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Atribución de responsabilidad al actor y al demandado del 50 % a cada parte si ambos con sus obrares concurrieron al acaecimiento del accidente de tránsito

shutterstock_39504259Partes: R. F. L. y otros c/ P. J. A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 2-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-91735-AR | MJJ91735 | MJJ91735

Debe atribuirse el 50 % de la responsabilidad a ambas partes, pues ambos con sus infracciones concurrieron al acaecimiento del accidente de tránsito debiendo extremar su atención al ingresar a la intersección de dos calles.

Sumario:

1.-Corresponde declarar parcialmente procedente el recurso de apelación intentado por el actor respecto a la imputación de responsabilidad y hacer pesar la misma 50% al demandado y 50% a la parte apelante, toda vez que habiéndose producido la colisión en el cruce de dos vías de circulación, una de doble mano y otra de una sola mano, teniendo el conductor del automóvil la derecha, siendo que ambos conductores debían extremar su atención, el damnificado a bordo de su motovehículo no podía dejar de controlar el tránsito que circulaba a su derecha y el conductor del automotor embistente en atención que iba a ingresar a la intersección con una calle que era de doble sentido de circulación, debía cerciorarse de que tenía el paso expedito por el primer carril el de los vehículos que avanzaban a su izquierda.

2.-Si bien el conductor del automóvil circulaba con prioridad de paso, al acercarse a la encrucijada no podía ignorar la existencia del motovehículo embestido luego por lo que es responsable en la misma proporción que la víctima al acaecimiento del accidente ya que según la Ordenanza Municipal 6548/98, los ciclomotores no pueden transportar pasajero alguno ni una carga mayor a los cuarenta kilogramos de peso, cosa que no podía ser ignorada por el conductor del motovehículo embestido; sin embargo transportaba un pasajero.

3.-Las infracciones al código municipal de tránsito hacen que no se entienda la disminución de responsabilidad atribuida al conductor del taxi, respecto de la proporción que se atribuye al conductor del motovehículo ciclomotor, debiendo atribuirse el 50 % de la responsabilidad a ambas partes, pues ambos son infractores y la sentencia anterior exacerba la responsabilidad de los conductores del ciclomotor en razón de considerar que el taxi contaba con una prioridad de paso sin embargo las ordenanzas vigentes hacen que dicha prioridad se perdiera.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 02 días del mes de Marzo de 2015, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Integrada, Dres. Dario L. Cúneo, Oscar Puccinelli y Edgar Baracat, para dictar sentencia en los caratulados «R., F. L. y Otros c/ P., J. A. y Otros s/ DAÑOS y PERJUICIOS», Expte. N° 246/14, venidos del Tribunal Colegiado de responsabilidad extracontractual N° 6, para resolver el recurso de apelación extraordinaria interpuesto a fs. 131/136 contra la sentencia N°581/12, y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: Es admisible el recurso de apelación extraordinaria interpuesto?

SEGUNDA: En su caso, es procedente?

TERCERA: Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Cúneo, Puccinelli y Baracat.

A la primera cuestión, dijo el Dr. Cúneo: Contra la Sentencia N° 581 de fecha 27 de marzo de 2012 dictada en autos por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N° 6, la parte actora interpuso recurso de apelación extraordinaria que fue denegado, pero que luego ha sido concedido por este Tribunal de Alzada por vía de queja.

Un nuevo estudio de la causa conduce a ratificar el examen de admisibilidad realizado oportunamente por este Tribunal.

Voto pues por la afirmativa.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Puccinelli: De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión, dijo el Dr. Cúneo: Mediante sentencia n° 581/12 el Tribunal resolvió «.1.- Hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada en autos y, en consecuencia, condenar a los Sres. J. A. P. (DNI 6.040.604) y ANTONIO ILDO MARTINOTTI, (DNI 12.527.786), para que en el término perentorio de diez días, abonen, con intereses explicitados en los considerandos y restantes costas a los Sres. F. L. R. (DNI 24.902.285), y GUSTAVO RAMON R.(DNI N° 22.510.401), la suma de pesos trece mil ochocientos ($13.800); 2.- Imponer las costas del pleito y del incidente de tacha, conforme lo expresado en los considerandos. 3.- hacer extensivos los efectos de esta sentencia a la Citada en Garantía FEDERAL ARGENTINA S.A.» (fs. 122).

Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte actora.

La quejosa sostiene que debe aplicarse al caso la norma contenida en la ordenanza Nº 6543 que crea el Código Municipal de Transito de la ciudad de Rosario en fecha 16 de abril de 1998 (art. 37: «Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. La prioridad de paso en una encrucijada rige independientemente de quien ingrese primero a la misma. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta y sólo se pierde ante: a) La señalización específica en contrario. En el caso de encrucijadas de vías de diferente jerarquía no semaforizadas la prioridad de la principal podrá establecerse a través de la señalización específica. Esta señalización no es necesario colocarla en todas las encrucijadas sobre la vía principal.»), y no la Ley Nacional de Tránsito, como dice que lo hiciera el a-quo, y que por ello le otorgara prioridad, en términos absolutos, a quien cruza desde la derecha del otro conductor.

También recurre a la notoriedad del hecho de la mayor jerarquía de la Calle Vélez Sarsfield, por sobre la calle Méjico, por lo que, en principio estaría exenta de probarlo, pero y además, recurre a la ordenanza municipal 5684/92, arts. 1º, 2º, 3º y 6º.

En especial recuerda que en la ordenanza fechada en 30 de abril de 1992 y ordenado su cumplimiento en fecha 09 de Mayo de 1992, se destaca la disposición como ruta de ingreso y egreso de los elevadores localizados en el sector Norte de la ciudad, el siguiente circuito: Avda. de Circunvalación 25 de Mayo, J.J.Paso, Avda. Provincias Unidas, Junín, Bahía Blanca, Gorriti, Ing.Thedy, Vélez Sarsfield, Vera Mujica, Junín, saliendo por Ing. Thedy, Vélez Sarsfield, Bv. Avellaneda, Avda. Génova, Avda. Pro-vincias Unidas, J.J.Paso, Avda. de Circunvalación 25 de Mayo y las alternativas Gorriti, Rawson, French, Bv. Avellaneda. En dicho tipo de rutas se dispuso la prohibición de que circulen unidades automotores y acoplado, tractora y semirremolque, tractora-semirremolque y acoplados y camiones jaula en todo el ejido urbano.

Además destaca que, a los fines de determinar el sentido de circulación de las rutas de ingreso y egreso, como la mencionada anteriormente, determinó los siguientes sentidos circulatorios a los tR. de calle: Gorriti entre Monteagudo e Ing. Thedy OESTE-ESTE; Ing. Thedy entre Gorriti y Vélez Sarsfield DOBLE MANO; Vélez Sarsfield entre Arenales e Ing. Thedy DOBLE MANO; French entre Echeverría y Bv. Avellaneda ESTE-OESTE.

Cita el fallo «Gigena Antonio Gaspar c/ Provincia de Santa Fe s/ Daños Y Perjuicios» Expte. N° 303/10, de la sala Cuarta de la Cámara de Apelación, del 5 de agosto de 2011, contra la sentencia N° 7627/09 del T.C.R.E. de la Segunda Nominación de Rosario.

Destaca que el fallo al que cita con el Nº 274, contó con el voto de los Dres. Rodil y Baracat y que determinó que la importancia o jerarquía de las vías debe ser tenida en cuenta en el análisis del hecho y en su dinámica, a la hora de sentenciar.

Textualmente convoca la parte en que se dice:

«Con relación a la mayor importancia de la vía, es cierto que la Ordenanza no la define, pero esto no puede llevar a desconocer esa previsión legal, debiendo el Tribunal integrar esa norma; en este caso, no cabe ninguna duda que, cualquiera sea el criterio que se adopte, Bv. Avellaneda, por donde circulaba el patrullero, es la vía de mayor importancia. Se trata de un boulevard con dos carriles de circulación.frente a una calle común como es Garibaldi con un solo sentido de circulación.La notoria diferencia de importancia entre ambas vías no podía pasar desapercibida para nadie. La más elemental prudencia, imponía detener la marcha antes de comenzar a cruzar…».

Sostiene que el Tribunal anterior le ha exigido una señalización prevista por la norma, pero que no resulta obligatoria, sino meramente facultativa. Textualmente: «.podrá establecerse a través de la señalización específica. Esta señalización no es necesario colocarla en todas las encrucijadas sobre la vía principal» (Art. 37 punto a) Ord. 6543/98- Código de Tránsito de Rosario)»

No cabe duda que. «La regla de que la prioridad de paso la tiene el que accede a la encrucijada por la derecha reconoce en este caso una excepción.».

Se sostiene por la recurrente que la norma municipal ha sido desplazada de su aplicación siendo la norma específica para el caso.

Además introduce su cuestionamiento a la negación de aplicación de intereses que achaca al voto de mayoría y solicita la aplicación de los criterios de la minoría representada por la postura de la Dra. Klebcar.

La mayoría negó la aplicación de intereses por no haber sido incluidos expresamente en la demanda e invocando el derecho a la plana defensa del demandado frente a un reclamo cuyo contenido específico en materia económica ha de ser preciso y determinado o fácilmente determinable (art. 130 C.P.C.C.S.F.),

Sostuvo la mayoría que sin tal precisión hay indefensión pues no cabe el allanamiento a lo que se desconoce.

A ello opone la minoría el argumento de que «Tratándose de una demanda por daños y perjuicios, la petición de intereses debe considerarse incluida en la pretensión correspondiente, de acuerdo con el principio de reparación integral y desde el acaecimiento del hecho generador del daño.» (cita: CNCom, sala C, 25/09/2009, Compañía Industrial del Cuero SA s/ conc. prev. s/ inc.de ver. Por: Fagotti, Clara, La Ley Online, AR/JUR/44759/2009).

Pasa inmediatamente, invocando el art. 622 y sus ccss del Código Civil, a determinar la tasa de interés que entiende debe operar en el caso como reparadora del daño moratorio.

Considera que «al capital otorgado, que como se ha expresado, fue debidamente actualizado a la fecha de la sentencia, debe aplicársele una tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho ilícito. Esta tasa es la única justificable debido a que el monto del capital fue debidamente actualizado a la fecha de la sentencia. Si el capital fue debidamente recompuesto a la fecha de hoy, como consecuencia de ello se eliminó el efecto inflacionario que podría existir si se tomara como punto de partida para el cálculo del rubro el monto del capital histórico, es decir, a la fecha del hecho. Sólo en ese caso se justificaría aplicar una tasa activa o promedio entre activa y pasiva (que tienen un componente destinado a enjuagar la pérdida del valor adquisitivo del dinero).

Por tanto, si el capital ha sido debidamente integrado, reparado, y actualizado a la fecha de la sentencia por la suma acogida en el rubro, el interés a otorgarse debe tener por finalidad únicamente reparar la demora en el pago».

Señala que, en rigor «el fenómeno de la inflación no tiene ninguna gravitación sobre el momento inicial del curso de los intereses».

Cierto es que existe consagrada normativamente una diferencia de jerarquía entre Vélez Sarfield, que resulta vía de ingreso y egreso a zona portuaria una vía rápida de doble mano a esa altura y conectora entre populosas barriadas con una colectora de la Circunvalación, la que en autos se compara frente a una calle común, de escaso tránsito incluso durante el día como es Méjico, tal como lo afirma la recurrente.

No parece muy feliz el párrafo del rechazo en anterior instancia del RAE, luego abierto en directo por esta alzada, cuando se remite a decir simplemente que:»Entendemos que la mayor jerarquía de la vía es un hecho que debe ser probado en cada caso, no es un hecho notorio como afirmó la recurrente».

Esto es así pues no pudo desentenderse sin más explicaciones de la aplicabilidad del Código Municipal de Tránsito y las ordenanzas de ordenamiento del mismo dictadas en su consecuencia.

Se trata no sólo de hechos n otorios que es diferente la jerarquía a los efectos de las prioridades de paso una calle de doble mano y otra de una sola, además de tránsito común, no señalada como ruta de ingreso o egreso por ordenanza alguna.

La segunda distinción deriva de normas vigentes de derecho aplicable a los hechos de la causa.

El a-quo razonó que, en el caso «Gigena», el tribunal entendió que «…La notoria diferencia de importancia entre ambas vías no podía pasar desapercibida para nadie.» pero que en este caso, el Tribunal no podía afirmar lo mismo.

Sostuvo el a-quo que la doctrina sentada en Gigena, era que la diferencia de importancia de la vía, o la mayor jerarquía de la vía debe ser, como lo expresó la Sala citada, «notoria».

Sosteniendo que resultaría «absurdo» de que en cada encrucijada, el que cuente con la derecha, previamente deba analizar cuál es la vía de mayor importancia.

Para la ley nacional o Código Nacional de tránsito avenida es toda vía pública ubicada en una zona urbana (se encuentra dentro del ejido de las ciudades, pueblos o villas) de más de un carril por mano (Vélez Sarfield lo es en Rosario) y, según el mismo, la autoridad provincial, municipal o policial que en razón de su jurisdicción interviene en el cumplimiento de las disposiciones del presente Código es la autoridad competente para aplicarlo.

En este sentido y de manera no del todo correcta se dejó de lado el hecho de que el accionado transitaba por una calle de menor importancia que aquella que circulaba el demandado, una calle de doblevía.

La prioridad de paso establecida en el artículo 41 de la ley 24.449 rige para las «encrucijadas» y naturalmente, no puede reputarse tal el centro de una arteria de doble circulación, habiendo dos carriles por mano.

La jurisprudencia ha sido conteste en este sentido: Dado que la avenida que intentó atravesar el conductor del rodado tenía doble mano de circulación, era evidente que debía ceder el paso a los vehículos que circulaban por ella, no sólo porque así resulta de la ordenanza municipal sino porque si bien de una mano los vehículos circulaban por la izquierda, de la mano contraria lo hacían por la derecha, por lo cual los principios generales sobre derecho preferencial de paso no serían aplicables. (Cám. Nac. Civ., Sala y 30/8/95, «Sicalo, Luís R. c/ Gasparini, Agustín M. s/ Daños y Perjuicios»).

Llegado cualquier conductor a una encrucijada o pasaje en donde se cruzan o dividen dos o más calles, carreteras, caminos, autopistas, rutas o semiautopistas, puede ser apreciada a simple vista y con uso exclusivo del sentido común, la diferente jerarquía de las vías de circulación vehicular y por ello cabe tomarlo en cuenta como factor a tener en consideración al atribuir responsabilidades a los distintos intervinientes en un hecho que cause daño a personas, o cosas, causado por la acción de uno o varios vehículos.

Está dicho que la cuestión planteada por la recurrente en autos es que la calidad de arteria principal o de mayor jerarquía de Vélez Sarfield respecto de calle Méjico surgiría en principio en forma notoria y no sería un hecho susceptible de prueba en tanto tal; argumento al que suma la imposibilidad de desconocimiento de la norma constituida por el Código de tránsito de la ciudad de Rosario.

Es una delicada cuestión la preferencia de la vía de mayor jerarquía, principalmente en su conflicto en la bocacalle con la de la derecha, cuando de avenidas se trata; pero no imposible dedilucidar en el caso concreto y esto ha sido dejado de considerar por la sentencia de anterior instancia.

Sin perjuicio de ello la sentencia de anterior instancia atribuyó contribución causal a los conductores de ambos vehículos, aunque sin tomar en cuenta la circulación que en sentido tal daba preferencia a la derecha que correspondería a calle Méjico, había sido dejada de lado, para la solución del caso dado que no tomó en cuenta que esta vía era de inferior jerarquía que la de Vélez Sarsfield por la que venía circulando el ciclomotor conducido por uno de los actores.

Contra estos razonamientos del a-quo y consecuentes conclusiones se alza la cuestión normativa.

Carlos Tabasso Cammi en su trabajo «Preferencia de la vía de mayor jerarquía. Eficaz dispositivo de organización y seguridad vial» publicado en L.L.-2001-F, 1083, dice con acierto: «…la experiencia conductiva, la intuición, el sentido de prudencia y el instinto de supervivencia advierten al conductor que se desplaza por la vía comparativamente menor que el cruce de la mayor implica un cambio sustancial por la multiplicación del riesgo.La lógica simple del sentido común explica que ante la circunstancia se adopte -o se deba adoptar- la mínima medida de autoprotección de aminorar el vehículo o, incluso, detenerlo para, antes de decidir el acceso, darse tiempo de observar y explorar ese espacio que por sí mismo sugiere una cantidad y calidad de tránsito…».

Particularmente cuando se trata de avenidas, bulevares, ramblas, carreteras de larga distancia, que dan signos objetivos de su importancia, lo que torna imprudente emprender el atravesamiento de arterias de tales características sin la previa detención o reducción de la velocidad al mínimo para asegurar la oportunidad de maniobra.

Se trataría según el autor citado de una elemental acción instintivo-racional de un conductor hipotético manejando «a la defensiva» puesto ante una intersección conformada por una vía cuali-cuantitativamente distinta cortando su camino de mayor importancia relativa o mayor jerarquía respecto a la vía por la que está circulando.

«Así, quien transita por una vía mano única al llegar al empalme con otra de dos, no puede dejar de afinar la atención y el cuidado, pues el cruce implicará interponerse sucesivamente en las directrices de dos flujos paralelos y opuestos, (…) no puede sino esperar detenido hasta que se produzca una brecha suficiente para atravesarla.».

Esta «(…) especie preferencial puede calificarse como natural, pues no constituye un sofisticado artificio técnico de difícil comprensión sino, en esencia, la respuesta humana espontánea y razonable a una situación de tránsito ostensiblemente problemática, lo que ha determinado su formalización normativa en múltiples legislaciones, ya con alcance general, ya restringido, o, cuando menos, para regular hipótesis puntuales (.»).

Es la experiencia conductiva, la intuición, el sentido de prudencia y el instinto de supervivencia los que advierten al conductor que se desplaza por la vía comparativamente menor en jerarquía que el cruce de la de mayor rango que, ante la circunstancia, adopte medidas de autoprotección sea aminorando o aun deteniendo el vehículo antes de interferir el espacio circulatorio de mayor entidad.Esto resulta especialmente notorio cuando se trata de avenidas, y en tales casos resulta imprudente atravesamiento de vías de tales características, sin la previa detención o reducción de la velocidad al mínimo para asegurar la oportunidad de la maniobra.

«Es fundamental comprender que para organizar y asegurar el cruce de vías jerárquicamente superiores accediendo desde las transversales relativamente secundarias, las reglas de la derecha-izquierda y del ingreso prioritario más que insuficientes, se revelan como peligrosamente contraproducentes,…».

En un accidente de circulación que vincula a una moto y un automóvil, debe entenderse, según la C.S.J.N. que ambos introducen riesgo y, en su caso, a resultas de lo comprobado en los autos de que se trate, debe estarse a la compensación de daños provocados mutuamente si los hubiera.

La conducción de cualquier tipo de vehículo implica que habrá de ponerse toda la atención; ya que la circulación de dicha especie de «cosas riesgosas» por calles, avenidas, carreteras y autopistas constituye un tipo de riesgo que se mantiene durante el tránsito del conducido e implica la responsabilidad de quien lo guía y perdura hasta que el vehículo deje de estar en circulación.

La introducción del vehículo al tránsito y el riesgo mismo derivado de la circulación colocan al conductor en posición de asumir con atención y racionalidad determinadas conductas de previsión y prudencia para no aumentar el riesgo en la circulación.

Cuando se asume manejar cualquier vehículo, en especial un ciclomotor que tiene sus límites de carga y velocidad, pique y otras derivaciones de sus características propias, no se puede asumir sin conocimiento de riesgo, actitudes que resultan inesperadas para quienes vienen circulando y entran en el espacio de riesgo creado por esa actitud.Por ello es que tal manera de actuar constituye suficiente causalidad y consecuente culpabilidad para pensar seriamente en la posibilidad de atribuirle al conductor, dueño o guardián del ciclomotor, total o parcialmente, la responsabilidad del accidente que se produjera «en razón de que debe tenerse en cuenta el principio de confianza, es decir no violar el deber de cuidado, el hecho de que se confía en el que el otro se comportará correctamente, mientras no tenga razón suficiente para dudar o creer lo contrario. El límite de este principio es el propio deber de observación» («F. R. L. s/ recurso de casación». Trib. Casación Buenos Aires, 2008/04/03, M1125539).

No puede dejarse de lado la forma de manejo ya que, los demás esperan confiados en que la misma se adecue a cada circunstancia eventual, es por ello que el actuar imprudente, que viola el deber de cuidado, pueda constituirse en factor responsabilizante, tanto como impedir por el acto propio la realización de una maniobra que, de haberse actuado conforme la naturaleza y características de las cosas y acorde a las previsiones normativas derivadas de ellas, podrían seriamente habilitar la realización de una maniobra de frenado o esquive impediente o atenuante de los daños causados.

La antijuridicidad supone un juicio de menosprecio hacia el ordenamiento, comprensivo éste de las leyes, las costumbres, los principios jurídicos en que se sustenta el sistema, incl uyéndose las reglas del orden impuesto por la marca instintiva natural, que hace tender hacia la prudencia en tanto importa un obrar violatorio del alterum non laedere.

Este principio no se aplica sólo en materia contractual sino también en la extracontractual ya que no queda implícita ni explícitamente agotado por las normas contractuales como serían los arts.1197, 519, 520, 521, 1066, 1109, 1074 etc.

La prohibición de causar daño es un principio general del derecho y como tal, se lo puede encontrar implícito en numerosas normas.

La necesaria conexión que debe existir entre la acción humana y el resultado dañoso producido constituye uno de los presupuestos indispensables de la responsabilidad civil; se trata del papel protagónico de la relación de causalidad (en el mismo sentido ver: Pizarro. Ramón D., en «Causalidad adecuada y factores extraños», en «Derecho de Daños» Primera parte, pág. 255, Edit. La Rocca, Bs. As. 1996).

El hecho de la víctima puede constituirse en causa exclusiva o concausa del daño.

En tal supuesto, no habría concatenación causal, total o parcial según el caso, entre la conducta del tercero y el daño; debiéndose asumir que el propio damnificado es autor material del daño sufrido y lo debe soportar en la medida de su participación como autor o coautor (art. 1111 del Código Civil que dice: «El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella; no impone responsabilidad alguna». (Pudiendo contemplarse el supuesto de incidencia parcial en la producción del resultado, con la consecuente reducción del monto indemnizatorio).

Cuando nuestra doctrina menciona la eximente utiliza los vocablos «culpa de la víctima».

Ello resulta impropio pues «La culpa -enseña Llambías- alude a una conducta reprobable frente a las demás personas; en esta situación no hay una falta con respecto a otro, sino un desacierto que perjudica a quien lo comete, y que en rigor nadie le puede censurar, por lo que no hay una culpa en el sentido jurídico de la expresión, que implica un juicio de reproche acá ausente» (ver: Llambias, Jorge J., Código Civil, anotado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1979, Tº II-B, art. 1111, n’ 3, p. 442. En sentido coincidente: Orgaz, Alfredo, La culpa, Lerner, Buenos Aires, 1970, n° 8, p.226; Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, 3′ ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1980, n° 684, p. 255; De Cupis, Adriano, El daño, trad. de la ed. italiana por Ángel Martínez Sarrión, Bosch, Barcelona, 1975, págs. 277 y 278).

Para que opere este eximente el hecho de la víctima debe tener incidencia causal, ser necesariamente causa o concausa adecuada, en concurrencia con otros factores relevantes (ver: Kemelmajer de Carlucci, Aída, en Código Civil, comentado, anotado y concordado (dir.: Augusto C. Belluscio; coord. Eduardo A. Zannoni), Astrea, Buenos Aires, 1984, Tº 5, p. 391. CNCiv., Sala C, 5/7/85, JA, 1986-11-250; C2ª Civ. Com. y Minería de San Juan, 13/9/83, J.A., 1985-1-52; CCiv. y Com. Morón, Sala 2ª, 13/3/84, JA, 1985-111-401).

El art. 4 inc. 25, del Código de Tránsito correspondiente según ordenanza número 6543/98 que aprueba el mensaje número 14/97, define a los Motovehículos:este término comprende a los ciclomotores, motocicletas, motocargas, motos con sidecar, motonetas, triciclos a motor y cuatriciclos.

En el caso quedó establecido que no podía, al momento de ocurrencia de los hechos, dejarse de notar la mayor jerarquía de Vélez Sarsfield sobre la calle Méjico.

Habiéndose producido la colisión en el cruce de dos vías de circulación, una de doble mano y otra de una sola mano, teniendo el conductor del automóvil la derecha, siendo que ambos conductores debían extremar su atención, el damnificado a bordo de su motovehículo no podía dejar de controlar el tránsito que circulaba a su derecha y el conductor del automotor embistente en atención que iba a ingresar a la intersección con una calle que era de doble sentido de circulación, debía cerciorarse de que tenía el paso expedito por el primer carril el de los vehículos que avanzaban a su izquierda y, no existiendo divisorio entre las dos manos de circulación de Vélez Sarfield, también debía hacer una evaluación sobre la situación que planteaba el tránsito al momento de iniciar la maniobra de cruce.

Es decir que el automovilista no podía ignorar la existencia del motovehículo embestido luego.

Según la ordenanza municipal 6548/98, los ciclomotores no pueden transportar pasajero alguno ni una carga mayor a los cuarenta kilogR. de peso, cosa que no podía ser ignorada por el conductor del motovehículo embestido; sin embargo transportaba un pasajero quien, además, no puede alegar seriamente que pesara menos de los cuarenta kilogR. (ver art. 36 inc. G.1.).

Esta prohibición de la ordenanza resulta preventiva, obviamente, dificulta el peso del pasajero no sólo la capacidad de una maniobra eficaz de esquive tanto como la capacidad de frenado adecuada, haciendo dificultoso el éxito de cualquier intento del conductor de ciclomotor para evitar accidentes.

Es decir está prevista normativamente en beneficio de todos pero en especial para facilitar la conducción del motovehículo, es decir mejorar las condiciones para el conductor del ciclomotor.

En el caso este último la ignoró.

Ergo, entiendo como lo hiciera el a-quo que existe una responsabilidad concurrente y vinculada causalmente en ambos casos con la producción del evento y los daños derivados del mismo.

Discrepo con el a-quo en cuanto que la responsabilidad sea distribuida en la proporción en que lo hiciera la instancia anterior.

Las infracciones al código municipal de tránsito aplicable (Rosario) descritas anteriormente hacen que no se entienda la disminución de responsabilidad atribuida al conductor del taxi, respecto de la proporción que se atribuye al conductor del motovehículo ciclomotor.

Ambos son infractores y la sentencia anterior exacerba la responsabilidad de los conductores del ciclomotor en razón de considerar que el taxi contaba con una prioridad de paso que las ordenanzas vigentes y descriptas supra en lo pertinente, hacen que dicha prioridad se perdiera.

En realidad las culpas se tornan equivalentes, es decir, que los agravios deben prosperar en esa proporción incidiendo en el monto de condena.

Por ello entiendo que las culpas y las sumas indemnizatorias deben ser calculadas al 50% y no en la forma en que se hiciera en anterior instancia, debiendo recalcularse sobre los montos apreciados al valor de que adquiera firmeza la presente resolución modificatoria, manteniéndose las proporciones de incapacidad y rubros a resarcir por no haber sido éstos objeto de tratamiento en esta instancia al no haberse fundado agravios al respecto por ninguna de las partes.

En cuanto a los intereses y en cuanto fueran materia de agravio, entiendo que se ajusta a las pautas aplicadas en casos similares por esta Sala y desde hace ya mucho tiempo, enforma invariable, la propuesta del voto de la Dra. Klebcar; por lo que me inclino definitivamente por hacer lugar al recurso en cuanto fuera medida de agravio en materia de intereses.

La base argumental a esta postura reside en que no corresponde la aplicación de la tasa activa (o mixta) cuando los valores admitidos se encuentran fijados o establecidos al momento del dictado de la sentencia, puesto que tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido a favor del acreedor y en detrimento del deudor que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin duda alguna, se estaría computando dos veces la misma cosa: la desvalorización monetaria operada entre la fecha del hecho, o posterior a él, y la sentencia, dado que en ésta se contemplaron valores a la época de su dictado; en tanto que la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación monetaria (Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, 8va. de., T.I, p. 338; Casiello, Juan J., Los intereses y las deudas de valor, LL 151-864; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación monetaria y los intereses, JA 1970-332, Cap. V).

Considero apropiado recordar que en el Plenario «Samudio», el voto de la mayoría sostuvo que: «.La tasa de interés (activa) fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.».

El motivo de la salvedad, reiterado en la mayor parte de los votos, es que si se fija el capital a valores actuales (digamos, a la fecha de la sentencia), y si la tasa contempla la depreciación de la moneda, entonces tenemos una doble actualización. En otras palabras, según el plenario, cuando el capital está dado en valores actuales, no corresponde aplicar una tasa que no sólo retribuye el uso del capital, sino que intenta recomponer el capital mismo.Y si el capital está fijado a valores actuales, no hay nada que recomponer (Barbero, Ariel E., Interés moratorio: se vuelve a la buena senda. Plenario de la Cámara Civil de la Capital, LL 04/05/2009, 5).

Dentro de este orden de ideas, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Rosario In re: «Calabrese, Sandra y Otros c/ AUFE S.A.C. s/ Daños y Perjuicios», (Acuerdo n° 443, 10/11/09) descartó expresamente la aplicación del Fallo «Samudio» toda vez que el capital indemnizatorio fue fijado a valores actualizados a la fecha de la sentencia apelada. En este aspecto, señaló que «.precisamente se ha entendido, en juicios por daños y perjuicios como el de autos donde se fijaron valores actualizados a la fecha del fallo apelado, que cuando los valores admitidos en una acción de daños y perjuicios se encuentran fijados al momento de la sentencia, la tasa activa establecida en el plenario Samudio, no puede aplicarse desde la fecha pretendida porque existiría un enriquecimiento indebid o a favor del acreedor en detrimento del deudor, al computarse dos veces la misma desvalorización monetaria, razón por la cual se aplicó una tasa de interés puro del 6% anual desde el hecho hasta la sentencia.».

La jurisprudencia ha dicho que «.en una acción de daños y perjuicios, corresponde que al monto de condena se aplique una tasa de interés del 8% anual, desde la mora y hasta el dictado de la sentencia de primera instancia, y desde allí y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, en tanto en dicho decisorio la suma indemnizatoria fue fijada a valores actualizados.» (CNCiv., Sala A en autos: «Rojas, Alicia Susana y otro c/ Sanatorio Modelo Adrogué S.A.y otros», La Ley Online, AR/JUR/4074/2011).

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el criterio que viene manteniendo esta Sala (ver Protocolo) resulta justo que desde la fecha del siniestro y hasta la cuantificación de los respectivos daños se debe aplicar una tasa de interés pura del 8% anual; y desde el dictado de la sentencia hasta su efectivo cumplimiento la tasa activa sumada de acuerdo a los índices del Banco de la Nación Argentina.

Sin perjuicio de ello, se deberá tener en cuenta al momento de liquidar los mismos, que esta Sala viene estableciendo un tope del 30% anual comprensivo de compensatorios y punitorios. Se tiene especialmente en cuenta para llegar a tal pauta, el marco temporal de devengamiento de intereses.

Voto parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Puccinelli: Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr. Cúneo, adhiero a su voto.

A la tercera cuestión, dijo el Dr. Cúneo: Conforme los razonamientos expuestos propongo como resolución del Tribunal la siguiente: 1.-Declarar parcialmente procedente el recurso intentado en cuanto a la imputación de responsabilidad y consecuentemente hacer pesar la misma 50% por sobre el demandado y 50% sobre los actores. Costas a la recurrida (art. 251 CPCC). Honorarios 50% de lo que correspondiera en definitiva en la instancia anterior.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Puccinelli: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Cúneo. En tal sentido voto.

Seguidamente, dijo el Dr. Baracat: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial;

RESUELVE: 1. Declarar parcialmente procedente el recurso intentado en cuanto a la imputación de responsabilidad y consecuentemente hacer pesar la misma 50% por sobre el demandado y 50% sobre los actores. 2. Costas a la recurrida (art. 251 CPCC). 3. Fijar los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de los que, oportunamente, resulten regulados en primera instancia.

Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. (AUTOS «R., F. L. y Otros c/ P., J. A. y Otros s/ DAÑOS y PERJUICIOS», Expte. N° 246/14)

CÚNEO

PUCCINELLI

BARACAT

(ART. 26, LOPJ)

  1. Es una sentencia increible!! espero sea apelada. El juez dice que el solo hecho de violar la ley que prohibe el trasporte de acompañante o carga superior a 40 kilos en el ciclomotor es causa para atribuir en un 50% de culpa en el accidente; sin ningún tipo de pericia que confirme que el conductor del motovehiculo se vió impedido de frenar o realizar una maniobra evasiva por el exceso de peso.

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