Responsabilidad concurrente de la empresa de electricidad y del actor, quien cayó de la motocicleta en la que circulaba al ser embestido por un cable propiedad de la demandada.

accidente moto 1Partes: Suárez Antonio C. c/ Empresa provincial de la energía s/ declaratoria de pobreza

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Fecha: 27-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-92533-AR | MJJ92533 | MJJ92533

Responsabilidad concurrente de la empresa de electricidad y del actor quien se cayó de la motocicleta en la que circulaba al ser embestido por un cable propiedad de la demandada.

Sumario:

1.-Deben distribuirse las culpas del accidente del que resultaron lesionados los actores por la caída de la motocicleta en la que se transportaban, motivado tal hecho por el impacto de un cable de la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica demandada, que cayó sobre ellos, resultando evidente que el cable en cuestión presentaba una deficiencia que lo hacía inapto para su función, habida cuenta que cedió y cayó sobre la calzada, lo cual no debía suceder en términos de normalidad.

2.-Cabe atribuirse a las víctimas responsabilidad por las lesiones que sufrieron en el accidente al caerse la moto en la que circulaban por el impacto de un cable de la empresa demanda, toda vez que del análisis de los elementos, surgen conductas que han de ser reprochadas a título de culpa a las víctimas como el reconocimiento de que los coactores se desplazaban en número de tres en una motocicleta, en circunstancias en que el clima era lluvioso y la calzada se encontraba mojada y, por ende, con menor adherencia.

3.-El incumplimiento de la normativa aplicable respecto a la cantidad de pasajeros que pueden circular en una motocicleta – en el caso, tres personas se desplazaban cuando embistieron un cable de la demandada – guarda adecuado nexo de causalidad con el resultado dañoso, interfiriendo la cadena causal, toda vez que resiente claramente la maniobrabilidad del vehículo, puesto que, en caso contrario, eventualmente se habría podido evitar la caída o minimizar las consecuencias.

4.-Es procedente la indemnización por incapacidad sobreviniente la que debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible, conforme a una visión amplia del problema tratado y para su cuantificación deben tenerse presentes las características personales de la víctima.

5.-Es indemnizable el daño moral sufrido por los actores que se lesionaron al caerse de la motocicleta en la que circulaban por embestir un cable de electricidad de la demandada, y nada autoriza a excluir al daño moral del principio de la reparación plena y del régimen predeterminado de imputación de consecuencias que consagra el CCiv., al que está indisolublemente ligado.

Fallo:

Rosario, 27.03.2015.-

VISTOS: Los presentes autos “SUÁREZ, Antonio Cristian c. Empresa Provincial de la Energía s. Daños y perjuicios”, Expte. Nro. 860/2011, y su acumulado “SUÁREZ, Antonio Cristian c. Empresa Provincial de la Energía s. Declaratoria de pobreza”, Expte. Nro. 984/2008, ambos en trámite por ante este Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, venidos a despacho a fin de dictar sentencia conforme se peticiona a fs. 158 vta. de los citados en primer término, de los que surge lo siguiente.

1. A fs. 40 y ss., Antonio Cristian Suárez, Andrea Vanesa Smith y Elías Yoel Suárez, promueven demanda de indemnización de daños y perjuicios contra la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, tendente a la percepción de los siguientes rubros: incapacidad sobreviniente; daño moral; y daño material de la motocicleta.

Relatan que, en fecha 25.08.2007, siendo aproximadamente las 21.30 horas, circulaban a bordo de la motocicleta Honda dominio 003 DDO, por calle Grandoli en dirección al norte. En circunstancias en que trasponían la intersección con calle 24 de septiembre, observaron una explosión en el transformador que la demandada posee en la ochava noroeste de dicha intersección, y la caída de un cable que se enredó en la rueda delantera de la motocicleta, lo que provocó su caída al pavimento.

Atribuyen responsabilidad en función de lo previsto por los arts. 1113 y 2311, CC.

Refieren el agotamiento de la vía administrativa previa.

Fundan su derecho y ofrecen pruebas.

2. Citada y emplazada la demandada (fs. 48), a fs. 54 y ss.comparece y contesta demanda la Empresa Provincial de la Energía, negando puntualmente los hechos afirmados por los actores en el escrito inicial.

Reconoce la ocurrencia del hecho dañoso, así como las circunstancias de personas, tiempo y lugar.

Deduce excepción de falta de legitimación pasiva, aseverando que el cable en cuestión pertenecía al alumbrado público y, por ende, quien reviste el carácter de dueña o guardiana es la Municipalidad de Rosario.

Endilga culpa a los actores, toda vez que se conducían en número de tres en una motocicleta, sin casco protector, y en circunstancias en que el clima era lluvioso y la calzada se encontraba mojada y resbaladiza.

Ofrece pruebas.

3. Corrido traslado de la excepción de falta de legitimación pasiva (fs. 59), a fs. 60 y ss. es respondida por los actores, quienes solicitan su rechazo.

Afirman que la demandada consintió su legitimación pasiva al no haber manifestado esta circunstancia en oportunidad del reclamo administrativo previo, ni tampoco en el trámite tendente a obtener el beneficio de litigar sin gastos.

Adicionan que el cable cayó por la explosión en el transformador de la demandada, por lo que su responsabilidad resulta incuestionable.

4. Otorgada intervención al Defensor General (fs. 64) y proveídas las pruebas (fs. 110), constan como producidas en autos las siguientes: a) informativas: Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” (fs. 77 y ss.), Municipalidad de Rosario (fs. 118 y ss.), y Empresa Provincial de la Energía (fs. 131 y ss.); b) periciales: técnica (fs. 107 y ss.), y médica (fs. 147 y ss.); y c) instrumental: los caratulados “Sus lesiones. Víctimas: SUÁREZ, Antonio Cristian, SMITH, Andrea y SUÁREZ, Alexis”, Sumario Nro. 2541/2007, que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la Séptima Nominación de Rosario.

Tomada nueva intervención por parte del Defensor General (fs. 158 vta.), designada la audiencia de vista de la causa como lo prevé el art. 555, CPCC (fs.156), y habida la misma (según da cuenta el acta de fs. 158), quedan los presentes en estado de dictar sentencia definitiva.

Y CONSIDERANDO:

1. Liminarmente ha de tenerse presente que los accionantes reclamaron su pretensión ante la Administración, en cumplimiento de la exigencia legal del art. 1° de la Ley de Defensa en Juicio del Estado (Nro. 7.234, texto según ley Nro. 9.040), pretendiendo se los indemnizara por los daños causados que aquí reclaman (cf. fs. 10 y ss., Expte. Nro. 984/2008).

No constando el oportuno dictado de resolución, se acompañó (fs. 5, Expte. Nro. 984/2008) el pronto despacho interpuesto, pese a lo cual el ente demandado no se expidió, habilitando por ende el recurso al órgano jurisdiccional (arg. art. 1° citado).

2. Cabe indicar, como previo al análisis de los hechos expuestos por los actores, que en el proceso penal (Sumario Nro. 2541/2007) se ha dictado el archivo de las actuaciones, en función de lo previsto por el art. 316, Código Procesal Penal (decreto de fecha 03.10.2007, a fs. 29).

Tal decisión firme permite al Tribunal Civil examinar la responsabilidad de la demandada en el hecho, por la distinta naturaleza de la responsabilidad penal y civil, extremo que se hace constar expresamente por la disposición contenida en el art. 1103, CC.

3. De las constancias probatorias rendidas, que se evaluarán bajo la perspectiva de dilucidar sólo los aspectos controvertidos dado que las cuestiones admitidas no requieren prueba (arg. art. 145, CPCC; cf. C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re “MEDINA, Santa Teresa c. Techint S.A. -Daños y Perjuicios- s. Recurso de Inconstitucionalidad”, en A. y S., tomo 105, págs.207/212), surge lo siguiente.

Declaró ante la autoridad policial el coactor Antonio Cristian Suárez, aseverando que se encontraba “circulando en la motocicleta marca Honda Wave 110 c.c., dominio 003 DDQ, de color gris, llevando como acompañante a mi mujer la llamada Smith Andrea de 29 años y a mi hijo llamado Alexis Suárez de 2 años por Av. Grandoli de sur a norte, es así que al llegar a la intersección de calle 24 de septiembre soy golpeado por un cable aéreo haciendo desestabilizar la motocicleta cayéndonos al suelo, resultando como consecuencia del siniestro mi mujer, mi hijo y yo lesionados (.)” (fs. 4 y vta., Sumario penal).

Agregó luego que “el día sábado 25 del corriente mes y año, a las 21.30 horas, yo circulaba en mi motocicleta marca Honda Wave 110 c.c., color gris, dominio DDQ 003, haciéndolo como acompañante mi mujer Andrea Vanesa Smith y mi hijo Elías Joel Suárez de 6 años de edad, por calle Grandoli de sur a norte, y varios metros antes de llegar a calle 24 de septiembre, pude observar que en las alturas en el cableado del alumbrado público había varios chispazos, y al llegar a esa calle en forma imprevista se me cayó un cable del alumbrado público de la luz y se me enredó en la rueda delantera, sin poder evitarlo, por lo que salimos despedidos y resultamos lesionados en diferentes partes del cuerpo (.)” (fs.11, Sumario penal).

La coactora Andrea Vanesa Smith, a su turno, narró que “el día sábado siendo las 21.30 horas, yo circulaba como acompañante en la moto Honda Wave, color gris, de mi pareja el llamado Antonio Cristian Suárez, conduciendo él, y además haciéndolo también como acompañante, mi hijo Elías Joel Suárez de 6 años de edad, por calle Grandoli de sur a norte, y es así que al llegar a calle 24 de septiembre sentí un fuerte golpe que pegó en la moto adelante y después me desperté en el H.E.C.A. (.). Desconozco cómo ocurrieron los hechos, dado que yo al momento del accidente venía distraída y el accidente me sorprendió y perdí el conocimiento instantáneamente, no recuerdo nada por ese motivo. La noche estaba lluviosa y el asfalto estaba mojado y resbaladizo, la iluminación era bastante buena (.)” (fs. 8 y vta., Sumario penal).

La demandada, a su turno, afirmó que “el cable que causó el daño cuya indemnización pretende la accionante, pertenece al alumbrado público, siendo la Municipalidad de Rosario única y exclusiva responsable del estado y mantención del mismo” (fs. 55).

En el parte preventivo se hizo constar que “En el lugar se puede observar un cable aparentemente del tendido aéreo eléctrico en el suelo, y a pocos metros una motocicleta de color gris, es así que se porcede a entrevistar a su conductor quien fuera el llamado Antonio Cristian Suárez (.)” (fs. 1, Sumario penal).

La inspección ocular practicada por la preventora evidenció que “Av. Grandoli es una arteria pavimentada, con cordones de contención de hormigón armado, con orientación cardinal norte sur, con doble sentido de circulación vehicular, divididos por un cantero central en donde se observan columnas metálicas de alumbrado público, siendo que la zona cuenta con iluminación, como así también se observa una motocicleta marca Honda Wave 110 c.c.color gris dominio 003 DDQ a unos dos metros de la calzada este, y un rollo de cable aéreo de color negro, aparentemente de fluido eléctrico a unos cuatro metros de la motocicleta, hacia el cardinal sur, la intersección de calle 24 de septiembre, arteria pavimentada, con cordones de contención de hormigón armado, de orientación cardinal este oeste, con sentido de circulación vehicular igual (.) al momento del siniestro hubo precipitaciones en forma de lluvia (.)” (fs. 2 y vta., Sumario penal).

La Municipalidad de Rosario informó que “no obran en nuestro poder indicios de desprendimiento alguno de cables de alumbrado público” (fs. 122).

La demandada Empresa Provincial de la Energía, por su parte, indicó que “del sistema informático oficial consta un reclamo del usuario Inés Graciela Porro de fecha 26.08.2007, hora 08.48 y un ordenativo de trabajo de fecha 26.08.2007, lo que se imprime en 2 (dos) fojas para agregar a la presente” (fs. 133 y vta.), acompañándose las constancias de fs. 131 y 132, de donde se consignó que en Grandoli y 24 de septiembre hay “varios sin luz (.) cable de línea general cortado”.

El perito técnico actuante en sede civil concluyó que “El transformador pertenece a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y se encuentra emplazado en un tipo constructivo denominado Subestación Transformadora Aérea (SETA). (.) A consecuencia de una explosión en un transformador, según la magnitud y características de la misma, se pueden desprender uno o más cables de tendido eléctrico que van sobre la vía pública” (fs.107 vta.).

Cabe destacar entonces que, más allá de la caracterización que la parte actora efectúa del cable involucrado en el hecho, lo cierto es que las probanzas merituadas precedentemente permiten aseverar que se trataba de un cable de energía de la Empresa Provincial de la Energía accionada, no afectado al servicio del alumbrado público y, por ende, fuera de la órbita de guarda de la Municipalidad de Rosario.

Lo expresado conduce a rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por la demandada a fs. 54 vta. y ss.

Finalmente, la atención médica dispensada a los actores se halla acreditada a través de la respuesta a la informativa cursada al Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” (fs. 77 y ss.).

4. Por la confirmación de las circunstancias que rodearon el hecho dañoso, conforme los términos indicados en los puntos que anteceden, debe examinarse la responsabilidad siniestral.

4.1. Se encuentra reconocido y acreditado en autos que los actores sufrieron lesiones producidas por la caída de la motocicleta en la que se transportaban, motivado tal hecho por el impacto de un cable de la demandada que cayó sobre ellos.

Resulta por ende evidente que el cable en cuestión presentaba una deficiencia que lo hacía inapto para su función, habida cuenta que cedió y cayó sobre la calzada, lo cual no debía suceder en términos de normalidad.

Claramente entonces, ello bien puede encuadrar en el concepto de “vicio de la cosa”, entendido éste como “una falta o defecto de fabricación o conservación de la cosa que hace a ésta susceptible de dañar” (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, 8° edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1993, pág. 405), tornando aplicable por este sendero el segundo párrafo del art.1113, CC.

Sobre la expresada base no incumbe a los actores la prueba fehaciente de violación reglamentaria alguna por parte de la contraria, sino que le basta con acreditar la existencia del nexo causal adecuado entre la cosa riesgosa o viciosa y el daño, correspondiendo a la parte demandada que pretende liberarse de responsabilidad demostrar la culpa de la víctima, de un tercero, o el caso fortuito, siempre que revelen aptitud para interrumpir o interferir tal nexo (C.S.J.N., 11.05.1993, in re “FERNÁNDEZ, Alba Ofelia c. BALLEJO, Julio A. y Otra”, en LL 1993-E, págs. 472 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re “ESPÍNDOLA, Juan Lorenzo c. SANCHO, Miguel A. y Otros”, en A. y S., tomo 105, págs. 198 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re “LEVY, Daniel”, en A. y S., tomo 105, págs. 192 y ss.), lo cual no empece a la facultad del órgano jurisdiccional para realizar un análisis de la conducta del demandado (C.S.J.P.S.Fe, 05.08.1998, in re “LÁZZARI de MILANESI, Nora c. MESSULAM, Miguel Ángel y Otros”, en A. y S., tomo 148, págs. 240 y ss.).

4.2. Del análisis de los elementos obrantes en autos, surgen conductas que han de ser reprochadas a título de culpa a las víctimas.

4.2.1. En efecto, se halla reconocido por los coactores que se desplazaban en número de tres en una motocicleta, en circunstancias en que el clima era lluvioso y la calzada se encontraba mojada y, por ende, con menor adherencia.

Ello constituye clara infracción a la Ordenanza municipal Nro. 6.543/1998, por cuanto estatuye que “(.) Las motocicletas de dos ruedas (salvo los ciclomotores) no deben transportar más de un acompañante (.)” (art. 36, inc.g.2), y que se debe “circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito” (art. 35, inc. b).

El incumplimiento analizado guarda adecuado nexo de causalidad con el resultado dañoso, interfiriendo la cadena causal, toda vez que resiente claramente la maniobrabilidad del vehículo, puesto que, en caso contrario, eventualmente se habría podido evitar la caída o minimizar las consecuencias.

4.2.2. En cuanto al reproche endilgado por la falta de uso del casco protector, ha de advertirse que de la informativa cursada al Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” surge que el coactor Antonio Cristian Suárez (único coaccionante al que se le fijó incapacidad por lesiones en zona cubierta por tal adminículo, según surge de la pericial médica a fs. 150) ingresó por “accidente en vía pública moto sin casco” (fs. 77 vta.).

La precitada Ordenanza municipal expresamente puntualiza que constituye un requisito para circular “(.) Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados (.)” (art. 36, inc. j).

4.3. Por todo lo merituado, entiende este órgano jurisdiccional que la responsabilidad del presente hecho dañoso debe ser atribuida concurrentemente a las dos partes en litigio.

Ponderando la gravitación de los recíprocos incumplimientos, decide este Tribunal que: a) en relación a la pretensión de los coactores Andrea Vanesa Smith y Elías Yoel Suárez, el 25 % de la responsabilidad corresponde a los coactores (arts. 1109 y 1113, CC), y el 75 % restante a la demandada Empresa Provincial de la Energía (art. 1113, CC); y b) en relación a la pretensión del coactor Antonio Cristian Suárez, el 45 % de la responsabilidad corresponde a la víctima (arts. 1109 y 1113, CC), y el 55 % restante a la demandada Empresa Provincial de la Energía (art. 1113, CC).

5. Despejada la atribución de responsabilidad, debe pasarse revista a los daños cuya indemnización se demanda.

5.1.En relación al rubro incapacidad sobreviniente, doctrinariamente considerada, la incapacidad es la falta de salud derivada de un hecho ilícito.

La invalidez física es un concepto médico antes que jurídico, ya que la captación normativa del complejo de hecho se integra también con las repercusiones que dicha minusvalía tiene en la capacidad de ganar dinero, que no es contemplado por la noción puramente médica (cf. LORENZETTI, Ricardo Luis; “La lesión física a la persona. El cuerpo y la salud. El daño emergente y el lucro cesante”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1992, Nro. 1, pág. 101). Se configura cuando el ilícito deja una secuela irreversible que se traduce en disminución -total o parcial- permanente.

Es la línea básica del resarcimiento y, pese a la falta de mención en el art. 1086, CC, se le considera incluida en el art. 1068, CC. De ahí que se haya ponderado que el evidente menoscabo anatómico y funcional, justifica por sí solo la indemnización del daño que tiene su fuente en el art. 1068, CC.La norma ha sido interpretada en el sentido de comprensiva de todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, inclusive daños a la salud y a la integridad física.

Por ende, de acreditarse que la víctima sufrió una limitación funcional, igualmente se entiende producido un daño patrimonial que genera la obligación de indemnizar, aun cuando no hubiera tenido rentas, porque dicho daño tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de aquel tipo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad.

Se considera entonces que la indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible, conforme a una visión amplia del problema tratado.

Para cuantificar el daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, deben tenerse presentes las características personales de la víctima (C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re “SULIGOY, Nancy Rosa FERUGLIO de y Otros c. Provincia de Santa Fe”, en A. y S., tomo 105, págs. 171 y ss.), en cuanto a edad, sexo, estado civil, nivel de capacitación, para el supuesto de que realizara tareas remuneradas si lo hacía o no en relación de dependencia. Es decir, debe ponderarse con estas pautas el perjuicio económico que la víctima del hecho sufre por la incapacidad física que presenta.

A efectos de determinar el monto de resarcimiento por incapacidad sobreviniente, los fallos precedentes pueden ofrecer una ayuda o pauta de cuantificación, cuando se trata de casos análogos o casos próximos, reuniendo características similares en aquellas variables consideradas relevantes para la decisión judicial.

En cuanto a las condiciones personales, ha de considerarse que el coactor Antonio Cristian Suárez, que contaba con 34 años de edad al momento del accidente e invocó ser electricista de autos (fs.11, Sumario penal), aun cuando los testigos Lorena Soledad Peralta e Ivana Noemí Gómez no puntualizaron específicamente tal desempeño sino de manera genérica (cf. fs. 33 y vta., Expte. Nro. 984/2008), porta un 7 % de incapacidad (pericial médica, fs. 150).

La coactora Andrea Vanesa Smith, a su turno, contaba con 27 años de edad y denunció ser ama de casa (fs. 8, Sumario penal), y porta un 5 % de incapacidad (pericial médica, fs. 150).

Y en cuanto al coactor Elías Yoel Suárez, hijo de los restantes coactores (cf. fs. 65), el perito médico actuante concluyó que “no presenta incapacidad relacionado con el hecho traumático” (fs. 150).

Teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las condiciones particulares de las víctimas que se explicitan precedentemente, se declara procedente el presente rubro, fijándose el mismo en la suma de $ 42.000.- para el coactor Antonio Cristian Suárez, y en la suma de $ 30.000.- para la coactora Andrea Vanesa Smith, rechazándose el rubro en lo que respecta al coactor Elías Yoel Suárez.

5.2. Se define al daño moral sufrido a consecuencia del siniestro, como “una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (ZAVA LA de GONZÁLEZ, Matilde; “Daños a las personas”, tomo 2, pág. 49).

Cabe consignar que, sobre la procedencia de su reparación, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “no figura entre las potestades de un estado constitucional imponer a los habitantes cargas que superen a las requeridas por la solidaridad social. Es obvio que, desde una especial -y respetable- concepción de la ética, puede mirarse a la reparación del daño moral como un apartamiento de las rigurosas exigencias que tal ética formula a quienes deseen seguirla.Pero no cabe que los jueces se guíen, al determinar el derecho, por patrones de moralidad que excedan los habitualmente admitidos por el sentimiento medio, pues, como lo señala Cardozo, “los jueces deben dar vigor con sus sentencias a la moralidad corriente de hombres y mujeres de conciencia recia” (“The nature of the judicial process”, U.S., Yale University Press, 1937, pág. 106). En efecto, la decisión judicial no ha de reemplazar las opciones éticas personales cuya autonomía también reconoce el art. 19 de la Constitución Nacional. Ahora bien, en el sentimiento corriente, la actitud hacia las pérdidas definitivas no es aconsejar su asunción heroica, sino que se traduce en un activo intento de mitigarlas, aun a sabiendas de la pobreza de medios con que se cuenta a ese fin” (C.S.J.N., in re “SANTA COLOMA c. Empresa Ferrocarriles Argentinos”, en ED, tomo 120, pág. 652).

Sobre las facultades del Tribunal para fijar prudencialmente el monto se ha resuelto “la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante” (Cám. Nac. Civ., Sala F, 05.08.1997, in re “DEPAOLINI, Jorge R. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, en JA 20.05.1998, págs.48 y ss.). En idéntico sentido, “La fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador” (Cám. Nac. Civ., Sala F, 12.05.1992, in re “CENTURIÓN de MORENO, Elvira c. RASTELLI, Favio V. y Otro”, en LL 1993-B, índice por materia, 26).

Sentado lo anterior, el Tribunal hace saber que, como directriz general para el examen de los daños, participa del criterio que no debe aceptarse la multiplicidad de rubros resarcitorios, los que se limitan en número al daño patrimonial y moral (GOZAÍNI, Osvaldo; “La legitimación en el proceso civil”, Buenos Aires, Ediar, 1996, pág. 416; entre otros), posición en que se ha manifestado la Alzada (CCCRos, Sala IV, Ac. No. 371, 12.08.2005, in re “MORENO, Zulema del C. y Ot. c. PIATTI, Héctor s. Daños y Perjuicios”).

Así, la lesión o daño estético y la lesión o daño psíquico o psicológico, son rubros a tener en cuenta para evaluar la entidad del perjuicio, pero cualquiera de éstos no configura un daño de distinta naturaleza, o con entidad propia, sino que al momento de fijar la cuantía de la indemnización, se los debe incluir dentro del daño patrimonial o moral, según los intereses afectados, en esto siguiendo la opinión de la doctrina en la materia (VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto; “La legitimación activa para reclamar indemnización por daño moral”, Rev. Jca. Delta, Nos. 9/10, pág.78).

Adentrándonos a la consideración de la determinación de su monto, cabe consignar que existen para ello distintos criterios, y que corresponde, desde ya, adelantar que este Tribunal, siguiendo a la jurisprudencia mayoritaria, descarta que deban buscarse forzadas relaciones entre la suma otorgada por perjuicio material y la que haya de fijarse en concepto de daño moral. En efecto, ambas resarcen perjuicios de distinta naturaleza e, hipotéticamente puede concebirse el uno sin el otro.

Es así que se ha entendido que “A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste” (C.S.J.N., 09.12.1993, in re “GÓMEZ ORUE de GAETE, Frida A. y Otra c. Provincia de Buenos Aires”, JA 1997-II, síntesis).

Sobre el tema en cuestión ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “Ya se ha señalado entre nosotros con relación a la cuantía del resarcimiento del daño moral, que: “De nada vale sostener, por un lado, que debe resarcirse a la víctima, para luego, a la hora de determinar el monto de la indemnización, hacerlo con una suma puramente simbólica, sin entidad alguna, que nada compensa (.)”; muy por el contrario, a la víctima le interesa recibir una suma dineraria que tenga alguna entidad, jerarquía o importancia”, lo cual “sugiere, en última instancia, la necesidad de un límite mínimo: no debe ser irrisoria”. Con similares lineamientos pero más concretamente se ha destacado asimismo que “Nada autoriza a excluir al daño moral del principio de la reparación plena y del régimen predeterminado de imputación de consecuencias que consagra el Código Civil, al que está indisolublemente ligado. La regulación específica del daño moral que contienen los arts.522 y 1078 del Código Civil, en modo alguno permiten inferir su apartamiento de los principios generales de la reparación”; criterio éste reafirmado por la propia Corte Suprema, al decidir que el pronunciamiento que estableció la indemnización del daño moral sufrido por el actor en unas sumas “que no cubren mínimamente los requerimientos de la prudencia en la determinación del perjuicio causado (.) ha establecido su cuantía en términos que desvirtúan el principio de la reparación integral propio de la materia en examen, razón por la cual no satisface el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales” (C.S.J.N., 01.04.1997, in re “LACUADRA, Ernesto Adolfo y Otros c. S.A. Nestlé de Productos Alimenticios”, en ED 1997, tomo 174, pág. 259).

Entonces, teniendo una vez más en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las condiciones particulares de las víctimas a las que se alude precedentemente, se declara procedente el rubro fijándose el mismo en la suma de $ 13.000.- para el coactor Antonio Cristian Suárez, y en la suma de $ 9.000.- para la coactora Andrea Vanesa Smith, rechazándose el rubro en lo que respecta al coactor Elías Yoel Suárez, habida cuenta que ninguna afectación de ninguna índole se probó en relación a éste.

5.3. Finalmente, el rubro daño material de la motocicleta no tendrá favorable recepción.

Es que en autos no consta que el vehículo hubiera sufrido daño alguno y, en adición, la constancia de fs. 8 no ha merecido judicial reconocimiento, por lo que no puede ser merituada.

6. En relación a las costas, atento el resultado arribado y por aplicación del principio normativo del vencimiento objetivo, se impondrán en el siguiente orden: 40 % a los actores y 60 % a la demandada (art. 252, CPCC).

Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, integrado, RESUELVE:I) Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por la demandada a fs. 54 vta. y ss. II) Rechazar en su totalidad la demanda articulada por el coactor Elías Yoel Suárez. III) Hacer lugar parcialmente a la demanda enderezada contra la accionada Empresa Provincial de la Energía y, en consecuencia, condenarla a pagar la suma de $ 30.250.- al coactor Antonio Cristian Suárez y la suma de $ 29.250.- a la coactora Andrea Vanesa Smith. IV) Rechazar el rubro daño material de la motocicleta. V) Imponer las costas en el siguiente orden: 40 % a los actores y 60 % a la demandada. VI) Regular, por su actuación en autos, los honorarios profesionales de la Dra. Analía Liliana Martínez en la suma de ($.)- (34,06 unidades jus); los de los Dres. Juan Silvio Rebotaro y Mariela Laura Restelli, conjuntamente y en proporción de ley, en la suma de ($.).- (30,66 unidades jus); y los de los peritos Ing. Luis Francisco Julián Massaro y Dr. Juan Carlos Adolfo Cueto, en la suma de ($.).- (08,52 unidades jus) para cada uno de ellos. Difiérase el prorrateo previsto en el art. 505, CC, al momento de la práctica de la liquidación correspondiente. VII) Las sumas aquí consignadas devengarán un interés no acumulativo de acuerdo a las siguientes pautas: a) desde el día del hecho y hasta el vencimiento del plazo que la normativa aplicable otorga para el pago (Ley Nro. 7.234, texto según ley 12.036; art. 13, Decreto 953/2011), se aplicará sobre el capital el promedio entre las tasas activa y pasiva mensual sumado que abone el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (índice diario); b) desde la fecha de la presente Sentencia y hasta el vencimiento del plazo que la normativa aplicable precedentemente citada otorga para el pago, se aplicará sobre los honorarios profesionales idéntica tasa; c) en caso de incumplimiento a los términos del procedimiento de cancelación de sentencias referido y hasta su efectivo pago, el capital indemnizatorio y los honorarios devengarán un interés equivalente al doble de la tasa referenciada (arg. art. 12, Decreto 953/2011). VIII) Insértese, agréguese copia y hágase saber.

Autos: “SUÁREZ, Antonio Cristian c. Empresa Provincial de la Energía s. Daños y perjuicios”, Expte. Nro. 860/2011, y su acumulado “SUÁREZ, Antonio Cristian c. Empresa Provincial de la Energía s. Declaratoria de pobreza”, Expte. Nro. 984/2008.-

CINGOLANIBENTOLILA

BELLIZIA

CESCATO

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