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Rechazo de la demanda de daños deducida por quienes fueron heridos por los disparos de un policía, ya que no acataron la orden de alto dada.

DemandaPartes: D. J. L. A. y otros c/ Provincia de Mendoza s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Quinta

Fecha: 9-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-90402-AR | MJJ90402 | MJJ90402

Rechazo de la demanda de daños deducida por quienes fueron heridos por los disparos realizados por un policía, pues los actores no acataron la orden de alto que el agente había dado previamente.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la acción de daños deducida contra el Estado provincial, pues los tiros que dispara el efectivo policial no se producen sin actividad previa alguna, ya que existieron corridas previas por parte de los actores y voz de alto de parte del agente, que no fue acatada, de modo que fueron los reclamantes quienes se colocan en la situación especial que lleva al agente policial a efectuar tales disparos.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil catorce, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, los Sres. Jueces titulares de la misma Dres. Adolfo Mariano Rodríguez Saá, Oscar Martinez Ferreyra y Beatriz Moureu, y trajeron a deliberación para resolver en definitiva la causa Nº 13-00645431-8 (010305-51129)., caratulada «D. J., L. A. Y OTS. C/ PROVINCIA DE MENDOZA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», originaria del Vigésimo Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 352 por la parte actora contra la sentencia dictada a fojas336/341.

Llegados los autos al Tribunal, a fojas 360/366 expresa agravios el apelante, contestados por la parte demandada a fs. 370/371 y por Fiscalía de Estado a fs. 373/374.

Practicado el sorteo de ley, quedó establecido el siguiente orden de votación: Martinez Ferreyra, Moureu y Rodriguez Saa.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 160 de la Constitución Provincial y 141 del Código Procesal Civil, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTION: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MARTINEZ FERREYRA DIJO:

I.- La sentencia recurrida rechaza la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por los señores L. A. D. J. y R. L. L. P.en contra de la Provincia de Mendoza.-

A fin de llegar a tal conclusión la señora Juez a quo tiene en cuenta que, conforme la plataforma fáctica relatada por los actores se está ante el supuesto del análisis de la responsabilidad del estado por su actividad lícita, debiendo encuadrarse la cuestión a resolver en las previsiones de los Artículos 1112 y 1113 del Código Civil.-

Toma en cuenta que, si bien la parte demandada niega que el agente de policía haya efectuado los disparos, de la pericia de Policía Científica surgeque los mismos fueron efectuados del arma que aquel portaba.-

Tiene en cuenta la testimonial rendida en tanto el agente policial Ocho Perez, cumpliendo funciones de seguridad en un local bailable, salió de este y luego la testigo lo vió correr tras un par de jóvenes, llevando uno de ellos un elemento que no puede reconocer y el otro un caño de unos sesenta centímetros.Luego el agente se agazapa tras un automóvil y allí escucha disparos.

Del material que analiza la señora Magistrada es que entiende que ha sido la conducta de los actores la que provoca la reacción del agente policial quien da la orden de detención, no acatando la misma, sino que uno de ellos se sube al auto, le da arranque y parte, mientras que el otro joven corre al lado del auto hata que logra subirse.-

Con ello es que entiende que el policía tuvo motivos suficientes para presumir que se estaba ante una actuación ilícita por los hoy actores, con lo que concluye en que se ha acreditado la culpa de ambos.-

II.- Que, al fundar su recurso, la parte actora se agravia en tanto la sentencia dice seguir el criterio jurisprudencial que cita ,siendo que en ambos la situación fáctica resulta diferente a la de autos, de donde tal doctrina no puede ser aplicable.

Asimismo se agravia en tanto la sentencia merita erróneamente la actuación desproporcionada del agente de policía, diciendo que tenía suficientes motivos como para presumir que se encontraba frente a una actuación ilícita.Argumenta el apelante que el agente de policía disparó sólo por que los actores desoyeron la orden de detención, siendo que tenía otros medios para evitar la fuga.

III.- Que, adelantando opinión y a los fines de ordenar la exposición del presente voto, diré que el recurso en trato debe ser desestimado, confirmándose el decisorio de Primera Instancia.-

Creo prudente iniciar el presente recalcando lo que la doctrina y jurisprudencia ha entendido como sustento de la configuración de la responsabilidad extracontractual del estado por su actividad ilícita, como se denuncia en estos autos, siendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que deben presentarse los siguientes requisitos «a) el Estado debe incurrir en una falta de servicio; b) la actora debe haber sufrido un daño cierto, y c) debe existir una relación de causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue» (Fallos: 328:2546).

Sobre tal base tomo en cuenta que lo discutido en la presente litis se refiere a establecer si el Estado, en el caso a traves de un agente de policía, efectivamente incurrió en una falta de servicio, o para ser mas concreto, si al prestar este servicio, lo hizo «en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular ( CSJN, Fallos:312:1656; 315:1892, 1902; 316:2136; 320:266; 325:1277; 328:4175; 329:3065) de donde la responsabilidad que nace hacia el ente estatal no surge necesariamente de la previsión contenida en la norma del Artículo 1113 del Código Civil, como responsabilidad indirecta, sino del Artículo 1112 del mismo cuerpo legal, ya que la actividad del policía es propia del Estado y los fines que éste debe alcanzar.-

Así es que, en la búsqueda de estos fines, algunas veces tal actividad estatal puede llegar a producir daños en los administrados (en su patrimonio y/o persona), siendo que nacerá la responsabilidad si, tal como nos dice Marcelo Lopez Mesa (en «Tratado de la responsabilidad Civil», Felix A. Trigo Represas y Marcelo J. Lopez Mesa, Tomo IV, pág. 67) estemos frente a la «existencia de un daño antijurídico que quien lo padece no tiene obligación de soportar, por lo que debe ser indemnizado por la comunidad. En línea con lo anterior, debe concluirse que el deber jurídico de soprotar el daño existe cuando el lesionado se ha colocado en una situación de riesgo, tomando parte voluntariamentee en una manifestación ilegal y violenta, produciéndose una respuesta proporcionada en medios, modo y circunstancias por parte de las fuerzas de orden público»

Y este será el nudo gordiano que debemos aclarar, tal como lo hace la sentencia recurrida y la parte actora apelante, ambos en sentido diferente y que, por lo ya anticipado, entiendo acertado el decisorio jurisdiccional.Pasando así al análisis fáctico y restrospectivo de los hechos creo necesario «desprenderme» de los hechos que los actores reltan habrían sucedido con anterioridad al momento en que se encuentran con el efectivo policial, en tanto aquella situación sólo ha quedado en su relato y ninguna prueba al respecto se ha acompañado.- Por otra parte, de ser ciertos estos hechos que anteceden al evento, sólo podrían perjudicar a los actores ya que no se explica que, siendo víctimas inocentes de una agresión, eludan el accionar policial cuando se les dio la voz de alto.-

Ante ello queda el interrogante de los motivos que llevaron a los actores a correr (según ellos ya habían pasado por el local bailable y les habían pedido que se retiraran), pero la testigo que analiza la sentencia en ningún momento hace mención a este hecho, sino sólo a que el policía aparece corriendo a dos personas. Y, nuevamente, ¿por qué siguieron corriendo cuando se les da la voz de alto si -según ellos- nada habían hecho?

No se encuentra discutido que el efectivo policial se encontraba cumpliendo con un servicio extraordinario en un local bailable y, tal como lo relata la testigo en sede penal, luego de las 4.30 hs., aquel le pidió que que lo reemplzara momentaneamente, dirigiéndose hacia la calle.-

Así también y coincidiendo con el relato de los propios actores, éstos últimos admiten haber escuchado claramente la orden impartida por el funcinoario policial (ver declaración de fs.21 del expediente penal prestada por el actor D.), a la cual no hicieron caso.-

Y, previo a ello y conforme las declaraciones testmoniales de Salas en sede penal, ella ve a dos personas que corren (uno por la calle, el otro por la vereda) quienes eran seguidos por el policía.-

Tengo, entonces, hasta aquí, que los tiros que dispara el efectivo policial no se producen sin actividad previa alguna, hay corridas y voz de alto, con lo que es acertada la sentencia en trato al entender que fueron los propios actores quienes se colocan en la situacion especial que lleva al agente policial a efectuar tales disparos.-

Nótese, incluso, que hasta en el memorial que se presenta por ante esta Alzada los actores admiten su fuga ante la orden policial (fs. 365) siendo que, como se vió, este elemento no es el único que juega en los hechos, sino también el hecho que los actores vinieran corriendo y, sin poder dejar de lado la circunstancia de la hora en que estos acontecimientos se desarrollan.

En este concierto de hechos es que aquellas alternativas que los apelantes indican que podría haber tomado el agente policial, si bien habrían evitado que los actores se vieran dañados, no es menos cierto que ante la conducta que presentaban éstos difícil es admitir que podría haberse obtenido su detención, como en el caso se imponía, como era función propia del agente de policía, quien bien pudo haberse figurado estar ante un hecho ilícito.

Con todo ello es que las condiciones necesarias para que los hechos se desarrollaran en la forma en que se han probado sólo fueron colocadas por los actores, quienes merced a su conducta culpable resultan ser únicos responsables de los daños que allí sufrieron, de donde conforme a la normativa general que contiene el Artículo 1111 del Código Civil y en especial como eximente de la responsabilidad objetiva que se presume en contra de la demandada, esta última no debe responder por tales consecuencias, las que respecto las víctimas no aparece como antijurídica.

Así voto.-

Por el mérito del voto que antecede los Dres. Moureu y Rodriguez Saa adhieren al mis mo.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MARTINEZ FERREYRA DIJO:

Que, atento al resultado de la cuestión que antecede y lo normado por el Artículo 36 del Código Procesal Civil, corresponde que las costas de la Alzada sean soportadas por la parte actora, apelante vencida.-

Así voto.-

Por el mérito del voto que antecede los Dres. Moureu y Rodriguez Saa adhieren al mismo.-

Con lo que se terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA

Mendoza, 9 de diciembre de 2014.-

Y VISTOS

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal

R E S U E L V E:

1°) No hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 352 en contra de la sentencia obrante a fs. 336/341.-

2°) Imponer las costas de la Alzada a los recurrentes vencidos.-

3°) Regular honorarios profesionales, a cargo del señor L. A. D. J., a los Dres. Alejandra Natalia Lanci, Pedro García Espetxe y L. Benegas en las sumas de ($.), ($.) y ($.), respectivamente.- (Arts. 13 y 15 de la Ley 3641)

4°) Regular honorarios profesionales, a cargo del señor Ricado Leandro Lucero Ponce, a los Dres. Alejandra Natalia Lanci, Pedro García Espetxe y L. Benegas en las sumas de ($.), ($.) y ($.), respectivamente.- (Arts. 13 y 15 de la Ley 3641)

Notifíquese y bajen.-

Dr. Oscar MARTINEZ FERREYRA Dra. Beatriz MOUREU

Dr. Adolfo RODRIGUEZ SAA

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