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Incompetencia de la CSJN para entender en amparo tendiente a otorgar un subsidio a enfermo de VIH por discriminación laboral

sidaPartes: M. M. Y. c/ GCBA s/ amparo

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 19-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-91476-AR | MJJ91476 | MJJ91476

La Corte se declaró incompetente para entender en un amparo deducido contra el Gobierno de la Ciudad a fin de que otorgue un subsidio extraordinario a un particular, que padece HIV, en razón de la discriminación sufrida en la incorporación al mercado laboral.

Sumario:

1.-Corresponde declarar la incompetencia del Tribunal, por la vía de su instancia originaria; para entender en las actuaciones en la que un particular demanda a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional ha sido citado como tercero obligado, y declarar que deberá entender el fuero nacional en lo contencioso administrativo federal, toda vez que, para resolver las cuestiones planteadas resultará necesario analizar el marco de actuación propio del Poder Ejecutivo Nacional, el que se encuentra regido fundamentalmente por normas y principios de derecho administrativo.

Fallo:

Procuración General de la Nación

– I –

M Y M , quien padece VIH, inició acción de amparo, en los términos de la ley 2145 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los arts. 14 de la Constitución local y 43 de la Constitución Nacional, ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4 (CABA), contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), a fin de que se le asigne un subsidio extraordinario y reparatorio, equivalente al salario mínimo vital y móvil, para dar «respuesta a la necesidad de supervivencia, por razón de la gran cantidad de años de marginación y discriminación en la incorporación al mercado laboral sufridos» I debido a su identidad y expresión de género (fs. 1).

Sostuvo, entre otras cosas, que el subsidio requerido comprende «la reparación de los daños y perjuicios sufridos por razón de la discriminación y violencia institucional generalizada, constante y directa, con un Estado ausente y promotor de la misma a través de sus funcionarios policiales» (fs. 1 vta.) .

Peticionó, asimismo, que se dicte una medida cautelar para que se ordene a la parte demandada que le otorgue tal subvención, debido a que se encuentra incapacitada para ejercer sus derechos (fs. 13/14).

Fundó su pretensión en los arts. 11 de la Constitución de la CABA, 14, 16, 18 Y 19 de la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional enumerados en el arto 75, inc. 22, de la Ley Fundamental, entre otros, y en la ley nacional 26.743 de Identidad de Género.

A fs. 84/92, el GCBA contestó la demanda y manifestó, entre otras cosas, que la actora denunció una situación que involucra una problemática de naturaleza federal debido a que las cuestiones planteadas incumben a instituciones que funcionan bajo la órbita del Estado Nacional. Asimismo, señaló que la acción no debe prosperar contra el GCBA en cuanto no realizó ninguno de los actos denunciados.En consecuencia, solicitó que se cite como tercero al Estado Nacional, lo cual fue ordenado a fs. 106.

A fs. 131/142, se presentó el Estado Nacional y opuso excepción de incompetencia con sustento en lo prescripto en el arto 116 de la Constitución Nacional.

A fs. 165/171, la jueza hizo lugar a la excepción y se declaró incompetente por considerar que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al ser parte el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, por lo que elevó los autos a V.E., para que tramiten ante tal instancia.

A fs. 198, se corrió vista, por la competencia, a este Ministerio Público.

– II –

Ante todo, cabe recordar que el Tribunal no puede asumir su competencia originaria y exclusiva sobre una causa si el asunto no concierne a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, no es parte una provincia, o no se dan las circunstancias que legalmente lo habilitan, de conformidad con los arts. 1° de la ley 48, 2° de la ley 4055 y 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58. Sobre tales bases considero que el sub judice no corresponde a la competencia originaria de V.E., toda vez que según se desprende de los términos del escrito de inicio -a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia, de conformidad con los arts. 4° y 5° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y doctrina de Fallos: 306:1056; 308:1239 y 2230- un particular demanda a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es una provincia (conf.doctrina de Fallos 322:2856, 323:1199 y 327:2357) y ésta cita como tercero al pleito al Estado Nacional, que sólo es aforado al fuero federal, por lo que no se configura ninguno de los supuestos que, con arreglo a lo dispuesto por el constituyente, habilitan la tramitación del pleito ante los estrados del Tribunal.

En tales condiciones y dado que el arto 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre, es insusceptible de extenderse a otros casos no previstos (Fallos: 323:4008; 325:5, y dictamen de este Ministerio Público en la causa G.230. XLVI, «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cl Obra Social Dirección Nacional de Vialidad s/ ejecución fiscal», del 13 de julio de 2010, con sentencia de V.E. de conformidad, del 14 de septiembre de 2010, entre otros), opino que el proceso es ajeno al conocimiento del Tribunal.

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2014.

ES COPIA

LAURA M. MONTI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 19 de febrero de 2015

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve declarar que esta causa no corresponde a la competencia originaria de esta Corte.

2°) Que, sin perjuicio de ello, y con la finalidad de evitar la profusión de ‘trámites e impedir que se susciten cuestiones de competencia que, de plantearse, podrían comprometer la protección de los derechos fundamentales en juego en este caso, corresponde determinar en esta instancia cuál es el fuero competente para intervenir en estas actuaciones (doctrina de la causa CSJ 1611/2007 (43-C) «Central Térmica Sorrento S.A.c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/ acción meramente declarativa de certeza», sentencia del 24 de junio de 2008) .

3°) Que, a tal fin, cabe considerar que en estas actuaciones se ordenó la intervención del Estado Naciona.l como tercero obligado; que, pese a la oportuna oposición de la parte actora, esta decisión quedó firme; y que el Estado hizo uso de su prerrogativa federal al plantear la excepción de incompetencia.

En tales condiciones, por imperio del artículo 116 de la Constitución Nacional, la intervención del Estado Nacional surte el fuero federal, sin que quepan distinciones respecto del grado y carácter de tal participación procesal (v. doctrina de Fallos: 310:2465; 314:101; 315:156; 320:2567 y 324:740).

4°) Que, sentado lo expuesto, y dado que para resolver las cuestiones planteadas resultará necesario analizar el marco de actuación propio del Poder Ejecutivo -regido fundamentalmente por normas y principios de derecho administrativo-, el caso corresponde a la competencia del fuero nacional en lo contencioso administrativo federal (doctrina de Fallos: 311:2659).

Por ello se resuelve:

I. Declarar la incompetencia del Tribunal para entender en ras presentes actuaciones. por la vía de su instancia originaria; II. Remitir el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a fin de que produzca el sorteo del juzgado de primera instancia de ese fuero que continuará la tramitación de la presente. Notifíquese y remítase.

RICARDO LUIS LORENZETTI

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