Sanción a una cadena de supermercados por la falta en sus góndolas de los productos ofertados en el marco del Programa Precios Cuidados.

preciosPartes: Jumbo Retail Argentina S.A. c/ DNCI s/ recurso directo Ley 24.240 – art. 45

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 9-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-90751-AR | MJJ90751 | MJJ90751

Se confirmó la sanción a una cadena de supermercados por la falta en sus góndolas de los productos ofertados en el marco del Programa Precios Cuidados.

Sumario:
1.-Corresponde rechazar el recurso de apelación directa interpuesto por una cadena de supermercados contra la Disposición de la Dirección Nacional de Comercio Interior Nº 46/2014, mediante la cual se le impuso una sanción de multa, por infracción al art. 7º de la ley nº 24.240, debido al incumplimiento de oferta de los productos del Programa Precios Cuidados , ya que se encuentra acabadamente demostrado en autos el incumplimiento normativo sancionado en el acto administrativo impugnado en autos.

2.-Resultan irrelevantes e improcedentes las cuestiones fácticas invocadas por la apelante que refieren a la supuesta falta de inspección del depósito del establecimiento y a la eventual sustitución de los productos faltantes con otros similares, pues aún en el supuesto en que los productos sindicados como faltantes en las góndolas se encontraran en el depósito, ello no enerva el incumplimiento atribuido, ya que, en el momento en que se llevó a cabo la inspección, los productos no estaban a disposición del público consumidor -mediante la correspondiente exhibición en las góndolas- pese a estar ofertados por la firma de supermercados.

3.-Cabe hacer notar que la apelante no prueba y ni siquiera invoca la cuestión fáctica contemplada en la cláusula sexta del convenio como condición habilitante de un posible acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa en orden a proceder a reemplazar algunos de los productos enumerados en el Anexo I del convenio suscripto entre ellos.

4.-Debe desestimarse la alegada falta de provisión suficiente de algunos de los productos individualizados en el Anexo I del convenio, habida cuenta que la recurrente no acreditó haber sido eximida -por parte de la Secretaría de Comercio- de las obligaciones emergentes del convenio respecto de los productos detallados en el Acta de infracción, para la zona en cuestión y para la fecha en que se llevó a cabo la inspección, conforme la cláusula quinta del convenio suscripto, que establece en cabeza de la empresa de supermercados el deber de notificar de forma inmediata y fehaciente a la Secretaría la falta de provisión suficiente de los productos.

5.-Corresponde rechazar el agravio relacionado con el exceso en la punición, en la medida en que el importe de la multa aplicada se ajusta a la escala sancionatoria prevista en la res. S.C. Nº 20/2014 -y no supera el máximo establecido en el inc. b) del art. 47 de la ley nº 24.240-, de manera que se verifica que el acto administrativo impugnado justificó fáctica y normativamente la infracción atribuida a la sumariada como, asimismo, explicitó cada uno de los factores de ponderación que se tuvieron en cuenta a los efectos de discernir la sanción a aplicarse.

Fallo:

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2014.- MST

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que, por Disposición D.N.C.I. Nº 46/2014 -que obra glosada a fs. 68/75-, se impuso a la firma Jumbo Retail Argentina S.A. sanción de multa de $482.000, por infracción al art. 7º de la ley nº 24.240 y, al efecto, se precisó que, realizada una inspección a dicha firma, se había constatado el incumplimiento de oferta de los productos del Programa “Precios Cuidados” detallados en el Acta Nº 4174, con la salvedad de los tres productos individualizados en el mencionado acto administrativo.

En primer término, se indicó que las actuaciones tenían su origen en el Acta Nº 4174, por la que se dejó asentado la presencia de un inspector de la Dirección de Lealtad Comercial en la firma Jumbo Retail Argentina S.A. (Supermercados VEA) sito en Av. San Martín Nº 6795 de la C.A.B.A., quien procedió a realizar una inspección ocular de los productos para la venta en góndolas del local que dicha firma publicitaba a través de un cartel de anuncio fijado en el ingreso del salón de ventas y revistas de ofertas referente al Programa “Precios Cuidados” y en la cual se dejó constancia de un eventual incumplimiento de oferta, ello teniendo en cuenta el acuerdo suscripto por la firma con el Estado Nacional al amparo de la Resolución Nº 2/2014 de la Secretaría de Comercio. Asimismo, se detallaron los productos faltantes.Al respecto, se señaló: que, por la mencionada Resolución Nº 2 de la Secretaría de Comercio del 3/01/2014 se aprobó el modelo del convenio de compromiso de precio final de venta al consumidor por parte de las empresas de supermercados; que la firma sumariada -para sus cadenas Jumbo, Disco y VEA- suscribió con la citada Secretaría -en fecha 9/01/2014- el convenio con sustento en el modelo aprobado por la Resolución Nº 2/2014 y; que, en virtud del mencionado convenio, se comprometió a vender al consumidor final de forma constante e ininterrumpida la totalidad de los productos que se enumeran en su Anexo I, entre los que se encuentran los productos indicados en el Acta Nº 4174, razón por la cual dichos productos deben estar disponibles para el público consumidor durante toda la vigencia del acuerdo, circunstancia que no ocurrió en la especie.

También, se observó: que el art. 7º de la ley nº 24.240 está precisamente dirigido a quienes ocupan el último eslabón de la cadena de comercialización y efectúan la oferta a los consumidores y; que la oferta en cuestión fue claramente realizada por la empresa sumariada en la medida en que exhibió mediante un cartel en la entrada de su salón comercial, los productos incluidos en el Programa “Precios Cuidados” como, asimismo, por medio de revistas. Y, se destacó que la cláusula quinta del convenio suscripto con la Secretaría de Comercio prevé que, en caso de falta de provisión de productos, la empresa de supermercados notificará a esa Secretaría, quien puede eximir ante causa justificada a la primera de las obligaciones emergentes del acuerdo.En tales condiciones, el acto administrativo advirtió que, en el caso, no se corroboró la utilización del mecanismo previsto en la citada cláusula quinta en tanto la copia de las alertas realizadas – aun cuando no había constancia de que hubiesen sido autorizadas por la Secretaría de Comercio- permitía advertir que detallaban productos que no fueron objeto de imputación en el Acta Nº 4174 y que lo mismo ocurría con el informe de stock.

Por último, se puso de resalto: que la última cláusula del convenio refiere a que las partes se comprometen a dar completo e irrestricto cumplimiento a las obligaciones emergentes del mismo bajo los principios de buena fe, máxima colaboración y transparencia, en el marco de la normativa vigente; que el convenio suscripto establece derechos y obligaciones recíprocos y genera una oferta de productos que ambas partes han difundido a los consumidores en general y que es sobre dicha oferta que se proyectan los deberes de los proveedores para con los consumidores, previstos en las disposiciones de la ley nº 24.240; que las infracciones formales no requieren la producción de ningún resultado o evento extraño a la acción misma del sujeto para su configuración; que la ley nº 24.240 constituye un sistema jurídico que tiende a la protección y defensa de los consumidores y usuarios ante la situación de debilidad que éstos se encuentran por las notables desigualdades que generalmente se verifican en sus relaciones con los empresarios; la plena fe que reviste el acta obrante en autos y; que se tiene en cuenta la posición relevante en el mercado que ocupa la firma infractora, el número de productos en transgresión a la oferta realizada y el perjuicio significativo generado al consumidor dado que los productos faltantes resultan de uso masivo y de primera necesidad y se hallan incluidos en una canasta básica cuyo abastecimiento a un precio determinado fue convenido con la Secretaría de Comercio.

II.- Que, por presentación de fs. 78/93, JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A.interpone recurso de apelación directa contra la mencionada Disposición D.N.C.I. Nº 46/2014 y, al efecto, sustancialmente, postula: (a) que el art. 7 de la ley nº 24.240 es inaplicable al caso, ya que no se trata de una oferta típica sino de un Convenio de Compromiso de Precios Final de Venta acordado con el gobierno nacional; que, en el citado convenio, la declaración de la voluntad de quien hace la oferta está limitada por los propios términos del acuerdo impuestos por la parte que tiene más poder en la negociación, que es el propio gobierno nacional; que la posibilidad de revocar la oferta o que se produzca la caducidad de la misma – supuestos que están contemplados en el segundo párrafo del art. 7 de la ley nº 24.240- no se encuentran previstos en el convenio firmado entre Jumbo y el gobierno nacional; que el contexto de la oferta en cuestión no es el usual, ya que por el mencionado art.7 de la ley nº 24.240 se puede limitar la oferta; (b) que el gobierno fue quien asumió la difusión del convenio, obligando a la empresa de supermercados a exhibir y consignar los precios establecidos en el mismo; que la publicidad de la oferta no la hace el supermercado; que los precios cuidados incluyen productos que se comercializan a un precio inferior a los similares en cada rubro; (c) que, si bien se establecieron obligaciones, no se fijó sanción frente a eventuales situaciones específicas, ya que el propio convenio previó el modo de proceder en los casos de falta de provisión, de modificación y de revisión trimestral; (d) que no está probado que los funcionarios hayan inspeccionado el depósito del establecimiento o que hayan interrogado a su personal para corroborar si los supuestos productos no exhibidos momentáneamente en góndola serían repuestos en lo inmediato; que tampoco se encuentra probado que Jumbo no haya sustituido los faltantes con otros productos similares; que la falta de provisión suficiente de alguno de los productos que tornen de imposible cumplimiento el acuerdo, es una circunstancia cierta y expresamente contemplada; que el acuerdo exige una sincronización de toda la cadena de comercialización; que no se consideraron que las alertas presentadas como pruebas incluían cuatro de los productos mencionados en el Acta Nº 4174; que, en lo que se refiere a la yerba mate Unión, el reporte de alerta temprana -cadenas JRA región AMBA e interior -que comunica la Secretaría de Comercio- informa al producto con “desabastecimiento justificado” y; (e) que se verificó un exceso en la multa impuesta.

III.- Que, por escrito de fs. 135/161vta., el Estado Nacional – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación contesta el traslado conferido respecto del recurso de apelación deducido en autos.IV.- Que, preliminarmente, es oportuno recordar que el Tribunal no está obligado a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “Torre, Hugo c/ CPACF”, del 8/2/07; “Marroquín de Urquiola Ignacio Francisco c/ EN-Mº del Interior Prefectura Naval Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, del 19/7/07; “Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN- PFA y otro s/ daños y perjuicios”, del 11/10/07; “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/98; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc. Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar autónoma”, del 21/10/10, entre otros).

V.- Que, a continuación, corresponde reiterar que el acto administrativo impugnado en autos sancionó a la aquí actora por infracción al art. 7º de la ley nº 24.240 en la medida en que, en virtud de las cuestiones fácticas consignadas en el Acta Nº 4174, tuvo por constatado que la firma sumariada había incumplido la oferta de diecinueve productos del Programa “Precios Cuidados” detallados en la mencionada Acta. Ahora bien, corresponde advertir que, de la compulsa del “CONVENIO DE COMPROMISO DE PRECIO FINAL DE VENTA AL CONSUMIDOR POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SUPERMERCADOS” suscripto -el 9 de enero de 2014- entre el Estado Nacional y Jumbo Retail Argentina S.A. -para sus cadenas Jumbo, Disco y Supermercados VEA-, que fuera acompañado a estas actuaciones por la propia actora y que obra glosado a fs.95/106, se verifica que en virtud de tal convenio la empresa de supermercados se comprometió a vender al consumidor final de forma constante e ininterrumpida la totalidad de los productos enumerados en su Anexo I, a un precio final, único y constante, a partir del 6 de enero de este año, de acuerdo al listado del Anexo II -confr. cláusulas primera, segunda y tercera-.

Asimismo, se debe poner de resalto que el mencionado convenio contempla el supuesto de falta de provisión suficiente de algunos de los productos consignados en el Anexo I que torne de imposible cumplimiento la obligación de venta al consumidor por parte de la empresa de supermercados y que, al respecto, se impone a ésta última el deber de notificar -tal cuestión- de forma inmediata y fehaciente a la Secretaría de Comercio -por los medios que ésta disponga- y que, para tal caso, se prevé que la mencionada Secretaría analice las circunstancias informadas y se la faculta para disponer de medidas de prueba, y de existir causa justificada, se establece que la citada Secretaría podrá eximir a la empresa de supermercados de las obligaciones emergentes de ese convenio respecto al producto comunicado para una determinada zona de venta durante un período cierto de tiempo -confr. cláusula quinta-. Por último, cabe señalar que, en la cláusula décima, las partes se comprometen a dar completo e irrestricto cumplimiento a las obligaciones emergentes de ese convenio bajo los principios de buena fe, máxima colaboración y transparencia, en el marco de la normativa vigente.

VI.- Que, también, corresponde indicar que tanto la Resolución S.C. Nº 2/2014 -que aprobó los modelos de convenio para ser suscriptos con las empresas de supermercados y las empresas proveedoras de productos de consumo masivo- como el convenio firmado por la aquí actora el 9 de enero de este año, tienen como sustento normativo -en cuanto aquí interesa- al art. 42 de la Constitución Nacional y a la ley nº 24.240.En efecto, cabe recordar que la Ley de Defensa del Consumidor, en su art. 7º y en lo que aquí concierne, establece que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice y que, al respecto, prevé que la no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones previstas en el art. 47º de la mencionada norma legal -entra las cuales se encuentra la sanción de multa de $100 a $5.000.000-.

Y, al respecto, se debe destacar que la Resolución S.C. Nº 20/2014 -que aprobó la escala sancionatoria de base prevista para eventuales incumplimientos de oferta de los productos de la canasta del Programa “Precios Cuidados” por parte de las empresas de supermercados signatarias de los convenios aprobados mediante Resoluciones S.C. Nº 2 y 3 de enero de 2014-, en sus consideraciones, expresamente consignó: “Que ante el eventual incumplimiento de las empresas de supermercados en ofrecer para su venta los productos incluidos en la canasta acordada en los Convenios suscriptos con la SECRETARIA DE COMERCIO, en razón de presentarse faltantes injustificados en los locales de comercialización a consumidores finales, tal conducta encuadra en una infracción a la obligación de mantenimiento de la oferta dirigida a potenciales consumidores indeterminados, realizada tanto por las propias empresas de supermercados como por el ESTADO NACIONAL a través de la difusión y publicidad del programa Precios Cuidados.”.

VII.- Que, sentado ello, corresponde poner de relieve que el Acta Nº 04174 del 27 de enero de 2014 -confr. fs. 1/4- da cuenta de que, como resultado de una inspección realizada en la razón social Jumbo Retail Argentina S.A.(VEA) -sita en la calle San Martín nº 6795 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- respecto de los productos que la firma en cuestión publicitaba en la revista de oferta y cartel de anuncio fijados en el ingreso al salón de ventas, se constató que los productos allí individualizados faltaban en las góndolas – nótese que el acto administrativo impugnado excluyó tres productos de los veintidós consignados en el Acta-. Ello así, en virtud entonces de los términos del convenio suscripto -el 9 de enero de 2014- entre Jumbo Retail Argentina S.A. y el Estado Nacional y de las circunstancias fácticas consignadas en la mencionada Acta Nº 04174, se verifica que, en el caso, la aquí actora realizó -en el local inspeccionado- una oferta de los productos comprendidos en el Programa “Precios Cuidados” -ya que tanto la revista de oferta de aquéllos como el correspondiente cartel del anuncio estaban fijados en el ingreso al salón de ventas- empero dicha oferta fue parcialmente incumplida por la empresa de supermercados toda vez que los productos -del mencionado Programa- detallados en el Acta -con la salvedad de los tres excluidos en el acto administrativo apelado- no se encontraban efectivamente a disposición del público consumidor en las respectivas góndolas, ello in infracción al art. 7º de la ley nº 24.240 en cuanto establece que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, norma que -en definitiva- se encuentra plasmada en el convenio suscripto en el cual – cabe reiterar- la empresa de supermercados se obligó a vender al consumidor final de forma constante e ininterrumpida la totalidad de los productos enumerados en el Anexo I, a partir del 6 de enero de este año.

En tales condiciones, son irrelevantes e improcedentes las cuestiones fácticas invocadas por la aquí apelante que refieren – sustancialmente- a la supuesta falta de inspección del depósito del establecimiento y a la eventual sustitución de los productos faltantes con otros similares.En efecto, aún en el supuesto en que los productos sindicados como faltantes en las góndolas se encontraran en el depósito, ello no enerva el incumplimiento atribuido ya que, en el momento en que se llevó a cabo la inspección que da cuenta el Acta Nº 04174, los productos allí individualizados no estaban a disposición del público consumidor -mediante la correspondiente exhibición en las góndolas- pese a estar ofertados por la firma de supermercados. Y, por otro lado, cabe hacer notar que la apelante no prueba y ni siquiera invoca la cuestión fáctica contemplada en la cláusula sexta del convenio como condición habilitante de un posible acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa en orden a proceder a reemplazar algunos de los productos enumerados en el Anexo I del convenio.

Y, concretamente, en cuanto a la alegada falta de provisión suficiente -a la empresa de supermercados aquí actora- de algunos de los productos individualizados en el Anexo I del convenio, se debe destacar que la recurrente no acreditó haber sido eximida -por parte de la Secretaría de Comercio- de las obligaciones emergentes del convenio respecto de los productos detallados en el Acta Nº 04174 – con la salvedad de los tres excluidos en el acto administrativo apelado-, para la zona en cuestión y para la fecha en que se llevó a cabo la inspección que da cuenta la mencionada Acta -conf. cláusula quinta del convenio-.

En efecto, conviene reiterar que la mencionada cláusula quinta establece en cabeza de la empresa de supermercados el deber de notificar de forma inmediata y fehaciente a la Secretaría de Comercio en caso de falta de provisión suficiente de los productos detallados en el Anexo I del convenio y que, al respecto y en tanto dicha circunstancia informada se encuentre debidamente probada, faculta a la mencionada Secretaría a eximir a la empresa en cuestión de las obligaciones emergentes del convenio respecto del producto comunicado, para una determinada zona de venta durante un período cierto de tiempo.Y, en tal orden de ideas, corresponde observar que la constancia de las “alertas abiertas” que obra glosada a fs. 16/vta. no es prueba de que, efectivamente, la aquí actora haya sido eximida -en los términos de la ya citada cláusula quinta del convenio- con relación a las productos allí informados -sin perjuicio de advertir que, de todos los productos allí comunicados, únicamente tres coinciden con los consignados en el Acta Nº 04174-. En tanto que “el reporte de alerta temprana” que luce agregado a fs. 106 se refiere a productos con desabastecimiento justificado del 24/02/2014 al 2/03/2014, período temporal que no alcanza a lo actuado por la inspección el 27 de enero de 2014.

En el contexto reseñado, se impone concluir que -en la especie- se encuentra acabadamente demostrado el incumplimiento normativo sancionado en el acto administrativo impugnado en autos.

VIII.- Que, por último, en cuanto al alegado exceso en la punición, se debe recordar que, como principio, la graduación de la sanción es resorte primario del órgano administrativo y constituye una potestad discrecional de la autoridad de aplicación. No obstante lo cual se impone observar que no hay actividad de la Administración que resulte ajena al control judicial de legalidad y razonabilidad, de modo que aun tratándose de una manifestación de las potestades discrecionales, éstas en ningún caso pueden resultar contrarias al derecho. La actuación administrativa debe ser racional y justa y la circunstancia de que la Administración obre en ejercicio de facultades discrecionales no constituye justificativo de su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (cfr. C.S.J.N. Fallos: 304:721, 305:1489, 306:126; CNCont. Adm., esta Sala, “Círculo de Inv. S.A. de Ahorro para fines deter.c/DNCI s/recurso directo”, Causa 152691/02, de fecha 20/11/12 y Sala II, “Ballatore Juan Alberto c/EN -Mº de Justicia s/Empleo Público”, Causa 15.026/93, de fecha 13/6/96).

Asimismo, no cabe soslayar que la función judicial no puede reemplazar la acción de los otros poderes, ni asumir sus responsabilidades o sustituirlos en las facultades que a ellos les conciernen. Precisamente, en el ejercicio de la potestad sancionatoria ha de reconocerse al órgano competente un razonable margen de apreciación en la graduación de la pena a imponer (conf. esta Sala: doctrina en las causas “Lamagna SRL-TF 25088-I c/ DGI”, 10/4/08 y “Obras Civiles SA -TF 20336-I c/DGI”, 16/4/08 y sus citas, entre otras y; Causa 152691/02, de fecha 20/11/12, precedentemente citada), debiendo en cada supuesto particular verificarse el regular ejercicio de tal prerrogativa.

En tal orden de ideas, corresponde insistir en que la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenecen al ámbito de las facultades discrecionales de la Administración, en cuyo ejercicio éste no debe ser sustituido por los jueces a quienes solo les cabe revisarlas en caso de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta (CSJN, doctrina de Fallos: 303:1029; 304:1033; 306:1792; 307:1282, esta Sala: “Gorrini”, del 17/10/96, “Cochlar”, del 25/5/87, entre otros).

Desde esta perspectiva, se debe reiterar que, tal como se indicara en el Considerando anterior, en las presentes actuaciones quedó debidamente acreditada la infracción normativa atribuida a la sancionada como, asimismo, cabe poner de relieve que la Disposición D.N.C.I.Nº 46/2014 tuvo en especial consideración la posición relevante en el mercado que ocupa la sumariada, el número de productos en transgresión a la oferta realizada y el perjuicio significativo generado al consumidor y que, al respecto, precisó que los productos faltantes resultan de uso masivo y de primera necesidad y se hallan incluidos en una canasta básica cuyo abastecimiento a un precio determinado fue convenido con la Secretaría de Comercio.

En tales condiciones y en la medida en que el importe de la multa aplicada a la aquí actora se ajusta a la escala sancionatoria prevista en la Resolución S.C. Nº 20/2014 -y no supera el máximo establecido en el inc. b) del art. 47 de la ley nº 24.240-, de conformidad entonces con los principios expuestos, se verifica que el acto administrativo impugnado en autos justificó fáctica y normativamente la infracción atribuida a la sumariada como, asimismo, explicitó cada uno de los factores de ponderación que se tuvieron en cuenta a los efectos de discernir la sanción a aplicarse. En virtud de las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación directa interpuesto en autos, con costas (conf. art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Teniendo presente la naturaleza, monto y resultado del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional y la etapa cumplida, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada -Dres. Verónica L Clerici y Manuel I. Sandoval- en la suma de ($.)- en conjunto (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo.

Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días corridos de notificados (art.49 de la Ley de Arancel).

En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite. Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO G. FERNANDEZ

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s