El deber de seguridad del porteador persiste aun cuando una agresión proviniere del exterior del vehículo y no fuere identificado el agresor, por lo que no puede considerarse que exista culpa de la víctima.

Lapidación-arrojar-la-piedra-300x189Partes: V. C. M. y os. c/ Rosario Bus S. A. s/ juicio ordinario Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario Sala/Juzgado: Primera Fecha: 3-feb-2015 Cita: MJ-JU-M-91219-AR | MJJ91219 | MJJ91219 El hecho de que una piedra haya sido arrojada desde el exterior al colectivo causando lesiones a un pasajero menor y que no se haya identificado al agresor, no puede volverse contra la víctima pues siempre persiste el deber de seguridad del porteador que es objetiva y que debe llevar sano y salvo al transportado a su destino. 

Sumario:

1.-Corresponde confirmar en lo principal la sentencia que responsabilizó a la empresa de transporte terrestre de pasajeros, obligándola a indemnizar a quien sufrió lesiones debido a que una persona, fuera del ómnibus, arrojó una piedra, provocado el impacto un estallido del vidrio del rodado, lesionando al actor en su pómulo y ojo derechos y admitió parcialmente el recurso de apelación de la actora elevando el rubro daños a las personas -daño patrimonial por la incidencia de las afecciones estéticas- de la demanda, rechazándose el resto de los agravios, toda vez que la demandada alegó la eximente culpa de un tercero pero no resultó acreditada.

2.-Es responsable la empresa de transporte de los perjuicios sufridos por el pasajero que en ocasión de ser transportado sufrió lesiones en su rostro debido a que una persona desde afuera arrojó una piedra al vidrio del ómnibus en el que circulaba toda vez que atento lo dispuesto por el art. 184 del CCom., no resulta procedente la eximente de responsabilidad culpa de un tercero alegada ya que el hecho del tercero no era imprevisible ni inevitable desde que la propia empresa de transporte demandada admitió que los hechos como el de autos eran comunes o reiterados contra la transportista.

3.-Tratándose de un supuesto de responsabilidad contractual toda vez que la demanda ha sido interpuesta por un pasajero transportado contra la empresa transportista, y con base precisamente en el contrato de transporte, es aplicable al transporte de personas por cualquier medio, salvo los que tengan estatutos especiales, lo dispuesto por el art. 184 del CCom., no limitándose exclusivamente al transporte por ferrocarril.

4.-A los fines de la consideración de las existencia o no de la culpa del tercero por quien el transportista no debe responder cabe considerar que el tercero debe ser un extraño, es decir una persona distinta de la víctima y del transportista que no mantenga vínculo alguno con ellos, y que además concurran los requisitos de un hecho con caracteres de imprevisibilidad, inevitabilidad, ajeno a la actividad del deudor, entre otros, lo que no sucede en el caso, donde los ataques (en el caso piedras arrojadas contra los vidrios) a los ómnibus en determinadas zonas es frecuente.

5.-Debe descartare por completo la imprevisibilidad del evento dañoso, a los fines de tener por acreditada la eximente culpa de un tercero por quien no debe responder, desde el momento que la misma accionada reconoce que son moneda corriente los ataques hacia los ómnibus del transporte urbano de pasajeros.

6.-La circunstancia de que la empresa de transporte de pasajeros demandada, haya instrumentado cambios en los recorridos, evitando el ingreso de las unidades en zonas peligrosas, con la debida autorización de la Municipalidad de Rosario, a los fines de asegurar la integridad física de los pasajeros, y el hecho de que sus unidades cuentan con vidrios galvanizados en las ventanillas -aunque no blindaje- resultan medidas de seguridad insuficientes, sumado a que constituyen afirmaciones unilaterales de la empresa, y no constituyeron argumentos defensivos introducidos en la contestación de la demanda, no integraron la litiscontestación, por lo que mal pueden ser introducidos en la Alzada por aplicación del art.246 del CPCC, teniendo en cuenta el carácter revisor de la competencia funcional de la Cámara.

7.-Si bien es cierto que no se puede convertir a una empresa de transporte de pasajeros en custodio del orden social o garante de la seguridad pública, pues ello no es su rol. Pero esta circunstancia no obsta que deba adoptar ante hechos reiterados las medidas mínimas indispensables para evitarlos.

8.-Es responsable la empresa transportista demandada de resarcir los perjuicios sufridos por el pasajero cuando no ha actuado diligentemente realizando erogaciones o adoptando medidas tendientes a extremar las medidas de seguridad y de prevención de riesgos, tal como la colocación de vidrios laminados, por lo que el hecho del tercero no es imprevisible ni inevitable.

9.-Debe elevarse el quantum concedido en concepto de indemnización por el daño causado en el rostro y ojo derechos aun menor, pasajero de la empresa transportista demandada, cuando resultó de las pruebas que en su faz estética se encuentra perjudicada la víctima en un 20%, pues es obvio que la presencia de dichas cicatrices en el rostro del menor evidencia una desarmonía estética y que incidirán en la vida futura del menor en el plano personal y laboral.

10.-Debe confirmarse el rechazo del rubro daño por lesión física en el ojo derecho de la víctima, pues la causa pretendi se basó en una supuesta disminución visual, que se ha comprobado que no es tal, por lo que el rubro ha sido debidamente rechazado.

11.-Debe disponerse para el monto del resarcimiento que el interés por mora a partir de la fecha del hecho sobre el monto definitivo de condena sea del 8% anual sin capitalización hasta el dictado de la sentencia de primera instancia; y a partir de ella hasta el efectivo pago la tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a 30 días. Fallo: En la ciudad de Rosario, a los 3días del mes de Febrero de dos mil quince, se reunieron en Acuerdo los señores miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, doctores Ricardo A. Silvestri, María Mercedes Serra y Ariel Carlos Ariza, para resolver en la causa caratulada «V., C. M. y ots. contra ROSARIO BUS S.A. sobre Juicio Ordinario – Incumplimiento contractual», Expte. Nro. 86/2014, proveniente del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial N° 6 de Rosario, estableciéndose al efecto plantear las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida?

Segunda: En su caso, ¿Es ella justa?

Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?Correspondiendo votar en primer término al señor vocal doctor Silvestri, a esta primera cuestión dijo:

Sendos recursos de nulidad de fs.235 y 240 no se han mantenido en la Alzada; y como no se advierten vicios o irregularidades procesales que determinen un pronunciamiento de oficio, corresponde su desestimación (arts.360 y 361 del CPCC).

Sobre esta primera cuestión la señora vocal doctora Serra, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo: Que adhiere a los fundamentos expuestos por el señor vocal doctor Silvestri y vota en el mismo sentido.

Concedida la palabra al señor vocal doctor Ariza, a quien le correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: Que coincide con lo manifestado por el señor vocal doctor Silvestri y vota de la misma manera.A la segunda cuestión el señor vocal doctor Silvestri dijo:

1)El Juez de Primera Instancia hizo lugar a la demanda y condenó a Rosario Bus S.A.a pagar a la actora, dentro del plazo que indica, la suma de $ 46.500.- y los intereses dispuestos en los considerandos; con costas a la demandada (art.251del CPCC). Hizo extensivos los alcances de la sentencia, con la salvedad de la franquicia si correspondiere, a Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros (art.118 de la ley 17.418; fs.220 a 230). Apelaron: la actora a fs.231; la demandada empresa de transporte Rosario Bus S.A. a fs.235 y la aseguradora a fs.240. Radicada la causa en la Cámara, expresó agravios la actora a fs.259 a 262 vta.; respondidos por la empresa de transporte y por la aseguradora, quienes al mismo tiempo expresaron sus agravios a fs.263 a 264 vta. y 266 a 267 vta., respectivamente. Fue nuevamente oída la demandante a fs.269 a 273 vta. La Defensoría General de Cámara dictaminó a fs.275; se llamaron los autos a sentencia a fs.277 y las partes notificadas a fs.277 a 279, sin objeciones.

2) C. M. V. y Marilina N. Ojeda, en representación del hijo menor de edad, C. Ernesto Haziel V., promovieron demanda ordinaria de daños y perjuicios por incumplimiento contractual contra la empresa Rosario Bus S.A. y se citó en garantía a la aseguradora Protección Mutual de Seguros de Transporte Público de Pasajeros. Relataron que el 13 de Junio de 2010, siendo las 17.00 horas aproximadamente, la Sra. Ojeda y su hijo menor se encontraban viajando en el colectivo línea 128 interno 152, transitando su recorrido habitual. Afirmaron que en la intersección de calle Gaboto y Bv. Avellaneda, una persona, fuera del ómnibus, arrojó una piedra, el impacto provocó un estallido del vidrio del rodado, lesionando al niño en su pómulo y ojo derechos. Mencionaron que el menor y su madre fueron trasladados por el propio conductor al Hospital Carrasco en donde le realizaron las curaciones, siendo luego trasladado al Hospital Provincial del Centenario.Indicaron que se le diagnosticóedema bipalpebral en ojo derecho, debiendo permanecer en observación varias horas para la realización de curaciones y placas radiográficas. Pretende el resarcimiento de un serie de daños que menciona en la demanda, tanto patrimonial como moral (fs.12 a 18). 3) La empresa de transporte Rosario Bus S.A. contestó la demanda a fs.56 a 57 vta. Alegó la eximente del hecho de un tercero por quien no debe responder. Sostuvo que la obligación del transportista de trasladar sanos y salvos a los pasajeros no constituye una obligación de resultados sino de medios. Aludió a que el hecho ocurrido era absolutamente imprevisible e inevitable, rompiendo el nexo causal. Reconoció que son moneda corriente los ataques a los ómnibus de transporte urbano de pasajeros y que la policía está enterada de la situación pero la seguridad pública no es de su incumbencia sino del Estado. 4) La compañía de seguros Protección Mutual Seguros del Transporte Público de Pasajeros contestó la demanda a fs.41 a 42. Manifiestó que al momento del hecho la demandada tenía asegurado en dicha empresa el microómnibus que explotaba bajo la póliza nº 132496 con una franquicia en el riesgo responsabilidad civil de $ 40.000 obligatoria cargo del asegurado, por lo que sólo se obligaba a mantener indemne el patrimonio de su asegurada por las sumas que superen la franquicia indicada. Negó los hechos, como lo había hecho la demandada, y alegó la eximente de la culpa de un tercero por quien no se debe responder. Finalmente peticionó que para el caso de que prospere la demanda por algún monto, se aplique el art.505 del CC relativo a la limitación de las costas en los procesos.

5) El a-quo dictó sentencia a fs.220 a 230, haciendo lugar a la demanda sobre la base de lo dispuesto por el art.184 del Código de Comercio, al considerar que no era procedente la eximente de responsabilidad alegada toda vez que el hecho del tercero no era imprevisible ni inevitable.Más aún adujo que la propia empresa de transporte admitió que los hechos como el de autos eran comunes o reiterados contra la transportista a fs.56 vta.

6) Tanto Rosario Bus S.A. como la aseguradora insisten en la Cámara con el argumento de que el acto de arrojar una piedra por un tercero por fuera del ómnibus y provocando la rotura de un vidrio y lesiones al menor pasajero es un hecho de un tercero por quien no debe responder, siendo equivalente al caso fortuito por ser imprevisible e inevitable. Este agravio o queja común de las dos demandadas apelantes que apunta a cuestionar el juicio de responsabilidad efectuado por el a-quo debe ser objeto de tratamiento prioritario en la Sala, por elementales razones de metodología (sólo de confirmarse el juicio de responsabilidad se podrá ingresar al resto de las quejas de las demandadas; y las de la accionante).

7) El caso de autos reviste clara identidad con el resuelto por la Sala IV de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario el 17 de Febrero de 2014, causa: «Reggiardo c. Rosario Bus S.A. y otros», con el voto concurrente de los Vocales Dres. Rodil y Silvestri, al que cabe remitir en los presentes. De todos modos, nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad contractual toda vez que la demanda ha sido interpuesta por un pasajero transportado contra la empresa transportista, y con base precisamente en el contrato de transporte. Respecto de la responsabilidad del transportista es de aplicación al transporte de personas por cualquier medio, salvo los que tengan estatutos especiales, lo dispuesto por el art.184 del Código de Comercio, no limitándose exclusivamente al transporte por ferrocarril. Así lo ha entendido la doctrina y jurisprudencia en forma unánime (por todos ellos:Trigo Represas-López Mesa, Tratado de la Responsabilidad Civil, T.II-p.235, editorial La Ley). Además, no debe soslayarse que a la interpretación y aplicación de esa norma, lo informa el estatuto del consumidor, pues no cabe duda alguna que el pasajero transportado se inserta en la condición de consumidor, siendo aplicable lo dispuesto por la ley 24.240 y sus modificatorias, así como el art.42 de la Constitución de la Nación. Se diseña un supuesto de responsabilidad objetiva de resultado y no de medios (Rosario Bus S.A. sostiene con error jurídico que su obligación es de medios), poniéndose a cargo del empresario del transporte la obligación de responder por los daños sufridos porel pasajero durante el transporte, salvo que el transportista pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o por culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. El esquema normativo es análogo a la aplicación del art.1113 CC para la responsabilidad extracontractual. En tal sentido se ha dicho que hay contrato de transporte «cuando una parte denominada transportista, se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, por el medio acordado, en condiciones de indemnidad, por un precio determinado en dinero» (Pizarro, Ramón D., Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, T.III- p.278; el concepto luce incluido en el art.1280 del Código Civil y Comercial sancionado recientemente). En orden al tema convocante aparece delineado como un elemento del contrato, la garantía de indemnidad, la obligación esencial del transportista de conducir al pasajero sano y salvo a su destino, obligación irrenunciable y que reconoce como eximente solamente la causa ajena, es decir el caso fortuito, el hecho de la víctima o de un tercero extraño.Es claro que se está ante un supuesto de responsabilidad objetiva donde aparece como base una obligación de seguridad de resultado, a cargo del transportista, y que reconoce su fundamento en el riesgo creado, específicamente el riesgo de empresa (López Mesa, Marcelo J., Responsabilidad Civil por accidentes de automotores, p.282, RC; Pizarro, Ramón D., Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, T.III-p.288; Trigo Represas, Félix A. Responsabilidad del transportista frente al pasajero en el contrato oneroso de personas, La Ley 1996-D.667; en el mismo sentido: L.L.B.A. 2005-204 y 1165).

8) En cuanto a las eximentes de responsabilidad su aplicación debe ser restrictiva, pues de lo contrario se burlaría el objetivo del legislador al establecer un sistema de responsabilidad objetiva con base en el riego creado. Se ha dicho que la responsabilidad objetiva del transportista prevista en el art.184 del Código de Comercio, pers igue inducir a las empresas a extremar las precauciones respecto de la buena calidad, perfecto estado y funcionamiento del material, la capacitación y buen desempeño de su personal, y el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos; ello al amparo de las posibles víctimas para quienes el resarcimiento resultaría ilusorio si tuviera que probar la culpa del transportista (López Mesa, Marcelo J., Responsabilidad civil por accidentes de automotores, p.303). Esta Sala Primera ha expuesto que «la presunción de responsabilidad del transportista normada en el art.184 del Código de Comercio, debe ser destruida por prueba categórica por aquél sobre quien recae, lo cual debe ser asertivamente demostrado por el transportista, en punto a las causales de exoneración que contempla la normativa citada, no siendo suficiente a los fines indicados el estado de duda (Trigo Represas-López Mesa, Tratado de la responsabilidad civil, T.II-p.252, La Ley 2004; C.N.Civil, Sala E, Doctrina Judicial 1999-I.201). Que además, tales causales han de reunir los requisitos propios para que resulten procedentes, debiendo tratarse de un hecho extraordinario, fuera de lo común de lo corriente, imprevisible e inevitable, exterior y extraño al riesgo de la actividad (Trigo Represas, Félix A. y Compagnucci de Caso, Rubén, Responsabilidad civilpor accidentes de automotores, T.2-p.92, año 1986). En cualquier caso, debe ser probado por el invocante su carácter de imprevisible e inevitable (sobre el particular la jurisprudencia de la Corte de la Nación es reiterada; Fallos: T.313-1184; T.317-1139; T.308-1597; T.316-912, entre otros; Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, causa: «Monzón c. Tauler», del 2 de Julio de 2009, y remisión al fallo de la Corte de la Nación, causa Fernández c. Vallejos, del 11 de Junio de 1993). Y que si se abrigara alguna duda sobre el hecho y las características de imprevisible e inevitable, siempre aquélla jugará a favor de los pasajeros víctimas» (CCCR, Sala I, Acuerdo nº 103-2010, Gallegos c. Alemi Tours; y Acuerdo nº 104-2010, Moreyra c. Alemi Tours; el magistrado de la primera instancia a fs.224 y vta. del veredicto cita correctamente la doctrina judicial pero con un error involuntario la atribuye a la Sala II de esta Cámara). 9) La Corte de la Nación ha establecido claramente que la interpretación de la extensión de la obligación de seguridad que resulta del contrato de transporte de pasajeros de acuerdo a lo dispuesto por el art.184 del Código de Comercio, debe ser efectuada desde la óptica del derecho a la seguridad de los consumidores y usuarios previstos constitucionalmente en el art.42 de la C.N.Así expuso en un conocido precedente que «6º). Que el razonamiento judicial debe partir de la ponderación de los valores constitucionales que constituyen una guía fundamental para solucionar los conflictos de fuentes, de normas, o de interpretación de la ley como los invocados por el recurrente. En el presente caso, se trata de la seguridad, entendida como un valor que debe guiar la conducta del Estado, así como de los organizadores de actividades que directa o indirectamente, se vinculen con la vida y la salud de las personas. La incorporación de este vocablo en el art.42 de la Constitución Nacional, es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios públicos a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe en ella: la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos. La interpretación de extensión de la obligación de seguridad que tiene su causa en un contrato de transporte de pasajeros integrada con lo dispuesto por el art.184 del Código de Comercio, debe ser efectuada teniendo en cuenta el derecho a la seguridad previsto en la Carta Magna para los consumidores o usuarios» (Corte de la Nación, Fallos: T.331-819, causa: «Ledesma c. Metrovías S.A.; con notas diversas de la doctrina: Osmar Domínguez y Juan ;. Arca, R.C.S. 2008-860; Sebastián Picasso-Juan M. Prevot, La Ley del 3 de Junio de 2008; Marcelo Hersalis, La Ley del 10 de Junio de 2008; Juan J. Casiello, J.A. 2008-III-117; SLL de Derecho Constitucional, de Julio de 2008, Carlos A. Ghersi, entre otros). La doctrina constitucional de la Corte de la Nación es reiterada en Uriarte M. ez c. Transportes Metropolitano General Roca y otro, del 9 de Marzo de 2010 (con notas de Juan M. Prevot, La Ley 2010-B.531 y Fernando A.Sagarna, RCS 2010-IV.61).

10) La circunstancia invocada por las demandadas apelantes refiere al hecho de un tercero extraño por el cual no se debe responder. Pero de acuerdo a las constancias comprobadas de la causa y la aplicación de la normativa en juego (Código de Comercio, Ley 24.240 y modificatorias y el art.42 de la Constitución de la Nación), tal causal no puede progresar (como se ha resuelto en la causa: «Reggiardo c. Rosario Bus y otros», de la CCCR, Sala IV, ya citada; caso similar también fue resuelto del mismo modo por la CCCR,Sala III, causa: «Vilches c. Transporte Pullman General Belgrano», Acuerdo nº 13-2012; y que fuera constitucionalmente confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, el 9 de Abril de 2013, Acuerdos y Sentencias, T.248-p.465 a 468, al rechazarse la queja por la denegación del recurso de inconstitucionalidad de la ley 7.055 por la demandada). Para que se configure esta eximente de responsabilidad de un tercero debe ser un extraño, es decir una persona distinta de la víctima y del transportista que no mantenga vínculo alguno con ellos, y que además concurran los requisitos propios del caso. De modo que además de tratarse de un tercero extraño, debe tratarse de un hecho con caracteres de imprevisibilidad, inevitabilidad, ajeno a la actividad del deudor, entre otros (Trigo Represas-López Mesa, Tratado dela responsabilidad civil, T.II-p.255; V. Ferreyra, Roberto A., Contrato de transporte, obligación de seguridad y causa ajena, RC y S 1999-335). 11) Se debe tener presente que la misma noción de caso fortuito y fuerza mayor que brinda el art.514 del CC, alude a lo que no ha podido preverse o previsto no ha podido evitarse, se debe enmarcar no dentro de la responsabilidad subjetiva (que fue la que tuvo en cuenta el legislador como regla de su tiempo), sino en el marco de la responsabilidad objetiva diseñada por el legislador en este caso.No corresponde aplicarun criterio concreto del art.512 del CC, sino hacer basamento en la causalidad donde el criterio es generalmente abstracto (arts.901 a 906 del CC). Se debe adicionar también que la empresa de transporte de pasajeros es una empresa dedicada a una actividad comercial, por lo tanto profesional en el tema del transporte, con conocimientos y experiencia superiores a los del hombre común. En el sub-litem debe descartare por completo la imprevisibilidad del evento dañoso desde el momento que la misma accionada a fs.56 vta. reconoce que «son moneda corriente los ataques hacia los ómnibus del transporte urbano de pasajeros». La frecuencia con que ocurren tales actos vandálicos en los que resultan víctimas los pasajeros (en el caso, un menor de corta edad de 3 años al momento del hecho) demuestran que son previsibles en abstracto como en lo concreto. Por otra parte es un hecho público y notorio que estos eventos se producen con frecuencia en ciertos y determinados puntos del trayecto. Esta nota es esencial para definir el caso fortuito frente al riesgo de la empresa: «es preciso además tener en cuenta que la noción del caso fortuito que acabamos de describir viene acompañada por otros elementos definitorios que tratan de especificar el criterio anterior. Así Trimarchi completa su noción de caso fortuito acudiendo a los parámetros de la frecuencia y de la magnitud, de manera que dentro de la definición de caso fortuito que sería diversa para cada tipo de actividad solamente se incluirían aquellos eventos tan poco frecuentes que no pueda pretenderse que hayan sido tenidos en cuenta, y de una naturaleza capaz de causar daños de un volumen superior a los daños que la actividad suele causar y que puede exigirse sean tenidos en consideración» (Del Olmo Guarido, Natalia, El Caso Fortuito: su incidencia en la ejecución de las obligaciones, p.47, Aranzadi, año 2004; en el mismo sentido:Visintini, Giovanna, Tratado de la responsabilidad civil, T.1-p.189; Calvo Costa, Carlos A,. El caso fortuito como eximente ante las obligaciones de seguridad, R.C. y S. año 2004, p.149).

12) En cuanto a la inevitabilidad ninguna prueba se ha aportado que la confirme. No basta con sostener genéricamente el hecho del tercero. Ni siquiera sería argumento atendible si la demandada hubiese afirmado y probado (cosa que no lo hizo) que en los pliegos de licitación del servicio público de pasajeros no se exigen tejidos ni protección especial en las ventanillas. Reiterando el concepto, es un análisis teórico abstracto porque Rosario Bus S.A. no lo afirmó ni lo probó en el proceso. Pero la repetición de los hechos como el de autos, que la propia empresa de transporte admite en su responde a fs.56 vta., pone en cabeza del transportista la adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitarlo. No se está exigiendo de transformar al colectivo en un blindado (como sugiere Rosario Bus S.A. en su apelación), simplemente se le requiere a la empresa de transporte que tome recaudos razonables y necesarios para que una piedra arrojada manualmente desde el exterior no cause daños al pasajero, como puede ser la colocación de un tejido, las ventanillas que no se abran y que cuenten con vidrios irrompibles, la colocación de vidrios laminados que no implica blindaje alguno, que si se rompen no causan daño alguno al pasajero. O sea, alternativamente, ciertas medidas de seguridad que son razonables y de posible cumplimiento que contribuyan a disminuir los daños provocados por las esquirlas y vidrios rotos como consecuencia de agresiones externa s, y si bien esta tecnología de los vidrios laminados no impide en todos los casos la fragmentación del vidrio, resulta útil para neutralizar la dispersión de las esquirlas al interior del vehículo (como bien lo ha fallado la Cámara Civil y Comercial de la Matanza, Provincia de Buenos Aires, en la causa: «Quinteros c.Expreso Liniers SA», del mes de Mayo de 2013; siguiendo la orientación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de modo reiterado). Adicionalmente, estas exigencias de un mínimo de seguridad de cumplimiento perfectamente posible es parte de la noción de la seguridad y del trato digno que impone el art.42 de la Constitución Nacional y del art.5º de la ley 24.240 (y sus modificatorias) al empresario del transporte en su actividad.

13) La empresa de transporte apelante ahora afirma en la Alzada que ha instrumentado cambios en los recorridos, evitando el ingreso de las unidades en zonas peligrosas, con la debida autorización de la Municipalidad de Rosario, pero no existe otra forma de evitar los hechos. También afirma que sus unidades cuentan con vidrios galvanizados en las ventanillas pero no se le puede exigir un blindaje. Se reitera el concepto: no se le exige un blindaje a los colectivos sino otras medidas de mayor seguridad que no hansido llevadas a cabo por la transportista pese a la reiteración de los actos. Tales medidas de seguridad pueden y deben instrumentarse por ser totalmente razonables a la realidad actual, no negada sino admitida por Rosario Bus S.A. En cuanto a que ha diseñado cambios en lo recorridos y que usa vidrios galvanizados, como supuesta demostración de tomar medidas asegurativas, son afirmaciones unilaterales de la empresa. Más aún, ni siquiera fueron argumentos defensivos introducidos en la contestación de la demanda de fs.56 y vta., lo mismo ha pasado con la aseguradora. No integraron la litiscontestación (art.243 del CPCC), por lo que mal pueden ser introducidos en la Alzada por aplicación del art.246 del CPCC, teniendo en cuenta el carácter revisor de la competencia funcional de la Cámara. De todos modos, son hechos argumentados ex novo sin ninguna prueba que los respalde.Y si por mera hipótesis de trabajo se concediera que la unidad usaba vidrios galvanizados al momento del hecho se ha demostrado que no fueron lo suficientemente protectores para evitar los daños al pasajero. Tampoco puede analogarse un supuesto vidrio galvanizado (hecho no demostrado) con un vidrio transparente laminado que si se rompe eventualmente no causa daños.

14) Es cierto que no se puede convertir a una empresa de transporte de pasajeros en custodio del orden social o garante de la seguridad pública, pues ello no es su rol. Pero esta circunstancia no obsta que deba adoptar ante hechos reiterados las medidas mínimas indispensables para evitarlos. Ha dicho la Corte de la Nación que «si bien el hecho delictivo de terceros puede resultar imprevisible para el prestador del servicio ferroviario, toda vez que no cabe exigirle que se constituya en guardián del orden social a fin de reprimir inconductas, ello no quita que aquél arbitre, cuanto menos, las mínimas medidas de seguridad a su alcance para evitar daños previsibles» (Corte de la Nación, causa: «Uriarte M. ez y otro c. Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y otros», del 9 de Marzo de 2010, Jurisprudencia Argentina 2010-II.181; mantiene la jurisprudencia en Bulacio c. Provincia de Buenos Aires, del 16 de Febrero de 1999; y reiterala doctrina del más Alto Tribunal de la Nación, en la causa: «Montagna c. Transportes Metropolitanos General San M. «, del 3 de Mayo de 2013; doctrina trasladable mutatis mutandi a autos).

15) La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se ha expedido en reiteradas oportunidades sobre el punto en un mismo sentido del que se viene exponiendo.En efecto, ha dicho que «la rotura de una ventanilla del vehículo de propiedad del transportista demandado provocada por una piedra arrojada por un tercero no reúne los requisitos del caso fortuito a los fines de la responsabilidad civil por las heridas a un pasajero, en tanto el hecho no resulta imprevisible ni inevitable, ya que por las características del vidrio es que la piedra penetró al interior del colectivo y el reglamento para la habilitación de vehículos de auto-transporte público de pasajeros prescribe que las ventanillas llevarán vidrios de seguridad, no siendo una contingencia extraña al tránsito vehicular que una piedra despedida por un tercero impacte sobre las ventanas. Si bien la piedra que provoca la rotura del vidrio de una ventanilla del vehículo del transportista y luego un daño al pasajero, fue despedida por un tercero, existe una adecuada relación causal entre las características del vidrio que no impidió el paso de la piedra y las heridas sufridas por el damnificado que da como resultado la responsabilidad del transportista. A los fines que prospere la eximición de responsabilidad del transportista del art.184 del Código de Comercio por la conducta de un tercero, debe ésta ser la causa exclusiva y concluyente del perjuicio y su accionar revestir los caracteres propios del caso fortuito, debiendo ser este último extraño a la cosa o a la actividad sobre la que pesa la presunción de responsabilidad» (Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del 7 de Febrero de 2001, causa: «Villafañe c. Empresa de Transporte Fournier S.A. y Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Limitada»; La Ley Online, Ar/Jur/5650-2001). Posteriormente el mismo Alto Tribunal tuvo la posibilidad de expedirse en sentido análogo el 22 de Diciembre de 2010.En esta ocasión adujo que «responde el transportista por las lesiones sufridas por un pasajero derivadas de actos vandálicos de terceros que arrojaron una piedra desde el exterior del ómnibus, si no encaró -frente al conocido problema que suscitan estos hechos vandálicos- medidas de seguridad tendientes a impedirlos o, al menos, reducir al mínimo el daño a las personas. No constituye un hecho irresistible que excluya la responsabilidad del transportista, la posibilidad de que terceros arrojen piedras al microómnibus desde el exterior, habida cuenta de la asiduidad con la que ocurren este tipo de hechos. El hecho de un tercero para que pueda ser alegado como eximente de responsabilidad por la empresa transportista, debe ser la causa exclusiva y excluyente del daño, revistiendo los caracteres de imprevisibilidad e inevitabilidad propios del caso fortuito» (Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2010, causa: «Eiras c. Compañía Microómnibus La Colorada S.A»., publicado en Jurisprudencia Argentina 2011-II.877). Finalmente se reitera dicha doctrina el 11 de Abril de 2012 al expresar que «la amenidad o exterioridad de la intervención del sujeto extraño a la empresa que arrojó un objeto causando la rotura del parabrisas, dañando al pasajero, aunque requisito necesario, no es suficiente para no comprometer a la transportista, máxime cuando no se ha demostrado que ese acontecimiento haya sido imprevisible, o que se haya tornado inevitable. La producción de daños a los pasajeros por los objetos arrojados desde fuera del microómnibus que ocasionan la rotura de cristales no resulta imprevisible para la empresa de transportes atento la reiteración de hechos similares, lo que le impone la carga a la empresa de demostrar que fueron empleados todos los medios y recursos disponibles para hacerlo evitable, como por ejemplo la colocación de cristales inastillables o cualquier otro tipo de protección» (Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 11 de Abril de 2012, causa: «Leiva c. Transporte Ideal de San Justo y otro», R.C. y S.2012-XI-42, con nota de Marisa Gabriela López Bravo).

16) Por lo demás, de acuerdo al Decreto Municipal nº 3115 del 29 de Diciembre de 2006, dictado en el marco regulatorio de la Ordenanza de la Municipalidad de Rosario nº 7.802, en su capítulo 4, ventanillas, se establece que las ventanillas llevarán vidrios de seguridad templados e inastillables, conforme lo establecido en el art.30, inciso f, del Anexo 1 y del Anexo F del Decreto 779-95. La propia rotura del vidrio con las consecuencias dañosas a la personadel menor de edad es suficientemente demostrativo de su vulnerabilidad al no cumplir en la práctica con la exigencia reglamentaria. La demandada no ha invocado ni probado otra cosa que permita su exoneración por los argumentos que se ha venido exponiendo.

17) En síntesis, el hecho de que la piedra provenga del exterior del colectivo y no se haya identificado al agresor no puede volverse contra la víctima pues siempre persiste el deber de seguridad del porteador que es objetiva y que debe llevar sano y salvo al transportado a su destino. La responsabilidad del transportista debe evaluarse atendiendo a la aptitud del sistema implementado para el eficaz cumplimiento de la prestación que ofrece al público, como consecuencia de la obligación de seguridad asumida en las contrataciones que son inherentes al cumplimiento de su actividad. Y en el caso la transportista tampoco ha actuado diligentemente realizando erogaciones o adoptando medidas tendientes a extremar las medidas de seguridad y de prevención de riesgos, tal como la colocación de vidrios laminados, por lo que el hecho del tercero no es imprevisible ni inevitable. La evitabilidad está ligada a un criterio de organización empresarial y obviamente al costo de la producción del servicio. Es una cuestión de riesgo costo-beneficio, que debe asumir su organización para garantizar la indemnidad del pasajero, por lo cual el hecho no es inevitable para la empresa (Ghersi, Carlos, Obligación social de seguridad.Una sentencia de la Corte de la Nación con trascendencia para el derecho dedaños, La Ley 2008-D.265, comentando el caso Ledesma). Precisamente la Corte Federal abordó el tema en dicha causa el 22 de Abril de 2008 y sostuvo que las empresas son profesionales y como tales deben tener las previsiones que hacen a esa profesionalidad (art.902 CC), y que conforme a las nuevas disposiciones de la Ley de Defensa de los Consumidores (24.240, 24.999 y 26.361) y la reforma de la Constitución Nacional de 1994 (arts.41 y 42) la tutela de los usuarios y consumidores de los servicios y productos gozan de una seguridad absoluta (art.5 de la ley 24.240) que obliga a las empresas a un servicio eficiente como riesgo de la empresa. Concretamente, los prestadores de servicios públicos deben cumplir sus obligaciones de buena fe que, en el caso, exige un comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte; que las empresas deben adoptar las medidas de seguridad necesarias. Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecusión racional de la utilidad no es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una sociedad basada en el respeto a sus integrantes (Ghersi, Carlos, Obligación social de seguirdad. Una sentencia de la Corte de la Nación con trascendencia para el derecho de daños, La Ley 2008-D.265; idem: CCC y Minas, Sala 4ª, de la Provincia de Mendoza, L.L.G.C. 2009-72; C.N. Civil, Sala C, 7 de Junio de 2007, Roth c.Transporte Automotor Callao S.A., La Leyonline, Ar/Jur/5440-2007). Por todo lo expuesto se impone el rechazo de los agravios sobre el juicio de responsabilidad deducidos por Rosario Bus S.A, y la aseguradora Protección Mutual de Seguros de Transporte Público de Pasajeros.

18) La actora se agravia por el monto concedido por el juez por daño patrimonial (gravitación patrimonial de la lesión de efectos antiestético, así fue demandada por la actora a fs.14 vta., punto 7.1. daños a la persona).

El juzgador concedió el monto de $ 15.000 en lugar de $ 30.000 estimados por la accionante a fs.15 vta. La quejosa expone que se ha demostrado por las pericias médicas que el menor registra una cicatriz en la región frontal derecha de 4mm de longitud y otra en surco palpebral inferior derecho de 2 cm por 1 cm. Señala que el a-quo habría omitido ponderar la pericia del médico cirujano plástico de fs.111 a 115, en ésta se establece que «teniendo en cuenta la localización de las cicatrices, la edad del niño y el futuro del mismo, de acuerdo a los baremos establecidos en la Tabla Práctica para la Evaluación de las Incapacidades en Cirugía Plástica en Cabeza y Cuello del libro de Santiago J. Rubistein, tercera edición, establecemos como porcentaje de pérdida de la zona A (región frontal) en un 6% y para la zona C (párpado inferior) en un 8% y para la córnea a pesar de su aparente recuperación corresponde por secuela de herida sufrida un 6%. Total: 20%». Considera injusto el monto otorgado y postula una más justa indemnización.

19) El a-quo tuvo en cuenta antes de referirse a los daños reclamados a las pericias del Dr. Jorge E. Wulfsohn de fs.155 y 166 y al informe del Dr. Jorge R. Rodríguez de fs.111 a 115 (cirujano plástico) y al diagnóstico del Dr.Gutiérrez del 22 de Noviembre de 2012, como médico oftalmólogo (fs.226 vta. a 227, punto IV, del veredicto sobre el daño). En lo referente al daño patrimonial por la incidencia de las lesiones en el plano estético el juez, luego de descartar que la lesión estética sea un daño autónomo al daño patrimonial y al moral en una misma línea de coincidencia con la doctrina judicial de la Sala (por otro lado la misma actora negó que el daño estético sea autónomo sino integrante del daño patrimonial y/o extrapatrimonial: fs.15, segundo párrafo de la demanda), ponderó el informe de fs.111 a 115 y concluyó que sea el menor indemnizado en la suma de $ 15.000 pues la estimación de $ 30.000 le pareció excesivo (fs.227 vta. a 228 vta.). En realidad hubo dos pericias sobre el particular: a) la del médico legista Dr. Jorge E. Wulfsohn de fs.154 a 155 y ampliación-aclaración de fs.166 y vta.; b) la del médico cirujano plástico Jorge Rodríguez a fs.111 a 115. El primero, tras el estudio del examen físico y funcional, constata la existencia de una cicatriz post quirúrgica a nivel del pómulo y párpado derechos, con irritación conjuntival de dicho ojo y máculos a nivel frontal post contusión. En los exámenes complementarios solicitados por el citado profesional, no se constatan otras lesiones a nivel interno. Estima una incapacidad parcial y permanente del 20% fundado ello en que las cicatrices incidirán en su vida futura, atento a que las lesiones se asientan a nivel del rostro. El segundo informe, del cirujano plástico, de fs.111 a 115, también informa de la existencia de cicatrices en región frontal derecha y en el párpado inferior derecho.Informa que el origen de las mismas han sido seguramente por el tipo de daño sufrido, con incrustación de vidrios, que luego fueron extraídos o expulsados y el golpe del objeto contundente. Entrando al análisis de su especialidad establece que el daño en su faz estética perjudica al menor en un 20%. Es obvio que la presencia de dichas cicatrices en el rostro del menor evidencia una desarmonía estética y que incidirán en la vida futura del menor en el plano personal y laboral, tal como lo expone el Dr. Wulfsohn, sin que mereciera impugnación alguna su dictamen (art.199 del CPCC). A la misma conclusión arriba el Dr. Rodríguez a fs.111 a 115 siempre respondiendo a las preguntas formuladas por la actora acerca de que el perito determine pecuniariamente la gravedad del daño estético ocasionado al menor V. en frente y pómulo derecho (fs.113). Todo lo expuesto corroborado por las fotos de fs.116 a 117. De acuerdo a las facultades otorgadas por el art.245 del CPCC parece justo una moderada elevación de la partida a la suma de $ 20.000 en lugar de $ 15.000 fijada por el juez, aunque inferior a $ 30.000 estimada en la demanda de fs.15 vta. Es que se puede inferir que cuando el actual menor ingrese al mercadolaboral las secuelas que presenta en el rostro pueden incidir negativamente sus posibilidades. No es que se obstaculicen sus posibilidades pero sí se presentarán mayores dificultades, al menos en el plano de la chance laboral, más que nada en tareas de exposición o atención al público.La norma procesal citada permite que al estar probado el daño la cuantificación la puede realizar prudencialmente el tribunal de acuerdo a la prueba rendida y en la convicción de otorgar una reparación justa y proporcionada a los perjuicios padecidos (art.1083 del CC; Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Zeus T.31-R-46; CCCR, Sala I, La Ley Litoral 2002-1245; CCCR, Sala III, Juris T.64-145; CCCR, Sala IV, Zeus T.106-J.227). Cuando el tribunal mensura el daño está ejerciendo una función diferente de la que cumplieron los peritos al estimar la incapacidad, pues establece cuál es el perjuicio que en la específica situación de la víctima acarrea eldaño dictaminado por los peritos (CCCR, Sala I, Zeus T.61-J.342; Alvarado Velloso, Adolfo, Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, T.3-p.1990 a 1991, bajo la actualización de Nelson E. Angelomé, edición 2014, FDCJ). Es decir, debiendo resarcirse el daño efectivamente producido, los porcentajes de incapacidad laborativa fijados desde el punto de vista médico no se pueden trasladar automáticamente a la evaluación del perjuicio, ya que éste se correlaciona, además, con otras circunstancias atinentes a la víctima y al contexto de su existencia. Los referidos porcentajes son uno de los elementos básicos para formar juicio sobre el daño y su medida, debiendo ponderarse el sexo, la edad, condición social y económica, situación familiar, de la víctima (Zavala de González, Matilde, Resarcimientos de daños. Daños a las personas, T.2-a, p.361; C.N.Federal Civil y Comercial, Sala II, La Ley 1983-B.227; Sala III, E.D.117-473, s-128, entre otros). En el caso, lo indemnizable es el daño patrimonial por lesión estética de la víctima y la pérdida de chances laborales futuras ya que la misma es susceptible de producir un daño de esta índole en la órbita futura laboral desde que genera una desventaja en el desempeño de determinadas tareas y en la elección que para ocupar un cargo se lleva a cabo (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños. Daños a las personas, T.2,a) p.215; C.N.Especial Civil y Comercial, Sala 5ª, La Ley 1982-D.9; Sala 6ª, E.D. 111-315; CCC de la Provincia de Córdoba, Sala 7ª, del 13 de Marzo de 1989, causa Sosa c. Empresa Colta; Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba, L.L.C. 1985-605, entre otros). Finalmente, la actora apelante ahora en la Alzada no postula un monto concreto de elevación sino que lo deja librado al tribunal en consonancia con las pericias médicas. Se eleva el monto a $ 20.000 teniendo en cuenta los dictámenes médicos, la edad, sexo, situación socio-familiar del menor, su proyección futura, todos elementos que se pueden extraer también del expediente de Declaratoria de Pobreza nº 591-2010 agregado por cuerda.

20) La actora apelante se agravia porque el a-quo denegó el rubro lesiones físicas. Aduce que el juez no tomó en cuenta el dictamen del perito médico legista de fs.154 a 155 al estimar una incapacidad parcial y permanente del 20% por la presencia de una cicatriz post quirúrgica a nivel del pómulo y parpado derecho, con irritación conjuntival de dicho ojo y máculas a nivel frontal post contusión. Indica que dichas lesiones son irreversibles a nivel del rostro. Señala que la incapacidad parcial y permanente debe ser indemnizada y postula se fije un monto por el rubro. No cabe hacer lugar al reclamo toda vez que el juez ha obrado de acuerdo a las constancias comprobadas de la causa.En efecto, la actora al demandar por el rubro lesiones físicas, estimadas en $ 40.000, fund ó la misma en que «al producirse el mencionado accidente partes del vidrio se incrustaron en el ojo derecho del niño provocándole una disminución en la función visual. Esta disminución en uno de los cinco sentidos fundamentales que posee el ser humano y la incapacidad de uno de ellos ocasionaron graves repercusiones en su vida de relación y una capacidad laborativa para el resto de su vida. La disminución provocada por el incidente ut supra mencionado quedará demostrada por los estudios de fondo de ojos realizados en el Hospital Centenario y por la pericial médica que desde ya dejo ofrecida para ser producida en el estadio procesal oportuno. Mi parte estima que por la incapacidad producida en una función esencial y teniendo en cuenta que la víctima es un niño de apenas 3 años, que va a padecer esta disminución por el resto de su larga vida, ascienden a la suma de $ 40.000» (fs.16 vta., punto 7.4. Lesiones físicas; de la demanda de autos).

21) El juez explica bien que el pedido está fundado en el hecho de que el accidente provocó una disminución de la función visual del menor, provocándole repercusiones en su futura vida social y laboral (fs.228 vta., punto IV.3 del veredicto). Pero acontece que, como bien lo pone de resalto el magistrado anterior, tal merma en la visión no se encuentra en modo alguno acreditada y muy por el contrario, el perito médico cirujano plástico sostiene que «actualmente la cicatriz de la cornea está completada y no perjudica la visión, según los informes de oftalmología» (fs.112, de la pericia del Dr. Jorge Rodríguez). Adicionalmente, el juzgador pondera el informe realizado por el médico oftalmólogo, Dr.Gutiérrez, el 22 de Noviembre de 2012, sin que este razonamiento judicial haya sido impugnado por la recurrente en los términos del art.365 del CPCC por lo que debe considerarse conforme con ello. Precisamente el juez aludió a dicho informe reservado en Secretaria el que dispone específicamente que»Las córneas no presentan alteraciones y las conjuntivas impresionan sin particularidades». Este informe data del 20 de Noviembre de 2012, posterior al del Dr. Rodríguez, del 16 de Marzo de 2012. De todos modos, el informe de fs.111 a 115 también sostiene que el menor no tiene perjudicada la visión. Incluso el juez de primera instancia a fs.226 vta. hizo mención a la comprobada agudeza visual del menor, según el estudio del Dr. Gutiérrez el 22 de Noviembre de 2012 al constatar «una agudeza visual de 9/10 en ambos ojos». Por lo tanto, la causa petendi de la lesión física a fs.16 vta., punto 7.4, se basó en una supuesta disminución visual de la víctima que se ha comprobado que no es tal, por lo que el rubro ha sido debidamente rechazado.

22) La mención que hace la apelante de la presencia de las cicatrices en el rostro del menorfue contemplada por el juez sentenciante como daño patrimonial por la incidencia en ese plano de los efectos antiestéticos, tal como lo postulara la demandante a fs.14 vta., punto 7.1. Daños a la persona. No corresponde duplicar las indemnizaciones porque el daño patrimonial por daño a las personas estimadas en el punto 7.1.de la demanda ha sido admitido y su monto ahora ampliado por la Sala (de $ 15.000 estipulados por el a-quo a $ 20.000 por la Cámara). Puede verse que en los puntos a responder por el perito médico de fs.111 a 115, apuntaban a determinar en el plano pecuniario la entidad de la repercusión estética del menor (fs.113 a 115).

La cicatrices en el rostro sufridas por éste han sido contempladas en el resarcimiento señalado (Daños a las personas, punto 7.1. daño patrimonial, según demanda de fs.14 vta.).

23) El siguiente motivo de agravio de la actora es el monto por daño moral. En la demanda había estimado el monto en la suma de $ 35.000 y el a-quo concedió$ 30.000. Pretende la elevación a lo pedido en la demanda. Afirma que debe contemplarse la pericia psicológica de fs.158 a 162 y las afecciones morales sufridas por C. E. H. V. Cita cierta jurisprudencia. No se hará lugar a la queja pues el juez de la causa ha ponderado adecuadamente las constancias de autos y especialmente el informe de la perito psicóloga de fs.158 a 162.

24) Ha expresado correctamente el a-quo que para la determinación del daño moral debe tenerse en cuenta los particularismos de cada caso y la solución debe contemplar esas circunstancias, en la reparación integral del art.184 del Código de Comercio (en relación al art.522 del CC y 1078 del mismo texto). Corresponde tener presente la afección a los sentimientos, producida por las lesiones y las angustias generadas por los tratamientos efectuados. En el caso de autos se ha confirmado la presencia de lesiones en el rostro del menor que afectan su imagen y armonía, y aún cuando sean consideradas leves. El judicante tuvo especialmente en consideración el informe psicológico de fs.158 a 162 de la Licenciada Marisú Genovese, del cual surge el desequilibrio emocional de C. E. V.y sele diagnostica un trastorno adaptativo con ansiedady que tal afección provocó en el menor fenómenos regresivos en cuanto a su vida de relación y la aparición de nuevos miedos. Por lo que computando los datos aportados por la perito psicóloga, más los provenientes de los peritos médicos de fs.111 a 115 y 154 a 155, la edad, sexo, condición social y familiar del menor, luce adecuada la cifra fijada por el juez en la suma de $ 30.000. En este sentido el juez recuerda correctamente la jurisprudencia de la Corte de la Nación en orden a que «por no ser el daño moral susceptible de apreciación económica, sólo debe buscarse una relativa satisfacción del agraviado, proporcionándosle una suma de dinero que no deje indemne el agravio, entendido como lo más cercano a la reparación integral del perjuicio padecido» (Fallos: T.329-1179). La cuantificación es discrecional pero no arbirtaria y los jueces deben fijarla en cada caso concreto apreciando prudencialmente las circunstancias variables útiles para cuantificar el daño (Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, causa: «Suligoy c. Provincia de Santa Fe», del 29 de Diciembre de 1993); y teniendo en consideración la entidad del perjuicio, la gravedad de la falta, y la condición del responsable, atento a las pruebas producidas en el expediente. También debe considerarse como parámetro los valores fijados en situaciones análogas o semejantes por la jurisprudencia (Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, causa Suligoy c. Provincia de Santa Fe). En este contexto luce justo el monto otorgado por el a-quo y ha valorado la pericia psicológica de modo acertado. La actora hizo una estimación de $ 35.000 en la demanda pero el juezdio argumentos suficientes para determinar el monto en $ 30.000. Tampoco la parte agraviada indica con fundamentos suficientes porqué debe ser la indemnización de $ 35.000 y porqué razón no lo es la de $ 30.000.

25) La empresa Rosario Bus S.A.y la aseguradora citada en garantía se quejan porque el juzgador les impuso la totalidad de las costas procesales de primera instancia pese a que la pretensión económica de la actora se ha visto notoriamente reducida y que la sentencia se ha apartado del art.252 del CPCC toda vez que la demanda fue de $ 108.500 y prosperó en dicha instancia por $ 46.500. Pide que se fijen las costas en proporción al éxito obtenido. Asiste parcial razón a los impugnante demandados pero sólo en lo que respectaal rechazo del rubro daño físico por disminución de la visión (fs.16 vta., punto 7.4), que fue un rubro improcedentemente demandado. Ese rechazo hace que la parte actora no fue totalmente exitosa en su pretensión. En lo que respecta a que los montos estimados por la demandante en los restantes rubros admitidos (daños patrimonial por la gravitación de las lesiones estéticas $ 30.000; daño moral $ 35.000; y gastos médicos y farmacéuticos y de transporte $ 3.500; según demanda de fs.14 vta., puntos 7.1., 7.2., 7.3), el juez los haya fijado finalmente en $ 15.000 (la Cámara los eleva a $ 20.000) $ 30.000 y $ 1.500 respectivamente, no lo convierte en perdidoso pues son estimaciones de montos de rubros que prosperaron y que en el fondo quedaban sujeto su determinación y alcance a la discrecionalidad judicial (art.253 del CPCC). En este caso no media plus petición de la actora cuando el valor de la condena dependiere legalmente del arbitrio judicial. Además, la parte damnificada sólo hizo una estimación en la demanda de ciertos valores y el hecho de que la sentencia condena por una cifra menor a la estimada originariamente no debe incidir en el rubro costas, porque la demandada sigue siendo perdidosa en tales aspectos.Se reitera, sí debe tener incidencia en las costas el rechazo del rubro daño físico por disminución de la visión porque aquí se trata del repelimiento de un rubro mal demandado y no de un tema de estimación de valores. Ha dicho esta Sala que a los efectos de las costas no debe ser igual que se reconozcan todos los rubros o sólo algunos o varios de ellos, pues el rechazo de un rubro reclamado importa una derrota objetiva de la actora en la pretensión deducida, por el ítem declarado improcedente (CCCR, Sala I, del 6 de Noviembre de 2012; y del 29 de Abril de 2013; v. Alvarado Velloso, Adolfo, Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, actualizado por Angelomé, Nelson E. T.3-p.2102, edición año 2014, FDCJ y sus citas, de conformidad a lo expuesto).

26) El Cuerpo ha sentado dicho criterio: Es sabido que en caso de vencimientos recíprocos las costas se compensan o se distribuyen en proporción al éxito obtenido, conforme lo normado en el artículo 252 del Código Procesal, siendo criterio receptado que la ponderación debe hacerse prudencialmente, con criterio jurídico y no meramente matemático (ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Estudio Jurisprudencial del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1986, T.II, p.942; PAGNACCO, Eduardo, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Peyrano, Jorge W., director, V. Ferreyra, Roberto, coordinador, T.1, Juris, 1997, p.781/782), ello sin necesidad de requerimiento de parte (arg.art.251; PEYRANO, Jorge W., Compendio de reglas procesales en lo civil y comercial, T.II, Zeus, 1992, p.29/30).

Es cierto que cuando el actor efectúa una estimación meramente provisional y prudente de cada concepto reclamado, con subordinación al resultado de la prueba o al arbitrio jurisdiccional y el monto acogido en la sentencia resulte inferior al valuado originariamente, cabe interpretar que el real valor litigioso no es el indicado en la demanda, sino el finalmente establecido en la sentencia, criterio que se justifica porque la estimación originaria del actor fue condicionada y no lisa y llana, es decir, se subordinaba a factores de cuyo esclarecimiento dependía, desde el inicio, el monto del juicio, no pudiendo considerarse que haya mediado exceso en la reclamación ni diferencia verdadera entre lo pretendido y lo acordado puesto que la diferencia numérica carece de significado jurídico al haber ingresado en la litis de modo condicionado e interino (arg. art.253, tercer párrafo, C.P.C.C.; cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de daños, vol. 3: El proceso de daños, Hammurabi, 1993, p.394; de la misma autora, Tratado de Derecho Resarcitorio; 2. El proceso de daños y estrategias defensivas, Juris, 2006, p.610 y ss.; TSJCórdoba, 27.12.1991, Semanario jurídico Nº 891, p. 236, del 02.07.1992; SCJMendoza, Sala I, 23.08.1993, Jurisprudencia Argentina 1994-III-201; criterio de esta Sala en su actual integración, autos: «Travacio c. Paternó», Acuerdo N° 463 del 24.11.2009).

Pero ello no es lo que ocurre cuando, como en el sub examine, sólo algunos de los rubros resarcitorios son admitidos y otros son rechazados.Sobre el particular es criterio reiterado de esta Sala que los juicios resarcitorios no escapan a la posibilidad de encuadramiento en el artículo 252 del Código Procesal y así, para determinar la proporción que a cada litigante le corresponde en el pago de las costas debe atenderse a la entidad de cada capítulo reclamado según haya sido acogido o desestimado, pues no debe ser igual al efecto de las costas que se reconozcan todos los rubros o sólo algunos ya que el rechazo de un rubro reclamado importa una derrota objetiva de la actora en la pretensión deducida, por el ítem declarado improcedente, no tratándose de un problema de montos o de estimación del mismo sino de una partida no reconocida en el juicio resarcitorio y es allí donde la defensa de la demandada obtiene parcial éxito que debe reflejarse en las costas de acuerdo al artículo 252 del Código Procesal (esta Sala, in re «M. ez c. Escuela 658», Acuerdo N° 357 del 14.09.2010; v. tb. de esta Sala: Acuerdo N° 167 del 27.05.2008, autos «Zapata c. Banco de Galicia S.A.»; Acuerdo N° 349 del 18.09.2008, causa «Safety Sistemas y Servicios de Seguridad c. Cargill S.A.C.I.»). Similar criterio se observa en la jurisprudencia local antes de ahora (CCCRos, Sala I, Acuerdo Nº 28 del año 2003, «M. ez c. Banco de Crédito Argentino S.A»; CCCRos, Sala II integrada por cinco vocales, Acuerdo Nº 78 del año 2002, causa «Achille c. Citibank»; en el mismo sentido: ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de daños, T.3, p.397 y sus amplias referencias doctrinarias y jurisprudenciales que cita en la obra, a la que cabe formular remisión por ser compartidas, bajo el título de ‘distribución proporcional de las costas’; también la misma autora repite el tema en la nueva obra El proceso de daños y estrategias defensivas, Juris, 2007, p.606/616; STJCórdoba, Revista Semanario Jurídico del 8 de Febrero de 1990; C.S.J.N., E.D.134-853, entre otros). El hecho que estemos ante un juicio resarcitorio no quita que, cuando hay uno o más rubros reclamados rechazados, el éxito parcial de la defensa de la accionada deba encuadrarse en el artículo 252 del Código Procesal. Además, el criterio que se viene propiciando es justo porque desalienta los reclamos excesivos y obliga a una actitud prudencial del litigante sabiendo que el éxito parcial (y no total), tendrá su repercusión en materia de costas procesales, sin escudarse en impunidades. La aplicación de este criterio en función de los éxitos parciales, aunque se trate de juicios de daños y perjuicios, también tiene el apoyo de otros doctrinarios al margen de los mencionados (LOUTAYF RANEA, Roberto, Condena en costas en el proceso civil, Astrea, p.138/139; CHIAPPINI, Julio O., Costas y Honorarios, Panamericana, p.37/40; PEYRANO-CHIAPPINI, Comentarios Procesales, Panamericana, 1986, T.2, p.99/106, reproducción de los autores de la nota publicada en la Revista Juris T.77, p.315, titulada: En torno a una nueva solución pretoriana que se aparta del régimen objetivo de la distribución de las costas impuestas por el CPCC; V. FERREYRA, Roberto, Las costas en el proceso por daños y perjuicios y la necesidad de establecer el monto del reclamo, Instituto del Derecho del Seguro del Colegio de Abogados de Rosario, nº 12 del año 1994, especialmente p.77 en adelante). No es menos relevante la doctrina constitucional de la Corte de la Nación, en cuanto ha descalificado el criterio de imposición de costas en su totalidad a la demandada con abstracción de las reclamaciones que no hayan progresado; tales criterios, para la Corte, importan desconocer que parte de la pretensión original fue rechazada (algunos rubros o partidas fueron desestimados y otros reconocidos), y que por lo tanto la actora resultó parcialmente vencida en tal sentido, tornándose aplicable el artículo 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (equivalente a nuestro art.252 del C.P.C.C.), en función de los éxitos parciales (Fallos: 328:758, especialmente el considerando nº 5 y su remisión al dictamen del Procurador General de la Corte, causa «Sontag c. Banco de Galicia»).

De todos modos, la distribución de las costas procesales no debe concretarse sobre pautas estrictamente matemáticas, sino más bien en consideraciones jurídicas y, en casos de vencimientos recíprocos y parciales, las costas deben distribuirse proporcionalmente al éxito obtenido por cada una de las partes (ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Estudio Jurisprudencial del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, T.II, Rubinzal Culzoni, 1986, p.942; PAGNACCO, Eduardo, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Peyrano, Jorge W., director, V.Ferreyra, Roberto coordinador, T.1, Juris, 1997, p.781/782).

27) Por lo expuesto el criterio interpretativo para efectuar la distribución de costas de la proporcionalidad del art.252 del CPCC ante vencimientos recíprocos debe atenerse a un criterio jurídico y no matemático o aritmético, lo cual implica valorar por el tribunal la trascendencia de lo admitido y lo desestimado, no en el aspecto exclusivamente cuantitativo (CCCR, Sala I, 26 de Septiembre de 2007), teniendo en cuenta los rubros y las defensas admitidas (CCCR, Sala III, Zeus T.111-J.178; CCCR, Sala IV, 2 de Noviembre de 2011). Esto importa que se debe apreciar cuántas pretensiones y cuántos argumentos defensivos se acogen en el veredicto (Alvarado Velloso, Adolfo, Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe con la actualización de Angelomé, Nelson E., T.3-p.2101 y nota 1049 al pie). Traducida la cuestión a lo concreto, la actora ha resultado triunfante en el juicio de responsabilidad civil contractual (ítem particularmente relevante en puntos a las costas), y en la admisión de los rubros por daño patrimonial por la incidencia de las afecciones estéticas, daño moral, y gastos terapéuticos, farmacia y transporte (más allá de que los montos finalmente fijados con la corrección del primero de ellos por la Cámara). A su vez, fue rechazado el rubro por daños físicos por la invocada disminución de la visión del menor. Por lo que acorde al art.252 del CPCC y el criterio interpretativo para efectuar la distribución de las costas es justo distribuirlas en la primera instancia en un 90% a la parte demandada y el 10% a la actora.

28) Seguidamente Rosario Bus S.A. y la aseguradora se quejan por la tasa de interés aplicada por el a-quo sobre los valores fijados en la sentencia. Peticionan que el interés sobre los valores actualizados al momento del pronunciamiento debe ser del 6% anual hasta el pago. Se cita jurisprudencia de la Sala en apoyo de su postura.El juez de primera instancia luego de determinar los montos al fallar impuso un interés por mora equivalente a la tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a 30 días desde la fecha del hecho dañoso hasta que quede firme la sentencia. Transcurridos diez días de que el veredicto pase en autoridad de cosa juzgada, la suma que menciona devengará un interés igual a dos veces y media la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

29) Asiste parcial razón a la parte apelante demandada, siendo errado el criterio del juez en la fijación de la tasa de interés moratorio teniendo en cuenta que se han determinado los valores indemnizatorios al tiempo del pronunciamiento y no de la fecha del siniestro, 13 de Junio de 2010 (el falloes del 14 de Febrero de 2014). Si se mantuviera el criterio del juzgador, defendido por la actora, se produciría un resultado desproporcionado y arbitrario, un enriquecimiento sin causa del acreedor en detrimento de la deudora al computarse dos veces la actualización. En este sentido se ha expedido la Sala en varios procedentes. En la reciente causa: «Salasevicius c. S.E.M.T.U.R. y otro», Acuerdo nº 305-2014, del 31 de Octubre de 2014, el Cuerpo ha expuesto que: «en juicio por daños y perjuicios donde los valores se determinan o cuantifican al momento del dictado de la sentencia y no del hecho, no corresponde aplicar una tasa de interés activa o mixta porque dic hos valores han sido mensurados o actualizados en la fecha del dictado del veredicto, pues el proceder postulado por el actor representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido a favor del acreedor y en detrimento del deudor que la justicia no puede convalidar. Es que se estaría computando, sin duda, dos veces la misma cosa:la desvalorización monetaria operada entre la fecha del hecho, o posterior a él, y la sentencia, dado que en éste ya se contemplaron los valores a la época de su dictado, en tanto que la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos la depreciación monetaria. En parecidos términos se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe en la causa: «A.M.A. y otros c. Provincia de Santa Fe», del 10 de Julio de 2008, publicada en la Ley Litoral 2008-p.985. Tampoco es un agravio computable el hecho de que el juez haya aplicado, en lo pertinente, el antecedente de la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal del 20 de Abril de 2009, causa: «Samudio de M. ez c. Transportes 270 SRL», fallo plenario, porque si bien éste es vinculatorio en aquélla jurisdicción, el magistrado simplemente estuvo de acuerdo con la doctrina allí emanada y ello no tiene nada de objetable, por el contrario la Sala comparte el criterio judicial aplicado por el judicante. Es decir, se aplicó la doctrina en cuanto tal, independientemente de su no obligatoriedad para nuestra jurisdicción.c) En resumen, siguiendo los lineamientos de esta Sala, antes de ahora, en la causa: «Gatto c. Prost S.A. s. Daños», Acuerdo n° 263/2013, entre otros varios, sobre el particular señaló el A-quo que: «el importe de la indemnización se fijó a un valor actual, por lo que los intereses corridos desde la fecha de producción del daño hasta la fecha de liquidación tienen como única función operar como sanción por la falta de pago oportuno.Dada la valorización actual del importe de la indemnización, la tasa a aplicar no puede ser ninguna de las tasas bancarias, puesto que todas ellas recogen las variaciones del mercado que ya están reflejadas en el importe de la indemnización (porque el mismo varía a través del tiempo, también en función de las condiciones de mercado). Por tal motivo, estimo que se debe aplicar una tasa razonable para deudas que por cualquier mecanismo mantienen su valor (como en este caso). Por ello, fijo la tasa de interés a aplicar entre la fecha en que el daño dejó de producirse (11/04/08) y la fecha de liquidación en el 6% anual. Una vez firme la liquidación, la demandada tendrá un plazo de 15 días para realizar el pago. En caso que no sea realizado dentro del mismo, la deuda generará intereses a la tasa activa del Banco de la Provincia de Santa Fe S.A. no capitalizada, desde la fecha de vencimiento de dicho plazo hasta la fecha de pago». No son convincentes las aseveraciones del apelante con referencia a que en nada influiría la valoración actualizada del daño sobre la procedencia de aplicar intereses moratorios a tasas bancarias porque, a su entender, éstas no reflejarían las variaciones del mercado, alegando también que una tasa del 8% anual resultaría violatoria del derecho de propiedad en un contexto inflacionario como el actual.Reiteradamente ha dicho esta Sala que, en juicios de indemnización de daños y perjuicios en los que se cuantifica el daño a valores actualizados al tiempo del dictado de la sentencia, no resulta justificado aplicar en carácter de interés moratorio una tasa bancaria activa durante el período de la mora anterior al fallo que cuantifica el daño, por tratarse -las tasas bancarias activas- de guarismos que no son puramente una tasa de interés sino que además llevan implícita una corrección monetaria y otros componentes que, de aplicarse en conjunto con la cuantificación del daño al tiempo del dictado de la sentencia, terminarían generando un fenómeno de multiplicación de la deuda a niveles no aceptables o no razonables (CCCRos, Sala I, Acuerdo N° 330, del 24.08.2010, causa: «Menna c. Vecchio»; Acuerdo N° 18 del 16.02.2011, causa: «Santamaría c. Rayco S.R.L.»; Acuerdo N° 47 del 10.03.2011, causa: «Ovejero c. 9 de Julio S.R.L.»; Acuerdo N° 420 del 22.11.2011, causa: «Arredondo c. Rosario Bus S.A.», entre muchos otros). Con similar criterio, la mayoría de las Salas de Cámara Nacional Civil evita extender la tasa activa establecida por dicho Tribunal en el plenario «Samudio de M. ez» al período de la mora anterior al fallo cuando los montos indemnizatorios se fijaron a valores actuales, en el entendimiento de que ello implicaría una alteración del significado económico del capital de condena configurando un enriquecimiento indebido, dada la composición de dicha tasa activa que contempla el factor inflacionario (v. CNCiv, Sala A, 27.04.2009, «Rogala c. Nuevo Ideal S.A.», La Ley Online; CNCiv, Sala A, 11.12.2009, «Voulgaris c. Pasalides S.A.», Responsabilidad Civil y Seguros, Junio 2010, p.168; CNCiv, Sala C, 30.04.2009, «Ricoy c. Metrovías S.A.», La Ley Online; CNCiv, Sala L, 13.05.2009, «Álvarez c. Falabella», La Ley 2009-D-167; CNCiv, Sala D, 21.05.2009, «Rozadilla c.Renzullo», La Ley Online; CNCiv, Sala E, 17.06.2009, «Bond c. Coto C.I.C.S.A.», La Ley Online; CNCiv, Sala F, 28.04.2009, «Billalba c. Montana», La Ley Online, entre muchos otros). Los principios rectores del enriquecimiento sin causa y del abuso del derecho no podrían ser desplazados mediante la sola invocación de la doctrina del artículo 565 del Código de Comercio. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial recordó en el plenario «Calle Guevara» del 25.08.2003 (L.L. 2003-E-783), a través del voto mayoritario, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la obligación del deudor no puede exceder el crédito actualizado con un interés que no trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres (arg. arts.953 y 1.071 del Código Civil), descalificando así sentencias que vulneraban garantías constitucionales (Fallos: 315:2980; 316:3131; 317:53 y sus citas; 318:1345; 319:973; entre otros). La misma Cámara, a través de una de sus Salas, ha expresado que «debe recordarse que la circunstancia de que al fijarse la indemnización se la determine en moneda constante y se tenga en cuenta la desvalorización monetaria sobrevenida no exime del pago de los intereses, en lo que corresponde a su función compensatoria de la privación de la falta de oportuna indemnización, si bien cabe determinar una reducción del interés corriente (véase Borda G. ‘Tratado de Derecho Civil – Obligaciones’ ed. 1976, T.1, pág.188). Ello así, pues las tasas de interés bancarias activas corrientes contienen un componente destinado a enjugar la pérdida del valor adquisitivo del dinero, con lo cual si la indemnización resultó fijada a valores actuales a la fecha de la sentencia, contemplando esa pérdida de valor, la aplicación de la tasa activa entre el punto de partida para el cómputo de los intereses y la sentencia, importaría un enriquecimiento indebido.En tales casos corresponderá reconocer pues, solo una tasa de interés puro sobre el capital que ya ha resultado ajustado y se mantuvo en moneda constante» (CNCom, Sala A, 28.12.2010, «Abiusso c. Compañía Financiera Argentina S.A», RCyS 2011-V-127). Por tales razones esta Sala ha considerado adecuado, para el tramo temporal que va desde el inicio de la mora hasta la fecha del fallo de primera instancia que cuantifica el daño, la aplicación de una tasa bancaria pasiva (CCCRos, Sala I, Acuerdo N° 330, del 24.08.2010, causa: «Menna c. Vecchio»; Acuerdo N° 18 del 16.02.2011, causa: «Santamaría c. Rayco S.R.L.»; Acuerdo N° 47 del 10.03.2011, causa: «Ovejero c. 9 de Julio S.R.L.»; Acuerdo N° 420 del 22.11.2011, causa: «Arredondo c. Rosario Bus S.A.», entre muchos otros), o bien la aplicación de una tasa pura del orden de entre el 6% y el 8% anual (esta Sala, Acuerdo N° 214 del 31.07.2012, causa «D´Angelo c. Traverso»). Desde tal perspectiva, la tasa del 8% anual escogida por el A-quo e impugnada por el actor, no resulta desajustada a derecho en lo concerniente al referido tramo temporal.Es más, se advierte que tal conclusión no puede causar agravio al apelante, ya que él mismo sostiene que para una adecuada recomposición de la deuda mediante el interés moratorio debería computarse la depreciación del capital adeudado -lo que se logra mediante la determinación del capital indemnizatorio a valores actualizados al momento del fallo- más como mínimo una tasa pura por la privación del capital del 8% anual -que fue la fijada por el A-quo para el período bajo análisis-. Ahora bien, lo considerado acerca de la impropiedad o inadecuación de resultados a que podría conducir la aplicación de una tasa bancaria activa por el período de mora anterior al fallo que determina el quantum indemnizatorio, no resulta trasladable no sólo respecto del período posterior a la aprobación de la liquidación respectiva -como se desprende de la sentencia de primera instancia- sino tampoco en relación al período posterior al fallo mismo, en atención al contexto inflacionario actual y a la subsistencia de la prohibición legal de utilización de índices de actualización establecida mediante la ley 23.928, teniendo en cuenta que entre el fallo que fija el capital indemnizatorio y la aprobación de la liquidación así como entre ésta y el efectivo pago podrían mediar lapsos más o menos considerables susceptibles de producir una pérdida en el valor real del monto indemnizatorio nominal (criterio reiterado de este Cuerpo en: Acuerdo N° 18 del 16.02.2011, causa: «Santamaría c. Rayco S.R.L.»; Acuerdo N° 47 del 10.03.2011, causa: «Ovejero c. 9 de Julio S.R.L.»; Acuerdo N° 420 del 22.11.2011, causa: «Arredondo c.Rosario Bus S.A.», entre muchos otros). Por lo demás, generalmente se considera que, de aplicarse una tasa bancaria, cabe tomar como referencia las tasas del Banco de la Nación Argentina, en razón de no advertirse motivos para acudir a tasas de entidades financieras privadas y por que muchas normas legales refieren a aquéllas (v. gr. art.565 del Cód. Com.; criterio de esta Sala I en Auto N° 399 del 08.11.2011, causa: «Ceserani c. Chichoni»; Acuerdo N° 249 del 22.08.2012, «Beta S.A. c. Carrefour Argentina S.A.», entre otras). Corresponde el rechazo de la queja (CCCR Sala I; Acuerdo n° 305/2014 del 31 de Octubre de 2014, «Salasevicius c. S.E.M.T.U.R. y otro»).

30) En fin, se hace lugar parcialmente a los agravios y se dispone que el interés por mora a partir de la fecha del hecho sobre el monto definitivo de condena sea del 8% anual sin capitalización hasta el dictado de la sentencia de primera instancia; y a partir de ella hasta el efectivo pago la tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a 30 días; revocándose este aspecto del veredicto.

31) En punto a las costas de la segunda instancia se debe aplicar el art.252 del CPCC, atento la presencia de vencimientos recíprocos entre las partes pero de no pareja entidad jurídica. La actora triunfa parcialmente en la elevación del monto por daño patrimonial por la incidencia de las afecciones estéticas ($ 20.000 en lugar de $ 15.000 fijado por el juez); igualmente en el juicio de responsabilidad civil contractual impugnado por la parte demandada apelante. A su vez, la accionante no tiene éxito en su postulación de elevación del daño moral y en la pretensión de reconocimiento del invocado daño físico por pérdida de la visión.La parte accionada (empresa de transporte y aseguradora) logra éxito parcial en la modificación moderada de la imposición de las costas y en la tasa de interés por mora. Por ello realizando una distribución jurídica de las costas de Alzada es justo que se impongan en un 80% a la demandada apelante y el 20% a la actora.

Así voto.

Sobre la misma cuestión la señora vocal doctora Serra dijo: Que coincide con lo expuesto por el señor vocal doctor Silvestri y vota de la misma forma.

Sobre esta segunda cuestión, el señor vocal doctor Ariza dijo: Que hace suyas las razones expuestas por el señor vocal preopinante y vota en consecuencia.

A la tercera cuestión el señor vocal doctor Silvestri dijo que corresponde: i) Desestimar el recurso de nulidad; ii) Admitir parcialmente el recurso de apelación de la actora en el sentido que se eleva el rubro daños a las personas (daño patrimonial por la incidencia de las afecciones estéticas), punto 7.1. de la demanda fijándoselo en la suma de $ 20.000 (en lugar de $ 15.000 de la primera instancia); y rechazar el resto de los agravios; iii) Admitir parcialmente sendos recursos de apelación de la parte demandada (Rosario Bus S.A. y su aseguradora) en el tema de las costas de la primera instancia; en consecuencia se modifica tal aspecto del fallo anterior y se distribuyen las costas de la instancia de grado en un 90% a la parte demandada y el 10% a la actora. Igualmente se revoca la tasa de interés determinada por el juez de primera instancia, rigiendo en su lugar desde la fecha del hecho hasta el dictado de la sentencia sobre el monto definitivo de condena el 8% anual sin capitalizaciones y desde la fecha del veredicto anterior hasta el pago la tasa de interés activa sumada que cobra el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documento a 30 días.Rechazar el resto de los agravios de la parte demandada apelante; iv) Las costas de Alzada se distribuyen en un 80% a la parte demandada apelantey el 20% a la actora. Regular los honorarios de los profesionales actuantes en la sede en el 50% de lo que correspondiere regular en la instancia de origen (art.19 de la LA).

Así me expido.

Sobre esta misma cuestión la señora vocal doctora Serra dijo: Que coincide con la resolución propuesta por el señor vocal preopinante, y vota en igual sentido.

Concedida la palabra al señor vocal doctor Ariza,a esta cuestión dijo: Que concuerda con lo expresado por el señor vocal doctor Silvestri y vota de igual manera.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: i) Desestimar el recurso de nulidad; ii) Admitir parcialmente el recurso de apelación de la actora en el sentido que se eleva el rubro daños a las personas (daño patrimonial por la incidencia de las afecciones estéticas), punto 7.1. de la demanda fijándoselo en la suma de $ 20.000 (en lugar de $ 15.000 de la primera instancia); y rechazar el resto de los agravios; iii) Admitir parcialmente sendos recursos de apelación de la parte demandada (Rosario Bus S.A. y su aseguradora) en el tema de las costas de la primera instancia; en consecuencia se modifica tal aspecto del fallo anterior y se distribuyen las costas de la instancia de grado en un 90% a la parte demandada y el 10% a la actora. Igualmente se revoca la tasa de interés determinada por el juez de primera instancia, rigiendo en su lugar desde la fecha del hecho hasta el dictado de la sentencia sobre el monto definitivo de condena el 8% anual sin capitalizaciones y desde la fecha del veredicto anterior hasta el pago la tasa de interés activa sumada que cobra el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documento a 30 días. Rechazar el resto de los agravios de la parte demandada apelante; iv) Las costas de Alzada se distribuyen en un 80% a la parte demandada apelante y el 20% a la actora. Regular los honorarios de los profesionales actuantes en la sede en el 50% de lo que correspondiere regular en la instancia de origen (art.19 de la LA). Insértese, hágase saber y bajen. (Expte. Nro. 86/2014).

mm.

SILVESTRI

SERRA

ARIZA

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: