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El Estado cordobés debe resarcir a policia que se accidentó cuando perseguía delincuentes en fuga

shutterstock_150668036Partes: Chirichián Fabián Marcelo c/ Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ ordinario – accidente (ley de riesgos)

Tribunal: Cámara del Trabajo de Córdoba

Sala/Juzgado: Décima

Fecha: 28-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-90483-AR | MJJ90483 | MJJ90483

El Estado de la Provincia de Córdoba debe responder por el accidente sufrido por un agente policial en ocasión de trabajo, pues al momento en que ocurrió perseguía delincuentes.

Sumario:

1.-Corresponde acoger la demanda deducida, pues surge probado que el actor sufrió el accidente de trabajo, mientras se encontraba prestando servicios para la Policía de la provincia de Córdoba, en un operativo intentando atrapar a personas que habían cometido un ilícito en un domicilio particular, cuando al perseguirlos se subió a un alambrado de aproximadamente dos metros y se cayó hacia el barranco, sufriendo lesiones en su rodilla derecha, que debe encuadrarse como accidente de trabajo en los términos del art.6.1 de la Ley 24.557, existiendo entonces la obligación ineludible de su resarcimiento por parte de la demandada, conforme las pautas previstas en el art. 14 ap. 2 a) de la Ley 24.557.

2.-Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 68 de la ley 9086, pues de su lectura se colige que no sólo dispone la suspensión de la traba del embargo hasta tanto se requiera el pago a la Fiscalía de Estado, como si se tratara como una nueva constitución en mora posterior a la notificación de una resolución que se encuentra firme y por ende ejecutoriada, sino que además de ello dispone la amplia facultad del Estado de informar en el plazo de treinta días la forma y el plazo en que se procederá a abonar la obligación requerida de conformidad a las previsiones presupuestarias, sin establecer ni siquiera plazos máximos y dejado librado al arbitrio del ente administrador no sólo el plazo para cancelar una deuda exigible, sino la forma, o sea que pueda cancelarse la deuda con cualquier medio de pago.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil catorce, siendo día y hora designado a los fines de la lectura de la sentencia, en estos autos caratulados: «CHIRICHIAN FABIÁN MARCELO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – ORDINARIO – ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS)» EXPTE. 220741/37, se constituye en audiencia oral y pública el Tribunal Unipersonal de la Sala Décima del Trabajo integrado por el Dr. Daniel Horacio Braín, de los que resulta que: 1) a fs. 1/6, el actor, Sr. Fabián Marcelo Chirichian, D.N.I. Nº 20.439.204, promueve demanda laboral en contra de ASECOR (auto seguro del Gobierno de la Provincia de Córdoba) y/o del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, persiguiendo el pago de la suma de pesos ciento noventa y siete mil seiscientos veintiuno ($197.621,00), más intereses y costas, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse. Plantea la competencia de este Tribunal para entender en la presente causa. Dice que la única vía constitucionalmente válida para dirimir el caso es la Justicia Provincial del Trabajo como expresamente lo establece el Art. 1º incs. 1º y 2º de la Ley 7987. Sostiene que la demanda se entabla invocando vínculos contractuales de linaje laboral, fundando la misma en disposiciones de la L.C.T. y en la propia Ley 24.557, a fin de lograr un resarcimiento justo del daño que peticiona y fundado en que es función indeclinable de los jueces, resolver las causas sometidas a su conocimiento, para asegurar el efectivo cumplimiento de la Constitución Nacional. Plantea la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al presente caso del art. 46, apartados: 1º, 21º, y 22º de la Ley 24.557; así como del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 717/96, por los motivos que esgrime y a los que remito brevitatis causae. Cita doctrina y jurisprudencia.Manifiesta que trabajaba al momento del accidente en relación de dependencia en la Policía de la Provincia de Córdoba y que al momento del siniestro, su remuneración mensual bruta, sujeta a contribuciones y aportes patronales, ascendía a la suma de pesos diecisiete mil novecientos cuarenta y siete ($17.947,00), siendo ésta, la correspondiente al recibo de sueldo del mes de abril de 2012. Agrega, que ingresó a trabajar en relación de dependencia laboral en febrero de 1987 en perfectas condiciones físicas y psíquicas. Afirma, que el día 27 de Abril de 2011, persiguiendo unos maleantes en la ciudad de Río Ceballos, al trepar a un alambrado de unos dos metros de altura y saltar desde el mismo, sufrió una lesión en su rodilla derecha. Añade, que habiendo seguido el trámite que estipula la L.R.T. a saber: revisión por Comisión Médica para establecer la existencia de incapacidad y su magnitud, fue citado a Junta Médica, expidiendo la Comisión Médica dictamen de incapacidad Nº 05A-L00984/12 donde se le fijó una incapacidad de carácter definitiva del 13,10% (trece con diez por ciento) de la T.O., describiendo a continuación cada una de las lesiones que dice sufrir como consecuencia del accidente referido y el grado de incapacidad que cada una de ellas le genera, con más los factores de ponderación. Formula en base a ello la planilla de Capital reclamado, que asciende a la suma de pesos ciento noventa y siete mil seiscientos veintiuno ($197.621,00). Destaca que dicha suma no le ha sido abonada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, ni por el Bróker en donde éste «tercerizó» el pago de las prestaciones pecuniarias que prevé la Ley 24.557. Cita a continuación el art.2 del Decreto Nº 104/98 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que determina para el pago de las prestaciones dinerarias de pago único, derivadas de una incapacidad laboral permanente y definitiva, un plazo no mayor a 15 (quince) días, contados desde la fecha en que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo fue notificada de la homologación o dictamen en donde se determina el porcentaje de incapacidad. Concluye que el objeto de este reclamo es cobrar el total de la incapacidad definitiva que le ha fijado la Comisión Médica Regional. Funda su derecho en la Ley 24.557, el Decreto 1278/00, con las salvedades expresadas al plantear la inconstitucionalidad de ciertos a la misma. Formula reserva de Caso Federal.- A fs. 33/37 amplía demanda, planteando la inconstitucionalidad de las Leyes de Emergencia Provinciales y Nacionales, art. 68 de la Ley Provincial Nº 9086; arts. 27, 28, 29, y 30 de la Ley Pcial. Nº 9504; y del art. 1º de la Ley Nacional Nº 25.973 y normativas nacionales concordantes, todas ellas por los fundamentos que brinda y a los que me remito a los fines de evitar reiteraciones estériles.- 2) A fs. 52 obra el acta de la audiencia de conciliación donde las partes no se avienen. El actor se ratificó de la demanda, solicitando se haga lugar a la misma con intereses y costas; y la demandada solicita su rechazo, con costas, a mérito del memorial que acompaña a fs. 46/51, en donde contesta la demanda. En él, contesta en primer término los planteos de inconstitucionalidad de la Ley 24.557, exponiendo sus argumentos. Opone como defensa de fondo la excepción de Libelo Oscuro. Seguidamente, luego de una negativa general, responde efectuando una negativa puntual sobre cada uno de los hechos alegados por la accionante, cumpliendo con la carga del art. 192 del CPC.A continuación, señala que en la eventualidad que se hiciere lugar a la demanda, deberá tenerse en cuenta las disposiciones de la Ley 24.557 referidas a, forma, modalidad de pago y topes legales, así como las disposiciones vigentes por las leyes 24.283 y 24.432, las correspondientes a la Ley Provincial 9078 y su reglamentación; lo normado por el art. 47 inc. 2º de la Ley 8226, así como los plazos y términos que prescribe el art. 806 del C. de PC., a contar del auto aprobatorio de la liquidación respectiva. Formula reserva de Caso Federal.- 3) Abierta la causa a prueba, la parte actora ofreció a fs. 81/82 documental-instrumental, exhibición, informativa, confesional, testimonial y presuncional; y la demandada a fs. 83 ofreció documental-instrumental, presuncional, perito médico de control y confesional.- Diligenciadas las pertinentes ante el Juzgado de Conciliación interviniente, los autos se elevaron a esta Sala donde conforme constancias de fs. 148 y 157 se recepcionó la audiencia de vista de la causa, quedando los mismos en estado de dictar sentencia.- El Tribunal se planteó la siguiente y ÚNICA CUESTIÓN A RESOLVER: ADEUDA LA DEMANDADA LOS RUBROS RECLAMADOS POR LA ACTORA EN SU DEMANDA CON FUNDAMENTO EN LA LEY 24.557 Y, EN SU CASO, QUÉ RESOLUCIÓN CORRESPONDE DICTAR?.

A LA ÚNICA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. DANIEL H. BRAIN, DIJO:

I.- En función de los términos en que ha quedado trabada la litis y la relación jurídica procesal asumida por cada parte, el thema decidendum es determinar si efectivamente el actor, mientras se desempeñaba como Policía de la Provincia de Córdoba, dependiente del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, cumpliendo sus funciones, el día 27 de abril de 2011, persiguiendo unos maleantes en la ciudad de Río Ceballos, al trepar un alambrado de dos metros de altura y saltar desde el mismo, sufrió un accidente de trabajo, en los términos del art.6.1 de la ley 24.557, ocasionándole secuelas incapacitantes en su rodilla derecha y en su caso, si la accionada resulta responsable del pago de las prestaciones dinerarias fijadas en la Ley 24.557 por el porcentaje de incapacidad del 13,10% fijado por Comisión Médica. Para ello debo señalar, atento al planteamiento efectuado por el accionante sobre el trámite de las Comisiones Médicos, que el mismo deviene abstracto, atento a que, conforme surge de los propios dichos de demanda, el actor acudió y se sometió al dictamen de dicha Comisión, reclamando en definitiva el mismo porcentaje de incapacidad fijado en ella.- Sobre esta plataforma fáctica analizaré la prueba colectada en la causa, a saber: 1) A fs. 16/19 y fs. 69/71 se agrega el dictamen de la Comisión Médica Nº 5, de fecha 4 de junio de 2012, por el cual se concluye que el actor padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva del trece con diez centésimas por ciento (13,10%) de la T.O., por las patologías de «Menisectomía sin secuelas (6%) y limitación funcional secuela de plástica de LCA (5%)», que sumados a los factores de ponderación por tipo de actividad (1,10%) y por edad (1,00%), le ocasiona la incapacidad del 13,10% de la T.O., que califica médico – legalmente como «Accidente de Trabajo».- 2) A fs. 54/68 y fs. 98/126 se agrega la constancia de servicios del actor y los recibos de haberes por el periodo comprendido entre el mes de abril de 2010 a abril de 2011.- 3) Elevadas las actuaciones a esta Sala y avocado el suscripto, en la audiencia de vista de la causa se recepcionaron las siguientes declaraciones testimoniales, a saber: PEDRO ALEJANDRO ALVAREZ, D.N.I.N° 18.339.339, jubilado en la Policía de la Provincia de Córdoba desde diciembre de 2013, quien señaló que ha sido compañero del actor en la Policía de la provincia de Córdoba, trabajaron juntos en Río Ceballos, ya que el dicente fue enviado allí a mediados de febrero de 2011 y el actor ya estaba trabajando en la Comisaría de Río Ceballos.- Tuvo conocimiento que el actor tuvo un accidente porque el declarante participó de un procedimiento policial en abril de 2011, ya que le habían informado por radio que había un robo calificado en camino al cuadrado y entonces el dicente, el comisario inspector Chirichián y otra persona que no recuerda su nombre, salieron en un vehículo y se dirigieron hacia el lugar, cuando llegaron a la casa encontraron que habían matado a un perro y el otro estaba herido, ingresaron al domicilio y después salieron alrededor y había una pequeña pirca chica, cruzaron la misma y después había un alambrado alto, cerca de 2 metros, entonces el Comisario Inspector Chirichián saltó el alambrado y posteriormente saltó otro compañero; fue allí cuando advierte que el actor se había caído y ahí informó el dicente que se había golpeado, entonces otros compañeros lo ayudaron y el declarante fue a dar la vuelta con el vehículo por la calle de atrás de la casa, lo ayudaron al actor porque no podía pisar, lo cargaron en el auto y lo trajeron al Sanatorio Aconcagua de Córdoba.- Ahí le hicieron una placa y lo llevaron hasta la casa, no quedó internado, después no sabe qué pasó con el actor y con el golpe que sufrió en la rodilla.- El dicente estuvo trabajando un tiempo más en la comisaría de Río Ceballos y después le dieron el pase; el actor volvió a trabajar a la Comisaría aproximadamente un año después, no estaba ya allí el declarante y eso lo supo por dichos de terceros.- Desde eldía del accidente el actor no volvió más a trabajar.- El dicente habrá estado seis meses en esa Comisaría y desde el accidente del actor habrá trabajado dos o tres meses más.- OSCAR ARIEL AZZOLINI, D.N.I. N° 28.981.057, policía de la provincia de Córdoba desde hace ocho años, indicó que al actor lo conoció en la ciudad de Río Ceballos, ya que el dicente fue asignado en el año 2011 en el Comando de Acción Preventiva de la ciudad de Río Ceballos y el actor era Jefe de la zona de inspección; cuando el dicente fue el actor ya estaba trabajando en esa Comisaría.- Relata que tuvo conocimiento que Chirichian tuvo un accidente, indicando que en el mes de abril de 2011, siendo aproximadamente las 22 horas, fue comisionado vía radial a un domicilio en la zona denominada Villa Los Altos, a la que se accede por el camino al cuadrado, debido a que una vecina del lugar había sido víctima de un robo calificado; el declarante se trasladó a ese lugar junto con su chofer el cabo Claudio Toniati, en un móvil policial; fueron los primeros en llegar al lugar y allí entrevistaron a la damnificada, recabaron la información sobre el hecho y posteriormente se constituyeron varios oficiales jefes, entre ellos el actor Chirichián y otros efectivos. Cuando comenzaron a realizar un rastrillaje en el sector del fondo, allí los malvivientes habían matado un animal, entonces comenzó una búsqueda hacia ese sector, era una zona montañosa, con pendiente, descendente; se encontraron con unos precintos plásticos, supuestamente era el lugar de fuga, se continuó con el recorrido y en un momento observó que el actor, al querer pasar un alambrado, se cayó al suelo, hacia la zona de un barranco; incluso el dicente casi se cae también.El actor fue asistido por otros efectivos y al dicente se le dio la directiva de volver al móvil y seguir avocado al patrullero y se retiró del lugar.- Por vía frecuencia radial escuchó que el actor estaba golpeado y que se solicitaba un móvil en la parte baja de la pendiente para que fuera asistido por algún facultativo.- El dicente siguió trabajando en esa comisaria por uno o dos meses más y al actor no lo volvió a ver, se encontraba con licencia médica.- Tiene entendido que el golpe que sufrió el actor fue en una de sus rodillas.- Estas son en síntesis las declaraciones testimoniales rendidas en la causa.-

II.- De las pruebas colectadas, en especial del dictamen de la Comisión Médica Nº 5, ha quedado acreditado que el accionante padece las siguientes patologías incapacitantes, a saber: «Menisectomía sin secuelas (6%) y limitación funcional secuela de plástica de LCA (5%)», que sumados a los factores de ponderación por tipo de actividad (1,10%) y por edad (1,00%), le ocasiona la incapacidad del trece con diez centésimas por ciento (13,10%) de la T.O., que califica médico – legalmente como «Accidente de Trabajo». A su vez, ha quedado también probado con los testimonios rendidos que el actor sufrió el accidente de trabajo el día 27 de abril de 2011, mientras se encontraba prestando servicios para la Policía de la provincia de Córdoba, en un operativo en la ciudad de Río Ceballos, intentando atrapar a personas que habían cometido un ilícito en un domicilio particular, cuando al perseguirlos, se subió a un alambrado de aproximadamente dos metros y se cayó hacia el barranco, sufriendo lesiones en su rodilla derecha, que debe encuadrarse como «accidente de trabajo» en los términos del art. 6.1 de la Ley 24.557, existiendo entonces la obligación ineludible de su resarcimiento por parte de la demandada, conforme las pautas previstas en el art. 14 ap.2 a) de la ley 24.557, por lo que, corresponderá condenar al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba a abonar al accionante las prestaciones dinerarias resultantes de dicha indemnización y que se especificarán infra.- Concluyo al respecto señalando que la propia L.R.T. define al daño como la disminución anatómica o funcional de un órgano, un aparato o sistema del organismo o de éste en su conjunto, en relación al funcionamiento del mismo antes de la lesión o enfermedad que lo provocó, o si esto se desconoce, en relación al estándar de normalidad de la población general comparable en sexo y edad y que para que ese daño sea permanente, el mismo debe ser definitivo e irreversible, situación que conforme pericia médica se da en autos.- Determinada la necesidad de resarcimiento del accionante, para cumplir así con el mecanismo prestacional establecido en la ley 24.557, debo verificar cómo ha de operar la misma.- Debe tenerse en cuenta que el actor denuncia como fecha del accidente el día 27 de abril de 2011 y que atento al grado de incapacidad determinado por la Comisión Médica Nº 5, el accionante es acreedor a la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. a) de la ley 24.557.- En el caso que nos ocupa se trata de la víctima de un accidente de trabajo de 42 años de edad al momento del accidente (fecha de nacimiento el 3 de mayo de 1968, fs.69 y que sufrió lesiones que secuelarmente le provocaron una incapacidad laborativa parcial, permanente, definitiva del orden del 13,10% de la T.O.- Es decir que la fórmula será: 53 veces el Ingreso Base Mensual x 13,10% de incapacidad x Coeficiente de Edad del accionante (1.5476).- A esos efectos deberá calcularse la indemnización que corresponda como prestación de pago único conforme la fórmula legal.- Para la determinación del Ingreso Base Mensual deberá considerarse las remuneraciones percibidas por el accionante hasta un año anterior a la fecha del infortunio, conforme recibos de haberes acompañados por el Superior Gobierno de la provincia de Córdoba, obrante a fs. 54/68, en base al mecanismo fijado en el art. 12 de la ley 24.557, debiendo incluirse el sueldo anual complementario por ese mismo periodo.- Determinado ello se obtendrá la prestación dineraria de pago único, que en su cuantía deberá ajustarse a lo establecido en esta sentencia.- La suma que resulte deberá ser adicionada con intereses desde el 27 de abril de 2011 y hasta su efectivo pago, de la tasa pasiva promedio nominal mensual que resulta de la encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina, incrementada en un dos por ciento mensual (2%), todo conforme lo dispuesto por la ley 23.928 y sus decretos reglamentarios 529/91 (art. 8) y 941/91 (art. 10), los que se mantienen vigentes luego de la sanción de la ley 25.561 y los fundamentos dados por esta Sala en los autos: «Allende Emiliano H. c/ Transporte Automotores 20 de Junio S.R.L. Demanda» (sentencia de fecha 11 de noviembre de 1991) y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en autos: «Juárez Guillermo c/ Cor Acero S.A. y otro – Demanda – Recurso de Casación» (Sentencia del T.S.J.N° 93 de fecha 15 de octubre de 1992) y «FARIAS C/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA – DEMANDA – Sentencia de fecha 2 de noviembre de 1994» a los que me remito brevitatis causae y que deberán ser considerados como parte integrante de esta Sentencia, y a los fines de mantener incólume su contenido habida cuenta de la situación financiera que se vive en la actualidad y que evidencia un incremento en los índices inflacionarios proyectados con relación a los anteriores, lo que lleva en definitiva a adoptar los intereses establecidos en el caso «HERNANDEZ JUAN CARLOS C/ MATRICERIA AUSTRAL S.A. – DEMANDA – REC. DE CASACION» (Sentencia del T.S.J. 39 de fecha 25-6-2.002) a partir del primer día del año 2006, pretendiendo con ello esta Sala que integro ajustarse a la nueva realidad económica con el objeto de evitar que el deudor obtenga un enriquecimiento indebido por no cumplir en tiempo con su obligación y que el acreedor resulte perjudicado con la morosidad del primero, teniendo además presente que las tasas bancarias son sólo tasas de referencia.- Por lo demás la fijación de la tasa de interés no causa estado y si las circunstancias varían de modo notable, podrán ser modificadas, aún en etapas posteriores al dictado de la Sentencia, tal cual se ha expresado en otros antecedentes, sin que ello afecte el derecho de defensa de las partes, ni la cosa juzgada.-

III.- Ahora bien, en cuanto al planteo efectuado por la demandada a fs. 50 vta., en el sentido de que se tenga en cuenta las previsiones contenidas en las leyes 23.982, 24.283, 24.432 y Ley 9078 y sus reglamentaciones; art. 47 Ley 8226 y los plazos y términos del art. 806 del C. de P.C., debo pronunciarme con relación a ello.Adelantando opinión, considero que las normas referidas a la emergencia provincial aludidas precedentemente, deben ser declaradas inconstitucionales e inaplicables al presente caso, en atención a que sobre el particular ya se ha pronunciado el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia en los autos «ROBINO ALFREDO ENRIQUE C/ POLICIA DE LA PCIA. DE CBA. Y OTRO – INC. – RECURSO DE CASACION» (Sentencia N° 8 del 24 de marzo del año 2000), «NICANDRA ROBLEDO DE FARIAS C/ DIPAS – ORDINARIO – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD» (Auto Interlocutorio N° 73 del 12 de mayo de 2004), ratificando la misma posición en autos «MOYANO ANTONIO BENITO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA INCAPACIDAD RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD» (Sentencia N° 149 del 07 de octubre de 2004), a cuyos fundamentos me remito y sobre los cuales coincido pl enamente, además de haber votado en idéntico sentido el suscripto, en otros precedentes en que fuera condenada la provincia de Córdoba en «PAZOS CARLOS EDUARDO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA ORDINARIO ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS) EXPTE. Nº 8936/37», sentencia del 31 de octubre de 2006; «LUQUE RAMON HORACIO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE CORDOBA – ORDINARIO ENFERMEDAD ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS)» EXPTE. Nº 41451/37, sentencia del 25 de julio de 2006 y en «ROBIRA HECTOR DANIEL C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – ORDINARIO – ENFERMEDAD ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS)» (EXPTE. N° 39110/37), Sentencia del 5 de mayo de 2010 y recientemente en «ALFARO RAUL OSVALDO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – ORDINARIO – ENFERMEDAD ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS)» EXPTE 222760/37, Sentencia del 4 de agosto de 2014 y «ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – ORDINARIO – ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS)» EXPTE 206687/37, del 17 de setiembre de 2014.- Destaco asimismo que sobre este mismo tipo de planteamientos referidos a las leyes mencionadas, esta Sala que integro se ha pronunciado rechazando la aplicación de las mismas, entre otras causas, en los autos «SCHICK BERNDT WOLHEIM C/ E.P.E.C.- DDA.» (Auto Interlocutorio N° 128 del 06 de junio de 2003), «VILLADA BRIGIDA OLINDA C/ SUP. GOB. DE LA PCIA. DE CBA. (POLICIA DE LA PCIA. DE CBA.) INCAPACIDAD» (Sentencia N° 20 del 21 de abril de 2003), «ZARATE NESTOR PORFIRIO C/ SUP. GOB. DE LA PCIA. DE CBA (POLICIA DE LA PCIA. DE CBA. – INCAP.)» (Sentencia N° 10 del 04 de abril de 2005), y «BENADIA OMAR E. C/ SUP. GOB. PROV. CBA. INDEM.» (Sentencia N° 12 del 11 de mayo de 2005), cuyos criterios comparto. También ratifico en lo que respecta al planteo de aplicación de la ley 9078, debe ser desestimado e inaplicable, pues, al igual que en aquél pronunciamiento, entiendo que la norma establece un indebido privilegio a favor del Estado Provincial, que en la práctica determina un diferimiento «sine die» de su obligación de pago, que queda librada al «arbitrio del príncipe» supuesto que no resulta admisible en un Estado de Derecho y mucho más aún con el texto expreso del último párrafo del art. 178 de la C. N., en cuanto dispone que la actuación judicial de la Provincia lo será «sin que en juicio deban gozar de privilegio alguno», aspecto éste, de nuestra Constitución, que se encuentra vigente y que no puede ser derogado por ley alguna, sin que se realice una nueva Convención Constituyente con los mecanismos de representación habilitados para ello por nuestra Carta Magna Provincial.- Comparto en ese sentido lo sostenido por la Sra. Jueza Claudia Salazar en autos: «PETITTO MARIO ALEJANDRO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – EJECUTIVO PARTICULAR», cuando expresa: «.Ingresando al tratamiento de la inconstitucionalidad, debo decir que el art. 75 inc. 12 de la Const. Nacional, confiere al Congreso de la Nación competencia para legislar acerca de las relaciones entre deudores y acreedores, prohibiendo a las provincias alterar lo normado por el Congreso de la Nación en cuanto a los códigos de fondo (art. 126 CN).- Que de la lectura del art.68 de la ley 9086 se colige que no sólo dispone la suspensión de la traba del embargo hasta tanto se requiera el pago a la Fiscalía de Estado, como si se tratara como una nueva constitución en mora posterior a la notificación de una resolución que se encuentra firme y por ende ejecutoriada, o sea de cumplimiento obligatorio (ya que ha vencido con creces el plazo previsto por el art. 806 del CPCC) sino que además de ello, dispone la amplia facultad del Estado de informar en el plazo de 30 días la forma y el plazo en que se procederá a abonar la obligación requerida de conformidad a las previsiones presupuestarias, sin establecer ni siquiera plazos máximos y dejado librado al arbitrio del ente administrador no sólo el plazo para cancelar una deuda exigible, sino la forma, o sea que pueda cancelarse la deuda con cualquier medio de pago (bonos, bocones, letras cancelatorias, etc.). Ergo, la norma cuestionada incursiona en materia del derecho de las obligaciones, lo cual es contrario a derecho. Desde sus primeros pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que las relaciones entre acreedores y deudores, sólo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación, en virtud de la delegación contenida en el antiguo art. 67, inc. 11, actual art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos 322; 1050). Ello alcanza obviamente a la forma y modalidades propias de la ejecución de los bienes del deudor (Fallos 271; 140).- Por todo lo expuesto, entiendo que debe declararse la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 9078 y estarse al plazo de pago que supra se ha establecido.- Las costas serán a cargo de la parte demandada (art. 28 ley 7987) con excepción de los honorarios de los perito de control de la parte actora que serán a su cargo (art. 49 inc. 2 de la ley 9459).- La sentencia deberá ser cumplida por la demandada dentro del término previsto por el art.806 del C. de P. C., el que comenzará a computarse una vez firme el auto aprobatorio de la liquidación que deberá ser practicada conforme las pautas dadas.- La regulación de los honorarios de los letrados actuantes y peritos intervinientes, se difiere para el momento en que exista base líquida y actualizada para ello y será practicada conforme arts. 27, 31, 36, 39, 49, 97, 125 y concordantes de la Ley 9459.- Atento al resultado de la cuestión se torna abstracto el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 8, 9, 14, 21, 22, 46, de la Ley 24.557 y de los decretos 717/96 y 1278/00 que efectuara la parte actora.- Así voto, señalando que he analizado la totalidad de la prueba producida en la causa, mencionando únicamente aquella que ha sido considerada dirimente para el resultado de la cuestión conforme lo previsto por el art. 327 del C. de P. C.-

Por las razones fácticas y jurídicas expuestas, el Tribunal RESUELVE:

I) Hacer lugar a la demanda interpuesta por el actor Sr. Fabián Marcelo Chirichián, D.N.I. Nº 20.439.204 y en consecuencia, condenar al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, como responsable en el pago de las prestaciones dinerarias derivadas del accidente de trabajo sufrido por el actor el día 27 de abril de 2011, mientras prestaba servicios en la policía de la Provincia de Córdoba, a abonarle a éste, en función del art. 14 apartado 2 inc. b) de la ley 24.557, y demás dispositivos legales referenciados al tratar la cuestión, en un único pago, la prestación dineraria por la incapacidad parcial y permanente por las patologías de «Menisectomía sin secuelas (6%) y limitación funcional secuela de plástica de LCA (5%)», que sumados a los factores de ponderación por tipo de actividad (1,10%) y por edad (1,00%), le ocasiona la incapacidad del trece con diez centésimas por ciento (13,10%) de la T.O., que califica médico – legalmente como «Accidente de Trabajo» (art.6.1 de la ley 24.557), que es en definitiva por la que deberá responder la accionada.- Las sumas definitivas de dinero deberán ser determinadas de acuerdo a los lineamientos dados al tratarse la única cuestión, adicionando los intereses al capital mencionado y la condena deberá ser cumplida dentro del término previsto por el art. 806 del C. de P.C. el que comenzará a computarse una vez firme el auto aprobatorio de la liquidación que al efecto se practicará conforme las pautas dadas.-

III) Declarar la inconstitucionalidad de las leyes 8250, 9078, 9086, en cuanto las mismas pretenden establecer la consolidación de todas las obligaciones vencidas o de causa anterior a las diferentes fechas de corte que cada una posee, que consistan en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero; y del art. 68 de la ley 9086 en cuanto dispone un mecanismo de pago de diferimiento sine die de las obligaciones provinciales.-

IV) Imponer las costas a la demandada (art. 28 ley 7987), con excepción de los honorarios del perito de control, los que serán soportados por sus proponentes (art. 49 inc. 2 Ley 9459) y sobre la base de los montos que prosperan, difiriéndose la regulación de los honorarios de los letrados y demás profesionales intervinientes, para el momento en que exista base económica líquida, firme y actualizada, debiendo practicarse conforme arts. 27, 31, 36, 39, 49, 97, 125 y concordantes de la Ley 9459.- V) Oportunamente cumpliméntese con las leyes 8404, 8577 y 8380.- VI) Protocolícese y hágase saber.-

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