Procede el daño moral ante la rotunda negativa de la concesionaria de brindar algún tipo de solución al accionante frente a los inconvenientes que presentó la camioneta adquirida por éste a raíz de los vicios redhibitorios que presentó

autoPartes: Galbusera Néstor Hugo c/ Bavarian Motors S.A. y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 9-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-91420-AR | MJJ91420 | MJJ91420

Procede el daño moral ante la rotunda negativa de la concesionaria de brindar algún tipo de solución al accionante frente a los inconvenientes que presentó la camioneta adquirida por éste a raíz de los vicios redhibitorios que presentó. 

Sumario:

1.-Para que resulte procedente la reparación moral, es necesario considerar la repercusión que la acción dañosa provoca en la persona afectada. Las molestias, así como los reclamos extrajudiciales o la necesidad de accionar judicialmente para obtener el reconocimiento de su derecho indemnizatorio, no constituyen daño moral: para que así sea, es menester alegar y probar -razonablemente- la modificación disvaliosa del espíritu, del querer o sentir de la supuesta damnificada para, así, admitir tal rubro indemnizatorio.

2.-El agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas: entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, aunque no cualquier inquietud o perturbación del ánimo derivados de la privación de bienes materiales son suficientes para justificarlo.

3.-No existe necesaria vinculación proporcional entre el daño moral y el perjuicio que afecte la persona de la víctima, pudiendo la indemnización variar en razón de las circunstancias de cada caso.

4.-El daño moral existe cuando se lesionan derechos de las personas que son extraños a valores económicos y su reparación tiene un carácter resarcitorio y no meramente sancionatorio o ejemplar, en tanto de lo que se trata de lograr a través de la indemnización es una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del agravio moral sufrido.

5.-La reparación del agravio moral, derivado de la responsabilidad contractual, queda librada al arbitrio del juez, quien libremente apreciará su procedencia. Sin embargo, se debe conceder con cierta estrictez y es a cargo de quien lo reclama, su prueba concreta y así las cosas, además de probar la existencia del agravio, debe probarse, de alguna manera, su cuantía o, cuanto menos, las pautas de valoración que permitan al juzgador proceder a la determinación de conformidad con lo que establecen los arts. 522 Cód. Civ. y 165 CPCCN, de otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante.

6.-A diferencia de lo que sucede con otros rubros indemnizatorios, la acreditación del daño moral no requiere, necesariamente, de elementos que objetiven, mediante pericias médicas o psicológicas, la existencia de un perjuicio físico o psiquiátrico.

7.-La rotunda negativa de la concesionaria a brindar algún tipo de solución al accionante frente a los inconvenientes que presentó la camioneta adquirida por éste a raíz de los vicios redhibitorios descriptos, debió, razonablemente, ocasionarle a este último una afectación del espíritu que debe ser resarcida. En este marco empero, estimo que dicho daño moral” no tuvo la magnitud que le atribuyó el recurrente. Sobre esa base, considerando las circunstancias del caso y recurriendo al criterio de estimación prudencial que debe orientar la labor de los magistrados -art. 165 CPCCN-, se considera que el importe de pesos cinco mil ($ 5.000) otorgado por el Juez de grado para enjugar el daño moral resulta adecuado. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de diciembre de dos mil catorce, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con la asistencia de la Señora Secretaria de Cámara, para entender en los autos caratulados “GALBUSERA NÉSTOR HUGO c/ BAVARIAN MOTORS S.A. y otro s/ Ordinario” (Expediente N° 66.373, Registro de Cámara N° 7.415/2009), originarios del Juzgado del Fuero N° 20, Secretaría N° 40, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido por el art. 268 del CPCCN, resultó que debían votar en el siguiente orden: Dra. María Elsa Uzal, Dr. Alfredo Arturo Kolliker Frers y Dra. Isabel Míguez.

Estudiados los autos, la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara Doctora María Elsa Uzal dijo:

I. – Los hechos del caso.

1) A fs. 9/13 se presentó Néstor Hugo Galbusera, quien promovió demanda contra Bavarian Motors S.A. -en adelante, Bavarian- y contra Néstor Jaime Clusa y/o contra quien resulte legalmente responsable por los daños y perjuicios que le habrían sido irrogados por los defectos que habría presentado el vehículo marca Isuzu, modelo Trooper, diesel, Intercooler, modelo año 2000, dominio DHE 065, que adquiriera a la primera (véanse fs. 2 y vta. y fs. 364/365). Por ello pretendió la resolución del contrato de compraventa y el pago de la suma total de pesos setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y uno con ochenta centavos ($ 74.431,80), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más sus intereses y las costas del juicio.Solicitó -además- que al momento de dictarse sentencia se apliquen los coeficientes de actualización correspondientes.

En respaldo de su pretensión, comenzó explicando que el día 22/08/2008 suscribió con la codemandada Bavarian el referido contrato de compraventa automotor, abonando en esa oportunidad las sumas de $ 60.581,80 en concepto de precio de compra y de $ 1.850 por gastos de transferencia.

Afirmó que ese mismo día retiró la camioneta de la concesionaria y la trasladó a su domicilio, pero que al segundo día de uso comenzó a evidenciar fallas mecánicas -suba del nivel de aceite-, motivo por lo cual decidió llevar el vehículo a su mecánico de confianza, quien tras una simple inspección de la varilla de aceite pudo constatar que este líquido lubricante se mezclaba con el combustible -gasoil-, aconsejándole efectuar el cambio de inyectores.

Refirió que previo a realizar esa reparación, se dirigió a la concesionaria codemandada y le comentó el problema suscitado a Ezequiel Mónaco Lynch -ejecutivo de ventas-, quien le indicó que si quería una solución debía iniciar un juicio.

Manifestó que, como no era su intención iniciar una demanda judicial, compró en una concesionaria oficial Isuzu un kit de saneamiento “O Ring”, conforme le requiriera su mecánico, quien efectuó el saneamiento, rearmó las piezas involucradas y cambió el aceite y filtros, no obstante lo cual, a los cuatro días de uso los problemas se agravaron, a raíz de lo cual tuvo que dejar de utilizar la camioneta.

Aseguró que, frente a esa situación, su mecánico debió trasladarse hasta su domicilio a efectos de inspeccionar el vehículo, tras lo cual le informó no sólo que la tapa de cilindro se encontraba quemada o tenía otra fisura, generando una fuga de líquido refrigerante por el caño de escape y tornando inutilizable a la camioneta, sino también que ese deterioro era de antigua data y seguramente había sido reparado en forma precaria por el antiguo dueño o por la agencia de autos vendedora.

Refirió que,a raíz de la situación descripta, procedió a efectuar la denuncia N° 8756-DGDyPC-2008 contra la codemandada Bavarian ante la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, organismo que fijó una audiencia para el día 13/11/2008 a la cual no compareció la requerida, lo que motivó que las actuaciones fuesen giradas a la Dirección Jurídica de Protección al Consumidor para la aplicación de la sanción pertinente.

Sostuvo que resultaron infructuosos sus esfuerzos tendientes a lograr que los codemandados se responsabilizaran por haber puesto a la venta un vehículo que no se encontraba en condiciones técnicas de ser comercializado. Adujo, en ese sentido, que la responsabilidad de Bavarian era de tipo contractual -dada su condición de parte vendedora en el contrato de compraventa automotor-, en tanto que la de Clusa era de índole extracontractual -en su calidad de titular registral del bien al momento de su adquisición a la concesionaria Bavarian-.

Por esas razones, toda vez que el bien adquirido presentaba vicios redhibitorios, solicitó la resolución del contrato de compraventa y el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados a su parte, conforme al siguiente detalle: i) devolución del importe de $ 60.581,80 abonado en concepto de precio de compra; ii) restitución de la suma de $ 1.850 desembolsada para afrontar los gastos de gestoría; iii) el monto de $ 2.000 para enjugar la “privación de uso” del vehículo; iv) devolución del importe de $ 300 erogado para la compra de repuestos; y v) la suma de $ 10.000 para indemnizar el “daño moral”.

2) A fs. 25/26 amplió la prueba ofrecida, en tanto que a fs. 72 amplió la demanda -reclamando el reintegro de los gastos de seguro y ofreciendo la producción de prueba adicional-.

3) A fs.92/97 se presentó Bavarian Motors S.A., opuso la excepción de prescripción de la acción y contestó demanda solicitando su rechazo, con costas.

En relación a la excepción, adujo que el actor adquirió el vehículo de marras el 22/08/2008 y que al momento de iniciar la presente acción -10/12/2008- se hallaba vencido el plazo de tres meses que prevé el Código Civil para los reclamos fundados en vicios redhibitorios.

Prosiguió efectuando una negativa de los extremos invocados por la contraria en el escrito inicial, tras lo cual brindó su versión de los hechos.

En ese sentido, comenzó reconociendo que el accionante, con

fecha 22/08/2008, le adquirió el vehículo de marras, en condición “usado”, pero en óptimas condiciones, sin ningún tipo de vicio oculto, extremo que resultó determinante para concretar la operación por parte del adquirente, quien en forma previa inspeccionó minuciosamente la unidad junto con un tercero que lo acompañó y manifestó ser mecánico.

Sostuvo que, toda vez que el enajenante no tiene obligación de responder por los vicios o defectos aparentes, debe concluirse que una vez que el adquirente hubo aceptado la cosa supuestamente defectuosa, no puede luego efectuar reclamo alguno, dado que no la objetó, pese a que el vicio era evidente al momento de la entrega.

Afirmó que en la especie no se verifican ninguna de las tres condiciones fundamentales para la configuración de los “vicios redhibitorios” que emanan del art. 2164 del Código Civil: “que el vicio sea oculto”, “que sea importante” y “que sea anterior a la transmisión”.

Finalmente, impugnó la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios reclamados.

Por esas razones, solicitó el rechazo íntegro de la demandada incoada en su contra, con expresa imposición de costas.

4) A fs.108/107 se presentó Néstor Jaime Clusa, opuso las excepciones de incompetencia, de falta de legitimación pasiva y de prescripción de la acción y, subsidiariamente, contestó demanda solicitando su rechazo, con costas.

Respecto de la primera de las excepciones, sostuvo que el objeto de la presente acción tiene como sustrato un objeto netamente civil, por lo que correspondería la tramitación de estos autos por ante el fuero civil.

En relación a la excepción de falta de legitimación pasiva, apuntó que el actor adquirió el vehículo de marras a la codemandada Bavarian, resultando su parte completamente ajena a esa operatoria contractual.

En lo atinente a la excepción de prescripción, afirmó haber vendido y efectuado la tradición del rodado a la codemandada Bavarian el día 12/08/2008, motivo por el cual, a la fecha de inicio de las presentes actuaciones -10/12/2008- ya se encontraba vencido el plazo de prescripción de tres meses previsto por el art. 4041 del Código Civil.

Subsidiariamente, contestó la demanda incoada en su contra.A tales efectos, comenzó efectuando una negativa de los extremos invocados por la contraria en el escrito inicial, desconociendo la autenticidad de la documentación allí aportada, tras lo cual brindó su versión de los hechos.

En ese sentido, afirmó que el estado de su camioneta siempre fue “admirable” y que con fecha 12/08/2008 formalizó la operación de venta y efectuó la tradición del bien a favor de la codemandada Bavarian, quien en forma previa sometió al vehículo a una serie de tests con los cuales constató el correcto funcionamiento y descartó la existencia de fallas, percibiendo de dicha parte, como contraprestación, la suma de $ 55.260.

Agregó que la compraventa se agotó con el pago del precio y la entrega de la cosa, quedando su parte totalmente desvinculada de toda operatoria posterior que pudiera efectuar la concesionaria con algún tercero.

Destacó, asimismo, que si efectivamente los desperfectos hubieran aparecido a los dos días de retirado el vehículo de la concesionaria y que la supuesta mezcla del combustible con el líquido lubricante habría sido detectada con una simple inspección de la varilla de aceite -tal como adujo el actor en su demanda-, ello pondría en evidencia que no se trataría de un vicio oculto.

Por esas razones, solicitó el rechazo íntegro de la demanda interpuesta en su contra, con costas.

5) La parte actora contestó a fs. 150/152 la excepción de prescripción que interpusiera la codemandada Bavarian, solicitando su rechazo, con costas, en tanto que, a fs. 171/174, hizo lo propio con las excepciones opuestas por el codemandado Clusa.

6) A fs. 190/192 se resolvió rechazar la excepción de incompetencia opuesta por el codemandado Clusa, con costas a cargo de este último y se difirió el tratamiento de las restantes excepciones de prescripción y de la falta de legitimación pasiva para el momento del dictado de la sentencia definitiva.

7) Abierta la causa a prueba y producidas aquellas de las que se dio cuenta en la certificación actuarial de fs.379, se pusieron los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal derecho tanto la actora como los codemandados Bavarian y Clusa, mediante las presentaciones de fs. 403/406, fs. 408/409 y fs. 411/416, respectivamente.

II. La sentencia apelada.

En la sentencia de fs. 419/429, el Sr. Juez de grado: a) rechazó

íntegramente la demanda deducida por Néstor Hugo Galbusera contra Néstor Jaime Clusa, a quien absolvió, como consecuencia de haber acogido la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por este último, con costas a cargo del accionante; y b) hizo lugar parcialmente a la demanda contra Bavarian Motors S.A., declarando resuelto el contrato de compraventa automotor y condenando a esta última a pagar a aquél la suma total de $ 67.081,80, con más los intereses allí fijados, con la obligación accesoria -a su costa- de retirar el vehículo e inscribirlo a su nombre, imponiendo las costas del proceso a la vencida.

Para arribar a esa decisión comenzó abordando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Clusa.

En ese sentido, advirtió que no se encuentra controvertido entre las partes que el actor adquirió el vehículo de marras a la codemandada Bavarian, no existiendo ninguna relación contractual entre aquél y el codemandado Clusa. Agregó que este último no revistió el carácter de “proveedor”, en los términos del art. 2 de la Ley 24.240 -de Defensa del Consumidor-, por lo cual sostuvo que no se encuentra alcanzado por las previsiones de dicha norma.

En virtud de esas razones, admitió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida contra él, con costas a cargo del actor, dada su condición de vencido.

Respecto de la excepción de prescripción interpuesta por la codemandada Bavarian, tuvo en consideración que la operación de compraventa automotor de marras se celebró el 22/08/2008 y que constituye una relación de consumo en los términos de los arts.1, 2 y 3 de la LDC, por lo que el plazo de prescripción aplicable es el de tres años que establece el art. 50 de esa norma, el cual no se encontraba vencido al tiempo de promoción de la demanda -10/12/2008-, a resultas de lo cual desestimó la defensa en cuestión.

Prosiguió indicando que el art. 17 LDC ofrece al consumidor una serie de garantías frente a la venta de una cosa defectuosa que no reúne las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, entre ellas, la posibilidad de resolver el contrato, devolviendo la cosa en el estado en que se encuentra a cambio de la restitución del precio (inc. b), pudiendo además solicitar la reparación de los daños y perjuicios que ello pudiera haberle ocasionado (art. 18, inc. a).

En ese marco y con fundamento en la prueba pericial mecánica producida en autos, tuvo por acreditado que el vehículo de marras presentaba un vicio redhibitorio relevante -deficiente estanqueidad entre los compartimientos de aceite de lubricación y gasoil que provocaba el mezclado de esos fluidos- que ya se encontraba presente al momento de la compra por parte del accionante y que terminó derivando en la posterior inutilización del bien para su destino -debido al “clavado” de los pistones-.

Destacó que la codemandada Bavarian era una comerciante que realizaba operaciones de compraventa de automotores usados en forma habitual, por lo que su responsabilidad debía ser ponderada con mayor rigor dada su actividad profesional, circunstancia que le imponía adoptar los recaudos necesarios -tomar muestras de aceite y gasoil, examinar el motor, juntas e inyectores, el sistema eléctrico e informático- para evitar que el vehículo fuera comercializado con los vicios ocultos que poseía.

En ese marco y teniendo por acreditada la existencia de los vicios redhibitorios que presentaba el rodado del actor, concluyó en que la codemandada Bavarian debe ser responsabilizada por ello, debiendo en consecuencia devolver el precio abonado y reparar los daños y perjuicios ocasionados a raíz de esos defectos.

A continuación, analizó los distintos rubros indemnizatorios reclamados.

En relación al “valor del bien”, condenó a la concesionaria a restituir el precio pagado de $ 58.731,80, debiendo el actor poner la camioneta a disposición de aquélla, permitir su retiro y prestar toda la colaboración necesaria para formalizar la transferencia de dominio.

Respecto de la “privación de uso”, destacó la ausencia de pruebas que permitieran establecer la real entidad del daño, no obstante lo cual, terminó concediendo por este ítem la suma de $ 1.500.

También reconoció el monto de $ 1.850 reclamado en concepto de devolución de los “gastos de gestoría”.

Por el contrario, rechazó la restitución de los $ 300 supuestamente abonados por la compra de “repuestos” por no encontrarse debidamente acreditada dicha erogación.

Tampoco admitió el reembolso de los “gastos de seguro” reclamado, dado que, sin perjuicio de que el vehículo permaneció parado en

el domicilio del accionante, el interés asegurable continuó en cabeza del este último debiendo, en consecuencia, hacerse cargo de las primas correspondientes.

Por su parte, a partir de la declaración de la testigo Donnadio tuvo por reconocida la existencia del “daño moral” invocado, reconociendo por este concepto la suma de $ 5.000.

Dispuso que a las sumas acordadas se adicionen intereses desde la fecha de la operación -22/08/2008- y hasta el efectivo pago, calculados a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a 30 días, incrementada al doble desde el año 2010.

Por esas razones, hizo lugar parcialmente a la demanda e impuso las costas a la codemandada Bavarian por aplicación del principio objetivo de la derrota.

III. – Los agravios.

Contra el pronunciamiento de fs. 419/429 se alzó la parte actora, quien fundó su recurso mediante el memorial de fs. 461/463, el cual fue contestado por el codemandado Clusa a través del escrito de fs. 491/493.

Si bien la codemandada Bavarian también apeló la sentencia de grado mediante la presentación de fs. 442, a fs.502 le fue declarado desierto el recurso de apelación concedido, libremente, a fs. 443.

i) Se agravió el accionante de la suma de $ 5.000 reconocida en la sentencia apelada para enjugar el “daño moral”, la cual consideró exigua, atento la gravedad de los perjuicios y el carácter reparador de la indemnización.

Objetó asimismo que el Juez de grado sostuviera que el reconocimiento de este rubro en materia contractual debe evaluarse con carácter restrictivo, pese a que el art. 522 del Código Civil otorga a los jueces la facultad de reconocer la magnitud del daño cometido y proceder a su reparación.

Argumentó que la codemandada Bavarian defraudó la confianza que había depositado en ella y que había resultado determinante para la celebración del contrato, negándose a solucionar el problema en forma extrajudicial y obligando a su parte a iniciar el presente proceso.

Sostuvo que la suma reconocida en la sentencia apelada no alcanza a reparar las amarguras y la enfermedad que padeció a raíz del hecho de marras y de las cuales dio cuenta la testigo Donnadio.

En virtud de ello, solicitó la elevación del monto reconocido por este concepto.

ii) Criticó también el pronunciamiento de grado en cuanto le fueron impuestas a su cargo las costas por la admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Clusa, pese a que, en su condición de única víctima y parte inocente en la relación jurídica de marras tuvo razones serias, precisas y concordantes para traer a juicio a aquél.Ello, pues del informe de dominio surgía que Néstor Jaime Clusa era el titular de dominio de la camioneta de marras que esa parte adquirió de buena fe.

Sostuvo que el codemandado Clusa debía presuponer el estado del vehículo, el cual no resultaba apto para su destino a la fecha de su comercialización y que no resulta justo que la intermediación de la concesionaria Bavarian “licuara” la responsabilidad de aquél, quien tenía a su cargo la guarda física y jurídica de la unidad hasta el momento de la entrega.

También tildó de inequitativo el trato dispensado por el Juez de grado frente a similares circunstancias procesales, dado que le impuso, en su condición de vencido, las costas correspondientes al incidente de excepción de falta de legitimación pasiva interpuesto por el codemandado Clusa, en tanto que en la resolución en la cual rechazó la excepción de incompetencia opuesta por este último no se expidió acerca de las costas.

Por esas razones, solicitó que las costas correspondientes a la intervención del codemandado Clusa sean impuestas por su orden.

IV. La solución propuesta.

Preliminarmente, corresponde señalar que no resultaron cuestiones controvertidas en esta instancia: i) que Néstor Hugo Galbusera adquirió el día 22/08/2008 a la codemandada Bavarian Motors S.A.un vehículo marca Isuzu, modelo Trooper, diesel, Intercooler, modelo año 2000, dominio DHE 065; y ii) que al momento de celebrase dicho contrato de compraventa automotor, el titular registral del bien era el codemandado Néstor Jaime Clusa.

Tampoco resultó controvertida en esta Alzada -quedando por ende consentida- la decisión adoptada en la sentencia de grado en orden a:

i) acoger la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Clusa y, en consecuencia, rechazar la demanda promovida contra él -con excepción de la imposición de las costas, que sí fue objeto de agravio-; ii) tener por acreditada la existencia de los vicios redhibitorios de la camioneta que fuera invocada en la demanda; iii) declarar resuelto el contrato de compraventa automotor y condenar a la codemandada Bavari an a devolver el precio percibido por la camioneta de marras y a indemnizar los daños y perjuicios irrogados al actor a raíz de los desperfectos que presentó el vehículo, con costas a su cargo y iv) la fijación de la tasa y el “dies a quo” de los intereses.

Ello establecido, el thema decidendum en esta Alzada se centra únicamente en determinar si asistió -o no- razón al Sr. Juez de grado al establecer el resarcimiento del “daño moral” en la suma de $ 5.000 y al imponer al actor las costas por el rechazo de la demanda que promoviera contra el codemandado Clusa.

1) El daño moral.

En el pronunciamiento de grado se tuvo por acreditado el “daño moral” invocado en la demanda, fijándose el resarcimiento en la suma de $ 5.000. El accionante se agravió de dicho importe por considerarlo reducido, solicitando su elevación.

Se ha dicho en ese sentido que, para que resulte procedente la reparación moral, es necesario considerar la repercusión que la acción dañosa provoca en la persona afectada. Las molestias, así como los reclamos extrajudiciales o la necesidad de accionar judicialmente para

obtener el reconocimiento de su derecho indemnizatorio, no constituyen daño moral:para que así sea, es menester alegar y probar -razonablemente- la modificación disvaliosa del espíritu, del querer o sentir de la supuesta damnificada para, así, admitir tal rubro indemnizatorio (conf. esta CNCom., esta Sala A, 16/11/2006, mi voto, in re: “Bus Domingo Gabriel c/ Transportes Metropolitano General Roca S.A.”, entre muchos otros; idem, Sala D, 26/05/1987, in re: “Sodano de Sacchi c/ Francisco Díaz S.A. s/ Sumario”). Es que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas: entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, aunque no cualquier inquietud o perturbación del ánimo derivados de la privación de bienes materiales son suficientes para justificarlo (conf. esta CNCom., Sala B, 12/08/1986, in re: “Katsikaris, A. c/ La Inmobiliaria Cía. de Seguros s/ Ordinario”).

En esta línea de ideas pues, no existe necesaria vinculación proporcional entre el daño moral y el perjuicio que afecte la persona de la víctima, pudiendo la indemnización variar en razón de las circunstancias de cada caso (conf. esta CNCom., esta Sala A, 16/11/2006, mi voto, in re: “Bus.”, cit. supra; en igual sentido, Sala D, 28/08/1987, in re: “Saigg de Piccione, Betty c/Rodríguez, Enrique”).

El daño moral existe cuando se lesionan derechos de las personas que son extraños a valores económicos y su reparación tiene un carácter resarcitorio y no meramente sancionatorio o ejemplar, en tanto de lo que se trata de lograr a través de la indemnización es una compensación

que, en alguna medida, morigere los efectos del agravio moral sufrido (conf. esta CNCom., Sala C, 25/06/1987, in re: “Flehner, Eduardo c/ Optar S.A.”).

Como consecuencia de lo expresado, la reparación del agravio moral, derivado de la responsabilidad contractual -como la que nos ocupa- queda librada al arbitrio del juez, quien libremente apreciará su procedencia.Sin embargo, se debe conceder con cierta estrictez y es a cargo de quien lo reclama, su prueba concreta.

Así las cosas, además de probar la existencia del agravio, debe probarse, de alguna manera, su cuantía o, cuanto menos, las pautas de valoración que permitan al juzgador proceder a la determinación de conformidad con lo que establecen los arts. 522 Cód. Civ. y 165 CPCCN, de otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante (conf. esta CNCom., Sala E, 06/09/1988, in re: “Piquero, Hugo c/ Bco. del Interior y Buenos Aires”).

A diferencia de lo que sucede con otros rubros indemnizatorios empero, la acreditación del daño moral no requiere, necesariamente, de elementos que objetiven, mediante pericias médicas o psicológicas, la existencia de un perjuicio físico o psiquiátrico (conf. esta CNCom., esta Sala A, 04/05/2006, in re: “Pérez Ricardo Jorge y otro c/ Banco Bansud S.A.”).

Ello establecido, cabe advertir que, en su demanda, el accionante adujo escuetamente que el “daño moral” invocado estaría dado por la “estafa moral” a la que lo habrían sometido los codemandados, “con una absoluta pérdida de confianza” que lo obligó a reclamar por vía judicial (véase fs. 11 vta., primer párrafo), destacando asimismo lo “angustiante” que habría resultado para él “.creer que estaba comprando una unidad de nivel y al poco tiempo (encontrarse) con todos estos inconvenientes”. Expuso que “los serios problemas detectados en el vehículo, cuyo valor en plaza es alto, provocan malestares y trastornos en la vida diaria” (véase fs. 11 vta., tercer párrafo).

Por su parte, al enumerar sus agravios, adujo que la prueba del “daño moral” surgiría de la declaración brindada a fs.260/262 por la testigo Margarita Ángela Donnadio, quien habría dado cuenta de las “amarguras y enfermedad que se le desencadenara al actor” a causa de la negativa de la concesionaria a brindar una solución, frente a los vicios redhibitorios que presentaba la camioneta (véase fs. 463, tercer párrafo).

Pues bien, la referida testigo Donnadio -quien fuera vecina y amiga del accionante (véase fs. 260, respuesta a las generales de la ley)- manifestó que como consecuencia de la imposibilidad de utilizar la camioneta a raíz de los vicios redhibitorios que presentaba, el actor “. empezó a tener problemas de salud que se manifestaron por medio de la psoriasis, pérdida de sueño, malestar en general y preocupación por no saber si se podía hacer cargo de sus responsabilidades por no contar con su herramienta de trabajo” (véase fs. 261, primer párrafo). Agregó que “a partir del problema que surgió, él comenzó a manifestar problemas de salud y en más de una ocasión le pidió inclusive que lo acompañara por sus dolencias a nivel piel y huesos, sentía mucho malestar. Esos dolores le ocasionaban no poder dormir, irritabilidad, (.) en los diálogos permanentemente le manifestaba el no poder dormir y sus malestares. Y la preocupación porque ese problema afectara su trabajo” -el destacado no es del original- (véase fs. 261, respuesta a la pregunta 4).

En referencia a esta declaración, cabe destacar -en primer término- que la testigo Donnadio reconoció ser amiga y vecina del accionante Galbusera (véase fs. 260, respuesta a las generales de la ley).

Si bien se ha dicho, en tal sentido, que la circunstancia de que el testigo sea amigo de la parte no invalida sus dichos, aun apreciándolos restrictivamente, ello será así, siempre que se vean complementados con otros elementos probatorios y no aparezcan inexplicadas contradicciones (conf. CNCiv., sala B, 15/10/1999, in re: “Torres Larramendia de Caballero, Cesarina c/ Velázquez, Daniel R.y otros”, LL 2000-D , 243; DJ 2000-2 , 1037; AR/JUR/4164/1999). Lo concreto aquí, es que el aludido testimonio brindado por quien resultó amiga y vecina del actor no se halla corroborado por otros elementos de juicio de mayor fuerza de convicción y ello resta eficacia probatoria a ese medio de prueba.

En segundo término, y sin perjuicio de lo establecido precedentemente, no puede dejar de advertirse que la testigo manifestó que al actor lo preocupaba la posibilidad de que su actividad laboral pudiera verse afectada por sus problemas de salud, dado que padecía psoriasis y “dolencias a nivel piel y huesos”, todo lo cual le generaba mucho malestar, dificultades para conciliar el sueño e irritabilidad (véase fs. 261, primer párrafo y respuesta a la cuarta pregunta). Aun obviando el hecho de que dichas enfermedades no fueron invocadas en la demanda y que tampoco se encuentra acreditada su existencia en debida forma -v.gr., mediante el aporte de una historia clínica-, lo cierto es que no se advierte que la psoriasis y las “dolencias a nivel piel y huesos” -y las consecuentes “pérdida de sueño” e “irritabilidad”- que presumiblemente aquejarían al accionante tengan una necesaria vinculación, directa o inmediata, con la situación conflictiva que vivió el actor a raíz de los vicios redhibitorios que poseía su camioneta, ni que constituyan una afectación del espíritu susceptible de ser indemnizada bajo el rubro “daño moral” reclamado.

Tampoco puede pasarse por alto que el actor, al describir en su demanda cuáles serían los supuestos padecimientos que le habrían generado el “daño moral” invocado, no hizo mención a enfermedad alguna.

Más allá de ello sin embargo, la rotunda negativa de la concesionaria Bavarian a brindar algún tipo de solución al accionante Galbusera frente a los inconvenientes que presentó la camioneta de marras a raíz de los vicios redhibitorios descriptos ut supra debió, razonablemente, ocasionarle a este último una afectación del espíritu que debe ser resarcida.En este marco empero, estimo que dicho “daño moral” no tuvo la magnitud que le atribuyó el recurrente.

Sobre esa base, considerando las circunstancias del caso y recurriendo al criterio de estimación prudencial que debe orientar la labor de los magistrados -art. 165 CPCCN-, se considera que el importe de pesos cinco mil ($ 5.000) otorgado por el Juez de grado para enjugar el “daño moral” resulta adecuado, por lo que se estima razonable postular su confirmación y el consecuente rechazo del agravio bajo análisis.

2) Las costas del proceso.

i) Las costas correspondientes a la demanda promovida contra el codemandado Clusa:

El Juez de grado hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Clusa y, en consecuencia, rechazó la demanda incoada contra él, imponiendo las costas al actor en su condición de vencido. El accionante se agravió de dicha decisión únicamente en lo referente a la imposición de las costas, solicitando que sean impuestas por su orden, con fundamento en que había tenido razones serias, precisas y concordantes para traer a juicio al codemandado Clusa.

Es sabido que en nuestro sistema procesal los gast os del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello así, en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 CPCCN) y se imponen, no como una sanción, sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

Sin embargo, si bien ésa es la regla general, la ley también faculta al Juez a apartarse de ella, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts.68 y ss., CPCCN). Síguese de lo expuesto que la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso- procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes, su regulación requiere un apartamiento de la regla general (conf. Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T° I, pág. 491).

En ese marco, cabe recordar que el accionante demandó a Néstor Jaime Clusa -además de la concesionaria Bavarian- en su carácter de “antecesor dominial” del vehículo de marras (véase fs. 9, último párrafo), invocando la existencia de responsabilidad extracontractual (véase fs. 10, cuarto párrafo), toda vez que, de acuerdo a lo que le habría informado su mecánico de confianza, los vicios redhibitorios que presentaba el bien serían de antigua data y habrían sido reparados en forma precaria por el “antiguo dueño” o por la agencia vendedora (véase fs. 9 vta., punto 6).

El codemandado Clusa reconoció en su responde haber sido titular registral de una parte indivisa (50%) del vehículo en cuestión (véase fs. 113, último párrafo) y afirmó haberlo vendido a la codemandada Bavarian el día 12/08/2008 (véase fs. 114, tercer párrafo), efectuando en forma simultánea la tradición de la cosa (véase fs. 114 vta., primer párrafo). Sin embargo, omitió precisar si hizo la denuncia de venta ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y tampoco hizo referencia acerca de la fecha en que habría sido inscripta la correspondiente transferencia de dominio en dicha dependencia.

A fs.263/269 obra agregada la contestación de oficio del Registro de la Propiedad del Automotor, quien informó los antecedentes dominiales de la camioneta de marras, de los que surge que Néstor Jaime Clusa fue titular del 50% desde el 30/07/2003 hasta el 12/09/2009 (véase fs.

266), en tanto que Néstor Hugo Galbusera detentó la titularidad registral del bien a partir del 15/09/2008 (véase fs. 264). De ello se desprende que el codemandado Clusa era el titular registral del dominio del vehículo en cuestión al momento en que el accionante Galbusera lo adquirió a la codemandada Bavarian -22/08/2008-.

En ese sentido, es sabido que la transmisión del dominio de los automotores debe formalizarse por instrumento público o privado y sólo produce efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (conf. art. 1° del decreto ley 6582/58, ratificado por ley 14.467), de modo tal que sólo la inscripción en esta dependencia confiere aquél derecho, por ser de naturaleza constitutiva (conf. esta CNCom., esta Sala A, 29/12/2008, in re: “Poggi, Raúl c/Laprida S.A.C.I. y otro s/ Ordinario”). Asimismo, nuestro Máximo Tribunal tiene dicho que la eficacia legal de la denuncia de venta del automotor -art. 27, ley 22.977 (Adla, XLIII-D, 3962)- se dirige, esencialmente, a relevar a quien indica el registro como propietario, de la necesidad de demostrar que ha perdido la disponibilidad material de aquél con motivo de su enajenación, por haberlo entregado a terceros “por quienes él no debe responder” (conf. CSJN, 19/05/1997, in re: “Seoane, Jorge O.c/Provincia de Entre Ríos y otro”, RCyS 2010-1, 110).

Es por ello que, ponderando tales parámetros en el caso, visto el modo como se propuso la demanda y toda vez que el codemandado Clusa era el titular del 50% del dominio de la camioneta al momento de celebrarse el contrato de compraventa automotor de marras y que éste -se reitera- no invocó, ni -mucho menos- acreditó haber efectuado la inmediata denuncia de venta ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, estímase que se configuraron en autos extremos que pudieron llevar razonablemente al actor a demandar a aquél de la forma en que lo hizo para el caso de fracasar su acción frente a la concesionaria. Considero pues, que se verifican circunstancias que autorizan a apartarse del principio general de la derrota establecido en esta materia, motivo por el cual propiciaré que las costas de ambas instancias, correspondientes al rechazo de la demanda promovida por el accionante Galbusera contra el codemandado Clusa, sean impuestas por su orden (arg. art. 68, segundo párrafo, CPCCN).

ii) Las costas de Alzada correspondientes a la acción incoada contra la codemandada Bavarian:

En el caso, si bien no prosperó el agravio de la parte actora con el cual procuró la elevación de la suma concedida para enjugar el “daño moral”, lo cierto es que la codemandada Bavarian resultó vencida en el proceso al ser responsabilizada por los vicios redhibitorios que presentaba la camioneta que le vendiera al accionante, a resultas de lo cual se declaró resuelto el contrato de compraventa automotor y aquélla fue condenada a restituir el precio percibido y a resarcir los daños y perjuicios irrogados a Galbusera.

Corresponde pues, la imposición de las costas de Alzada a la codemandada Bavarian, en atención a su condición de vencida en el proceso (arg. art. 68 CPCCN).

V.- La conclusión.

Por todo lo expuesto, propicio a este Acuerdo:

1) Admitir el recurso de apelación interpuesto por el accionante Néstor Hugo Galbusera contra la imposición de costas correspondientes al rechazo de la demanda que promoviera contra Néstor Jaime Clusa y, por ende, modificar únicamente ese aspecto de la sentencia apelada, disponiendo que las costas sean soportadas por su orden, en virtud de los fundamentos vertidos en el considerando IV), punto 2), acápite i); y 2) Rechazar el recurso de apelación deducido por el actor en relación al ítem “daño moral” y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue materia de agravio. Imponer las costas de Alzada a cargo de la codemandada Bavarian Motors S.A., dada las razones expuestas en el considerando IV, punto 2), acápite ii).

He aquí mi voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Dr. Alfredo Arturo Kolliker Frers y Dra. Isabel Míguez adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores:

Alfredo A. Kolliker Frers

Isabel Míguez

María Elsa Uzal

María Verónica Balbi – Secretaria de Cámara

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2014.

VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

1) Admitir el recurso de apelación interpuesto por el accionante Néstor Hugo Galbusera contra la imposición de costas correspondientes al rechazo de la demanda que promoviera contra Néstor Jaime Clusa y, por ende, modificar únicamente ese aspecto de la sentencia apelada, disponiendo que las costas sean soportadas por su orden, en virtud de los fundamentos vertidos en el considerando IV), punto 2), acápite i);

2) Rechazar el recurso de apelación deducido por el actor en relación al ítem “daño moral” y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue materia de agravio.Imponer las costas de Alzada a cargo de la codemandada Bavarian Motors S.A., dada las razones expuestas en el considerando IV, punto 2), acápite ii);

3) Notifíquese a las partes y a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho; y

4) A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1° de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.

Alfredo Arturo Kölliker Frers.

Isabel Míguez.

María Elsa Uzal.

Ante mí, María Verónica Balbi. Es copia del original que corre a fs. 503/515 de los autos de la materia.

María Verónica Balbi – Secretaria de Cámara

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