Al no haber cumplido la compañía de seguro en tiempo y forma, debe responder por los daños y perjuicios sufridos por el actor ante la destrucción total de su vehículo.

accidente choque autoPartes: Moreyra Mario A. c/ QBE Seguros LA Buenos Aires S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: 18 nom

Fecha: 12-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-91657-AR | MJJ91657 | MJJ91657

Al no haber cumplido la compañía de seguro en tiempo y forma, debe responder por los daños y perjuicios sufridos por el actor ante la destrucción total de su vehículo. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a la accionada a abonar la suma debida en concepto de valor de vehículo e indemnización por privación de uso toda vez que no se encuentra prescripta la acción cuando si se trataba del reclamo de pago de la prima por el asegurador dirigida contra el asegurado, tal acción prescribía dentro del plazo anual previsto por el art. 58 de la Ley de Seguros y si se enmarca en una relación de consumo se aplica a la luz de lo claramente dispuesto por los art. 3 y 50 de la Ley 24.240 el plazo trienal de prescripción siempre en beneficio del consumidor.

2.-Cabe el rechazo de la excepción de reticencia deducido por la compañía de seguros demandada toda vez que corresponde determinar la procedencia de la excepción de reticencia traída por la accionada, conforme el art. 5 de la Ley 17.418, la reticencia consiste en toda declaración falsa o todo ocultamiento de las circunstancias conocidas por el asegurado que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato, o modificado sus condiciones, si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo pero aun determinado el cambio de domicilio, era imperativo para la aseguradora demostrar que ese hecho hubiese impedido el contrato, o bien modificado sus condiciones lo que no aconteció.

3.-Debe rechazarse la pretensión de reparación de daño moral por incumplimiento del contrato de seguro si el actor no acreditó la existencia del perjuicio por el incumplimiento de las obligaciones contractuales más allá de la lógica molestia o preocupación que todo incumplimiento traduce lo cual no configura daño moral por lo cual cabe concluir que sólo ha sufrido un daño patrimonial el cual queda resarcido por la suma acordada equivalente al valor del rodado.

Fallo:

Rosario,de

Y VISTOS: Estos caratulados “.Moreyra Mario Alcides c/ QBE Seguros LA Buenos Aires S.A. s/ Daños y Perjuicios” (expte. 123/2011), de trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Decimoctava Nominación, venidos a despacho para el dictado de definitiva.

A fs. 4/5/6, en fecha 01 de marzo de 2011 el Dr. Juan D.Centurión, -en su carácter de apoderada del Sr. MARIO ALCIDES MOREYRA- deduce demanda sumarísima de daños y perjuicios contra HSBC SEGUROS S.A. por la suma de $ 62.500.- y/o lo que en mas o en menos considere el Tribunal y/o surja de las probanzas de autos.

Explica que el día 27 de enero de 2010, aproximadamente a las 9,00 hs. El actor circulaba reglamentariamente a bordo de su rodado marca Renault Kangoo, dominio GAR 249. Lo hacía a una velocidad de 8p km/h por la Ruta Nacional N° 11.

A la altura del km. 722 perdió el control de su conducido, dando dos tumbos e impactando sobre la banquina.

Relata que los daños del rodado, consecuencia del impacto, fueron de tal magnitud que no admiten reparación.

Posteriormente el actor cumplió con todas y cada una de las obligaciones que le impone la ley de seguros, que enumera de la siguiente manera: 1) denunció el siniestro en tiempo y forma; 2) dio a la aseguradora toda la información necesaria para que verifique la ocurrencia del hecho y ser resarcido conforme a la póliza.

Continúa su relato afirmando que la aseguradora no cumplió con las obligaciones a su cargo, no se pronunció dentro del plazo del art. 56 de la Ley de Seguros sobre la aceptación o rechazo del siniestro, lo que es tenido por aceptación.

En síntesis manifiesta que HSBC incumplió su obligación principal, es decir, resarcir conforme el contrato el daño patrimonial sufrido por el siniestro. (conf. art. 61). Cita jurisprudencia.En cuanto a la legitimación expresa que el actor se encuentra legitimado para iniciar esta acción por cuanto es el titular registral del vehículo marca Renault Kangoo 1.6 Dominio GAR 249 y de tomador de la póliza N° APRI – 00-006761.

RESPONSABILIDAD:

Incumplimiento contractual: manifiesta que corresponde encuadrar la conducta del actor en incumplimiento contractual, que este a su vez, es malicioso y deliberado, que como consecuencia de su inconducta deberá responder no sólo por las consecuencias inmediatas y necesarias, sino también por las mediatas. (cf. 521 CC).

Que el actor cumplió con todas sus obligaciones y que al momento del siniestro la póliza estaba paga y vigente.

Señala además que el demandando no sólo no cumplió sino que no respondió a ninguno de los múltiples reclamos realizados, violentando así el deber de buena fe.

Destaca que el incumplimiento de la demandada, generó en el actor y en su grupo familiar padecimientos espirituales en virtud de la incertidumbre a la que debieron enfrentarse con perdida de libertad y tiempo y con la imposibilidad de disponer de sus vidas según lo que tenían proyectado. Por ello solicita se tenga en cuenta las idas y vueltas desde su domicilio hasta la compañía aseguradora, con la consiguiente demora en su trabajo y falta de disposición de su tiempo de manera habitual y con la carga de estrés que ello implica.

Por todo ello solicta se condene a indemnizar el daño moral que el incumplimiento causó en la actora, conforme el leal saber y entender de la suscripta.

Manifiesta que prueba de ello es también el hecho de tener que acudir a estos tribunales a reclamar el cumplimiento de un contrato que se celebró a los fines de evitar complicaciones y/o riesgos futuros.

Cita doctrina y jurisprudencia que estima aplicable al caso.

Finalmente concluye diciendo que el incumplimiento es importante porque de haberlo previsto el actor, no hubiera celebrado el contrato.

RUBROS Y MONTOS RECLAMADOS:

Manifiesta que acompaña presupuesto confeccionado por Servicio Especializado Renault del Sr.Alfredo Héctor Petean de la ciudad de Reconquista.

Daño emergente: explica que el deterioro sufrido por el vehículo fue de tal magnitud que el costo de reparación supera el 80% del valor del rodado, por lo que desde el punto de vista jurídicos se configura la destrucción total del mismo, razón por la cual estimó el rubro en la suma de $ 44.500,00.-

Privación de uso: estima por este rubro la suma de $10.000.- manifiesta que la sola indisponibilidad del rodado configura un daño resarcible, sin necesidad de prueba específica acerca del perjuicio. Que el usuario se ve constreñido a usar otros medios para suplantar el suyo lo que le hace incurrir en mayores gastos de traslado.

Daño moral: reclama por el mismo atento los padecimientos sufridos la suma de $ 8.000.00.- y/o lo que en mas o en menos fije el Tribunal.

Finalmente ofrece la prueba de la que ha de valerse como lo establece el Art. 413 Inc. a) CPCC.

En fecha 18 de marzo de 2011, el actor amplía la demanda en los siguientes términos.

Que haciendo uso del art. 135 del CPCC amplia la demanda contra HSBC SEGUROS S.A. solicitando la aplicación de la ley de Defensa del Consumidor ley 24240.

Realiza a continuación una narración respecto de los antecedentes doctrinarios y legislativos tendientes a que el contrato de seguro quede comprendido en la protección de la ley del consumidor. Remarca la ampliación buscada por la ley 26.361. En definitiva concluye que la reforma legislativa y el espíritu de la ley permiten incluir dentro del marco regulatorio de la Ley de Defensa del Consumidor a los contratos de seguros. Cita jurisprudencia.

En cuanto a los aspectos procesales, peticiona la aplicación del beneficio de gratuidad impuesto por la ley en el art. 53 a efectos de la presente demanda. Cita jurisprudencia.

Asimismo, también se refiere a la prescripción solicitando en virtud de la aplicación de la LDC, el plazo de prescripción trienal. (cf. art.50). Cita jurisprudencia.

En fecha 18/03/2011, se da curso a la demanda, se imprime el trámite SUMARISIMO y se emplaza a la demandada para que comparezca, conteste la demanda y ofrezca su prueba, conforme lo normado por el Art. 413 Inc. b) CPCC.

A fs. 44 en fecha 26/04/2011 comparece HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS mediante su apoderado, Dr. Fabricio Luciani.

La accionada contesta la demanda solicitando el rechazo de la misma con costas, subsidiariamente deduce nulidad del contrato de seguros y de póliza en virtud de la exclusión impetrada.

Luego de una particular y categórica negativa de los hechos invocados por el actor en la demanda, realiza su versión de los mismos.

En primer lugar manifiesta que la demandada no ha incumplido obligación contractual alguna.

Continua diciendo que reconoce que existía entre el Sr. Moreyra Mario Alcides y la accionada un contrato de seguro automotor, póliza APR1-00-006761. También reconoce que a la fecha del siniestro el contrato se encontraba vigente.

Expresa que considera fundamental considerar las claúsulas integrantes de las condicione particulares de la póliza en cuestión.

Que en el caso, el actor es propietario de un vehículo prendado, por lo que cabe transcribir la cláusula 197 de las condiciones particulares, que en su art. 28 hace referencia al domicilio para denuncias y declaraciones, describiendo claramente cual es el domicilio a aplicar en el caso de las denuncias y declaraciones conforme a la ley de seguros.

Dice: “el domicilio en que las partes deben efectuar las denuncias y declaraciones .es el último declarado”

Destaca que la compañía recibió la denuncia de siniestro e inmediatamente puso en marcha el proceso liquidatorio, para lo cual, inspeccionó la unidad siniestrada, requirió cotización de los restos de la unidad los que superaban holgadamente los montos requeridos para que se configure un supuesto de destrucción total.

Que cumpliendo con la ley de seguros, se le transmitió al reclamante mediante Carta documento N° 0093784-1 que de acuerdo a las verificaciones de daños efectuadas el supuesto no configuraba destrucción total.Que del relato surge que la compañía ajustó su comportamiento a derecho habiéndose expedido conforme la póliza y la ley de seguros.

En síntesis, concluye, no existe incumplimiento alguno por parte de la demandada.

NULIDAD DEL CONTRATO:

Que interpone nulidad del contrato de seguros y póliza respectiva. Que plantea la misma como defensa de fondo conforme el inciso 4 de la ley 142 del CPCC. Cita doctrina que avala la interposición de la excepción como perentoria y como defensa de fondo que permite ser alegada en la contestación de la demanda y que no tiene que resolverse como de previo y especial pronunciamiento.

Citando a Stiglitz dice: “los efectos de la nulidad se extienden al beneficiario y/o a terceros que invoquen derechos sobre la prestación a cargo del asegurador” lo que quiere decir, aclara, que la nulidad del contrato será oponible a la parte actora.

Puntualiza concretamente en relación a la cláusula 1 de las condiciones particulares para el seguro de automotores que establece: “EXCLUSION POR RETICENCIA EN EL DOMICILIO REAL, “Dado que el precio del seguro varía en función de la siniestralidad de distintas zonas geográficas y que la zona geográfica la define el domicilio del asegurado, el asegurador no indemnizara los siniestros cuando verifique que la localidad del domicilio declarado en la solicitud de seguro o su zona de influencia no cocincide con la del domicilio en el cual habita el asegurado y/o con la radicación del vehículo” y continúa diciendo que dentro de las causales de exclusión se especifica: “cualquier modificación del lugar de residencia producida con posterioridad a la contratación de la póliza deberá ser denunciada al asegurador. En caso de incumplimiento, será también aplicable la presente exclusión”.

Que conforme a dichos datos se emitió la póliza respectiva en la cual se consigna como domicilio el de Mitre 1075 de Vera, Santa Fe.Que todo ello se apoya en el soporte documental de la misma póliza invocada por el actor, por lo que no podrán desconoce rse que a los efectos del cumplimiento del contrato la omisión del asegurado respecto a la modificación del domicilio cercena directamente la operatividad de las comunicaciones que son parte esencial en la etapa de ejecución del contrato. Ello es esencial en cuanto a la respuesta dada por la compañía al reclamo del actor mediante carta documento CBN0010720-6 envida el 11 de febrero de 2010.

Por ello concluye que el asegurado omitió declarar la modificación de su lugar de residencia, lo que no está controvertido por ninguna de las partes. Dicha omisión sólo le sería imputable a ella. No obstante ello, aclara, no existe concatenación entre los daños reclamados y la actitud tomada por la aseguradora, es decir, liquidar el sineistro de acuerdo al contrato de seguros que los vinculaba.

Sigue diciendo que al haber el asegurado omitido intencionalmente declarar ante la aseguradora, se vició la voluntad de ésta en tanto que de haber conocido esa circunstancia no habría aceptado la propuesta o se hubiesen modificado las condiciones, por lo tanto, el asegurado incurrió en reticencia. Por ello conforme a la ley de seguros se impugna en tiempo y forma el contrato de seguros estableciéndose su nulidad.

Se demostrará oportunamente por prueba de peritos que de haber sido notificada esta circunstancia hubiera modificado o impedido la celebración del contrato e incluso influído en su ejecución.

Luego, continúa la demandada, analizando el instituto de la reticencia. Al respecto cita doctrina que en lo fundamental refiere al consentimiento dado por el asegurador sujeto a la descripción del riesgo en base a los datos que brinda el asegurado, que no está en condiciones de verificar.

Alude también a que en los supuesto de exclusión no se aplica el plazo que contiene el art. 56 de la ley de Seguros, motivo por el cual el silencio de la aseguradora no puede tomarse como aceptación.Cita doctrina y jurisprudencia de la Cámara Nacional Comercial.

Finalmente interpone prescripción. conforme el art. 142 inciso 4 del CPCC, respecto de la pretensión de incumplimiento contractual.

Que de la demanda surge que la actora reclama por un accidente ocurrido el 27 de enero de 2010, con lo que excede el plazo anual del art. 58 de la ley 17.418.

Que la denuncia fue realizada en fecha 27/01/2010 habiéndose expedido la compañía en fecha 11/02/2010.

Manifiesta que mas allá de que dicho reclamo pudiera tener o no virtualidad a los efectos de la interrupción de la prescripción, surge evidente que no la tiene frente a la aseguradora.

Razona de ese modo porque explica que la compañía se expidió oportunamente en fecha 11 de febrero de 2010, tornando exigible la prestación a la cual se viera obligada desde esa fecha. Posteriormente a ello, transcurrió largamente el plazo del art. 58 de la 17.418 para que el asegurado intente la acción resarcitoria.

Ofrece la prueba de la que ha de valerse, solicita aplicación de la ley 24.432 y finalmente hace reserva del caso federal.

A fs. 28 se tiene por contestada la demanda.

A fs. 52 el Dr. Centurión, por la actora, contesta traslado.

DEL RECHAZO POR LA ACTORA DE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION:

Refiere que la demanda fue incoada el 28 de febrero de 2011 invocando la aplicación de la ley 24.240 y sus modificatorias, concretamente el beneficio de gratuidad y la prescripción trienal.

Explica en cuanto al derecho al consumidor que el mismo viene precedido de un reconocimiento constitucional y en los Tratados Internacionales, por lo que las decisiones legales inferiores deben subordinarse a ella.

Que a su vez, la propia ley en su art. 65 se autodenomina de orden público, con ello se ubicó a la LDC por encima de los intereses individuales o de algún sector.En mérito de ello no cabe duda de que el contrato de seguro encuadra en el concepto de relación de consumo, cumpliendo con los requisitos para ello.

No obsta a su aplicación el hecho de que la situación se encuentre reglada por normas especiales e incluso que esté controlada por la Superintendencia.

Siendo entonces, aplicable la LDC al contrato de seguro, le corresponde la prescripción trienal, en virtud de lo cual habrá de rechazarse la excepción interpuesta por la demandada.

Contando el actor con tres años para la interposición de la acción, la misma fue incoada en tiempo, es decir, dentro del plazo trienal que establece la ley.

DEL RECHAZO DE LA NULIDAD POR RETICENCIA ALEGADA POR LA DEMANDADA:

Manifiesta que no hubo por parte del actor, falsedad ni información errónea, ni modificación alguna en las condiciones de contratación de la póliza.

Que deberá el demandado probar la reticencia que invoca, y cita jurisprudencia que dice que la reticencia debe probarse por peritos tendiente a demostrar si las verdaderas circunstancias hubieran impedido el contrato o modificado sus condiciones, no bastando la reticencia o falsa declaración para determinar la nulidad del contrato.

Ofrece prueba.

A fs. 55 en fecha 21/06/2011 se abre la causa a prueba.

En fecha 16/08/2011 la prueba ofrecida por las partes se provee de conformidad (fs. 59) cf. Art. 413 Inc. e) CPCC).

En autos se produce prueba Confesional de la actora (fs. 160); Informativa (Registro Nac de las Personas: fs. 69/70 – Reg. Prop. Automotor: fs. 110/111/112/113 – Oca: fs. 125/6 – Tribunal Electoral de Santa Fe: fs. 135/6/7); Instrumental Pública autos: “Moreyra Mario s/ sus lesiones” expte. 127/10 remitido por juzgado Correccional de Vera (fs. 81 a 108), Pericial Mecánica (fs. 129/30/31); sin perjuicio de la Documental oportunamente acompañada por las partes.

En fecha 11/10/2013 comparece la demandada a denunciar el cambio de denominación social de HSBC LA BUENOS AIRE SEGUROS S.A.por la nueva denominación QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES S.A. conforme mandato que adjunta y declara vigente bajo juramento. Asimismo constituye nuevo domicilio real.

Mediante decreto del 11/10/2013 se deja constancia en autos de las modificaciones denunciadas por la demandada a los efectos de ley (fs. 155).

En fecha 10/09/2014 se celebra la audiencia de vista de causa a la que alude el Art. 413 Inc. f) CPCC. Las partes alegan por su orden conforme acta glosada a fs. 165.

Habíendosele dado participación al Ministerio Público Fiscal conforme lo estatuido en el Art. 52 -segundo párrafo- de la Ley 24.240 (fs. 167).

En fecha 10/10/2014 se ordena autos para sentencia, el que queda firme a fs. 170 y 171, solicitado el dictado de sentencia por la actora (fs. 186) y no existiendo escritos sueltos pendientes de agregación según se informa, quedan los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO: El accionante deduce demanda sumarísima de daños y perjuicios contra HSBC SEGUROS S.A. por la suma de $ 62.500.- y/o lo que en mas o en menos considere el Tribunal y/o surja de las probanzas de autos.

Dicha suma resulta de los distintos rubros que reclama, a saber; daño emergente $ 44.500,00.-; privación de uso por $ 10.000,00.- y daño moral $ 8.000,00.-).

Del relato de los hechos brindado por ambas partes, se desprende que las mismas se vincularon mediante contrato de seguro, con emisión de póliza Nro. APR1-00-006761 por el vehículo de titularidad del actor marca Renault kangoo 1.6 Dominio GAR 249. No obstante ello, la accionada resiste la pretensión de incumplimiento de contrato en base a la versión de sus hechos y deduce asimismo en forma subsidiaria excepción de nulidad por reticencia del actor y prescripción.

Que conforme lo normado por el art.243 CPCC, “los hechos constitutivos de la litis son los que proceden jurídicamente de la demanda y su contestación y de las peticiones formuladas en ella”. Por consiguiente, corresponde analizar los hechos invocados, las constancias de autos y el derecho aplicable en la especie. (C.C.C. de Santa Fe, sala 1ra., Zeus, Tomo 12, p.R-33).

Que la cuestión litigiosa queda integrada con la contestación de la demanda. “El esquema temático de cuestiones jurídicas propuesto por el actor al promover la demanda, que en definitiva serán objeto litigioso y constituirán el thema decidendum, se completa con la contestación de la demanda, porque sobre las admisiones y negaciones del demandado se determina cuales serán los hechos controvertidos (“cuestión litigiosa”) y la forma en que se distribuirá la carga de la prueba.” (“La demanda y la defensa en el proceso civil”, Víctor De Santo Bs.As., edit. Universitaria, l981, p.459).

Conforme a ello, ha quedado expresamente reconocido por el demandado y por lo tanto no es objeto de prueba de los presentes como ya adelanté, la existencia del contrato con la consiguente emisión de la póliza denunciada por el actor y ni el siniestro del rodado objeto del seguro.

Queda entonces trabada la litis en torno al incumplimiento contractual denunciado por la actora, al no abonar la accionada la liquidación por destrucción total reclamada o, por el contrario, como afirma la demandada, ésta no ha incurrido en incumplimiento alguno, siendo el actor el incumpliente al no denunciar el cambio de domicilio real, incurriendo en reticencia que daría lugar a la nulidad del contrato por la causal de exclusión y la prescripción conforme a los términos del art.58 de la ley 17418.

En virtud de la excepción de prescripción interpuesta por la demanda y por una cuestión de orden lógico, habré de avocarme en primer término al estudio de la procedencia o del rechazo de la excepción articulada.La normativa de la Ley de Defensa del Consumidor había abierto polémica sobre su aplicación en materia de prescripción al contrato de seguro. Mientras el art. 58 de la Ley de Seguros dispone que las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben por el plazo de un año, el art. 50 de la Ley 24.240 extiende el plazo a tres años.

La cuestión no ha encontrado consenso ni en la doctrina ni en la jurisprudencia.

El nuevo art. 50 de la ley 26.361, modificatoria de la ley 24.240 de “Defensa del consumidor”, establece que “Las acciones judiciales, las administrativa s y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario.”.

Lo expuesto significaría que a partir de la sanción de la ley 26.361, la prescripción trienal, en principio, se aplica a las acciones judiciales relativas a los contratos de seguro, siempre y cuando, simultáneamente, lo sean de consumo.

Dicho de otro modo, en aquellas hipótesis en que el contrato de seguro no constituya un contrato de consumo, regirá la prescripción anual del artículo 58 de la ley 17.418, ya que está referida a las relaciones entre las partes del vínculo jurídico sustancial.

Sin embargo la jurisprudencia es vacilante. Hay quiene sostinene que la ley de contrato de seguro constituye una ley especial con relación a la de consumo. Por tanto, no podría sostenerse la derogación de su art. 58 por la disposición relativa a la prescripción prevista también por la Ley 24.240. No obstante que la ley que rige el contrato de consumo fue dictada con posterioridad a la Ley de Seguro, no puede predicarse que haya sido intención del legislador ni que exista incompatibilidad absoluta que permita tener por derogada la disposición de esta última en materia de prescripción.No debe perderse de vista que el principio de interpretación a favor del consumidor sólo opera en caso de duda.

Por otra parte, se señaló que tal plazo prescriptivo especial de la Ley de Seguros ha tenido en miras la valoración del riesgo económico específico que el contrato implica, el que no puede quedar alterado sin más por la Ley de Defensa de los Consumidores. Esta postura encontró algún eco en la jurisprudencia. Así se afirmó: “La ley 17.418 constituye una norma especial con relación a la Ley 24.240 que regula los contratos de consumo, la cual -aunque posterior- no deroga el art. 58 de aquella norma, toda vez que no ha sido ésa la intención del legislador ni existe incompatibilidad entre ellas que permita tener por derogada la disposición de la ley de seguros en materia de prescripción. La aplicación del art. 50 de la Ley 24.240 a un supuesto específico y particular como es el contrato de seguro podría tornar incierta la operación técnica que funda el seguro y conducir a que su utilización indiscriminada en todo contrato de consumo altere tácitamente las normas particulares que lo rigen” (C. A. C. C. de Mar del Plata, Sala II, 24.05.07, “Curci, Carmela y ot. C. Bernardino Coop. de Segs. Ltda.”, LLBA, noviembre/2007, 1174, entre mucho otros).

“La acción deducida contra una aseguradora en virtud del presunto incumplimiento de las obligaciones que emergen del contrato de seguro se encuentra prescripta, pues, desde la fecha en el cual la demandada declinó la responsabilidad ante el siniestro producido, que es cuando el asegurado se vio en condiciones de accionar judicialmente, hasta la fecha de interposición de la demanda; transcurrió el plazo previsto en el art. 58 de la Ley 17.418. El planteo de inconstitucionalidad del art.58 de la Ley 17.418, en cuanto establece la prescripción aplicable a las acciones que emergen del contrato de seguro, debe rechazarse, si no aparece debidamente fundado, dado que la declaración de inconstitucionalidad de normas legales es un acto de suma gravedad institucional y, como tal, debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico.

La prescripción extintiva prevista en el art. 50 de la ley 24.240 se aplica exclusivamente a las acciones judiciales emergentes de dicha ley, pero no a las que emergen del contrato de seguro y de la ley especial que lo rige en lo pertinente, en tanto que el propio estatuto de defensa del consumidor la respeta en su art. 3.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D. “Á., G. A. c. Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. s/ ordinario o 15/04/2014” Publicado en: RCyS 2014-XII , 213 Cita online: AR/JUR/22658/2014 ; en igual sentido Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A Francioni, Adelina Liliana c. Mapfre Argentina Seguros S.A. s/ ordinario o 28/06/2013 Publicado en: RCyS 2014-I, 167Cita online: AR/JUR/38843/2013; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A Altrui, Arnaldo y otros c. Caja de Seguros S.A. o 13/03/2013 Publicado en: RCyS 2013-V , 275 o DJ 22/05/2013 , 86 o RCyS 2013-IX , 221 con nota de Sebastián A. Gamen o RCyS 2013-XI , 66 con nota de Héctor Osvaldo Chomer Cita online: AR/JUR/3453/2013; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A González, Nilda Raquel c. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. s/ordinario o 06/03/2013 Publicado en: DJ 02/10/2013 , 77 Cita online: AR/JUR/14496/2013)

Por lo demás, en una posición intermedia, algunos autores sostuvieron que el plazo de prescripción de tres años no abarca a las acciones judiciales que tengan su fuente en otras leyes generales o especiales, ya que el art.50 sólo se refiere a las acciones “emergentes de esta ley”.(VÁZQUEZ FERREIRA – ROMERA, “Defensa del Consumidor”, Ed. Depalma, Bs. As., 1994, pág. 139.)

Distinguen el plazo de prescripción aplicable según en cual de las dos leyes se fundaba la resolución del caso. Si se trataba de la nulidad de una cláusula abusiva, o de los efectos vinculantes de la oferta efectuada a persona indeterminada, o la integración del contrato con el contenido de la publicidad, o la violación del deber de información, habría que estar a la prescripción trianual de la Ley 24.240.

Si, en cambio, se trataba del rechazo del siniestro por suspensión de cobertura o por culpa grave del asegurado, o por una caducidad originada en el incumplimiento de una carga legal, se aplicaría el plazo anual de la Ley 17.418. También fue seguida por alguna jurisprudencia.

“Si la aseguradora incumplió con su deber de adecuada información acerca de cómo abonar la cuota siguiente a la última pagada por el actor, la acción de éste tendría raíz en la trasgresión al deber de informar correctamente al usuario del servicio, y se enmarcaría en la ley 24.240; pero si la aseguradora satisfizo ese deber suficientemente, la cuestión se ubica dentro de la ley 17.418, pues no habría razón jurídica para acudir a aquella ley genérica” (CSJ Tucumán, Sala Civil y Penal, 13/08/2004, “Cortés, Imer G. c. La Caja Cía. de Seguros”, LL NOA 2004 (diciembre), 282 – LL NOA 2005 (octubre), 1165, con nota de Federico R. MOEYKENS)

En igual sentido: ” El plazo de prescripción previsto en el art.50 de la ley 24.240, no resulta aplicable a los contratos de seguro, pues la citada ley tiene por objeto actuar como control de cláusulas contractuales predispuestas en los contratos de adhesión, cuando el Estado Nacional no interviene, y una solución contraria implicaría poner en tela de juicio las facultades de control de la Superintendencia de Seguros de la Nación contenidas en el art. 8 de la ley 20.091.(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B “Petorella, Liliana Irene c. Siembra Seguros de Retiro S.A. o 03/07/2009 Publicado en: LA LEY 24/11/2009 , 7 con nota de Domingo López Saavedra o LA LEY 2009-F , 704 con nota de Domingo López Saavedra o ED 235 , 659 o RCyS 2010-II , 171 con nota de Juan Manuel Prevot o RCyS 2010-IV , 95 con nota de Domingo M. López Saavedra Cita online: AR/JUR/33456/2009).

La postura más amplia afirma que la interpretación a favor del consumidor se impone por el principio interpretativo previsto en el art. 3 de la Ley 24.240.

Concluyen que siempre se aplica el plazo de prescripción de tres años de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios de encontrarnos dentro del ámbito de aplicación de dicha normativa.

En esta linea, se pronunciaba Lorenzetti: “El plazo de tres años modifica la prescripción decenal que es regla en materia de acciones personales y la bianual en materia de responsabilidad por daños en los casos que prevé la ley”. (LORENZETTI, Ricardo L. “Consumidores”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003, pág. 499).

A ello cabe agregar que todas y cada una de las disposiciones de la Ley 24.240 son de orden público, mientras que sólo algunas de ellas revisten ese carácter en la Ley 17.418.

Por otra parte, se alega que la fuente constitucional confiere al derecho de los consumidores el carácter de ius fundamental, que lo hace prevalecer aún ante disposiciones de leyes especiales o anteriores.(MOEYKENS, Federico R., “Aplicación de la ley de defensa del consumidor al contrato de seguro”, LL NOA, 2005-1165).

La tesis tuvo también acogida en la jurisprudencia. Asi se expresó: “El plazo de prescripción trienal establecido en la ley 24.240 debe prevalecer sobre el establecido en el art. 58 de la ley de seguros, pues el orden público que informa el art. 3° de la ley de Defensa del Consumidor hace que todo contrato de consumo -en el caso, un de seguro de vida y capitalización- deba regirse por los preceptos que en el caso resulten más favorables a esa parte más débil de la relación negocial” (C. A. C. Comercial de Santa Fe, Sala I, 04/10/2006, “Martínez, Walter César y otra c. Aetna Vida S.A.”, RCyS 2006-XI, 97, LL Litoral, 2006-1451, entre muchos otros).

“Tratándose el contrato de seguro de una relación de consumo, el plazo de prescripción aplicable a una acción de daños contra una aseguradora es el establecido en el art. 50 de la Ley 24.240, pues el orden público que informa el art. 3 de esa normativa solucionó un problema de jerarquía de normas al reconocer, en supuestos de contradicción con leyes supletorias y complementarias, la preeminencia y la autonomía del microsistema de protección del consumidor. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores “Zegbi, Carlos Antonio c. Provincia Seguros SA o 19/03/2013 Publicado en: RCyS 2013-XI , 233Cita online: AR/JUR/19772/2013)

“El plazo de prescripción aplicable a la acción por cobro de un seguro de vida colectivo es el de tres años, por aplicación de las normas de la Ley de Defensa del Consumido” (Cámara Nacio nal de Apelaciones en lo Comercial, sala C “Amaya, Jorge Aníbal c. Caja de Seguros S.A. s/ordinario o 04/12/2012Publicado en: ED 08/07/2013, 5Cita online:AR/JUR/78263/2012)

“A partir de la sanción de la ley 23.361, la prescripción trienal establecida en el art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor se aplica a las acciones judiciales relativas a los contratos de seguro que, simultáneamente, sean contratos de consumo, mientras que, en el caso de no existir ese doble carácter, sigue rigiendo el plazo anual del art. 58 de la Ley 17.418.”(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C Alvarez, Carlos Luis c. Aseguradora Federal Argentina S.A. a/ordinario o 22/08/2012Publicado en: LA LEY 10/09/2012 , 10 o LA LEY 2012-E , 275 o RCyS 2012-X , 229 o DJ 27/02/2013 , 83 o RCyS 2014-VI , 215 con nota de Juan Pedro Giudici Cita online: AR/JUR/41497/2012)

“Tratándose el contrato de seguro de una relación de consumo, el plazo de prescripción aplicable es el establecido en el art. 50 de la ley de Defensa del Consumidor, modificado por la ley 26.361, aún cuando la póliza se haya contratado con anterioridad a tal modificación, si el hecho que motiva la exigibilidad del reclamo se desarrolla encontrándose vigente la nueva redacción introducida.(Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala III Caporaletti, María Cecilia c. Liberty Seguros Argentina S.A. s/cumplimiento de contratos civiles/comerciales o 06/06/2011;Publicado en: RCyS 2011 – XII , 79 con nota de Waldo A. Sobrino o JA 2011-12-14,86 o JA 2012-11-21, 83 Cita online: AR/JUR/24728/2011).

Los mismos autores advierten que la ampliación del plazo sólo podía favorecer al consumidor y no al proveedor en desmedro del consumidor. En consecuencia, si se trataba del reclamo de pago de la prima por el asegurador dirigida contra el asegurado, tal acción prescribía dentro del plazo anual previsto por el art. 58 de la Ley de Seguros.

Pues bien, a criterio de la suscripta y a la luz de lo claramente dispuesto por los art.3 y 50 de la ley 24.240 los cuales encuentran su basamente en nuestra Constitución Nacional, esta última postura reseñada es la que debe prevalecer. Siendo consecuentemente aplicable el plazo trienal de prescripción a las acciones de cumplimiento de contrato de seguro siempre que queden enmarcadas en una relación de consumo y en beneficio del consumidor.

Sentado ello corresponde determinar la procedencia de la excepción de reticencia traída por la accionada.

Conforme el art. 5 de la ley 17.418, la reticencia consiste en toda declaración falsa o todo ocultamiento de las circunstancias conocidas por el asegurado que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato, o modificado sus condiciones, si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo.

De este modo, es claro que aun determinado el cambio de domicilio, era imperativo para la aseguradora demostrar que ese hecho hubiese impedido el contrato, o bien modificado sus condiciones. Por consiguiente, este segundo aspecto fáctico era, en rigor, decisivo para la procdencia de dicha defensa y no fue acreditado, lo cual amerita sin más su rechazo.(en igual sentido puede verse: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C Marchese, Daniel David c. Seguros Bernardino Rivadavia Coop.o 19/10/2007 Cita online: AR/JUR/9276/2007).

Sin perjuicio de destacar que la accionada evidentemente conocío el cambio de domicilio del actor por cuanto el mismo consta en el sumario penal labrado como consecuencia del seniestro agregado a autos a fs.81 a 108, el cual indudablemente debió obrar en el legajo al momento del reclamo efectuado por el asegurado y asimimo remitió correspondencia al accionante a su nuevvo domicilio (poliza y resumenes de cuenta) conforme surge de la documentación resevada en secretaría para estos autos por la parte actora, sin cuestionar la vigencia del contrato o sus condiciones oportunamente por lo cual su conducta actual indudablemente contraría la teoría de los propios actos.

Resta entonces determinar si existió o no incumplimiento contractual por parte de la aseguradora.

La demandada sostiene conforme su propio dictamente que los restos del vehículo superan el 20% de su valor venal y por ello no configura destrucción total en los terminos de la cláusula 197 art.10 de la Condiciones Generales de póliza.

En autos se ha producido prueba pericial cuyas conclusiones obran agregadas a fs. 129/131.

El perito actuante concluye: “Total de costo de reparación: $.41.249.- Valor de un Renault Kangoo 1,6, Confort Modelo 2007 $.48.500.- a enero de 2010.- Porcentaje del valor de la reparación vs. Valor del automóvil: (4129/48500) x 100 =85%.

Las conclusiones del perito no fueron cuestionadas por las partes y por lo tanto a criterio de la suscripta resultan determinantes.

El vehículo del actor ha sufrido destrucción total y debío ser indemnizado por la accionado habiendo esta incurrido en incumplimiento contractual.

En relación a los rubros y montos reclamados. Pretende el actor en concepto de daño emergente la suma de $.44.500.- por valor de la unidad; y $.10.000.- como indemnización de la privación de uso.-

En consideración a lo previsto por las Condiciones generales de Póliza art. 10 pto III, corresponde hacer lugar a la suma de $.44.500.- reclamada en concepto de destrucción total del vehículo.

En atención a la privación de uso, el actor reclama la suma de $.10000.- alegando gastos de traslado.

Si bien la indemnización por el valor del vehículo no cubre el daño derivado de la privación de uso.Lo difícil es cuantificar el daño, ya que en este caso no se puede estar al tiempo probable de las reparaciones ni el actor ha aportado prueba alguna.

Además tampoco sabemos si el actor procedió a reemplazar el vehículo sustraído por lo que evidentemente la indemnización no puede darse en base al tiempo que duraría hasta la adquisición de otro rodado, ni por el tiempo que razonablemente fue necesario para concretar la supuesta operación.

Conforme a lo solicitado, estimo debe reconocerse la indemnización durante un lapso que prudencialmente fijo en 30 días conforme criterios jurispudenciales establecidos en la materia.

En consecuencia y meritando el importe diario en gastos de traslado en $.100 se establece la indemnización en la suma de $3000.- (Pesos tres mil.)

Por último solicita la reparación del daño moral por la suma de $.8000.- Sobre este rubro tampoco se ha aportado ninguna prueba que acredite lo expuesto.

Cabe recordar que es criterio que el art. 522 del Código Civil confiere a la reparación del daño moral el carácter de una satisfacción compensatoria que debe ser interpretado con sentido restrictivo para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica, quedando a cargo de quien lo invoca acreditar el perjuicio que se alega haber sufrido (SCBA, Ac. 35.579 del 22.4.86 en DJBA, 131-34; CACCSan Isidro, sala II, 12.7.96 autos “Raggi c.Taller del Sol”, entre otras).

El actor no acreditó la existencia del perjuicio por el incumplimiento de las obligaciones contractuales más haya de la lógica molestia o preocupación que todo incumplimiento traduce lo cual no configura daño moral por lo cual cabe concluir que sólo ha sufrido un daño patrimonial el cual queda resarcido por la suma acordada equivalente al valor del rodado.

En función de lo expuesto;

FALLO: 1) Haciendo lugar parcialmente a la demanda de autos y consecuentemente condennado a pagar a la accionada la suma de $.47.500.-(Pesos cuarenta y siete mil quinientos.-)en concepto de valor de vehículo e indemnización por privación de uso, dentro del plazo de diez días de quedar firme la presente.-

2)La suma estipulada devengará desde la mora y hasta su efectivo pago un interés moratorio calculado conforme la aplicación de la tasa activa fijada por el Banco de la nación Argentina sumada.-

3)Imponer las costas a la accionada (art. 251 C.P.C y C.).- 4) Honorarios una vez confeccionada planilla de capital e intereses en autos.-

Insértese y hágase saber.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s