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En tanto la compañía aseguradora no ha acreditado adecuadamente la conducta dolosa que invocó para rechazar la cobertura, la omisión de tal prueba, justifica la aceptación del siniestro de su parte ante el silencio frente a la denuncia.

demanda-indemnizacionPartes: Logística Santo Domingo S.A. c/ Provincia Seguros S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 5-may-2015

Cita: MJ-JU-M-92459-AR | MJJ92459 | MJJ92459

En tanto la compañía aseguradora no ha acreditado adecuadamente la conducta dolosa que invocó para rechazar la cobertura, la omisión de tal prueba, justifica la aceptación del siniestro de su parte ante el silencio frente a la denuncia.

Sumario:

1.-Habiéndose configurado un caso de exclusión de riesgo o situación de no seguro , no puede aplicarse en su contra lo dispuesto por el art. 56 de la ley 17.418.

2.-La cuestión de si lo previsto por la norma del art. 56 de la Ley 17.418 juega o no cuando se trata de supuestos de exclusión de riesgo o no seguro , ha dado lugar a un intenso debate en la doctrina postulándose tres alternativas interpretativas: tesis de la inaplicabilidad; tesis de la aplicabilidad; y tesis intermedia.

3.-En los casos de exclusión por dolo imputable al asegurado o a quienes actúan por él o con su autorización, la exclusión de la cobertura es oponible por la compañía aseguradora en la medida de la prueba efectiva del dolo.

4.-Si la aseguradora afirma que el siniestro fue doloso, ello requiere de prueba específica, ya que, a diferencia de lo que ocurre con otros supuestos de exclusión, en los que basta la mera comprobación objetiva de los límites del riesgo, la exclusión de cobertura que genera el dolo, sólo se produce cuando tal conducta del asegurado es constatada. Y, por ser ello así, toda vez que la prueba respectiva recae sobre la aseguradora, su inacción no puede tener como efecto eludir o dilatar el plazo legalmente establecido para que se pronuncie aceptando o rechazando el siniestro. De allí que, a falta de prueba cabal del dolo, deba atribuirse al silencio la consecuencia prevista por la última parte del art. 56 de la ley de seguros.

5.-En tanto la compañía aseguradora demandada no ha acreditado adecuadamente la conducta dolosa que invocó para rechazar la cobertura, la omisión de tal prueba, cuya producción a ella incumbía (art. 377 del CPCCN.), justifica mantener la aplicación del citado art. 56 de la Ley 17.418.

6.-El art. 56 de la ley 17.418 establece, como principio, que el asegurador tiene el deber de pronunciarse acerca del derecho de su asegurado dentro de los treinta días de recibida la denuncia de siniestro o, en su caso, de presentada la información complementaria que se pudiera haber exigido en los términos del art. 46, párrafos segundo y tercero , del ordenamiento legal citado.

7.-La omisión en pronunciarse en el lapso previsto por el art. 56 de la Ley 17.418, importa aceptación del siniestro, es decir, sólo posee efecto interrumptivo del plazo legal referido la solicitud de información complementaria requerida por la asegurador y con la que carga el asegurado en los términos del art. 46, párrafos segundo y tercero, de la Ley 17.418, incumbiendo al primero la prueba de haberla requerido y en tal marco, ni la designación de liquidadores ni la existencia de actuaciones administrativas o judiciales de donde pudiera surgir la verificación del siniestro o la extensión de la prestación a cargo de la aseguradora suspenden o interrumpen el plazo previsto por el referido art. 56.

8.-La mera existencia de indagaciones propias o ajenas relacionadas con el siniestro, no relevaron a la aseguradora del deber de expedirse respecto del derecho de su asegurado en el plazo indicado por el art. 56 de la Ley 17.418 si, como ocurrió en la especie, no se tradujo ello en un concreto requerimiento informativo dirigido al asegurado.

9.-Conforme resulta de los arts. 519 y 1069 del CCiv., el lucro cesante es la ganancia o utilidad de la que resultó privado el acreedor a raíz del acto ilícito o el incumplimiento de la obligación; implica una ausencia de ganancia o del acrecentamiento patrimonial que el acreedor podía razonablemente haber logrado de no haber ocurrido el incumplimiento de su contraparte. Es decir, su procedencia no se apoya en una simple posibilidad de una ganancia, ni debe constituir un enriquecimiento sin causa para el acreedor. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a 5 de mayo de 2015, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa «LOGISTICA SANTO DOMINGO S.A. c/ PROVINCIA SEGUROS S.A. s/ ORDINARIO», registro n° 34.410/2011, procedente del JUZGADO N° 23 del fuero (SECRETARIA N° 46), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, doctores: Heredia, Vassallo. El doctor Dieuzeide se halla excusado en fs. 313.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor Heredia dijo: 1°) La sentencia de primera instancia, aunque en medida parcial, hizo

lugar a la demanda promovida por Logística Santo Domingo S.A. y condenó a pagar a Provincia Seguros S.A. la suma de $ 240.000 en concepto de cumplimiento de la póliza n° 4603363 y la suma de $ 15.000 mensuales por lucro cesante, con más intereses y las cosas del juicio (fs. 292/296).

Para así decidir, la juez a quo, en primer lugar, destacó que no existió controversia entre las partes respecto del contrato de seguro celebrado, como tampoco sobre la ocurrencia del siniestro.

De seguido, y en cuanto aquí interesa destacar, entendió que en el caso medió por parte de la demandada una aceptación tácita de la cobertura, toda vez que desde la denuncia del siniestro (que se consideró efectivizada el 27/12/2010) hasta su rechazo (de fecha 4/3/2011) había transcurrido con exceso el plazo de treinta días fijado por el art. 56 de la ley 17.418, sin que la demandada hubiera acreditado la existencia de requerimiento de información alguno en los términos del art.46, párrafos segundo y tercero del ordenamiento legal citado, extremo que, según aclaró la magistrada, habría interrumpido el curso del referido plazo.

Por otra parte, sostuvo que aún en la hipótesis interpretativa más favorable para la aseguradora, según la cual la declaración extrajudicial brindada el 11/1/2011 por el señor apoderado de la actora ante el estudio de los liquidadores podría ser considerada un pedido de información complementaria con eficacia interruptiva, lo cierto es que la demandada rechazó el siniestro cuando habilitado otra vez el plazo legal referido se encontraba ya vencido.

En fin, admitió la procedencia del lucro cesante que se alegó sufrido como consecuencia del incumplimiento contractual atinente al pago de la póliza, y con base en lo informado en el peritaje contable producido en autos, en virtud de lo dispuesto por los arts. 163, inc. 5°, y 165 del Código Procesal, fijó la suma a indemnizar en $ 15.000 mensuales.

2°) Contra ese pronunciamiento la aseguradora demandada interpuso recurso de apelación (fs. 300), que fundó a fs. 308/310 y que fue contestado por la actora a fs. 319/327.

Asimismo, la accionada fundó a fs. 62 el recurso de apelación concedio a fs. 68 con efecto diferido. Este recurso fue resistido por la parte actora a fs. 69/70.

3°) Dudosamente el memorial de agravios de fs. 308/310 cumple con el requisito de constituir una crítica concreta y razonada del fallo apelado, en los términos exigidos por el art. 265 del Código Procesal.

En rigor, sólo una comprensión flexible y amplia de sus términos, acorde con la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), permite considerar que la parte demandada ha llenado los requisitos que la técnica recursiva impone.

Desde ese perspectiva favorecedora, se aprecia que las quejas que desliza la recurrente se concretan en lo siguiente: (a) la existencia de una hipótesis de riesgo excluido o situación de «no seguro» que determinaría la inaplicabilidad de lo dispuesto en el art.56 de la ley 17.418; (b) la presencia de requerimiento de información complementaria al que entiende, la magistrada restó «-toda conducencia fáctica y jurídica-«; (c) la falta de prueba del invocado lucro cesante; y (d) la imposición de las costas a su cargo.

4°) Surge de lo prueba documental colectada y que no fue desconocida por las partes que el 4/3/2011 la demandada rechazó el siniestro denunciado por la actora invocando lo dispuesto en la cláusula 10, capítulo C, de la póliza n° 460.336. De acuerdo a tal estipulación contractual, la cobertura indemnizatoria no tendría lugar si se produjera la apropiación o no restitución dolosa del vehículo asegurado por parte de quien hubiera sido autorizado para su manejo o uso, o encargado de su custodia (fs. 81, reservada en sobre).

Con base en ello, la demandada señaló al contestar demanda (fs. 84 vta.) y, cabe interpretar, lo reitera ante esta alzada, aunque no muy claramente ni en aquella ni en esta oportunidad, que habiéndose configurado un caso de exclusión de riesgo o situación de «no seguro», no puede aplicarse en su contra lo dispuesto por el art. 56 de la ley 17.418.

La cuestión de si lo previsto por esta última norma juega o no cuando se trata de supuestos de exclusión de riesgo o «no seguro», ha dado lugar a un intenso debate en la doctrina postulándose tres alternativas interpretativas: tesis de la inaplicabilidad; tesis de la aplicabilidad; y tesis intermedia.

Sin que sea necesario exponer el contenido de cada una, baste referir a los efectos de resolver el sub lite, que esta Sala ha resuelto al fallar la causa «Delafuente, Diego Carlos c/ Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda.s/ ordinario», sentencia del 15/3/2007 (voto del juez Vassallo, al que adherimos los restantes miembros del tribunal), que en los casos de exclusión por dolo imputable al asegurado o a quienes actúan por él o con su autorización, la exclusión de la cobertura es oponible por la compañía aseguradora en la medida de la prueba efectiva del dolo. En otras palabras, si la aseguradora afirma que el siniestro fue doloso, ello requiere de prueba específica, ya que, a diferencia de lo que ocurre con otros supuestos de exclusión, en los que basta la mera comprobación objetiva de los límites del riesgo, la exclusión de cobertura que genera el dolo, sólo se produce cuando tal conducta del asegurado es constatada. Y, por ser ello así, toda vez que la prueba respectiva recaer sobre la aseguradora, su inacción no puede tener como efecto eludir o dilatar el plazo legalmente establecido para que se pronuncie aceptando o rechazando el siniestro. De allí que, a falta de prueba cabal del dolo, deba atribuirse al silencio la consecuencia prevista por la última parte del artículo 56 de la ley de seguros.

Pues bien, en la especie la aseguradora demandada no ha acreditado adecuadamente la conducta dolosa que invocó para rechazar la cobertura. La omisión de tal prueba, cuya producción a ella incumbía (art. 377 del Código Procesal), justifica, entonces, como se dijo, mantener la aplicación del citado art. 56.

Al respecto, obsérvese que la aseguradora ni siquiera ofreció como prueba la remisión de las actuaciones policiales o penales referentes al robo del camión y semirremolque amparados por la póliza (fs. 85/86). Por su parte, las referencias a esas actuaciones que resultan del informe del liquidador de seguros, son tan incompletas como incompleto es el propio informe indicado, ya que de él solamente se acompañaron las páginas 1 a 4 y 13, faltando las 5 a 12 (fs. 76/80, reservadas), lo que no subsanó el informe de fs. 159/162.De tal modo, es imposible corroborar con un mínimo grado de convicción, la corrección de lo afirmado por el mencionado liquidador en el sentido de que el chofer de la actora «se encuentra prófugo por estar implicado en el evento», tal como se pretende en fs. 308 vta. Cabe recordar, en tal sentido, que la prueba del dolo, aunque no fuese directa, debe ser al menos clara, pues por su gravedad y consiguiente carácter excepcional, dicha elemento no puede ser presumido (conf. Busso, E., Código Civil Anotado, Buenos Aires, 1949, t. III, p. 243, n° 44).

En suma, entiendo que en el sub examine no hay razón para excluir la regla contenida en el art. 56 de la ley 17.418.

5°) Precisado lo anterior, cabe analizar si ha existido aceptación tácita del derecho del asegurado en los términos de la referida norma o, si como lo sostiene la demandada, se omitió considerar la existencia de información complementaria con aptitud suficiente para interrumpir el plazo con el que contaba la compañía de seguros para expedirse.

El art. 56 de la ley 17.418 establece, como principio, que el asegurador tiene el deber de pronunciarse acerca del derecho de su asegurado dentro de los treinta días de recibida la denuncia de siniestro o, en su caso, de presentada la información complementaria que se pudiera haber exigido en los términos del art. 46, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal citado. La omisión en pronunciarse en dicho lapso, importa aceptación del siniestro.

Es decir, sólo posee efecto interrumptivo del plazo legal referido la solicitud de información complementaria requerida por la asegurador y con la que carga el asegurado en los términos del art. 46, párrafos segundo y tercero, de la ley 17.418, incumbiendo al primero la prueba de haberla requerido (conf. Stiglitz, R.S., Derecho de Seguros, Buenos Aires, 2004, t. II, p. 304, n° 776 y sus citas de jurisprudencia; CNCom. Sala E, 3/9/1997, «Nieto, Julio José c/ Suizo Argentina Cía. de Seguros S.A.s/ ordinario» ).

En tal marco, ni la designación de liquidadores ni la existencia de actuaciones administrativas o judiciales de donde pudiera surgir la verificación del siniestro o la extensión de la prestación a cargo de la aseguradora suspenden o interrumpen el plazo previsto por el recordado art. 56 (conf. CNCom. Sala A, 5/2/1996, «Faerman, Manuel Alberto c/ Acuario Compañía de Seguros S.A. s/ ordinario»; CNCom. Sala E, 11/2/2014, «Perinetti Allovatti, Marcelo Félix c/ Zurich Compañía de Seguros S.A. s/ ordinario»(ref:MJJ9214 4)).

Insisto: para que ello suceda es necesario que la compañía aseguradora

-o sus colaboradores en su representación- requieran la información de que se trate en los términos a los que alude el ya referido art. 46, la que, además, debe responder a una necesidad cierta, clara y razonable del asegurador (conf. CNCom. Sala C, 21/9/1990, «Flamatec S.A.I.C c/ El Sol de la Buenos Aires Cía. de Seguros S.A. s/ ordinario»).

Así las cosas, la mera existencia de indagaciones propias o ajenas relacionadas con el siniestro, no relevaron a la aseguradora del deber de expedirse respecto del derecho de su asegurado en el plazo indicado por el art. 56 de la ley 17.418 si, como ocurrió en la especie, no se tradujo ello en un concreto requerimiento informativo dirigido al asegurado.

Por cierto, como lo sostuvo la juez a quo, la ponderación de la declaración efectuada por el apoderado de la actora ante el estudio liquidador, aunque se interpretara como acto interruptivo del plazo referido, en nada contribuye para fundar una solución favorable a la demandada, toda vez que el rechazo de la cobertura se produjo más allá de los treinta días contados a partir de la fecha de aquella exposición testimonial.

6°) En cuanto a la crítica vertida por la indemnización otorgada en concepto de lucro cesante, juzgo que corresponde confirmar el fallo apelado.

En efecto, conforme resulta de los arts.519 y 1069 del Código Civil, el lucro cesante es la ganancia o utilidad de la que resultó privado el acreedor a raíz del acto ilícito o el incumplimiento de la obligación; implica una ausencia de ganancia o del acrecentamiento patrimonial que el acreedor podía razonablemente haber logrado de no haber ocurrido el incumplimiento de su contraparte. Es decir, su procedencia no se apoya en una simple posibilidad de una ganancia, ni debe constituir un enriquecimiento sin causa para el acreedor (CNCom. Sala B, 24/5/1988, «Pérez, Lino c/ Amparo Seguros S.A.»).

Pues bien, contrariamente a lo afirmado por la apelante, juzgo que en la especie la procedencia del indicado rubro resarcitorio no puede discutirse.

En efecto, no sólo no está discutido que el camión y semirremolque asegurado estaba afectado a una explotación económica, sino que, además, del no objetado peritaje contable, realizado sobre los libros de la actora, surge que esta última lograba a la época del siniestro una utilidad mensual derivada de esa explotación de $ 19.042, 73 (fs. 253 vta./254), la cual prudencialmente fue reducida por la juez a quo a la cantidad de $ 15.000 por razones que el memorial de agravios no controvirtió de modo desarrollado.

Obviamente, la utilidad mensual referida quedó trunca a partir de la producción del siniestro, y el incumplimiento de la demandada al pago del seguro permitió que semejante status quo subsistiera en el tiempo, ya que por causa de ello la actora quedó impedida de adquirir otro vehículo para volcarlo una explotación lucrativa, tal como lo expuso a fs.64 vta.

Bajo esa comprensión de las cosas, el resarcimiento del lucro cesante no puede ser negado como dije, correspondiendo observar, a todo evento, que la referencia que la demandada hace a la respuesta «g» del informe pericial, no tiene el alcance que pretende dicha parte, pues en él no fue negada la existencia de pérdidas, sino que para la fijación del quantum respectivo no pudo el experto valerse de cierto informe contable aludido por la actora ya que esta última no lo identificó debidamente (fs. 254 y 309 vta.).

7°) El último agravio de la parte demandada se refiere a las costas que le fueron impuestas, solicitando que se distribuyan en atención a que el reclamo realizado fue sustancialmente superior al acogido.

La queja no puede prosperar.

El peso de las costas debe ser soportado por quien provocó una actividad jurisdiccional sin razón suficiente (conf. Fassi, S., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires, 1971, t. 1, n° 315). Por otra parte, es sabido que la exención de costas al vencido reviste carácter excepcional, pues como regla no es justo que el triunfador se vea privado del resarcimiento de los gastos que ha debido hacer para lograr que se le reconozcan sus derechos (conf. CNCom. Sala D, causa n° 9888/02 «Srebro, Brenda c/ Red Cellular S.A. y otro», sentencia del 21/10/2006; CNFed. Civ. Com. Sala III, 13/12/91, «Antorcha Cía. de Seg. S.A. c/ Buque Monte Rosa», LL 1992-C, p. 155).

En el caso, la compañía aseguradora no logró el rechazo de la demanda a su respecto. El carácter de vencida es, por consiguiente, indudable. Advierto, además, que la noción de vencido ha de ser fijada con una visión sincrética del juicio; y no por análisis aritméticos de las pretensiones y los resultados. Con tal base, es notorio que las costas deben ser impuestas íntegramente a la parte que se opuso negando la procedencia de la pretensión, pues aunque el pedido fuera exagerado cuantitativamente, la litis resultó igualmente necesaria (conf.esta Sala D, 30/7/82, LL 1982-D, p. 465; Morello, A. y otros, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, Buenos Aires-La Plata, 1985, t. II-B, p. 112).

Por ello, como lo adelante, el agravio debe ser rechazado.

8°) Corresponde, por último, examinar el recurso de apelación concedido con efecto diferido a fs. 68, que la demandada fundó a fs. 62 y que su contraria resistió a fs. 69/70.

La decisión apelada resolvió, en sustancia, la excepción de defecto legal que había deducido la accionada, distribuyendo las costas en el orden causado (fs. 57/59). Este último aspecto es el que provoca su agravio.

A mi modo de ver, el agravio resulta parcialmente improcedente. Me explico.

En autos se reclamó el cumplimiento de un contrato de seguro de robo, con más el lucro cesante derivado de la indisposición de los bienes asegurados (fs. 17/31). La demandada opuso una excepción de defecto legal con fundamento en que su contraria no había especificado el monto de cada uno de los reclamos deducidos (fs. 49/52). La resolución dictada en primera instancia hizo lugar parcial a la referida defensa, ordenando a la parte actora la determinación del valor de los bienes asegurados (fs. 57/59) y, aunque no dispuso lo propio con relación a la reclamada indemnización por lucro cesante, sí resolvió que la actora debía determinar el dies a quo y dies ad quem de dicho reclamo.

Se advierte, pues, la existencia de un vencimiento parcial y mutuo, de mayor entidad a favor de la demandada, circunstancia que, contrariamente a lo pretendido por la recurrente, no habilita la aplicación del principio objetivo de la derrota dispuesto en el art. 68, primera parte, del Código Procesal, sino que, autoriza la aplicación de lo dispuesto por el art. 71 del Código Procesal.

Por ello, y toda vez que el reparto autorizado por el citado art.71 del Código Procesal no es aritmético sino prudencial y acorde con las peculiaridades de la causa (conf. Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1989, t. 3, ps. 164/165), juzgo apropiado modificar la decisión apelada, debiendo la actora cargar con el 85% de la expensas generadas por la incidencia y quedando a cargo de su contraria el 15% restante. Las costas de alzada correspondientes al recurso de fs. 68 deben imponerse en iguales proporciones.

9°) Por todo lo expuesto, voto porque se rechace la apelación de fs. 300 y se confirme la sentencia de grado, con costas a la demandada (art. 68, primera parte, del Código Procesal); y porque se acoja el recurso de fs. 68, con el efecto de que las costas de primera y segunda instancia atinentes a la excepción resuelta en fs. 57/59, corran en el 85% a cargo de la parte actora, y en el 15% restante a cargo de la demandada (cit. art. 71 de la ley de rito).

Así lo propongo al acuerdo.

El señor Juez de Cámara, doctor Vassallo adhiere al voto que antecede. Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Confirmar la sentencia de grado, con costas a la demandada (art. 68, primera parte, del Código Procesal).

(b) Hacer lugar al recurso de fs. 68, con el efecto de que las costas de primera y segunda instancia atinentes a la excepción resuelta en fs. 57/59, corran en el 85% a cargo de la parte actora, y en el 15% restante a cargo de la demandada (cit. art. 71 de la ley de rito).

(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

Julio Federico Passarón

Secretario de Cámara

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