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Imposibilidad de condenar al pago de una suma de dinero de un saldo deudor derivado de tarjeta de crédito que no se encuentra debidamente justificada con los documentos fundantes.

TarjetaPartes: Nuevo Banco de Santa Fe S.A. c/ Ramirez Román s/ sumario

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta. circ.

Fecha: 16-jun-2015

Cita: MJ-JU-M-94002-AR | MJJ94002

Imposibilidad de condenar al pago de una suma de dinero de un saldo deudor derivado de tarjeta de crédito que no se encuentra debidamente justificada con los documentos fundantes.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda intentada tendiente al cobro de un saldo deudor derivado de tarjeta de crédito desde que del análisis de la demanda y la documental no surge un correlato real y concreto porque los resúmenes de cuenta, a los que remite cuando se refiere al monto reclamado, dice que se ha enviado al domicilio del deudor y no fueron observados ni impugnados, pero solo acompaña copias de la solicitud de tarjeta y las condiciones generales que la rigen, con firma del demandado y una carta documento dirigida a éste intimando al pago de la suma que aquí se reclama por capital, intereses compensatorios y punitorios en su carácter de deudor sin acompañan los resúmenes de cuentas que dan origen y fundamento a la reclamación.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 16 días del mes de junio del año dos mil quince, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Beatriz A. Abele, Lorenzo J. M. Macagno y Alejandro A. Román, para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por la parte actora, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Circuito N° 10 de la ciudad de San Cristóbal, Dr. Germán Ariel Vivas, en los autos caratulados: «Expte. N° 172 – Año 2014 – NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. c/ RAMIREZ, Román s/ SUMARIO».

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primera, Dra. Beatriz A. Abele; segundo, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; tercero, Dr. Alejandro A. Román.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la sentencia apelada? 2da.: En caso contrario ¿es ella justa? 3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? A la primera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

La parte recurrente no ha sostenido en la Alzada el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con el de apelación, y no advirtiendo vicio alguno que justifique la declaratoria nulificatoria de oficio, voto por la negativa.

A esta misma cuestión, los Dres. Lorenzo J. M. Macagno y Alejandro A.

Román dijeron que por idénticos fundamentos votaron asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

A la segunda cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

El Juez de Primera Instancia de Circuito N° 10 de San Cristóbal rechazó la demanda interpuesta por el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. contra Román Ramírez, con costas (fs.43 a 46 vto.).

Para así resolver, el Sentenciante ha manifestado que el accionado no se ha comparecido ni ha contestado la demanda, lo que crea la presunción de reconocimiento de lo afirmado por el actor y de la documental acompañada en cuanto a su existencia y legitimidad (Art. 143 del C.P.C.C.S.F.).

Con cita de jurisprudencia y doctrina afirma que el reconocimiento ficto es respecto de los hechos articulados en la demanda, pero no de las pretensiones económicas derivadas de ellos, lo que sí exige actividad probatoria de parte del actor. Y en este sentido entiende que el esfuerzo probatorio del accionante ha sido insuficiente y deficiente para arribar a un estado confirmatorio de su pretensión, ya sea del objeto, los hechos y la petición (Art. 137 del C.P.C.C.S.F.).

Analizando la demanda y la documental acompañada, el A-quo concluye que el actor no ha logrado establecer un correlato real y concreto entre la demanda y la documental, porque los resúmenes de cuenta, a los que remite cuando se refiere al monto reclamado, dice que se ha enviado al domicilio del deudor y no fueron observados ni impugnados, pero solo acompaña copias de la solicitud de tarjeta Visa y las condiciones generales que la rigen, con firma del demandado y una carta documento dirigida a éste intimando al pago de la suma de $ 14.424 por capital, intereses compensatorios y punitorios en su carácter de deudor de tarjeta Visa y da una fecha de constitución en mora. Pero no se acompañan los resúmenes de cuentas que dan origen y fundamento a la reclamación. Menciona el Art. 25 de la Ley 25.065 y recuerda que dicha norma legal es de orden público.

Afirma que no se puede condenar a pagar una suma de dinero que no se encuentra debidamente justificado con los documentos fundantes.

Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora interponiendo recursos de nulidad y apelación (fs. 49), los que fueran concedidos a fs.50.

Radicados ante esta sede los presentes autos, el recurrente expresa agravios a fs. 73/74.

En dicho escrito dice agraviarse porque el A-quo no ha efectuado una valoración objetiva de los elementos probatorios arrimados a la causa, y transcribe un pasaje de la sentencia. Agrega que se agravia porque el Juez de la instancia anterior dice que el actor ha probado con documental los hechos pero que no ha probado el monto. Asegura que ello es una incongruencia porque de la demanda surgen los hechos (contrato de tarjeta de crédito, reglamentación, condiciones generales, que el demandado recibió el plástico, que con el mismo realizó operaciones, que llegado el vencimiento no fueron abonadas, que fue intimado por la suma de $ 14.424,59 que coincide con la reclamada en la demanda. En resumen se agravia porque el A-quo considera que la incontestación de la demanda solo importa el reconocimiento de los hechos, pero no del monto que se reclama.

Agrega que equivocadamente el Juez de grado pretende que sea el actor quien pruebe lo que asegura quedó reconocido con la falta de contestación de la demanda.

Invocando el Art. 185 del C.P.C.C.S.F., acompaña en esta instancia los resúmenes de cuenta, de donde dice surge el saldo deudor.

Finalmente solicita se revoque la sentencia elevada.

Ingreso al tratamiento del recurso.

Adelanto desde ya que el recurso no puede prosperar porque lo que se indica como una autocontradicción no es tal. Los fundamentos que da el Sentenciante son claros, precisos y correctos: la incontestación de la demanda genera una presunción -juris tanto- de reconocimiento por parte del demandado de los hechos expuestos en la demanda y de la autenticidad de la documental, pero no el monto del reclamo si no se han adjuntado los resúmenes de cuenta.

Comparto la jurisprudencia que opina que la falta de contestación de la demanda no conlleva fatalmente a que ésta deba prosperar, sino que el juzgador debe analizar, aplicando las normas pertinentes, la pretensión cuenta con el debido sustento jurídico. (ALVARADO VELLOSO, Adolfo.»Estudio Jurisprudencial – Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe»; Edit. Rubinzal Culzoni; T. IV; págs. 255/256). El juez debe analizar si existe una lógica correspondencia entre los hechos afirmados, tanto entre sí como respecto de la prueba aportada, además de la subsunción de los hechos fíctamente reconocidos en el plexo jurídico a fin de establecer si aquella cuenta con el adecuado sustento a pesar del silencio de la contraparte. (PEYRANO, Jorge W. – VAZQUEZ, Roberto A.; «Código Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe»; Edit. Juris; págs. 418/419).

Acierta el Juez de grado cuando, luego de recordar que el Art. 57 de la Ley 25.065 dispone que las normas contenidas en ella son de orden público, invoca el Art. 25 in fine de la misma norma que manda a tener en la sede del Banco los resúmenes de cuenta a disposición del deudor. Es cierto que la justificación esgrimida por el actor en el sentido de no tener en su poder los resúmenes de cuenta no puede ser aceptada porque implica un incumplimiento a la ley y por lo tanto no vale como defensa.

Por otra parte, el Art. 137 del C.P.C.C.S.F. pone en cabeza del actor la obligación (adviértase que el citado artículo dice «debe») de acompañar con la demanda los documentos en los que ella se funda. La presentación tardía de los mismos está sancionada con la imposición de costas.Y esa presentación tardía solo puede concretarse hasta el llamamiento de autos, salvo que sea de fecha posterior o que la parte que lo presente afirme no haber tenido antes conocimiento de él.

En el caso que acá nos ocupa, el llamamiento de autos que menciona la norma como límite temporal es el que se hace en primera instancia, porque luego del mismo se dicta sentencia valorando las pruebas obrantes en autos, y no se dan los supuestos que habilitan la excepción (fecha posterior al llamamiento de autos o desconocimiento). El actor no cumplió con la presentación del documento fundante de la demanda, lo que «… es un requisito establecido como integrativo de la demanda…» (JLROS, 8ª. 24/02/88, RJLO, I-620, en Alvarado Velloso, Adolfo; Ob. Cit., T. IV, pág. 231).

Los resúmenes de cuentas acompañados en esta instancia de fs. 65/72, en el marco del art. 185 del C.P.C., puesto que no fueron traídos los originales y se tratan de copias simples, sin certificar, no tienen valor probatorio.

El argumento que levanta el recurrente para defender su postulación es improcedente, porque la documental que menciona al inicio de la foja 73 vto. prueban solamente la contratación de la tarjeta Visa y que el acá accionado fue intimado a pagar una suma de dinero, pero en modo alguno puede entenderse que está acreditada la deuda. Sin perjuicio de ello, no resulta sobreabundante remarcar que el monto que se intima dice corresponder a un concepto que se da en forma genérica, impidiendo así la revisión por parte del intimado, lo que viola su derecho de defensa. Y no se condice con lo establecido en el Art. 23 incs. d) a g), y k) de la Ley 25.065.

Consecuentemente, por las razones expresadas en la sentencia elevada y las manifestadas precedentemente, es que voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión, los Dres. Lorenzo J. M. Macagno y Alejandro A.Román dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones de la Jueza de Cámara preopinante y por lo tanto, votaron en el mismo sentido.

A la tercera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

Que en virtud del estudio precedente, sugiero a mis colegas se dicte la siguiente resolución: 1) Rechazar el recurso de apelación opuesto por la parte actora, con costas. 2) Confirmar en todos sus términos la sentencia elevada. 3) Fijar los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se regulen en baja instancia.

A la misma cuestión, los Dres. Lorenzo J. M. Macagno y Alejandro A.

Román dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por la Jueza de Cámara Dra. Beatriz A. Abele, y en ese sentido emitieron sus votos.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación opuesto por la parte actora, con costas. 2) Confirmar en todos sus términos la sentencia elevada. 3) Fijar los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se regulen en baja instancia.

Insértese el original, agréguese el dup licado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

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