La editorial demandada deberá abonar a la actora, quien se encargaba del transporte y la distribución de sus libros, la indemnización por falta de preaviso ante la disolución del vínculo que los unía por contrato.

shutterstock_112743544Partes: Salames Adriano Enrique c/ Ediciones Océano S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 12-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-91697-AR | MJJ91697 | MJJ91697

La editorial demandada deberá abonar a la actora, quien se encargaba del transporte y la distribución de sus libros, la indemnización por falta de preaviso ante la disolución del vínculo que los unía por contrato. 

Sumario:

1.-No parece que pueda considerarse indiferente si un determinado contrato constituye un único contrato de distribución o sucesivos contratos individuales de transporte. Por eso es que no parece que pueda considerarse intrascendente esclarecer si el vínculo habido entre los contendientes responde a uno u otro de esos encuadramientos contractuales.

2.-En el supuesto de verificarse que se trató de una relación de distribución , ello presupone que existió vocación de las partes de mantener la relación comercial a largo plazo y, por ende, que medió entre ellas un contrato de duración , siendo, en ese caso, carga de la demandada acreditar lo contrario. En la hipótesis opuesta, de concluirse que solo existió entre los contrayentes una vinculación encuadrable en la noción de contrato de transporte , ello descarta en principio la presunción supra referida -ya que el plazo de vigencia del contrato, en principio, queda cumplido con cada transporte y el pertinente pago de su flete-, siendo, en ese caso, carga del actor acreditar la existencia de un vínculo sostenido en el tiempo susceptible de generar la indemnización pretendida.

3.-La denominación de contrato de distribución se utiliza, en un sentido amplio, para hacer referencia a un conjunto de relaciones, usuales en la actualidad, por las que el productor construye canales de comercialización por medio de terceros que actúan sin relación de dependencia.

4.-Trátase, el contrato de distribución, de formas de colaboración empresaria que tienden a la comercialización de bienes y servicios mediante variadas técnicas de colocación de productos y penetración en los mercados. En este sentido, quedarían alcanzados por el término distribución -en sentido amplio o lato- los contratos de concesión, agencia, franquicia y distribución propiamente dicha.

5.-En un sentido estricto, el contrato de distribución comercial puede ser caracterizado como aquél por el cual un fabricante conviene el suministro de un bien final -producto determinado- al distribuidor, quien lo adquiere para proceder a su colocación masiva por medio de su propia organización en una zona, también determinada. A cambio de ello, el distribuidor recibe del productor un porcentaje sobre el precio de venta del producto.

6.-El contrato de distribución involucra, por lo general, la adquisición y posterior reventa de bienes por parte del distribuidor, quien actúa en nombre y por cuenta propia y toma sobre sí la responsabilidad de los contratos que celebra con terceros, habida cuenta que se trata de un empresario (auxiliar) autónomo.

7.-El contrato de transporte terrestre de mercaderías puede ser definido como aquél por la cual una persona asume la obligación de transferir o hacer transferir una cosa de un lugar a otro, a cambio de una remuneración llamada, según el caso, porte, flete, precio, etc. o bien, como aquel por la cual una empresa porteadora se obliga, mediante el pago o promesa de pago de un porte o flete, a recibir de una persona – denominada cargador- los efectos que ésta le entregare y a transportarlos a un lugar determinado y entregarlos, a su vez, a otra persona llamada destinatario, o al mismo cargador.

8.-En general, el contrato de transporte se tipifica como una locación de obra donde lo comprometido es un resultado (locatio conductio operis), pero con naturaleza, finalidad y características propias, perfectamente definidas que permiten afirmar que se trata de un contrato sui generis, regido por principios especiales, que deben tenerse en cuenta para resolver las cuestiones jurídicas que pueden presentarse en los distintos casos particulares.

9.-Es factible la combinación del contrato de transporte típico con rasgos de otros contratos, sin abandonar la locación de obra, que es su base fundamental y que engloba al cargador, al porteador y al destinatario.

10.-Para que exista contrato de transporte se debe verificar laconcurrencia de los tres (3) elementos que clásicamente se distinguen como constitutivos de la obligación de transportar: (a.) la conducción del objeto;(b.) lacustodia de éste; y (c.) la entrega al destinatario, debiendo señalarse que generalmente estas prestaciones, cuando son conceptualizadas como actos de comercio, son prestadas mediante una organización empresaria -he ahí la diferencia entre el transporte civil y el comercial-, presuponiendo una estructura al servicio de las prestaciones que se comprometen (arg. arts. 8 inc. 5 y 1658 CCiv. y arts. 162, 163 y 164 CCom.).

11.-Tratándose ambos contratos, -tanto el de distribución como el de transporte- de contratos no formales, no debe pasarse por alto que uno de los principales rasgos distintivos entre el contrato de distribución y el contrato de transporte es que en la primera de esas figuras existe vocación de las partes de mantener la relación comercial a largo plazo y se verifican pautas de comercialización unilateralmente fijadas por el dador de la distribución, presupuestos que, en principio, se hallan ausentes en el contrato de transporte .

12.-Resulta indudable que entre el distribuidor y el distribuido existe una relación comercial más estrecha – y con mayores vínculos obligacionales – que la habida entre el fletero y el vendedor del producto que éste transporta. Basta tan sólo señalar que en la distribución parámetros precisos tales como exclusividad , asignación de zona , etc., se hallan ausentes en la restante relación comentada.

13.-En el supuesto del contrato de transporte el plazo de vigencia queda cumplido con cada transporte y el pertinente pago de su flete, sin que exista obligación de ninguna de las partes de continuar sus prestaciones en el futuro. De allí que -a diferencia de lo que acontece en la generalidad de los contratos de distribución- no resulte admisible calificar este contrato de transporte como de tracto sucesivo o de cumplimiento continuado o contrato de duración , salvo que se acredite lo contrario.

14.-En tanto no surge que el accionante haya adquirido la propiedad de los bienes producidos por la demandada, limitándose a transportarlos, debe concluirse que -en principio- no existiría un contrato de distribución con las notas que lo caracterizan.

15.-No es compatible con el contrato de distribución la existencia de una denominada hoja de ruta solo contenía el listado de clientes de la demandada con sus direcciones y los bultos que debía entregarle a cada uno de ellos, no advirtiéndose pautas concretas de la forma y condiciones en que debía llevarse a cabo la distribución, es decir, indicaciones relativas al orden de las entregas o la señalización de la ruta a seguir, ni tampoco los vehículos o empleados que debían utilizarse en cada uno de los viajes. Por el contrario, los datos contenidos en tales documentos aparecen como compatibles con la existencia de un contrato de transporte , toda vez que se advierte lógico en este tipo de vinculación que se indique a quién debe ser entregado cada uno de los bienes que son dados para su transporte.

16.-La ausencia de exclusividad respecto del distribuidor puede inferirse del hecho de que la facturación realizada para la demandada no era correlativa

17.-Acreditado que el demandante era contratado en forma periódica por la accionada con el único fin de transportar los libros distribuidos por esta última -sin adquirir la propiedad de tales bienes- a diversas librerías y editoriales, ello, a cambio de una remuneración -la cual era abonada en forma mensual-, circunstancia que autoriza a concluir que en la especie se verificaban los requisitos tipificantes del contrato de transporte terrestre de mercaderías y no del contrato de distribución.

18.-Existe contrato de transporte cuando se verifica la concurrencia de los tres (3) elementos que clásicamente se distinguen como constitutivos de la obligación de transportar: (a.) la conducción del objeto; en el caso los libros de propiedad de la accionada (b.) la custodia de éstos, es por ello que el propio actor reconoce que le facturaron la mercadería que fuera robada; y (c.) la entrega de tales objetos a su respectivo destinatario, en el caso, cada uno de los clientes de la demandada.

19.-En tanto las prestaciones del actor consistieron en servicios de flete, es decir, que medió entre las partes una relación de sucesivos contratos de transporte terrestre de mercaderías , tal encuadramiento excluye toda posibilidad de resarcimiento por la interrupción unilateral de la relación, a menos que excepcionalmente la antigüedad del vínculo permita subsumir esos contratos dentro de la conceptualización de una relación de duración .

20.-Encontrándose determinado que la relación existente entre las partes no resulta encuadrable como un contrato de distribución , sino que constituyó una reiteración de sucesivos contratos de transporte ,corresponde analizar si la modalidad bajo la cual fuera prestado este último servicio, autoriza a considerar dicha vinculación dentro de una vinculación asimilable a la que es propia de los contratos de duración y con ello, si fue exigible el otorgamiento de un preaviso antes de decidir su interrupción definitiva.

21.-En principio el contrato de transporte no puede ser calificado como un contrato de duración , toda vez que el plazo de vigencia queda cumplido con cada transporte y el pertinente pago de su flete, sin que exista obligación de ninguna de las partes de continuar sus prestaciones en el futuro, salvo que se acredite lo contrario y en ese contexto, era carga del accionante demostrar que las especiales características de la relación habida entre las partes permitían asimilar los contratos de transporte celebrados sucesivamente como si fuera un contrato único encuadrable en un vínculo negocial de duración .

22.-No mediando controversia entre los litigantes en punto a que el accionante prestó los servicios de transporte para la demandada por el lapso de ocho (8) años y que ellos fueron realizados en forma ininterrumpida, y que tales servicios fueron facturados en forma mensual, ello autoriza razonablemente a sostener que existió una vocación de parte de los contratantes de mantener la relación comercial durante un largo período de tiempo, circunstancia que permite asimilar la relación de transporte de marras a los llamados contratos de duración con las derivaciones consiguientes, entre las que se cuenta la de otorgar un preaviso en caso de decidirse unilateralmente la disolución del vínculo.

23.-Establecido que la vinculación entre las partes mediante la celebración de ininterrumpidos contratos de transporte, ella debe ser asimilada a la que es propia de un contrato de duración , resultando en consecuencia otorgar un preaviso razonable para decidir la finalización regular del vínculo.

24.-Mientras que los contratos de plazo determinado se rigen por lo acordado en cuanto a plazos de vigencia y de preaviso -salvo abuso-, los contratos sin plazo -tal como aquí acontece- pueden ser finalizados por las partes en cualquier momento, notificando fehacientemente la decisión con una antelación razonable, o en su defecto, indemnizando.

25.-En caso de indeterminación del plazo de vigencia del contrato, ninguna de las partes está autorizada para hacer cesar abruptamente la relación, salvo que un casus le impusiera hacerlo o si hubiere acaecido una actividad francamente culpable o dolosa de la otra parte.

26.-Para la procedencia de la rescisión unilateral de un contrato de transporte de ejecución continuada , cabe exigir -entre otros recaudos- que ésta fuera preavisada con una prudente antelación, fundándose el acogimiento de la rescisión en que, salvo disposición expresa de la ley, nadie puede ser obligado a permanecer atado a una relación jurídica de modo indefinido.

27.-El derecho de poner fin a un contrato debe ejercerse en tiempo oportuno, es decir, una vez transcurrido el tiempo mínimo necesario para que la relación produzca los efectos económicos que le son propios.

28.-En los casos particulares de ruptura en los que no exista justa causa es de menester la concesión de un plazo razonable -que depende del ramo o envergadura del negocio- para que la parte afectada logre reordenar su situación al nuevo panorama empresarial que se le presenta frente a la decisión tomada por el restante contratante.

29.-Cuando la ruptura del contrato es intempestiva , el derecho a poner fin a la relación jurídica es ejercido abusivamente, lo que configura una conducta antijurídica generadora del deber de indemnizar, razón por la cual la demandada deberá responder por los daños y perjuicios derivados de dicha interrupción intempestiva.

30.-A fin de determinar el lapso razonable del preaviso que cabe reconocer en casos de ruptura intempestiva como el que nos ocupa, se advierte que nuestros tribunales, de manera coincidente, han señalado que es parámetro de referencia la antigüedad de la vinculación contractual habida entre las partes para establecer cuál es el término que aparece necesario para facilitar el reacomodamiento de la operatoria comercial afectada, debiendo resarcirse las utilidades dejadas de percibir durante el segmento temporal equivalente al preaviso fijado, pudiendo recurrirse también a los usos y costumbres comerciales invocados y probados -derecho común del comerciante-, particularmente en contratos no regulados.

31.-El preaviso debe verse ajustado al plazo de vigencia del contrato, ponderando los factores referidos y la inexistencia de divergencias o de deterioro del vínculo durante el desarrollo de la relación, dentro de las particularidades de cada caso. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 12 días del mes de noviembre de dos mil catorce, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Prosecretaria Letrada de Cámara, para entender en los autos caratulados “SAMANES ADRIANO ENRIQUE C/ EDICIONES OCÉANO S.A. S/ ORDINARIO” (Expte. n° 063127, Registro de Cámara n° 34223/2008), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 5, Secretaría Nro. 9, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C.N., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctor Alfredo Arturo Kolliker Frers (2), Doctora María Elsa Uzal (3) y Doctora Isabel Míguez (1).

Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara Doctor Alfredo Arturo Kolliker Frers dijo:

– LOS HECHOS RELEVANTES DEL LITIGIO.

(1.) Adriano Enrique Samanes promovió demanda contra “Ediciones Océano Argentina S.A.”, persiguiendo el cobro de la suma de pesos doscientos sesenta y siete mil quinientos diecisiete con 35/100 ($67.517,35) en concepto de indemnización de daños y perjuicios derivados de la interrupción intempestiva de la relación comercial mantenida entre las partes, con más sus respectivos intereses y costas.

Relató que su parte se dedicaba a la distribución de libros contando para ello con vehículos alquilados, así como también con un depósito para su guarda.Indicó que, en el marco de esa actividad, comenzó su relación comercial en el mes de septiembre de 1999 con la editorial demandada, encargándose del transporte y la distribución de los libros de esta última.

Señaló que, previo a iniciar el vínculo, la accionada le exigió montar una pequeña empresa, debiendo disponer de varios vehículos con chóferes y peones, requiriendo -además- que se inscribiera como monotributista ante la AFIP -todo lo cual fue cumplido por su parte-, a cambio de lo cual le habría concedido la distribución “exclusiva” de sus libros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires.

Explicó que su parte debía concurrir diariamente a la sede de la demandada, lugar en el cual le entregaban los libros a distribuir, conjuntamente con una hoja de ruta en la que se establecían los parámetros de dicha distribución. Agregó que su parte siempre debía tener una pequeña flota de vehículos a disposición de la editorial demandada, además de poseer espacio suficiente para la guarda de los libros provistos por esta última.

Destacó que, a fin de cumplir con los requisitos exigidos, su contraria le vendió a su parte -en fecha 21.09.2001- un vehículo para sumar a su flota, operación que se realizó a cambio de la suma de dólares estadounidenses nueve mil doscientos (u$s 9.200.-).

Puso de relieve que la accionada no corría con el riesgo de extravío o robo de la mercadería distribuida, ya que ante esa eventualidad le facturaba la mercadería a su parte debiendo afrontar el costo de ésta, por lo que debía considerarse que Samanes era tratado por la accionada como un “distribuidor” que corría con el riesgo de su negocio.

Agregó, que su parte -además- se encontraba encargada de preparar los stands de la editorial cuando esta última realizaba exhibiciones especiales en colegios y en distintas ferias de libros.

Explicó, asimismo, que la facturación realizada para la demandada era mensual, incluyendo en ésta todoslos servicios que hubieran sido prestados para esta última durante ese mes.

Refirió que la relación comercial se mantuvo inalterada durante aproximadamente ocho (8) años hasta el día 29.07.2006, oportunidad en la cual, mediante un llamado por teléfono celular, el gerente de operaciones de la accionada -Gustavo Casablanca- le manifestó que la editorial daba por terminada la relación comercial a partir del 31.07.2006, es decir, que la demandada procedió a extinguir una relación comercial de ocho (8) años en forma unilateral e intempestiva, sin invocar causa alguna y sin aviso previo de ninguna naturaleza.

Afirmó que frente a esta situación requirió explicaciones al gerente mencionado quien le manifestó que la editorial había procedido a contratar un servicio sustituto. Agregó que realizó diversos reclamos a la accionada quién solo prometió ayudarle a enfrentar las posibles consecuencias derivadas de eventuales perjuicios a terceros, no obstante lo cual ninguna respuesta brindó a tales reclamos.

Aseveró que a partir de la ilegítima y arbitraria actitud de la demandada su parte se vio obligada a desmontar la actividad realizada, lo cual le produjo -además de un daño a la salud del titular de la empresa- un enorme perjuicio de índole material, en razón de haberse promovido diversas actuaciones judiciales por despido, quedando económicamente en un virtual estado de falencia.

Agregó que, al momento de finalizar el vínculo, la accionada le adeudaba -además- a su parte el saldo de la factura N° 1-318, emitida en fecha 16.12.2005, el cual ascendía al importe de pesos dos mil ochenta y cinco con 65/100 ($ 2.085,65.-).

Encuadró la relación comercial habida entre las partes, sosteniendo que se trató de un “contrato de distribución” bajo la modalidad de un “contrato de expedición con transporte”, donde el “principal” era la editorial demandada y su parte el “distribuidor”, quién, bajo las órdenes de aquella, se ocupaba del transporte de los libros.

Explicó que, en definitiva, el accionar de la accionada importó la consumación de una rescisión unilateral arbitraria de uncontrato “de duración”, lo cual constituía un acto grave de mala fe comercial, toda vez que para dar por terminada la relación se requería un “preaviso” con un plazo razonable de anticipación.

Como consecuencia de ello, solicitó en primer término, en concepto de reparación de daños y perjuicios, la suma de pesos ciento treinta y dos mil setecientos veintidós con 70/100 ($ 132.722.70.-) correspondiente al “preaviso” omitido, importe calculado tomando como base el ingreso promedio mensual y multiplicándolo por diez (10) meses. Reclamó, también, la cantidad de pesos dos mil ochenta y cinco con 65/100 ($ 2.085,65.-) correspondiente al saldo impago de la factura N° 1-318, así como los importes de pesos sesenta y un mil cincuenta y dos ($ 61.052.-) y de pesos setenta y un mil seiscientos cincuenta y siete ($ 71.567.-), en calidad de repetición de los reclamos articulados contra su parte en el marco de los expedientes “Godoy José Carlos c/ Samanes Adriano Enrique s/ despido” y “Alvarez Mauricio c/ Samanes Adriano Enrique s/ despido”, respectivamente.

Demandó, en síntesis, el pago de la suma total de pesos doscientos sesenta y siete mil quinientos diecisiete con 35/100 ($267.500,35), con sustento en la interrupción unilateral e intempestiva del vínculo contractual habido entre las partes por parte de la accionada.

(2.) Corrido el pertinente traslado de ley, la demandada “Ediciones Océano Argentina S.A.” compareció al juicio mediante la presentación corriente a fs.482/8, contestando la demanda incoada y solicitando el rechazo de ella con expresa imposición de costas.

Efectuó una pormenorizada negativa de los extremos invocados por su contrario, no obstante lo cual reconoció que se vinculó en su momento con este último, aunque sostuvo que aquel solo le prestaba un “servicio de fletes”.

Refirió ser una sociedad dedicada a la importación y distribución de libros de varios sellos editoriales, siendo que -en principio- realizaba la entrega de los libros con personal y vehículos propios, pero luego esa mecánica resultó insuficiente por lo que -en forma gradual- fue utilizando el servicio de fleteros.

Explicó, en ese sentido, que para los envíos al interior del país se contrataron los servicios de los transportes “Expreso Rodrigo”, “Expreso La Sevillanita”, “Expreso Arkobelys” y “Expreso Sudatlántico”, entre otros, siendo que para Capital Federal y sus alrededores se utilizaron los servicios del actor, así como también de otros fleteros, como por ejemplo, “Fletes San Juan”, “Eben Ezer S.R.L.”, “Transportes Balbi”, “Fletes Patricios”, e “Interbook S.A.”, sin conceder exclusividad ni zona determinada a ninguno de ellos.

Puso de relieve que Samanes no realizaba fletes con “exclusividad” para su parte sino que trabajaba con diversas empresas, motivo por el cual no podía sostenerse que su emprendimiento había sido organizado para responder a requerimientos de su parte, sino para el propio crecimiento personal de la empresa del accionante.

Reconoció haberle vendido un furgón Renault al actor, pero sostuvo que dicha venta fue realizada a solicitud del propio Samanes, por lo que tal circunstancia no podía considerarse como un antecedente negativo en su contra.También admitió haberle facturado al demandante la mercadería que le fuera hurtada o robada, toda vez que, como todo porteador, Samanes era responsable de la mercadería que se le entregaba.

Negó enfáticamente que el accionante se hubiese ocupado de preparar los stands en ferias y exhibiciones especiales, indicando que éstos eran construidos y preparados por personal especializado con inclinaciones artísticas y, en general, por arquitectos.

Aseveró que, contrariamente a lo sostenido por Samanes, éste no actuó en ningún momento como un “distribuidor” ya que la principal característica de los este tipo de contratos es la venta de la mercadería por parte del principal al distribuidor, extremo que en la especie no se cumplía.

Arguyó que tampoco existió exclusividad alguna ni asignación de territorio, puntualizando que el hecho de que Samanes hubiese efectuado fletes únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, estaba dado por el hecho de que éste no ofrecía servicios de larga distancia.

Concluyó de todo ello, que no existiendo contrato de distribución alguno entre las partes, no correspondía el pago de ninguna indemnización por el hecho de no continuar contratando los servicios de fletes prestados por el actor, debiendo por ende, re chazarse la demanda.

(3.) Abierta la causa a prueba y producidas aquellas de que dan cuenta las certificaciones actuariales de fs. 669 y de fs. 678, se pusieron los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal ambas partes en litigio, haciéndolo, en primer lugar, el accionante mediante el escrito que corre glosado a fs. 685/94 y luego, la demandada a través de la presentación que obra a fs. 696/7, dictándose finalmente sentencia definitiva a fs. 703/16.

LA SENTENCIA APELADA.

El fallo de primera instancia, dictado -como se dijo- a fs.703/16, si bien admitió parcialmente la demanda deducida por Adriano Enrique Samanes contra “Ediciones Océano Argentina S.A.”, rechazó en lo sustancial la acción articulada en tanto sólo condenó a la accionada al pago del importe de pesos dos mil ochenta y cinco ($ 2.085.-) – correspondiente al saldo de una factura impaga-, desestimando las restantes pretensiones oportunamente esgrimidas e imponiendo las costas del litigio al actor en su condición de sustancialmente vencido en el pleito.

Para así decidir, el señor juez de grado consideró que resultaba dirimente establecer, en primer lugar, si existió entre las partes un “contrato de distribución” -tal como alegó el actor- o de “transporte terrestre de mercaderías” -conforme sostuvo la accionada-, concluyendo que en el sub examine las partes se vincularon a través de esta última figura.

Explicó, en ese sentido, que en la especie no se verificaba la existencia de los requisitos propios de los “contratos de distribución”, toda vez que no se acreditó que hubiesen existido pautas de comercialización impuestas por la editorial, ni tampoco que el actor hubiese adquirido mercadería de esta última para su reventa, y, mucho menos, que hubiese existido “exclusividad” en la vinculación.

Especificó, en la misma línea, que el accionante no logró probar que su única actividad fuera la de distribuir los productos de la demandada, ni cuáles serían las pautas que esta última le imponía a fin de realizar la comercialización. De la misma forma, tampoco acreditó lo sostenido en orden a que había montado una organización al servicio de la empresa demandada, ni que las prestaciones efectuadas hubiesen representado la totalidad o la mayor parte del volumen de sus negocios.

Puntualizó que, por el contrario, de las probanzas rendidas en autos se desprendía que no existía una dedicación exclusiva al transporte de los productos de la accionada, toda vez que el demandante comercializaba los productos de otras empresas.Agregó, que tampoco acreditó este último la propiedad de los vehículos que sostuvo haber adquirido a fin de prestar el servicio para la accionada, habiendo declarado ante la AFIP no poseer personal en relación de dependencia, lo cual dejaba huérfana de prueba la alegada “organización” de transporte invocada como puesta al servicio de la editorial demandada.

De todo ello concluyó que las prestaciones del accionante consistieron únicamente en “servicios de transporte” , motivo por el cual la decisión de dar por finalizada la relación contractual no se mostraba como pasible de reproche, siendo improcedente en este tipo de vinculación el reclamo indemnizatorio articulado.

Refirió -en esa línea- que frente a la falta de previsión contractual acerca de un plazo de vigencia del contrato de transporte, éste debía entenderse cumplido con cada viaje y con el pertinente pago de su flete, sin que existiese obligación de ninguna de las partes de continuar sus prestaciones en el futuro.

A todo evento, dejó aclarado que, aún en la hipótesis de considerar que el contrato en cuestión -más allá de carecer de los elementos tipificantes de la distribución- se trató de un contrato “de duración”, debió demostrar el accionante que la ruptura unilateral del vínculo le provocó daños de envergadura en su estructura negocial, lo cual, en definitiva, no ha acontecido.

Explicó que si bien de la documentación aportada por el actor se podía suponer que el nexo comercial existente se mantuvo durante varios años, lo cierto era que el actor no logró probar que su principal actividad fuera la de transportar los productos de la accionada, toda vez que no acompañó la facturación que así lo acreditase, además de no llevar libros de comercio.Agregó a ello que no demostró en qué habría consistido la organización que alegó haber montado al servicio de la accionada, así como tampoco que luego de la ruptura contractual no hubiera concretado

otras relaciones comerciales que le hubiesen permitido aplicar esa organización a las nuevas contrataciones.

No obstante lo hasta aquí expuesto, receptó la pretensión en concepto de “saldo de factura impaga”, sosteniendo que la factura reclamada no fue desconocida por la accionada, así como tampoco el recibo por un importe inferior al consignado en dicho instrumento, lo que implicaba que subsistía un saldo pendiente de cancelación que ascendía al importe de pesos dos mil ochenta y cinco con 65/100 ($ 2.085,65.-).

En síntesis, rechazó todas las pretensiones indemnizatorias articuladas por Adriano Enrique Samanes contra “Ediciones Océano Argentina S.A.” con excepción del reclamo formulado en concepto de “saldo de factura impaga”, lo que condujo a que se condenara a esta última al pago de la suma de pesos dos mil ochenta y cinco con 65/100 ($ 2.085,65.-), con más sus respectivos intereses y costas.

– LOS AGRAVIOS.

Contra dicho pronunciamiento se alzó únicamente el demandante, quien dedujo la apelación obrante a fs. 724, recurso que fue fundado con la expresión de agravios que luce agregada a fs. 751/64, la cual fuera contestada por la accionada a través del escrito glosado a fs.798/802.

(i.) Cuestionó el recurrente -en primer lugar- la forma en que fue analizada la cuestión sometida a consideración, alegando que resultó erróneo juzgar si la vinculación entre las partes se trataba de un “contrato de distribución” o de un “contrato de transporte”, siendo que lo dirimente era determinar si existió una relación comercial “de duración” o se trató únicamente de actos independientes sin continuidad en el tiempo.

Arguyó -en esa línea- que la cuestión a resolver debía limitarse a establecer si la relación comercial existente entre las partes había sido, o no, por tiempo indeterminado, sosteniendo que, en la especie, resultaba claro que ésta se había extendido por ocho (8) años, sin interrupciones, por lo que, necesariamente, debió mediar un plazo de “preaviso” suficiente para evitar los perjuicios a su parte.

Afirmó que el hecho de que la vinculación se hubiese extendido por ocho (8) años, permitía excluir la existencia de “transportes temporarios” o “independientes” como alegó su contraria.Agregó que esta última no cancelaba cada viaje en particular, sino que lo hacía en forma mensual contra la presentación de la factura respectiva, circunstancia que corroboraba la conclusión aducida.

(ii.) Controvirtió -en segundo lugar- que el magistrado de grado hubiese considerado que no fue acreditado en el sub lite que su parte tenía “exclusividad de zona” para la distribución, extremo que se hallaba debidamente probado con las declaraciones testimoniales obrantes en autos.

(iii.) Objetó, de la misma forma, que el juez a quo considerase no probado que la vinculación comercial con la demandada era la actividad principal de su parte, sosteniendo que tal circunstancia se hallaba suficientemente demostrada a través de las declaraciones testimoniales rendidas y mediante las facturas acompañadas.

(iv.) Criticó, por otro lado, que el sentenciante también hubiese juzgado que su parte no estaba sujeta a órdenes o instrucciones de su contraparte, arguyendo que se encontraba plenamente probado que “Ediciones Océano Argentina S.A.” le entregaba diariamente una “hoja de ruta” que contenía el listado de clientes de la demandada con sus direcciones y los bultos que debía entregarle a cada uno de ellos, indicando que tal extremo se hallaba acreditado con las copias de las “hojas de ruta” referidas, así como también a través de los numerosos testimonios obrantes en autos.

(v.) Se agravió también respecto de lo sostenido por el juez de grado en orden a que su parte no había demostrado haber creado una “pequeña organización empresaria” para atender la relación comercial con la demandada, señalando que en el sub lite se encontraba suficientemente acreditado que su parte contaba con varios vehículos automotores utilizados para distribuir los libros que eran retirados de la sede de la accionada.

Añadió, en esa línea, que los testigos habían corroborado que su parte contaba no sólo con un depósito y camiones propios, sino que también contrataba automotores -inclusive le compró un vehículo a su contraria-, así como también que contaba con el personal necesario para llevar a cabo dichoemprendimiento, habiendo sido acreditados además tales extremos a través de las constancias obrantes en los expedientes laborales venidos ad effectum videndi.

(vi.) Controvirtió -asimismo- que el a quo hubiese juzgado que la decisión de rescindir el contrato no era “ilegítima”, con el argumento de que la rescisión había sido intempestiva e injustificada, imputándole una conducta de mala fe, configurativa de un abuso del derecho y violatoria de la confianza existente entre las partes, cuando todo esto no surgía de los antecedentes de la causa.

Cuestionó -en otro orden de ideas- que se hubiese considerado como no probado el perjuicio sufrido por su parte, cuando había sido demostrado que la conducta de su contraria le produjo un grave daño patrimonial, toda vez que, sin mediar aviso previo, se vio privado de su actividad; puntualizando que el perjuicio quedaba evidenciado con las tres (3) demandas laborales promovidas en su contra, las cuales -sostuvo- eran una consecuencia lógica de la rescisión unilateral e intempestiva.

Agregó, que las facturas acompañadas demostraban que producto de dicha vinculación su parte poseía un ingreso mensual que luego de la rescisión, dejó de ser percibi do.

(viii.) Objetó -en definitiva- que no se hubiesen analizado probanzas trascendentes producidas en autos y que se hubiesen introducido argumentos y defensas no invocadas por la demandada, alegando que ello constituía una evidente violación de la garantía constitucional de la “defensa en juicio”.

Sostuvo, en esa línea, que se omitieron considerar pruebas relevantes que -desde su óptica- acreditaban cabalmente que:(a.) existió una vinculación entre las partes desde 1998 al 2006; (b.) su actividad principal era la atención de “Ediciones Océano Argentina S.A.”; (c.) su parte concurría diariamente a la sede de la demandada para efectuar la distribución de libros de esta última; (d.) la accionada día a día le entregaba las instrucciones a través de una “hoja de ruta”; (e.) la demandada le otorgó “exclusividad” en la distribución de libros en Capital Federal y Gran Buenos Aires; (f.) durante todo el curso de la relación no hubo problemas

entre las partes; y (g.) medió una rescisión intempestiva e injustificada de la relación comercial por parte de la demandada.

Agregó que los argumentos del a quo relativos a la supuesta irregularidad en la inscripción ante la AFIP o la falta de libros de comercio fueron sorpresivamente introducidos por este último sin que fueran invocados por la demandada, violando así los principios de “congruencia” y de “igualdad de las partes”.

Postuló por todo ello la revocación del fallo apelado y el acogimiento de la acción resarcitoria en la medida pretendida en la demanda.

– LA SOLUCION PROPUESTA.

(1.) El thema decidendi.

Descriptos del modo precedentemente expuesto los reproches vertidos por el recurrente ante esta instancia, el thema decidendi en esta Alzada se encuentra centrado en establecer si resultó, o no, acertada la conclusión arribada por el Sr. Juez de grado en el sentido de haber sido ajustada a derecho la decisión de la accionada de discontinuar la vinculación comercial mantenida con el actor sin indemnizar a la accionada por dicha interrupción.Ello, por no haberse tratado de una relación nacida de un contrato de distribución, sino de sucesivos contratos de transporte mantenidos en el tiempo.

En esa inteligencia y dada la objeción vertida por la recurrente con respecto a la intrascendencia del encuadramiento de la relación jurídica como un único contrato de distribución o como sucesivos contratos de transporte de mercaderías, se muestra trascendente definir si resultó correcto el enfoque dado por el magistrado a quo a la cuestión sometida a consideración, es decir, si correspondió establecer, primero, cuál fue concretamente la naturaleza jurídica de la vinculación existente entre las partes.

Si así fuera y la respuesta a este interrogante fuera afirmativa, cobraría trascendencia definir, como lo hizo el juez, si medió entre las partes un “contrato de distribución” o, si por el contrario, lo que las unió fue una sucesiva concertación de “contratos de transporte”, con las diferencias consiguientes en orden a los efectos de una ruptura intempestiva de la relación en uno y otro supuesto. Por último y con independencia de ello, se muestra determinante definir si -como lo sostiene la recurrente- resulta factible más allá del encuadramiento del contrato bajo alguna de esas dos figuras, encuadrar la relación como un “contrato de duración” con la consiguiente exigencia -para extinguir tal relación- del otorgamiento de un “preaviso” a la contraparte.

Por último y de acuerdo con la suerte que corra el análisis precedentemente dispuesto, corresponderá además ingresar en el tratamiento de la procedencia de cada uno de los rubros indemnizatorios pretendidos, si ello se torna necesario.

A todas esas cuestiones me abocaré seguidamente.

(2.) La cuestión relativa al encuadramiento jurídico de la relación habida entre las partes. “Contrato de distribución” vs.”contrato de transporte de mercadería”.

(a.) La importancia de la distinción.

Con independencia de lo que se dirá infra para concluir que en este particular supuesto -por haberse establecido una relación calificable como “de duración”- no parece que pueda considerarse indiferente si un determinado contrato constituye un único contrato de distribución o sucesivos contratos individuales de transporte.

Por eso es que, más allá del aspecto -determinante por cierto- a que se hiciera referencia en el apartado anterior, no parece que pueda considerarse intrascendente esclarecer si el vínculo habido entre los contendientes responde a uno u otro de esos encuadramientos contractuales.

Ello así porque, en el supuesto de verificarse que se trató de una relación de “distribución”, ello presupone que existió vocación de las partes de mantener la relación comercial a largo plazo y, por ende, que medió entre ellas un contrato “de duración”, siendo, en ese caso, carga de la demandada acreditar lo contrario.En la hipótesis opuesta, de concluirse que solo existió entre los contrayentes una vinculación encuadrable en la noción de “contrato de transporte”, ello descarta en principio la presunción supra referida -ya que el plazo de vigencia del contrato, en principio, queda cumplido con cada transporte y el pertinente pago de su flete-, siendo, en ese caso, carga del actor acreditar la existencia de un vínculo sostenido en el tiempo susceptible de generar la indemnización pretendida.

Se añade a ello, que el actor sustentó su reclamo en la existencia de un supuesto “contrato de distribución” -bajo la modalidad de un “contrato de expedición con transporte”, -, siendo que la accionada centró su defensa en sostener la inexistencia de tal tipo de contrato, alegando que solo medió entre las partes un “servicio de transporte de mercaderías”, lo que torna imperativo pronunciarse sobre ese particular.

En ese contexto fáctico no puede agraviarse el demandante que se determine bajo qué modalidad se vincularon las partes, cuando tal aspecto se muestra controvertido y fue invocado por aquel en sustento de su pretensión y cuando esa cuestión puede resultar determinante para dilucidar si medió, o no, entre las partes una relación “de duración”.

Corresponde en consecuencia, soslayar en este aspecto la queja del recurrente y por derivación de ello pasar a analizar en cuál de esas modalidades contractuales es dable encuadrar la relación habida entre las partes.

(ii.) El contrato de distribución.

Ahora bien, comenzando por la caracterización de los llamados “contratos de distribución”, cabe recordar, en primer término, que dicha denominación se utiliza, en un sentido amplio, para hacer referencia a un conjunto de relaciones, usuales en la actualidad, por las que el productor construye canales de comercialización por medio de terceros que actúan sin relación de dependencia (conf. CNCom., esta Sala A, 25.09.2007, in re: “Angelucci, Julio César c/Buenos Aires Embotelladora S.A. s/ ordinario”; id. id., 23.08.2007, in re: “Sobrero, Héctor c/ Cerro Nevado S.A.y otros s/ ordinario” ; id. id. 11.04.2010, in re: “Distribuidora Pucará de Domínguez y García c/Nobleza Picardo SAICyF s/ordinario”).

Trátase de formas de colaboración empresaria que tienden a la comercialización de bienes y servicios mediante variadas técnicas de colocación de productos y penetración en los mercados (conf. CNCom., Sala C, 30.12.2003, in re: “Marcolín, Carlos A. y otros c/ Resero Sociedad Anónima Industrial Agropecuaria, Comercial y Financiera s/ ordinaria” ). En este sentido, quedarían alcanzados por el término “distribución” -en sentido amplio o lato- los contratos de concesión, agencia, franquicia y distribución propiamente dicha (conf. Kleidermacher, Jaime L., “Franchising”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 113 y ss.).

En un sentido estricto, el “contrato de distribución comercial” puede ser caracterizado como aquél por el cual un fabricante conviene el suministro de un bien final -producto determinado- al distribuidor, quien lo adquiere para proceder a su colocación masiva por medio de su propia organización en una zona, también determinada. A cambio de ello, el distribuidor recibe del productor un porcentaje sobre el precio de venta del producto. El contrato de distribución involucra pues, por lo general, la adquisición y posterior reventa de bienes por parte del distribuidor, quien actúa en nombre y por cuenta propia y toma sobre sí la responsabilidad de los contratos que celebra con terceros, habida cuenta que se trata de un empresario (auxiliar) autónomo (conf. CNCom., esta Sala A, 03.05.2007, in re: “Paradiso Trans S.R.L. c/Massalin Particulares S.A. s/ordinario”).

(iii.) Los contratos de transporte.

Por otra parte, el “contrato de transporte terrestre de mercaderías” puede ser definido como aquél por la cual una persona asume la obligación de transferir o hacer transferir una cosa de un lugar a otro, a cambio de una remuneración llamada, según el caso, porte, flete, precio, etc. (conf. Siburu, Juan B., “Comentario del Código de Comercio Argentino”, Ed. Valerio Abeledo, T.III, Buenos Aires, 1933, pág. 167) o

bien, como aquel por la cual una empresa porteadora se obliga, mediante el pago o promesa de pago de un porte o flete, a recibir de una persona – denominada cargador- los efectos que ésta le entregare y a transportarlos a un lugar determinado y entregarlos, a su vez, a otra persona llamada destinatario, o al mismo cargador” (conf. Soler Aleu, Amadeo, ” Transporte Terrestre. Mercaderías y Personas. Su régimen jurídico.”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1980, pág. 3; esta CNCom, esta Sala A, 23.08.2007, in re: “Sobrero Héctor c/Cerro Nevado S.A. s/ordinario”).

En general, el contrato de transporte se tipifica como una locación de obra donde lo comprometido es un resultado (locatio conductio operis) (véase Siburu, “Comentario.”, obra citada, pág. 168, y citas de Vivante, Berlingieri, Barassi, Schott y Cosack en nota 3) pero con naturaleza, finalidad y características propias, perfectamente definidas que permiten afirmar que se trata de un contrato sui generis, regido por principios especiales, que deben tenerse en cuenta para resolver las cuestiones jurídicas que pueden presentarse en los distintos casos particulares (conf. CNCom, esta Sala A, 19.12.2008, in re: “Transportes Tafi de Muñoz Oscar y Otro c/ YPF S.A. s/ ordinario”, Fernández, Raymundo L., “Código de Comercio Comentado”, T. I, Bs. Aires, 1951, pág. 274, N° 4, y sus citas de doctrina).

Sin embargo, también es factible la combinación de este contrato típico con rasgos de otros contratos, sin abandonar la locación de obra, que es su base fundamental y que engloba al cargador, al porteador y al destinatario (conf. CNCom. esta Sala A, in re: “Cerro.”, citado supra).

En síntesis, para que exista contrato de transporte se debe verificar la concurrencia de los tres (3) elementos que clásicamente se distinguen como constitutivos de la obligación de transportar: (a.) la conducción del objeto; (b.) la custodia de éste; y (c.) la entrega al destinatario (conf. CNCom. esta Sala A, in re:”Cerro.”, supra referido).

Finalmente, debe señalarse que generalmente estas prestaciones, cuando son conceptualizadas como actos de comercio, son prestadas mediante una organización empresaria -he ahí la diferencia entre el transporte civil y el comercial-, presuponiendo una estructura al servicio de las prestaciones que se comprometen (arg. arts. 8 inc. 5 y 1658 CCiv. y arts. 162, 163 y 164 CCom.).

(iv.) Principales diferencias entre ambas figuras contractuales.

Tratándose entonces ambos -tanto el de distribución como el de transporte- de contratos no formales, no debe pasarse por alto que uno de los principales rasgos distintivos entre el “contrato de distribución” y el “contrato de transporte” es que en la primera de esas figuras existe vocación de las partes de mantener la relación comercial a largo plazo y se verifican pautas de comercialización unilateralmente fijadas por el dador de la distribución (conf. CNCom., esta Sala, 24/10/2006, in re: “Distribuidora Villa Madero SRL c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.”), presupuestos que, en principio, se hallan ausentes en el “contrato de transporte”.

Bajo ese encuadramiento resulta indudable que entre el distribuidor y el distribuido existe una relación comercial más estrecha -y con mayores vínculos obligacionales- que la habida entre el fletero y el vendedor del producto que éste transporta. Basta tan sólo señalar que en la distribución parámetros precisos tales como “exclusividad”, “asignación de zona”, etc., se hallan ausentes en la restante relación comentada.

Por otro lado, en el supuesto del contrato de transporte el plazo de vigencia queda cumplido con cada transporte y el pertinente pago de su flete, sin que exista obligación de ninguna de las partes de continuar sus prestaciones en el futuro. De allí que -a diferencia de lo que acontece en la generalidad de los contratos de distribución- no resulte admisible calificar este contrato de transporte como de tracto sucesivo o de cumplimiento continuado o “contrato de duración”, salvo que se acredite lo contrario (conf. CNCom, esta Sala A, in re:”Sobrero.”, citado supra).

(3.) La naturaleza jurídica de la vinculación habida entre las partes.

Efectuada la breve reseña precedente que precede en orden a las características de ambos tipos de vinculación jurídica, corresponde pasar a analizar -en definitiva- bajo cuál de éstas figuras se relacionaron ambos litigantes.

Como primer parámetro valorativo, advierto que no surge en la especie que el accionante haya adquirido la propiedad de los bienes producidos por la demandada, limitándose a transportarlos, por lo que -en principio- no existiría un “contrato de distribución” con las notas señaladas supra (conf. CNCom., esta Sala, 03/05/2007, in re: “Paradiso Trans S.R.L. c/Massalin Particulares S.A.”).

En efecto, conforme fuera señalado por el propio actor en su relato, éste no adquiría ninguno de los libros de la editorial, sino que su

función se limitaba a concurrir diariamente a la sede de esta última, donde le facilitaban una hoja de ruta con la indicación de las librerías donde debían ser entregados cada uno de los libros retirados, sin adquirir la propiedad de ellos.

Asimismo, tampoco ha sido probado que en la especie, se hubiese cumplido con alguna de las restantes características que, generalmente, se hallan presentes los contratos de distribución, en tanto no se ha demostrado la existencia de pautas de comercialización unilateralmente fijadas por el dador de la distribución, así como tampoco se verificó “exclusividad” o la existencia de una “asignación de zona”.

Nótese, en esa línea, que respecto de las pautas de

comercialización el apelante sostuvo que dicho extremo se hallaba probado por el hecho de que la accionante le entregaba diariamente una “hoja de ruta”, siendo que ello no aparece como suficiente para acreditar tal extremo.

En efecto, la denominada “hoja de ruta” solo contenía el listado de clientes de la demandada con sus direcciones y los bultos que debía entregarle a cada uno de ellos, no advirtiéndose pautas concretas de la forma y condiciones en que debía llevarse a cabo la distribución,es decir, indicaciones relativas al orden de las entregas o la señalización de la ruta a seguir, ni tampoco los vehículos o empleados que debían utilizarse en cada uno de los viajes (véase fs. 7/9).

Por el contrario, los datos contenidos en tales documentos aparecen como compatibles con la existencia de un “contrato de transporte”, toda vez que se advierte lógico en este tipo de vinculación que se indique a quién debe ser entregado cada uno de los bienes que son dados para su transporte.

En la misma dirección, tampoco se advierte que durante la vinculación se hubiese convenido “exclusividad” alguna respecto ambos contratantes, siendo que, por el contrario, se halla demostrada la inexistencia de tal presupuesto, toda vez que el actor prestaba su servicio a diversas editoriales y la accionada, por su parte, tenía contratado el mismo servicio con diversos fleteros.

En efecto, la ausencia de “exclusividad” respecto del actor, además de inferirse del hecho de que la facturación realizada para la demandada no era correlativa, se encontraba suficientemente demostrada con los testimonios brindados por diversos testigos que declararon en los autos “Godoy Carlos José c/ Samanes Adriano Enrique s/ despido” – probanza que fuera ofrecida por el propio actor-, del cual resulta que brindaba el mismo servicio a la demandada que a otras editoriales. Véase en este sentido que el testigo Rafael Alberto Lira aseveró que conocía a Samanes debido a que éste realizaba el reparto para la editorial “Long Celler S.A.” en la cual el testigo trabajaba y, por su lado, Pablo Fernando Lira afirmó -concordantemente- que el aquí actor hacía el reparto de los libros de “Editorial Colihue S.A.”, empresa para la cual el mencionado testigo laboraba (véase fs. 174 y 177, actuaciones citadas).

De la misma forma, la inexistencia de exclusividad respecto de la demandada fue sustentada con la declaración del testigo Gustavo Adolfo Galárraga (empleado de la demandada) quien manifestó que “Júpiter” y “La Sevillanita” eran otros de los fleteros que prestaban servicios para la accionada (véase fs.548, respuesta 3a).

Asimismo, tal extremo ha sido corroborado por el perito contador quien indicó que surgía de los registros de la demandada que durante el período aquí involucrado se contrataron despachos con otras empresas de distribución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señalando que se verificaron pagos a “Eben Ezer”, “Transportes Balbi”, “Interbook S.A.” y “Fletes Patricios de Roberto Miguez” (véase fs. 556 bis, 558 y fs. 577).

Por último, respecto de la existencia de una “asignación de zona”, cabe dejar aclarado, en primer término, que el actor no efectuó ninguna probanza en dicho sentido, siendo que el hecho de que este último solo hubiese efectuado transportes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires no resultaba suficiente para acreditar tal extremo, dado que ello podía obedecer perfectamente al hecho de que el demandante no prestaba servicios de larga distancia por fuera de ese ámbito, tal como lo sostuvo la demandada.

Nótese, en esa línea, que el único bien inmueble mencionado por el actor como parte de la supuesta empresa montada para la comercialización de los libros de marras, era una depósito -donde eran estacionados los vehículos utilizados y se depositaba la mercadería a entregar- que se encontraba ubicado en la Ciudad de Buenos Aires (véanse declaraciones testimoniales de fs. 138 y 141, actuaciones “Alvarez José Mauricio c/ Samanes Adriano Enrique”), por lo que resultaba razonable que los servicios fueran prestados dentro de dicha área.

Corrobora esa conclusión lo expuesto por el testigo Gustavo Daniel Casablanca, quien indicó puntualmente que la empresa de propiedad de Samanes “no tenía una zona asignada para hacer el reparto” (véase fs.176, autos “Godoy Carlos José c/ Samanes Adriano Enrique s/ despido”).

Síguese de todo lo hasta aquí expuesto que el hecho de que el actor no hubiese adquirido la propiedad de los bienes producidos por la accionada, sumado a la circunstancia de que no se verificarían en la especie ninguna de las restantes características propias de los “contratos de distribución”, que no aparece como sustentable que haya sido ése el tipo de vinculación anudado entre los contendientes.

Por el contrario, en el sub lite se encuentra acreditado que el demandante era contratado en forma periódica por la accionada con el único fin de “transportar” los libros distribuidos por esta última -sin adquirir la propiedad de tales bienes- a diversas librerías y editoriales, ello, a cambio de una remuneración -la cual era abonada en forma mensual-, circunstancia que autoriza a concluir que en la especie se verificaban los requisitos tipificantes del contrato de transporte terrestre de mercaderías (véase Siburu, Juan B., “C omentario del Código de Comercio Argentino”, Ed. Valerio Abeledo, T. III, Buenos Aires, 1933, pág. 167; esta CNCom, esta Sala A, 23.08.2007, in re: “Sobrero Héctor c/ Cerro Nevado S.A. s/ ordinario”).

En efecto, en el sub lite se verifica la concurrencia de los tres (3) elementos que clásicamente se distinguen como constitutivos de la obligación de transportar: (a.) la conducción del objeto; en el caso los libros

de propiedad de la accionada (b.) la custodia de éstos, es por ello que el propio actor reconoce que le facturaron la mercadería que fuera robada; y (c.) la entrega de tales objetos a su respectivo destinatario, en el caso, cada uno de los clientes de la demandada (conf. CNCom. esta Sala A, in re:”Cerro.”, supra referido).

Sobre la base de todo lo hasta aquí explicitado, no puede sino concluirse que las prestaciones del actor consistieron en servicios de flete, es decir, que medió entre las partes una relación de sucesivos contratos de “transporte terrestre de mercaderías”, encuadramiento que a su vez excluye toda posibilidad de resarcimiento por la interrupción unilateral de la relación, a menos que excepcionalmente la antigüedad del vínculo permita subsumir esos contratos dentro de la conceptualización de una relación “de duración”.

(4.) La duración del vínculo existente entre las partes como posible antecedente para un eventual resarcimiento.

(a.) La prestación reiterada en el tiempo de sucesivos servicios de transporte como antecedente de la configuración de una eventual relación de duración.

Encontrándose determinado que la relación existente entre las partes no resulta encuadrable como un “contrato de distribución”, sino que constituyó una reiteración de sucesivos “contratos de transporte”, cabe pasar a analizar si la modalidad bajo la cual fuera prestado este último servicio, autoriza a considerar dicha vinculación dentro de una vinculación asimilable a la que es propia de los contratos “de duración” y con ello, si fue exigible el otorgamiento de un “preaviso” antes de decidir su interrupción definitiva.

Ahora bien, recuérdase que, en principio y conforme ya fuera supra expuesto, el “contrato de transporte” no puede ser calificado como un contrato “de duración”, toda vez que el plazo de vigencia queda cumplido con cada transporte y el pertinente pago de su flete, sin que exista obligación de ninguna de las partes de continuar sus prestaciones en el futuro, salvo que se acredite lo contrario (conf. CNCom. esta Sala A, in re:”Sobrero.”, supra citado).

En ese contexto, era carga del accionante demostrar que las especiales características de la relación habida entre las partes permitían asimilar los contratos de transporte celebrados sucesivamente como si fuera un contrato único encuadrable en un vínculo negocial “de duración”.

En esa dirección, lo primero que corresponde señalar es que no existe controversia entre los litigantes en punto a que el accionante prestó los mencionados servicios de transporte para la demandada desde el día 02.11.1998, hasta el día 01.08.2006, es decir que la vinculación se extendió por el lapso de ocho (8) años.

Por otro lado, se encuentra debidamente acreditado que los servicios en cuestión fueron realizados en forma “ininterrumpida” durante los ocho (8) años que se prolongó la vinculación. Asimismo, también ha sido probado que los transportes de marras no eran abonados al finalizar cada uno de los viajes contratados, sino que todos los servicios prestados eran facturados en forma mensual (véase facturas obrantes en fs. 11/255 y pericia contable, anexo 1, fs.559/64).

Ahora bien, tal prolongación en el tiempo de la relación habida entre las partes mediante la celebración de sucesivos contratos de transporte en forma “ininterrumpida”, así como la modalidad en que eran prestados estos servicios de trasporte -facturándose en forma mensual y no luego de finalizado cada uno de los viajes-, autoriza razonablemente a sostener que existió una vocación de parte de los contratantes de mantener la relación comercial durante un largo período de tiempo, circunstancia que permite asimilar la relación de transporte de marras a los llamados contratos “de duración” con las derivaciones consiguientes, entre las que se cuenta la de otorgar un preaviso en caso de decidirse unilateralmente la disolución del vínculo.

(b.) La exigencia de “preaviso” como recaudo previo a la extinción del vínculo.

Establecido que la vinculación aquí debatida debía es susceptible de ser asimilada a la que es propia de un contrato “de duración”, cabe pasar a analizar si -en ese marco- resultó necesario otorgar un “preaviso” razonable para decidir la finalización regular del vínculo.

En este contexto, cabe recordar que mientras que los contratos de plazo determinado se rigen por lo acordado en cuanto a plazos de vigencia y de preaviso -salvo abuso-, los contratos sin plazo -tal como aquí acontece- pueden ser finalizados por las partes en cualquier momento, notificando fehacientemente la decisión con una antelación razonable, o en su defecto, indemnizando.

En rigor, en caso de indeterminación del plazo de vigencia del contrato, ninguna de las partes está autorizada para hacer cesar abruptamente la relación, salvo que un casus le impusiera hacerlo o si hubiere acaecido una actividad francamente culpable o dolosa de la otra parte (conf. CNCom. esta Sala A, in re: “Paradiso.”; id. id. in re: “Sobrero.”, precedentes supra reseñados).

En consecuencia, no mediando plazo pactado -tal como ocurre en el sub lite-, la ruptura unilateral en sí no configura un hecho ilícito sino el ejercicio de un derecho y la ilicitud dependerá, en su caso, de la intempestividad del distracto.Mediando plazo de preaviso debe observarse ese plazo, salvo que el mismo resultare abusivo.

Así, esta Sala ha sostenido que para la procedencia de la rescisión unilateral de un “contrato de transporte de ejecución continuada” -como el aquí involucrado-, cabe exigir -entre otros recaudos- que ésta fuera “preavisada” con una prudente antelación, fundándose el acogimiento de la rescisión en que, salvo disposición expresa de la ley, nadie puede ser obligado a permanecer atado a una relación jurídica de modo indefinido (conf. CNCom. esta Sala A, in re: “Paradiso.”; id. id. in re: “Sobrero.”, supra referidos).

En efecto, el derecho de poner fin a un contrato debe ejercerse en tiempo oportuno, es decir, una vez transcurrido el tiempo mínimo necesario para que la relación produzca los efectos económicos que le son propios (conf. CNCom., esta Sala A, 03.05.2007, in re: “Paradiso Trans S.R.L.”, citado supra). Además, en los casos particulares de ruptura en los que no exista justa causa es de menester la concesión de un plazo

“razonable” -que depende del ramo o envergadura del negocio- para que la parte afectada logre reordenar su situación al nuevo panorama empresarial que se le presenta frente a la decisión tomada por el restante contratante (conf. CNCom. esta Sala A, 06.03.2014, in re: “Procargo S.A. c/Scania Argentina S.A.s/ordinario”).

De todo lo expuesto, resulta claro que la accionada para interrumpir la relación de transporte que la vinculaba con el actor, debió otorgarle a éste un “preaviso” razonable para facilitar el “reacomodamiento” de la operatoria comercial afectada, es decir, para que este último pudiese reestructurar la actividad llevada a cabo hasta entonces.

Ahora bien, en el sub lite, la accionada no invocó haber cursado ningún tipo de “preaviso” al actor y de las probanzas de autos no se desprende que hubiese existido comunicación alguna de la accionada en dicho sentido, motivo por el cual solo puede concluirse que, al no mediar “preaviso”, la rescisión unilateral de la relación dispuesta por la demandada resultó “intempestiva”.

Así pues, cuando la ruptura del contrato es “intempestiva” -tal como aquí acontece-, el derecho a poner fin a la relación jurídica es ejercido abusivamente, lo que configura una conducta antijurídica generadora del deber de indemnizar (CNCom., esta Sala A, in re:”Paradiso.”, antes citado.), razón por la cual la demandada deberá responder por los daños y perjuicios derivados de dicha interrupción intempestiva.

Sobre la base de todo lo hasta aquí desarrollado, cabe entonces receptar los reproches de la recurrente en lo que a la cuestión tratada se refiere, acogiéndose la demanda incoada en punto a la ilegitimidad de la ruptura unilateral del vínculo, correspondiendo en consecuencia considerar la pretensión indemnizatoria derivada de esa interrupción.

(5.) La indemnización sustitutiva de “preaviso”.

Habiéndose establecido la procedencia de la acción deducida por el actor, cabe pasar a analizar la pertinencia y la medida del resarcimiento que eventualmente correspondería otorgar a este último por la ruptura intempestiva del vínculo que unía a las partes, comenzando obviamente por el reclamo relativo a la indemnización sustitutiva derivada de la falta de “preaviso”.

Sentado ello, señálase que, a fin de determinar el lapso razonable del “preaviso” que cabe reconocer en casos de ruptura intempestiva como el que nos ocupa, se advierte que nuestros tribunales, de manera coincidente, han señalado que es parámetro de referencia la antigüedad de la vinculación contractual habida entre las partes para establecer cuál es el término que aparece necesario para facilitar el “reacomodamiento” de la operatoria comercial afectada, debiendo resarcirse las utilidades dejadas de percibir durante el segmento temporal equivalente al preaviso fijado, pudiendo recurrirse también a los usos y costumbres comerciales invocados y probados -derecho común del comerciante-, particularmente en contratos no regulados (conf. CNCom., esta Sala A, 06.04.2010, in re: “Distribuidora Pucará de Domínguez y García c/ Nobleza Piccardo S.A.I.C.Y.F.s/sumario”).

Han de merituarse, pues, las circunstancias que rodean el caso concreto, ponderándose en especial la naturaleza y particularidades de la relación que permitan al perjudicado paliar las consecuencias que se derivan de la ruptura, tendiendo a posibilitar la reestructuración de la actividad llevada a cabo hasta entonces, ya que la indemnización se sustenta en la necesidad de que el perjudicado por la resolución reorganice su empresa a fin de posibilitar el inicio de un nuevo emprendimiento comercial (conf esta CNCom., esta Sala A, 03.05.2007, in re: “Paradiso Trans .”, fallo supra citado).

En consonancia con los diversos precedentes de ésta Cámara (véase CNCom. esta Sala A, 14.12.2006, in re: “Heregal S.R.L. c/ Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A. s/ ordinario” , entre muchos otros), entonces, es necesario remarcar que el “preaviso” debe verse ajustado al plazo de vigencia del contrato, ponderando los factores referidos y la inexistencia de divergencias o de deterioro del vínculo durante el desarrollo de la relación, dentro de las particularidades de cada caso.

Dentro de tales parámetros, y teniendo en cuenta que existió una relación contractual continuada e ininterrumpida del actor con la demandada de aproximadamente ocho (8) años -desde el año 1998, hasta el mes de julio de 2006-, se considera que la accionada debió haber otorgado al demandante, al menos, un razonable “preaviso” que se estima prudente fijar en nueve (9) meses, atento a la índole de la relación bajo examen y teniendo en consideración que el accionante no prestaba el servicio para la accionada en forma “exclusiva”, sino que, por el contrario, desarrollaba las mismas actividades con otras editoriales (véase declaraciones testimoniales obrantes en fs.174 y 177 de los autos “Godoy Carlos José c/ Samanes Adriano Enrique s/ despido”).

En cuanto al quantum de la indemnización por este concepto se estima razonable que éste se halle configurado por la “utilidad neta” que el accionante hubiese percibido de prolongarse la vinculación por el plazo precedentemente fijado, lo que implica que deba calcularse la utilidad neta correspondiente a nueve (9) meses de relación, tomando como base lo que refleja ese mismo lapso de tiempo con anterioridad a la ruptura de la relación.

Se coincide en este sentido con el criterio que sostiene que, en casos como el del sub lite, es parámetro justo el resarcimiento de las ganancias que la parte ha dejado de percibir como consecuencia de la ruptura del contrato, debiéndose calcular la utilidad neta mensual y multiplicarla por el período de tiempo de preaviso estimado pertinente (conf. CNCom., esta Sala A, 09.06.2010, in re: “Nores Novillo Corbalan & Asociados S.R.L. c/ Zurich International Life Limited s/ ordinario; íd. Sala D, 20.03.1997, in re: “Ducusa FletS.A. c/Editorial Atlántida S.A.” ).

En ese contexto, cabe señalar que conforme fuera informado por el perito contador en su dictamen la facturación anual promedio del actor -únicamente respecto de la demandada- ascendía a la suma de pesos noventa y seis mil cuatrocientos treinta y nueve con 29/100 ($ 96.439,29.-) -véase fs.575, respuesta 3a-, por lo que la facturación mensual promedio alcanzaba la cantidad de pesos ocho mil treinta y seis con 60/100 ($ 8.036,60.-).

Por otro lado, corresponde destacar que la peritación contable no brinda información alguna en punto a la “utilidad neta” del actor en su relación con la defendida, ni tampoco surge ésta de alguna otra probanza realizada en autos, frente a lo cual sólo cabe realizar una estimación prudencial de la utilidad neta porcentual tomando como base la facturación antes referida.

Paralelamente con ello, cabe señalar que es uso común en la actividad comercial una utilidad con márgenes que van del 30% al 40%, motivo por el cual se muestra razonable asumir, a falta de toda otra prueba, un margen que, en equidad, estimo adecuado fijar en una utilidad neta del 30% sobre la facturación mensual del actor, claro está que únicamente referida a los servicios prestados para la accionada.

Así las cosas, a los fines de calcular la indemnización por este concepto corresponderá tomar el 30% de la facturación mensual promedio – $ 8.036,60-, es decir, la suma de pesos dos mil cuatrocientos once ($ 2.411.-) y multiplicarlo por el plazo de “preaviso” omitido, esto es nueve (9) meses, lo que arroja la suma de pesos veintiún mil seiscientos noventa y nueve ($ 21.699.-).

En ese marco, deberá hacerse lugar a la demanda con el alcance indicado y condenarse a la accionada a abonar al actor el importe de pesos veintiún mil seiscientos noventa y nueve ($ 21.699.-), en concepto de “indemnización sustitutiva de preaviso”; ello con más sus respectivos intereses, los cuales se calcularán desde la fecha de finalización del vínculo hasta el efectivo pago, a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta (30) días.

(6.) El reclamo en concepto de “despido de personal”.

Resta analizar que el accionante, además de requerir la “indemnización sustitutiva de preaviso” -y el cobro de una factura impaga, aspecto sobre el cualno medió recurso-, solicitó se condenara a la accionada a abonar los montos reclamados en las actuaciones laborales incoadas por dos (2) de sus ex empleados, ascendiendo tal reclamo a la suma total de pesos ciento treinta y dos mil setecientos nueve ($ 132.709.-), razón por la cual, corresponde abocarse al análisis de la procedencia de tal pretensión.

Pues bien, lo primero que debe señalarse en ese sentido es que este Tribunal ha sostenido que para que el daño sea resarcible, debe existir plena certidumbre sobre su existencia (conf. esta CNCom., esta Sala A, 16.11.2006, in re: “Rothberg, Oscar Edgardo c/ Porto, Sergio Fabián y otros s/ ordinario”; CSJN, 13.10.1994, in re: “Godoy, Miguel A. c/ Banco Central de la República Argentina s/ sumario -daños y perjuicios-” ) y que su prueba es esencial puesto que si no se halla demostrado carece de sustento la pretensión (conf. SCBA, 06.10.1992, in re: “Damelino de Constantini, Celia c. Asociación de Jubilados y Pensionados de Villa Ramallo”; LL, 23/12/1992; CNCom., Sala B, del 22.02.2005, in re: “Clucellas, Patricio c/ Valle Las Leñas”).

Sentado ello, también es de menester dejar aclarado que si bien la simple extinción dispuesta con cierto tiempo de preaviso, en tanto sea éste razonable, no da derecho a reclamar indemnización alguna por este item, ya que la posibilidad de tener que efectuar despidos de los empleados frente a la contingencia de culminar la actividad es un riesgo que la empresa debe estar preparada a soportar por sí misma, lo cierto es que el hecho que da pie a responder por este rubro es la ruptura abrupta e intempestiva del contrato -tal como aconteció en la especie-.

En esa línea de pensamiento, la doctrina ha sostenido que resultan procedentes las indemnizaciones por despido de personal como consecuencia de la ruptura intempestiva (conf. Marzorati, Osvaldo J., “Sistemas de Distribución Comercial.”, Ed. Astrea, Buenos Aies 1992, pág.84).

En ese mismo sentido, ha sido señalado que “una ruptura intespectiva o de mala fe da derecho al empresario encargado de la comercialización a exigir . las indemnizaciones a que tuvieran derecho los empleados o trabajadores cuyo despido obedeciera a la extinción del contrato.” (conf. Farina, Juan M., “Contratos Comerciales Modernos”, Ed. Astrea, Buenos Aires 1999, pág. 411).

En ese marco, cabe concluir que para resultar procedente la indemnización por este concepto lo único que debía demostrar el accionante era que tales despidos resultaron atribuibles a la finalización del vínculo con la demandada, lo cual, en definitiva, conforme se verá infra, no fue logrado.

Nótese -en esa línea- que si bien en el sub lite los distractos laborales se encuentran acreditados (véase expedientes laborales venidos ad effectum videndi), lo cierto es que no ha sido demostrado, cabalmente, que éstos hubiesen obedecido a la finalización del vínculo con la accionada.

En efecto, el demandante no produjo en autos probanzas que permitan verificar cuál era la estructura de la empresa montada por dicha parte, así como tampoco la incidencia del vínculo en cuestión en el volumen de sus negocios, lo cual impedía corroborar que los despidos en cuestión hubiesen tenido su causa en la terminación del vínculo con la demandada.

Nótese, en ese sentido, que no se acreditó en forma alguna que porcentaje de su facturación total era atribuible a los servicios prestados para la demandada, habiéndose limitado el actor a acompañar los comprobantes relativos a la facturación de esta última, circunstancia que no permitía establecer la real incidencia que tenía la relación sostenida con la demandada sobre el total de sus negocios.

Agréguese a ello que tampoco brindó información alguna relativa a sus costos o el volumen del negocio, ni cuáles eran sus restantes clientes, ni siquiera explicó concretamente que cantidad de empleados poseía, siendo que ante la AFIP declaró no ser empleador (véase pericia contable fs.557, respuesta “f”) y en los juicios laborales incoados en su contra negó que alguno de los allí demandantes hubiese trabajado en relación de dependencia para con su parte (véase fs. 80/2, expte: 35145/2007 y fs. 82/4, expte: 15072/2007).

Por último, es del caso destacar que en los autos “Alvarez José Mauricio c/ Samanes Adriano Enrique s/ despido” el allí demandante afirmó haber efectuado transportes para numerosas editoriales, señalando – entre otras- a “Ediciones B”, “Editorial Continente”, “Editorial Diana”, “Editorial Colihue”, “Editorial Errepar”, “Editorial Lea”, “Distribuidora Lumiere”, “Ediciones Océano”, con lo cual, el hecho de que una de esas editoriales hubiese discontinuado la relación no se advierte como causa suficiente para originar los despidos en cuestión.

Así las cosas, cabe concluir que la orfandad probatoria en los aspectos que se consideran resultan un óbice para atribuir tales despidos a la finalización del vínculo con la demandada, circunstancia que sella la suerte adversa del reclamo, debiendo rechazarse la pretensión bajo análisis.

(7.) Síntesis.

Como corolario de todo lo hasta aquí expresado, corresponderá entonces receptar, parcialmente, el recurso de apelación articulado por la parte actora y, por consiguiente, modificarse la condena pronunciada contra “Ediciones Océano S.A.” en el sentido de acogerse no solo el reclamo relativo al cobro de las facturas pendientes, sino también la pretensión indemnizatoria derivada de la terminación intempestiva de la relación en concepto de indemnización por falta de preaviso.

Como consecuencia de ello, corresponderá elevar la condena pronunciada contra la demandada hasta el importe total de pesos veintitrés mil setecientos ochenta y cuatro con 65/100 ($ 23.784,65.-) de los cuales la cantidad de pesos veintiún mil seiscientos noventa y nueve ($ 21.699.-) responde a la “indemnización sustitutiva de preaviso” y el importe de pesos dos mil ochenta y cinco con 65/100 ($ 2.085,65.-) al saldo de la facturación impaga, todo ello con más sus respectivos intereses en los términos establecidos en el considerando “(5.)”, in fine.

(8.) Las costas del proceso

Habida cuenta que lo hastaaquí expresado determina la procedencia parcial del recurso de la parte actora y la modificación del pronunciamiento apelado, se torna imperativo que este Tribunal se expida en torno al modo en que deben ser soportadas las costas del proceso por así prescribirlo el art. 279 CPCC.

Pues bien, en ese cometido, sabido es que en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello así, en la medida que las costas son corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 CPCC) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

La Corte Suprema ha resuelto en reiteradas oportunidades que el art. 68 CPCC consagra el principio del vencimiento como rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: de modo que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (conf. CSJN, Fallos, 312:889, entre muchos otros).

Sin embargo, si bien esa es la regla general, la ley también faculta al Juez a eximirla, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss). Síguese de lo expuesto que la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso- procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (conf. Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T° I, pág.491).

En la especie, no se aprecian razones suficientes para apartarse del principio general ut supra reseñado, toda vez que si bien la pretensión no ha sido acogida en su integridad, lo cierto es que la demanda progresó en lo sustancial, habiéndose receptado el reclamo principal consistente en una indemnización por la interrupción intempestiva del vínculo -más allá de que fue acogido por un importe inferior al pretendido-, así como también el reclamo accesorio en relación al saldo de una factura impaga, razón por la que no puede más que imponerse las costas a la accionada en su condición de sustancialmente vencida en el proceso, máxime considerando que en esta Alzada se ha receptado en lo sustancial el reproche del accionante.

En consecuencia, entiendo que las costas de la anterior instancia deberán ser soportadas por la accionada en su condición de vencida en dicha instancia. Igual criterio se aprecia conducente aplicar para las costas derivadas de la actuación ante esta Alzada atento el acogimiento parcial del recurso articulado por el actor (CPCC:279 y 68).

V.- LA CONCLUSIÓN.

Por todo lo hasta aquí expuesto, propongo -pues- al Acuerdo:

(1.) Receptar, parcialmente, el recurso de apelación deducido por el accionante y, en consecuencia;

(2.) Modificar la sentencia apelada en el sentido de que se hace lugar a la demanda no solo por el cobro de las facturas pendientes, sino también por el resarcimiento derivado de la disolución del vínculo en concepto de indemnización por falta de preaviso y, como consecuencia de ello, que la condena pronunciada contra la demandada se eleva a la suma total de pesos veintitrés mil setecientos ochenta y cuatro con 65/100 ($23784,65-) de los cuales la cantidad de pesos veintiún mil seiscientos noventa y nueve ($ 21.699.-) responde a la “indemnización sustitutiva de preaviso” y el importe de pesos dos mil ochenta y cinco con 65/100 ($ 2085,65-) al saldo de la facturación impaga, todo ello con más sus respectivos intereses a calcularse en la forma establecida en el considerando “IV.-(5.)”;

(3.) Imponer las costas de ambas instancias a la accionada por las razones expuestas en el considerando “IV.-(8.)” (CPCC: 279 y 68).

Así voto.

La Dra. María Elsa Uzal dijo:

Comparto las conclusiones a las que ha arribado mi distinguido colega Dr. Kolliker Frers en la ponencia que antecede como solución al diferendo traído a decisión.Sólo he de discrepar con la propuesta cuando, en el considerando IV, punto 8), se expide con relación a las costas y propicia que, en ambas instancias, sean impuestas a la accionada sustancialmente vencida.

Para decidir de esa manera considera que habiéndose receptado el reclamo principal de la actora (indemnización por interrupción intempestiva de la relación comercial que la unía con la demandada) – aunque por un importe inferior al pretendido-, así como también su reclamo accesorio en relación al pago del saldo de una factura impaga, la demanda progresó en lo sustancial y que por ende, no cabe apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.

En este marco, coincido con el Dr. Kolliker cuando recuerda que en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél.

Ello es así, en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 Cód. Proc) y se imponen, no como una sanción, sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

En esa regla general, la ley también faculta al Juez a eximir de las costas, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss), en atención a la suerte de las distintas posiciones sustentadas.

Cabe señalar, por otro lado, que la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso- sólo procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis y su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiera un apartamiento de la regla general (cfr. Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T° I, p.491).-

Ello sentado, teniendo en cuenta las pretensiones deducidas en la especie y su resultado, considerando bajo el enfoque propuesto que el reclamo principal de la actora fue rechazado en su mayor parte, que se rechazó el concepto de “despido de personal” y que sólo prosperó por una suma más que significativamente inferior a la pretendida, propongo que, por aplicación del principio general de la derrota y la suerte en los distintos vencimientos, las costas del proceso por los trabajos de ambas instancias sean soportadas en un 80% por la parte demandada y en un 20% por la parte actora, de modo de quede debidamente trasladado al campo de los gastos causídicos del proceso, la proporción en que fueron admitidas las pretensiones esgrimidas por las partes a lo largo del litigio (CPCC:71 y 68).

Así voto.

La Señora Juez de Cámara Dra. Isabel Miguez adhiere al voto del Dr. Kolliker Frers.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores: Alfredo Arturo Kolliker Frers, Isabel Miguez y María Elsa Uzal (en disidencia parcial). Ante mí, Valeria C. Pereyra. Es copia del original que corre a fs. del libro N° 124 de Acuerdos

Comerciales – Sala A.

Valeria C.Pereyra – Prosecretaria de Cámara

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.

VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

(1.) Receptar, parcialmente, el recurso de apelación deducido por el accionante y, en consecuencia;

(2.) Modificar la sentencia apelada en el sentido de que se hace lugar a la demanda no solo por el cobro de las facturas pendientes, sino también por el resarcimiento derivado de la disolución del vínculo en concepto de indemnización por falta de preaviso y, como consecuencia de ello, que la condena pronunciada contra la demandada se eleva a la suma total de pesos veintitrés mil setecientos ochenta y cuatro con 65/100 ($23.784) de los cuales la cantidad de pesos veintiún mil seiscientos noventa y nueve ($ 21.699.-) responde a la “indemnización sustitutiva de preaviso” y el importe de pesos dos mil ochenta y cinco con 65/100 ($2085,65-) al saldo de la facturación impaga, todo ello con más sus respectivos intereses a calcularse en la forma establecida en el considerando

“iv.-(5.)”;

(3.) Imponer las costas de ambas instancias a la accionada por las razones expuestas en el considerando “IV.-(8.)” (CPCC: 279 y 68).

(4.) Notifíquese a las partes.

(5.) A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.

Alfredo Arturo Kollik er Frers

Isabel Miguez María Elsa Uzal (en disidencia parcial)

Valeria C. Pereyra – Prosecretaría de Cámara

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