No resulta acertada la postura de distribuir análogamente la indemnización como si se tratara de una distribución de bienes gananciales.

CalculandoPartes: Club Atlético Susanense s/ quiebra

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 5-may-2015

Cita: MJ-JU-M-93539-AR | MJJ93539 | MJJ93539

No resulta acertada la postura de distribuir analógicamente la indemnización como si se tratara de una distribución de bienes gananciales -mitad al cónyuge supérstite y el resto dividido entre los hijos en partes iguales-.

Sumario:

1.-Corresponde acoger la pretensión de la incidentista pues ésta demostró ser titular del derecho subjetivo consistente en el saldo de la indemnización reconocida, deducidas las insinuaciones de los demás actores ya que la indemnización prevista en los arts. 1.084 y 1.085 del CCiv. refiere acciones iure propio, por lo cual se debe indemnizar el daño efectivamente padecido para cada legitimado, careciendo de toda influencia el derecho hereditario de cada pretensor al respecto, por lo que no corresponde atenerse a la porción que en virtud de la vocación hereditaria le hubiera correspondido a cada legitimado en la división de la herencia.

Fallo:

Santa Fe, 05 de Mayo de 2015.-

Y VISTOS: Estos autos caratulados “CLUB ATLETICO SUSANENSE S/ QUIEBRA – CONVERSION EN CONCURSO PREVENTIVO – INCIDENTE DE REVISION DE RAIMONDO, SILVIA MABEL” (Expte. Sala I N° 55 – Año 2013), venidos para resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la concursada contra la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial Nº 11 de San Jorge, en fecha 15.08.2012 (fs. 55/56) que hizo lugar al recurso de revisión; y,

CONSIDERANDO:

1. Por sentencia de fecha 15.08.2012 el Juez A quo dispuso admitir el recurso de revisión y verificar el crédito a favor de la incidentista por la suma de doscientos ochenta y tres mil quinientos noventa pesos con treinta y cuatro centavos ($283.590,34).

2. Contra dicho decisorio, la concursada -por apoderados- interpuso recursos de nulidad y apelación (v. fs. 57) los que son concedidos en relación y con efecto suspensivo por providencia de fecha 06.09.2012 (v. fs. 58).

3. Corrido traslado a la apelante, por providencia de fecha 10.06.2013 (v. fs.83), ésta lo contesta a fojas 90/95.

En orden al recurso de apelación -luego de reseñar los antecedentes de la causa- los apoderados de la entidad concursada fundan su pieza recursiva, en lo que aquí interesa, manifestando que la resolución en crisis contradice la normativa obligacional del Código Civil aplicable al caso, ya que se está frente a una obligación simplemente mancomunada de objeto divisible, por lo que en las obligaciones divisibles rige el principio que la prestación se divide entre los acreedores o deudores según se trate de pluralidad activa o pasiva.

Expresa que, siguiendo la doctrina civilista unánime, la división de la deuda se hace por partes iguales salvo que las partes hubiesen pactado otra forma de división de la obligación, y que el pacto o acuerdo entre las partes se refiere al que consta en el título de la obligación o las que realizan entre las partes acreedora y deudora, y no las que realice internamente cada grupo entre sí. Por ello, al no existir división o distribución entre los acreedores de manera específica se debe estar al régimen general de la división por partes iguales.

En segundo lugar se agravia de que el A quo infiere un acuerdo que -en su entender- no es tal, por cuanto, como señaló oportunamente, un eventual acuerdo entre los acreedores resulta inoponible al deudor.Explica que el Juez de la anterior instancia indicó que Lorena Verónica Raimondo se insinuó por el veinticinco por ciento (25%) y que Silvia Mabel Raimondo, Natalia Mabel Raimondo y Diego Luis Raimondo se insinuaron por el saldo restante equivalente al setenta y cinco por ciento (75%), entendiendo que esto es incorrecto, por cuanto Lorena Verónica Raimondo efectivamente insinuó por el veinticinco por ciento (25%) -conforme le correspondía- mientras que Silvia Mabel Raimondo insinuó por el cincuenta por ciento (50%), y Natalia Mabel Raimondo y Diego Luis Raimondo insinuaron por el dieciséis con sesenta y seis por ciento (16,66%) cada uno.

A su entender, se advierte rápidamente que Silvia Mabel Raimondo, Natalia Mabel Raimondo y Diego Luis Raimondo insinuaron en total por el ochenta y tres con treinta y tres por ciento (83,33%)y no por el setenta y cinco por ciento (75%) como lo hace aparecer el A quo en la sentencia de la primera instancia. Por cuanto, surge de manera incontrastable, que entre los cuatro acreedores insinuaron por un total del ciento ocho con treinta y tres por ciento (108,33%) del crédito.

Por ello se agravia de que el A quo considere y utilice en su razonamiento que existió un acuerdo entre Silvia Mabel Raimondo, Natalia Mabel Raimondo y Diego Luis Raimondo cuando surge a la postre que ello no fue así.

Correlativamente con lo expuesto, funda su tercer agravio en el hecho de que el A quo le da efecto a un acuerdo interno inoponible a su parte, remarcando que en la sentencia en crisis, el Juez de la anterior instancia, concluye que no existe nada que impida que Silvia Mabel Raimondo como sus hijos, Natalia Mabel Raimondo y Diego Luis Raimondo hagan la distribución como mejor les parece, contradiciendo abiertamente la normativa del Código Civil.

El cuarto agravio está orientado en el hecho de que el A quo haya modificado -a través de la resolución apelada- el criterio contenido oportunamente en la resolución del art.36 de la LCQ sin que exista prueba alguna que justifique el radical cambio en la concepción del conflicto debatido.

Por último se agravia de la imposición de costas en su contra.

4. Corrido traslado a la incidentista, por providencia de fecha 24.06.2013 (v. fs. 98) ésta lo contesta a fojas 102/103vta.

5. Por providencia de fecha 5.07.2013 se dispuso correr vista a la Sindicatura (v. fs. 104) la que es contestada oportunamente a fojas 105/107vta.

6. Ingresando al análisis legalmente impuesto, corresponde señalar, en primer término, que el recurso de nulidad deducido por la concursada no ha sido mantenido de modo autónomo. De todas maneras y a todo evento es de hacer notar que las críticas que contiene el memorial respectivo (que no refieren a vicios in procedendo sino in iudicando) pueden obtener suficiente respuesta en el tratamiento que -a continuación- se realizará del recurso de apelación interpuesto. Por lo demás, no advirtiendo irregularidades procesales ni vicios en el procedimiento que justifiquen un pronunciamiento de oficio, corresponde desestimar el recurso de nulidad enunciado precedentemente.

7. Adelantamos desde ya que se confirmará la resolución recurrida pero no por los fundamentos expuestos por el sentenciante de la anterior instancia sino por los que ex officio desarrollaremos a continuación.

7.1. Analizando el expediente caratulado “RAIMONDO, Silvia Mabel y otros c/ CLUB ATLETICO SUSANENSE y/u OTROS s/ ORDINARIO (Expte. N° 1208, Folio 233, Año 1999) -que se tienen a la vista- tramitado por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 11 de San Jorge, puede colegirse que la demanda (fs. 47/53) se planteó requiriéndose valores diferenciados para cada uno de los legitimados por el daño material (fs.51/51 vta.) que totalizaban la suma de ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos ($152.400). En cambio, se solicitó una suma fija idéntica para cada actor por el rubro daño moral, totalizando dicho reclamo el monto de doscientos ochenta mil pesos ($280.000).

De acuerdo al modo en que la pretensión resarcitoria fue planteada, surgirían los siguientes porcentajes aproximados correspondientes a cada accionante del total de la suma de cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos pesos ($432.400) que totalizaban los rubros indemnizatorios: Silvia Mabel Raimondo el 35,5%, Natalia Mabel Raimondo el 20%, Lorena Verónica Raimondo el 21% y Diego Luis Raimondo el 23,5%.

La sentencia de grado (fs. 339/344 vta.) hizo lugar a la demanda, pero omitió expedirse sobre los montos solicitados de manera diferenciada en concepto de daño material, concediéndose por tal rubro una suma única de trescientos cincuenta mil pesos ($350.000) más accesorios, y por daño moral la suma de doscientos mil pesos ($200.000), pronunciamiento que fue consentido por la parte actora, no así por la demandada.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe (fs. 451), redujo la cuantía de la indemnización en un 30%, adquiriendo firmeza la sentencia, sin que se reflejara en los pronunciamientos dictados, ninguna referencia al modo en que había sido peticionado el rubro daño material.

Como surge de los autos “Burga, Gerardo Norberto c/ Club Atlético Susanense s/ Incidente de Apremio” (Expte. N° 690/1) de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial Nº 11 de San Jorge, tenidos a la vista, los actores Silvia Mabel Raimondo de Raimondo, Natalia Mabel Raimondo y Diego Luis Raimondo promovieron el apremio de ejecución de sentencia por un monto de $ 538.037, pero en lo que aquí interesa manifestaron (fs.39) que de dicha suma le correspondía a Silvia Mabel Raimondo de Raimondo (2/6) equivalentes a $ 269.018,50.-, a Natalia Mabel Raimondo (1/6) equivalentes a $ 89.672,63.- y a Diego Luis Raimondo (1/6) equivalente también a $ 89.672,63.-. En la misma foja manifestaron que del monto reclamado se deducía lo correspondiente a la co actora, Lorena Veróncia Raimondo. Sin perjuicio que se observa un error en la manifestación de las fracciones, lo cierto es que en el apremio se reclamó el 50% para la madre y el 16,66% para cada uno de los hijos, de lo que se infiere que éstos (los actores del apremio) entendían que la porción de la hermana no actora en el apremio, Lorena Verónica Raimondo, también equivalía al 16,66%.

El Club accionado compareció por medio de apoderados y a fs. 49 manifestó respecto al modo en que se distribuía el reclamo antes reseñado, lo siguiente: “Del detalle practicado hasta aquí nuestra parte no tiene objeciones que formular, caso contrario con el resto de los rubros reclamados en el Apremio que nos ocupa.”.

7.2. Ante la apertura del proceso concursal de la demandada, Silvia Mabel Raimondo, Natalia Mabel Raimondo, Diego Luis Raimondo y Lorena Verónica Raimondo presentaron tempestivamente ante el Síndico su pedido de verificación (art. 32 LCQ).

Lorena Verónica Raimondo, insinuó el 25% de la liquidación de la indemnización correspondiente al juicio ordinario antes referida, considerando que la acreencia se dividía en partes iguales. Por su parte, la madre insinuó el 50% y los dos hijos restantes el 16,66% cada uno, tal como lo habían reclamado en el apremio de ejecución de sentencia.De este modo y al no concordar los reclamos de los miembros de la familia, se patentizaba que en conjunto el reclamo superaba el total de la acreencia (25%+50%+16,66+16,66=108,32 %).

Así, a la señora Silvia Mabel Raimondo sólo se le admitió el 25% de la acreencia bajo el argumento que se trataba de una obligación simplemente mancomunada, y no correspondía otra forma de admitirse la verificación que considerar el crédito en partes iguales, mientras que a los hijos se les reconoció a cada uno el 16,66% peticionado.

Por ello, en el incidente de revisión, Silvia Mabel Raimondo reduce su pretensión originaria del 50%, y solicita que se le verifique el 41,68%, correspondiente al 25% reconocido en la sentencia de verificación de fecha 16.08.2011, más el 8,34% correspondiente al saldo no insinuado por Natalia Mabel Raimondo, más el 8,34% correspondiente al saldo no insinuado por su hijo Diego Luis Raimondo (25%+8,34%+8,34%=41,68%).

Traslada dicha pretensión en porcentajes, a lo ya insinuado por su hija Lorena Verónica Raimondo (25%), más lo insinuado por Natalia Mabel Raimondo (16,66%), más lo insinuado por Diego Luis Raimondo (16,66%), lo que totaliza el 58,2% de la indemnización acordada en el juicio ordinario, Silvia Mabel Raimondo solicita que se la revisione por el 41,68%, equivalente a doscientos veinticuatro mil ciento ochenta y dos pesos con nueve centavos ($224.182,09) -suma inferior a la originalmente reclamada, pero superior a la admitida por la sentencia de verificación del art. 36 de la LCQ.

La insinuación en tales términos es admitida en la resolución en crisis (v. fs. 55/56) bajo el argumento que resulta viable que los acreedores se hayan distribuido el crédito como mejor les parezca.En dicho pronunciamiento el a quo interpretó que la verificación resultaba admisible por el saldo resultante, una vez deducidos los montos que habían insinuado los demás miembros de la familia, entendiendo que se habían distribuido las cantidades que creyeron pertinentes para cada uno de ellos, infiriéndose un acuerdo de la confrontación de la demanda de apremio y de las verificaciones planteadas. Así, a su juicio, dicho acuerdo resultaba viable ya que no existía ninguna razón de orden público que la condicione, siendo todos los reclamantes mayores de edad; de otro modo, el deudor se vería injustamente beneficiado, dejando de cancelar una sentencia de condena con autoridad de cosa juzgada.

Contra dicho pronunciamiento formuló sus agravios la concursada. De dicho análisis se concluye en que a la incidentista sólo le corresponde el 25% de la acreencia, de igual modo que lo insinuara Lorena Verónica Raimondo.

De esta manera, la apelante centró su reproche en que la resolución en crisis contradice la normativa del Código Civil, reiterando el argumento de que se trata de una obligación simplemente mancomunada de objeto divisible, que conforme a lo previsto en el art.674 se divide por partes iguales entre los acreedores o deudores, según se trate de pluralidad activa o pasiva.

Al no surgir un modelo de distribución de la sentencia que condena a indemnizar, que hubiere justificado una distribución diferente, se agravia porque el A quo habría inferido un acuerdo que no existió para justificar su resolución, y que de haberse celebrado, no le resultaría oponible a la concursada.

Por su parte el Síndico, en la vista corrida, agrega que la incidentista estaría planteando un derecho de acrecer que no se encuentra regulado, además, que no se acreditó elemento alguno que justifique un modo de distribución distinto al que surgiría de considerar a las obligaciones simplemente mancomunadas.

Respecto a las insinuaciones de los dos restantes hijos, Natalia Mabel Raimondo y Diego Luis Raimondo, arguye que podrían haber reclamado idéntica porción, pero al haberlo hecho únicamente por el 16,66 % cada uno, por el principio de congruencia, no puede acordarse más allá de lo peticionado en la verificación, ya que a la misma se le aplican las mismas reglas que a la demanda (conf. art. 243 del CPCCSF y el art 278 de la LQC).

8.Planteada en tales términos la cuestión a resolver, y a los fines de dirimirla, corresponde determinar en primer término la causa del crédito cuya admisión se encuentra en disputa en el presente incidente.

Para ello, partimos de considerar que la misma no reside en la sentencia en sí traída a consideración, sino en el hecho o acto jurídico, del cual se generó esa obligación insatisfecha a cargo del deudor.

En tales términos se señala como causa al hecho ilícito que tuvo por víctima al esposo y padre de los acreedores y que derivó en un proceso judicial mediante el cual se condenó a la concursada a abonar los daños y perjuicios irrogados.

Corresponde, entonces, indagar cuál constituye el modo en que los sujetos activos de dicha relación debían participar del monto indemnizatorio al que fue condenado el Club deudor.

9. Lo cierto es que la pauta distributiva correcta de la indemnización debería haber sido el daño efectivamente padecido por cada uno de los actores, tal como fuera reclamado originariamente en la demanda.

Sin embargo, en la sentencia de grado dictada en los autos “Raimondo, Silvia Mabel R. de c/ Club Atlético Susanense y/u otros s/ Ordinario” (Expte. 1208/1999) en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito de San Jorge, el Juez A quo omitió distribuir el monto reconocido en la proporción demandada, condenando a una suma total para todos los accionantes, sin formular ningún tipo de distinciones (v. fs. 339/344vta).

Dicho temperamento fue consentido por los accionantes que dejaron firme el pronunciamiento respecto a la modalidad de distribución reseñada, y de ese modo, quedaron legitimados sólo a reclamarla en partes iguales.Amén de ello, y contradiciendo la conducta antes señalada, al momento de la ejecución de la sentencia asumieron posturas diferentes.

Como se reseñó oportunamente, Lorena Raimondo reclamó por su cuenta un 25% de la indemnización, mientras que la esposa, en conjunto con sus hijos Natalia Mabel y Diego Luis, lo hicieron, respectivamente, por el 50% la primera y por el 16,66% cada uno de los restantes.

Los tres últimos nombrados iniciaron el apremio de ejecución de sentencia, siguiendo un parámetro de distribución propio del derecho sucesorio para los bienes gananciales del causante.

Al respecto, autorizada doctrina plantea que la indemnización prevista en los arts. 1.084 y 1.085 del C.C. refiere acciones iure propio, por lo cual se debe indemnizar el daño efectivamente padecido para cada legitimado, careciendo de toda influencia el derecho hereditario de cada pretensor al respecto, por lo que no corresponde atenerse a la porción que en virtud de la vocación hereditaria le hubiera correspondido a cada legitimado en la división de la herencia. Así, se observa que no resulta acertada la postura de distribuir analógicamente la indemnización como si se tratara de una distribución de bienes gananciales (mitad al cónyuge supérstite y el resto dividido entre los hijos en partes iguales); sin embargo, se citan precedentes judiciales en sentido contrario, así: CNCiv., Sala F, 18/6/70, ED 36-19; CNCiv. , Sala D, 6/8/74, LL, 1975-B-263 (conf. comentario al art. 1.085 por Zavala de González, Matilde en “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”. Dirección Alberto J. Bueres, T° 3 A, pág. 274, Hammurabi, Bs.As. 1.999).

No obstante, cobra relevancia en el presente decisorio la admisión formalmente expresada por el Club accionado que aceptó expresamente la distribución propuesta por la madre y dos de sus hijos en el incidente de apremio (fs. 49), correspondiendo analizar dicha contingencia a la luz de los agravios formulados.

10.En lo sustancial, los agravios de la apelante, radican en que el a quo consideró la existencia de un acuerdo entre los acreedores que no fue tal, y que además, en su caso, les hubiera resultado inoponible.

Parte de afirmar que al no existir una cesión de derechos, por imperio del art. 692 y cc. del Código Civil, tal supuesto trato resultaría inoponible, máxime cuando consideran que se trata de derechos litigiosos y que por tanto una cesión debería haberse instrumentado mediante escritura pública; en razón de ello, consideran que no puede reconocerse un derecho a acrecer no regulado para el caso, y no existiría pasivo concursal si el mismo no fue reclamado oportunamente.

Para determinar la procedencia de tales agravios, es menester indagar debidamente qué alcances debe otorgarse a la demanda de apremio en la cual se reclamaron distintos porcentajes para cada actor, como así, a la conformidad prestada por el deudor a dicho acto.

La sentencia de grado y la liquidación aprobada constituían el título ejecutivo hábil para llevar adelante la ejecución, conforme lo normado por los arts. 507 y cc. del CPCC. Del mismo surgía que a los accionantes les correspondía el 25% de la acreencia a cada uno de ellos.

Sin embargo, en la demanda incidental los actores por medio de apoderado, manifestaron a fs. 39 que la liquidación aprobada en el principal era reclamada en distintos porcentajes por cada uno de ellos; ello implica que la pretensión procesal del apremio consistió en sumas que no reflejaban la distribución del título ejecutivo.

Corrido el traslado al deudor -hoy concursado-, también mediante apoderados, no sólo se anoticia de la modalidad en que había sido articulada la pretensión, sino que además expresamente presta su conformidad con la pretensión esgrimida, al punto que a fs. 49 vta. transcribe el modo de distribución propuesto y a renglón seguido manifiesta:”Del detalle practicado hasta aquí nuestra parte no tiene objeciones que formular.”

De sendos actos procesales se puede colegir, que se produjo un allanamiento del deudor a la pretensión material de los accionados respecto al modo en que éstos se distribuyeron la acreencia reconocida originariamente como una obligación simplemente mancomunada de objeto divisible, sin que, como consecuencia de ello, se vieran afectados principios de orden público, ni pueda presumirse que se trató de un concilium fraudis (conf. C.Nac. Com., sala D, 17/2/1986, “Establecimientos Carballo S.A. s/conc. preventivo, s/inc. de revisión por Banco Financiero Ar gentino, LL 1986-C-105)

En efecto, al existir una manifestación de voluntad expresa de los actores del apremio sobre el modo en que se distribuyeron una acreencia que les correspondía en partes iguales, sin perjuicio del nomen iuris que se le asigne a dicha conducta, como si la misma tuvo como intención una liberalidad, lo cierto es que la pretensión procesal del apremio significó una ampliación del monto originariamente correspondiente a la madre y una consecuente resignación de las porciones de los hijos actores.

Si el A quo hubiera dictado sentencia del apremio, sin perjuicio de lo que expresara el título ejecutivo, el contenido no podía haber sido otro que reflejar la pretensión material esgrimida por los accionados, conformada por la voluntad explícitamente declarada por el deudor allanado, pues de otro modo la resolución habría sido tachada de incongruente.

Asimismo, ante el allanamiento referido, si los accionados hubieran insinuado sus créditos desconociendo dicha instancia procesal precluida, se les podría haber hecho valer en el concurso, de un modo contrario de lo aquí ventilado.

A juicio de este Cuerpo, no se exigía ninguna formalidad adicional al modo en que se planteó la pretensión material del apremio. En especial, se considera que no se trató en el caso de un supuesto de cesión de derechos o acciones litigiosas que hubiera requerido elevarse a la solemnidad de escritura pública, conforme lo dispone el art. 1.455 del Código Civil.Tratándose de la etapa de ejecución de una sentencia que había adquirido autoridad de cosa juzgada, la acreencia ya se encontraba incorporada de forma definitiva e incuestionable en el patrimonio de los hijos actores, por lo que el carácter de litigiosa, entendida como la obligación condicionada a un debate y posterior resolución de un órgano jurisdiccional, ya había fenecido para tornarse en una obligación pura y simple, susceptible de ser objeto de actos patrimoniales de disposición, como todo derecho subjetivo patrimonial.

De otro modo, el desconocimiento del deudor de la conformidad expresada a fs. 49 vta. del juicio de apremio resultaría a juicio de esta Sala violatorio del más elemental principio de buena fe y de la doctrina “venire contra factum proprium non valet” que emana del mismo, pues si el deudor no opuso ningún reparo y ratificó el modo de distribución de la acreencia por los accionantes significa que se allanó a dicha modalidad, no correspondiendo que en esta sede venga a cuestionarla, sin alegar un agravio suficiente que autorice su revisión (conf. Juzg. Proc. Conc. y Registros Mendoza, N. 1.11/02/2004, “Maldonado SACI”, LL Gran Cuyo 2004-715).

No se advierte por tanto agravio alguno a los intereses del deudor, pues de la demanda de apremio y de la morigeración efectuada en el incidente de revisión por la que se reclama únicamente el saldo, deducidos los porcentajes insinuados por los hijos, resulta de un modo incontrastable que no se pretende suma alguna que supere el monto de la indemnización establecida, no existiendo riesgo cierto de pagar en demasía o a quien no es acreedor.

Tampoco se avizora que lo expresado resulte inoponible a la masa, ya que la causa de la obligación no se encuentra discutida y la distribución en partes iguales o en los términos resultantes de la cesión, no modifica ni perjudica a terceros acreedores, máxime cuando se trata de un crédito fundado en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, en la cual el deudor fue parte y pudo ejercer debidamente todas sus garantías de defensa, lo que obsta a considerar algún supuesto de fraude procesal y por tanto resulta perfectamente oponible erga omnes (conf. Cámara 1ra. Civil y Com. de Bahía Blanca, Sala I, 17-8-99 “SENASA en Conti Larraburu y Cía. SRL s/ Quiebra”, LLBA 2000-37).

De otro modo, sólo cabría interpretar, como lo plantea la Sindicatura (fs. 106 segundo párrafo), que los hermanos Diego Luis y Natalia Mabel Raimondo renunciaron parcialmente a la porción que les correspondía de la indemnización, temperamento que no resulta de las actuaciones, sobre todo de sus pedidos de verificación obrantes a fs. 29/34, donde son consecuentes en referir al modo en que en el apremio distribuyeron con su madre la liquidación del proceso principal. Además, tal presunción viola la expresa regla que impone el art. 874 del Código Civil en el sentido que la renuncia no se presume y que la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva.

11.Debe considerarse además, si existe algún reparo legal o resulta violatorio del principio de congruencia el hecho que la incidentista insinuara en primer término en el pedido de verificación la suma de $ 340.308,40.- y luego en el incidente redujera su pretensión a la suma de $ 283.590,34.-.

Dicho proceder fue justificado por la incidentista, según sus dichos, por entender que era lo que le correspondía luego de tomar conocimiento de que su hija Lorena había formulado su insinuación por el 25% de la indemnización, atento a lo cual, dedujo a lo originariamente pretendido los montos insinuados por todos sus hijos.

Se considera que en oportunidad del incidente de revisión, si bien se pueden introducir nuevas argumentaciones, en principio, no corresponde ampliar el reclamo originario; es decir, se podrá formular un nuevo examen, incluso desde otros enfoques y valorándose distintas pruebas, pero el marco se encuentra acotado a la pretensión ejercida en la verificación (conf. Cámara, Héctor: “El Concurso Preventivo y la Quiebra – Comentario a la Ley 24.522 y modif.”, segunda edición actualizada, T° I, pág. 737, Edit. LexisNexis, Bs. As., 2.004; también Graziabile, Darío: “Régimen Concursal – Ley 24.522 Actualizada y comentada”, T° II, pág. 173, Edit. Abeledo Perrot, Bs. As., 2014).

Sin embargo, la incidentista no amplió el monto del crédito originariamente insinuado, ni mucho menos varió su causa, ni arguyó pruebas no existentes, sino que al advertir el modo en que insinuó su crédito Lorena Raimondo, hecho del cual tomó conocimiento obviamente luego de la verificación intentada, necesariamente debió echar mano a un criterio de apreciación distinto del monto, pero reduciéndolo, por lo que no se traspasa el límite del ámbito de la revisión, ya que en esta sede no se debate un pronunciamiento más allá de lo originariamente insinuado (conf. Sup. Corte Just. Mendoza, Sala 1a., 10/8/87, “Carros S.R.L. y otros c. Dalvian S.A.y otros, con nota de Rouillón, Adolfo “Otra vez sobre poderes judiciales y principio de congruencia en el proceso concursal” JA 1988-III-566).

La corrección del monto tempestivamente verificado por una causa justificada y de la cual se tomó conocimiento con posterioridad a la verificación, no constituye a juicio de este Cuerpo una variación de la causa petendi, por lo que no se considera violado el principio de congruencia en el caso, ya que, en conjunto, los actores no insinúan suma alguna más allá del total de la sentencia condenatoria.

12. Por último, corresponde tratar el cuarto agravio por el cual se señala que el a quo modificó a través de la resolución apelada el criterio que había mantenido en la resolución del art. 36 de la LCQ, no habiéndose aportado prueba que autorice dicha modificación de proceder.

Se adelanta que el mismo no puede prosperar.

Para ello, debe tenerse presente que el objeto del incidente previsto en el art. 37 de la LCQ es revisar la resolución del art. 36 de dicha norma, en la misma instancia en que se la dictó y sólo está delimitado su objeto por el originario pedido de verificación. Como se dijo en el punto anterior la morigeración del monto, no significó mutación de la causa petendi (conf. Rivera, Julio C.; Roitman, Horacio; Vitolo, Daniel Roque: “Ley de Concursos y Quiebras”, cuarta edición actualizada, T° II, pág. 215, Edit. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2.009).

Por lo demás, se considera que la materia a ventilar es particularmente amplia y comprende todo lo que haga a la composición de la masa pasiva (conf. C.Civ. Com. Familia y Trabajo Marcos Juárez, 17/12/2001, “Cortese de Claramonte, Máxima E.”, LLC 2003-257, nro. 550-S), habiéndose considerado que la revisión es procedente aún cuando no se funde en la producción de nuevas pruebas o cambio de las circunstancias, sino simplemente en un criterio de apreciación disímil (conf. C. Nac.Com; Sala E, 25/4/2005, “Sociedad Española de Beneficencia -Hospital Español- s/ con. prev. s/ inc. de revisión por Giannaula, Rolando”, RSC 35-171).

13. Por las razones expuestas, resulta procedente que se acoja la pretensión de la incidentista -como lo hiciera el Juez de la anterior instancia-, aunque por diferentes fundamentos, ya que la misma demostró ser titular del derecho subjetivo consistente en el saldo de la indemnización reconocida, deducidas las insinuaciones de los demás actores.

En consecuencia, cuanto corresponde es declarar desierto el recurso de nulidad y rechazar el recurso de apelación impetrado, confirmando la resolución en crisis emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial Nº 11 de San Jorge (v. fs 55/56), con costas a la vencida a tenor de los normado en el art. 251 del C. P. C. y C.

Por ello, la SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESUELVE: 1) Declarar desierto el recurso de nulidad interpuesto. 2) Rechazar el recurso de apelación impetrado y, en consecuencia, confirmar la resolución emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial Nº 11 de San Jorge (v. fs 55/56), con costas a la vencida (conf. arg. 251 C.P.C. y C.). 3) Los honorarios de Alzada se liquidarán en la proporción establecida en el artículo 19 de la ley 6.767, modificada por la Ley 12.851, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.

Insértese, hágase saber, bajen.

FABIANO VARGAS DE CÉSARIS

(En abstención)

PENNA

(Secretaria)

ABSTENCION DE LA DRA. DE CÉSARIS:

Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.

DE CÉSARIS

PENNA

(Secretaria)

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