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Obra social no debe cubrir los implantes dentales solicitados por la amparista a pesar de ser discapacitada

039Partes: L. R. E. c/ I.A.P.O.S. s/ amparo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe

Sala/Juzgado: I

Fecha: 12-may-2015

Cita: MJ-JU-M-94350-AR | MJJ94350

Improcedencia del amparo interpuesto con el fin de que la obra social le cubra al afiliado los implantes dentales, aún tratándose de una persona que padece una discapacidad, al no haberse acreditado que constituían un medio terapéuticamente adecuado para paliar sus dolencias.

Sumario:

1.-Resulta improcedente el amparo intentado desde que el rechazo de la cobertura de implantes dentales por parte de la obra social no constituye una restricción manifiestamente ilegítima del derecho a la salud por parte de la obra social provincial, aún tratándose de una persona que padece una discapacidad y por lo tanto merecedora de la más amplia tutela, al no haberse acreditado que los implantes dentales constituían un medio terapéuticamente adecuado para paliar las dolencias del afiliado.

2.-Para el reconocimiento de prácticas fuera de la regulación del P.M.O. deben seguirse determinadas pautas que justifiquen la excepcionalidad, ello estaría dado por el riesgo grave e inminente sobre la integridad de la persona y la inexistencia de otro medio terapéutica adecuado, extremos que no se acreditaron de modo fehaciente ni pudo desvirtuarse la inconveniencia informada de la técnica requerida en el caso, como se especificó, por la falta de calcificación adecuada, menos que la indicación de implantes se asocie de un modo directo e inminente con el riesgo de vida de la paciente, lo que conduce al rechazo del amparo intentado.

3.-En el caso, no se avizora ninguna circunstancia que amerite obviar la aplicación de la P.M.O., es más, justamente, se demostró la existencia de una alternativa terapéutica no sólo a través de la cual se arriben a los mismos objetivos que con los implantes dentales solicitados, sino indicada como más aconsejable para el caso del amparista.

Fallo:

En la ciudad de Santa Fe, a los 12 días del mes de Mayo del año dos quince, se reunió en Acuerdo Ordinario la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, integrada por los Dres. Aidilio G. Fabiano, Abraham L. Vargas, y Norah S. Echarte, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora (v. fs. 268/273vto.) contra la sentencia recaída en autos en fecha 12.11.2014 (v. fs. 255/259), dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 7ma. Nominación de Santa Fe, en los autos caratulados «L., R. E. C/ I. A. P. O. S. S/ AMPARO» (Expte. Sala I N° 48 Año 2015), que fueran concedidos en relación y con efecto suspensivo a fs. 275. Acto seguido el Tribunal estableció el orden de votación conforme con el estudio de los autos -Fabiano, Vargas y Echarte- y se planteó para resolver las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la resolución recurrida?

2da.: ¿Es ella justa?

3era.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse?

Determinado el orden de votación en cuya virtud éstos pasan a estudio, a la primera cuestión, el Dr. Fabiano dijo:

Contra la sentencia en crisis la parte actora sólo dedujo recurso de apelación, que si bien incluye de modo ínsito al recurso de nulidad, el mismo no fue sostenido autónomamente en esta sede.

De todas maneras y a todo evento, las críticas que contiene el memorial respectivo pueden obtener suficiente respuesta en el tratamiento del recurso de apelación por cuanto no refieren a vicios in procedendo, sino in iudicando.

Por lo tanto, no advirtiendo irregularidades procesales ni vicios en el procedimiento que justifiquen un pronunciamiento de oficio, cuanto cabe es su desestimación.

Así voto.

A la misma cuestión, los Dres. Vargas y Echarte expresaron, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votaron, por lo tanto, en igual sentido.

Propuesta la segunda cuestión, el Dr. Fabiano dijo:

I.Antecedentes

Por sentencia de fecha 14.06.2011, el Juez interviniente en la primera instancia resolvió rechazar el recurso de amparo deducido por R. E. L. contra el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social por el cual, la amparista, solicitaba la prestación de servicios médico-asistenciales -conforme a su carácter de afiliada- consistente en la colocación de implantes dentales.

Para así decidir sostuvo que, del texto del artículo 43 de la Constitución Nacional surge palmario la exigencia de ilegalidad manifiesta en el acto u omisión que motive el amparo; a su vez, el artículo 17 de la Carta Magna local, al que remite el artículo 1 de la ley 10.456, exige que las lesiones o restricciones que provoquen los actos u omisiones de los sujetos que enumera lo hagan «.de manera manifiestamente ilegítima. «.

De esta manera, el titular del Órgano Jurisdiccional entendió que tal condición no se presentó en la especie, y soslayar su ausencia importaría una grave desnaturalización del amparo e, incluso, del principio la división de Poderes del Estado pues los jueces no están llamados a suplir la actividad discrecional de la Administración sino para imponer el cumplimiento de su actividad reglada o descalificar la que, so pretexto de discrecional, resulte arbitraria.A su entender, es justamente esa condición de ostensible, manifiesto o flagrante del vicio lo que justifica la vía sumarísima y, usualmente, la mejor demostración de la falta de idoneidad de las vías ordinarias para su enmienda.

Explicó que, si se entiende por ilegítimo aquello contrario a derecho, es decir, violatorio de cualquier norma o valor jurídico, abarcando también lo arbitrario e irrazonable, I.A.P.O.S., en la especie y por medio de sus órganos, no ha hecho más que cumplir con las normas que regulan su actuación en la prestación de los servicios en atención a los hechos comprobados del caso.

Sostuvo el magistrado que no resulta controvertido por la actora la conducta de la obra social cuando, conforme a las normas reglamentarias y, principalmente, a la historia clínica y diagnóstico de la amparista, el Director de la citada entidad denegó su pedido de implantes dentales argumentando que ello se debía a lo sostenido por el propio odontólogo tratante de la nombrada, doctor Pablo César Sabbione quien, en fecha 31.10.2011, dijo que, analizando el resumen de la historia clínica de la paciente consideraba reservado el pronóstico de éxito en la colección de los implantes dentales y que ello se basaba en las condiciones desfavorables del terreno óseo, ya que, según lo manifestado en la historia clínica presentó deficiencias minerales y trastornos del metabolismo del calcio, además de sufrir una fractura ante una caída menor. Por lo que, en base a ello, se concluía que la oseointegración de los implantes dentales, si bien se podía conseguir, su pronóstico de éxito era reservado.Y que dichos trastornos podían afectar el éxito final de la rehabilitación de su sistema masticatorio planteado a corto, largo y/o mediano plazo, solicitándole a la paciente un estudio actualizado completo que permitiría evaluar la densidad mineral ósea.

Entendió el señor Juez que ese cuadro de diagnóstico inicial no logró ser conmovido por ninguna de las probanzas ni alegaciones que formulara la demandante a fin de procurar torcer la suerte adversa de su reclamo. Más aún, las pruebas obrantes avalaron el diagnóstico inicial aludido.

Argumentó que el resultado de la densitometría ósea de cadera arrojó una disminución de la densidad mineral ósea, que se encontraba por debajo de los valores normales de un adulto joven – osteopenia-; que el informe de laboratorio indicaba un síndrome anémico (fs. 6/8); y que un nuevo dictamen del doctor Sabbione reiteró el carácter de pronóstico reservado de la rehabilitación protésico-implantológica de la paciente debido a que su sistema masticatorio no podía aislarse de su condición general de salud. A su vez, esos extremos fácticos resultaron corroborados por las probanzas de autos, como por ejemplo, la declaración testimonial del doctor Andrés Eduardo Maero.

Ante ese cuadro de situación, el Juez de la anterior instancia sostuvo que no se advirtió accionar arbitrario del I.A.P.O.S., máxime si se repara en que ha dado respuesta a la petición de la amparista, si bien mediante un tratamiento que no era el solicitado pero que, conforme los antecedentes clínicos, era el recomendado por su estado de salud; y que dicho tratamiento fue aprobado sin demora por el Director de Prestaciones y notificado a la interesada, quien no obstante, persistió en su conducta de no aceptarlo y requerir los implantes pretendidos con su demanda.

Agregó además que, otra cuestión probatoria que también resultó relevante para avalar su decisión fue una auditoría a cargo del Servicio de Odontología del Hospital Dr.José María Cullen, que se concretó el 04.8.2010, dando como conclusión que la salud bucal de la paciente no era favorable a lo requerido dado que era portadora de bruxismo y que, a consecuencia de tal síndrome, las coronas clínicas de sus piezas dentales estaban reducidas a la mitad y el estado de sus encías estaba alterado por gingivitis, concluyendo que la viabilidad y el éxito del tratamiento propuesto era incierto, ya que el mismo dependía de dichos multifactores, indicando que existía la posibilidad o alternativa de la realización de pernos y coronas de acrílico.

Expresó que, de todo lo dicho, era evidente la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad en el obrar de la demandada, quien canalizó el requerimiento de la actora y le dio respuesta, aún cuando esta no la satisfaga, y menos aún que la misma tenga la nota de lo palmario, evidente o palpable a simple vista, como para dar andamiaje a la admisibilidad de la vía excepcional intentada.

El A quo brindó otro argumento a fin de sustentar su resolución consistente en que la cirugía de implantes dentales que pedía la demandante no se encontraba nomenclada, aspecto que excluye por regla también la existencia de ilegitimidad en el obrar de la accionada; pero, aun cuando así no fuera, dicha práctica no aseguraba el éxito atento las condiciones generales de la paciente, aspecto sobre el cual, nada en contrario ha procurado demostrar la interesada.

Entendió el titular del Órgano Jurisdiccional que la obra social, lejos de ubicarse en una postura negativa o simplemente pasiva, optó por ofrecer el tratamiento más acorde a las condiciones generales de la paciente a fin de garantizarle una adecuada masticación y estética. Ello con apoyo en dos auditorias que concluyeron en que las condiciones de la paciente no eran favorables para recibir implantes dentales ni la rehabilitación prescripta, situación que no se advirtió que haya variado (v. fs. 255/259).

II. Agravios

Que contra dicha resolución, la actora dedujo recurso de apelación (fs.260) que fuera concedido en relación y con efecto suspensivo por providencia de fecha 27.11.2012 (fs. 275).

En su libelo recursivo, la parte actora expresó los agravios de la sentencia de grado sosteniendo que resulta agraviante que la resolución no tenga presente el perjuicio que se le ocasiona con la dilación en el tiempo de la cobertura requerida ya que, dado el transcurso del tiempo, el tratamiento oportunamente propuesto no resulta el más adecuado.

Expresó que la agravia el hecho de que no se tenga presente que el reclamo de cobertura no se limitaba a la prestación odontológica sino a todos los estudio, provisión de medicamentos y tratamientos necesarios, los que se van incrementando atento a su estado de salud.

Dijo que le resulta agraviante la insinuación de caducidad de la acción que, de admitirse, implicaría consagrar una solución incompatible con el objeto de la demanda de amparo, cual es la tutela inmediata de los derechos acogidos en la Constitución.

Agregó que le agravia que no se tenga presente el hecho nuevo denunciado, el Certificado de Discapacidad y la Invalidez acreditada con el escrito de demanda, y que la decisión de I.A.P.O.S. de no brindarle la cobertura nec esaria para un adecuado tratamiento provoca una lesión, restricción, alteración y amenaza a un derecho constitucional, arbitrariedad e ilegalidad que resultan claras y manifiestas, existiendo una contradicción entre una norma de jerarquía inferior -acto administrativo- y las normas constitucionales, y que la acción de amparo interpuesta resulta ser el medio más idóneo para proteger sus derechos, como asimismo, del simple cotejo de autos, se puede observar el peligro en la demora.

Sostuvo la recurrente que le resulta agraviante que no se tenga presente la normativa provincial de la cual surge también postulados constitucionales que garantizan el derecho a reclamar la prestación a la obra social de la cual es beneficiaría.

Explicó que, a su entender, el rechazo de la demanda contra I.A.P.O.S.resultó una decisión contraria a las normas vigentes y la doctrina actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Tribunales nacionales y provinciales, omitiendo tener en cuenta el hecho nuevo (Certificado de Discapacidad) y que la Provincia de Santa Fe se adhirió por ley 11.814 a la Ley 24.901, circunstancia que obligaba al I.A.P.O.S. a otorgar las prestaciones establecidas en esa norma, resultando ese organismo el obligado a brindar lo requerido.

Insistió que, a su entender, el Juez de primera instancia erróneamente se limitó a considerar la cobertura dental, siendo que la misma es más amplia, y omite las nuevas intervenciones que tornan de imposible cumplimiento el tratamiento propuesto originariamente ya que la salud bucal que hoy por hoy presenta no torna posible dicho tratamiento. Aclara a su vez que actualmente le falta casi la totalidad de su dentadura, presentándosele serios problemas para ingerir alimentos.

Resaltó que le agravia que se considere que el I.A.P.O.S. cumple con las normas que regulan su actuación en la prestación de servicios, ya que se omite tener presente que la Provincia de Santa Fe efectuó su adhesión a la ley 24.901, mediante la ley Provincial 11.814, por lo cual, el retaceo de la prestación solicitada fundada en que la obra social no integra el Sistema Nacional de Seguro de Salud, resulta un acto de discriminación contrario a los fines que persiguen las leyes tuitivas de personas con discapacidad.

Además, le resulta agraviante que se considere improcedente la cobertura médica, y en particular el tratamiento relacionado a los implantes, por resultar de pronostico reservado su éxito, siendo que dicha situación va a resultar inevitable dada su historia clínica, pero el A quo omite tener presente que la cobertura ofrecida por el I.A.P.O.S.resulta aún más destinada al fracaso dado el agraviamiento de la situación desde el inicio de las actuaciones a la fecha , resultándole agraviante que se omita tener presente lo indicado por la médica auditora de I.A.P.O.S., quien entiende que corresponde el tratamiento, siendo el argumento de la falta de prestación, la falta de nomenclatura de los tratamientos requeridos, resultándole agraviante que el juez considere que no se le lesionan derechos cuando del informe médico de fs 128 se indica expresamente la importancia de la celeridad de las prestaciones.

Pero también le agravia que se considere no probado el estado de salud que se detalla en el escrito de demanda, bastando para ello corroborarlo con las pruebas ofrecidas, e inclusive con la propia demanda al acompañar el historial de prestaciones y la historia clínica, lo que es omitido por el sentenciante de la baja instancia al considerar que el tratamiento ofrecido por la obra social era el más adecuado a sus condiciones.

Manifestó que le agravia que la resolución recurrida se funda en un apreciación crítica de los hechos y una hermenéutica de las pruebas que no encuentran sostén en la sana crítica, omitiendo tener presente los lineamientos de la Corte Nacional, siendo que el derecho a la salud está íntimamente relacionado con el de la vida y éste, el primer derecho de la persona humana, lo que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, ya que el hombre es el eje y centro de todo sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respeto al cual los restantes valores tiene siempre carácter instrumental.

Le agravia que la resolución recurrida no buscara soluciones con la urgencia que conlleva la prestación requerida, la que debería encauzarse por una vía expedita a fin de evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional.

Expresó que le resulta agraviante quese le niegue a cubrir sus necesidades atento a ser una persona con discapacidad, cayendo en una manipulación por parte de la demandada que pese a reconocer su discapacidad se niega a brindarle los tratamientos adecuados con el único fin de evadir las obligaciones y el compromiso que tiene como prestadores de salud respecto a su rehabilitación, integración, reinserción y el avance hacia el pleno goce de una vida normal y recibir el tratamiento más acorde y adecuado a su situación actual.

Por último, le resultó agraviante que se tenga presente la cuestión económica en brindar los servicios requeridos, en particular lo que refiere al trámite bucal, ya que debería analizarse el caso concreto, como así también la imposición de costas, atento a que el comportamiento reticente de la demandada ha sido el que dio lugar al inicio de estas actuaciones correspondiendo la imposición a la mismas.

III. Análisis

Así las cosas, corresponde tratar el recurso de apelación aludido, anticipando que rechazaré su acogimiento.

III.1.De modo liminar señalo que los agravios vertidos por la amparista reflejan el mero disenso con las sentencia de grado pero no alcanzan para ser considerados como una crítica razonada, en esa tónica, es criterio reiterado de este Tribunal que «en materia de recursos, el supuesto agravio que la decisión alzada ocasiona al recurrente, constituye el fundamento y la medida del mismo, y que dicho agravio para poder ser dimensionado por el tribunal A quem y obrar confirmando o reformando la decisión que le ocasiona, debe ser oportunamente manifestado de una manera clara y concisa, ordenada y correctamente, señalando, en base a argumentos y probanzas, porqué la sentencia no es justa, cuáles son los motivos de su disconformidad, cómo el juez ha merituado mal la prueba, ha omitido alguna que puede ser decisiva, ha aplicado mal la ley, en qué consiste el error del pronunciamiento o cuál es el defecto que contiene el proceso lógico mental que exteriorizó el juez al dictarlo, ya que de no procederse así se coloca al tribunal de segundo grado en la posibilidad riesgosa de proceder a una revisión indiscriminada de la sentencia cuya alzada se originó al interponerse el recurso, apartándolo de su esencialidad funcional de revisión y control y no de creatividad, careciendo, en otras palabras de medida y de materia respecto del cual debe emitir su pronunciamiento» (Cattaneo s/ Ausencia con presunción de fallecimiento», Acuerdo del 19/6/87; «Muttaner s/ Desalojo», Acuerdo del 11/8/87; Corti c/ Merediz s/ Ejecutivo» Res. N° 71 F° 54 T° 43; «Santi c/ Santi s/ Colación», Res. N° 193, F° 59, T° 46-F, entre otros)» (esta Sala, 5/12/2000, «Mestre, Carmen Francisca c/ Mesa, Anastacio y otro s/ Juicio Ejecutivo», F° 373 T° 48).

Frente a la exigencia de marras, es jurisprudencia consolidada -a nivel nacional y provincial- la que predica que, cuando se trata del contenido de la expresión de agravios, pesa sobre el apelante el deber de resaltar, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que atribuye al fallo.No basta con disentir, sino que la crítica debe ser concreta, precisa, determinada, sin vaguedades. Además, tiene que ser razonada, lo que implica que debe estar fundamentada.

Y, al hablar de «crítica» hay que hacer la siguiente precisión: al hacer una coordinación de las acepciones académicas y del sentido lógico jurídico referente al caso, «crítica» es el juicio impugnativo u opinión o conjunto de opiniones que se oponen a lo decidido y a sus considerandos. Luego, se habla de que la crítica sea «concreta y razonada». Lo concreto se dirige a lo preciso, indicado, específico, determinado (debe decirse cuál es el agravio). Lo razonado incumbe a los fundamentos, las bases, las sustentaciones (debe exponerse por qué se configura el agravio)» (conf. CNCivil, sala H, 04/12/2004, Lexis Nº 30011227).

Por eso se ha dicho que en la expresión de agravios se deben destacar los errores, omisiones y demás deficiencias que se asignan al pronunciamiento apelado, especificando con exactitud los fundamentos de las objeciones. La ley requiere, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a lo actuado en la instancia de grado sea concreta, lo cual significa que el recurrente debe seleccionar de lo proveído por el magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe al interesado la tarea de señalar cuál es el punto del desarrollo argumental que resulta equivocado en sus referencias fácticas, o bien en su interpretación jurídica (conf.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, 12/02/2009, La Ley Online; AR/JUR/727/2009).

Es que no existe posibilidad de tener como expresión de agravios al escrito que omite el análisis pormenorizado de la resolución apelada, no indica sus presuntos defectos, ni impugna sus fundamentos legales, limitándose a reiterar en términos aproximados las alegaciones ya formuladas y a la enunciación de meras apreciaciones subjetivas de orden general y no jurídico, sin rebatirlas concretamente (conf. CNCiv., Sala G, 10/02/1987, LL, 1987-B, 288).

Este escrito debe bastarse a sí mismo, sin que quepa remitirse a presentaciones anteriores. Si no se introduce en el análisis pormenorizado del fallo ni cuestiona sus fundamentos legales, limitándose, en otros términos, a reproducir circunstancias relatadas con anterioridad o introducir otras que nada tienen que ver con la cuestión discutida, no reúne los requisitos suficientes como para ser tenido como tal (conf. CNCiv., Sala G, 09/12/1983, LL, 1985-C, 643).

En sintonía con lo expuesto, de la lectura del memorial aludido se desprende una radical divergencia con lo sostenido por el magistrado de la inferior instancia, pero, de una manera generalizada y confusa, y en lo que importa sin atacar el núcleo central de su fundamentación.

En esa tónica tiene dicho este Sala que «la simple disconformidad con el dispositivo del pronunciamiento alzado y la reiteración de argumentos, así como la simple reseña de actuaciones . no son en sí suficientes para rever lo decidido, porque la carga procesal de expresar agravios exige del apelante una crítica razonada y concreta de las afirmaciones del sentenciante de baja instancia que se estiman no resultan ajustadas a derecho . no siendo apta para sostener la apelación la simple disconformidad con lo resuelto por el a quo (ídem, 17/11/80, «García c/ Trossero s/ Ejec.») (fallo del 30/12/97 in re «Nistal, Juan Carlos C/ Nistal, Miguel Ángel s/ Ejecutivo» espigado en el Libro del Protocolo, T° 46, Fº 214).

III.2.Sin perjuicio de ello, y en orden al tratamiento de los agravios vertidos por la amparista, corresponde precisar debidamente el objeto del incumplimiento achacado a la obra social accionada, consistente en esencia, en la falta de cobertura de los implantes dentales requeridos.

Del tramite administrativo substanciado ante el I.A.P.O.S. (fs. 96/144) resulta que en fecha 15.05.2010 la amparista solicitó la cobertura de los implantes, adjuntando indicación y presupuestos de los Dres. Pablo Sánchez y Sigrid M. Ávalos.

En fecha 02.08.2010 se llevó a cabo una auditoria odontológica realizada en el servicio de odontología del Hospital Cullen; de la misma se concluyó en el resultado incierto del tratamiento propuesto, indicando como alternativa terapéutica la utilización de pernos y coronas.

En fecha 17.06.2011 (fs. 115) el Dr. Sabbione, tratante de la amparista, formuló diagnóstico y plan de tratamiento donde indica cirugía implantológica, a lo que la obra social responde haciendo saber que los mismo no se encontraban nomenclados.

Por intervención del médico tratante de fecha 31.10.2011 se aconsejó que, dadas las condiciones desfavorables del terreno óseo, se consideraba reservado el pronóstico de éxito en la colocación de los implantes, atento a lo cual, se requerían estudios complementarios, sobre todo una examen de densitometría ósea para determinar el grado de descalsificación que presentaba la paciente, demostrando los mismos valores por debajo de lo normal. (v. fs. 3 y 4).

En fecha 11.05.2012 se interpuso la acción de amparo.

Los médicos auditores de I.A.P.O.S., en fecha 23.05.2012 (fs. 125), consignan una reunión con el Dr. Sabbione de la cual se concluyó en solicitar estudios radiográficos actuales.

Como consecuencia de ello, el médico tratante reformula el tratamiento en fecha 30.05.2012 (fs. 127/129), y la auditoria odotonlógica del I.A.P.O.S. aconseja cubrir el 100 % de modo urgente de determinadas prácticas contenidos en el mismo -01.06.2012- (fs.132).

En fecha 15.08.2012 se notificó de la modalidad de la cobertura (fs. 143/144). Sin embargo, con posterioridad, la amparista adjuntó un nuevo presupuesto de fecha 29.10.2013 -esta vez otorgado por otro profesional- en el cual se insiste con los implantes (presupuesto fs. 229 suscripto por el Dr. Felice) en el cual se refiere a la «necesidad de una rehabilitación completa bucal con implantes», pero no fundamenta que el mismo resulte la única terapéutica viable en el caso, ni refiere, tampoco, a los antecedentes reseñados, ni refuta la indicación de la auditoria odontológica del I.A.P.O.S. de fecha 08.01.14 (fs. 236).

III.3. Sobre dichas circunstancias fácticas corresponde dirimir el agravio principal de la amparista consistente en determinar la procedencia de cobertura en el caso de implantes dentales, máxime ante el Certificado de Discapacidad presentado.

Al respecto, el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad aprobado por la Resolución 428/1999 del entonces Ministerio de Salud y Acción Social no contiene una previsión específica relativa a implantes dentales, por lo tanto rige en el caso, de modo supletorio, el Programa Médico Obligatorio.

Así, los implantes dentales no se encuentran dentro de las prestaciones integrantes del Punto 6. (Odontología) de la Resolución 201/2002 Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) integrado por el conjunto de prestaciones básicas esenciales garantizadas por los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 23.660.

Sin perjuicio de ello, cierto es que el programa de prestaciones obligatorias tiene como objetivo fundamental proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible, es decir, tendiente al disfrute del más alto nivel posible de salud.

En materia de interpretación del alcance del derecho a la salud en el marco de las prestaciones previstas en el P.M.O.nuestra Corte Nacional aplica el estándar consistente en que el derecho a la salud, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional; así, la persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (v. doctrina de Fallos: 323:3229).

Partiendo de tal premisa las limitaciones a las coberturas que contienen los anexos del PMO resultan complementarias y subsidiarias y, por lo tanto, deben interpretarse en razonable armonía con el principio general que emana del artículo 1º del Decreto 486/2002 en cuanto -aún en el marco de la emergencia sanitaria-, garantiza a la población el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud. (CSJN in re «Reynoso, Nilda Noemí c. I.N.S.S.J.P. s. Amparo», 16.05.06, Fallos: 329:1638).

Entonces, el programa de prestaciones obligatorias tiene como objetivo fundamental proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible, es decir, tendiente al disfrute del más alto nivel posible de salud.

En pos de la interpretación de dicho marco, se ha considerado que no se puede desde el poder judicial, y en el limitado ámbito del amparo, tomar la decisión de ampliar las obligaciones de las obras sociales más allá de su propia reglamentación y del Plan Médico Obligatorio (PMO) con sólo invocar la tutela constitucional de ciertos derechos, sin una fundamentación exhaustiva y dentro de un marco de discusión adecuado, dado que de lo contrario se corre el riesgo de invadir esferas propias de otros poderes del Estado; máxime al no correr riesgo la vida de las personas (conf. CSJP, voto del Dr. Spuler en autos «Muiño, Miguel Angel y otros c. I.A.P.O.S. y otros s. Recurso de Inconstitucionalidad», 16.10.12, A.y S. T° 256 f° 222/257).

De lo expuesto surge que para el reconocimiento de prácticas fuera de la regulación del P.M.O. deben seguirse determinadas pautas que justifiquen la excepcionalidad, Ello estaría dado por el riesgo grave e inminente sobre la integridad de la persona y la inexistencia de otro medio terapéutica adecuado.

En el caso tales extremos no fueron rendidos pese a la actividad probatoria desplegada.

De lo expuesto, surge en autos no se acreditó de un modo fehaciente que la indicación terapéutica de implantes dentales constituya una terapia insoslayable y de extrema necesidad, que impida acudir a otras vías para obtener idéntico resultado, es más, no pudo desvirtuarse la inconveniencia informada de la técnica requerida en el caso, como se especificó, por la falta de calsificación adecuada. Mucho menos que la indicación de implantes se asocie de un modo directo e inminente con el riesgo de vida de la paciente.

En el caso, no se avizora ninguna circunstancia que amerite obviar la aplicación de la P.M.O.

Es más, justamente, se demostró la existencia de una alternativa terapéutica no sólo a través de la cual se arriben a los mismos objetivos que con los implantes, sino indicada como más aconsejable para el caso de la amparista.

Por lo tanto, el amparo intentado no resulta en el caso procedente, resultando ella la calificación adecuada y no su inadmisibilidad, ya que no se vislumbra una restricción manifiestamente ilegítima del derecho a la salud por parte de la obra social provincial, aún tratándose de una persona que padece una discapacidad y por lo tanto merecedora de la más amplia tutela, al no haberse acreditado que los implantes dentales constituían un medio terapéuticamente adecuado para paliar las dolencias que presenta.

III.4. Como corolario de lo expuesto, cuanto corresponde es rechazar el recurso de apelación intentado por la amparista, con costas a la vencida (conf. art. 251 del CPCC).

Así voto.

A la misma cuestión, los Dr.Vargas y Echarte expresaron, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votaron, por lo tanto, en igual sentido.

A la tercera cuestión, los Dres. Fabiano, Vargas y Echarte manifestaron sucesivamente que, de acuerdo a las consideraciones precedentes, cuanto corresponde es hacer rechazar el recurso de apelación deducido por los amparistas, con imposición de costas a la vencida (conf. art. 251 del CPCC).

Por todo ello, la SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación deducido por la amparista, imponi éndosele (en su carácter de vencida) las costas de la instancia en esta Alzada (arg. art. 251 C.P.C.C.). 2) Los honorarios de Alzada se liquidarán en la proporción establecida en los artículos 19 y 20 de la ley 6.767, modificada por la Ley 12.851, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.

Insértese, hágase saber, bajen.

Concluido el acuerdo, firmaron los Señores Jueces de Cámara por ante mí, que certifico.

FABIANO

VARGAS

ECHARTE

Siguen las firmas

PENNA

(Secretaria)

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