. V, Ed. Platense, p. 260, nro. 2732).-

La noción de “riesgo creado” responde a la idea según la cual el sujeto que introduce en la sociedad un factor generador de riesgo para terceros debe responder objetivamente, debiendo en este sentido considerar que el riesgo no se identifica con la causalidad material, porque es requisito para que se genere la obligación de responder, que se haya creado o introducido un factor riesgoso del que derive un daño; es decir haber incorporado a la sociedad una cosa peligrosa por su naturaleza o por la forma de utilización, sin que sea menester que aquélla se encuentre siquiera en movimiento (conf. Ob. ya citada T.V, p. 266 y ss.; Llambías, Jorge, “Responsabilidad objetiva: daños mediatos y daño moral”, LL 1980-D-76 y ss., entre otros).-

Es por ello que se ha dicho que hay daño causado por el riesgo de la cosa cuando el perjuicio es el efecto de la acción causal de una cosa, sin que medie autoría humana, esto es cuando se comprueba una relación material entre cierta cosa y un daño. Ello por cuanto dándose este tipo de relación causal excluyente de toda autoría humana, no es posible desconocer la presencia de un riesgo de dañosidad que estaba implícito en la cosa dañada, el cual se conjugó con el riesgo de vulnerabilidad inherente a todo sujeto por el mero hecho de existir, que padeció el damnificado (conf. Llambías, Jorge, ob. ya citada). Si bien nuestro ordenamiento no establece diferencia ni realiza una enumeración de cosas normalmente riesgosas, potencialmente peligrosas o inofensivas en si mismo, pese a que la realidad las demuestra, lo cierto es que se trate o no de cualquiera de ellas, para que funcione esta responsabilidad es necesario que se verifique la intervención activa de la cosa en el resultado y la conexión causal entre la “acción o hecho de la cosa” y el daño; es decir que encuadran en la noción legal aquellos “menoscabos en cuya producción las cosas han tenido un rol determinante (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, en Belluscio-Zannoni, “Cód. Civil .” p. 453 y ss.).-

Puesto en andamiaje el sistema de responsabilidad objetiva descripto, a quien se le imputa la misma es a quien entonces le incumbe acreditar que el hecho aconteció por culpa de la víctima, por un tercero por quien no debe responder o por razones de fuerza mayor o caso fortuito.-

Respecto del primer eximente enunciado -alegado por la demandada en oportunidad de contestarse la demanda conforme lo dispone el art.1111 del Código Civil- debe tratarse de una conducta que revele por lo menos la certeza de que el daño se ha sufrido como resultado de su comportamiento, ya que no es suficiente la mera imprudencia sino que debe existir previsión concreta -no una simple previsibilidad- que se aprecia en cada caso en particular (conf. CNCiv., Sala G, del 14-8-1984, ED 110-542).-

El acto que se tilda de culposo tiene que haber coadyuvado a la producción del perjuicio, total o parcialmente. En el primer caso -culpa exclusiva de la víctima en el resultado- queda al descubierto que el riesgo creado por la cosa no guarda relación causal adecuada con el menoscabo. Si en cambio el hecho es consecuencia tanto de la culpa de la víctima como del riesgo o vicio de la cosa que intervino activamente en su producción, habrá concurrencia de riesgo y culpa y la responsabilidad en esta última habrá de acotarse a la estricta proporción en que la cosa tuvo incidencia causal en el hecho.-

Sentadas las bases de análisis de la cuestión, como podrá apreciarse la cuestión relativa a la falta de prueba por parte del actor de su condición de titular de la unidad funcional, carece de significancia, si se tiene presente que nunca fue controvertido que aquél es inquilino en el country demandado.De allí que su condición de tenedor y usuario de la unidad funcional, permite sin duda alguna el encuadre efectuado normativamente a los fines de la dilucidación del caso en forma suficiente y sin que se vieran vulnerados los derechos del mismo.-

En función del encuadre jurídico aplicable al caso que me ocupa, entiendo que analizadas las constancias probatorias existentes en la causa puede destacarse que las partes se encuentran contestes en la ocurrencia del accidente de que se trata, sin que pueda siquiera analizarse la cuestión introducida por la citada en garantía en su expresión de agravios referida a las fechas indicadas como ocurrencia y la estipulada en la historia clínica, pues ello no fue un hecho alegado en oportunidad de contestarse la demanda. Por el contrario nada se dijo, lo que veda cualquier cuestionamiento al respecto.-

Asimismo las declaraciones testimoniales rendidas son contestes también en describir como era el lugar en que el hecho acaeció, como así respecto del uso que habitualmente se le daba.-

En este sentido a fs. 205 declaró el Sr. Shyen quien relató conocer las circunstancias de modo del accidente. Que el puente es paso obligado entre el country y APAP (centro deportivo) y para ir a Pilar. Describe que el mismo tiene un área central para la circulación de autos, hacia la baranda un sector de circulación para bicicleta y el área periférica para uso peatonal que está pegada a la baranda.-

En igual sentido el testigo Aubia, cuya función que desempeña refirió es la de intendente, a fs. 211 describe el puente en el que tuvo lugar el accidente. Expresa que “.El puente está realizado en una estructura de hierro montada sobre pilotines de cemento. La cubierta es de madera y tiene aproximadamente 5 de ancho y 7 de largo. El puente tiene a sus laterales una baranda, tiene senda peatonal en ambos lados y tiene doble vía de circulación vehicular.En el medio de la vía de circulación está dividido por una franja que debe tener 70 cm de ancho por un largo de 7 metros. En la senda peatonal tiene madera, está puesta longitudinalmente al puente y en las sendas vehiculares está puesta transversalmente al puente. (las bicicletas) circulan por la senda vehicular en la mano que le corresponde.”.-

Dicha descripción es acompañada por los demás testigos a fs. 208, Sr. Hassan (médico que atendió al actor en la emergencia), a fs. 213, por el Sr. Cabrera, y fs. 232, por el Sr. Spig. Es decir todos son coincidentes en señalar la descripción morfológica del puente en cuestión, como así la disposición de las maderas según se trate de senda vehicular o peatonal. Son contestes también en señalar que el actor circulaba por la senda peatonal, circunstancia que fue en oportunidad de promover la presente demanda, respaldada por el soporte fotográfico que puede apreciarse a fs.4/7.-

También como dato relevante los testigos refieren en su totalidad acerca de la ausencia de carteles indicativos respecto de las diferentes sendas ya sean vehiculares o peatonales, amén de coincidir en la utilización de esta manera según la costumbre y la forma de disposición de las mismas. Expresan también que con posterioridad al accidente se efectuaron modificaciones en el lugar.-

En otro orden de ideas, del informe técnico agregado a fs. 236/42 efectuado por el perito ingeniero designado a tal fin, se desprende que pudieron constatar las reformas a las que aludieron los testigos, las que constituyeron en cubrir las tablas de la senda peatonal, lo que puede válidamente advertirse del cotejo de las fotografías agregadas a fs. 4/7 y fs. 237/vta. y fs. 238/vta.-

El experto refiere que es probable que la rueda de la bicicleta se incrustase en la separación de las tablas existentes en dicha oportunidad, las que pueden estimarse entre 4 y 4,5 cm.Manifiesta que para los peatones ello no ocasiona dificultad alguna, pero que es probable que ello suceda en los casos de cochecitos de bebes, bicicletas, skates. De allí la colocación de las planchas y carteles que identifican dichos caminos laterales como sendas peatonales.-

También se pronunció el perito acerca del estado de conservación del puente calificándolo de satisfactorio, pero resaltando que en la oportunidad del accidente los tablones de la senda peatonal estaban separados entre sí con ciertos desniveles, lo que torna probable la ocurrencia del accidente de marras.-

Pese a la impugnación que se le dedujera a su informe, aquél dio acabada respuesta a la misma, pudiendo concluirse al respecto, que la velocidad estimada por el experto que la bicicleta imprimía en dicha oportunidad no puede ser tenida en cuenta a fines exactos, pues fue claro al referenciar que sólo la estimaba por no contar con los elementos necesarios para hacerlo.-

El análisis de la prueba recolectada hasta aquí bajo las reglas que la sana crítica impone para ello (conf. arg. art. 36 del ritual), me llevan a compartir sin hesitación alguna la decisión propiciada en la anterior instancia, ello por cuanto puede concluirse que el actor en la oportunidad realizó un uso inadecuado del puente en cuestión, dado que con su bicicleta intentó transponerlo por la senda peatonal y no por la vehicular como correspondía, máxime teniendo en cuenta las condiciones del biciclo, pues se trataba de uno para ruta, lo que no podía ser desconocido por el mismo. De allí que en este sentido la conducta asumida por el actor resultó coadyuvante para la producción del hecho, pues pese a haber tenido la posibilidad de circular sobre las tablas destinadas al tránsito vehicular, prefirió hacerlo sobre las que correspondían al peatonal, asumiendo allí en parte el riesgo del evento en cuestión (conf. art.1.111 del Código Civil).-

Pero también comparto la decisión en cuanto estima que la parte demandada ha contribuido en el acaecimiento del hecho dañoso de que se trata, dado que ha quedado por demás acreditado en autos la falta de medidas de prevención en el lugar, ante la omisión de colocación de carteles indicativos que bien podrían haber cooperado a que esto no ocurriera; como así el estado de los tablones existentes en la senda peatonal en forma separada y desnivelada, lo que según el propio experto tornó probable la ocurrencia del accidente. El hecho de que con posterioridad al mismo esta parte adoptara medidas de modificación del lugar, esto es colocación de carteles que indican la senda peatonal (ver fotografía de fs. 237) y la colocación de planchas lisas sobre los tablones que estaban en forma longitudinal, me conllevan a sostener que la omisión de tales medidas en la oportunidad, fueron elementos que contribuyen en la existencia del siniestro, pudiéndose agregar que tanto el estado de la senda peatonal aludida como la falta de indicación, torna a la cosa por sí riesgosa para su uso, sin que sea necesaria otra prueba al respecto.-

Por lo expuesto es que desestimaré las quejas vertidas por ambas partes, dado que el devenir probatorio que fuera adecuadamente analizado por el Sr. Magistrado de primera instancia, me conmueven a compartir la decisión que aquí se cuestiona.-

III.- Se quejan las partes con relación a los rubros y montos indemnizatorios acordados en la anterior instancia.-

En primer lugar se quejan ambas respecto del rubro “daño psicológico”, el que sólo prosperó por el tratamiento indicado.-

Sobre la cuestión puedo adelantar mi opinión en el sentido de que las mismas serán desestimadas, por cuanto como bien se señala en el pronunciamiento apelado, del informe psicológico agregado a fs.272/5 se desprende que cabe considerar la existencia de un acontecimiento traumático que además tiene jerarquía incapacitante como para provocar patología psicológica en patologías anteriores que podrían actuar como factores concausales, siendo que dicho acontecimiento habría tenido un desarrollo temporal coincidente con el accidente, presentando entonces un cuadro de neurosis ansiosa, de grado moderado y estresante. Agrega que el actor no padece fobia sino ciertas conductas evitativas que derivan en aislamiento. Así se recomienda efectuar psicoterapia durante un período no inferior a un año con frecuencia semanal.- Ante dicha conclusión, coincido que frente a la temporaneidad de la dolencia en cuestión resulta resarcible el rubro por el costo de tratamiento, sin que pudiera verse menoscabado ello por la circunstancia de haber mencionado el actor que ya lo había realizado durante seis meses sin acompañar los recibos correspondientes y sin mencionar quien fue su terapeuta. Ello por cuanto aún cuando hubiera sucedido así no le impide ser resarcido por un daño que fue expresamente acreditado y establecida su relación causal con el hecho.-

En función de ello y no resultando elevada la suma concedida en la anterior instancia ($ 4.700) ya por la proporción que le corresponde abonar a la parte demandada y su citada en garantía, es que rechazaré las quejas en cuestión.-

Igual suerte correrán las quejas vertidas por la demandada y su citada en garantía respecto de la procedencia y cuantía de los rubros “daño moral” ($ 20.000) y “gastos médicos” ($ 1.500), ello por cuanto los fundamentos esgrimidos no logran conmover lo decidido en la anterior instancia.-

Respecto del primero cabe destacar que el daño moral es un daño jurídico, en la media que lesiona los bienes más preciados de la persona humana. Es compartible que el daño moral es la lesión de razonable envergadura producida al equilibrio espiritual cuya existencia la ley presume y tutela y que atañe a una persona. (conf.CNCiv., Sala B, 6-12-99, “Mesa Gladys c/ La Cabaña s/ daños y perjuicios”).-

La evaluación del perjuicio moral es tarea delicada pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1083 del Código Civil. El dinero cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede mediarse ni tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. La dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible las angustias, inquietudes, miedo, dolor físico y padecimientos propios de las curaciones (conf. CNCiv., Sala F, 17-4-95, “Piromalti Jerónimo c/ Codesimo Gustavo s/ sumario”).-

Para establecer su monto no se deben correlacionar los daños materiales y morales, puesto que se trata de lesiones de diferente índole, y la existencia o no de daños materiales carece de influencia en la determinación del agravio moral, siendo que en definitiva la incidencia del hecho que aparece como dañoso basta con presumirla según su entidad y naturaleza. En razón de ello teniendo en cuenta las circunstancias de modo del caso y las condiciones subjetivas del reclamante, la suma asignada no aparece elevada para los fines perseguidos.-

En cuanto al rubro correspondiente a gastos médicos, de farmacia y de traslado, no advierto que la misma no sea ajustada, si se tiene en cuenta que el damnificado tiene derecho a ser resarcido por los mismos aún cuando no pruebe concretamente su realización, en tanto guarden razonable relación con la importancia de las lesiones sufridas y tratamientos efectuados en virtud de encuadrar dichas erogaciones en el concepto contenido en el art. 1086 del Código Civil.-

Por último con relación al rechazo del rubro “incapacidad sobreviniente”, entiendo que del informe médico agregado a fs.313/6 surge que el actor como consecuencia de una caída sufrió traumatismo cráneo facial con fractura de incisivo central de la hemiarcada dentaria inferior izquierda, habiéndosele realizado una endodoncia en la pieza, completándose la rehabilitación protética con un perno provisorio y corona. A raíz de ello el experto refiere que el actor presenta una incapacidad parcial y permanente en el área física del 3%.-

Ahora bien, en este sentido, no advierto que del informe pericial surja en forma adecuada la incidencia que en su vida de relación ha ocasionado dicha lesión, que recibió su adecuado tratamiento. De allí que comparto la decisión que aquí se impugna en el sentido que dicha dolencia se ve mayormente traducida en un padecimiento de tipo espiritual, que claramente fue tenido en cuenta a la hora de establecer su respectiva cuantía.-

En función de ello es que no admitiré la queja en examen por los fundamentos ya expuestos.-

IV.- Sentado ello, se queja la parte demandada acerca de la imposición costas a su cargo pese haberse atribuido en forma igualitaria la responsabilidad por el acaecimiento del evento dañoso de que se trata. Al respecto tampoco admitiré dicha queja por cuanto si bien es cierta la atribución aludida, no menos cierto resulta que la demanda prosperó sólo por la respectiva proporción, lo que en definitiva será la base de la condena en costas, sin que pueda ello desvirtuar la condición de vencida en la ocasión ni el apartamiento del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 68 del ritual.-

V.- Por último se queja la citada en garantía por cuanto sostiene que le causa agravio que el Sr. Magistrado no se haya pronunciado respeto que la condena es ejecutable contra su parte en la medida del seguro.-

Es dable señalar que en el pronunciamiento de marras se hizo extensiva la condena a dicha parte en los términos del art.118 de la ley 17.418, por lo que va de suyo que la misma sólo podrá hacerse en la medida del seguro según lo prescribe el referido articulado, máxime teniendo en cuenta que durante la tramitación del expediente ninguna cuestión se introdujo con relación a la franquicia denunciada.-

VI.- Respecto de la queja vertida con relación a la tasa de interés aplicable desde la fecha del hecho, cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de esta Ciudad, ha dictado el fallo plenario “Samudio de Martínez c/ Transportes 270 SA s/ daños y perjuicios” , estableciendo como doctrina plenaria la derogación de la anterior fijada en los autos plenarios “Vázquez Claudia c/ Bilbao Walter y otros s/ daños y perjuicios” de fecha 2 de agosto de 1993, ratificado por el plenario “Alaniz Ramón c/ Transporte 123 SACI Interno 200 s/ daños y perjuicios” , del 23-3-04).-

Ahora bien, sin perjuicio de la vigencia actual de los mismos, no puede desconocerse -a mi criterio- que resulta dificultoso a la hora de fijar los montos indemnizatorios que éstos no sean actuales, es decir a la fecha del dictado de la sentencia, pues retrotraerse a la del siniestro o el hecho motivador de la litis configura una tarea casi imposible, máxime cuando se trata de fechas muy lejanas al presente.Por ello y en virtud de diferentes pronunciamientos que se han dictado por las Salas de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, un nuevo análisis de la cuestión me ha llevado a arribar a una solución distinta a la que he propiciado con anterioridad.-

Es por ello y por la razón antes apuntada que considero que la aplicación de la doctrina legal aludida, sólo podrá efectuarse recién a partir del dictado del pronunciamiento que la fija, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, podría consagrar una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal. Ello así en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya fuera ponderado al definir el capital a los valores vigentes a la sentencia que se dicta.-

Por ello, finalmente, corresponde en este sentido admitir la queja en cuestión y establecer que desde el inicio de la mora -esto es la fecha en que ocurrió el hecho- hasta el dictado del pronunciamiento de primera instancia, se calculen los intereses a la tasa de interés del 8% anual, que representan los réditos puros y desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. CNCiv., Sala A, L 492.508, del 13-5-09; id. L 513.095 del 13-5-09; id. L 510.231 del 14-5-09; id. L 504.067 del 20-5-09; id.R 502.041, del 14-6-09 entre otros).-

En razón de lo antedicho voto porque I.- se modifique la sentencia apelada en el sentido de que los intereses se deberán liquidar conforme las pautas establecidas en el considerando pertinente; II.- se confirme la sentencia apelada en todo lo demás que manda y decide y fuera materia de agravios; III.- se impongan las costas de Alzada en orden del 50% a cargo de la actora y el 50% restante cargo de la demandada y citada en garantía, en virtud de la suerte corrida por los agravios (conf. art. 71 del ritual).-

Por razones análogas, la Dra. UBIEDO adhiere al voto que antecede.-

Con lo que terminó el acto.-

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.-

Se hace constar asimismo que la Dra. Castro no firma por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).-

Buenos Aires, 4 de agosto de 2015.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: I.- Modificar la sentencia apelada en el sentido de que los intereses se deberán liquidar conforme las pautas establecidas en el considerando pertinente del voto emitido en el acuerdo que antecede; II.- Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que manda y decide y fuera materia de agravios; III.- Imponer las costas de Alzada en orden del 50% a cargo de la actora y el 50% restante cargo de la demandada y citada en garantía, en virtud de la suerte corrida por los agravios (conf. art. 71 del ritual).-

Para conocer en los recursos de apelación interpuestos a fs. 403, 413, 419 y 422 contra las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada a fs.387/396, cabe ponderar las constancias de autos, la totalidad de la labor profesional desarrollada en autos, apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido según las pautas establecidas en la presente, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las demás pautas establecidas en los arts. 1, 6, 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432. Y teniendo ello en cuenta, los honorarios regulados a los Dres. Miguel Ángel Salim y Silvia Susana Marenda no resultan reducidos, por lo que se los confirma. Y por resultar equitativos los regulados a las Dras. María Elisa Salgado y Mariana Clara López, se los confirma.-

Considerando los trabajos efectuados por los expertos, su incidencia en el resultado del proceso, decreto ley 7887/55, el art. 478 del código procesal y las pautas de la ley de arancel para abogados de aplicación supletoria, los honorarios regulados a los peritos Marcelo Oscar Morales, Fernando Sergio Tato y Daniel José Malvitano resultan equitativos, por lo que se los confirma.-

Respecto de los fijados al mediador Dr. Alfredo E. Bertonasco, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inc. e) del art. 1°) del anexo III) del Decreto 1467/11, los fijados no resultan elevados, por lo que se los confirma.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-