Responsabilidad de un parque de diversiones por las lesiones que sufrió una mujer mientras se encontraba en una de sus atracciones.

parque_acuaticoPartes: Waisman Muñoz Patricia Andrea c/ Parque de la Costa S.A. Y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 2-jun-2015

Cita: MJ-JU-M-93355-AR | MJJ93355 | MJJ93355

Responsabilidad de un parque de diversiones por las lesiones que sufrió una mujer mientras se encontraba en una de sus atracciones.

Sumario:

1.-La sociedad propietaria de un parque de diversiones es responsable por los daños que sufrió una mujer que cayó en uno de los juegos (samba), pues si bien se acreditó que las lesiones se produjeron al soltarse del pasamanos de la atracción, tuvo que hacerlo para ayudar a una menor que se encontraba con ella y que se estaba cayendo, siendo que hizo señas y grito a quien manejaba el juego para que lo frenara y no lo hizo, de modo que la emplazada contribuyó a crear condiciones para que el menoscabo se concretase, creando una fuente de riesgos.

2.-La circunstancia de que la accionante se soltara de la baranda a la cual debía permanecer aferrada según las normas de seguridad del juego que se indican al ingresar a la atracción, resulta insuficiente para configurar la culpa de la víctima por las lesiones que sufrió al caer, pues la obligación de seguridad en cabeza del propietario del parque de diversiones se encuentra presente, también en los contratos en los que el objeto principal consiste en lograr una mera distracción del cliente.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 2 días del mes de Junio de dos mil quince, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Waisman Muñoz, Patricia Andrea c/ Parque de la Costa S.A. s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 598/607, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – OMAR DIAZ SOLIMINE – MAURICIO LUIS MIZRAHI –

A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo:

I. La sentencia de fs. 598/607 hizo lugar a la demanda promovida por Patricia Andrea Waisman Muñoz, condenando, en consecuencia, a “Parque de la Costa S.A.” y a “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.” -conforme considerando c- a pagar a la actora la suma de $56.000 con más sus intereses y costas (ver f. 607); apelaron las partes.

II. A fs. 665/681 la parte actora expresa agravios. Se queja, por un lado, que los intereses no hayan sido calculados desde el hecho dañoso (ver f. 665vta.). Por otro, se agravia de la exigua suma, según califica, que se ha estimado en función de la incapacidad total del 16% (ver f. 666vta.). Asimismo, resiste el porcentaje regulado para la parte actora ya que resulta bajo atento la labor desarrollada (ver f. 667).

III. A fs. 682/688 la emplazada funda agravios. Rechaza, en primer lugar, la responsabilidad que se le ha endilgado. Argumenta que existió exclusiva culpa de la víctima en la generación del hecho de marras. Alega que el juego “Samba” no reviste peligrosidad como para disponer su responsabilidad encuadrada en lo dispuesto por el art. 1113 inc. 2 del Código Civil.Afirma que se cumple con la totalidad de los recaudos de seguridad imperantes en la materia por cuanto no resulta responsable por el actuar imprudente de la propia víctima o de terceros por los que no debe responder. Al respecto señala que para que una persona tenga un accidente como el relatado resulta imperioso que se haya conducido de manera incompatible con la normal prudencia que exigiera la utilización del juego (ver f. 683). Resalta que la propia accionante en su escrito de demanda reconoce haber soltado la baranda de la cual debía permanecer aferrada y de las constancias de autos surge que ella misma se soltó por su propia voluntad, pasando por alto las normas de seguridad del juego, para ayudar a una de las niñas. Indica que en el peor de los casos debería determinarse la existencia de culpa concurrente (ver f. 683vta.) Por otro lado, critica que la sentenciante en el análisis de las declaraciones testimoniales haya dejado de lado que la participante del juego no se ha sostenido de la baranda, lo cual significa que no cumplió con las normas de seguridad que se disponen al ingresar al juego. Luego hace hincapié en que ello denota culpa exclusiva de la víctima (ver f. 683vta.). Del mismo modo, pide que se considera la imposibilidad que tiene de evitar este tipo de siniestros, ya que la imprevisión de este tipo de eventos hace imposible que personal alguno pueda evitarlo (ver f. 684). Por tanto, solicita se rechace la resolución atacada con expresa imposición de costas (ver f. 684vta.). En segundo término, se agravia del monto otorgado en concepto de daño físico, el cual considera exagerado en tanto los parámetros tomados a sus fines carecen de fundamente técnico y legal ya que no guardan relación alguna con el daño denunciado, tal como se desarrolló en la impugnación pertinente (ver f.684vta.). En tercera instancia, rechaza que se haya otorgado indemnización en concepto de tratamiento psicológica toda vez que se ha demostrado en autos que la actora no ha sufrido daño psíquico como consecuencia de la lesión sufrida. Argumenta a esos efectos que el experto no hace ninguna relación coherente entre el supuesto suceso ocurrido y el estado actual psicológico de la actora (ver f. 685). En cuarto lugar, se queja del resarcimiento otorgado por daño moral por considerarlo improcedente ya que no le generó daño alguno a la actora (ver f. 685 vta.). Por último, pone de resalto el perjuicio ocasionado a la empresa en caso que se confirme la sentencia favorecería la litigiosidad en su contra, perjuicio que pretende evitar acudiendo a estos estrados (ver fs. 687/687vta.).

IV. A fs. 709/719 expresa agravios la citada en garantía. En miras a lograr que se revoque el fallo en crisis, cuestiona que la juez de grado haya considerado que la actora acreditó en autos haber sufrido una caída en la atracción propiedad de la demandada. Del mismo modo, entiende errónea la atribución de responsabilidad en cabeza de la demandada en los términos del art. 1113 del Código Civil. Deja en claro que el juego funciona correctamente y que resulta obligatorio para los participantes que ingresan al mismo no soltarse de los pasamanos durante su funcionamiento. De igual modo, advierte que se ha omitido considerar que todos los testigos referenciados en la sentencia afirmaron que la actora se lesionó en razón de haberse soltado del pasamanos para ayudar a una de las menores que se encontraba junto a ella (ver f. 710). Entonces, resalta que dicho actuar fue el causante de las lesiones que reclama, y lejos esta de haber sido causado por una conducta de quien tenía a su cargo el manejo del juego denominado “Samba” (ver f. 710vta.). Alega que la conclusión a la que arribó la sentenciante carece de sustento en las probanzas reunidas.Insiste en que se ha valorado incorrectamente la prueba testimonial dado que existió culpa de la víctima ya que en plena ejecución del juego soltó una de sus manos del pasamanos y efectuó un indebido esfuerzo (ver f. 711 vta.). Subsidiariamente, se agravia de la improcedente y excesiva suma dada en resarcimiento por daño físico. Denuncia que ha existido una inadecuada valoración de la pericia médica dado que allí se determinó que la incapacidad era transitoria si se realiza un tratamiento kinesioterápico (ver fs. 712/712vta.). También del excesivo monto otorgado en concepto de daño moral. Expresa que la cuantía no guarda relación con las constancias de la causa ni con la realidad económica que circunda el expediente (ver f. 714vta.). Se queja, además, de la compensación concedida por tratamiento psicológico por no haberse tenido en cuenta la impugnación formulada a la pericia (ver f. 715) Expone que el resarcimiento por gastos de farmacia y traslados también es improcedente y excesivo ya que no existe probanza que permita justificar la partida (ver f. 715vta.). Por último, se agravia de la tasa de interés aplicada, en tanto configura una de las excepciones a la aplicación del mentado plenario (ver f. 716). Asimismo, manifiesta que los intereses correspondientes a la partida tratamiento psicológico se devenguen a partir del dictado de la sentencia (ver f. 716vta.).

V. A fs. 694/702 la accionante contesta los agravios expresados por la la demandada. Y a fs. 723/731 los vertidos por la citada en garantía. Peticiona en ambos casos se rechacen los recursos por desierto o, en su caso, improcedentes.

VI. A fs. 704/708 y 720/721 emplazada y citada en garantía, respectivamente, refutan los agravios deducidos por la actora solicitando la deserción del recurso, y en su defecto, su total rechazo ya que carecen de todo asidero legal.

VII.Debe recordarse que los magistrados, no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas, ni seguir a las partes en todos y cada uno de los argumentos que esgrimen en resguardo de sus pretensos derechos pues basta que lo hagan respecto de las que estimaren conducentes o decisivas para resolver el caso, pudiendo preferir algunas de las pruebas producidas a otras, u omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales (CSJN, Fallos:258:304; 262:222; 265:301 y doctr. de los arts. 364 y 386 del CPCCN). Sentado ello corresponde adentrarnos al fondo del asunto. Toda vez que demandada y citada en garantía se agravian de la responsabilidad atribuida a la empresa que se dedica a la explotación del “parque de diversiones” en cuestión, corresponde atender en primer término dicha cuestión. Ambos apelantes al fundar cada uno su recurso, coinciden en que existió exclusiva culpa de la víctima dado que aquella se soltó de la baranda de la cual debía permanecer aferrada, por su propia voluntad y para ayudar a una de las niñas que acompañaba, pasando por alto las normas de seguridad del juego que se indican al ingresar al juego. Tal argumento no puede prosperar debido a que la obligación de seguridad se encuentra presente, también, en los contratos en los que el objeto principal consiste en lograr una mera distracción del cliente, vgc. parque de diversiones o zoológico, salas de espectáculos. Ello es receptado por la jurisprudencia al resolver que: “los daños producidos por las máquinas para diversión del público a un participante en un juego, deben ser juzgados por las normas de responsabilidad contractual, destacándose que el feriante o propietario del parque de diversiones asume una obligación de seguridad hacia el participante del juego” (CNCiv., sala E, “Sosa, Eleonora c. Quiroga, Juan F.y otro, 04/03/1996). El hecho que se haya argüido, a partir del informado correcto funcionamiento del “Samba” por el experto ingeniero mecánico, que el juego cumplía con los recaudos de seguridad no es motivo suficiente para deslindarse de responsabilidad. Si bien es cierto, como alegan los quejosos, que de las declaraciones testimoniales de autos surge que la actora soltó una de sus manos del pasamanos para ayudar a una de las niñas -de las que asistió al lugar con ella- porque se estaba cayendo, debe tenerse en cuenta la totalidad de cada una de las narraciones ya que de ellas también se desprende que se le hicieron señas y le grit aron a quien manejaba el juego para que lo frene, y no lo hizo. Es paradójico que la propia demandada intenta atribuir culpa a la víctima por soltar una de sus manos del pasamanos incumpliendo las normas de seguridad del juego que se indican al ingresar al juego, cuando previo al comienzo del juego se les dice que levanten la mano en caso de querer frenar el juego por algún motivo. En este caso el parque de diversiones es responsable por haber contribuido a crear las condiciones para que el menoscabo se concretase. Es decir, por provocar que la actora tenga que ayudar a una niña a sostenerse para que no se caiga -evitando un mal peor-, haciendo tanta fuerza con su brazo derecho, que le provocó las diversas lesiones en él. Es así que el que crea una fuente de riesgos tiene el deber jurídico de adoptar todas las medidas para evitar peligros. Y, es evidente que en esta situación no se han cumplido con las medidas necesarias a fin de evitar cualquier riesgo. Las proposiciones señaladas, analizadas a la luz de la sana crítica, me permiten coincidir con la sentenciante en lo atinente a este punto.Consecuentemente, al haber acaecido el accidente en las condiciones descriptas, sumado al hecho de no contarse con otros elementos de juicio que autoricen con fundamento a inclinar la solución en otro sentido, soy de la opinión que los agravios de los mencionados apelantes sobre este punto no tendrán favorable acogida. En tales condiciones, se impone la confirmación de la atribución de responsabilidad determinada en la resolución atacada (arts. 34 inc.4, 163 incs. 5 y 6, 164, 377 y 386 del CPCCN).

VIII. Convalidada la atribución de responsabilidad decidida por la juez a quo corresponde abocarse al tratamiento de los agravios vertidos por las partes relativos a la entidad de los distintos rubros indemnizatorios. Previo a analizar cada uno de ellos, me permito determinar que las quejas realizadas por la parte actora en cuanto a las partidas indemnizatorias no cumplen con los requisitos de admisibilidad del recurso que determina el artículo 265 del CPCCN, en cuanto a que no resultan una crítica razonada y concreta del fallo recurrido, sino que se trata de una mera disconformidad con los montos concedidos, limitándose a solicitar su incrementación, mas sin cuestionar las conclusiones a las que arribara el a quo (Cfe. CNCiv. Sala C, 15- 5-81 LL 1983-B-769, ídem Sala D, 7-3-75 ED 65-386), por cuya consideración el recurso en este punto debe ser declarado desierto.

1) Daño Físico – Incapacidad Sobreviniente: Accionada y citada en garantía se agravian del monto otorgado en concepto de daño físico por improcedente y excesivo.La indemnización por incapacidad sobreviniente comprende la merma genérica en la capacidad futura del damnificado, la cual proyecta en todas las esferas de su personalidad y constituye por tanto, un quebranto patrimonial indirecto; debiendo apreciarse todo daño inferido a la persona, incluida la alteración y afectación de su ámbito psíquico, de manera que importe también éste un menoscabo a la salud, considerada en su aspecto integral y computándose también la incidencia o repercusión que todo ello, en alguna medida, pueda aparejar sobre su vida. Esto significa que la incapacidad sobreviniente está dada por las secuelas o disminución física o psíquica que queda luego de completado el período de recuperación o restablecimiento, produciéndose para la víctima un quebranto patrimonial indirecto, derivado de las limitaciones que presenta al reanudar sus actividades habituales y restablecer su imposibilidad total o parcial de asumirlas y cumplirlas adecuadamente. Esa minusvalía entraña un déficit en la capacidad vital del damnificado, en comparación con su aptitud plena para el trabajo y demás proyecciones individuales y sociales, lo cual se establece en términos de porcentuales que traduzcan, aproximadamente, los grados de incapacidad comprobados a través de una pericia médica (CAZEAUX TRIGO REPRESAS, Derecho de las obligaciones, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1994, t. IV, págs. 658 y 659). En otro orden de ideas, es dable señalar a los efectos de fijar el resarcimiento pautas como podrían ser los métodos basados en cálculos matemáticos – materiales sobre la probable vida útil del damnificado, puesto que debe adoptarse un criterio flexible que tienda a valorar las circunstancias generales de la causa, variable por diversos factores y librado al prudente arbitrio judicial. El órgano jurisdiccional apreciará así la trascendencia de las lesiones sufridas, la edad de la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, situación económico social de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc.Cabe meritar la edad de la víctima -37 años al momento del hecho-, su estado civil -casada y tiene dos hijos-, su ocupación -ama de casa y daba clases particulares de apoyo escolar de inglés-, antecedentes relevantes – es diestra- y la índole de las lesiones sufridas. Al respecto, del informe pericial de oficio de fs. 364/373 surge que la actora tiene una incapacidad parcial del 6%. La experta, Dra. Isabel del Carmen Lescano Carrión, describió que a raíz del accidente sufrido a la víctima se le diagnosticó a partir de dos estudios de electromiografía: (16/06/2006) fractura de humero. Motivo de consulta: distensión del plexo braquial derecho. Conclusión: Neuropraxia leve de los fascículos medio y posterior del plexo braquial; y (18-08-06) se realizó para control de la lesión descripta en el anterior, con las siguientes consideraciones clínicas: “Los hallazgos precedentes sugieren un compromiso de haces del plexo braquial tronco secundario posterior, en etapa de reinervación actual compensatoria”. Añade que: “actualmente, en el examen físico realizado a la actora, ante las maniobras semiológicas, se refiere un dolor que provoca impotencia funcional.”. Si bien la misma fue impugnada a fs. 378/380 y 382/384 por la demandada y citada en garantía recibió respuesta de la perito a fs. 388/393, donde sostiene que porcentaje de incapacidad determinado aclarando que estamos ante una incapacidad transitoria si se realiza tratamiento kinesioterápico. En materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (CNCiv., Sala D., en autos “Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ Ds. y Ps.”, expte. libre n° 77.257/98, del 8/10/02; ídem, “Fiorito, José Luis c/ Petersen, José y otro s/ Ds. y Ps”, expte.libre n° 105.505/97, del 20/09/91). La función de la prueba pericial es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de los cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. No será el perito quien defina el pleito, pero es indudable que -fundando debidamente su informe- tiene mayor peso y envergadura que los dichos de un eventual testigo. Por otro lado, la mera opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre sus conclusiones, en especial si se advierte que no hay argumentos valederos para demostrar que éstas fueron irrazonables. La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que la prueba pericial es la más adecuada, de ahí su importancia en algunos rubros. Su opinión es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación de ellas a los principios científicos inherentes a la especialidad y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (CNCiv., Sala “D”, en autos “Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios”, expte. libre nº 25.403/93 del 27/12/96). Respecto a la queja que hace hincapié en el carácter transitorio atribuido a la incapacidad determinada, estimo que en el presente si bien dicho tratamiento puede paliar parcialmente las consecuencias del hecho dañoso, el mismo nunca logra una superación definitiva de las lesiones ya que, al menos, de manera residual queda alguna secuela. Por ello, en lo que hace al quantum indemnizatorio, teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad y su carácter transitorio establecido por la idónea, la necesidad de realizar un tratamiento kinesioterápico, como así también las circunstancias particulares de autos y de la damnificada, considero que el importe fijado por el juez de grado resulta excesivo para enjugar el daño sufrido. Por lo tanto, propondré a mis colegas su reducción a la cantidad de $25.000 (arts. 163 incs. 5, 6, 386, 477 del CPCCN, 1083 y 1086 del Cód. Civil).

2) Tratamiento psicológico:Respecto del resarcimiento otorgado por tratamiento psicológico se agravian emplazada y citada en garantía toda vez que, según alegan, la actora no ha sufrido daño psíquico como consecuencia de la lesión sufrida En lo que refiere a los gastos de tratamiento psicológico, corresponde aclarar que todo gasto terapéutico futuro es resarcible si, de acuerdo con la índole de la lesión o de la disfunción que ocasionó el evento, es previsible la necesidad de realizar o proseguir algún tratamiento que apunte al menos a mejorar las dificultades o problemas psíquicos por el que transita la víctima a raíz del hecho lesivo. Por consiguiente, para otorgar la indemnización, debe bastar que las intervenciones terapéuticas aconsejadas resulten razonablemente idóneas para subsanar o ayudar a sobrellevar, siquiera parcialmente, las secuelas desfavorables del accidente (conf. Matilde Zavala de González en “Resarcimiento de daños”, pág. 127 128, Ed. Hammurabi, 1993). En lo que hace al presente caso, nótese que del informe pericial (ver fs. 364/373 y 190/192), surge la conveniencia de que la Sra. Patricia Andrea Waisman Muñoz se someta a tratamiento psicológico individual por un período de seis meses a ocho meses y una frecuencia de dos veces por semana. En el marco referenciado, entiendo que corresponde rechazar los agravios aquí planteados y confirmar el monto indemnizatorio ($6.000) otorgado en concepto de tratamiento psicológico a $3.900 (arts. 163 incs. 5, 6, 165, 386 y 477 del CPCCN y arts. 1083 y 1086 del Cód. Civil).

3) Daño Moral: La demandada y citada en garantía se agravian de la cuantía fijada por daño moral ya que manifiestan que no se le generó daño alguno a la actora y porque ni siquiera guarda relación con la realidad económica que circunda el expediente. Me concierne aclarar que el agravio moral es todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier repercusión de orden patrimonial (Orgaz, “El daño resarcible”, Ed. Depalma, Buenos Aires 1967, pág.184), es así que a fin de justipreciarlo se contemplan las afectaciones al espíritu, sentimientos de dolor, angustia y padecimientos sufridos por quien los reclama. Sin lugar a dudas, las circunstancias provocadas por el evento dañoso, sus secuelas luctuosas, sorpresivas e imprevisibles lo convierten en absolutamente procedente. La indemnización del daño moral no requiere guardar proporción con la del perjuicio material, pues responden a razones de índole diferente, de tal forma no resulta la materialización de los intereses morales gozando los magistrados de un amplio arbitrio para su determinación toda vez que se tiene por acreditado por la sola comisión del acto antijurídico, es una prueba in-re ipsa y surge inmediatamente de los hechos mismos. Para meritar este rubro debe ponderarse la vinculación entre la gravedad objetiva de las lesiones y las implicancias espirituales que correlativamente suponen para la persona damnificada. En fin, ponderando las características objetivas del menoscabo y sin descuidar el carácter predominantemente resarcitorio de la partida, considero acorde la suma de $15.000 establecida a favor de la actora, por ello estimo prudente que se rechacen los agravios en tal sentido y se confirme el monto indemnizatorio fijado en concepto de daño moral (arts. 163 incs. 5 y 6, 265, 386 del CPCCN y 1078 del Código Civil).

4) Gastos de Farmacia y traslados: En este caso, sólo se agravia la citada en garantía de los gastos de farmacia y traslados por improcedente ya que asegura que no existe probanza que permita justificar la partida. Respecto a los “gastos de farmacia y traslados”, el criterio que debe prevalecer sobre la procedencia de estos rubros es amplio, no siendo necesario agregar documentos que acrediten tales erogaciones ya que la costumbre determina que no se otorgue comprobante alguno. No requieren, entonces, una prueba fehaciente para ser admitidos; y ello en razón que se deducen de las lesiones sufridas por la víctima (art. 163 inc.5 CPCCN). Es así que teniendo en cuenta las constancias de las actuaciones, considero que el importe ($5.000) establecido por la juez de grado para cada coactor por el presente rubro resulta ajustado a derecho; por lo que propondré al Acuerdo su confirmación (arg. art. 165 CPCCN).

IX. Por último, resta analizar los agravios atinentes a la tasa de interés aplicada. Por un lado, la actora argumenta que los intereses no han sido calculados desde el hecho dañoso. Y, por el otro, la citada en garantía invoca que el presente caso configura una de las excepciones a la aplicación del plenario aplicado y que los intereses derivados del rubro “tratamiento psicológico” se deben devengar a partir del dictado de la sentencia.

Atento la doctrina plenaria en autos “Samudio de Martinez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.” s/ daños y perjuicios” , los intereses deben aplicarse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago (art. 303 del CPCCN). Por otra parte, cabe destacar que en el caso se impone la vigencia del art. 303 del ritual, precepto que considero vigente en su redacción originaria conforme lo decidido por esta Sala (R. 621.758, del 30/08/2013, “Perez Horacio Luis c/ Banco Saez S.A s/ ejecución de honorarios, La Ley, cita online: AR/JUR/55224/2003). El mentado plenario admite una solución diversa cuando acontezca “una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”. Pero esa singular especie comporta una situación harto excepcional, que se aparta de la regla general, y que -para que pueda tener lugar- debe ser acreditada fehacientemente y sin el menor asomo de duda en el marco del proceso. A mi juicio no obran en la causa constancias que certifiquen que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del evento, se configuraría el mentado “enriquecimiento indebido”; como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir.En función de lo expuesto, y en cumplimiento de la doctrina plenaria, he de proponer al Acuerdo que se le adicione al capital de condena los intereses a la tasa mencionada, los que se computarán desde la fecha del hecho (día del accidente) y hasta el momento del efectivo pago.

X. Por lo hasta aquí expuesto, propongo al acuerdo modificar parcialmente la sentencia apelada: i) disminuyendo el monto fijado en concepto de “daño físico” a $25.000, y ii) adicionando al capital de condena los intereses a la tasa mencionada, los que se computarán desde la fecha del hecho (día del accidente) y hasta el momento del efectivo pago; y confirmar todo lo demás que ha sido materia de agravios. Entiendo que las costas de alzada deben imponerse de igual forma que en la instancia de grado, en tanto demandada y citada en garantía resultan sustancialmente vencidas (arts. 68, 163 inc. 8 CPCCN y art. 110 inc. a del dec. ley 17.418). Así lo voto. Los Dres. Díaz Solimine y Mizrahi, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto:

CLAUDIO RAMOS FEIJOO.

OMAR DIAZ SOLIMINE.

MAURICIO LUIS MIZRAHI.

Es fiel del Acuerdo.- F

Buenos Aires, 2 de Junio de 2015.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se modifica parcialmente la sentencia apelada: i) elevándose el monto en concepto de “valor vida” a $60.000; ii) aumentándose el rubro “tratamiento psicológico” a $3.900; iii) incrementándose la partida indemnizatoria por “daño moral” a $120.000; iv) adicionándosele al capital de condena los intereses a la tasa mencionada, los que se computarán desde la fecha del hecho (día del accidente) y hasta el momento del efectivo pago; y se confirma todo lo demás en cuanto ha sido materia de agravios. Las costas de alzada se imponen de igual forma que en la instancia de grado, en tanto demandada y citada en garantía resultan sustancialmente vencidas Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia, difiérese la adecuación dispuesta por el art. 279 del Código Procesal respecto de las regulaciones practicadas a fs. 607, así como la determinación de los honorarios correspondientes a la tarea desplegada en la Alzada, hasta tanto exista liquidación definitiva aprobada (conf. art. 1 de la ley N° 24.432). Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s