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Responsabilidad del conductor por el fallecimiento del acompañante, pues manejaba una camioneta imprudentemente en un día de tormenta.

ConduciendoPartes: Do Nascimento Hilda Viana c/ Arrebola Pedro Jorge s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 2-jul-2015

Cita: MJ-JU-M-93933-AR | MJJ93933

Responsabilidad del conductor por el fallecimiento del acompañante, pues no conducía el vehículo con prudencia teniendo en cuenta el factor climático desfavorable al momento del accidente. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Corresponde admitir que el hecho se produjo por el obrar culposo del conductor demandado, en los términos del art. 1109 del CCiv., pues el conductor se despistó, lo que denota una conducción falta de pericia y que no manejaba la camioneta prudentemente; máxime si se tiene en cuenta que estaba lloviendo muy fuerte.

2.-Se confirma la responsabilidad del conductor demandado por el accidente en el que falleciera la víctima puesto que de la prueba colectada surge que el día del accidente llovía torrencialmente y que no manejaba la camioneta prudentemente pues, de otra forma, jamás habría salido a la banquina y volcado.

3.-Corresponde la reducción de la indemnización en concepto de valor vida puesto que si bien es indudable que el deceso de un hijo genera pérdidas de toda índole, las mismas encuentran adecuada reparación mediante la indemnización del daño moral, pues con toda evidencia la pérdida excede lo puramente material, y el menoscabo que su falta provoca, radica en el espíritu del damnificado.

4.-Toda vez que con el rubro valor vida se trata de indemnizar sólo una chance u oportunidad, y dentro de ello, lo que se espera de los hijos es sólo apoyo, ayuda, y no solventar todos los gastos de manutención de los padres, la partida asignada resulta excesiva y corresponde reducirla.

5.-No corresponde conceder una indemnización por daño psicológico y por gastos para tratamiento terapéutico toda vez que la circunstancia de que la actora resida en otro país, no la exime de la producción de la prueba del daño, pues si bien es cierto que el dolor que genera el fallecimiento de un hijo es inconmensurable, también lo es que el daño psicólogico necesita de una prueba específica que permita evaluar cómo ha quedado afectada la capacidad de la persona que introduce el reclamo.

6.-Se incrementa la cuantía por gastos de sepelio y traslado pues cabe tener en cuenta para su consideración la condición socioeconómica de la familia de la víctima y que su madre residía en el exterior.

7.-Debe incrementarse la partida del daño moral puesto que para su determinación, debe sortearse la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante, para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que mas que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 2 días del mes de julio de 2015, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: «Do Nascimento, Hilda Viana c/ Arrebola Pedro Jorge s/ Daños y perjuicios», y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia de primera instancia (fs. 289/296), que hizo parcialmente lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Hilda Viana Do Nascimento respecto de Pedro Jorge Arrebola, extensiva a Federación Patronal Seguros S.A., apelan la actora y la citada en garantía, quienes, por los motivos indicados en las presentaciones de fs. 330/335 y 336/345, intentan obtener la modificación de lo decidido. A fs. 348/349 y 350/351 fueron contestados dichos argumentos, encontrándose los autos en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo.

La parte actora se agravia de que se haya considerado improcedente el reclamo formulado en concepto de daño psicológico y gastos de tratamiento psicoterapéutico. Igualmente, critica el monto del valor vida, el daño moral y los gastos de sepelio y traslados. A su turno, Federación Patronal Seguros S.A. se queja del marco jurídico aplicado al caso y de la atribución de responsabilidad. Con carácter subsidiario, cuestiona la indemnización y los intereses.

La parte demandada y la compañía de seguros sostienen que debe declararse desierto el recurso de la contraparte.Sin embargo, entiendo que no le asiste razón ya que la expresión de agravios contiene fundamentos suficientes y constituye una crítica a la sentencia apelada que tiene que ser estudiada.

Comenzaré con los cuestionamientos formulados acerca de la atribución de responsabilidad.

Es un hecho no controvertido que el 9 de noviembre del 2007, al mediodía y mientras llovía torrencialmente, se produjo un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 334 de la Ruta Nacional 14 de la Provincia de Entre Ríos. Tampoco se discute que en dicha ocasión Bianca Everlin Silva de Jesús viajaba como acompañante en una camioneta Jeep Cherokee que manejaba Pedro Jorge Arrebola se fue a la banquina y volcó. Finalmente, nadie discute que el hecho fue muy grave y que Bianca Everlin Silva de Jesús falleció de forma instantánea.

El magistrado de la anterior instancia le adjudicó la responsabilidad al demandado. Para ello, y luego de señalar que resultaba de aplicación la doctrina emanada del art. 1113 del Código Civil, resaltó que Pedro Jorge Arrebola se despistó, lo cual a su entender denotaba una conducción falta de pericia y justificaba el acogimiento de la acción.

Se trata de una solución que no conforma a la aseguradora, quien entiende que debe recurrirse al art. 1109 del Código Civil y resalta que tampoco se acredita qué fue lo que pasó ni la verdadera mecánica del accidente. Es por ello que pide que se revoque este sustancial aspecto de la sentencia recurrida.

En este punto creo oportuno recordar que, en mi opinión, en el transporte benévolo el beneficiario sólo puede acceder a la indemnización de los daños sufridos por parte de quien lo transportaba si se determina la actuación culposa de este último en la producción del accidente, toda vez que tal resarcimiento encuentra sustento legítimo en el principio general sentado por el art. 1109 del Código Civil (cfr. esta Sala, «Fressia, Alicia G.c/ Iglesias, Juan Carlos y otros s/ daños y perjuicios», del 3 de noviembre de 2004, Rec. 400.614). Cuando se trata de un hecho ilícito y el factor de atribución es subjetivo, la regla es que le corresponde al acreedor (actor), la prueba de la culpa de la persona a la que se le asigna responsabilidad.

Del informe pericial accidentológico confeccionado por el experto de la Policía de la Provincia de Entre Ríos resulta que la camioneta salió de la cinta asfáltica a unos cinco metros de un cartel indicador de la velocidad máxima, que era de 60 km/h. Dice, además, que en atención a la falta de fijación adecuada de las huellas de neumático era imposible calcular la velocidad a la que iba el rodado. Sin embargo, la camioneta derrapó y volcó; posiblemente después de que su conductor perdiera el control (conf. fs. 138/141 de la causa penal).

En igual sentido se pronunció el perito mecánico designado en las presentes actuaciones, Ing. Andrés Guillermo Fernández, quien confeccionó un croquis que detalla los pormenores del accidente y, asimismo, resaltó que conforme surge de las constancias del expediente punitivo estaba lloviendo torrencialmente cuando se produjo el hecho. También expresó que no hay elementos que permitan suponer que otros rodados hayan participado de los acontecimientos (fs. 187/190).

Las pruebas reseñadas precedentemente bastan para considerar que el demandado no manejaba la camioneta prudentemente, máxime si se tiene en cuenta que estaba lloviendo muy fuerte. Es evidente que si hubiera actuado correctamente jamás habría salido a la banquina y volcado.

Entonces puede válidamente presumirse, con el grado de convicción necesaria en base a los indicios obtenidos y pruebas concretas, que el hecho se produjo por el obrar culposo de Pedro Jorge Arrebola en los términos del art. 1109 del Código Civil.

Incluso si se encuadra la cuestión dentro de la órbita de la responsabilidad objetiva, como lo hacen mis distinguidos colegas de Sala, se llega a idéntica conclusión.Sucede que no tuvo lugar ninguno de los eximentes de responsabilidad previstos en el art. 1113 del Código Civil.

Por las razones antedichas, y haciendo especial hincapié en que los jueces no tienen la obligación de analizar todas las cuestiones que fueron introducidas en los agravios sino tan solo aquellas que son trascendentes a los efectos de resolver la cuestión, propongo al Acuerdo que se confirme este sustancial aspecto del fallo apelado.

Seguidamente, me ocuparé de los cuestionamientos vinculados con la indemnización.

Quiero destacar que Bianca Everlin Silva de Jesús era la hija de Hilda Viana Do Nascimento y que en la presente instancia nadie cuestiona que su madre se encuentra legitimada para pedir una indemnización, a diferencia de lo que sí aconteció en la instancia de grado. Asimismo, recuerdo que a la fecha de su fallecimiento la víctima tenía sólo 22 años, era soltera y trabajaba como recepcionista.

Las partes critican la suma concedida por valor vida/pérdida de chance, que asciende a $1.200.000.

Hilda Viana Do Nascimento entiende que la suma fijada es muy reducida, especialmente si se evalúa que vive en Brasil. La compañía de seguros estima, en lo sustancial, que no se debe fijar un resarcimiento en concepto de valor vida por cuanto no quedó demostrado que la joven fallecida colaborara económicamente con su progenitora. A su vez, refiere que tampoco existen elementos para considerar que ello podría haber sido así en el futuro.

He sostenido reiteradamente que la interrupción de una vida humana como consecuencia de un hecho ilícito resulta sin duda una pérdida digna de reconocimiento en cuanto tal. El punto es complejo y de gran trascendencia, por la nobleza y dignidad excelsas del bien jurídico del que se trata, y ha generado discusiones diversas. Suele encuadrarse el tratamiento del rubro titulándolo como «valor vida», lo cual de por sí da pie a errores interpretativos.Adelanto que lo considero incorrecto, pues de lo que se trata no es de valuar la vida misma -cuyo valor es incalculable, irreductible a una expresión pecuniaria-, sino de resarcir el daño que la supresión de la vida genera indirectamente a otro sujeto.

Aquél daño, que conforme a la clasificación de nuestro ordenamiento jurídico puede ser material o moral, es la base de la resarcibilidad del fallecimiento de la persona, pues sin daño no puede haber reparación. El Código Civil, al delimitar el concepto de daño, expresa que el mismo existe siempre que se cause a alguien un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, ya sea en las cosas de su dominio o posesión, en su persona, en sus derechos o en sus facultades (conf. arts. 1068 y 1078 CC).

Al respecto resalta Roberto A. Vázquez Ferreyra («Valor vida y daño moral. Mala praxis y responsabilidad civil de las obras sociales», Diario LL, 11/10/994, con cita de Bueres, Alberto J., «Responsabilidad civil de los médicos», Ed. Hammurabi, vol. 122, en cita a pie de p. 523) que «.cuando una persona muere y los familiares reclaman indemnización por dicha muerte, estos lo hacen jure propio y no jure hereditatis.» y cita al segundo de los autores mencionados, cuando sostiene que «.dicho suceso (la muerte) sea que provenga de una infracción contractual o de un acto ilícito aquiliano no crea ningún crédito en cabeza del causante suceptible de transmitirse a sus herederos por derecho de herencia. Por tanto.reclamarán en forma personal.».

Agrega luego el primero de los nombrados, en la misma fuente citada, que «.lo que se indemniza a los familiares del difunto no es la propia vida perdida, sino las consecuencias patrimoniales que el deceso ha ocasionado a esos terceros.la indemnización que se conceda debe guardar estrecha relación con el daño efectivamente sufrido.analizado en concreto pues.el perjuicio es la medida de la indemnización». Nociones que comparten Mosset Iturraspe-Kemelmajer de Carlucci-Ghersi-Stiglitz-Parellada-Echevesti, en «Responsabilidad Civil» (Ed.Hammurabi, Bs. As., 1992, p. 265, b).

Con similar encuadre, Matilde Zavala de González («Resarcimiento de Daños», Daños a las personas, Hammurabi, Bs. As., 1993, p. 27) señala que los sujetos diferentes del extinto, sobre quienes pueda repercutir el fallecimiento de éste, no pueden reclamar «todo» lo que la vida mutilada representaba, pues los valores anexos a ella no eran para goce exclusivo de los demás, sino también para el propio titular antes de morir.

Todas las restantes consecuencias que el deceso puede generar (pérdida de la compañía, del apoyo, de la asistencia, de la enseñanza y del consejo que pueden representar los padres para sus hijos, los esposos mutuamente entre sí, y los hijos para sus padres, etc.) encuentran adecuada reparación mediante la indemnización del daño moral, pues con toda evidencia dichos factores exceden lo puramente material y el menoscabo que su falta provoca radica en el espíritu del damnificado.

Como puede advertirse, se trata entonces de indemnizar sólo una chance u oportunidad y dentro de ello, lo que se espera de los hijos es sólo apoyo, ayuda, y no solventar todos los gastos de manutención de los padres, ya que, de formar su propia familia, con alto grado certeza el mayor porcentaje de los ingresos sería destinado a su propia economía doméstica.

Lo cierto es que nada hace descartar que Bianca Everlin Silva tuviera expectativas de progreso en el futuro. Pero si tengo en cuenta la esperanza de vida de la madre junto a las demás constancias de autos me parece que la partida es excesiva.

Así, propongo que se la reduzca a $500.000.

Del mismo modo, Hilda Viana Do Nascimento se agravia de que se haya rechazado conceder una indemnización por daño psicológico y gastos para tratamiento terapéutico.

Manifiesta que a pesar de que en la audiencia preliminar desistió de la producción de la prueba pericial ello no obsta a la procedencia de la partida.Asegura que la verdadera razón del desistimiento radica en que la reclamante vive en el exterior y no habla castellano, circunstancias que hacen excesivamente onerosa y difícil la producción de la prueba.

Es cierto que el dolor que genera el fallecimiento de un hijo es inconmensurable. De todas maneras, también es sabido que el daño psicólogico necesita de una prueba específica que permita evaluar cómo ha quedado afectada la capacidad de la persona que introduce el reclamo. Sin dudas, la prueba por excelencia la constituye la pericia ya que es necesario probar efectivamente el daño padecido, algo que en el caso no se hizo.

La circunstancia de que la actora resida en otro país no modifica este extremo. Obsérvese que podría haber pedido que la prueba pericial psicológica se produzca en Brasil mediante el libramiento de un exhorto diplomático.

Por ende, considero que se debe confirmar este punto del fallo.

También se criticó la procedencia y cuantía del reclamo introducido por gastos de sepelio y traslado, fijado en $18.000.

Producida la muerte de la víctima, los gastos de sepelio integran el daño a resarcir (art. 1084 del Código Civil) y se deben, aunque la parte no haya aportado prueba de su efectivo pago, puesto que se trata de gastos de necesaria realización, para cuya determinación es necesario ponderar la situación económica del causante y su familia (CNCiv., Sala A, R. 208.554, del 17-03-97).

En el caso, si tengo en cuenta la condición socioeconómica de la familia de la víctima y que su madre residía en Brasil, no puedo más que concluir que la presente partida es algo reducida, propiciando su elevación a $30.000 (art.165 CPCCN).

Las partes también se quejan de la procedencia y cuantía del daño moral, fijado en $250.000.

Con respecto al daño moral cabe señalar que no es sino la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (conf. Jorge Bustamante Alsina, «Teoría General de la Responsabilidad Civil», ed. Abeledo Perrot, 4ta. ed., nro.557, pág.205).

El daño es el menoscabo o lesión a los intereses no patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir, por el hecho o acto antijurídico (conf. Eduardo A. Zannoni, «El daño en la responsabilidad civil», Editorial Astrea, pág. 287). Justamente, lo que define el daño moral -se señala en la doctrina- no es, en sí, el dolor o los padecimientos. Ellos serán resarcibles a condición de que se provoquen por la lesión a una facultad de actuar que impide o frustra la satisfacción o goce de intereses no patrimoniales reconocidos a la víctima del evento dañoso por el ordenamiento jurídico (conf. Zannoni, Eduardo, op. cit., pág.290).

Respecto de la prueba del daño moral, se ha señalado que: «cuando el daño moral es notorio no es necesaria su prueba y quien lo niegue tendrá sobre sí el «onus probandi». Fuera de esta situación, esta clase de daño, como cualquier otra, debe ser objeto de prueba por parte de quien lo invoca (Cazeaux-Trigo Represas, «Derecho de las Obligaciones», tomo 1, página 387/88).

El carácter estrictamente personal de los bienes lesionados al producirse un daño moral, está indicando por sí la imposibilidad de establecer una tasación general de los agravios de tal especie.Así, el daño moral corresponde que sea fijado directamente por el juzgado sin que se vea obligado en su determinación por las cantidades establecidas en otros rubros.

Para establecer la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que mas que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso. «La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia entre tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas» (cfr. Llambías «Obligaciones» T.I pág. 229).

Sentado ello, y con relación a la cuantía de la indemnización, teniendo en consideración las características que presentó el hecho, la repercusión que en los sentimientos de la actora debió generar su ocurrencia y demás características personales, estimo reducido el monto fijado, proponiendo que se lo eleve a $600.000.

Por último, resta aún que me expida con respecto a la decisión de que los intereses se calculen haciendo aplicación la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Los daños cuya reparación se persigue por medio de esta acción judicial se han producido en forma coetánea con el hecho ilícito motivo de la litis, entonces la obligación del responsable de volver las cosas a su estado anterior y de indemnizar los restantes perjuicios sufridos ha nacido a partir del momento en que tuvo lugar el obrar antijurídico.Si en esta oportunidad nace el deber de reparar los perjuicios, como contrapartida surge el derecho del damnificado a ser indemnizado; y ello es así independientemente de que el actor hubiere efectuado o no erogaciones previas al dictado de la sentencia.

En efecto, a poco que se observe que los intereses tienen por finalidad compensar al acreedor la indisponibilidad del uso de su capital, se advierte que, si éste es debido desde el momento en que se produjo el daño (o lo que es lo mismo, desde que el damnificado se hallaba habilitado a reclamarlo), corresponde computarlos desde la fecha del accidente.

Por lo demás y referente a la tasa que debe usarse, recuerdo el plenario dictado por esta Cámara in re «Samudio de Martinez Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios» (20-4-2009).

Entonces, creo que debe confirmarse esta parte de la sentencia.

Las costas de la Alzada propicio que se le impongan a la parte demandada y a la citada en garantía que resultaron sustancialmente vencidas en esta instancia (conf. art. 68 del CPCCN).

Por todo ello, y si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo que se modifique parcialmente la sentencia de grado, disponiendo que se reduzca el monto del valor vida/pérdida de chance a quinientos mil pesos ($500.000.) y que se aumente la suma otorgada por gastos de sepelio y por traslados a treinta mil pesos ($30.000.-) y el daño moral a seiscientos mil pesos ($600.000.-); debiendo confirmarse el fallo apelado en todas las demás cuestiones que decide y fueron materia de agravios. Con costas de la presente instancia conforme lo expuesto precedentemente.

El Dr. José Benito Fajre dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo la solución allí indicada.

La Dra. Abreut de Begher dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr.Kiper en su voto, proponiendo la solución allí indicada.

Con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los señores Jueces por ante mí de lo que doy fe.-

Fdo.:

José Benito Fajre.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.-

Buenos Aires, 2 de julio de 2015.-

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad, el Tribunal decide:

I.- Modificar parcialmente la sentencia de grado, disponiendo que se reduzca el monto del valor vida/pérdida de chance a quinientos mil pesos ($500.000.) y que se aumente la suma otorgada por gastos de sepelio y por traslados a treinta mil pesos ($30.000.-) y el daño moral a seiscientos mil pesos ($600.000.-); debiendo confirmarse el fallo apelado en todas las demás cuestiones que decide y fueron materia de agravios. Con costas de la presente instancia a la parte demandada y a la citada en garantía (conf. art. 68 del CPCCN).

II.- En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de fs. 296, y regular los honorarios de los profesionales intervinientes, adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.

En lo que se refiere a la base regulatoria, este Tribunal ha resuelto que de conformidad con lo establecido por el art. 19 de la ley 21.839, debe considerarse como monto del proceso a los fines arancelarios al capital de condena con más los intereses reclamados y reconocidos en la sentencia (autos «Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sum as de dinero» del 27/09/11).

Sentado lo anterior se tendrá en cuenta la naturaleza del asunto, etapas cumplidas por cada uno de los profesionales intervinientes, mérito de su labor apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432.

En consecuencia, regúlanse los honorarios del Dr.Walter Amado Rodríguez, letrado apoderado de la parte actora en la suma de pesos trescientos setenta y un mil ($ 371.000), por su actuación en la primera y segunda etapa del proceso.

Los de las Dras. Ana Catalina Soumoulou y Paola Alejandra Bonetti, letradas apoderadas de la parte demandada y citada en garantía en la suma de ($.), en conjunto, por sus actuaciones en las tres etapas del proceso.

III.- En cuanto a los honorarios del perito, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a su dictamen, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).

Por lo antes expuesto se regulan los honorarios del perito ingeniero Carlos Luis Basello en la suma de ($.).

IV.- En cuanto a los honorarios de la mediadora, esta Sala entiende, que a los fines de establecer los honorarios de los mediadores corresponde aplicar la escala arancelaria vigente al momento de la regulación (cfr. autos «Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.», del 25/10/2013, Exp. 6618/2007).

En consecuencia, ponderando el monto de la sentencia y lo dispuesto por el Dec. 1467/2011, Anexo III, art. 1, inc. g), se fija el honorario de la Dra. Viviana Graciela Ocampo, en la suma de ($.).

V.- Por su actuación en la etapa recursiva que culminó con el dictado de la presente sentencia definitiva, regúlanse los honorarios del Dr. Walter Amado Rodríguez en la suma de ($.). Los de la Dra. Ana Catalina Soumoulou en la suma de ($.), (art. 14 del Arancel).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y oportunamente, devuélvase.-

Fdo.:

José Benito Fajre.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.-

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