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Goza de legitimación la asociación de consumidores actora quien denunció que las compras de productos y servicios en los locales de la demandada que fueron abonados con tarjeta de crédito y en cuotas tiene un interes mayor al que corresponde

DemandaPartes: ACYMA Asociación Civil c/ Fravega SACI e I s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 11-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90543-AR | MJJ90543 | MJJ90543

Goza de legitimación la asociación de consumidores actora quien denunció que las compras de productos y servicios en los locales de la demandada que fueron abonados con tarjeta de crédito y en cuotas sufrían un recargo mucho más alto que aquella que se abona como costo financiero cuando descuenta los cupones de tarjetas de crédito con las empresas emisoras y/o bancos.

Sumario:

1.-Los cuestionamientos vinculados con la legitimatio ad causam consisten, en general, en la ausencia de identidad entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede la acción. Procede cuando el actor no es la persona idónea o habilitada para discutir en punto al objeto litigioso o bien cuando la demandada no es quien puede oponerse a la pretensión del actor o es inviable emitir a su respecto una sentencia de mérito o de fondo.

2.-A los efectos de acreditar legitimación, debe demostrarse la calidad de titular del derecho del demandante y la calidad de obligado del demandado, pues la legitimación es la idoneidad de la persona para realizar un acto jurídico eficaz inferida en su posición respecto del acto, diferenciándose de la capacidad en que ésta expresa una aptitud intrínseca del sujeto mientras que aquella se refiere directamente a la relación jurídica y, sólo a través de ella, a los sujetos.

3.-Conceptos tales como intereses difusos o derechos de incidencia colectiva, entrañan dificultades aún no superadas en la búsqueda por precisar su significado, situarlos en la estructura de las normas que se refieren a ellos y, en lo posible, definir con nitidez los perfiles de una nueva categoría que los comprenda y adecue sus efectos a la eficaz tutela de los trascendentes valores que ellos involucran.

4.-La defensa de los derechos de consumidores y usuarios tiene en nuestro derecho, como en los regímenes jurídicos más modernos, reconocimiento constitucional expreso en el art. 42 CN. Dicha norma prescribe que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho -en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos- a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

5.-La defensa de los derechos de los consumidores y usuarios también reconoce base en el texto constitucional la legitimación conferida a las asociaciones de consumidores y la vía habilitada para asegurar la efectiva vigencia de esos derechos y garantías. Es así que, con arreglo a lo dispuesto por el art. 43 segundo párr. de la CN., el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones de consumidores registradas conforme a la ley podrán interponer acción de amparo contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.

6.-El art. 43 segundo párr. de la CN. posibilita a las asociaciones de consumidores a comparecer a los estrados judiciales cuando se adviertan conculcados los derechos de incidencia colectiva que, por su peculiar naturaleza, se caracterizan por la indeterminación respecto a la pluralidad de los sujetos involucrados.

7.-La habilitación normativa de las asociaciones de consumidores no viene dada tan sólo por el art. 43 de la CN. sino además por la Ley n° 24.240 , modificada por la Ley n° 26.361 , que contempla expresamente en el art. 52 la posibilidad de accionar en defensa de los intereses individuales y colectivos.

8.-En relación a la protección de un interés individual, la ley confiere legitimación al consumidor o usuario, a las entidades de defensa de consumidores, a la autoridad de aplicación, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público. Es decir, que frente a la afectación de un interés de este tipo existen otros legitimados además del titular directo (consumidor) ya que mientras el titular actúa por derecho propio, los otros lo hacen por representación legal.

9.-El art. 43 segundo párr. de la CN. comienza a incorporar la perspectiva colectiva del derecho de los consumidores al establecer que: En las causas judiciales que tramiten en defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que lo requieran estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados por el presente artículo, previa evaluación del juez competente sobre la legitimación de éstas para lo cual resolverá teniendo en cuenta si existe su respectiva acreditación para tal fin de acuerdo a la normativa vigente .

10.-Lo destacable del caso Halabi dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que en el considerando 9° la mayoría de los integrantes del Máximo Tribunal afirmó que, en materia de legitimación procesal, corresponde delimitar con precisión las tres categorías de derechos ya mencionados, esto es: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, continuando en la corriente iniciada por el voto del doctor Lorenzetti en el precedente ya explicitado con anterioridad, quedando así reafirmada así la doctrina de la operatividad del art. 43 de la CN. en relación a los derechos de incidencia colectiva, referentes a intereses individuales homogéneos; en especial cuando cobran preeminencia aspectos relacionados con materias tales como el ambiente, el consumo o la salud.

11.-Ante la ausencia de pautas adjetivas mínimas que regulen la materia, la Corte Suprema formuló precisiones con el objeto de que frente a la utilización de la figura de la acción colectiva se resguarde el derecho de defensa en juicio de los justiciables, de modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar. De allí que el Alto Tribunal haya entendido que la admisión formal de toda acción colectiva requiera la verificación de ciertos recaudos elementales que conciernen a su viabilidad, como la precisa identificación del grupo de afectados, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo.

12.-El constituyente de 1994 se enroló decididamente en una visión amplia de la legitimación de las asociaciones de consumidores para la representación de intereses colectivos, estableciendo en el art. 42 CN. pautas muy claras que consagran el control respecto de los prestadores de servicios y de toda forma de ejercicio de poder monopólico. Esa premisa de actuación, luego recepcionada por el art. 55 de LDC se plasma sin limitación alguna al habilitar su accionar …cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios… . El tenor literal de la norma no permite, entonces de ninguna manera, ceñir los alcances de un reconocimiento esencial al ejercicio de los derechos consagrados por la Carta Magna (arg. 42, 43 CN y art. 56 incs. a, e, i LDC). En este sentido, acoto que tan sólo podría resultar factible el examen de la legitimación de las asociaciones de consumidores cuando pretendieran conformar un litisconsorcio activo con el afectado particular que hubiere iniciado una acción en los términos del art. 52 LDC. Pero fuera de esa hipótesis y como principio general, la capacidad sustancial y procesal para promover este tipo de litigios resulta incuestionable (del voto en disidencia del Dr. Rafael Barreiro).

13.-El texto constitucional del artículo 43 segundo párrafo y su reglamentación no introducen distingos en orden a la naturaleza de los derechos afectados: si esos intereses patrimoniales divisibles no pudieran considerarse como derechos de incidencia colectiva -y por ende, tutelables por la iniciativa de las asociaciones- la Ley n° 24.240 carecería de justificación (del voto en disidencia del Dr. Rafael Barreiro).

14.-Algunos de los aciertos de la LDC que modificó el esquema de responsabilidad del Código Civil, reposa en esa ampliación de la legitimación, expansión que encuentra justificación -como ya adelantara- en el art. 43 de la CN. Desde esa perspectiva, reputar contraria a derecho la legitimación de la actora aduciendo que cada perjudicado debió acudir personalmente a formular el reclamo por afectar la órbita de su derecho subjetivo, implica claramente desnaturalizar el sistema de protección establecido expresamente en la Constitución Nacional a partir de su reforma en el año 1994, el cual no gira en derredor de una estricta noción de indivisibilidad, en el sentido de que sólo deben considerarse comprendidas bajo su órbita aquellas pretensiones cuyo objeto sea materialmente indivisible (del voto en disidencia del Dr. Rafael Barreiro).

15.-Es sabido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que los Tribunales sólo ejercen potestad jurisdiccional frente a un caso o controversia en virtud de lo dispuesto por el actual art. 116 de la CN. y la Ley n° 27 y aunque tradicionalmente se fijaron posturas restrictivas en materia de legitimación para obrar, en pronunciamientos recientes ha variado sustancialmente su criterio, registrando importantes antecedentes que consolidan una prudente apertura en el criterio delineado con anterioridad. Sobre este punto, en el caso Halabi , el Alto Tribunal añadió que en todos los casos es imprescindible comprobar la existencia de un caso (art. 116 CN. y Ley n° 27) al no admitirse una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición, como también es relevante determinar si la controversia en cada uno de dichos supuestos se refiere a una afectación actual o se trata de la amenaza de una lesión futura causalmente previsible (del voto en disidencia del Dr. Rafael Barreiro). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2014.

Y Vistos:

1. Apeló la parte demandada (fs. 114) la decisión de fs. 104/106 que rechazó la excepción de falta de legitimación activa con costas.

Los agravios de fs. 116/123 fueron respondidos a fs. 127/132. El Señor Fiscal General emitió dictamen a fs. 141/143.

2. a. Al promoverse la presente acción, «Asociación Civil por los Consumidores y el Medio Ambiente -ACYMA-» denunció que las compras de productos y servicios en los locales de la demandada que fueron abonados con tarjeta de crédito y en cuotas sufrían recargo en concepto de intereses, los cuales eran fijados unilateralmente por Frávega a una tasa mucho más alta que aquella que abona como costo financiero cuando descuenta los cupones de tarjetas de crédito con las empresas emisoras y/o bancos.

Sobre tales bases, se persigue: (i) que informe de manera clara y visible los términos y condiciones establecidos en la LDC:36, principalmente la tasa de interés efectiva, el costo financiero total y el sistema de amortización del capital y los intereses; (ii) reajuste la tasa de interés y restituya lo cobrado en exceso, tanto por ese concepto, como por cualquier otro gasto relacionado y, además el IVA; (iii) se imponga una sanción ejemplificadora de daño punitivo (LDC:52); (iv) se ordene a los funcionarios encargados de la demandada de las áreas de contabilidad, finanzas, ventas, comercial, marketing y atención al cliente realicen cursos en materia de derechos de usuarios y consumidores; (v) disponga la ‘publicación de la sentencia en las sucursales de la demandada y en su página de internet, como así también en medios de comunicación.

b. Impreso el trámite de juicio ordinario (v. fs. 54/55) y notificado el traslado de la acción (fs. 58) la demandada opuso excepciones de falta de legitimación activa (Punto IV, fs. 69 y sgtes.).

3.Los cuestionamientos vinculados con la legitimatio ad causam consisten, en general, en la ausencia de identidad entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede la acción (Carli, Carlo, La demanda civil, p. 227, B, Ed. Retua, La Plata, 1991). Procede cuando el actor no es la persona idónea o habilitada para discutir en punto al objeto litigioso o bien cuando la demandada no es quien puede oponerse a la pretensión del actor o es inviable emitir a su respecto una sentencia de mérito o de fondo (CNCom, Sala C, 07/05/93, «Sotomayor, Jorge c/Banco Supervielle Societe Generale»).

Debe, entonces, demostrarse la calidad de titular del derecho del demandante y la calidad de obligado del demandado, pues la legitimación es la idoneidad de la persona para realizar un acto jurídico eficaz inferida en su posición respecto del acto, diferenciándose de la capacidad en que ésta expresa una aptitud intrínseca del sujeto mientras que aquella se refiere directamente a la relación jurídica y, sólo a través de ella, a los sujetos (Morello-Sosa-Berizonce, Código Proc. en lo Civ. y Com. de la Prov. de Bs. As y la Nación., T° IV-B, Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, 1990, p. 218; íd. CNCom, Sala C, 31/03/95, «Sanatorio Güemes SA c/ Bamballi, Elías»).

Se advierte claramente que en este caso en particular, el planteo defensivo opuesto al progreso de la pretensión material postula la exclusión de la titularidad de la relación jurídica invocada en la demanda en su faz activa, relación jurídica sustancial que constituye uno de los presupuestos para la existencia de proceso válido (CNCom, Sala B, 04/09/95, «Goldser SA c/ Granero Aníbal s/ ordinario»). De ello se seguiría, en concordancia con la posición de la accionada, que la actora no se encontraría dotada de suficiente legitimación para pretender contra su adversaria en esta causa.Y así aparece perfilada la consecuencia, en los términos en que ello fue planteado, relativa a que la falta de acción proyecta efectos respecto de las dos partes enfrentadas en la litis: basta la ausencia de aquella cualidad en una de ellas para que la relación jurídico-procesal se encuentre afectada.

b. En el sub lite, se reitera, la argumentación defensiva refiere, a la inexistencia de aptitud para obrar de la actora en defensa de intereses que no son propios sino de una pluralidad de individuos afectados por la actividad de la demandada.

Conceptos tales como intereses difusos o derechos de incidencia colectiva, entrañan dificultades aún no superadas «[.] en la búsqueda por precisar su significado, situarlos en la estructura de las normas que se refieren a ellos y, en lo posible, definir con nitidez los perfiles de una nueva categoría que los comprenda y adecue sus efectos a la eficaz tutela de los trascendentes valores que ellos involucran» (v. Monti, José Luis, «Los intereses difusos y su protección jurisdiccional», ed. Ad Hoc, Bs. As., 2005, págs. 21/22).

La defensa de los derechos de consumidores y usuarios tiene en nuestro derecho, como en los regímenes jurídicos más modernos, reconocimiento constitucional expreso en el art. 42 CN. Dicha norma prescribe que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho -en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos- a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

Pero también reconoce base en el texto constitucional la legitimación conferida a las asociaciones de consumidores y la vía habilitada para asegurar la efectiva vigencia de esos derechos y garantías. Es así que, con arreglo a lo dispuesto por el art.43 segundo párrafo de la Constitución Nacional, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones de consumidores registradas conforme a la ley podrán interponer acción de amparo contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.

Se ha explicado que este último precepto posibilita a las asociaciones de consumidores a comparecer a los estrados judiciales cuando se adviertan conculcados los derechos de incidencia colectiva que, por su peculiar naturaleza, se caracterizan por la indeterminación respecto a la pluralidad de los sujetos involucrados (Bidart Campos, G. y Sagüés, N. P., obra colectiva, «El Amparo Constitucional. Perspectivas y Modalidades», p. 25, Depalma, Bs. As., 1999).

Así, la habilitación normativa de las asociaciones de consumidores no viene dada tan sólo por el art. 43 de la Constitución Nacional sino además por la Ley n° 24.240, modificada por la Ley n° 26.361, que contempla expresamente en el art. 52 la posibilidad de accionar en defensa de los intereses individuales y colectivos.

En relación a la protección de un interés individual, la ley confiere legitimación al consumidor o usuario, a las entidades de defensa de consumidores, a la autoridad de aplicación, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público. Es decir, que frente a la afectación de un interés de este tipo existen otros legitimados además del titular directo (consumidor) ya que mientras el titular actúa por derecho propio, los otros lo hacen por representación legal.

Por otra parte, la norma comentada comienza a incorporar la perspectiva colectiva del derecho de los consumidores al establecer que:»En las causas judiciales que tramiten en defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que lo requieran estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados por el presente artículo, previa evaluación del juez competente sobre la legitimación de éstas» para lo cual resolverá «teniendo en cuenta si existe su respectiva acreditación para tal fin de acuerdo a la normativa vigente».

Resulta también de relevancia la integración hermenéutica que ha realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a las instituciones en juego.

Desde el año 1994 el Alto Tribunal ha resuelto diversas causas en las cuales la cuestión a decidir giraba en torno a los derechos de incidencia colectiva.

En los primeros siete fallos -dictados entre 1994 y 2000- el Tribunal rechazó cinco de las demandas, la mayoría de las veces por cuestiones procesales o por argumentos sustantivos relativos a la legalidad de los actos impugnados y por lo tanto no tuvo necesidad de presentar precisiones muy densas sobre estos derechos.

Luego, en junio del año 2000, dictó sentencia en «Asociación Benghalensis y otros c/Estado Nacional» (Fallos 323:1339) en el que por primera vez trató directamente la cuestión de la configuración de los derechos de incidencia colectiva y se expidió en sentido favorable a los demandantes. Con posterioridad, se sucedieron diversos decisorios en los que la Corte no proporcionó mayores elementos de interpretación.

En el precedente «Mujeres por la Vida -Asociación Civil sin fines de lucro- Filial Córdoba c/Estado Nacional», de fecha 31/10/2006, la disidencia del doctor Lorenzetti destacó la existencia de derechos individuales, derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos (v. considerando 9°).

En cuanto a estos últimos, sostuvo que no hay un bien colectivo desde que se ven afectados derechos individuales enteramente divisibles.Sin embargo, hay un hecho (único o continuado) que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene significativa relevancia jurídica porque, en tales casos, la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre (v. considerando 12°).

Y, luego de destacar que en nuestro ordenamiento no existe una regulación para el ejercicio de las acciones de clase, consideró que el art. 43 de la Constitución Nacional es claramente operativo y que es obligación de los jueces darle eficacia, pero sólo cuando se verifique una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que, en ausencia de un ejercicio colectivo, habría una afectación grave del acceso a la justicia (v. considerando 13°).

Explicó, entonces el Presidente de la Corte, que el primer elemento es la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. El segundo, consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo pueda peticionar. La existencia de causa o controversia se relaciona con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho. Y el tercer elemento, está dado por la afectación del acceso a la justicia: un interés individual que, considerado aisladamente, no justifica la promoción de una demanda. Se trata de un grupo de personas para las cuales la defensa aislada de sus derechos no es eficaz, debido a que la medida de la lesión, individualmente considerada, es menos relevante que el costo de litigar por sí mismo.

En la causa «Defensor del Pueblo de la Nación v.EN-PEN- Decretos 1570/2001 y 1606/2001 s/amparo Ley 16.986», de fecha 26 de junio de 2007, la mayoría de los miembros de la Corte sostuvo que «derechos de incidencia colectiva» son «aquellos que, teniendo por titulares a una pluralidad indeterminada de personas, presentan como objeto de tutela una pretensión general de uso o goce de un bien jurídico insusceptible de fragmentación en cabeza de cada reclamante desde que tienen, ante todo, un carácter impersonal» (considerando 10°).

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 24 de febrero del 2009, en el denominado caso «Halabi» -en el que declaró la inconstitucionalidad de la llamada «Ley Espía» y su Decreto Reglamentario-, sostuvo que la falta de regulación legal de las acciones colectivas no es óbice para que los jueces hagan directamente operativa la cláusula del art. 43 de la Constitución Nacional.

Además, en lo que aquí interesa, lo destacable del decisorio es que en el considerando 9° la mayoría de los integrantes del Máximo Tribunal afirmó que, en materia de legitimación procesal, corresponde delimitar con precisión las tres categorías de derechos ya mencionados, esto es: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, continuando en la corriente iniciada por el voto del doctor Lorenzetti en el precedente ya explicitado con anterioridad.

Quedó reafirmada así la doctrina de la operatividad del art. 43 de la Constitución Nacional en relación a los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos; en especial cuando cobran preeminencia aspectos relacionados con materias tales como el ambiente, el consumo o la salud.

c. Sin embargo y pese a los conceptos vertidos anteriormente en la especie se observa que la demandada ha sostenido que los derechos involucrados resultan ser personales, individuales y diferenciados, respecto de los cuales cada uno de los titulares de la relación jurídica puede disponer libremente.Esto es, alegó que no existe configurada la característica de homogeneidad que es requisito para otorgar la legitimación que aquí pretende la accionante.

Así las cosas, en los términos en que ha quedado trabada aquí la litis de acuerdo al contenido de la defensa opuesta, fue prematuro resolver como lo hizo la a quo.

En este sentido, ante la ausencia de pautas adjetivas mínimas que regulen la materia, la Corte Suprema formuló precisiones con el objeto de que frente a la utilización de la figura de la acción colectiva se resguarde el derecho de defensa en juicio de los justiciables, de modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar (cfr. dictamen del Procurador General ante la Corte del 30 de marzo de 2009 en autos «Padec c/ Swiss Medical S.A. s/nulidad de cláusulas contractuales»). De allí que el Alto Tribunal haya entendido que la admisión formal de toda acción colectiva requiera la verificación de ciertos recaudos elementales que conciernen a su viabilidad, como la precisa identificación del grupo de afectados, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo (cfr. Dictamen de la Procuración General del 10 de febrero de 2011, en autos «Cavalieri Jorge y otro c/ Swiss Medical SA s/amparo»).

Siguiendo estos lineamientos, el Máximo Tribunal en «Cavalieri» (26/06/12) ratificó que frente a determinados supuestos, resulta imperioso identificar y acreditar el hecho -único o complejo- que cause una lesión a una pluralidad relevante de sujetos que la asociación pueda válidamente defender para la procedencia de la acción colectiva (conf.considerando 7°).

Así reitérese que, desde una visión estrictamente procesal y meritando las particularidades y defensa opuesta en el caso, corresponde diferir su tratamiento a las resultas de la producción de la prueba que permita desentrañar los aspectos de la controversia no expeditos en esta oportunidad (arg. art. 346 del CPr.).

En definitiva, si bien, como se dijo, no es cuestionable la legitimación activa genérica de las asociaciones de defensa de los consumidores para accionar en defensa de intereses colectivos, aunque referente a intereses individuales y homogéneos, procede en el caso examinar recién en oportunidad de ser sentenciada la causa si el supuesto puntual aquí sometido a decisión cumple -o no- los requisitos fijados en «Halabi» para conceder -o no- la legitimación activa de acuerdo a los vastos términos y contenidos en los que la excepción fue planteada.

Será, en efecto, sólo en ese momento en que podrá analizarse exhaustivamente la cuestión.

4. Por último, dada la particularidad que presenta el sub examine júzgase adecuado dejar sin efecto la imposición de costas efectuada en la anterior instancia. Ciertamente, al no mediar admisión ni rechazo definitivo sino su posposición para una ulterioridad procesal, no existe técnicamente vencedor ni vencido.

Concordantemente, no es pasible de generarse un incidente autónomo con costas propias y diferentes de las del proceso tramitado en el expediente (conf. esta Sala, 27/09/11, «Unión de Usuarios y Consumidores c/Banco Macro SA s/sumarísimo», con citas de fallos de CNCom. Salas «B» y «D»).

5. Corolario de lo expuesto, oído el Sr. Fiscal y conforme las posturas y consideraciones particulares sentadas en el precedente de esta Sala del 11/06/13, «Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c/Argos Compañía de Seguros Generales SA s/ordinario»; íd. «Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/Berkley International Seguros SA s/ordinario» del 04/02/14; íd.»Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/La Perseverancia SA s/ordinario» del 10/12/13, a cuya lectura se remite para evitar reiteraciones ociosas, se resuelve: revocar el pronunciamiento apelado en cuanto, reconoció legitimación a la actora para accionar y diferir su consideración para el momento de dictar sentencia.

Dado que ya se ha emitido opinión, dispónese que la causa sea reasignada a otro juez a los fines de su tramitación, a cuyo efecto deberá practicarse, en su oportunidad, el sorteo por la Mesa General de Entradas para su ulterior radicación.

Sin costas en ambas instancias.

Notifíquese a las partes, al Sr. Fiscal ante esta Cámara a cuyo fin pasen los autos y devuélvase a la instancia anterior. Verificada dicha devolución a través del sistema informático y considerándose cumplida la notificación ordenada, esta Sala hará saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley N° 26856, art. 4 Ac. N° 15/13 y Ac. N° 24/13).

Rafael F. Barreiro (en disidencia)

Alejandra N. Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

Silvina D.M. Vanoli

Prosecretaria de Cámara

Disidencia del doctor Rafael F. Barreiro:

1. Comparto con mis distinguidos colegas las consideraciones formuladas en torno de la genérica legitimación de la asociación accionante para comparecer a juicio en representación de consumidores -sean personas físicas o jurídicas- cuyos derechos colectivos se aleguen conculcados.

El constituyente de 1994 se enroló decididamente en una visión amplia de la legitimación de las asociaciones de consumidores para la representación de intereses colectivos, estableciendo en el art. 42 CN pautas muy claras que consagran el control respecto de los prestadores de servicios y de toda forma de ejercicio de poder monopólico (cfr. Bersten, Horacio L. Derecho Procesal del Consumidor, ed. La Ley, Bs. As., 2003 pág. 348 y ss.).

Esa premisa de actuación, luego recepcionada por el art.55 de LDC se plasma sin limitación alguna al habilitar su accionar » .cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios.». El tenor literal de la norma no permite, entonces de ninguna manera, ceñir los alcances de un reconocimiento esencial al ejercicio de los derechos consagrados por la Carta Magna (arg. 42, 43 CN y art. 56 incs. a, e, i LDC). En este sentido, acoto que tan sólo podría resultar factible el examen de la legitimación de las asociaciones de consumidores cuando pretendieran conformar un litisconsorcio activo con el afectado particular que hubiere iniciado una acción en los términos del art. 52 LDC. Pero fuera de esa hipótesis y como principio general, la capacidad sustancial y procesal para promover este tipo de litigios resu lta incuestionable.

2. En tal marco discrepo, entonces, con la conclusión que postula el diferimiento de lo decidido con base en el art. 347:3 CPCC.

Se observa en la especie que la parte demandada ha sostenido que no se está ante la homogeneidad que exige la CSJN en sus precedentes, sino contrariamente, refiere a una situación completamente heterogénea, descartándose la «causa fáctica común».

Ahora bien, el texto constitucional y su reglamentación no introducen distingos en orden a la naturaleza de los derechos afectados: si esos intereses patrimoniales divisibles no pudieran considerarse como derechos de incidencia colectiva -y por ende, tutelables por la iniciativa de las asociaciones- la Ley n° 24.240 carecería de justificación.

Precisamente, algunos de los aciertos de la LDC que modificó el esquema de responsabilidad del Código Civil, reposa en esa ampliación de la legitimación, expansión que encuentra justificación -como ya adelantara- en el art. 43 de la Constitución Nacional.Desde esa perspectiva, reputar contraria a derecho la legitimación de la actora aduciendo que cada perjudicado debió acudir personalmente a formular el reclamo por afectar la órbita de su derecho subjetivo, implica claramente desnaturalizar el sistema de protección establecido expresamente en la Constitución Nacional a partir de su reforma en el año 1994, el cual no gira en derredor de una estricta noción de indivisibilidad, en el sentido de que sólo deben considerarse comprendidas bajo su órbita aquellas pretensiones cuyo objeto sea materialmente indivisible (cítase como ejemplo de esta hermenéutica restrictiva la defensa del medio ambiente, CNCom., Sala C, 01/10/05, «Unión de Usuarios y Consumidores c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/sumarísimo»).

En suma, aquí se persigue concretamente la determinación del derecho debatido entre partes adversas, que se traduce en la contraposición de posturas: el menoscabo patrimonial que para los clientes de la aseguradora pudo haberse seguido de la conducta infraccional que se le reprocha.

Con sujeción a los fundamentos expuestos, estimo que, en forma independiente a que la cuestión aquí debatida se inscriba -siguiendo la clasificación efectuada por la Corte en «Halabi»- dentro de la órbita de derechos «de incidencia colectiva» o «de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos», cuestión por cierto opinable, la calidad de parte de la asociación actora no puede ser desconocida.

A todo evento, el encuadramiento del sub examine a los criterios lógicos de «Halabi» no necesita ser inteligido en el cauce que se pretende ya que la discriminación de tales categorías constituye, en todo caso, un elemento que hace a la fundabilidad o admisibilidad de la acción colectiva pero diverso a la legitimación en sí de la promotora, que por tanto no merece un análisis previo. En definitiva, se pretende una condena de carácter general al recaer la acción sobre, lo que se reputa constituye, una conducta uniforme de la demandada (cfr.en sentido análogo, esta Sala, 12/7/2012, «Consumidores Financieros Asociación Civil p/s defensa c/La Mercantil Andina Compañía de seguros SA s/ordinario»).

3. Emparentado con lo anterior, cabe efectuar una última consideración.

Es sabido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que los Tribunales sólo ejercen potestad jurisdiccional frente a «un caso» o «controversia» en virtud de lo dispuesto por el actual art. 116 de la CN y la Ley n° 27.

Aunque tradicionalmente se fijaron posturas restrictivas en materia de legitimación para obrar, en pronunciamientos recientes (algunos de los cuales han sido citados en la presente) ha variado sustancialmente su criterio, registrando importantes antecedentes que consolidan una prudente apertura en el criterio delineado con anterioridad (Fallos 320:690; 323:1339).

Sobre este punto, en el ya mencionado caso «Halabi», el Alto Tribunal añadió que en todos los casos es imprescindible comprobar la existencia de un «caso» (art. 116 CN y Ley n° 27) al no admitirse una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición, como también es relevante determinar si la controversia en cada uno de dichos supuestos se refiere a una afectación actual o se trata de la amenaza de una lesión futura causalmente previsible.

Vinculado con ello, debe destacarse que la accionante ha especificado que la causa de afectación de este colectivo es única y que por lo tanto los derechos afectados son homogéneos (v. pto. IV, ap. 4, fs. 10vta.).

4.Las consideraciones hasta aquí plasmadas -aunadas a los argumentos vertidos en el dictamen fiscal- huelgan para propiciar la confirmación del temperamento adoptado en la anterior instancia en torno al rechazo de la excepción de falta de legitimación activa para accionar respecto de la pretensión tendiente a obtener (i) el reajuste de la tasa de interés que se aplica sobre las compras con tarjeta de crédito y en cuotas; (ii) la restitución de la diferencia existente entre las sumas percibidas por la demanda en concepto de intereses de financiamiento y las sumas que resulten de calcular los intereses pero ajustados a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el BCRA; (iii) la información de manera clara y precisa de todos los términos y las condiciones establecidos en la LDC:36; (iv) que se imponga una sanción ejemplificadora -LDC:52-; (v) que se ordene a los funcionarios de la empresa a realizar cursos en la materia y (vi) la publicación de la sentencia.

Tal es el sentido de mi voto.

Rafael F. Barreiro

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