Responsabilidad concurrente de Edesur y la propia víctima por su muerte por electrocución al tocar cables descalza luego de una tormenta.

electrica redPartes: Fontana Diego c/ EDESUR S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 28-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-93462-AR | MJJ93462 | MJJ93462

Si bien la empresa de energía eléctrica logró probar la negligencia de la víctima en la producción de su muerte, no logró demostrar la ruptura completa del nexo causal, por lo cual existe responsabilidad de ambas. Cuadro de rubros indemnizatorios.

mmmm

Sumario:

1.-Corresponde admitir parcialmente la demanda y condenar a la empresa a indemnizar al actor por la muerte de su madre a raíz de un paro cardio respiratorio traumático por electrocución ya que si bien se comprobó que la negligencia en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas fue culpa de la prestataria del servicio, se concluyó que la propia víctima contribuyó a su muerte al salir descalza y tocar cables luego de una fuerte tormenta, por lo cual la responsabilidad se distribuye en partes iguales.

2.-Debe atribuirse la culpa de forma parcial a la demandada por desatención en sus deberes de diligencia, los cuales son mayores por su carácter de profesional en la actividad.

3.-Corresponde elevar la suma fijada (de $8.800 a $36.000) en concepto de tratamiento psicológico a raíz de la pericia médica que sugiere un tratamiento de dos años por haber sufrido el actor un 40% de incapacidad, rechazando el rubro de daño psíquico por no considerarlo un rubro autónomo, en particular cuando se otorgó una indemnización para cubrir los gastos de tratamiento psicológico.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2015, se reúnen los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial de la Nación para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe. De conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo:

1. La sentencia de fs. 910/912 rechazó la demanda deducida por el señor Diego Fontana de resarcimiento de daños y perjuicios contra la empresa EDESUR S.A. -y la aseguradora citada en garantía, Generali Compañía de Seguros S.A.-, generados por el fallecimiento de su madre -señora E.L.L.- a causa de un accidente sufrido el 17 de diciembre de 2006 en su domicilio (paro cardio respiratorio traumático por electrocución). Para así decidir, el señor juez a quo, consideró que la descarga eléctrica que provocó la muerte de la madre del actor fue consecuencia del mal estado de la instalación eléctrica domiciliaria, en condiciones agravadas por una noche de tormenta. Sostuvo, además, que la responsabilidad de las empresas distribuidoras de energía por el control y mantenimiento de las instalaciones, se extiende hasta la conexión de ingreso al medidor del usuario o propietario del inmueble, en tanto el cuidado y mantenimiento de los dispositivos de seguridad del tablero principal de la vivienda y demás instalaciones internas corresponde al usuario/propietario, tal como lo determina el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica para Edesur y Edenor S.A. del ENRE. En estas condiciones, el señor juez a-quo concluyó que no existía relación adecuada de causalidad entre las conductas atribuibles a la empresa distribuidora y el fallecimiento de la señora E.L.L., lo cual conducía al rechazo de la demanda, con costas a la demandante (fs.919).

2. Este pronunciamiento fue apelado por la actora a fs. 916. Dicho recurso – concedido a fs. 917- se encuentra fundado a fs.928/938 y respondido por la citada en garantía Generali Compañía de Seguros S.A. a fs. 942/943.

3. Los agravios del actor pueden ser presentados del siguiente modo: a) el juez de grado ha olvidado referirse al hecho de que la instalación eléctrica bajo responsabilidad de la distribuidora estaba, asimismo, en malas condiciones y que la instalación domiciliar estaba expuesta a simple vista, es decir, resultaba de directa verificación sin necesidad de ingresar al inmueble; b) la empresa Edesur no cumplió con la función de supervisión propia de su actividad, sino que actuó con ‘culpa in vigilando’ y, al haber omitido reportar las irregularidades, evitó que, por la vía correspondiente, se intimara al usuario a realizar las correcciones imprescindibles en la instalación, lo que hubiera evitado el siniestro; c) no se ponderó debidamente lo dispuesto en el Reglamento de Suministro, que marca ciertos supuestos en los que la distribuidora está obligada a inspeccionar la instalación interna domiciliaria, a saber, al disponer el “alta de servicio” y al advertir irregularidades que sean detectables a simple vista; en ambos casos, la distribuidora debía exigir conductas de rectificación; d) existe violación de la protección que merece el consumidor, como así también de la garantía de recibir una información adecuada y veraz para su propia seguridad (art. 42 de la Constitución Nacional); y e) no se comprende la decisión sobre las costas, habida cuenta que el a-quo ha concedido oportunamente el Beneficio de Litigar sin Gastos.

4. Me parece oportuno recordar que, conforme a un criterio aceptado y utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino únicamente en aquéllas que, a su juicio, resultan decisivas para la correcta resolución de la contienda (doctrina de Fallos 280: 320; 303: 2088; 304; 819; 307:1121; esta Sala , causas n° 638 del 26/12/89 y sus citas, 1071/94 del 5/7/94, 11.517/94 del 28/8/97, 4093 del 25/11/97, 17.543/96 del 5/3/98, 8237 del 4/4/2002, 42032/95 del 26/8/03, 610/03 del 23.5.06, 6234 del 31/8/06, entre otras).

5. Diré, en primer lugar, que encuentro infundada la petición que la citada en garantía formula en su contestación de fs. 942/943, respecto de la deserción del recurso de su contraria. Entiendo que la actora ha individualizado de manera correcta sus impugnaciones contra la sentencia y que, por tanto, el memorial presentado por el apoderado de la demandante satisface las exigencias formales contenidas en el art. 265 del Código Procesal (esta Sala, causas 4782/97 del 24/3/98, 2150/97 del 16/11/00, 6554/02 del 17/4/2007, 11.423/04 del 14/12/10, 7234/08 del 27/2/14, entre otras).

6. A los fines de dilucidar la cuestión debatida, haré un breve resumen de hechos que resultan del expediente penal n° 13-00-316612-06 “S/ Averiguación de causales de muerte”, y de las condiciones técnicas de la instalación, tal como se ha informado en la pericia del ingeniero Chavarría, designado en estos autos.

De la citada causa penal, se pueden extraer las siguientes conclusiones: I) se trató de una muerte por paro cardio-respiratorio traumático, a consecuencia de una electrocución (cfr. conclusiones de autopsia fs.538); II) se trataba de un día nublado y húmedo, producto de la fuerte tormenta que tuvo lugar a lo largo de toda la noche anterior; III) la víctima se hallaba descalza; IV) a unos tres metros de altura de donde se hallaba la víctima “se encuentra una media sombra sostenida por tres hileras de alambres de fardo que cruzan a lo largo, los que se hallan adheridos a la pared mediante ganchos empotrados, observando que dicha media sombra se encuentra desprendida en uno de sus extremos, como si el temporal acaecido la hubiera afectado y presumiblemente desprendido uno de los alambres que colgaba junto a la víctima” (cfr. fs. 507 vta/ 508); V) en el extremo derecho del último de los alambres que sostenía la media sombra, adherido a la pared, se encuentra un farol colgante, también adherido a la misma pared, siendo que el cable que le conduce electricidad pasa por encima del gancho metálico que sujeta el alambre, tomando contacto con el mismo, pudiendo en tal sentido ser agente conductor de electricidad a los alambres que sujetan la media sombra; y VI) un alambre que colgaba se hallaba pegado al brazo de la víctima, pudiendo ser el conductor de la descarga eléctrica que ocasionó la muerte.

Por otra parte, el dictamen pericial producido en autos resulta relevante para reconstruir el estado de cosas que coadyuvó a la producción del siniestro fatal.

7. El perito ingeniero Luis A. Chavarría, en su informe de fs. 666/724 y contestación de impugnaciones de fs. 738/739, arribó a las siguientes conclusiones: I) las instalaciones eléctricas de EDESUR se extienden desde la línea de alimentación principal en la columna de la red pública de distribución de energía eléctrica, hasta el caño galvanizado normalizado de bajada al gabinete del medidor, siguiendo por medio de caño embutido hasta el gabinete del tablero principal que se encuentra sobre la pared medianera a un metro aproximadamente del pilar del medidor (cfr. fs. 706 vta.más croquis); II); el gabinete del medidor no es del tipo reglamentario exigido por la distribuidora; cuenta con tapa acrílica transparente y su cierre no es hermético; tampoco posee conexión de puesta a tierra. Con esta instalación, el medidor está expuesto a las inclemencias climáticas con el potencial peligro de seguridad eléctrica para las personas (cfr. fs. 708); III) el tablero principal y los elementos de protección que lo componen no cumplen con la Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (cfr. fs. 708); IV) la Distribuidora debe efectuar el suministro en un solo punto y, antes de habilitarlo, debe asegurarse del cumplimiento de todas las exigencias para la seguridad eléctrica de las personas (fs. 715); en el caso, los requisitos previos no fueron exigidos al titular del inmueble; y V), según el dictamen del experto, cuando se realiza la lectura del medidor, cambio de medidor, inspección periódica la columna de Red Pública de Distribución, se puede detectar con facilidad que la instalación eléctrica domiciliaria se encuentra fuera de toda normativa y su irregularidad es evidente sin necesidad de ingresar en el domicilio (fs. 715 vta.).

8. Teniendo en cuenta las constancias reseñadas, mi conclusión es que el resultado fatal fue fruto de conductas negligentes desplegadas tanto por la víctima de la descarga eléctrica, como así también por la empresa responsable del servicio de distribución domiciliar de energía eléctrica.

La precariedad y la irregularidad de las instalaciones domiciliares y la imprevisión y descuido de la señora E.L.L, están demostradas en las constancias penales y en este expediente. Existía una media sombra atada con alambres que estaban en contacto con un farol del mismo patio de la vivienda de la víctima, quien, al manipular uno de estos alambres la mañana siguiente a un temporal, descalza, sufrió una descarga eléctrica que provocó su deceso.Puede concluirse que el actuar de la víctima ha contribuido en la producción del daño (esta Sala, causa n° 4423/93 “Martínez Fernando Javier c/ SEGBA S.A. y Otros s/ Responsabilidad por Daños”, del 15/7/03). Sin embargo, a mi juicio, esa conducta no ha interrumpido totalmente el nexo causal entre el resultado final y las omisiones que son atribuibles a la empresa Edesur S.A.

En efecto, el dictamen del experto, ingeniero Chavarría, es contundente en cuanto al carácter ostensible de las irregularidades del medidor y de su gabinete, fácilmente observable por los dependientes de la empresa Distribuidora al realizar su trabajo en el ámbito de su incumbencia. En efecto, el experto ha transcripto el artículo 25, inciso Y del Contrato de Concesión de 1992, relativo a Obligaciones de la Distribuidora, que establece: “.la distribuidora tendrá la obligación de instruir a su personal vinculado con la atención conservació n, lectura, cambio, etc., de medidores, equipos de medición, conexiones y otros, sobre su responsabilidad inexcusable de informar anormalidades que presenten las instalaciones comprendidas entre la toma y el primer seccionamiento (tablero).” (fs. 738). La instalación de dispositivos de protección (llave interruptora electromagnética, disyuntor diferencial, fusibles, conexión de puesta a tierra), debió de haber sido controlado al tiempo de la instalación del medidor y antes de la habilitación del servicio y también en inspecciones periódicas (fs. 739). Si estas condiciones se hubiesen cumplido satisfactoriamente, se podrían haber evitado las consecuencias del siniestro.

Por incumplimiento de sus obligaciones al tiempo del alta del servicio (cfr. Anexo de la disposición 509/DGFOG-99), y por su carácter de empresa profesional que debió detectar la irregularidad manifiesta, entiendo que la demandada también compromete su responsabilidad frente al usuario, y responde por sus omisiones en los términos de nuestro Código (doctrina de esta Sala causa n° 2992/02 “Camino, Olga Virginia y otro c/ Edenor S.A.y otros s/ Daños y Perjuicios” , del 23/10/08). La omisión de reportar las evidentes irregularidades (que hacían totalmente innecesario el ingreso a la vivienda para advertir el peligro), supone una desatención culpable de los deberes de diligencia -mayores cuando se pondera el conocimiento técnico de los dependientes de la demandada frente a las limitaciones y precariedad de los usuarios (art. 902 del Código Civil)-, todo lo cual compromete, a mi juicio, la responsabilidad civil solidaria de la prestadora del servicio de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 310:2103 y 315:690, y con la doctrina de esta Sala, causa n° 2992/02 del 23/10/08, voto del Juez Dr. de las Carreras).

En suma, si bien el defectuoso estado de las instalaciones internas del inmueble son responsabilidad del usuario o propietario de la finca, también es cierto que el estado del medidor de energía y de las instalaciones desde el medidor hacia el espacio público es responsabilidad de la empresa prestataria del servicio, titular o guardián de la electricidad, que se asimila a una cosa riesgosa. En el contexto de autos, en ocasión de cumplir las verificaciones sobre las instalaciones a su cargo, era imposible que los técnicos de la Distribuidora omitiesen la detección de las irregularidades que convertían a la electricidad en un peligro para los habitantes de la vivienda. Repetidamente la jurisprudencia ha sostenido que la electricidad presenta una faceta de riesgo claramente evidenciado y ha considerado procedente la aplicación del artículo 1113, segundo párrafo, última parte, del Código Civil (conf.Jalil Julián E., “La energía eléctrica como cosa riesgosa”, La Ley 2010-B-627 y sus citas). Por tanto, la empresa que suministra energía eléctrica debe extremar las precauciones para que el servicio público se cumpla en las mejores condiciones de seguridad, supervisando los elementos riesgosos para que no causen daños a terceros (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, causa “Betancor Lidia Alejandra c. Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos y otros s/daños y perjuicios”, del 12/7/2012, y sus citas). En esta causa, la empresa ha probado la injerencia de la víctima en la producción del desenlace fatal; sin embargo, según el informe del experto, tal intervención no ha roto totalmente el nexo causal, puesto que, de haber existido los elementos de protección en condiciones eficientes, el resultado de la descarga eléctrica hubiera podido resultar mucho menos nocivo. En suma, entiendo que no hay culpas exclusivas sino que existe corresponsabilidad de la demandada y de la señora E.L.L.

De lo expuesto, surge que la sentencia deberá ser revocada, haciendo lugar parcialmente a la demanda entablada por Diego Fontana contra la empresa EDESUR S.A., a quien se hace responsable del 50 % del daño, atribuyéndose el restante 50% a la culpa de la víctima.

9. Resta, entonces, cuantificar los daños. El actor solicitó en su escrito inicial la indemnización de los siguientes rubros: daño psicológico ($35.000), tratamiento psicológico ($8.800), daño moral ($100.000) y reintegro de gastos de sepelio ($1.500). Los montos fueron sometidos a lo que en más o menos resultara de las probanzas de la causa.

La pericia agregada a fs. 804/814 arrojó un diagnóstico de “trastorno psicótico paranoide” y estimó un 40% de incapacidad. La Dra.Elvira Mónica Bale dejó asentado que existía una patología de base pero que “luego del evento acecido se desencadena la enfermedad, es decir, la posibilidad de desarrollar dicha enfermedad es preexistente, pero el desarrollo de la misma surge luego del fallecimiento de su madre, es decir, esta enfermedad pudo no haberse manifestado, si no hubiera existido un evento que lo desencadenara” (cfr. fs. 811). La especialista ha puntualizado que el actor “Requiere realizar tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico en forma inmediata y continua dada la gravedad del estado actual (.), con una frecuencia mínima de 2 sesiones por semana, en forma continua, por un periodo mínimo de por lo menos 2 años, dependiendo de su evolución, y luego control mensual de por vida, cuyo costo aproximado es de $180 cada sesión (.)” (cfr. fs. 811). El cálculo estimado, con sustento en el dictamen pericial asciende a $36.000 para realizar el tratamiento indicado.

En relación a los “gastos de sepelio”, considero que la indemnización por dicho rubro debe prosperar pues comparto la tendencia amplia que ordena la reparación aunque los montos no hayan sido concretamente probados, y admito su fijación en el monto estimado por la actora puesto que se trata de gastos que necesariamente debieron hacerse (conf. Belluscio Augusto C., “Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado”, tomo 5, comentario de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, pág. 197.Esta Sala, causa n° 3202/97 del 20/5/03). En tales condiciones, la estimación de $1.500, conforme a lo solicitado por la demandante, es prudente y adecuada a las particularidades fácticas de la causa, por lo cual corresponde su admisión.

Destaco que esta Sala no reconoce, como regla general, la existencia de una categoría autónoma de “daño psíquico”. Ello es así pues la incapacidad afecta al ser humano como una unidad, con proyecciones que pueden orientarse hacia la esfera patrimonial o, lo que es más probable, hacia un agravamiento de los padecimientos espirituales (esta Sala, causa 3309/del 14/3/00; causa 10.320/01 del 30/10/08; entre otras). En el presente caso, no encuentro justificado un reconocimiento como rubro autónomo, máxime que se ha admitido en forma independiente la suma necesaria para afrontar los gastos de tratamiento psicológico futuro.

Con relación al agravio moral, las circunstancias en que se desarrolló el infortunio que culminara con la muerte la madre del accionante, resultan realmente conmovedoras y, por tanto, susceptibles de ser consideradas especialmente a los efectos de su reparación moral. Sabido es que el daño moral existe cuando se lesionan derechos de las personas que son extraños a valores económicos, esto es, cuando el agravio incide en las afecciones legítimas: la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares.Su reparación tiene carácter resarcitorio y no sancionatorio, pues se procura establecer una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del daño moral sufrido (Zavala de González, M., “Cuánto por daño moral”, La Ley 1998-E-1057).

Teniendo en cuenta lo expuesto, y atendiendo, además, a las particularidades de la familia que conformaban -el padre ya había fallecido-, la edad de la señora víctima fatal de hecho (58 años), y las demás condiciones particulares del actor (desocupado, vivía con sus padres, existía una “fuerte unión con su madre, por lo cual luego de la muerte de la misma, el actor desencadena su estado actual”; fs. 810), son referencias objetivas de los trastornos espirituales del demandante, y me convencen de fijar la indemnización por este rubro en la suma de $ 100.000.

En conclusión, el monto total de condena es de $137.500. Sin embargo, teniendo en cuenta la responsabilidad atribuida a cada una de las partes (50%), la suma que deberá afrontar la demandada EDESUR S.A. y su citada en garantía, Generali Compañía de Seguros S.A. -quien responderá en la medida del seguro contratado (cfr. Póliza n° 2800-0008091-01 acompañada a fs. 361/386)- será de $68.750.

10. Dicha suma -con excepción de los gastos futuros- devengará intereses a la tasa del 6% anual desde el día del fallecimiento de la señora E.L.L. y hasta que adquiera firmeza la presente sentencia. A partir de entonces y hasta el efectivo pago, los intereses serán liquidados a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días. Excepción a lo anterior lo constituye el capital conferido para atender gastos de tratamiento futuro, que llevarán accesorios a partir de los diez días de quedar firme la presente sentencia.

11. Al actor le fue otorgado el Beneficio de Litigar sin Gastos el 18/2/09 (cfr. expte.N° 8353/2007, que tengo a la vista). Al respecto, cabe recordar que tal circunstancia no modifica el régimen de costas a que se refieren los arts. 68 y siguientes del Código Procesal, sino que sólo importa diferir el pago de las costas y gastos hasta que el beneficiario mejore fortuna, aun cuando no cualquier mejoría económica es suficiente como para dejar sin efecto tal beneficio, sino aquélla que le permite salir de la situación de carencia de recursos que en su momento el juez consideró para concederlo (cfr. esta Cámara, Sala 3, causas n° 8536 del 97/4/92, 6171/05 del 15/5/07; Sala 1, causa n° 10251/04 del 22/11/05). Ahora bien, el modo en que dirimo los agravios y la existencia de vencimientos recíprocos, hacen que sea de aplicación el art. 279 del Código Procesal y que las costas de ambas instancias sean distribuidas en el orden causado, de acuerdo a los vencimientos recíprocos (art. 71 y 279 del Cód. Procesal). El régimen propio del beneficio otorgado sólo podrá operar, si correspondiera, sobre ese supuesto. Por lo expuesto, expreso mi voto en el sentido de admitir parcialmente los agravios de la parte actora, revocar la sentencia apelada y condenar a la empresa demandada EDESUR S.A. y su citada en garantía, Generali Compañía de Seguros S.A. -quien responderá en la medida del seguro contratado (cfr. Póliza n° 2800-0008091-01 acompañada a fs. 361/386)-, a pagar al actor la suma de $68.750 (sesenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos). Dicha suma devengará intereses en los términos de lo dispuesto en el considerando 10 de este voto. Con costas de ambas instancias en el orden causado (art. 71 y 279 del Cód. Procesal).

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni adhiere al voto que antecede.

En mérito al resultado del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: admitir parcialmente los agravios de la parte actora, revocar la sentencia apelada y condenar a la empresa demandada EDESUR S.A. y su citada en garantía, Generali Compañía de Seguros S.A. -quien responderá en la medida del seguro contratado- a pagar al actor la suma de $68.750 (sesenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos). Dicha suma devengará intereses en los términos de lo dispuesto en el considerando 10 del voto de la Vocal preopinante. Con costas de ambas instancias en el orden causado (art. 71 y 279 del Cód. Procesal).

El doctor Francisco de las Carreras no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta.

Ricardo Víctor Guarinoni

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s