Reclamo del importe de los alquileres que las actoras se vieron privadas de percibir como consecuencia de las inundaciones en su unidad funcional

DineroPartes: Salomón Buffa Mónica y otro c/ Consorcio de Propietarios Arenales 1805 s/ daños y perjuicios derivados de la propiedad horizontal

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 27-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90697-AR | MJJ90697 | MJJ90697

Reclamo del importe de los alquileres que las actoras se vieron privadas de percibir como consecuencia de las inundaciones en su unidad funcional, y reconocimiento del daño moral causado. 

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda contra el consorcio de propietarios, condenándolo a indemnizar a las actora por los perjuicios sufridos a raíz de las inundaciones producidas en su unidad funcional, lo cual acarreó la imposibilidad de locarla, toda vez que los pobres argumentos que ensaya el recurrente acerca de la responsabilidad que se le atribuyó, al igual que con respecto a la excepción de prescripción opuesta y a la prescripción declarada respecto de la empresa de aguas, no pasan de ser meras discrepancias que carecen del serio análisis jurídico de la cuestión bajo examen, debiendo reconocerse un resarcimiento por daño moral sufrido.

2.-Para obtener el resarcimiento por lucro cesante, fundado en la imposibilidad de alquilar su unidad funcional, se debe acreditar que la privación de esa ganancia esperada obedecía exclusivamente al estado ruinoso del el inmueble, a cuyo efecto debe producir prueba apta para tal fin; si bien las demandantes acreditaron debidamente con la prueba testimonial que el contrato de locación celebrado con un locatario debió ser rescindido debido a las inundaciones, con respecto a las restantes locaciones invocadas, sólo se demostró que uno de ellos fue rescindido pero no se indicó la causa, ni se ofreció ningún otro elemento para acreditarla.

3.-El daño moral consiste en una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial, y se encuentra en cabeza de quien lo alega, la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las presunciones; no caben dudas de que las reiteradas inundaciones con aguas cloacales que sucedieron en el departamento de las demandantes a largo de diez años les han generado profundos malestares y angustias a pesar de no habitar en el inmueble en el que sucedían, pues ellas debían preocuparse y ocuparse de los daños que tales inundaciones causaban en el departamento, máxime cuando el tiempo transcurrían y el consorcio no brindaba ninguna solución definitiva al problema.

4.-La dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida. En el caso de autos, teniendo en cuenta las angustias que un evento como el ocurrido pudo haber generado en las actoras, corresponde otorgar una suma para cada una de ellas por esta partida.

5.-El resarcimiento por pérdida del valor venal debe ser cierta y surgir no sólo de una apreciación técnica derivada del respectivo informe técnico, sino también de otros elementos que demuestren el desmedro efectivamente sufrido. En el caso, era carga de las actoras probar que las reparaciones que se efectuaron en el inmueble fueron insuficientes para devolverlo a su estado original, lo cual no fue acreditado, debiendo rechazarse la indemnización por esta partida.

6.-Según la doctrina sentada en el fallo plenario dictado en los autos Samudio de Martínez, Ladislao c. Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios , del 20/4/2009, se debe fijar la tasa activa desde el momento en que se causó cada perjuicio. En el caso, corresponde disponer que el capital de condena reconocido debe liquidarse a la tasa activa, por el período establecido en la sentencia.

Fallo:

En Buenos Aires, a los días del mes de noviembre de 2014, hallándose reunidos los señores jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “Salomón Buffa, Mónica y otro c/ Consorcio de Propietarios Arenales 1805 s/ Daños y perjuicios derivados de la propiedad horizontal”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Picasso dijo:

I.- La sentencia de fs. 667/73 rechazó la defensa de prescripción opuesta por la demandada y admitió la demanda promovida por Mónica Salomón Buffa y por Patricia Salomón Buffa contra el consorcio de propietarios del edificio de la calle Arenales 1803/05/07/09/11/13 y 1821, esquina av. Callao 1202/04/06/08 y1218, de esta ciudad. Por consiguiente, condenó a este último a abonar a las primeras la suma de $51.600, más intereses y costas. Asimismo, declaró prescripta y rechazó la demanda respecto de la tercera citada AYSA S.A., con costas al consorcio.

Contra dicho pronunciamiento apelaron las actoras y el consorcio demandado. A fs. 729/34 expresaron agravios las demandantes, los que fueron contestados a fs. 743/44. Por su parte, el emplazado hizo lo propio a fs. 735/37, lo que mereció las réplicas obrantes a fs. 739/42 y 745/46.

II.-Me referiré en primer término a los agravios del consorcio demandado acerca de la responsabilidad que le atribuyó la sentencia.

Esta sala ha sostenido reiteradamente que para que exista expresión de agravios no bastan manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, el planteamiento de cuestiones ajenas. Se exige legalmente que se indiquen, se patenticen, se analicen parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada. Ello no significa ingresar en un ámbito de pétrea conceptualización, ni de rigidez insalvable.En el fecundo cauce de la razonabilidad, y sin caer en un desvanecedor ritualismo de exigencias, deben indicarse los equívocos que se estiman configurados según el análisis -que debe hacerse- de la sentencia apelada (esta sala, 11/2013 “Gini, Marcela Alejandra c/ Ponce, Jorge Gustavo y otro s/ daños y perjuicios”, L. 629.142; 20/5/2013, “Ávila, Gustavo José c/ Transporte Automotor Plaza SACI y otros s/ Daños y perjuicios” L. 616.334″; ídem, 8/2/2013, “Abraham, Christian Walter c/ Rodríguez, Diego Cristian y otros s/ Desalojo por vencimiento de contrato” L. 604.274; entre muchos otros).

En su escrito el apelante debe examinar los fundamentos de la sentencia y concretar los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan las quejas. Su función consiste en mantener el alcance concreto del recurso y fijar la materia de reexamen por el ad quem, dentro de la trama de las relaciones fácticas y jurídicas que constituye el ámbito del litigio.

Luego de analizar la pieza presentada por el recurrente no puedo menos que concluir que, en este punto, no cumple con los requisitos de suficiencia técnica exigidos por los arts. 265 y 266 del Código Procesal, pues se limita a manifestar su desacuerdo con lo decidido en la sentencia sin formular una crítica concreta y razonada de los fundamentos allí contenidos.

En efecto, en primer lugar pongo de resalto que el emplazado, en su pieza recursiva, transcribe en forma casi textual párrafos de su escrito de contestación de demanda (vid. fs. 215 y vta. y 216) y de su alegato (vid. fs. 646), lo cual lejos se encuentra de constituir técnicamente un agravio.

Por otra parte, para criticar la decisión de grado el recurrente alude sólo parcialmente a la pericia, sin hacerse cargo de lo informado por el perito ingeniero al contestar las impugnaciones a su dictamen.

El experto explicó (fs.417/20): “lo más importante realizado por el consorcio (después de siete años y diez inundaciones) fue la salida de los efluentes cloacales por una nueva conexión de toda la descarga de la columna B con aumento del diámetro de la salida horizontal a 6 pulgadas. Tal hecho creo que pone fin y da solución al grave problema de las inundaciones del departamento 2º B” (sic, fs. 419). Luego, al contestar las impugnaciones que le formularon las actoras (fs. 459) y AySA S.A. (fs. 464/65) -esta última en base a las observaciones que efectuó su consultor técnico (fs. 463)-, el perito fue concluyente al señalar que aceptaba las observaciones del consultor técnico y que estaba de acuerdo con él en que: “los problemas eran sobre las instalaciones internas (.) El tapón se producía debajo del segundo piso en el tramo horizontal de la cañería hasta antes de la conexión aproximadamente. La diferencia de nivel observada y fotografiada ante Escribano que figura en la Demanda indica una pequeña diferencia que no sería causa del taponamiento y que además ya quedó solucionado al AYSA suprimiendo la cámara en vereda en la nueva conexión. que solicitó el consorcio” (sic, fs. 495 vta.). Las impugnaciones de la actora (fs. 459) fueron contestadas a fs. 501/02, mientras que el demandado -ahora apelante- no expuso ninguna observación a la pericia.Tampoco lo hizo en el alegato, en el que ni siquiera intentó rebatir las conclusiones antes indicadas.

Eso deja sin sustento los pobres argumentos que ensaya el recurrente acerca de la responsabilidad que se le atribuyó en la sentencia en crisis y la que, a su vez, él pretende endilgar a AYSA S.A., por lo que entiendo que debe declarase desierto este aspecto del recurso de apelación.

Entiendo que la misma solución debe darse a los agravios relativos a la excepción de prescripción opuesta por el emplazado y a la prescripción declarada respecto de AySA, puesto que no pasan de ser meras discrepancias con la decisión de grado, que carecen del serio análisis jurídico de la cuestión bajo examen que habría habilitado su tratamiento.

Por consiguiente, propicio que se declare desierto el recurso de apelación del demandado, y firme la atribución de responsabilidad efectuada en el fallo recurrido.

III.- Sentado lo que antecede, corresponde analizar las quejas sobre las partidas indemnizatorias cuestionadas por las demandantes.

a.- Lucro cesante

Las actoras reclamaron el importe de los alquileres que se vieron privadas de percibir como consecuencia de que, según sus dichos, a raíz de las inundaciones debieron rescindir los contratos de locación que habían celebrado. Si bien este reclamo fue encuadrado como una pérdida de chance, estimo que el magistrado de grado lo encuadró correctamente como un lucro cesante, lo cual -por otra parte- no mereció queja alguna.

Efectuada esta aclaración, he de señalar que por este concepto se reconoció a las actoras la suma de $19.200 por los alquileres que dejaron de percibir desde enero hasta septiembre de 2004, en relación al contrato de locación celebrado con M. A. B., respecto a lo cual no se elevó crítica alguna.Las demandantes se agravian porque consideran que también debió condenarse al pago del valor de los alquileres de los otros dos contratos de locación que -según ellas- no pudieron cobrar hasta el momento en que se verificaron los arreglos que pusieron fin al problema que originó estas actuaciones, ya que aquellos otros contratos también debieron rescindirse debido a las inundaciones. También afirman que luego no pudieron poner en alquiler el inmueble a causa de a tal situación.

Desde ya adelanto que considero que la solución brindada por el colega de la anterior instancia es la correcta.

En efecto, si el propietario invoca un lucro cesante debido a la imposibilidad de alquilar su unidad funcional, debe indispensablemente acreditar que la privación de esa ganancia esperada obedecía exclusivamente al estado ruinoso que ofrecía el inmueble, a cuyo efecto debe producir prueba apta para tal fin (esta cámara, Sala J, 25/4/2007 “Fundación Madre de la Esperanza c/ Consorcio de Propietarios de la calle F. Roosevelt 2022”, La Ley Online AR/JUR/2499/2007).

Las demandantes acreditaron debidamente con la prueba testimonial de fs. 333/34 que el contrato de locación celebrado con la Sra. B. debió ser rescindido debido a las inundaciones. Los alquileres caídos por esta rescisión fueron reconocidos en la sentencia.

Las restantes locaciones invocadas por las actoras corresponden a los contratos agregados a fs. 605 y 611. Sólo se demostró que este último fue rescindido con el instrumento de fs. 612, pero no se indicó allí la causa de esa decisión. De todos modos la documentación acompañada por las actoras fue desconocida por su contraria al contestar demanda (fs. 213).

Asimismo, nótese que se declaró negligente a las demandantes en la producción de la prueba testimonial consistente en la declaración de los locatarios relativos al contrato de fs. 611 (vid. fs. 353), y no se ofreció ningún otro elemento para acreditar la locación, la rescisión del otro contrato, ni los motivos que llevaron a ella.Esto es lo que debió acreditarse, ya que no alcanza con demostrar que el bien fue locado para obtener un resarcimiento por lucro cesante.

De lo hasta aquí expuesto resulta, a mi entender, que no se probó la causa de la falta de percepción de los alquileres durante distintos períodos entre septiembre de 2004 (mes hasta el cual se condenó al pago de alquileres) y marzo de 2007 (mes en que se rescindió el último contrato), por lo que no corresponde reconocer suma alguna por tales períodos.

Más tarde, el departamento de las demandantes estuvo ocupado por el hijo de una de ellas, el Sr. N., pero no se dijo si abonó algún alquiler, si se trató de un comodato, o si existió algún otro tipo de convenio entre él y las propietarias, lo cual estimo que debió aclararse. Tampoco dijeron las recurrentes en qué mes comenzó el mencionado a ocupar la unidad, y si bien a partir de las actas notariales de fs. 625/26 y fs. 631/32 se puede inferir que estaba allí desde marzo de 2009, es claro que había ingresado con anterioridad.

Considero que esta conducta procesal reticente de parte de las demandantes no puede favor ecerlas (art. 163 inc. 5 in fine, Código Procesal), máxime cuando -contrariamente a lo que deslizan en su escrito de expresión de agravios- pesaba sobre ellas la carga de acreditar la efectiva existencia de los daños cuya reparación reclaman y su relación causal con el hecho ilícito (art. 377 del Código Procesal).

Por todo ello, juzgo que corresponde desestimar los agravios y confirmar la sentencia de grado en este aspecto.

b.- Daño moral

En la sentencia apelada no se reconoció esta partida indemnizatoria, para lo cual el juez adujo que las demandantes no vivían en el inmueble, y que lo ocupaba su hijo.

El daño moral puede definirse como “una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial.O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (Pizarro, Ramón D., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en la diversas ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31).

En lo que atañe a su prueba, cabe señalar que, a tenor del principio que sienta el art. 377 del CPCCN, se encuentra en cabeza de la actora la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, “Equitativa valuación del daño no mensurable”, LL, 1990-A-655).

Ahora bien, no se me escapa que en el caso el hecho ilícito produjo la lesión de bienes materiales. Sin embargo, estimo que esa sola circunstancia no es suficiente para determinar la exclusión de la reparación del daño moral, pues lo que importa no es tanto la naturaleza de los bienes lesionados, sino los intereses que se hallaban conectados con ellos, y en especial, las consecuencias que ese menoscabo generó en la esfera extrapatrimonial de las demandantes.En ese derrotero, señalo que en un caso de similares características al sub lite se ha decidido que el hecho de que el copropietario de un inmueble no habite en él de forma permanente no le impide reclamar una indemnización por el daño moral que alegó padecer con motivo de las filtraciones provenientes de la vivienda del demandado, si eso produjo un daño a sus afecciones legítimas, perturbó su tranquilidad y le provocó angustia y sufrimiento (esta cámara, Sala E, 10/9/2010, “Perrino, Elizabeth c/ Tschubarov, Adrián”, La Ley Online AR/JUR/61577/2010). No me caben dudas de que las reiteradas inundaciones con aguas cloacales que sucedieron en el departamento de las demandantes a largo de diez años deben haberles generado profundos malestares y angustias a pesar de no habitar en el inmueble en el que sucedían, pues ellas debían preocuparse y ocuparse de los daños que tales inundaciones causaban en el departamento, máxime cuando el tiempo -y las inundaciones- transcurrían y el consorcio no brindaba ninguna solución definitiva al problema. Estimo que otras tantas amarguras debieron sufrir las actoras ante la necesidad de rescindir el contrato de locación en virtud de lo cual se reconoció la existencia de un lucro cesante. Asimismo, todos estos percances se tradujeron sin duda en considerables pérdidas de tiempo, lo cual -teniendo en cuenta que nuestro tiempo vital es limitado e irrecuperable- se traduce sin duda en un daño moral resarcible (Zavala de González, Matilde, “Los daños morales mínimos”, LL 2004-E-1311).

Sentado que debe reconocerse, en el caso, la existencia de un daño moral resarcible a favor de las actoras, corresponde ahora examinar el criterio que corresponde adoptar para proceder a su valuación.

Al respecto, cabe recordar lo recientemente señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que:”Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (.). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida” (CSJN, 12/4/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros” , RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós).

En otras palabras, el daño moral puede “medirse” en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge M., “Breve apostilla sobre el daño moral (como “precio del consuelo”) y la Corte Nacional”, RCyS, noviembre de 2011, p. 259).

La misma idea surge del art. 1741 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación recientemente promulgado, a cuyo tenor: “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”. Si bien ese cuerpo normativo recién entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2016 (art.7, ley 26.994) es indudable que los preceptos que lo integran deben inspirar la interpretación de las normas del Código Civil que todavía se encuentra vigente, en la medida en que recogen -por lo general- la opinión doctrinal y jurisprudencial mayoritaria respecto de los diversos puntos del derecho civil (vid. el punto II.I.1.2. de los fundamentos del anteproyecto presentado por la Comisión Redactora) y que, sobre todo, reflejan la decisión del legislador actual acerca de cómo deben regularse los distintos aspectos de la vida civil de nuestro país. Precisamente por eso, sus normas, incluso antes de su entrada en vigencia, deben ser tenidas en cuenta por los jueces en tanto manifestación de la intención del legislador, que como es sabido es uno de los criterios rectores en materia de interpretación normativa.

Es ese el criterio que tendré particularmente en cuenta para evaluar la suma que corresponde fijar en el sub lite en concepto de daño moral, a la luz de las características del hecho generador, su repercusión espiritual en la víctima, y las demás circunstancias del caso.

Sentado lo anteriormente expuesto, y las angustias que un evento como el de autos pudo haber generado en las actoras, estimo que debe modificarse la sentencia apelada, y otorgarse la suma de $15.000 para cada una de ellas por esta partida.

c.- Pérdida del valor venal del inmueble

El magistrado rechazó esta partida debido a que consideró que ella se encontraba cubierta con el monto otorgado por las reparaciones efectuadas en el departamento.

Para dar lugar a un resarcimiento, la pérdida del valor venal debe ser cierta y surgir no sólo de una apreciación técnica derivada del respectivo informe técnico, sino también de otros elementos que demuestren el desmedro efectivamente sufrido.

En el caso, era carga de las actoras probar que las reparaciones que se efectuaron en el inmueble fueron insuficientes para devolverlo a su estado original, lo cual no fue acreditado. El perito tasador (fs.538 y 556/57) se expidió respecto de la incidencia de las reparaciones realizadas en el valor del bien, pero no surge de sus informes cómo calculó el valor que el inmueble tenía antes de los deterioros. Nótese, por ejemplo, que la existencia anterior del piso de roble de Eslovenia no fue acreditada.

En consecuencia, propongo al acuerdo confirmar lo decidido sobre este rubro.

IV.- En la sentencia apelada se estableció que los intereses deben correr al 6% anual desde la fecha de notificación del traslado de demanda y hasta la sentencia, y que desde este momento y hasta el efectivo pago de la indemnización se aplicará la tasa de interés activa fijada por el plenario “Samudio” .

Contra esta decisión se alzan las actoras, quienes solicitan la aplicación de la tasa activa por todo el período.

Como lo he expuesto en numerosos precedentes (vid. por ejemplo mi voto como juez de la Sala A de este tribunal in re “Piñeiro, Gabriel Alberto c. Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios”, del 10/11/2011, libre n° 574.847), soy de la opinión de que, por aplicación de la doctrina sentada por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios”, del 20/4/2009, debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento en que se causó cada perjuicio, y estimo -por los argumentos que expuse en mi voto en la causa ya citada, a la que me remito- que la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria.

Por otra parte, no desconozco que el art. 303 del CPCCN fue derogado por el art. 12 de la ley 26.853, recientemente sancionada. Sin embargo, en virtud del art.15 de aquella norma, tal disposición recién entrará en vigor a partir de la efectiva integración y puesta en funcionamiento de los tribunales que allí se crean, razón por la cual hasta ese momento continúa vigente la doctrina plenaria.

Considero, entonces, que corresponde modificar lo decidido en la sentencia de grado, y disponer que el capital de condena reconocido deberá liquidarse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, aunque por el período establecido en la sentencia, puesto que no hubo agravios sobre ese último aspecto.

V.- Finalmente, propicio que las costas de alzada se impongan al consorcio demandado, quien resultó sustancialmente vencido (art. 68, Código Procesal).

VI.- Por todo ello, y para el caso de que mi voto fuere compartido, propongo al acuerdo declarar desierto el recurso del demandado y hacer lugar parcialmente al de las actoras, y en consecuencia: 1) Modificar la sentencia apelada del siguiente en el sentido de: a) Establecer un resarcimiento por “daño moral” a favor de las actoras, y fijar ese rubro en la suma de $15.000 para cada una de ellas, y b) disponer que los intereses deberán calcularse en la forma establecida en el considerando IV de este voto; 2) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, y 3) Imponer las costas de alzada al consorcio demandado.

El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Picasso, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO.

Sebastián Picasso.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I.- 1) Modificar la sentencia apelada del siguiente en el sentido de:a) Establecer un resarcimiento por “daño moral” a favor de las actoras, y fijar ese rubro en la suma de $15.000 para cada una de ellas, y b) disponer que los intereses deberán calcularse en la forma establecida en el considerando IV; 2) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, y 3) Imponer las costas de alzada al consorcio demandado.

II.- En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de fs. 673/673 vuelta y fs. 713 y regular los honorarios de los profesionales intervinientes, adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.

En lo que se refiere a la base regulatoria, este Tribunal ha resuelto que de conformidad con lo establecido por el art. 19 de la ley 21.839, debe considerarse como monto del proceso a los fines arancelarios al capital de condena con más los intereses reclamados y reconocidos en la sentencia (autos “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero” del 27/09/11).

Sentado lo anterior se tendrá en cuenta la naturaleza del asunto, etapas cumplidas por cada uno de los profesionales intervinientes, mérito de su labor apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432.

En consecuencia, regúlanse los honorarios de las Dras. Paula Damiana Ceballos y Viviana S. Carabcievschi Castelli letradas apoderadas de la parte actora en la suma de ($.), por sus actuaciones en las tres etapas del proceso.

Los del Dr. Alberto María Ortiz letrado patrocinante y apoderado a partir de fs. 564 de la parte demandada en la suma de ($.) por su actuación en las tres etapas del proceso.

Los de los Dres. Claudio María Festa y María Paula Ceccon letrados apoderados de AYSA S.A.en la suma de ($.), en conjunto por sus actuaciones en las tres etapas del proceso.

III.- En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a sus respectivos dictámenes, mérito, calidad y extensión de la tarea, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).

Por lo antes expuesto se regulan los honorarios del perito ingeniero Gerardo Jorge Mazieres en la suma de ($.). Los del perito tasador martillero Andrés Leonardo Muhlrad en la suma de ($.). Los del perito contador Fernando Luis Koval en la suma de ($.). Los del perito consultor técnico por AYSA S.A. arquitecto Claudio Alejandro Barbieri en la suma de ($.). Los del perito consultor técnico por AYSA S.A. contador José Alberto Albanese en la suma de ($.).

IV.- En cuanto a los honorarios del mediador, esta Sala entiende, por mayoría de votos de sus integrantes, que a los fines de establecer los honorarios de los mediadores corresponde aplicar la escala arancelaria vigente al momento de la regulación (cfr. autos “Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.”, del 25/10/2013, Exp. 6618/2007, con disidencia del Dr. Picasso).

En consecuencia, ponderando el monto de la sentencia y lo dispuesto por el Dec. 1467/2011, Anexo III, art. 1, inc. g), se fija el honorario del Dr. Julio A. Teisera en la suma de ($.).

V.- Por su actuación en la etapa recursiva que culminó con el dictado de la presente sentencia definitiva, regúlanse los honorarios de la Dra. Paula Damiana Ceballos por su intervención en el carácter de letrada apoderada de la parte actora en la suma de ($.). Los del Dr. Alberto María Ortiz por su intervención en el carácter de letrado apoderado de la parte demandada en la suma de ($.). Los de la Dra. Marta Paula Ceccon letrada apoderada de AYSA S.A. en la suma de ($.). (art. 14 del Arancel).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO.

Sebastián Picasso.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.

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