Obligación de abonar al trabajador portuario si se acreditó que las patologías que lo aquejan son consecuencia de las tareas que realizó para el demandado.

sentenciaPartes: C. E. c/ Coop. De Tjos. Ltda. G. S. Martín y otro s/ enfermedad profesional

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario

Sala/Juzgado: III

Fecha: 28-may-2015

Cita: MJ-JU-M-94580-AR | MJJ94580 | MJJ94580

Debe confirmarse en lo principal la sentencia que condena a la demandada y su asegurador a abonar al actor los rubros determinados, modificándola en lo atinente a la incapacidad del 18,452% de la total obrera, pues acreditó el vínculo laboral y el perjuicio consecuencia de las tareas -estibador portuario y tareas de paleo- y condiciones de trabajo.

Sumario:

1.-Debe confirmarse en lo principal la sentencia que condena a la demandada y su asegurador al actor los rubros determinados, modificándola en lo atinente a la incapacidad del 18,452% de la total obrera, pues acreditó el vínculo laboral y el perjuicio consecuencia de las tareas – estibador portuario y tareas de paleo – y condiciones de trabajo.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, A los 28 días de mayo de dos mil quince, se reunieron en Acuerdo los señores vocales de la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Laboral, Dra. A. Ana Anzulovich, Dr. Ángel Félix Angelides; y Dr. Eduardo E. Pastorino para resolver en autos caratulados “C., E. C/COOP. DE TJOS. LTDA. G. S. MARTIN Y OTROS S/ENFERMEDAD PROFESIONAL” Expte. N° 75 Año 2013, venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de San Lorenzo. Hecho el estudio del pleito se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1- ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

2- ¿CUÁL ES EL PRONUNCIAMIENTO A DICTAR?

Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dres. Pastorino, Angelides y Anzulovich.

1.- A la primera cuestión. el Dr. Pastorino dijo: La sentencia de primera instancia N° 1030 de 11/11/2011 (fs. 276/81), a cuyos fundamentos de hecho y de derecho me remito, hace lugar a la demanda y condena a la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada Puerto General San Martín, Amparo Compañía Argentina de Seguros SA y Compañía Argentina de Seguros Visión SA -las últimas dos en los términos del contrato de seguro- a abonar a E. Zacarías C. los rubros determinados, conforme la liquidación a practicarse. Impone las costas a las demandadas y difiere la regulación de honorarios. Por resolución N° 1883 se aclara que, ante el rechazo a la declinación de la citación en garantía, las costas de la acción principal se imponen en un 15% a la Compañía Argentina de Seguros Visión SA.

La codemandada Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada Puerto General San Martín apela parcialmente el acto decisorio (fs. 282). Concedido el recurso y elevadas las actuaciones, la recurrente expresa sus agravios (fs. 311/4), los que fueron contestados por el actor (fs. 325/6).

I.- LOS AGRAVIOS

Los agravios de la cooperativa en contra de la sentencia consisten en que:no tiene por acreditado que C. trabajó para otras empresas; afirma que su parte no aportó a la pericia contable toda la documentación a la que estaba obligada legalmente; entiende que las planillas que exhibe son de confección unilateral sin conformidad del trabajador y, por lo tanto, de valor relativo; juzga que existió un nexo entre las tareas y las enfermedades (eventración e hipoacusia); recepta la demanda por porcentajes de incapacidad mayores a los demandados, incluyendo el daño moral en una reparación tarifada.

II.- TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS

II.1.- La quejosa critica que se aluda a la falta de prueba atinente a que el reclamante trabajó para otras empresas, mientras que éste confiesa que durante el mismo período que laboró para su parte, lo hizo también para Caderesa y Río Paraná. Además, recuerda que en la contestación de demanda reconoce a C. como un simple trabajador eventual, arguyendo que está probado que trabajó más tiempo para los dos emprendimientos mencionados y que el otrora estibador admite que su habilitación -como estibador portuario- quedó en Caderesa por una lesión en el tobillo.

En la misma línea, relativiza que no haya aportado la documentación legal al perito contador pues informó en su momento de la ocurrencia de un incendio que arrasó con parte de aquélla. Asimismo, aduce que las planillas a las que se quita valor probatorio, son la única forma de confeccionar el reflejo del trabajo de los estibadores para esa fecha, en que no estaba desarrollada la informática (1988/93). En ese contexto -dice- haberles hecho firmar a los trabajadores la planilla sería un absurdo. Adiciona que la probanza testifical corrobora que C. era jornalero y no socio de la cooperativa.

La apelante omite atacar el segmento decisorio referente a que en el año 1991 la cooperativa de trabajo concedió 14 días de vacaciones a C., conforme la ley 20744.Este indicio que llega firme a esta Alzada alcanza para reputar probado el vínculo dependiente, ya que de otra manera no se entiende el porqué de conceder un derecho de raigambre laboral a lo que la demandada categoriza como un “no socio” con desempeño accidental. Resulta curioso que el escrito de responde prescinda de suministrar cuántas jornadas trabajó C. en 1991 (año de otorgamiento de las vacaciones) pero sí las detalla en el resto del período 1984/93 (cfr. fs. 20 y 278 vta., art. 118 CPL).

Dicha conjunción de circunstancia pone de relieve la contratación habida entre las partes, sin que haya prueba asertiva sobre la frecuencia con la que el actor trabajaba para Caderesa y Río Paraná. Véase que el reconocimiento de C. no explicita por cuánto tiempo se había desempeñado para aquéllas, pero sí remarca que lo había hecho por mandamiento de la cooperativa (vide fs. 83, pos. 1°). En idéntico sentido, la apelante tampoco critica el aserto de la juzgadora referente a que jamás invocó alguna de las tres causas de exención de responsabilidad del art. 7 de la ley 24028: secuelas constatadas por examen preocupacional visado (no hay datos de realización de éste), daño intencional del obrero o daño causado exclusivamente por fuerza mayor extraña al trabajo (cfr. fs. 76 y 280, art. 118 CPL).

Igualmente, otra preterición en el discurso impugnativo sella la suerte del recurso. La a quo preside su razonamiento judicial interpretando que la ley 24028 comprende “.tanto los trabajadores permanentes como los transitorios, los changarines, los eventuales.” (fs. 278). En estos términos, el mero reconocimiento de la otrora empleadora en cuanto al carácter esporádico de la prestación torna abstracta la distinción que busca concretar en esta instancia (art. 118 CPL). Por ello, tampoco tiene sentido sopesar de otra forma la prueba contable o interesarse porque C. era socio de la cooperativa -Zabala afirma que era jornalera no socio como él mismo, f. 97 vta., pta.1°- o qué tanto había laborado para otras empresas (ley 24028, art. 7.b).

He de rechazar el agravio.

II.2.- Sostiene luego la recurrente que el veredicto configura una relación de causa-efecto entre el trabajo prestado para su parte y las patologías denunciadas, sin elemento de confirmación. Explica que la actora debió acreditar los extremos mediante una pericia técnica y no por los testigos que, de por sí, serían contradictorios: “Por un lado reconocen la mecanización de la tarea y por el otro le atribuyen una manualidad que en el momento de la prestación laboral ya no existía” (fs. 312 vta.).

En primer lugar, la contradicción manifestada no es tal. El testigo Hauser -jornalero y ex compañero del actor- declara que el trabajo en la cooperativa era realizado a través de cintas transportadoras, pero también especifica que todo el trabajo requiere una “fuerza bárbara” ya que se paleaban y hombreaban bolsas, como se cambiaban de lugar máquinas impulsoras (fs. 97, ptas. 3° y 4°). Zabala es más descriptivo: “.bolsear te mata y la pala tenés que darle, no palitas palones, son cuatro horas, yo me accidenté varias veces, tuve un problema en el brazo.” (fs. 97 vta., pta. 4°, sic). Es decir que la mecanización del proceso no era integral y esto es palpable en la propia diferenciación que arroja este último declarante: “Que había tareas de paleo, cuando había barcos bolseros cargaban bolsas y sino con la impulsadora” (ibídem, pta. 3°).

A su turno, y en cambio, esta intervención tecnológica en la actividad surge como la causa de una contaminación sonora constante y elevada, lo suficiente para afirmar: “Que las impulsadoras te vuelven loco, que no se puede oír de aquí a allí” (fs. 97 vta., pta. 5°). Hauser coincide con lo atestiguado (cfr. fs. 97, pta.5°). La caracterización precedente basta a fin de dar por probado la condición laboral perjudicial que, por otro lado, no puede dejarse de destacar que las primeras manifestaciones de la enfermedad datan de 1992, por lo que la prueba técnica reclamada poca eficacia ostentaría sobre circunstancias pasadas hace más de dos décadas (cfr. fs. 281). Mientras, la conclusión médica coadyuva a la verosimilitud de los dichos de los testigos mencionados: lesión inducida por ruido bilateral (fs. 77 vta.).

A mayor abundamiento, nuevamente se exhibe otro silencio que colabora con la confirmación de la lógica judicial censurada. En efecto, nada se replica respecto de que “.no ha acreditado la demandada el cumplimiento de la normativa en higiene y seguridad en el trabajo.exámenes de salud.en igual sentido el capítulo 13 sobre ruidos y vibraciones.” (cfr. fs. 279 vta., 280, art. 118 CPL).

En definitiva, se encuentra probado el vínculo laboral como ocasión de las tareas y condiciones de trabajo que produjeron las patologías que en el considerando próximo reciben tratamiento específico.

He de rechazar el agravio.

II.3.-Por último, la codemandada cuestiona el fallo porque la condena a abonar la indemnización de la ley 24028 con base en una incapacidad del 4,452% de la total obrera con otro 5% de signología subjetiva (por la hipoacusia perceptiva) y 25% de la total obrera por la eventración.

Sintetizando las palabras de la quejosa, la a quo habría concedido una incapacidad mayor a la que ostenta el demandante puesto que la pericia médica determina una incapacidad auditiva de 4,452%, mientras que la signología subjetiva no sería indemnizable por la vía tarifadaatento a que el daño sicológico se repara por la acción común, en palabras del agraviado.

Luego, hace notar que la pericia médica imputa un 40% de incapacidad de la total obrera a la eventración, imputándole un 25% al factor laboral.De modo que, a diferencia de la juez, aprecia que “.respecto de dicha patología puede atribuirse al factor laboral únicamente en un porcentual del 25%. Esto es, que por la eventración el perito ha fijado un 10% de la total obrera (esto es el 25% del 40%)”. Por lo expuesto, propicia una incapacidad reparable del 14,452% (4,452% + 10% [25% x 40%]).

Después de determinar una incapacidad auditiva imputable al trabajo del 4,452% según la ley 9688 y un 7,42% de acuerdo al Código de Trabajo mexicano difundido por la OIT, el experto explicita que “A ambos porcentuales según diversos autores se le asignan porcentuales que oscilan en promedio de un 3% a 8% según la magnitud de la signología subjetiva presentada. Lo expuesto es en promedio pero los porcentuales pueden oscilar entre valores muy dispares. En este caso particular estima asignarle un valor aceptable de 4%” (cfr. fs. 77). En sus conclusiones comete un evidente error de transcripción al decir, sin agregados que funden la diferencia: “Pudiendo sumarse un 5% por la signología subjetiva” (cfr. fs. 77 vta.). Así, ateniéndose a este último segmento de la pericia, la jueza asevera que la hipoacusia inducida por ruido conlleva un 5% de signología subjetiva (cfr. fs. 279 vta.).

Dos son las deducciones que se extraen. La primera es que no se observa de dónde se extrae la identidad -que efectúa la recurrente- entre signología subjetiva en materia de hipoacusia y el daño psicológico. Conviene agregar que la parte interesada no alegó en la etapa prevista ni, por lo tanto, observó el dictamen que ahora intenta interpretar en forma sesgada. Por lo tanto, resuelvo que debe mantenerse el concepto en sí. La segunda atiende a que, sin ningún fundamento que avale el repentino cambio de sus consideraciones médicas, el galeno escribe -por evidente error de transcripción- el 5% en vez del 4%, produciendo el error de arrastre que se verifica en el veredicto. De modo que -en mi criterio- se debe morigerar en un punto dicho factor.Este último argumento es similar en lo que respecta a la valoración de la invalidez por la lesión abdominal. La pericia mantiene en el apartado de las “consideraciones médico-legales del caso” que: “Con respecto a la incapacidad por la eventración, debe tenerse en cuenta que el factor laboral de esfuerzo ha participado porcentualmente en un 25%” (cfr. fs. 77 y vta.). Sin embargo, de seguido en las “conclusiones” determina “.se agrega un 40% inherente a la eventración que presenta de los cuales es imputable al factor laboral en un 25% de la total obrera” (ídem). Esta disconformidad entre lo considerado y lo concluido vuelve a suscitar que la judicante fije en este aspecto una incapacidad del 25% y no que se defina -como correspondía- por el 10% (25% del 40%).

Al final, la incapacidad total -atribuible al trabajo- que debe ser resarcida totaliza el 18,452% de la total obrera (4,452% + 4% + 10%).

He de hacer lugar parcialmente a los agravios. Y si bien la atenuación numérica es de relativa importancia, los gastos causídicos de esta instancia deberán ser solventados por la recurrente, en virtud de que su apelación intentó exonerarla de toda responsabilidad y, en lo medular, la condena es confirmada totalmente.

Por lo tanto, a la primera cuestión, voto por la afirmativa parcial.

A similar cuestión, el Dr. Angelides dijo: Coincido con las razones manifestadas, por lo cual, voto en similar sentido.

A igual cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: Advirtiendo la existencia de dos votos totalmente coincidentes, me abstengo de emitir opinión (art. 26 ley 10160).

2.- A la segunda cuestión. El Dr. Pastorino dijo: Corresponde: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación, modificando la sentencia de grado para establecer una incapacidad del 18,452% de la total obrera. 2) En lo demás, en cuanto fue materia de recurso y agravios, se confirma la sentencia impugnada. 3) Costas de esta instancia a la apelante (art.102 CPL). Los honorarios de la Alzada se regulan en el 50% de los que se fijen en primera instancia.

A la misma cuestión, el Dr. Angelides dijo: Adhiero al fallo propuesto por el Dr. Angelides, por lo cual voto en su mismo sentido.

A igual cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: Que como dije precedentemente, y de conformidad al art. 26 de la ley 10160, me abstengo de emitir opinión.

Practicada la votación pertinente, la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Laboral;

RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación, modificando la sentencia de grado para establecer una incapacidad del 18,452% de la total obrera. 2) En lo demás, en cuanto fue materia de recurso y agravios, se confirma la sentencia impugnada. 3) Costas de esta instancia a la apelante (art. 102 CPL). Los honorarios de la Alzada se regulan en el 50% de los que se fijen en primera instancia. Insértese, hágase saber y fecho, bajen. (Autos “C., E. C/COOP. DE TJOS. LTDA. G. S. MARTIN Y OTROS S/ENFERMEDAD PROFESIONAL” Expte. N° 75 Año 2013).

PASTORINO ANGELIDES ANZULOVICH

(Art. 26, ley 10.160)

GUTIÉRREZ

-Secretario-