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Con cambios, avanza el Código Procesal Penal

senadoLa Casa Rosada debió ceder ante la presión de jueces y especialistas e introdujo importantes modificaciones al paquete legislativo de implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP). Sin embargo, se mantiene la cesión de amplias facultades a la procuradora Alejandra Gils Carbó, lo que fue rechazado por la oposición.

Así,el kirchnerismo firmó ayer dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado a cinco proyectos de ley. El oficialismo pretende llevarlos al recinto el miércoles próximo. La intención es que la Cámara de Diputados sancione las reformas necesarias el mes próximo.

A la decisión de postergar hasta marzo del año próximo la puesta en marcha del código, que la Casa Rosada quería poner en vigor el 1° de septiembre, el oficialismo le sumó ayer el anuncio de que el control del proceso de implementación lo hará una comisión parlamentaria y no la especial, con mayoría de representantes ligados al oficialismo de turno, como establecía el proyecto original.

Además de fijar cláusulas de respeto a la carrera de los empleados judiciales, que estaban en pie de guerra ante la posibilidad de pasar a la órbita de la Procuración General, también se le quitó al organismo a cargo de Gils Carbó la facultad de control constitucional y se diluyeron bastante los poderes para decidir sobre el inicio de la acción penal a los fiscales de distrito.

Estos cambios fueron calificados como «copernicanos» por el senador Rodolfo Urtubey (FPV-Salta), quien realizó un informe en su carácter de presidente de la comisión bicameral que tuvo a su cargo analizar y redactar los proyectos que integran el paquete de leyes que darán forma a la implementación del nuevo código de rito en materia penal, sancionado por el Congreso en noviembre del año pasado.

Sin embargo, las modificaciones no terminaron de conformar a la oposición. Tanto la UCR como el peronismo federal cuestionaron el mantenimiento de las amplias facultades que se le otorgan al Ministerio Público Fiscal y plantearon dictámenes en minoría.

«Hay un exceso de facultades concentradas en la persona de la procuradora general», afirmó Angel Rozas (UCR-Chaco). En la misma sintonía se manifestó la peronista disidente Liliana Negre de Alonso (San Luis), quien cuestionó la «discrecionalidad en la asignación de causas» que tendrá la procuradora y se quejó por el apuro del oficialismo de forzar la firma de los dictámenes.

Los cambios informados por Urtubey responden a pedidos realizados por jueces y camaristas que expusieron durante las reuniones de la comisión bicameral de implementación celebradas en las dos últimas semanas. Los más destacados son la postergación de la fecha de puesta en vigor del código y la división en cuatro jurisdicciones de la justicia nacional de la Capital Federal, que es donde comenzará a aplicarse el nuevo sistema en materia de procedimientos para las causas penales.

Prevista para el 1° de septiembre en los proyectos avalados por el Poder Ejecutivo, ahora comenzará a regir el 1° de marzo próximo.También se modificó la división en jurisdicciones. La nueva versión establece que la Capital será un distrito único. En este caso, varios de los especialistas consultados por la comisión bicameral habían advertido que la puesta en vigor en sólo una porción de la ciudad iba a dar lugar a planteos de inconstitucionalidad, y así lo reconoció Urtubey.

Para calmar el malestar del gremio judicial que lidera Julio Piumato, el oficialismo incluyó una cláusula de «salvaguarda de los empleados judiciales», garantizándoles el acceso al Ministerio Público Fiscal «en igualdad de condiciones y con los mismos requisitos» que rigen en la actualidad. Además, se les respetará la antigüedad a contratados e interinos.

«El fiscal de distrito tendrá funciones de mera gestión y no dirección de las investigaciones», agregó Urtubey. Sin embargo, el chaqueño Rozas cuestionó que la procuradora pueda designar esos fiscales «a dedo». «Debería haber algún sistema de control de idoneidad, como un concurso entre fiscales», pidió el radical.

MODIFICACIONES QUE NO PONEN FIN A LAS CRÍTICAS

Implementación

En caso de ser ley, se pondría en vigor el 1° de marzo de 2016 y no el 1° de septiembre de este año, como pretendía la Casa Rosada

Jurisdicciones

Se dividirá en cuatro jurisdicciones la justicia nacional de la Capital Federal, que es donde comenzará a aplicarse el nuevo sistema en materia de procedimientos para las causas penales. La nueva versión establece que la Capital será un distrito único

Trabajadores

Se mantendrán los puestos de trabajo y se respetará la antigüedad. La aclaración surgió ante un planteo hecho por el gremio de los judiciales

Controles

La oposición se quejó por las amplias facultades que tendrá la procuradora, Alejandra Gils Carbó. «Puede designar fiscales a dedo», advirtió el senador chaqueño Ángel Rozas (UCR). Pidió que haya un concurso de idoneidad.

Fuente: La Nación

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