Una reforma legislativa útil: a propósito de las escalas mínimas en los tipos penales.

codigo PenalFecha: 25-sep-2015

Cita: MJ-MJN-89084-AR

Por Fernando J. Mellado (*)

Es imperioso modificar la parte especial del Código Penal Argentino en lo atinente a las escalas mínimas de todas las figuras penales.

La finalidad de esta reforma apunta a que, en caso de condena, los magistrados puedan imponer penas de ejecución condicional cuando así lo ameriten las pruebas producidas durante la etapa del debate, en relación con delitos graves, los cuales a la fecha no permiten esa decisión salvo que el magistrado declare la inconstitucionalidad de la escala mínima en el caso que resuelve, hecho -por lo demás- excepcional.

Al respecto no advierto conflicto constitucional alguno. Por el contrario podrían imponerse penas más justas en casos de delitos graves, por ejemplo, homicidios del art. 79 del CPen, en los cuales como sabemos en el mejor de los casos el justiciable recibe una pena de ocho años de prisión.

Origina este planteo mi experiencia profesional. En virtud de ella tomé conocimiento no solo del estado de nuestras prisiones, sino también de las posibilidades de estas para procurar la readaptación y la resocialización de quien antes llamábamos el reo.

En más de un caso, aun grave por el resultado del injusto, la imposición de pena efectiva sería, no solo innecesaria, sino contraproducente. Así, un hombre joven, padre de familia numerosa, sin antecedentes penales, con medios de vida lícitos, condenado por el delito de robo calificado por uso de arma blanca a la pena de cinco años de prisión (quantum mínimo a la luz del art. 166 del CPen), difícilmente se resocialice y se readapte socialmente si debe esperar más de tres años para recuperar plenamente su libertad ambulatoria, vía concesión de la libertad provisional. Probablemente en ese lapso su familia se disgregue, caiga en la miseria, y él pierda su trabajo, que generalmente es en negro.

La experiencia indica que un número elevado de jóvenes reciben penas graves porque la calificación legal del hecho atribuido ata las manos del magistrado.

Más de una vez vemos jóvenes primarios que por permanecer demasiado tiempo en prisión salen de esta convertidos en avezados criminales. No debieron haber sido prisonizados o su prisión debió haber sido breve.

Sobre el tapete debemos echar el siguiente dato: la pena genera dolor y miedo, pero cuando es excesiva, endurece al condenado, quien vuelve a la llamada sociedad libre, insensible o violento. La prisión arruinó a quien debería readaptar y resocializar.

La reforma que propongo llevaría a un respeto real del principio de culpabilidad y en muchos casos evitaría la trascendencia indebida de la pena.

El mal que denuncio no constituye una novedad. Por ello, más de un magistrado sensible ante situaciones como la expuesta perfora la escala penal mínima o, fuerza el encuadramiento típico del hecho porque advierte que la aplicación de la escala penal sería injusta por exceso y las consecuencias de la ejecución de la pena serían seguramente negativas para el condenado y su familia nuclear, especialmente los niños.

No encuentro reparos constitucionales en lo pretendido. Así se desprende del art. 18 de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales sobre la materia ratificados oportunamente por la República Argentina y que indiscutiblemente integran nuestro ordenamiento normativo.

Ninguna persona razonable puede afirmar que imponer a una persona la pena de cinco años de prisión por encontrárselo culpable a título de autor material del delito de homicidio simple a tenor del art. 79 del CPen es injusto legalmente.

Tampoco puede justificarse racionalmente la escala mínima de ese injusto, ocho años de prisión. Indudablemente los montos de pena fijados por el poder político son discrecionales y sospecho que en más de un tipo penal se han dispuesto a ojo.

Siendo ello así, el único modo que el castigo estatal genere algún efecto positivo es dejando en manos de los jueces la posibilidad de imponer quantums de pena que ellos consideren justos dados los parámetros que se desprenden de los arts. 40 y 41 del CP.

Atar a los jueces a escalas fijas es irrazonable a la luz de los conocimientos actuales sobre la personalidad. Más allá de las distintas corrientes de pensamiento, se coincide en una afirmación: somos individuos y por ello se impone que el juez tenga discrecionalidad incluso para fijar una pena por un hecho grave que imponga al condenado un tiempo de sufrimiento breve, por ejemplo, un año de prisión por un homicidio doloso.

Obviamente la ausencia de escala mínima no impide al magistrado imponer una pena privativa de libertad larga si así lo ameritan las características del caso y las circunstancias personales del sujeto.

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(*) Abogado especializado en derecho penal, UNR. Vocal de la Asociación de Abogados Penalistas de la Segunda Circunscripción de la provincia de Santa Fe. Asesor legal en materia penal del Sindicato de Aceiteros de la provincia de Santa Fe y de la Asociación de Empleados de Comercio de la ciudad de Rosario.