Responsabilidad de la Municipalidad por los daños sufridos por el actor al caérsele encima una rama mientras circulaba en bicicleta.

bicileta nenePartes: Barrionuevo Diego Mauricio c/ Municipalidad de Maipu s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Quinta

Fecha: 29-jun-2015

Cita: MJ-JU-M-93394-AR | MJJ93394 | MJJ93394

Responsabilidad de la Municipalidad por los daños sufridos por el actor al caérsele encima una rama mientras circulaba en bicicleta. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Cabe condenar a la Municipalidad por los daños sufridos por el actor al caérsele encima una rama mientras circulaba en bicicleta, pues aun cuando una ley provincial hubiera transmitido la propiedad del arbolado que circunda los caminos sobre los cuales la Dirección Provincial de Vialidad tenga jurisdicción, el municipio apelante igual mantendría su responsabilidad por los daños causados por estos árboles, en tanto -por su función- no escapa de la calidad de guardián de los mismos.

2.-La jurisdicción que la Ley 6063 atribuye a la Dirección Provincial de Vialidad sobre los caminos y la propiedad del arbolado en nada se contrapone ni quita responsabilidad al municipio conforme lo dispuesto por dos normas de rango superior a aquélla, cuales son el art. 2344 del CCiv. y la Ley 1079 que regula la competencia y funcionamiento de las administraciones municipales.

3.-Más allá del relato del fuerte viento zonda que el día del evento dañoso se registró en prácticamente todo el territorio provincial, la demandada no puede pretender que los transeúntes (en vehículo, bicicleta o a pie) se recluyan en sus domicilios, quizá aceptando que el municipio no ha cumplido con su obligación de custodia de los forestales.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil quince, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, los Sres. Jueces titulares de la misma Dres. Adolfo Mariano Rodríguez Saá, Oscar Martinez Ferreyra y Beatriz Moureu, y trajeron a deliberación para resolver en definitiva la causa Nº 13-00478672-0 (010305-51218)., caratulada “BARRIONUEVO, DIEGO MAURICIO C/ MUNICIPALIDAD DE MAIPU S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, originaria del Vigésimo Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fojas 513 por la Municipalidad de Maipu y a fs. 520 por Fiscalía de Estado (desistido a fs. 553) ambos en contra la sentencia dictada a fojas 492/500.

Llegados los autos al Tribunal, a fojas 535/542 expresa agravios la Municipalidad de Maipú, contestados por la parte actora a fs. 545/550.-

Practicado el sorteo de ley, quedó establecido el siguiente orden de votación: Martinez Ferreyra, Rodriguez Saa y Moureu.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 160 de la Constitución Provincial y 141 del Código Procesal Civil, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTION: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR.MARTINEZ FERREYRA DIJO:

I.- La sentencia recurrida hace lugar a la acción por indemnización de daños y perjuicios promovida por el señor Diego Mauricio Barrionuevo en contra de la Municipalidad de Maipú, condenando a ésta última al pago de la suma de $ 367.000, con mas intereses.-

A fin de llegar a tal conclusión la señora Juez a quo establece, en primer lugar, la responsabilidad de la accionada, quien tiene la obligación del mantenimiento del arbolado público, sin perjuicio que en el caso de autos la misma sea compartida con la DPV, conforme la legislación vigente.-

Entiende que se encuentra debidamente probado el hecho generador del daño, en tanto los testimonios rendidos resultan suficiente indicio de la veracidad de los dichos del actor.-

Rechaza las eximentes de responsabilidad esgrimidas por la accionada, esto es el caso fortuito que podría haber significado el viento zonda que tiró la rama que golpea al actor, como así también la culpa de la víctima, a quien se culpa de circular en bicicleta en un día de viento zonda.-

Al momento de avanzar sobre la procedencia y montos de los rubros indemnizatorios, otorga la suma de $ 220.000 por incapacidad sobreviniente; la suma de $ 7.000 por gastos terapéuticos; la suma de $ 20.000, por gastos médicos futuros y la suma de $ 120.000 por daño moral.-

II.- Que, al fundar su recurso, la accionada se agravia por cuanto entiende la sentencia incurre en una contradicción ya que, en principio admite la legislación que otorga jurisdicción a la DPV para, luego, concluir que la misma también pertenece a su parte.-

Se agravia asimismo por cuanto se tiene por acreditado el hecho dañoso, siendo que ningún testigo vio la caída de la rama y que hubiera golpeado al actor.-

Se agravia en tanto se ha rechazado la invocada culpa de la víctima, reiterando que el actor conocía que el día del hecho correría viento fuerte, con el riesgo que ello implica, no obstante lo cual regresó en bicicletaa su casa.-

Se agravia por la admisión de los rubros indemnizatorios, como así también por los montos otorgados.-

Por último se agravia por cuanto se ha condenado al pago de capital mas intereses calculados a tasa activa respecto de montos estimados conforme las facultades que otorga el Artículo 90 inc. 7 del CPC.

III.- Que, adelantando opinión y a los fines de ordenar la exposición del presente voto, diré que el recurso en trato debe ser admitido parcialmente, modificándose el cómputo de los intereses de las sumas de condena y manteniéndose el resto del resolutivo atacado.-

En referencia al primer agravio y de la lectura de las consideraciones que efectúa la señora Juez a quo, advierto que no existe la contradicción a que se refiere la apelante, en tanto la jurisdicción que la ley 6063 atribuye a la Dirección Provincial de Vialidad sobre los caminos y la propiedad del arbolado, esta última conforme el Artículo 28 de la citada norma, en nada se contrapone, ni quita responsabilidad al municipio conforme lo dispuesto por dos normas de rango superior a aquella, cuales son el Artículo 2344 del Código Civil y la Ley 1079 que regula la competencia y funcionamiento de las administraciones municipales.-

Sobre esta última, la Ley de Municipalidades es clara en su Artículo 11 al reglar que “Las Municipalidades ejercen jurisdicción sobre todos los bines de uso público municipal, como ser plazas, calles, caminos.mientras dure el servicio público al que estén afectados, que los coloca fuera del comercio y sin perjuicio de las funciones que correspondan a otras autoridades, según leyes nacionales y provinciales.”

Así es que, aún cuando una ley provincial hubiera transmitido la propiedad del arbolado que circunda los caminos sobre los cuales la DPV tenga jurisdicción, el municipio hoy apelante igual mantendría su responsabilidad por los daños causados por estos árboles, en tanto no -por su función- no escapa de la calidad de guardián de los mismos.-

Por otra parte, y como ya ha tenido oportunidad deexpedirse este Cuerpo, no puede escapara que la propia legislación provincial establece la necesidad de su cuidado, y conservación (ley 2376) (LS 36-96)

IV.- Que, en cuanto al agravio que formula por cuanto no se ha comprobado el nexo causal entre la caída de la rama y las lesiones en la persona del actor, debo decir que la estimación que hace la apelante, en tanto de las testimoniales rendidas no surgen indicios graves, precisos y concordantes que acrediten la relación de causalidad, carece de todo sustento o, en todo caso, no aplica el criterio de la sana crítica que si siguió la sentenciante, conforme lo determina el Artículo 207 del CPC.

Tal como nos dice Enrique M. Falcón (en “La apreciación de la prueba y la sana crítica”, Rubinzal Culzoni 11-06-2014) “.si el juez sigue las reglas de la sana crítica, que constituyen un método científico por supuesto que llegará a una convicción, más bien a la certeza, de que los hechos a los que va a aplicar la norma jurídica son los que “razonablemente” ocurrieron conforme las probanzas de autos” de donde la crítica del quejoso debe centrarse en aquella razonabilidad y/o lógica del magistrado y no, simplemente, disentir del resultado.

Como primer argumento, no puedo dejar de tener en cuenta que el testigo Vargas (fs. 240) es claro al precisar la caída de la punta de un árbol, sin que tal testimonio haya sido cuestionado por las dos profesionales que e dicho acto representaban a la demandada. El siguiente testigo, Zabala (fs.241), si bien no ve la caída de la rama en tanto circulaba delante de sus otros dos compañeros, regresa ante los gritos de Vargas y encuentra a este que tenía al actor en sus brazos con lesiones en la cabeza.-

De allí que, por aplicación de aquellas reglas de la sana crítica, que se apoyan en el correcto entendimiento humano, tal como nos dice Couture, no existe ningún indicio, ninguna sospecha, que pueda hacer pensar que, aún cuando cayó un rama en el lugar que precisamente estaba pasando el actor, las graves lesiones que este sufre no son consecuencia del golpe de aquella sino de alguna otra circunstancia que, de ninguna manera se ha podido evidenciar y que sólo queda en el memorial de la recurrente.-

V.- Que tampoco le asiste razón a la apelante en su agravio respecto del tratamiento de la eximente fundada en la culpa de la víctima en tanto, básicamente, no se ha demostrado que la conducta del actor, criticada por la demandada, pueda haber adquirido los extremos de imprevisibilidad e inevitabilidad, en los términos del Artículo 514 del Código Civil (que en los mismos términos recepta el Artículo 1730 del Código Civil y Comercial que comenzará a regir a partir del próximo 1° de agosto), siendo que doctrinaria y jurisprudencialmente se tiene reiteradamente dicho que el casus debe provenir de un riesgo ajeno a la actividad del deudor (en este caso de seguridad), como así también que tal eximente debe ser fehacientemente probada por quien lo alega, todo lo cual ha sido receptado legislativamente en los Artículos 1733 inc. e y 1734 del C.C.y Com.

Es así que, más allá del relato del fuerte viento zonda que el día del evento dañoso se registro en prácticamente todo el territorio provincial (pero, como es sabido, no es idéntico en todos lados), la demandada no puede pretender que los transeúntes (en vehículo, bicicleta o a pié) se recluyan en sus domicilios, quizá aceptando que el municipio no ha cumplido con su obligación de custodia de los forestales.

VI.- Que tampoco puede admitirse el agravio formulado respecto de la admisión, entidad y monto resarcitorio por el daño que implica la incapacidad sobreviniente, ya que la apelante pretende en su memorial ignorar, o sortear, un punto clave al que se refiere la sentencia, cual es que las pericias médicas rendidas en autos no han sido debidamente observadas por quien ahora, la demandada, pretende relativizarlas o anular sus conclusiones.-

El ordenamiento procesal local es claro en este punto e impone a las partes la carga de observar o impugnar los informes periciales, en el tiempo y forma que lo establece el Artículo 193 del CPC, actividad procesal que debe desplegarse en forma precisa y completa, si es que el quejoso intenta que su postura pueda ser evaluada por el magistrado a la hora de dictar sentencia.-

De allí que, la simple observación sin el trámite posterior, esto es el traslado al perito para permitir que éste se expida, queda sólo en la letra de aquella presentación, sin mayor valor, tal como aconteció con la observación de fs. 321/322. De más está deci r que menos valor aún puede tener aquella observación que se practicara a fs.427/428 y que fuera desglosada por no haberse acreditado debidamente la personería, tal como lo prevé el Artículo 29 del CPC.-

Es por ello que, en atención a que el fundamento de la señora Juez a quo, siguiendo los tres informes periciales médicos, no aparece como ilógico ni infundado, con lo que la queja que se formula en el presente agravio, vacía de contenido sustancial en el marco procesal, no alcanza el mínimo previsto por el Artículo 137 del CPC, y debe ser desechada.-

Así también es que entiendo, que conforme las secuelas incapacitantes que adolece el actor, el monto otorgado en concepto de daño moral no aparece como exagerada, máxime si se tiene en cuenta que, aún cuando el actor resulta ser una persona joven, el daño en su visión y secuela neuronal que las pericias informan no sólo le impedirán en el futuro superar exitosamente un estudio pre ocupacional, sino que evidentemente lo afectarán en su vida de relación, a todo lo cual no puede dejar de sumarse los padecimientos y sufrimientos espirituales que pueden presumirse debió haber pasado en los primeros tiempos posteriores al evento dañoso.-

VII.- Que, respecto del último agravio, esto es la aplicación de intereses a tasa activa promedio, desde la fecha del evento dañoso, y que se tratan en los considerandos IV y V, entiendo le asiste razón a la apelante, debiendo modificarse tal criterio.-

Este Tribunal ha dicho que “.partiendo de la base de que nos hallamos frente a una deuda de valor, el importe del daño sufrido depende de lo estimado prudencialmente por el Juzgador a la fecha de la sentencia (conf. art. 90 inc. 7° del C.P.C.), resultando menester acudir a una tasa de interés como mecanismo de recomposición indirecta del crédito.A tal fin, la aplicable es la de la Ley 4087 (5% anual) desde el día del hecho y hasta la sentencia; y a partir de ese momento y hasta el efectivo pago, deben computarse los intereses según tasa activa cartera general nominal anual vencida que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos.-” (Expte 50095 “Estrella Kairuz.” 05/08/2013)

En el caso de autos, se advierte que tanto el daño por incapacidad sobreviniente como los gastos médicos, son resarcidos en base a la prudencial estimación que formula la señora Juez a quo, de donde corresponde que el aditamento de intereses se formule a la tasa que prevé la ley 4087

Así voto.-

Por el mérito del voto que antecede los Dres. Rodriguez Saa y Moureu adhieren al mismo.-

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MARTINEZ FERREYRA DIJO:

Que, atento al resultado de la cuestión que antecede corresponde que las costas de la Alzada sean soportadas por la demandada apelante, ello en tanto el primer agravio, que se rechaza, comprende plenamente su responsabilidad en el hecho dañoso.-

Así voto.-

Por el mérito del voto que antecede los Dres. Rodriguez Saa y Moureu adhieren al mismo.-

Con lo que se terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA

Mendoza, 29 de junio de 2015.-

Y VISTOS

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal

R E S U E L V E:

1°) Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs. 513, en contra de la sentencia dictada a fs. 292/500 y, en consecuencia, modificar los considerandos IV y V, a los que se remite el resolutivo I de la misma, en el sentido que los intereses que deben incrementarse a la suma de condena deben liquidarse en idéntica forma a la establecida en el considerando VI.-

2°) Imponer las costas de la Alzada a la recurrente vencida.-

3°) Regular honorarios profesionales a los Dres. Maria Paula Pannunzio, Pablo R. Prieto y Silvana Giannaula en las sumas de ($.), ($.) y ($.), respectivamente.- (Arts. 15 y 31 de la Ley 3641)

Notifíquese y bajen.

Dr. Oscar MARTINEZ FERREYRA Dr. Adolfo RODRIGUEZ SAA

Dra. Beatriz MOUREU

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