fbpx

Se rechaza la acción de nulidad de la escritura de compraventa por falta de firma derivada de la deficiente representación ejercida por el abogado de una de las partes.

shutterstock_152657705Partes: Perez Rovetta Victoria Laura c/ Nuñez Gustavo Arturo s/ acción negatoria

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 19-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-91727-AR | MJJ91727 | MJJ91727

Rechazo de la acción de nulidad de la escritura de compraventa inmobiliaria por falta de firma, derivada de la deficiente representación ejercida por el abogado de una de las partes.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la acción de nulidad de la escritura de compraventa inmobiliaria por falta de firma, derivada de la deficiente representación ejercida por el abogado de una de las partes, pues el actor -tercero ajeno a la operación- no estaba legitimado para iniciar el reclamo, ya que la nulidad invocada no detenta el carácter de absoluta sino de relativa, limitándose de tal modo el elenco de legitimados; por otro lado, la parte representada ratificó en todos sus términos lo actuado por el letrado.

2.-La disposición del inmueble por parte de la vendedora invocando su carácter de titular dominial de un cien por ciento del mismo conllevó implícitamente que quedara sin efecto la gestión realizada a favor del actor, quien a partir de tal hito temporal se encontró impedido de ratificar tal actuación.

3.-Encontrándose impedido el actor de ratificar la actuación realizada por la vendedora en la escritura en su provecho, desde el momento en que ésta dispuso del bien inmueble por el boleto de compraventa celebrado con la compradora, ningún interés posee éste último para invocar la nulidad de la escritura, puesto que aún de decretarse la misma ello no haría renacer la facultad de ratificar que no ejerció en tiempo oportuno.

Fallo:

En la ciudad de Mar del Plata, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil quince, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia única en los autos: «PEREZ ROVETTA, VICTORIA LAURA C/ NUÑEZ, GUSTAVO ARTURO S/ ACCION NEGATORIA (EXPTE. N° 146.359)» Y «NUÑEZ, GUSTAVO ARTURO C/ PEREZ ROVETTA, VICTORIA LAURA S/ NULIDAD DE ESCRITURA (EXPTE. N° 157.295)» habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes;

CUESTIONES: 1) ¿Es justa la sentencia única obrante a fs. 2340/2368 del expediente n° 146.359 y a fs. 830/858 del expediente n° 157.295?.

2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:

I) Dicta sentencia única el Sr. Juez de Primera Instancia resolviendo hacer lugar a la demanda promovida por la Sra. Victoria Laura Pérez Rovetta contra el Sr. Gustavo Arturo Nuñez y, en consecuencia, condena a este último al cese inmediato de todo acto actual y futuro en contra de la actora que se base en los derechos que se arroga el accionado. Impone las costas al Sr. Gustavo Arturo Nuñez atento su carácter de vencido. Por su parte, desestima el planteo de prescripción instaurado por la codemandada Sra. María del Carmen Malter Terrada en contra del Sr. Gustavo Arturo Nuñez, con costas a la vencida. Asimismo, rechaza el planteo de nulidad de escritura impetrado por el Sr. Gustavo Arturo Nuñez contra los Sres. Victoria Laura Pérez Rovetta, María del Carmen Malter Terrada, Mario José Ricciuto y Ana María Torres de Scheggia, con costas. Para decidir el progreso de la acción negatoria entablada por la Sra.Victoria Laura Pérez Rovetta, sostuvo, en lo sustancial, que se encontraron acreditados los presupuestos legales que hacen al progreso de tal acción, en el caso, la titularidad dominial del 100% del inmueble y los actos del Sr. Gustavo Arturo Nuñez impidiendo el libre ejercicio del derecho de dominio. Hizo hincapié, en que el negocio de venta del 100% del inmueble efectuado por la Sra. María del Carmen Malter Terrada -la que entendió actuó como gestora de negocios del Sr. Nuñez- era perfectamente válido hasta tanto no existiera registración de aceptación en contrario. Consideró que se trasmitió pacíficamente la posesión y que se tomaron todas las medidas registrales pertinentes otorgándose de tal modo publicidad al acto, las que fueron convalidadas mediante el pronunciamiento emitido por la Cámara Civil y Comercial con asiento en la Plata. En lo que respecta al rechazo de la excepción de prescripción interpuesta por la Sra. María del Carmen Malter Terrada, señaló que la cuestión atinente al plazo para ratificar la compra por parte del Sr. Nuñez se refería a cuestiones que hacen a la defensa fondal y que serían abordadas al tratar la pretensa nulidad de escritura. A su vez, respecto de la alegada prescripción de la acción de nulidad de escritura, expuso que siendo de naturaleza indivisible la obligación de escriturar la demanda entablada contra la Sra. Pérez Rovetta interrumpió la prescripción respecto de todos los codemandados. Por último, como sustento del rechazo de la acción de nulidad de escritura esgrimió que el Dr. Ricciuto se encontraba habilitado para firmar la escritura como representante de ambas partes, ello por cuanto resultaba ser mandatario de la Sra. Pérez Rovetta y, a su vez, debía entenderse que está sustituyó el poder irrevocable que tenía otorgado por la Sra. Malter Terrada en el Dr. Ricciuto.

II) Dicho pronunciamiento es apelado a fs. 2369 -del expte. N°146.359- y a fs. 867 -del expte. N°157.295- por el Dr.Emilio Pedro Trionfetti, en su carácter de apoderado del Sr. Gustavo Arturo Nuñez, fundando tal recurso a fs. 2401/2414 -del expte. N°146.359- y a fs. 906/917 -del expte. N°157.295- con argumentos que merecieron réplica de la codemandada Escribana Torres de Scheggia a fs. 920/923 -del expte. N°157.295-, de la codemandada Sra. Malter Terrada a fs. 924/926 -del expte. N°157.295-, y de los codemandados Sres. Pérez Rovetta y Ricciuto a fs. 935/947 -del expte. N°157.295- y a fs. 2414/2429 -del expte. N°146.359-. Por su parte, tal decisorio fue apelado por el Dr. Edgardo Zarlenga Solá a fs. 868 -del expte. N°157.295-, en su carácter de gestor procesal de la Sra. María del Carmen Malter Terrada, fundando tal recurso a fs. 903/905 -del expte. N°157.295-, con argumentos que no merecieron respuesta de la contraria.

III) Agravios del Sr. Gustavo Arturo Nuñez. Atento haber fundado los recursos interpuestos a fs. a fs. 2369 -del expte. N°146.359- y a fs. 867 -del expte. N°157.295- con idénticos argumentos éstos serán reseñados en forma conjunta. Agravia al recurrente el rechazo de la acción de nulidad de escritura impetrada por su parte. En breve síntesis, manifiesta al respecto que por más amplías que resulten las facultades otorgadas por la compradora al Dr. Ricciuto, a través del poder general de administración y disposición -escritura n°1071-, las mismas sólo lo autorizan a ejecutar actos jurídicos en nombre de su otorgante -Sra. Pérez Rovetta-, pero no en nombre y por cuenta de un tercero de quien carecería de representación, como resultaría ser, en el caso, la Sra. Malter Terrada. Afirma, que no ha existido sustitución del poder irrevocable de venta que otorgara la Sra. Malter Terrada a la Sra. Pérez Rovetta y que de haber existido la sustitución debió instrumentarse en escritura pública y dejarse constancia en la escritura que pretende anularse.Agrega que la sustitución de un poder no puede suponerse sino que la misma debe formalizarse a través del respectivo instrumento público sin que resulte suficiente la sola facultad de sustituir por parte del mandatario. Destaca, que de conformidad a lo establecido en el art. 4 de la ley 17.801 la inscripción registral no convalida el título nulo ni subsana sus defectos y, por tal razón, si bien la escritura N°150 pudo haber superado sin objeciones la misma ninguna incidencia puede tener en el presente juicio destinado a juzgar sobre la validez sustancial de la escritura. Renglón seguido, hace referencia a los considerandos de la sentencia del Juez notarial, que se abocó al tratamiento de la sanción disciplinaria dispuesta a la escribana Sanz, en tanto allí se pone de relieve que el Dr. Ricciuto no contaba con la representación de la parte vendedora en la escritura que pretende anularse. Considera que la nulidad denunciada por su parte ha sido reconocida a través de los hechos por la escribana Torres de Scheggia y por el Dr. Ricciuto quienes procuraron sanear el vicio invalidante con la redacción de dos nuevas escrituras. Concluye, que fundándose la prioridad de dominio que pretende hacerse valer contra su parte en la escritura N°150, que entiende adolece de una nulidad absoluta, debe hacerse lugar a la acción de nulidad interpuesta y rechazarse la acción negatoria impetrada por la Sra. Pérez Rovetta. Como segundo agravio, el recurrente manifiesta que resulta equívoco considerar a la Sra. Pérez Rovetta como una adquirente de buena fe. Sobre el particular, hace hincapié en la actuación del Dr. Ricciuto en el concurso preventivo de la Sra. Terrada y en que la posesión del inmueble siempre estuvo en poder del Sr. Nuñez, concluyendo de tales circunstancias que no puede entenderse que la Sra. Pérez Rovetta estuviese ajena a la relación existente entre la Sra. Terrada y el Sr. Nuñez. Explica, que siendo el Dr. Ricciuto mandatario de la Sra.Pérez Rovetta y habiendo actuado aquél personalmente en los trámites atinentes al concurso preventivo debe considerarse que ésta conocía la situación fáctica y jurídica del inmueble. Finalmente, solicita se revoque la sentencia recurrida, con costas.

IV) Agravios de la Sra. María del Carmen Malter Terrada. Agravia a la recurrente la imposición de costas por la excepción de prescripción opuesta por su parte. Refiere, en primer lugar, que el a quo no consideró adecuadamente que el derecho del Sr. Nuñez para aceptar la compra del inmueble realizada en el año 1983 se encontraba prescripto. En otro orden de ideas, expresa que siendo necesario que la litis sea integrada con todos los intervinientes en el acto, al haber desistido el Sr. Nuñez de la intervención de la Sra. Malter Terrada, entiende que debió acogerse la excepción de prescripción. Por último, solicita que se revoque el decisorio apelado en lo atinente a la imposición de costas por la excepción de prescripción.

V) Pasaré a analizar los agravios planteados. Agravios del apelante de fs. 2369 -del expte. N°146.359- y de fs. 867 -del expte. N°157.295-. Nulidad de escritura. Buena fe de la adquirente. Al fundar su recurso, el recurrente endereza sus argumentos a señalar un supuesto error de juzgamiento por parte del a quo respecto a lo decidido en torno al planteo de nulidad de escritura oportunamente impetrado. Es así que, el apelante controvierte el rechazo de la nulidad de la escritura N°150 poniendo énfasis en, según su entender, una deficiencia en la representación invocada por el Dr. Ricciuto al momento en que fuera confeccionado tal instrumento público y que, a la postre, derivara en un defecto nulidificante de ausencia de firma. A su vez, efectúa diversas consideraciones atinentes a la buena fe de la adquirente para concluir que no debe tenerse en cuenta la buena o mala fe de la Sra. Pérez Rovetta para resolver el planteo de nulidad (conf. fs. 916 vta. del expte. N°157.295, fs. 2411 vta.del expte. N° 146.359). Ante el panorama descripto, entiendo necesario adelantar que, por distintos fundamentos a los esbozados por el a quo, el planteo efectuado por el Sr. Gustavo Arturo Nuñez no merece prosperar. Ello es así, toda vez que, luego de habe r efectuado un exhaustivo estudio de las actuaciones, considero que resulta clara la ausencia de legitimación del Sr. Nuñez para solicitar la nulidad de la escritura N°150, donde se plasmara la transmisión de la propiedad inmueble entre la Sra. María del Carmen Malter Terrada y la Sra. Victoria Laura Pérez Rovetta (art. 345 inc. 3 del C.P.C.). Seguidamente, expondré los argumentos que sustentan tal conclusión, no sin antes recordar que la cuestión atinente a la legitimación de las partes, al tratarse de un requisito esencial de la acción, debe ser abordada aún de oficio por los magistrados (argto. jurisp. S.C.B.A. en la causa C. 115.679 «Bianchi, Marcela Beatriz c/ Rozada, Ricardo Héctor y otras s/ ordinario», sent. del 20-XI-2014; S.C.B.A. en la causa C. 107.199 «Gerotti, Ángel Rafael c/ Aquino, Juan Carlos y otra s/ acción reivindicatoria», sent. del 05-X-2011; S.C.B.A. en la causa C. 99.207 «Provincia de Buenos Aires c/ La Primera de San Isidro S.A. s/ desalojo», sent. del 10-II-2010). Dicho lo anterior, advierto que a diferencia de lo alegado por el recurrente la nulidad invocada, sustentada en la causal de falta de firma, no detenta el carácter de absoluta sino de relativa, limitándose de tal modo el elenco de legitimados para su invocación. Es en este sentido, que el Máximo Tribunal Provincial ha resuelto que: «.las nulidades absolutas no son susceptibles de confirmación por las partes (art. 1047 del C.C.), pues la invalidez se declara en interés de la ley, por estar afectado un interés que es más amplio que el de las partes.Así, sabemos que la compraventa de una persona es inválida, y que esta nulidad no puede ser subsanada por la confirmación que quieran hacer el vendedor y el comprador. En autos no se denuncia ninguna nulidad absoluta. Se alegó la falta de firma en una escritura, nulidad que en todo caso afecta sólo a los otorgantes del acto, y que se puede subsanar con otra escritura.»(S.C.B.A. en la causa C. 83.820 «Iotti, Atilio Carlos c/ Jorge Alberto Caso S.A. s/ incidente de redargución de falsedad», sent. del 19-IX-2007; el destacado no es de origen). En vista a la similitud de la cuestión que abordó el Superior Tribunal Provincial con la aquí debatida, pues en ambos casos la nulidad se funda en el supuesto de ausencia de firma de una escritura pública, y teniendo en consideración que pese a no existir una norma legal que expresamente obligue a los jueces a seguir la doctrina emanada de la Suprema Corte Provincial ello surge implícitamente desde que las normas constitucionales prevén el recurso de inaplicabilidad de ley a los fines de resguardar la correcta aplicación de la doctrina legal, resulta que, como adelante debe desestimarse la categorización de «absoluta» que el recurrente otorga a la nulidad que plantea debiendo analizarse y encuadrarse la cuestión dentro del campo de las nulidades «relativas» (arts. 278, 279 y ccdts. del C.P.C.; art. 161 inc. 3 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.) Tal carácter relativo de la nulidad implica que todos los efectos que derivan de ella se encuentran supeditados a la oportuna alegación de quien se encuentre legitimado para el ejercicio de la acción (art. 1048 del Código Civil; argto. doct. Marcelo López Mesa «Código Civil y Leyes Complementarias», tomo II, 1era. edición, Ed. Lexis Nexis, Bs. As., 2008, pág.294). En el supuesto de la nulidad relativa la impugnación se encuentra limitada por el artículo 1048 del Código Civil a «.aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes.», esto es así, en atención a que el fundamento de la nulidad es la protección de un interés individual (argto. doct. Julio Cesar Rivera – Graciela Medina. Directores. «Código Civil Comentado». Ed. Rubinzal-Culzoni. 1era. edición, Santa Fe, 2005, pág. 783; Marcelo López Mesa, ob. cit., pág. 293). Ahora bien, una interpretación literal del precepto reseñado, que entiendo es la adecuada, lleva inexorablemente a concluir que sólo se encontraría legitimada para plantear la nulidad de la escritura N° 150 la Sra. María del Carmen Malter Terrada, puesto que, según alega el Sr. Nuñez, es respecto de ella que la representación invocada por el Dr. Ricciuto sería deficiente. Lejos de tal proceder, la Sra. Malter Terrada no sólo no planteó nulidad alguna sino que expresamente confirmó lo actuado por el Dr. Ricciuto en la escritura N° 150 a través de lo manifestado en la escritura N° 86 (ver fs. 562/564 del expte. N°157.295). Lo expuesto, sella sin más la suerte desfavorable del planteo nulidificatorio enarbolado por el Sr. Nuñez evidenciándose su ausencia de legitimación (art. 345 inc. 3 del C.P.C). Tal situación no varía aún de considerarse una interpretación amplia de lo dispuesto por el art. 1048 del Código Civil, es decir, una exégesis que habilite el planteo de nulidad por quien detente un «interés» legítimo (conf. Julio Cesar Rivera – Graciela Medina. Directores., ob. cit., pág. 788). Repárese, que el «interés» del Sr. Nuñez en la declaración de nulidad de la escritura N° 150 encuentra su explicación en su intención de inscribir con prioridad registral la aceptación de la compra del inmueble que había efectuado para éste, en condominio, la Sra.Malter Terrada en la escritura N° 501 -del 19 de agosto de 1983-. En otras palabras, el «interés» del Sr. Nuñez en dejar sin efecto la escritura N°150 es poder efectivizar la aceptación de compra, que el bloqueo registral del certificado expedido para realizar la escritura le habría impedido y, de tal modo, erigirse como copropietario del inmueble. Como explicaré a continuación, la posibilidad de aceptar la compra efectuada por la Sra. Malter Terrada en la escritura N° 501 había fenecido con anterioridad al bloqueo registral causado por el certificado expedido para confeccionar la escritura N° 150, implicando ello que, aún de decretarse la nulidad de dicho instrumento público, la aceptación de la compra no podría realizarse. Es que, tal como acertadamente lo ha expuesto el a quo sin que ello fuera objeto de crítica por parte del recurrente, la actuación de la Sra. Malter Terrada en la escritura N°501, al adquirir parte del inmueble para el Sr. Nuñez, debe calificarse como una «gestión de negocios» (arts. 2288, 2289 y ccdts. del Código Civil; argto. doct. Fernando J. López de Zavalía «Teoría de los Contratos», tomo I, Ed. Zavalía, 4ta. edición, Bs. As, 1997, pág. 508 y sgtes; Natalio P. Etchegaray «Compra de inmuebles para terceras personas», Revista Notarial del Colegio de Escribanos de la Prov. de Bs. As., N° 944, pág. 151/169). Siendo así, cobra especial relevancia lo dispuesto en el art. 2305 del Código Civil en tanto precepta que: «.El gestor de negocios ajenos queda personalmente obligado por los contratos que con motivo de su gestión, hizo con terceros, aunque los hiciese a nombre del dueño del negocio, si éste no hubiere ratificado la gestión.». Es decir, que el gestor -en el caso la Sra. Malter Terradacomo titular dominial del inmueble poseía amplias facultades de disposición, mientras no se produjera la ratificación de su gestión por parte del Sr. Nuñez (argto. doct. Natalio P. Etchegaray. ob. cit. pág.157). Es en este marco, que con anterioridad a la aceptación de la compra por el Sr. Nuñez -formalizada en la escritura N° 29 del 24/03/2009 – conf. fs. 363/364 del expte. N°146.359- la Sra. Malter Terrada dispuso del bien inmueble como única titular dominial del mismo por medio del boleto de compraventa que celebrara con la Sra. Pérez Rovetta en fecha 27/2/2009 – conf. fs. 13/14 del expte. N°146.359-, timbrado fiscalmente en fecha 13/03/2009 y mencionado en la escritura N°81 confeccionada en fecha 27/02/2009 -conf. fs. 542/543 del expte. N°157.295-.

Ante tal proceder, se evidencia la revocación de la gestión efectuada por la Sra. Malter Terrada erigiéndose tal actuar en óbice a la aceptación de la compra que con posterioridad realizara el Sr. Nuñez, pues mal podría este último aceptar una gestión ya revocada (argto. doct. Natalio P. Etchegaray. ob. cit. pág. 157). Dicho de otro modo, la disposición del inmueble por parte de la Sra. Malter Terrada invocando su carácter de titular dominial de un cien por ciento del mismo conllevó implícitamente que quedara sin efecto la gestión realizada a favor del Sr. Nuñez, quien a partir de tal hito temporal se encontró impedido de ratificar tal actuación. En conclusión, encontrándose impedido el Sr. Nuñez de ratificar la actuación realizada por la Sra. Malter Terrada en la escritura N°501 en su provecho, desde el momento en que ésta dispuso del bien inmueble por el boleto de compraventa celebrado con la Sra. Pérez Rovetta, ningún «interés» posee éste último para invocar la nulidad de la escritura N° 150 puesto que aún de decretarse la misma ello no haría renacer la facultad de ratificar que no ejerció en tiempo oportuno (art. 2305 y ccdts. del Código Civil). Por los fundamentos dados, considero que debe rechazarse el recurso interpuesto por el apelante de fs. 2369 -del expte. N°146.359- y de fs. 867 -del expte.N°157.295- confirmándose, en consecuencia, la sentencia recurrida (arts. 1047, 1048, 2288, 2289, 2305 y ccdts. del Código Civil; art. 345 inc. 3 del C.P.C.). Agravios del apelante de fs. 868 -del expte. N°157.295-. Agravia al recurrente que, en la sentencia recurrida, el a quo le imponga las costas por el rechazo de la excepción de prescripción interpuesta por su parte. Sobre el particular sostiene, en primer lugar, que el a quo no le dio la debida trascendencia al fundamento de la prescripción atinente a que el derecho del Sr. Nuñez para aceptar la gestión de la Sra. Malter Terrada se encontraba prescripto.

A su vez, destaca que el sentenciante no tuvo en consideración al momento de resolver el segundo de los argumentos que sustentan la excepción de prescripción, referido al transcurso del plazo de dos años para efectuar el planteo de nulidad, el desistimiento de la acción respecto de la Sra. Malter Terrada, más allá que con posterioridad ésta fuera nuevamente i ntegrada al elenco de legitimados pasivos de la acción de nulidad. El planteo efectuado por el recurrente no merece prosperar. Tal conclusión se impone en tanto, respecto de la prescripción fundada en la falta de ratificación por parte del Sr. Nuñez, cabe señalar que el a quo hizo referencia a que la cuestión debía enmarcarse en la aceptación tardía de la gestión realizada por la Sra. Malter Terrada. Siendo así, y teniendo en consideración que la ratificación de la actuación del gestor es una facultad que puede o no ejercer la persona a favor de quien se efectúa y que, como tal, no se encuentra sometida a plazo prescriptivo alguno, resulta ajustado a derecho el rechazo de la excepción de prescripción fundada en tal causal y, por tanto, la imposición de costas al excepcionante vencido (art. 68 del C.P.C.; argto. doct. Edgardo López Herrera «Tratado de la prescripción Liberatoria», 2da. edición, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 2009, pág. 100 y sgts.). Ahora bien, en lo que respecta a los agravios atinentes al segundo de los argumentos fundantes de la excepción de prescripción, referido al plazo para plantear la nulidad de acto jurídico, adelanto que éstos no alcanzan a ser una crítica concreta y razonada de resuelto por el a quo (art. 260 del C.P.C.). Repárese, que el sentenciante al rechazar éste segundo fundamento de la excepción de prescripción expuso que «.dado que partiendo desde la postura más favorable para quien excepciona -es decir el cómputo de dos años desde que se tuvo conocimiento del acto por el tercero-, la resolución no variaría en cuanto a su resultado, pues al momento en que se impetró la acción contra la Sra. Pérez Rovetta (v. fs. 42vta. – 25/02/2011-) su derecho no estaba prescripto.»(conf. fs. 851 del expte N°157.295 y fs. 2361 del expte. N°146.359). Nada ha argumentado en su expresión de agravios el recurrente respecto de tal conclusión del a quo, es decir, no explicó el por qué debe entenderse que la acción entablada contra la Sra. Pérez Rovetta no interrumpió la prescripción que invoca, limitándose a detallar como fue el devenir procesal de su parte sin explicar de que modo ello afecta el razonamiento efectuado por el juzgador incumpliendo de tal modo con la carga impuesta por el art. 260 del C.P.C. En razón de lo antes expuesto, entiendo que corresponde rechazar el recurso interpuesto a fs. 868 -del expte. N°157.295- , confirmando en consecuencia la sentencia recurrida en lo que fue materia de apelación.

ASI LO VOTO.

El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO: Corresponde:

I) Rechazar el recurso interpuesto por el apelante de fs. 2369 -del expte. N°146.359- y de fs. 867 -del expte.N°157.295- confirmándose, en consecuencia, la sentencia recurrida, con costas al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C.);

II) Rechazar el recurso interpuesto a fs. 868 -del expte. N°157.295-, confirmando en consecuencia la sentencia recurrida en lo que fue materia de apelación, con costas de Alzada en el orden causado ante la ausencia de controversia (art. 68 2da. parte del C.P.C.);

III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904). ASI LO VOTO. El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos. En consecuencia se dicta la siguiente;

S E N T E N C I A Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo:

I) Se rechaza el recurso interpuesto por el apelante de fs. 2369 -del expte. N°146.359- y de fs. 867 -del expte. N°157.295- confirmándose, en consecuencia, la sentencia recurrida, con costas al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C.);

II) Se rechaza el recurso interpuesto a fs. 868 -del expte. N°157.295-, confirmando en consecuencia la sentencia recurrida en lo que fue materia de apelación, con costas de Alzada en el orden causado ante la ausencia de controversia (art. 68 2da. parte del C.P.C.);

III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C).

Devuélvase.

NELIDA I. ZAMPINI RUBEN D. GEREZ

Pablo D. Antonini

Secretario

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: