Responsabilidad objetiva del Gobierno demandado por la caída del árbol que dañó el vehículo.

Arbol caidoPartes: Torres Miguel Angel c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. Médica)

Tribunal: Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: 20

Fecha: 11-may-2015

Cita: MJ-JU-M-93665-AR | MJJ93665 | MJJ93665

La irregular prestación del servicio de mantenimiento del espacio público determina la responsabilidad objetiva del Gobierno demandado por la caída del árbol que dañó el vehículo.

Sumario:

1.-Corresponde condenar al Gobierno demandado al pago de un resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos en el vehículo del actor, pues, por su actividad ilegítima es responsable, ya que el árbol que integra su dominio, instalado en la vía pública, cayó sobre su vehículo por encontrarse en mal estado de conservación.

2.-El Gobierno demandado debe responder por los daños en el vehículo del actor toda vez que se configuró falta de servicio en tanto el daño fue resultado de su prestación defectuosa o incorrecta; máxime siendo que en este supuesto, el Estado responde en forma directa ya que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas.

3.-Debe responder el Gobierno demandado por los daños sufridos en el vehículo del actor puesto que se trata de un sistema de responsabilidad objetivada, y por lo tanto, no resulta necesario individualizar al agente o funcionario productor del daño, ya que no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre cómo ha sido prestado el servicio.

4.-Existió relación de causalidad entre la caída de una especie arbórea que se encontraba emplazada en la vía pública y los daños generados en el automóvil del actor, pues de la prueba documental surge que la caída del árbol tuvo aptitud para generar tales daños.

5.-Puesto que fue determinado que el daño sufrido en el automóvil del actor es atribuible a la irregular prestación del servicio de mantenimiento de la vía pública, las omisiones ilegítimas en que hubieran incurrido los funcionarios de la autoridad de aplicación de la Ley local 3263 son imputables en forma directa al Gobierno demandado.

6.-La presencia de arbolado público en mal estado impone concluir que las autoridades públicas locales omitieron ilegítimamente su obligación de entender en el mantenimiento y conservación de los bienes afectados al dominio público de la Ciudad; y toda vez que se encontraban reunidos los recaudos que imponen la responsabilidad del Estado local en el acaecimiento del siniestro, corresponde concluir que debe responder por los daños que se generaron por su negligencia.

7.-Aun cuando no se ha acreditado el período de tiempo en que el actor se vio impedido de gozar de su automóvil a raíz del incidente, haciendo uso de la atribución establecida por el art. 148 del CCAyT, se estima prudente admitir el rubro privación de uso.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de mayo de 2015.

VISTOS: los autos individualizados en el epígrafe, de cuyas constancias, RESULTA:

I. Que Miguel Ángel Torres promovió la presente demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -en adelante, GCBA- con el objeto de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos en su vehículo como consecuencia de la caída de un árbol ubicado en la vía pública.

Expuso que dicho infortunio ocurrió el 17 de diciembre de 2010, alrededor de las 20 horas, luego de haber dejado estacionado su automóvil, marca Peugeot 206 SW Premium, dominio FXO863, en la puerta de su vivienda, esto es, sobre la calle Padilla 752, de esta Ciudad. Señaló que ese día había sido ventoso, con ráfagas de viento importantes.

Manifestó que al ser advertido de la caída del árbol sobre su rodado salió de su domicilio y constató que personal policial se encontraba en el lugar y que la calle se hallaba cortada. Indicó que, luego, agentes del GCBA cortaron el árbol caído y lo retiraron de encima del vehículo.

Sostuvo, por último, que el hecho se produjo debido a la desidia demostrada por la demandada en la conservación del arbolado público.

Peticionó que se condene al GCBA a abonarle la suma de sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos ($63.450). Reclamó treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos ($37.450) por daño material, cinco mil pesos ($5000) por privación de uso, cinco mil pesos ($5000) por pérdida de valor venal del vehículo, mil pesos ($1000) por gastos de transporte, cinco mil pesos ($5000) por lucro cesante y diez mil pesos ($10.000) por daño moral.

Fundó su derecho en el artículo 1113 y concordantes del Código Civil, citó jurisprudencia y ofreció prueba, entre ella, diversas actuaciones generadas en el marco del expediente administrativo 880117/2011 (fs. 1/12 vta. y 64).

II. Que a fs.49 y vta., en virtud de la resolución de Presidencia 146/CM/2013 que aprueba el “Protocolo para la Redistribución de Expedientes Ordinarios”, se reasignaron las presentes actuaciones a este Juzgado.

III.Que a fs. 76/86, se presentó el GCBA, contestó demanda y se opuso al progreso de la acción.

Negó, en particular, la procedencia de cada uno de los rubros indemnizatorios y de los importes reclamados.

Sostuvo que en el marco del reclamo administrativo formulado por el actor se le ofreció la suma de veintiséis mil ochocientos cuatro pesos ($26.804) en concepto de daño material y que, en cambio, fueron rechazadas las indemnizaciones solicitadas por privación del uso del rodado y desvalorización venal, daños que -según expuso- no fueron acreditados.

Destacó que el ofrecimiento de la suma indicada no implica reconocimiento alguno de su responsabilidad por cuanto a su entender se encuentra ausente la relación causal. Al respecto, señaló que la importante ráfaga de viento que relató el actor en el escrito de inicio, configura un caso fortuito que lo exime de responsabilidad.

Finalmente, ofreció prueba y dejó planteada la cuestión constitucional y el caso federal.

IV. Que a fs. 94 y vta. se celebró la audiencia prevista en el artículo 288 de CCAyT y se abrió la causa a prueba.

V. Que a fs. 256 se pusieron los autos para alegar.

VI. Que, previa vista al Ministerio Público Fiscal (fs. 267 y vta.), se llamaron autos para dictar sentencia (fs. 284).

CONSIDERANDO:

I. Que corresponde recordar que los magistrados no están obligados a seguir a las partes en todas las argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas incorporadas a la causa, sino sólo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (conf. Fallos: 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193; 302:235 310:2278; 325:1992; entre otros).

II.Que en este marco corresponde precisar que el señor Miguel Ángel Torres pretende que el GCBA sea condenado a reparar los daños que habría sufrido el 17 de diciembre de 2010, en su vehículo Peugeot 206 SW Premium, dominio FXO863, por la caída de un árbol ubicado en la calle Padilla a la altura catastral 752.

Cabe señalar que si bien en el escrito de inicio, el actor no manifestó haber efectuado algún reclamo administrativo y, en consecuencia, que el GCBA le haya ofrecido un resarcimiento por los daños sufridos en su vehículo, lo cierto es que ofreció como prueba diversas actuaciones generadas en el marco del expediente administrativo en el que tramitó dicho reclamo.

El GCBA, al momento de contestar demanda, negó el alcance del resarcimiento pretendido por el actor. Sostuvo que la suma de dinero ofrecida al accionante en sede administrativa no implica reconocimiento alguno de su responsabilidad por cuanto consideró que lo acontecido fue consecuencia de un caso fortuito.

En los presentes actuados se encuentra agregada copia de la resolución 371/SSMEP/2012, dictada en el expediente administrativo 880117/MGEyA/2011, por medio del cual el GCBA reconoció la legitimidad de la pretensión del actor, aunque limitando el alcance del resarcimiento a la suma de veintiséis mil ochocientos cuatro pesos ($26.804).

Puede concluirse que la aplicación de dicho acto limitaría la controversia al mayor o menor alcance de la reparación que merece el actor por el siniestro que sufrió en su rodado. Sin embargo, existe un obstáculo que debe removerse en forma previa a la adopción de una decisión de tan apreciables consecuencias.

En efecto, resulta necesario definir si el acto que reconoció la legitimidad de la pretensión indemnizatoria pudo comprometer el orden público (arg.art 257 del CCAyT). Si se omitiera un control como el señalado, podría llegar a convalidarse judicialmente que la Administración efectuara reconocimientos pecuniarios a particulares sin que exista causa o título legítimo que lo permita.

Siguiendo a Owen Fiss, cabe recordar que “necesitamos una moralidad pública para tener derecho, pero, más aún, necesitamos el derecho para tener una moralidad pública” (Fiss, Owen, “El Derecho como Razón Pública”, Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 266).

A partir de lo expuesto, se analizará, en primer término, el marco en el que se produjo el conflicto entre las partes a efectos de determinar si, en dicho contexto, el reconocimiento efectuado pudo comprometer el orden público.

III. Que es sabido que la responsabilidad del Estado, federal o local, es un instituto propio del derecho público en general y del derecho administrativo en particular. Asimismo, de la interacción de los artículos 1, 121 a 123 y 129 de la Constitución Nacional se deriva el carácter local del derecho administrativo.

Cabe recordar que la Dra. Reiriz, en su clásica obra sobre la materia, señaló que “en nuestro país, los principios del derecho público brindan sólidas bases para edificar un sistema completo de responsabilidad, que permita abarcar todos los supuestos en que la actividad del Estado puede causar daños indemnizables” (Reiriz, María Graciela, Responsabilidad del Estado, Eudeba, Buenos Aires, 1969, p. 41).

Esta postura, además, es sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del año 2006, in re “Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios” CSJN 21/III/2006, considerandos IX al XI (Fallos: 329:759).

Ahora bien, el carácter local del derecho administrativo en nuestro sistema federal supone la existencia de regímenes locales de responsabilidad en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia, corresponderá detenerse en el sistema previsto por esta última a efectos de poder analizar adecuadamente la contienda.

IV.Que en esta línea hay que considerar que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires permite fundar la responsabilidad del Estado local a partir de los siguientes principios: igualdad ante las cargas públicas (art. 51), inviolabilidad de la propiedad (art. 12, inc. 5) y acceso a la justicia e inviolabilidad de la defensa en juicio (arts. 12, inc. 6, y 12, inc. 4). Ellos forman un sistema en el que se garantiza la demandabilidad estatal (arts. 14 y 106), y se impone en forma expresa el deber de reparar los daños causados por el estado local (art. 13, inc. 10).

A su vez, debe agregarse que la Legislatura local posee las atribuciones necesarias para el dictado de una ley que reglamente la materia (art. 80, incs. 1 y 2.a.).

Al respecto se ha precisado que “un sistema de derecho administrativo no es completo sino cuando el ciudadano tiene el medio de obtener una reparación por los perjuicios que el ocasione el Estado. De ahí lo imperioso y conveniente de que el sistema de responsabilidad del Estado, en sus tres direcciones -actividad de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, y en todos sus aspectos, sea expresamente considerado desde el punto de vista positivo. Solo así la certeza del derecho y la seguridad jurídica aparecerán debidamente resguardadas” (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, tomo IV, Abeledo – Perrot, Bs. As., 1973, p. 692).

Mientras tan importante y delicada misión no sea concretada, será necesario recurrir a la técnica de integración normativa a efectos de determinar aspectos tan relevantes como presupuestos de responsabilidad, alcance de la reparación, etc. y poder arribar de esta manera a una solución de las controversias ajustada a derecho.

V.Que, por lo expuesto, en primer lugar habrá que analizar si existen normas del derecho público local que resulten aptas para dicha tarea.

En este sentido debe precisarse que el actor requiere una reparación del Gobierno de la Ciudad por su actividad ilegítima, al entender que éste es responsable por daños que provocara un árbol que integra su dominio, instalado en la vía pública, que cayó sobre su vehículo por encontrarse en mal estado de conservación.

A partir de lo manifestado, corresponde afirmar que la conducta estatal cuya ilegitimidad se denuncia es de tipo omisiva. En relación a este tipo de responsabilidad son aplicables, en principio, los mismos requisitos generales que determinan la responsabilidad por acción, sobre la base de la noción de falta de servicio.

Ahora bien, a diferencia de los supuestos en que se pretende la reparación de daños ocasionados por la actividad legítima del Gobierno de la Ciudad, no existe para este supuesto una norma del derecho público local que pueda utilizarse para resolver la contienda.

Por esta razón, la doctrina y la jurisprudencia han propiciado “la aplicación, por vía de analogía, de un principio de derecho común, ante el caso administrativo no previsto” (conf. Reiriz, María Graciela, “Responsabilidad del Estado” en El Derecho Administrativo Hoy, obra colectiva, Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1996, p. 227).

En palabras de la Corte “todos los principios jurídicos -entre los que se encuentra el de la responsabilidad y el resarcimiento por daños ocasionados- aunque contenidos en aquel cuerpo legal [Código Civil] no son patrimonio exclusivo de ninguna disciplina jurídica y menos aun del derecho privado, pues constituyen principios generales del derecho aplicables a cualquiera de ellas, aunque interpretándolos teniendo en cuenta el origen y naturaleza de la relación jurídica de que se trate (Fiorini, op. cit., primera parte, págs. 90 y sgtes.)” (Fallos:329:759, considerando 12).

En la actualidad, existe consenso sobre la necesidad de recurrir al artículo 1112 del Código Civil para tan sensible tarea hermenéutica. Se ha fundado en dicha norma la responsabilidad del Estado, federal y local, por falta de servicio. Su texto expresa “los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidas en las disposiciones de este Título” (Título IX, De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos).

Se configura la falta de servicio cuando el daño es resultado de su prestación defectuosa o incorrecta. Este disvalioso resultado puede provenir de acciones u omisiones. En este supuesto el Estado responde en forma directa, ya que “la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas” (CSJN, 18/12/1984, “Vadell, Jorge F. c. Provincia de Buenos Aires” , Fallos: 306:2030).

Esto es así porque “los agentes públicos (funcionarios y empleados) no son mandatarios ni representantes del Estado, sino `órganos´ suyos, integrando en esta última calidad la estructura misma del Estado. De ahí que la conducta, actuación o comportamiento de dichos órganos le sea directamente imputable al Estado, al extremo de que tal conducta, actuación o comportamiento valen como si fuesen del Estado mismo” (Marienhoff, Miguel S., op. cit., p. 692).

Se trata, a su vez, de un sistema de responsabilidad objetivada, toda vez que no resulta necesario individualizar al agente o funcionario productor del daño. En rigor, no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre cómo ha sido prestado el servicio.

VI. Que como consecuencia de lo expuesto, será necesario acreditar, en cada caso, el funcionamiento defectuoso o irregular del servicio para acceder a la reparación que se pretenda.Ello se logra analizando las normas que rigen dicho servicio, razón por la cual se considera al comentado artículo 1112 una norma de reenvío.

Asimismo, en casos que involucren la responsabilidad del Estado local por omisión habrá que distinguir si la omisión refiere a mandatos impuestos en forma expresa en la normativa que regula el servicio, o sí, por el contrario, se trata de mandatos generales e indeterminados.

En el primer caso, la falta de servicio resulta clara frente al incumplimiento de la norma por la conducta omisiva. En el último, resulta exigible efectuar “no sólo un juicio estricto respecto de dichos mandatos generales, sino también el análisis de las consecuencias de la decisión a tomar, fundado en criterios de razonabilidad” (conf. Vega, Susana Elena y Rotaeche, María Josefina, “Falta de Servicio: Un paso adelante en el análisis de su determinación”, en Responsabilidad del Estado, obra colectiva en homenaje a la Dra. Reiriz, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 311).

En este punto, resulta necesario aclarar que la pretensión del actor se fundaría en supuestas omisiones a los deberes de mantenimiento del arbolado público urbano que pesarían sobre el GCBA.

Corresponderá, en consecuencia, analizar el tratamiento normativo que dicho servicio posee en el ordenamiento local.

Cabe recordar aquí que los árboles que se encuentran en la vía pública pertenecen, por accesión, al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. arts. 2339, 2340, inc. 7, y 2520 del Código Civil, arts. 7 y 8 de la Constitución de la Ciudad).

En efecto se ha sostenido, al comentar el artículo 2340, inciso 7, del Código Civil, que “el árbol emplazado en la vía pública representa un accesorio del dominio público” (Bueres, Alberto J – Highton, Elena I, “Código Civil y normas complementarias, Análisis doctrinal y jurisprudencial”, tomo 5A, Hammurabi, Bs. As., 2ª ed., 2004, p. 107).

En este sentido debe entenderse que si las “calles, aceras y plazas” (conf. art. 2340, inc.7, del Código Civil) pertenecen al dominio público, los árboles emplazados en estos sitios, dada su característica de accesoriedad, son de dominio público, debido a que la propiedad de una cosa comprende simultáneamente la de los accesorios que se encuentran en ella adheridos de manera natural o artificialmente (conf. art. 2520, Código Civil).

En este sentido debe tenerse en cuenta que la doctrina afirma que los árboles que bordean las calles, avenidas, caminos o carreteras, revisten la calidad de bienes dominiales, porque de diversos modos contribuyen a facilitar y a hacer efectivo el uso de la calle, camino, avenida o carretera. Hay una relación “permanente”, directa e inmediata, entre el árbol y el destino de la calle, avenida, etc. (ver, Marienhoff, Miguel S., “Tratado del Dominio Público”, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1960, pp. 89/90).

A su vez, la Constitución de la Ciudad expresamente impone el desarrollo de una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano. En este contexto, la Ciudad debe instrumentar “un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve: [.] 4. La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica; [.] 9. La seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia energética en el tránsito y en el transporte” (conf. art. 27 de la Constitución de la Ciudad).

Por su parte, entre las atribuciones conferidas a la Legislatura se encuentran la de legislar en materia de bienes públicos, seguridad pública, obras y servicios públicos, transporte y tránsito (conf. art. 80, inc.2, apartados a, e y h, de la Constitución local).

En lo que aquí interesa, corresponde destacar que al momento de producirse el hecho dañoso -el 17 de diciembre de 2010- se encontraba vigente la ley 3263 (publicada el 06/04/2010, en el BOCBA n° 3393).

La mentada ley de Arbolado Público Urbano establece en su artículo 8 la competencia exclusiva de la Administración respecto de la conservación y mantenimiento de las especies arbóreas emplazadas en la vía pública.

En efecto, dicho artículo prevé que “[l]as intervenciones sobre el arbolado público urbano existente así como la plantación de nuevos ejemplares, son tareas de competencia exclusiva de la Autoridad de Aplicación”. A su vez, la ley determina que a los efectos de proteger e incrementar las especies arbóreas, dicha autoridad deberá adoptar las “medidas que juzgue convenientes y necesarias en salvaguarda de plantaciones existentes y que tiendan a mejorar su desarrollo y lozanía” (art. 3, inc. c). En el artículo 9, inciso d, la ley prohíbe expresamente “podar, extraer, talar o plantar árboles, a excepción de los trabajos instruidos o autorizados” y su artículo 26 establece la imposición de sanciones para aquellas personas que infringen dicha previsión. Asimismo, la ley dispone, con respecto a la poda, que “[l]a Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas en ramas y/o raíces, cuando sea necesario: a) Garantizar la seguridad de personas y/o bienes” (art. 13). Con relación a la tala o extracción de ejemplares, la ley prevé que la referida autoridad de aplicación sólo puede efectuar tales tareas ante las circunstancias determinadas que detalla, entre las que se contempla también “garantizar la seguridad de las personas y/o bienes” (art. 15, inc.c).En esta línea, la ley 490, publicada el 27/9/2000 en el BOCBA n° 1036, da cuanta de la prohibición que pesa sobre los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires de podar y/o talar los árboles existentes en la vía pública.

Por otro lado, debe tenerse presente que en el momento del hecho dañoso se encontraba vigente también la ley 473, de creación del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, publicada el 07/9/2000 en el BOCBA n° 1022.

Si bien este Ente no tiene funciones específicas asignadas sobre el arbolado público, este órgano de la Administración debe velar por el correcto estado de las vías públicas, dado que entre sus funciones se destaca la de “planificar y ejecutar planes de trabajo relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de pavimentos, pluviales, alumbrado, aceras y todo otro servicio que tenga relación con el servicio de Mantenimiento Integral de la Vía Pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”. Debe también “diagramar todos los Servicios Públicos y Obras a su cargo” y, lo que resulta relevante, implementar sistemas “que permitan lograr niveles de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de mantenimiento urbano integral.” Para ello, deberá “desarrollar en forma efectiva las tareas de control de los servicios y obras que se ejecuten” y “preservar, mejorar y tecnificar los bienes y elementos que integran su patrimonio” (conf. art. 5, incs. a, b, c, d y g, ley 473).

La ley 473 fue reglamentada por el decreto 1394/GCBA/01, publicado el 21/9/2001 en el BOCBA n° 1281. Respecto de la competencia del EMUI, estableció que “se entenderá por Servicio Público de Mantenimiento Urbano todas aquellas prestaciones, tareas y obras relacionadas a la planificación, preservación, vigilancia, cuidado, defensa, mejoramiento, corrección, restauración y reformulación de los espacios y vías públicas de la Ciudad de Buenos Aires” (conf. art.2, del Anexo I, del decreto 1394/GCBA/01).

En particular, sobre las obligaciones de control se dispuso que “el Ente deberá, a través de sus niveles respectivos, organizar, dirigir y vigilar la inspección del trabajo que realiza, instruyendo las actuaciones correspondientes, y aplicando en su debido caso, las sanciones pertinentes, las que guardarán proporción con la gravedad de la falta. En tal sentido, el Ente determinará pormenorizadamente a través de su Reglamento Interno, un sistema apropiado de inspecciones y vigilancia, atendiendo a los principios de inmediatez, optimización y efectividad en el contralor de las obras y servicios a su cargo” (conf. art. 5 inc. d, del Anexo I, del decreto 1394/GCBA/01).

Una vez que han sido analizadas las normas que rigen el servicio cuyo irregular funcionamiento por conductas omisivas denuncia el actor, resulta ahora posible examinar el acto dictado por la Administración que reconoce la necesidad de reparar los daños causados. Al realizar tan delicada misión podrá establecerse si dicho acto fue una consecuencia normal de la aplicación del régimen jurídico examinado, o, por el contrario, importó una afectación del orden público.

VII. Que para llevar adelante la tarea es preciso establecer los presupuestos de responsabilidad del Estado local por su actuación ilegítima y evaluar si se encontraban reunidos al momento de dictarse el acto.

Ellos son: a) la existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad; c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la Administración (CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre muchos otros); y, d) la existencia de un factor de atribución.

En esta inteligencia, cuando un derecho patrimonial particular ha sufrido menoscabo por el obrar irregular del Estado local, no basta la existencia de tal detrimento para justificar la procedencia del resarcimiento por parte del erario público, en tanto resultará indispensable cribar tal pretensión por el tamiz de los requisitos antes señalados.

VIII.Que previo a analizar los presupuestos de responsabilidad estatal por actuación ilegítima, debe recordarse que la valoración de la prueba producida en autos está sujeta a las normas que, sobre la materia, contiene el CCAyT, el cual establece que, salvo disposición en contrario, los jueces forman su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de “la sana crítica” (art. 310, CCAyT).

Al respecto, las reglas de la sana crítica aconsejan efectuar una valoración armónica y conjunta de las pruebas a fin de arribar a una justa solución conforme al derecho aplicable al caso.

VIII.1. Que, establecido ello, en primer lugar, debe evaluarse si la existencia del daño invocado por el actor se encuentra acreditado.

Para ello, habrá que determinar si se ha producido una lesión antijurídica en sus intereses patrimoniales o espirituales.

En este sentido debe señalarse que los testigos que prestaron declaración en las presentes actuaciones manifestaron en forma concordante que en la fecha indicada por el actor en el escrito de inicio vieron un árbol caído sobre el automóvil de éste. Asimismo, expusieron que personal de la policía federal y agentes del GCBA tomaron intervención en el caso y que, como consecuencia de tal infortunio, el referido vehículo quedó destruido y con las ruedas reventadas (ver fs. 226/231 vta.).

A fs. 21 obra copia de la denuncia policial efectuada con motivo del referido siniestro y a fs.14/15 se encuentran anejadas las fotografías que dan cuenta de la caída del árbol sobre la capota del vehículo del actor y los daños producidos por tal impacto.

Por otra parte, del informe suscripto por el director operativo de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente del GCBA, emitido en el marco del reclamo administrativo formulado por el accionante, se desprende que “con fecha 17 del mes de diciembre del año 2010, personal de es[a] Área procedió al tronzado y retiro de un árbol caído, sobre un vehículo Peugeot 206 estacionado en la calle Padilla fte. al 752” (ver fs. 160 y, en igual sentido, fs. 165). Como consecuencia de lo expuesto, cabe tener por acreditados los daños invocados.

VIII.2. Que, en orden a la relación de causalidad, ella se interpreta bajo el tamiz de la causalidad adecuada. Al respecto se ha afirmado que “. para que un hecho merezca ser considerado como causa del daño, es preciso que sea en sí mismo idóneo para producirlo según la experiencia común, es decir, que tenga una especial aptitud para producir el efecto lesivo. Sólo en estos casos (causalidad adecuada) puede decirse, con rigor, que la actividad tomada en consideración constituye la causa eficiente, la causa próxima del daño (in iure non remota causa, sed próxima spectatur), la causa verdadera del mismo” (Fernández, Tomás Ramón y García de Enterría, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Segunda Edición, Civitas: Madrid, 1982. Página 354).

En el caso de autos, debe determinarse si la caída de un árbol posee la aptitud para generar los daños alegados (conf. art. 906 del Código Civil, aplicable por analogía).

A fin de generar la convicción en cuanto a la relación de causalidad deben valorarse las fotografías aportadas.Tales piezas dan cuenta del grave impacto que sufrió el vehículo del actor como consecuencia de la caída de una especie arbórea que se encontraba emplazada en la vía pública (ver fs. 14/15).

Por su parte, el perito interviniente en el marco del reclamo formulado por el actor en sede administrativa sostuvo que los presupuestos acompañados por aquél contemplan la reparación de los daños del rodado Peugeot 206, dominioFXO 863, que “verosímilmente pueden haber sido originados en un siniestro como el que se reclama” (fs. 183).

De allí que pueda establecerse la relación de causalidad existente entre los daños que presenta el automóvil del actor y la caída de un árbol ubicado en la calle Padilla 752, de esta Ciudad.

VIII.3. Que, establecida entonces la existencia del hecho dañoso y su causa, cabe considerar lo atinente a la imputabilidad de sus consecuencias al Gobierno de la Ciudad.

Tal como se ha adelantado en los considerando III a VI, a partir de la recepción de la teoría del órgano, se ha aceptado que en los casos en que se reclama la reparación de daños por la deficiente prestación de un servicio, el Estado responde en forma directa, ya que “la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas” (Fallos: 306:2030).

Establecida entonces la existencia del hecho dañoso y su causa, cabe considerar lo atinente a la imputabilidad de sus consecuencias al Gobierno de la Ciudad.

En consecuencia de lo expuesto, en caso de determinarse que el daño sufrido es atribuible a la irregular prestación del servicio de mantenimiento de la vía pública, las omisiones ilegítimas en que hubieran incurrido los funcionarios de la autoridad de aplicación de la ley 3263 y/o del EMUI (conf. ley 3263, arts. 8, 13 y 15, y ley 473, art.5, incs. a, b, c, d y g) serán imputables en forma directa al GCBA.

VIII.4. Que, finalmente, corresponde analizar la existencia del factor de atribución.

Se ha adelantado que en el caso el factor de atribución es la falta de servicio, y que se trata de uno de tipo objetivado.

En consecuencia, debe establecerse si se encuentra acreditado el funcionamiento defectuoso o irregular del servicio de mantenimiento de la vía pública, de conformidad con el tratamiento normativo que dicho servicio posee en el ordenamiento local.

Se ha expuesto en el considerando III a VI el tratamiento que dicho servicio merece en la Constitución Local y su reglamentación por la Legislatura local.

Asimismo, se ha indicado el estándar de prestación regular del servicio que surge de las leyes sobre la materia, vigentes al momento en que se produce el hecho dañoso.

En necesario recordar, entonces, que la ley de Arbolado Público Urbano, le confiere a la autoridad de aplicación competencia exclusiva para la correcta conservación y mantenimiento del arbolado público. Entre sus disposiciones se establece que a los efectos de proteger e incrementar las especies arbóreas dicha autoridad de aplicación debe “precisar tareas de conservación, adoptando medidas que juzgue convenientes y necesarias en salvaguarda de plantaciones existentes y que tiendan a mejorar su desarrollo y lozanía” (conf. art. 3, inc.a, ley 3263).

Por su parte, la ley 473 estableció entre las funciones del Ente de Mantenimiento Urbano Integral la de “planificar y ejecutar planes de trabajo relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de pavimentos, pluviales, alumbrado, aceras y todo otro servicio que tenga relación con el servicio de Mantenimiento Integral de la Vía Pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.

Debe también “diagramar todos los Servicios Públicos y Obras a su cargo” y, lo que resulta relevante, implementar sistemas “que permitan lograr niveles de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de mantenimiento urbano integral”. Para ello, deberá “desarrollar en forma efectiva las tareas de control de los servicios y obras que se ejecuten” (conf. art. 5, incs. a, b, c y d, ley 473).

El decreto 1394/GCBA/01, al reglamentar dicha norma, definió como competencia del EMUI “todas aquellas prestaciones, tareas y obras relacionadas a la planificación, preservación, vigilancia, cuidado, defensa, mejoramiento, corrección, restauración y reformulación de los espacios y vías públicas de la Ciudad de Buenos Aires”.

Por ello, si a consecuencia del incumplimiento de estos deberes de mantenimiento y conservación del arbolado público un particular sufre un daño cierto y efectivo y, a su vez, se presentan los restantes presupuestos que hacen procedente la responsabilidad estatal, por aplicación de las normas antes citadas, corresponde atribuir a la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad de indemnizar los perjuicios ocurridos (conf. CCAyT, Sala I, 8/7/2003, “Estigarribia Feliciana María c/ GCBA s/ Daños y Perjuicios”, expte. 725/0, considerando II del voto del Dr. Balbín).

Pues bien, de las constancias de autos se desprende que el siniestro se produjo por la caída de un árbol sobre el automóvil del actor (ver fotografías obrantes a fs. 14/15, informes de fs. 160 y 165 y declaraciones testimoniales de fs.226/231 vta.).

En este contexto, debe afirmarse que el hecho dañoso se produjo como consecuencia del actuar negligente de la Administración, quien omitió controlar el estado del espacio público, específicamente del arbolado de la calle Padilla 752, obligación que se encuentra a cargo de los órganos del Gobierno de la Ciudad anteriormente identificados.

En efecto, la presencia de arbolado público en mal estado impone concluir que las autoridades públicas locales omitieron ilegítimamente su obligación de entender en el mantenimiento y conservación de los bienes afectados al dominio público de la Ciudad de Buenos Aires.

En consecuencia, toda vez que se encontraban reunidos todos los recaudos que imponen la responsabilidad del Estado local en el acaecimiento del siniestro, corresponde concluir que el reconocimiento efectuado por la Administración en la resolución 371/SSMEP/2012, dictada en el marco del expediente administrativo 880117/2011, en la que reconoció la legitimidad de la pretensión del actor, no pudo comprometer el orden público.

IX. Que, a mayor abundamiento, cabe agregar que, resultando el objeto dañoso de un bien de dominio público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, correspondía a este último mantenerlo en buen estado de conservación y, por lo tanto, debe responder por los daños que se generaron por su negligencia.

En este sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación al destacar que “el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de los particulares importa para el Estado (considerado lato sensu) la obligación de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizadas sin riesgos” (v. Fallos: 315:2834 y 326:1910).

X.Que determinados los puntos atinentes a la ocurrencia del hecho dañoso como así también la responsabilidad del Estado local por incumplimiento del deber de cuidar el estado del arbolado público y el correspondiente deber de indemnizar los daños ocasionados, deben exponerse las razones por las cuales cabe desestimar la defensa de la demandada en cuanto a la ocurrencia en autos de un “caso fortuito”.

En este sentido es importante precisar que la defensa intentada por el GCBA tenía como finalidad interrumpir el nexo causal.

Debe recordarse que el art. 514 del Código Civil establece que “caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que, previsto, no ha podido evitarse”.

Asimismo hay que tener en cuenta que el codificador indica como notas esenciales del caso fortuito, su imprevisibilidad y su inevitabilidad.

De lo expuesto surgen los caracteres constitutivos del hecho que configura un caso fortuito, a saber: 1º) su imprevisibilidad, es decir, que supere la aptitud normal de previsión que sea dable exigir al deudor; 2º) su inevitabilidad, es decir, que supere la aptitud normal de previsión que sea dable exigir al deudor; 3º) ser ajeno al deudor; 4º) ser actual; 5º) ser sobreviniente a la constitución de la obligación; y por último, 6º) ser impedimento absoluto para el cumplimiento de la obligación (conf.

CCAyT, Sala I, 21/7/2006, “Basualdo José Eduardo y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios”).

En este contexto debe traerse a colación lo manifestado por Llambías, en cuanto a que los fenómenos de la naturaleza constituyen casos fortuitos sólo cuando son extraordinarios y por su intensidad salen del orden común. Así, las lluvias que causan inundaciones configuran caso fortuito cuando exceden por su magnitud a las que han caído en épocas más o menos lejanas, pero no cuando son comunes o cuando pese a su intensidad, no son la causa adecuada del daño sino su causa ocasional (conf.

Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, Tomo I, núms. 185 y ss., p. 229 y ss.y citas jurisprudenciales efectuadas bajo el núm. 149).

En el escrito de inicio el actor manifestó que el día en que tuvo lugar el infortunio había sido ventoso, con ráfagas de viento importantes, pero lo que no ha demostrado el GCBA es que estos vientos hayan tenido la magnitud para considerárselos extraordinarios y, en consecuencia, tener la entidad de ser tildados como un hecho fortuito.

En este punto corresponde recordar que quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión (o defensa) tiene la carga de acreditarlos, y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su petición sea rechazada (conf. Fallos: 331:881).

Al respecto debe consignarse que en las presentes actuaciones la demandada no ha arbitrado ninguna medida tendiente a acreditar de manera fehaciente la producción del “caso fortuito”. Por lo tanto la defensa intentada por el GCBA no puede prosperar.

Debe ponerse de resalto que la demandada acusa la existencia de un caso fortuito pero no logra acreditar tal extremo adecuadamente. En otras palabras, el deber de conservación del arbolado urbano que pesa sobre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires descarta la existencia del elemento inevitabilidad que caracteriza la configuración del caso fortuito (conf. CCAyT, Sala I, 19/9/2011, “Biagioni Marta María del Carmen c/GCBA s/Daños y perjuicios”, Exp. 30777/0).

En suma, toda vez que no se acreditó que el hecho invocado resulte de carácter extraordinario, es dable concluir que no se ha configurado el caso fortuito alegado por la demandada.

XI. Que establecida la responsabilidad del GCBA, corresponde abordar el tratamiento del alcance de la reparación sobre la base de los rubros indemnizatorios peticionados por el actor.

XII. Que se tratará en primer término la reparación solicitada en concepto de daño material.

A los fines de acreditar el monto solicitado por los daños sufridos en el rodado, el accionante anejó al escrito de inicio un presupuesto confeccionado por la firma AUPE S.A. (ver fs.16/17 y 37/38), cuya autenticidad fue reconocida en la contestación de oficio agregada a fs. 220/225. Se advierte que dicho presupuesto asciende a la suma de veintisiete mil ochocientos sesenta y dos pesos con diez centavos ($27.862,10); que comprende el costo de los repuestos y el estimado en mano de obra y que, conforme surge del informe obrante a fs. 183, contempla la reparación de los daños sufridos en el vehículo del actor como consecuencia del siniestro que dio origen a las presentes actuaciones.

Por otra parte, a fs. 43 obra agregada una factura confeccionada por el taller de chapa y pintura “Los dos mosqueteros”que da cuenta de que el actor abonó la suma de treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos ($37.450) por las reparaciones de las piezas del vehículo afectadas por la caída del árbol.

Ahora bien, toda vez que resulta razonable el monto de dinero que surge de esta última factura, por cuanto corresponde a los arreglos que fueron efectuados dos años despúes de ocurrido el siniestro y de confeccionado el presupuesto obrante a fs.

16/17 tenido en cuenta en el marco del reclamo administrativo formulado (conf. fs.

183), corresponde hacer lugar a lo peticionado por el actor y, en consecuencia, a los fines de resarcir este rubro se fija la suma que surge de la factura obrante a fs. 43, esto es, treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos ($37.450).

XIII. Que cabe ahora referirse a la reparación solicitada por privación del uso del vehículo, rubro cuya procedencia será analizada junto con los gastos de transporte solicitados por el accionante.

Es necesario destacar que el automóvil tiene por finalidad el esparcimiento o su utilización como medio de producción de otros bienes, lo que incide frente a la supresión en forma negativa en el patrimonio de la víctima, involucrando por ende el derecho a ser indemnizado.En ese sentido, en general, se considera que la sola privación del uso de un automóvil comporta per se un daño indemnizable (Zavala de González, Matilde, “Daños a los automotores”, Tomo I, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1996, pp. 121/151).

Siguiendo esa línea, la sola privación del uso de un automotor ha sido reconocida por la doctrina y jurisprudencia como productora de daños y en esa condición, fuente de resarcimiento, sin que a ello obste la inexistencia de facturas que acrediten la realización de gastos efectuados para sustituirlo o reemplazarlo.

En esta línea de pensamiento debe tenerse presente que “no cabe exigir la presentación de los comprobantes de cada una de las erogaciones que se llevaron a cabo, ya que la razonabilidad del gasto juega como prueba suficiente” (CNFed. Civ y Com, Sala II, 18/4/00, “P., A. G. c/ Ronchi, Alejandro y otros”, LL, 2000-D-336; DJ 2000-3-28).

Aun cuando en el caso de autos no se ha acreditado el período de tiempo en que el actor se vio impedido de gozar de su automóvil a raíz del incidente en cuestión, haciendo uso de la atribución establecida por el artículo 148 del CCAyT, se estima prudente fijar por este rubro la suma de mil quinientos pesos ($1500), monto que comprende el gasto por movilidad en que pudo haber incurrido razonablemente el accionante ante la imposibilidad de disponer de su rodado.

XIV. Que corresponde analizar la reparación solicitada en concepto de desvalorización venal.

Es dable reconocer que, en algunos supuestos, la refacción de un rodado no logra devolverlo a la situación precedente al siniestro. Dicha circunstancia provoca una diferencia negativa entre el valor originario que éste poseía y el que logra luego de los arreglos.Este remanente negativo con la consecuente disminución del valor del automotor es lo que configura la denominada desvalorización venal.

En el caso de autos, la parte actora no ha acreditado la existencia de afectaciones estructurales en el rodado que permitan inferir per se la existencia de desvalorización, independientemente de la calidad de los arreglos.

Por lo expuesto, considero que debe rechazarse la pretensión indemnizatoria por este concepto.

XV. Que es el turno de analizar ahora la reparación que pretende el actor por “daño moral”.

Se ha dicho que el daño moral “se determina en función de la entidad que asume la modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y por la repercusión que tal minoración determina en el modo de estar de la víctima, que resulta siempre anímicamente perjudicial. El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, son elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido.

Pero todo ello debe ser valorado prudencialmente por el juez, tomando en cuenta las circunstancias objetivas del caso concreto” (conf. CCAyT, Sala II, 2/7/2002, “Naccarato, Roberto Aníbal c/ GCBA s/ Impugnación de actos administrativos”, Exp. 1187/0).

No cabe reconocer un interés de afección por razón de la propiedad, posesión o uso de un automotor. Así lo ha sostenido Brebbia: “Entre el titular del dominio o su poseedor y el vehículo no existe por lo común un vinculo afectivo que el derecho proteja especialmente y cuya conculcación afecte el aspecto moral de la personalidad del dueño” (Brebbia, Roberto H., Problemática jurídica de los automotores, Tº 2, Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 280).

En función de lo expresado cabe concluir que las constancias de autos no dan cuenta suficientemente del padecimiento anímico y espiritual del actor. Por lo expuesto, considero que debe rechazarse la pretensión indemnizatoria por este concepto.

XVI.Que a los efectos de determinar la procedencia de la reparación por lucro cesante, cabe tener en cuenta que la doctrina enuncia que se encuentran comprendidas en este rubro las pérdidas experimentadas durante el tiempo de inactividad o disminución de la actividad laboral, es decir, que responde a la incapacidad -total o parcial-, pero transitoria (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, “comentario al artículo 1086”, en Código Civil y leyes complementarias comentado, concordado y anotado – Belluscio, Augusto C. [dir.]- Zannoni, Eduardo A. [coord.], t. 5, 1º edición, 1ª reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 1990, p. 218, n. 12 c).

En el caso concreto, el actor manifestó ser director de una PyME localizada en la provincia de Buenos Aires y desempeñar en esta Ciudad tareas consistentes en la “entrega de mercaderías, cobranza, como así también todo tipo de trámites, visitas a clientes y conseguir nuevos clientes” (fs. 3 vta.). Actividad laboral que -según expuso- se vio afectada ante la imposibilidad de disponer de su unidad. En efecto, señaló que debió depender de autos prestados o del transporte público y que dicha circunstancia dificultó y hasta imposibilitó el cumplimiento de sus tareas.

Teniendo en cuenta la tradicional postura jurisprudencial que impone a quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión la carga de acreditarlos (conf. Fallos: 331:881), y que en las presentes actuaciones no se ha probado en forma adecuada que el actor haya sufrido una afectación en sus ingresos mensuales por la frustración del uso de su vehículo, corresponde rechazar la pretensión de este concepto.

XVII. Que en cuanto a la tasa de interés aplicable, considero que debe aplicarse la doctrina plenaria dictada en los autos “Eiben Francisca c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)” expte.30.370/0, del 31 de mayo de 2013, la cual establece que se debe “[a]plicar a los montos reconocidos en los decisorios judiciales el promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado 14.290).

En atención a la forma en que se decide, los intereses deberán ser calculados desde la fecha en que fueron efectuadas las reparaciones del vehículo siniestrado, esto es, desde el 06/02/2013 (conf. fs. 43).

XVIII. Que atento el modo y los fundamentos con que se resuelve la cuestión, no se advierten elementos para apartarse del principio objetivo de la derrota, por lo que las costas del proceso se impondrán al GCBA, en su calidad de vencido (conf. art. 62, CCAyT).

En mérito de lo expuesto, FALLO:

1. Hacer lugar parcialmente a la demanda y en consecuencia, condenar al GCBA a abonar al señor Miguel Ángel Torres la suma de treinta y ocho mil novecientos cincuenta pesos ($38.950) por daño material y privación de uso, con más los intereses que deberán liquidarse conforme lo expuesto en el considerando XVII.

2. Rechazar la demanda respecto de la pretensión de que se le otorgue al actor una indemnización en concepto de desvalorización del rodado, daño moral y lucro cesante.

3. Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (conf. art. 62, CCAyT).

4. Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, para el momento en que exista liquidación aprobada en autos.

Regístrese, notifíquese -al titular del Ministerio Público Fiscal en su despacho y a las partes- y, oportunamente, archívese.

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