Legitimación pasiva de las acciones de nulidad de asambleas de copropietarios

reunion laboralPartes: B. C. A. y C. C. G. M. s/ denuncia

Tribunal: Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados

Sala/Juzgado: II

Fecha: 16-jul-2015

Cita: MJ-JU-M-93721-AR | MJJ93721 | MJJ93721

Los abogados denunciados no actuaron en contra de los intereses de los consorcistas, gozando de legitimación para solicitar la nulidad de la asamblea en donde la sociedad concursada propietaria de varias unidades adoptó decisiones totalmente lesivas en perjuicio del crédito verificado por deuda de expensas comunes.

Sumario:

1.-Mal puede existir conflicto de intereses o defensa de intereses contrapuestos, cuando el abogado actúa, como en el caso, en ejercicio de un mandato legal.

2.-Toda demanda de nulidad de acto jurídico en general y de actos societarios, en particular, debe ser promovida contra todos aquellos que participaron en el acto viciado de nulidad y, tratándose de reuniones o decisiones del órgano de gobierno de una persona jurídica – en el caso, de una asamblea de consorcistas de un consorcio de propiedad horizontal,- el sujeto pasivo de la correspondiente demanda de nulidad debe ser el propio consorcio, pues se trata, en definitiva, de obtener la declaración de invalidez de una actuación de un sujeto de derecho de segundo grado. Así lo dispone expresamente el art. 251 de la Ley 19.550 de sociedades comerciales, cuando dispone, en su tercer párrafo, que La acción – de impugnación de decisiones asamblearias – se promoverá contra la sociedad, por ante el juez de su domicilio, dentro de los tres meses de clausurada la asamblea y en el mismo e idéntico sentido, el art. 62 de la Ley 20.337 de sociedades cooperativas, prescribe que La acción de nulidad – de las decisiones asamblearias – se promoverá contra la cooperativa, por ante el juez competente, dentro de los noventa días de la clausura de la asamblea .

3.-Si bien es cierto que la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal no incluía norma parecida a la del art. 251 de la Ley 19.550, ello fue porque todavía, al momento de la sanción de dicha ley (año 1948 ), no estaba definido legalmente el carácter de sujeto de derecho de los consorcios de propiedad horizontal, ni existía doctrina mayoritaria que así lo predicara. Pero consolidada por la doctrina y la jurisprudencia la personalidad jurídica del consorcio de copropietarios, y a falta de disposiciones específicas sobre la invalidez de los actos de los órganos del consorcio, se entendió aplicable a las asambleas de copropietarios de los consorcios de propiedad horizontal las normas de los arts. 251 a 254 de la Ley 19.550, entre ellas, la referida a la legitimación pasiva del consorcio en la acción de la asamblea de copropietarios, fundado en que la voluntad es una sola, formada por el producto y no por la sumatoria de voluntades individuales. Es una voluntad distinta, emergente de un sujeto de derecho también distinto.

4.-El principio general por el cual es el consorcio es quien debe ser demandado en la acción de nulidad de las asambleas de copropietarios, surge de la noción de ser la asamblea la manifestación de una voluntad plurisubjetiva que, si se manifiesta dentro de las pautas legales, es vinculante para todos los condóminos. Bien o mal, reglamentaria o antirreglamentaria, legal o ilegal, la decisión la tomó una voluntad distinta de la de cada uno de los asistentes a la asamblea y la acción de nulidad no puede ser dirigida solamente contra un copropietario individual – aún cuando sea el único beneficiario de la medida cautelar -, pues la asamblea es el órgano de voluntad del consorcio – o por lo menos el conjunto de los propietarios reunidos -, no estando legitimado uno solo para afrontar su impugnación, ni siquiera lo están los propietarios que conformaron la mayoría.

5.-Del hecho de que el sujeto legitimado pasivo para promover la acción de nulidad de un acto emanado de un órgano colegiado de una persona jurídica, debe ser necesariamente ésta, no implica – ni muchísimo menos – que el miembro de la persona jurídica que ha impugnado esa actuación deba tener un interés contrario al de la misma, sino que, por el contrario, y como lo ha resuelto la jurisprudencia, bien que referido al régimen de impugnaciones de asambleas de sociedades, pero aplicable a todas las decisiones orgánicas adoptadas en cualquier persona jurídica, se trata de una acción social promovida por uno de sus miembros, que persigue, no ya la satisfacción de un interés particular sino el propio de la entidad, esto es, el funcionamiento de la misma acorde con los principios legales o contractuales que rigen su existencia.

6.-No caben dudas de que las acciones judiciales que persiguen la declaración de invalidez de un acto emanado de un órgano colegiado de una persona jurídica, debe ser considerada como una acción promovida en beneficio de la misma, pues dicha acción es concedida al miembro de la persona de existencia ideal como integrante de la misma, con lo cual y como ha sido expuesto por la doctrina, en materia de nulidad de decisiones asamblearias emanadas de una sociedad comercial.

7.-Si partimos de la base, conforme las constancias de autos, que los abogados denunciados en la presente causa disciplinaria, representaron al consorcio de propietarios para lograr la verificación de un importante crédito en el concurso de una la sociedad anónima, en concepto de expensas comunes, la posterior demanda de impugnación de una asamblea de consorcistas, celebrada dentro de un marco de absoluta irregularidad – como lo fuera decidido judicialmente – en la cual participó exclusivamente la concursada – como propietaria de varias unidades de dicho consorcio – y se adoptaron decisiones totalmente lesivas en perjuicio del crédito antes verificado por el consorcio, se exhibe como una actuación totalmente coherente con el interés de la persona jurídica, tendiente a la defensa de la integridad del crédito que había sido verificado en el concurso preventivo de la referida sociedad. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 16 de Julio de 2015

VISTA: Esta causa disciplinaria nro. 26848 en trámite por ante la Sala II del Tribunal de Disciplina en la que se analiza la conducta de los Dres. A. B. C. (T° F° CPACF) y el Dr. G. M. C. C. (Tª , Fª CPACF) y de cuyas constancias

RESULTA:

Se inician las presentes actuaciones en mérito a la denuncia formulada por el Sr. Alfredo Agustín Humberto Marconi Apoderado General de la Firma Nanders SA, en la que relata que los profesionales denunciados son apoderados judiciales del Consorcio de Propietarios Av. Congreso 2334/50 y en tal carácter han peticionado en las actuaciones del concurso preventivo de la firma Nanders SA que es propietaria de unidades en dicho edificio y también han patrocinado y asesorado a algunos copropietarios en particular, en reclamos judiciales contra el mencionado consorcio incurriendo, a su parecer, en la figura de prevaricato y afectando los derechos del resto de los consorcistas.

Señala como ejemplo el expediente “Buchanan, Alberto Atilio y otro c/ Consorcio de propietarios Av. Congreso 2334/46/50 s/ medidas precautorias”; Expte. N° 75934/2011.

Añade que en dicho expediente la actora se ha hecho patrocinar por los aquí denunciados mientras que el Consorcio de Propietarios los ha contratado como sus apoderados judiciales, con especial actuación en lo relacionado con la asamblea consorcial que se ventilara en autos.

Relata que también se presentaron en el concurso preventivo de Nanders S.A. en su carácter de apoderados del Consorcio y de tal modo, han logrado que esta persona jurídica asuma posiciones que no necesariamente hubiera asumido si no hubiera sido alevosamente manipulados por estos letrados.

Explica que el también es propietario de una unidad y contribuye a abonar los honorarios profesionales de los Dres. A. B. C. y G. M. C. C.

Refiere que en el expediente caratulado: “Buchanan, Alberto Atilio y otro c/ Consorcio de propietarios Av. Congreso 2334/46/50 s/ medidas precautorias”, la actora patrocinada por los aquí denunciados se presentó solicitando la nulidad de la mentada Asamblea Consorcial (fs.101/112) y acompaña un escrito donde los mismos letrados, ahora en su calidad de apoderados del Consorcio expresan sus puntos de vista acerca de la Asamblea representado así a ambas partes (fs. 178/180).

Afirma que el domicilio legal constituido por ambos letrados es el mismo en ambas presentaciones demostrando así la calidad de letrados de ambas partes.

Adjunta como prueba documental, determinadas copias de las fojas de los expediente judiciales que considera relevantes para probar sus dichos.

A fs. 63 ratifica su denuncia.

A fs. 64 de estas actuaciones, la Unidad de Instrucción solicita como medidas previas se libre oficio a la Cámara Criminal y Correccional a fin de que informe se ha radicado denuncia penal contra los Dres. B. C. y C. C.

A fs. 69 se recibe la respuesta de la Cámara Criminal en la que se informa que no se ha iniciado denuncia penal alguna.

A fs. 72/73 obra dictamen de la Unidad de Instrucción por medio del cual propone el traslado para los Dres. B. C. y C. C.

A fs. 74/112: el Sr. Alfredo Agustín Humberto Marconi manifiesta que es su deseo hacer saber al tribunal de Disciplina que ha iniciado una denuncia penal contra los letrados B. C. y C. C y acompaña copia de las actuaciones.

A fs. 112 bis se pone en conocimiento de la Unidad de Instrucción.

A fs. 113 la Unidad de Instrucción manifiesta que se mantiene el dictamen de fs. 72/73.

A fs. 114 se ordena oficio al Juzgado Correccional N° 8 Secretaría N° 61 a fin de que informe el estado procesal de la causa.

A fs. 119 el juzgado oficiado responde que aún no se ha adoptado temperamento procesal alguno.

A fs. 121 se suspende el trámite de la causa disciplinaria por aplicación del art. 15 RPTD.

Asimismo se ordena oficio al Juzgado Correccional N° 8 a fin de que informe si en la causa penal N° 52219/2013, se encuentran imputados los letrados: R.I.C., P.A. y A. M. B. M.

A fs.132 se recibe la respuesta del oficiado de la que surge que en la causa referenciada se encuentran imputados los letrados mencionados.

A fs. 133 se remite la respuesta a la unidad de Instrucción a los fines que estima corresponder. A fs. 143 la Unidad de Instrucción toma conocimiento de ello y gira nuevamente las actuaciones a esta sede.

A fs. 141 el denunciante hace saber que el juzgado Correccional se declaró incompetente remitiendo las actuaciones a la justicia de Instrucción.

A fs. 142 se corre vista a la Unidad de Instrucción, manteniendo los expuesto según su dictamen (fs. 143).

A fs. 148/150 se recibe la resolución del Juzgado de Instrucción N° 12 por medio de la cual se ordena Sobreseer a todos los letrados imputados.

A fs. 153 se reanuda la el trámite de la causa y se remiten las actuaciones a la Unidad de Instrucción.

A fs. 154 la Unidad de Instrucción manifiesta que se mantiene en el dictamen de fs. 72/73.

A fs. 155 pasan los autos a estudio de sala.

A fs. 160 y atento no obrar en el dictamen formalizado por la Unidad de Instrucción la calificación legal se remiten a sus efectos.

A fs. 161 la Unidad de Instrucción completa el dictamen ordenando el traslado y determinando que podrían verse “prima facie” vulnerados los arts. 6 inc. a); 10 inc. a) y 44 incs. g) y h) de la ley 23187 y art. 10 inc. a) y 19 incs. a) y g) del Código de Ética.

A fs. 162 la Sala ordena el traslado a los letrados denunciado por encontrarse “prima facie” vulnerados los arts. 6 incs. a) y e); 10 inc. a) y 44 incs. e) g) y h) de la ley 23187 y arts. 10 inc. a) y 19 incs. a) y f) del Código de Ética.

A fs. 171/180: obra contestación de traslado del Dr. Alejo Baca Castex.En su presentación manifiesta que reconoce que el Consorcio otorgó un poder especial a su favor, que en representación del Consorcio realizó presentaciones judiciales en los autos “Nanders SA s/ Concurso preventivo”.

Refiere que la sociedad Nanders SA es una empresa constructora que levantó el edificio que se encuentra ubicado en Av. Congreso 2334-46-50 de CABA.

Que el denunciante Alfredo Agustín Humberto Marconi es el Administrador de la Nanders Sociedad Anónima.

Explica que en el edificio se conformó el Consorcio de Propietarios Av. Congreso 2334-46.-50, y que desde que Nanders construyo el edificio nunca pago las expensas sin embargo tiene en su haber al menos 60 unidades funcionales.

Añade que como consecuencia de la gran cantidad de deudas que acumula la sociedad Nanders SA, ésta solicitó la formación de su concurso preventivo y que el consorcio de copropietarios se presentó a verificar el crédito por la deuda de expensas.

Señala que el consorcio no lo contrató a el en forma personal sino que contrató al Estudio donde trabaja, cuya denominación es “G. B. Abogados”.

Explica en tales circunstancias siguió instrucciones de sus directivos.

Expone que, junto con el Dr. C. C. se presentaron en el concurso de Nanders SA y verificación el crédito del consorcio, siendo exitosa la cuestión, verificándose un monto de $ 694.382,27 con privilegio especial y la suma de pesos $ 356.336,19 de naturaleza quirografaria.

Manifiesta que la verificación del crédito tuvo como único objetivo perseguir y preservar el cobro del crédito de titularidad del Consorcio.

Relata que la concursada, Nanders Sociedad Anónima presentó una propuesta de acuerdo preventivo dirigida a los acreedores quirografarios y la misma consistió, en lo que al Consorcio se refiere, que el mismo debía renunciar al privilegio obtenido, debía aceptar el plazo de un año de gracia, aceptar también, una quita del cincuenta y cinco por ciento del crédito original y el pago del saldo en tres cuotas a tasa pasiva del BCRA.Explica que a fin de tratar ello, se convocó a una Asamblea Extraordinaria; aunque habiéndose advertido que no se había cumplido con el requisito de notificarla con cinco días de anticipación, se suspendió, a fin de evitar nulidades y a afectos de convocar a una nueva a los mismos fines.

Refiere que teniendo en cuenta el proceder de la sociedad Nanders SA se tomaron algunos recaudos y con tal objetivo el consorcio contrató a la Escribana L.para que dejara constancia de la suspensión de la asamblea, y también constatar notarialmente que ese día nadie se encontraba en el SUM del edificio.

Ello fue volcado en un acta de constatación que fue agregada en la causa “BUCHANAN”, a la que se ha hecho referencia en los párrafos precedentes.

Manifiesta que a pesar de ello en un horarios distinto y un lugar diferente del SUM, la sociedad Nanders SA, a través del aquí denunciante Marconi, acompañado de su abogado y de dos personas más realizaron una pseudos asamblea de copropietarios, sin la presencia del administrador del consorcio, pese a la previa suspensión del mismo acto, decidiendo “aprobar” la propuesta de acuerdo realizada y presentaron la conformidad en el expediente del concurso preventivo de dicha firma.

Luego de ello, se realizaron presentaciones en el expediente concursal para discutir la validez de dicha asamblea, pero el Juzgado del Concurso resolvió que no era el ámbito para discutir la validez o legalidad de una asamblea y por ello se inició una acción específica de nulidad contra el consorcio, mediante la cual se reclamó la nulidad de dicha decisión asamblearia, esto es, aquella que aprobó la moción de la sociedad Nanders SA.

Señala que dicha acción judicial la inició el denunciado A. B. C. junto al Dr. C. C., negando haberle sido otorgado un poder judicial al respecto.Explica asimismo que dicha acción debió entablarse ineludiblemente contra le Consorcio, dado que para el concurso preventivo, la referida asamblea “había sido realizada por el consorcio”.

Refiere que este caso es análogo al planteado por el art. 251 de la 19550, “donde a efectos de solicitar la nulidad de una Asamblea celebrada por sus integrantes accionistas en violación de la ley, el estatuto o el reglamento, pueden plantear la impugnación los acc ionistas que no hubieran votado favorablemente en la respectiva decisión y los ausentes que acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada”.

Relata que el único fin de la acción de nulidad era proteger el crédito del consorcio que había sido verificado con anterioridad, dado que si la asamblea atacada de nulidad, hubiera prosperado el crédito con privilegio se hubiera pulverizado y el resto (quirografario) se hubiera visto disminuido en un cincuenta y cinco por ciento de su valor.

Señala que en la acción civil iniciada por los consorcistas Buchanan y Díaz se declaró cautelarmente la suspendió la ejecución de todos los efectos producidos por la apócrifa asamblea celebrada por el Sr. Alfredo Agustín Humberto Marconi y dicho decisorio fue informado al Juzgado donde tramitaba el concurso preventivo de Nanders SA, donde se dispuso la suspensión de los respectivos plazos procesales hasta que se dicte sentencia definitiva.

Explica asimismo que una vez notificada la demanda civil contra el consorcio de copropietarios, éste se sometió el tratamiento de la misma a consideración de una asamblea extraordinaria, decidiéndose de manera voluntaria y legítima allanarse a la acción civil iniciada en su contra, sin intervención, en dicho acto, de ninguno de los letrados.

Luego de ello, se presentó un escrito en el expediente judicial firmado por el Administrador Raúl Carman, dejando constancia del allanamiento.

Añade que como al Sr.Alfredo Agustín Humberto Marconi se le acababan las estrategias legales para beneficiar a Nanders SA y aprobar la propuesta de acuerdo preventivo, decidió iniciar una acción penal, la que culminó con un sobreseimiento para los denunciados.

A fs. 181 esta Sala intimó al Dr. A. B. C. a fin de que puntualice los hechos que pretende probar con la declaración de los testigos propuestos.

A fs. 182/195: el Dr. G. M. C. C., presentó su defensa.

Señala que la actuación del Dr. A. B. C. siempre fue siguiendo las directivas impartidas recibidas, en tanto siempre se desempeñó como abogado en relación de dependencia del estudio en el que es socio: “G. B. Abogados.”

Planteó la falta de personaría del Sr. Sr. Alfredo Agustín Humberto Marconi para representar a la firma Nanders S.A., señalando que al haberse decretado la quiebra de dicha sociedad, el poder que le fuera otorgado al Sr. Marconi carecía en absoluto de vigencia, explicando que la quiebra de la sociedad Nanders fue confirmada por la Sala “F” de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y a raíz de ello el Sr. Alfredo Agustín Humberto Marconi perdió su personería debiendo intervenir el síndico de la quiebra para iniciar esta denuncia disciplinaria si lo considera pertinente.

Considera el denunciado G. M. C. C. que esta causa disciplinaria, como la causa penal, iniciada por el Sr. Alfredo Agustín Humberto Marconi constituyen un andamiaje que creyó necesario para amedrentarlo tanto a el como al Dr. A. B. C.

Con relación a la sociedad Nanders S.A. y su administrador el Sr. Alfredo Agustín Humberto Marconi, el abogado G. M. C. C. refiere idéntico relato expuesto por el co-denunciado B. C., añadiendo que una vez verificado el crédito de la deuda de expensas que tenía en su favor el consorcio respecto de la concursada Nanders SA, hubo una propuesta de acuerdo preventivo por parte del Sr.Marconi, la que finalmente fue aprobada por una asamblea apócrifa ideada por éste, en la que se libró un acta, también apócrifa, cercenando los derechos de los demás consorcistas.

Explica asimismo el denunciado C. C. que luego de ello, iniciaron, en representación de determinados consorcistas, y junto con el Dr. A.B.C. una acción de nulidad de la referida asamblea y que esa acción judicial tenía como único fin proteger al Consorcio de Propietarios Av. Congreso 2334/50, al crédito verificado en el proceso concursal de Nanders SA. Aclara que la acción fue impetrada por dos consorcistas, pero estaba avalada por todo el consorcio, a tal punto que con el traslado de la demanda de nulidad, el referido consorcio se allanó a la demanda, previo acuerdo adoptado en una asamblea extraordinaria de consorcistas.

Señaló que no hubo representación de intereses opuestos, que ellos fueron apoderados por única vez para intervenir en la verificación del crédito del consorcio en el concurso preventivo de Nanders SA y perseguir su cobro y lo que hicieron cuando iniciaron la acción de nulidad fue proteger el crédito que se vio cercenado por las ilegítimas maniobras del Sr. Alfredo Agustín Humberto Marconi.

Manifestó finalmente el denunciado C. C. que el Juzgado Comercial interviniente en el concurso preventivo de Nanders SA desenmascaró la actuación de esta sociedad, cuando fue resuelto que-“no soslayo que se trata de un supuesto no previsto específicamente por la ley, y considero que cualquier restricción de un derecho debe ser interpretado en forma restrictiva, pero en el caso particular el carácter de “voto complaciente”, que reviste la conformidad presuntamente prestada por el Consorcio de Propietarios como sujeto de derecho, aparece nítido pues deriva de la misma composición de la Asamblea, sin que pueda obviarse el hecho de que la renuncia al privilegio para aceptar una propuesta con quita y espera no tiene otra explicación que la de favorecer, sin ventaja alguna para el consorcio, los intereses de la concursada”.

A fs. 196 el Dr. B.C.contestó la intimación cursada; a fs.197 pasaron los autos a estudio de esta Sala a fin de resolver definitivamente la suerte de esta denuncia, resolviéndose previamente desestimar la defensa de excepción de falta de personería presentada por el Dr. G. m. C. C., en el entendimiento del Tribunal que el Sr. Marconi no había perdido facultades para representar a la sociedad Nanders SA en esta denuncia. Finalmente se declaró la cuestión como de puro derecho en tanto los elementos recabados resultan suficientes para dilucidar la materia que es objeto de esta denuncia, y notificados los letrados según constancias de fs. 202/203 de estas actuaciones, pasaron las mismas al dictado de la sentencia definitiva.

Y CONSIDERANDO:

La denuncia será desestimada, porque no se advierte, cualquiera fuere el ángulo desde donde se aborde la cuestión, la existencia de un conflicto de intereses por parte de los denunciados, abogados A. B. C. y G. M. C. C., quienes en momento alguno infringieron su deber de actuar con lealtad en la defensa de los intereses encomendados.

Según la denunciante, la sociedad “Nanders Sociedad Anónima”, la ilegítima actuación de los denunciados se habría verificado al representar al Consorcio de Propietarios Av. Congreso 2334/50 en la demanda de verificación de créditos de la sociedad Nanders SA, para luego iniciar una acción de nulidad de una asamblea de consorcistas del referido consorcio, demandando con tal objeto a la referida persona jurídica.

Esta Sala no comparte este punto de vista, pues mal puede existir conflicto de intereses o defensa de intereses contrapuestos, cuando el abogado actúa, como en el caso, en ejercicio de un mandato legal.

En efecto, toda demanda de nulidad de acto jurídico en general y de actos societarios, en particular, debe ser promovida contra todos aquellos que participaron en el acto viciado de nulidad y, tratándose de reuniones o decisiones del órgano de gobierno de una persona jurídica – en el caso, de una asamblea de consorcistas de un consorcio de propiedad horizontal, el Consorcio de Propietarios Av.Congreso 2334/50 – el sujeto pasivo de la correspondiente demanda de nulidad debe tener como sujeto pasivo al propio consorcio, pues se trata, en definitiva, de obtener la declaración de invalidez de una actuación de un sujeto de derecho de segundo grado. Así lo dispone expresamente el artículo 251 de la ley 19550 de sociedades comerciales, cuando dispone, en su tercer párrafo, que “La acción – de impugnación de decisiones asamblearias – se promoverá contra la sociedad, por ante el juez de su domicilio, dentro de los tres meses de clausurada la asamblea” y en el mismo e idéntico sentido, el artículo 62 de la ley 20337 de sociedades cooperativas, prescribe que “La acción de nulidad – de las decisiones asamblearias – se promoverá contra la cooperativa, por ante el juez competente, dentro de los noventa días de la clausura de la asamblea”.

Bien es cierto que la ley 13512 de Propiedad Horizontal no incluía norma parecida, porque todavía, al momento de la sanción de dicha ley ( año 1948 ), no estaba definido legalmente el carácter de sujeto de derecho de los consorcios de propiedad horizontal, ni existía doctrina mayoritaria que así lo predicara. Pero consolidada por la doctrina y la jurisprudencia la personalidad jurídica del consorcio de copropietarios, y a falta de disposiciones específicas sobre la invalidez de los actos de los órganos del consorcio, la doctrina entendió aplicable a las asambleas de copropietarios de los consorcios de propiedad horizontal las normas de los artículos 251 a 254 de la ley 19550, entre ellas, la referida a la legitimación pasiva del consorcio en la acción de la asamblea de copropietarios (Gabás Alberto Aníbal, “Derecho Práctico de Propiedad Horizontal”, Ed. Hammurabi, página 91 ), fundado en que la voluntad es una sola, formada por el “producto” y no por la sumatoria de voluntades individuales.Es una voluntad distinta, emergente de un sujeto de derecho también distinto (Racciatti Hernán, “Propiedad por pisos o departamentos”, 3ª Edición, páginas 223 y 224; ídem, Bendersky, Mario, “Nulidad de asambleas en el régimen de propiedad horizontal”, página 145 y siguientes, parágrafo nº 82 ).

En este mismo sentido, Highton sostiene que el principio general por el cual es el consorcio quien debe ser demandado en la acción de nulidad de las asambleas de copropietarios, surge de la noción de ser la asamblea la manifestación de una voluntad plurisubjetiva que, si se manifiesta dentro de las pautas legales, es vinculante para todos los condóminos. Bie n o mal, reglamentaria o antirreglamentaria, legal o ilegal, la decisión la tomó una voluntad distinta de la de cada uno de los asistentes a la asamblea- La acción de nulidad no puede ser dirigida solamente contra un copropietario individual – aún cuando sea el único beneficiario de la medida cautelar -, pues la asamblea es el órgano de voluntad del consorcio – o por lo menos el conjunto de los propietarios reunidos -, no estando legitimado uno solo para afrontar su impugnación, ni siquiera lo están los propietarios que conformaron la mayoría (Highton Elena I, “Derechos Reales”, tomo IV, “Propiedad Horizontal y prehorizontalidad”, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2000, páginas 657 y 658 ).

Pero del hecho de que el sujeto legitimado pasivo para promover la acción de nulidad de un acto emanado de un órgano colegiado de una persona jurídica, debe ser necesariamente ésta, no implica – ni muchísimo menos – que el miembro de la persona jurídica que ha impugnado esa actuación deba tener un interés contrario al de la misma, sino que, por el contrario, y como lo ha resuelto la jurisprudencia, bien que referido al régimen de impugnaciones de asambleas de sociedades, pero aplicable a todas las decisiones orgánicas adoptadas en cualquier persona jurídica, se trata de una acción social promovida por uno de sus miembros, que persigue, no ya la satisfacción de un interés particular sino el propiode la entidad, esto es, el funcionamiento de la misma acorde con los principios legales o contractuales que rigen su existencia ( CNCom, Sala B, Mayo 19 de 1995 en autos “Arce Hugo contra Los Lagartos Country Club SA sobre nulidad de asambleas )

Con otras palabras, no caben dudas de que las acciones judiciales que persiguen la declaración de invalidez de un acto emanado de un órgano colegiado de una persona jurídica, debe ser considerada como una acción promovida en beneficio de la misma, pues dicha acción es concedida al miembro de la persona de existencia ideal como integrante de la misma, con lo cual y como ha sido expuesto por la doctrina, en materia de nulidad de decisiones asamblearias emanadas de una sociedad comercial, “. la ley no entiende favorecer directa o indirectamente el interés individual del socio, sino el de la sociedad, en la medida en que éste obra como órgano de defensa social, en salvaguardia de las bases fundamentales de la sociedad, que son el estatuto y la propia ley ” (Siburu Juan B, “Código de Comercio Argentino”, tomo V, página 1315; ídem, Halperin Isaac, “Sociedades Anónimas”, página 557, nota 67; ídem, CNCom., Sala B, 6/12/82 en autos “De Carabassa, Isidoro, contra Canale S.A., publicado en “L.L.”, 1983 B 362; ídem, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Octubre 17 de 1997, en autos “Villani Jorge y otro contra Cemeda SA sobre impugnación de decisiones asamblearias”; ídem, Sala E, Junio 23 de 1995 en autos “N.L. Sociedad Anónima contra Bull Argentina Sociedad Anónima y otro”, etc.).

De manera tal que si partimos de la base, conforme las constancias de autos, que los denunciados, Dres. A. B. C. y G. M. C. C. representaron al Consorcio de Propietarios Av.Congreso 2334/50, para lograr la verificación de un importante crédito en el concurso de la sociedad Nanders Sociedad Anónima en concepto de expensas comunes, la posterior demanda de impugnación de una asamblea de consorcistas, celebrada dentro de un marco de absoluta irregularidad – como lo fuera decidido judicialmente – en la cual participó exclusivamente la concursada – como propietaria de varias unidades de dicho consorcio – y se adoptaron decisiones totalmente lesivas en perjuicio del crédito antes verificado por el consorcio, se exhibe como una actuación totalmente coherente con el interés de la persona jurídica, tendiente a la defensa de la integridad del crédito que había sido verificado en el concurso preventivo de la sociedad “Nanders Sociedad Anónima”.

Por todo lo expuesto en los párrafos precedentes, la Sala II de este Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados

RESUELVE:

Absolver a los Dres. A. B. C. (T° F° CPACF) y el Dr. G. M. C. C. (Tª 009, Fª 211 CPACF) por los hechos que dieron motivo a las presentes actuaciones.

Conforme lo establecido por el conforme art. 3° inc. e) del RPTD, el primer voto correspondió al Dr. Ricardo A. Nissen, al que adhirieron los restantes vocal que suscriben la presente por idénticos fundamentos.

Regístrese, notifíquese y archívese.

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