Resulta inadmisible sostener que haya mediado una obstrucción del derecho de información del accionista actor susceptible de invalidar la asamblea

se-aprob-un-incremento-del-5-en-salariosPartes: Gosende Mario c/ Riva SACIICFA s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 29-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-90528-AR | MJJ90528 | MJJ90528

Resulta inadmisible sostener que haya mediado una obstrucción del derecho de información del accionista actor susceptible de invalidar la asamblea, si se atiende a que no es hecho controvertido que la sociedad puso a disposición de sus socios durante el plazo del art. 67 de la Ley 19.550 la totalidad de los elementos previstos en la norma.

Sumario:

1.-Resulta inadmisible sostener que haya mediado una obstrucción del derecho de información del accionista actor susceptible de invalidar la asamblea, si se atiende a que no es hecho controvertido que la sociedad puso a disposición de sus socios, durante el plazo previsto en el art. 67 de la ley citada, la totalidad de los elementos previstos en esa norma.

2.-No procede la nulidad de la asamblea basado en violación al derecho de información cuando el peritaje contable producido en la causa habilita a concluir que los estados contables que se hallaban proyectados en ese tiempo -y que fueron aprobados en la asamblea impugnada – incluyeron la información que interesa al demandante, conclusión que fundo en el hecho de que ninguna de las irregularidades que señaló la experta en el aludido peritaje se vinculó con deficiencia alguna producida en ese plano, sino que, por el contrario, la misma perito desechó la impugnación que a su presentación efectuó el actor.

3.-La asamblea ordinaria es, entre otras cosas, la vía natural para permitir que los accionistas ejerciten su derecho de información.

4.-La importancia del canal informativo previsto por el art. 67 de la Ley 19.550 es trascendental para quienes, como el aquí actor, no cuentan con la titularidad del 2% del capital social, lo cual los inhibe de recabar información del síndico en los términos previstos en el art. 294 inc. 6° LSC.

5.-La información sobre la administración de la sociedad se hace efectiva -en términos no excluyentes pero sí principales- por medio de los estados contables y demás documentos que el citado art. 67 exige poner a disposición de los socios con aquella anticipación, de manera que, demostrado -como ocurrió en el caso- que la mencionada documentación no contuvo deficiencias que hubieran menguado ese derecho del actor, forzoso es concluir que la sociedad cumplió con los requerimientos de información que interesaban al nombrado, haciéndolo por la vía prevista al efecto en la ley, cual era la de poner a su disposición la aludida información contable.

6.-El accionista puede complementar su información en el seno de la misma asamblea, pidiendo las explicaciones que estime menester, pero como todo derecho a ser ejercido en el seno de una comunidad, encuentra el límite de los derechos que también asisten a sus demás integrantes.

7.-Si del acta respectiva surge que durante el desarrollo de la asamblea impugnada el actor plasmó numerosas inquietudes y preguntas sobre los estados contables y la actividad social en general que le fueron respondidas, requiriendo varias de esas preguntas que la contestación de los directores fuera efectuada con apoyo documental, necesario para dar respuestas exactas, en tales condiciones, debe concluirse que, puestos los estados contables a disposición de los socios en los términos del citado art. 67 de la Ley 19.550 y acreditado que el actor hizo extensivo uso de su posibilidad de obtener las explicaciones que estimó necesarias en el seno de la misma asamblea -exteriorizando innumerables observaciones, preguntas y quejas que siempre fueron respondidas con precisión-, no es posible sostener que el solo hecho de que se haya aprobado la moción de no seguir otorgándole más información, se presente como una indebida obstrucción de su derecho en tal sentido, máxime cuando, como se dijo, todo indica esa información ya surgía de la contabilidad, y que bien podría haber sido profundizada por él con aquella antelación que no respetó.

8.-Del texto del art. 240 de la Ley 19.550 se desprende que los funcionarios allí previstos están obligados -sin perjuicio de que también tienen derecho- a concurrir a las asambleas, pero no obstante, la norma no establece cuál es la sanción que se deriva del incumplimiento de esa obligación y sin duda, ese incumplimiento habilitaría -si se dieran los demás presupuestos necesarios a este efecto- a considerar al incumplidor incurso en la responsabilidad que, en su caso, correspondiera endilgarle.

9.-Aunque la norma del art. 240 de la Ley 19.550 no haya previsto como sanción la nulidad, y sin perjuicio de la responsabilidad de los directores que han infringido la misma, la invalidez de lo así actuado podría admitirse por aplicación de la ya arraigada doctrina de las nulidades implícitas; doctrina que, construida a partir de lo dispuesto en el art. 18 del código civil, desconoce todo efecto a los actos realizados en violación a la ley, aunque ello no significa que esa ausencia de los directores al acto asambleario impugnado determine inexorablemente la nulidad de ésta.

10.-Es verdad que, siendo la asamblea un órgano societario, debe cumplir con el ordenamiento especial que la regula y, por ser un acto solemne, también debe celebrarse con ajuste a muy precisos recaudos formales cuya vulneración apareja su invalidez. Pero la ausencia de los directores a la misma no participa de esa naturaleza, esto es, no es recaudo formal cuya defectuosa configuración sea susceptible de afectar la conformación del mismo órgano y ello parece claro a la luz de lo dispuesto en los arts. 243 y 244 de la misma ley, que, a los efectos de tener por debidamente constituida a la asamblea sólo requiere, en este plano, que exista quorum, el que, de su lado, se determina en función de la cantidad de acciones que allí se indican.

11.-No hay en los arts. 243 y 244 de la Ley 19.550 alusión alguna a la necesidad de que se cuente con presencia de los funcionarios mencionados en el art. 240, lo cual me lleva a concluir del modo anticipado: logrado ese quorum -que es el aspecto formal que interesa en este caso- habrá asamblea debidamente constituida y en condiciones de emitir decisiones válidas.

12.-Con esa presencia obligatoria de los directores a la asamblea, la Ley 19.550 en su art. 240 persigue poner a disposición de los accionistas una herramienta que, llegado el caso, pueda complementar su derecho de información: dentro de lo razonable y legítimo, y bajo la dirección del presidente de la asamblea -que deberá preservar el orden del acto- los socios podrán requerir de aquéllos las explicaciones que consideren necesarias acerca de los asuntos incluidos dentro del orden del día que sean de su competencia y así se infiere del hecho de que se otorgue voz a los nombrados, según disposición que se orienta a permitir que quienes tienen a su cargo la administración de la sociedad o su fiscalización -y se encuentran, por ende, sometidos al juzgamiento de su responsabilidad por la asamblea-, puedan hacerse oír en el seno de ésta, ya para bonificar el debate con su mayor conocimiento de las cosas, ya para hacer los descargos o aclaraciones que correspondan (lo cual justifica que esa presencia suya en el órgano sea también su derecho). Sólo en la medida que pudiera admitirse -o por lo menos presumirse- la lesión de alguno de los aludidos intereses, cabría admitir también la invalidez de lo actuado.

13.-La vulneración del derecho de información se presenta como un vicio susceptible de invalidar a ésta, de modo que forzoso es concluir que no es posible descartar que, si la ausencia de un director menoscaba el aludido derecho de información, tal circunstancia también pueda llegar a ser causal suficiente de tal invalidez

14.-Ante nulidades sustanciales -no procesales- la exigencia de acreditar el perjuicio debe relativizarse.

15.-La pretensión del socio de obtener, con el solo respaldo de un prurito formal, la invalidez de lo actuado en la asamblea dejando a la sociedad que integra en la grave situación de carecer de estados contables aprobados y a sus consocios en situación de haber cobrado dividendos impertinentes, se presenta como una conducta que no merece protección judicial.

16.-El citado art. 239 prohíbe que …los directores, los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los gerentes y demás empleados de la sociedad… revistan la calidad de apoderados de un accionista en la asamblea, tratándose de una incapacidad de derecho que pesa sobre los nombrados y que se funda en motivos éticos: el potencial conflicto de intereses que podría plantearse entre representado y representante, conflicto que es presumido por la ley iuris et de iure.

17.-Lo que la Ley 19.550 en su art. 239 procura es evitar el conflicto de intereses que podría plantearse cuando, por hallarse directamente vinculada con la dirección o con el control de la sociedad, la persona que actúa como representante puede presuponerse inclinada a hacer prevalecer intereses que no se correspondan con los de la sociedad o con los de su representado, de manera que si la ley establece que en esa situación se encuentran los empleados , es inocultable al sentido común que la misma regla debe establecerse para quienes, aun cuando no se hallen en relación de dependencia, trabajan para la sociedad por haber sido contratados para colaborar en el cumplimiento de las funciones que desempeñan sus órganos, y reciben de ésta remuneraciones cuya conservación les interesa.

18.-Estar en el seno de la misma administración, o tener con ella -o con quienes integran sus órganos de control- una relación tal que habilite a suponer ese conflicto que supone la misma ley, es el aspecto que dirime la cuestión, lo cual exige indagar no tanto una relación jurídica, como sí una cuestión de hecho.

19.-Aun cuando no se considerara probada la calidad de gerente de legales atribuida al apoderado asambleario, la relación de éste con la demandada es de una intensidad tal que ha justificado que él tenga en la sede social su oficina, lo cual habilita a considerar que el nombrado se encontraba incurso en la prohibición prevista en el art. 239 de la Ley 19.550.

20.-Para que la violación de la norma del art. 239 de la Ley 19.550 funcione como detonante de la nulidad de la decisión asamblearia respectiva, es necesario que los votos emitidos por el apoderado incurso en la prohibición de marras hayan sido determinantes de la mayoría. Se trata de juzgar, a la luz de lo que se ha dado en llamar prueba de la resistencia , si esa decisión hubiera sido o no igualmente tomada aun sin la participación del accionista así representado, supuesto -el de una respuesta afirmativa- que habilitaría a concluir en la inocuidad de lo actuado.

21.-Las normas de los arts. 239 y 248 de la Ley 19.550 no son sino variantes de lo mismo, siendo obvio que ambas se inspiran en la misma razón ética: la necesidad de evitar que la configuración de un conflicto de intereses lleve a quien vota en la asamblea a hacer prevalecer su propio interés, o alguno extraño al de la sociedad, por sobre el de ésta y sus accionistas y no obsta a ello que el citado art. 248 no establezca expresamente la nulidad de lo actuado en tal caso, toda vez que, sin perjuicio de la posibilidad del interesado de consentir lo actuado y limitar su acción a la sola responsabilidad por daños, parece razonable concluir -juntamente con la doctrina hoy abrumadoramente mayoritaria- que la infracción legal en él prevista habilita también, como ocurre con cualquier otra infracción de esa naturaleza, la acción prevista en el art. 251 LSC.

22.-Las diferencias entre las normas de los arts. 239 y 248 de la Ley 19.550 se acota al modo en el que ellas funcionan: mientras el conflicto de intereses que se procura evitar es presumido por la ley sin admitir prueba en contrario en el supuesto del art. 239 -al igual que en el previsto en el art. 241 que se refiere más abajo-, cosa diversa ocurre con la hipótesis contemplada en el art. 248 (o con la prevista, bien que para el directorio, en el art. 272), en el que, en cambio, la existencia de un interés contrario en quien votó, debe ser demostrado. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 29 días del mes de septiembre de dos mil catorce, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer en los autos “GOSENDE MARIO C/ RIVA S.A.C.I.I.C.F.A. S/ ORDINARIO” (Expte. Nº 67.612/10) en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9), Eduardo R. Machin (7) y Juan Roberto Garibotto (8).

El doctor Eduardo R. Machin no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.)

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 502/519?

La señora juez Julia Villanueva dice:

I.La sentencia apelada .

Mediante el pronunciamiento obrante a fs. 502/519, el señor juez de primera instancia rechazó la demanda entablada por Mario Gosende contra Riva S.A. a efectos de obtener la nulidad de las decisiones tomadas por la asamblea de la demandada celebrada el 26 de octubre del 2006.

En cuanto aquí interesa, el sentenciante consideró que no había sido violado el derecho de información del actor, por lo que rechazó la impugnación fundada en que no se había entregado a éste -tras aprobarse una moción del Dr. Bomchil- la información que el demandante había solicitado durante la asamblea.

Tuvo asimismo por acreditado que el Dr. Fernando Moledo no había revestido la calidad de gerente de la sociedad, por lo que concluyó que la participación de éste en la aludida asamblea en representación de una socia, no había vulnerado la prohibición contemplada en el art. 239 LS., ni tampoco el art.241 de la misma ley, dado que esta última norma, en su versión actual, no impedía a ese representante expedirse sobre los estados contables.

Rechazó también la nulidad sustentada en que había sido infringido el art. 240 del mismo ordenamiento al haber sido celebrada esa asamblea sin la presencia de algunos de sus directores y consideró no acreditado -por las razones que explicó- que la gestión del directorio hubiera sido aprobada mediante la emisión de votos en infracción a lo dispuesto por el art. 241 LS.

En lo referente a los honorarios de los directores fijados en el acto atacado, el magistrado concluyó, por un lado, que -contrariamente a lo sostenido por el actor- no había mediado ninguna vulneración del orden del día (art. 246 LSC); y, por el otro, que tampoco habían sido violadas las prescripciones contenidas en el art. 261 de la misma ley, destacando que habían sido respetados los presupuestos exigidos por la norma para superar los límites en ella previstos y que esa decisión del órgano no había causado ningún perjuicio a los accionistas en razón de los dividendos que a éstos habían sido distribuidos.

Finalmente, rechazó el cuestionamiento fundado en que se habían aprobado honorarios para el síndico que no figuraban en el balance y que no habían sido incluidos en el orden del día, considerando -entre otras cosas- que la cantidad de $24.000 que había sido fijada como retribución para dicho órgano no se presentaba excesiva.

II. El recurso.

La sentencia fue apelada por el demandante a fs. 534, quien mantuvo su recurso a fs. 544/51, y fue respondido a fs.559/71.

El recurrente insiste en su impugnación basada en que se violó su derecho de información en el momento de la deliberación.

Manifiesta que la obstaculización de ese derecho suyo se encuentra acreditada con la grabación que él acompañó al promover la demanda, y se corrobora por el hecho de que en el acta consta que fue aprobada la moción que, en contra de su petición, fue efectuada por el Dr. Bomchil, aprobación cuya existencia -según alega- sólo tiene sentido si se admite que mediante ella se negó a su parte algún tipo de información.

De otro lado, reitera que la accionista Adriana Riva fue representada en la referida asamblea por quien se desempeñaba como “gerente de legales”, extremo que debe entenderse acreditado, según sostiene, mediante los elementos probatorios que refiere.

Considera, asimismo, que la ausencia de algunos de los directores en la asamblea debe estimarse idónea para anular lo actuado.

En tal sentido, afirma que sería absurdo que el art. 240 LS hubiera impuesto a los nombrados esa obligación de concurrencia sin que su incumplimiento aparejara ninguna consecuencia, como absurdo resultaría también, según afirma, que -como sostuvo el sentenciante- tal nulidad debiera verse obstada por el hecho de que la referida ausencia no hubiera provocado perjuicios.

En otro plano, critica el razonamiento que llevó al a quo a concluir que los accionistas-directores presentes en la asamblea no habían violado su obligación de abstenerse de votar su propia gestión.

Expresa que la grabación de dicho acto aportada por su parte a la causa demuestra que en los hechos no existió tal abstención, y resalta que la votación se hizo considerando la actuación de cada director en forma individual y no, como hubiera correspondido, tratando esa gestión como realizada por todo el directorio en cuanto órgano colegiado, lo cual permitió que los directores involucrados participaran en el juzgamiento de sus pares.

Se queja, asimismo, de la errónea interpretación del art.261 LSC que atribuye al sentenciante.

Señala que la cuestión fue confusamente tratada a raíz del modo en que se la propuso en el orden del día, lo cual dio lugar a que se aprobaran dos importes distintos en concepto de honorarios, de cuya sumatoria resulta que fueron violados los límites previstos en la mencionada norma.

Funda esa aseveración -esto es, la vinculada a que esos límites fueron indebidamente superados-, en dos aspectos principales.

Por un lado, en el hecho de que, a estos efectos, debe tenerse presente que las ganancias del ejercicio no fueron íntegramente distribuidas, por lo que era aplicable el tercer párrafo de la citada norma, que no mereció ninguna consideración del magistrado.

Y, por el otro, en que no quedó tampoco demostrada la ejecución de las funciones técnico-administrativas especiales que fueron atribuidas a los referidos directores.

En lo que respecta a los honorarios de la sindicatura, sostiene el apelante que su impugnación no fue comprendida, en tanto la irregularidad destacada por su parte en este punto no tuvo por norte criticar el monto en el que tales honorarios habían sido fijados, sino que ellos no hubieran sido incluidos en los estados contables.

Finalmente, critica las conclusiones del decisorio vinculadas con la contabilidad de la demandada, en razón de que, según sostiene, se privilegiaron las manifestaciones de esta última por sobre el peritaje contable, en el que se habían señalado 14 irregularidades.

III. La solución.

1.Como surge de la reseña que antecede, el actor demandó la nulidad de la asamblea ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2006, en la que, en lo que aquí interesa, se decidieron aprobar los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de ese mismo año, como así también hacer lo propio con la gestión de los directores, fijar los honorarios de éstos y de la sindicatura, y distribuir utilidades.

El señor juez de grado rechazó la acción por considerar que no se había configurado ninguno de los vicios alegados por el actor en su demanda.

Esa decisión, como quedó expuesto, ha motivado la apelación traída a consideración de esta Sala.

2. El recurrente se agravia, en primer lugar, del hecho de que, según aduce, durante la deliberación de la asamblea impugnada fue vulnerado su derecho de información.

Expresa que, al rechazar la impugnación de su parte vinculada con este aspecto, el señor juez de grado no tuvo en consideración las grabaciones adjuntadas a la demanda, de las que surgiría la efectiva violación de ese derecho suyo y una realidad diferente a la resumida en el acta de la aludida asamblea.

A mi juicio, la queja debe ser desestimada.

Por lo pronto, no encuentro atendible la pretensión del quejoso de otorgar a la grabación que invoca la aludida relevancia.

Es verdad que en el acta de la asamblea se dejó constancia de que el nombrado había grabado lo sucedido en el curso de ésta, pero no existe el más mínimo elemento que indique que la grabación de que se trata -cuya autenticidad fue expresamente desconocida al contestar demanda (v.acápite 3.2)- se corresponda con la que fue realizada en ese acto.

No soslayo que, como bien señala el apelante, en un pasaje del referido acto el representante de la socia Sofía Riva efectuó una moción puntual para acotar el tratamiento de una consulta del actor.

Pero, ponderado ese dato a la luz de la perspectiva que otorgan al caso las demás circunstancias reunidas, encuentro inadmisible sostener que haya mediado una obstrucción del derecho de información del nombrado susceptible de invalidar la asamblea.

Así cabe concluir si se atiende a que no es hecho controvertido que la sociedad puso a disposición de sus socios, durante el plazo previsto en el art. 67 de la ley citada, la totalidad de los elementos previstos en esa norma.

El peritaje contable producido en la causa habilita a concluir que los estados contables que se hallaban proyectados en ese tiempo -y que fueron aprobados en la asamblea que me ocupa- incluyeron la información que interesa al demandante, conclusión que fundo en el hecho de que ninguna de las “irregularidades” que señaló la experta en el aludido peritaje se vinculó con deficiencia alguna producida en ese plano, sino que, por el contrario, la misma perito desechó la impugnación que a su presentación efectuó el actor.

No soslayo que la asamblea ordinaria es, entre otras cosas, la vía natural para permitir que los accionistas ejerciten su derecho de información.

Y tengo presente, asimismo, que la importancia de ese canal informativo es trascendental para quienes, como el aquí actor, no cuentan con la titularidad del 2% del capital social, lo cual los inhibe de recabar información del síndico en los términos previstos en el art. 294 inc. 6° LSC.

Pero si esto es cierto, no menos lo es que esa información se hace efectiva -en términos no excluyentes pero sí principales- por medio de los estados contables y demás documentos que el citado art.67 exige poner a disposición de los socios con aquella anticipación.

Y de esto se deriva que, demostrado -como ocurrió en el caso- que la mencionada documentación no contuvo deficiencias que hubieran menguado ese derecho del actor, forzoso es concluir que la sociedad cumplió con los requerimientos de información que interesaban al nombrado, haciéndolo por la vía prevista al efecto en la ley, cual era la de poner a su disposición la aludida información contable.

No implica esto afirmar -como se sostiene por alguna doctrina- que el accionista no puede complementar su información en el seno de la misma asamblea, pidiendo las explicaciones que estime menester.

Sólo importa sostener que, como todo derecho a ser ejercido en el seno de una comunidad, encuentra el límite de los derechos que también asisten a sus demás integrantes.

Desde tal perspectiva, y en lo que a este puntual aspecto interesa, razones vinculadas con la necesidad de respetar el tiempo ajeno y el orden de la asamblea exhiben apropiado exigir que -en la medida de lo posible- el interesado canalice los requerimientos respectivos durante aquellos 15 días previos al acto, como así también reconocer a la asamblea el poder de evitar los eventuales abusos que, so pretexto de informarse, pudieran ser cometidos por los socios.

En el caso, del acta respectiva surge que durante el desarrollo de la aludida asamblea el actor plasmó numerosas inquietudes y preguntas sobre los estados contables y la actividad social en general que le fueron respondidas, requiriendo varias de esas preguntas que la contestación de los directores fuera efectuada con apoyo documental, necesario para dar respuestas exactas.

En tales condiciones, es mi parecer que, puestos los estados contables a disposición de los socios en los términos del citado art.67, y acreditado que el actor hizo extensivo uso de su posibilidad de obtener las explicaciones que estimó necesarias en el seno de la misma asamblea -exteriorizando innumerables observaciones, preguntas y quejas que siempre fueron respondidas con precisión-, no es posible sostener que el solo hecho de que se haya aprobado la moción de no seguir otorgándole más información, se presente como una indebida obstrucción de su derecho en tal sentido, máxime cuando, como se dijo, todo indica esa información ya surgía de la contabilidad, y que bien podría haber sido profundizada por él con aquella antelación que no respetó.

Por los fundamentos hasta aquí expuestos, es mi parecer que la queja tratada debe ser desestimada.

3. El demandante se agravia, además, de que haya sido desestimada la nulidad planteada por su parte con sustento en la violación del art. 240 LSC.

El mencionada norma dispone:

“Los directores, los síndicos y los gerentes generales tienen derecho y obligación de asistir con voz a todas las asambleas. Sólo tendrán voto en la medida que les corresponda como accionistas, con las limitaciones establecidas en esta Sección.

Es nula cualquier cláusula en contrario”.

Del texto transcripto se desprende que los funcionarios allí previstos están obligados -sin perjuicio de que también tienen derecho- a concurrir a las asambleas.

No obstante, la norma no establece cuál es la sanción que se deriva del incumplimiento de esa obligación.

Sin duda, ese incumplimiento habilitaría -si se dieran los demás presupuestos necesarios a este efecto- a considerar al incumplidor incurso en la responsabilidad que, en su caso, correspondiera endilgarle (Vítolo, Daniel R., Sociedades Comerciales. Ley 19.550, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, T. IV, 2008, p. 114; Molina Sandoval, Carlos, Tratado de las asambleas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 780; Roitman, Horacio, Ley de Sociedades Comerciales, 2da. ed., La Ley, Buenos Aires, T. IV, 2011, p. 723; Verón, Alberto V., Tratado de las Sociedades Anónimas, La Ley, Buenos Aires, T. III, 2008, p.857, entre otros).

Pero ¿significa esto que, en cambio, ese incumplimiento no habilita a declarar la nulidad del acto?

La cuestión, que no ha sido objeto de demasiada atención por parte de nuestra doctrina, exige -según mi ver- algunas precisiones.

Por lo pronto, parece claro que, aunque la norma no haya previsto como sanción la nulidad, y sin perjuicio de aquella responsabilidad, la invalidez de lo así actuado podría admitirse por aplicación de la ya arraigada doctrina de las nulidades implícitas; doctrina que, construida a partir de lo dispuesto en el art. 18 del código civil, desconoce todo efecto a los actos realizados en violación a la ley.

Pero esto no significa -como parece haberlo entendido el actor- que esa ausencia de los directores en la asamblea determine inexorablemente la nulidad de ésta.

Es verdad que, siendo la asamblea un órgano societario, debe cumplir con el ordenamiento especial que la regula y, por ser un acto solemne, también debe celebrarse con ajuste a muy precisos recaudos formales cuya vulneración apareja su invalidez.

Pero el recaudo que me ocupa en este caso -ausencia de los directores- no participa de esa naturaleza, esto es, no es recaudo formal cuya defectuosa configuración sea susceptible de afectar la conformación del mismo órgano.

Que esto es así, parece claro a la luz de lo dispuesto en los arts. 243 y 244 de la misma ley, que, a los efectos de tener por debidamente constituida a la asamblea sólo requiere, en este plano, que exista quorum, el que, de su lado, se determina en función de la cantidad de acciones que allí se indican.

No hay, en cambio, alusión alguna a la necesidad de que se cuente con presencia de los mencionados funcionarios, lo cual me lleva a concluir del modo anticipado:logrado ese quorum -que es el aspecto formal que interesa en este caso- habrá asamblea debidamente constituida y en condiciones de emitir decisiones válidas.

¿Cuándo, entonces, podría esa ausencia de los directores generar la nulidad del acto?

La respuesta se vincula, según mi ver, con la finalidad de la obligación prevista en el citado art. 240.

Con esa presencia obligatoria la ley persigue poner a disposición de los accionistas una herramienta que, llegado el caso, pueda complementar su derecho de información: dentro de lo razonable y legítimo, y bajo la dirección del presidente de la asamblea -que deberá preservar el orden del acto- los socios podrán requerir de aquéllos las explicaciones que consideren necesarias acerca de los asuntos incluidos dentro del orden del día que sean de su competencia.

Así se infiere del hecho de que se otorgue voz a los nombrados, según disposición que se orienta a permitir que quienes tienen a su cargo la administración de la sociedad o su fiscalización -y se encuentran, por ende, sometidos al juzgamiento de su responsabilidad por la asamblea-, puedan hacerse oír en el seno de ésta, ya para bonificar el debate con su mayor conocimiento de las cosas, ya para hacer los descargos o aclaraciones que correspondan (lo cual justifica que esa presencia suya en el órgano sea también su derecho).

A mi juicio, esa perspectiva de las cosas -acerca de la cual no parece haber disenso doctrinario- determina las consecuencias del incumplimiento de ese derecho/obligación previsto en el citado art.240, de modo tal que sólo en la medida que pudiera admitirse -o por lo menos presumirse- la lesión de alguno de los aludidos intereses, cabría admitir también la invalidez de lo actuado.

De esos intereses, importa destacar aquí que la norma bajo análisis se endereza a complementar -del modo ya visto- esa otra faceta del derecho de información de los accionistas en el seno de la asamblea.

Desde tal perspectiva, si existe coincidencia en la doctrina y la jurisprudencia acerca de que la vulneración de tal derecho se presenta como un vicio susceptible de invalidar a ésta (CNCom., Sala B, “Noel, Carlos c/ Noel y Cía. S.A. s/ Sumario”, 19/05/95; íd. “Errecart, Susana Luisa c/ La Gran Largada S.A. y otros s/ Ordinario” , 5.2.04; íd. Sala D, “Batista, Hugo Ramón y otro c/ Batista e Hijos S.R.L. s/ Ordinario” , 1.6.12), forzoso es concluir que no es posible descartar que, si

la ausencia de un director menoscaba el aludido derecho de información, tal circunstancia también pueda llegar a ser causal suficiente de tal invalidez (CNCom., Sala B, “Isabella Pascual c/ Frymond S.A.y otros s/ Ordinario , 28.9.12).

Aplicados estos conceptos al caso, parece claro que las mismas consideraciones expuestas en el punto anterior son suficientes para desechar la nulidad tratada en el presente.

Por lo pronto, el actor no ha siquiera insinuado que la ausencia de los directores que esgrime haya derivado en una lesión de ese derecho suyo, dado que, como se vio, su pretensión de que la información que requirió le fue obstaculizada fue fundada por él en otras circunstancias.

Y no sólo eso, sino que implícitamente consintió lo expresado por el señor juez de primera instancia en cuanto a que esa ausencia no le había causado ningún perjuicio, a punto tal que su agravio consistió en que la ley no exigía la generación de perjuicio alguno.

Por lo demás, en la asamblea impugnada estuvieron presentes cuatro directores, que, como se dijo, dieron respuestas a todos los requerimientos del demandante, sin que en ningún momento la ausencia de los restantes se haya presentado -ni entonces, ni ahora- como un obstáculo que hubiera impedido al actor conocer algún aspecto de todos aquellos que le importaban.

En tales condiciones, y aun cuando es mi criterio que ante nulidades sustanciales -no procesales- la exigencia de acreditar el perjuicio debe relativizarse, encuentro que en este caso la pretensión del socio de obtener, con el solo respaldo de un prurito formal, la invalidez de lo a ctuado dejando a la sociedad que integra en la grave situación de carecer de estados contables aprobados y a sus consocios en situación de haber cobrado dividendos impertinentes, se presenta como una conducta que no merece protección judicial.

Habré, por ende, de proponer también el rechazo de este agravio.

4. El recurrente sostiene, además, que las decisiones impugnadas son nulas por haber sido adoptadas en violación a lo dispuesto en el art. 239 LSC.

Se explaya en consideraciones tendientes a acreditar que el señor juez de grado se equivocó al rechazar su alegación de que el Dr.Fernando Moledo revestía la calidad de “gerente de legales” de la sociedad demandada, haciendo mérito de toda la prueba que, según alega, demostraría lo contrario.

Pues bien: el citado art. 239 prohíbe que “.los directores, los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los gerentes y demás empleados de la sociedad.” revistan la calidad de apoderados de un accionista en la asamblea.

Se trata, como es sabido, de una incapacidad de derecho que pesa sobre los nombrados y que se funda en motivos éticos: el potencial conflicto de intereses que podría plantearse entre representado y representante, conflicto que es presumido por la ley iuris et de iure (Manóvil, Rafael Mariano, Nulidades asamblearias: un nuevo fallo esclarecedor, ED, 176-221).

Las partes aquí enfrentadas han discutido si, al actuar en representación de la accionista Adriana María Riva, el mencionado Dr. Fernando Moledo violó la aludida prohibición.

Lo discutido es, como se vio, si dicho representante se hallaba alcanzado o no por la prohibición de marras, extremo que, afirmado por el actor con sustento en que aquél había revestido la calidad de “gerente de legales” de la sociedad al tiempo de la asamblea, fue negado por la defendida con fundamento en que ninguna decisión orgánica había atribuido al nombrado esa calidad, siendo éste sólo un asesor letrado que ejercía libremente su profesión de abogado.

A mi juicio, la solución del conflicto impone interpretar los alcances de la prohibición establecida en la norma citada.

¿Cuál es el alcance que debe otorgarse a la noción de “empleados de la sociedad” utilizada en ella?¿Queda tal expresión acotada a quienes se hallan en relación de dependencia, o comprende también a quienes prestan servicios remunerados para el ente?

Si bien la capacidad de los sujetos es la regla y su incapacidad la excepción -lo cual fuerza a interpretar restrictivamente todo supuesto en el que se pretenda la configuración de esta última-, entiendo que la cuestión no puede, en este caso, ser decidida desde esa óptica.

Así me parece por cuanto, como se ha visto, lo que la ley procura es evitar el conflicto de intereses que podría plantearse cuando, por hallarse directamente vinculada con la dirección o con el control de la sociedad, la persona que actúa como representante puede presuponerse inclinada a hacer prevalecer intereses que no se correspondan con los de la sociedad o con los de su representado.

Si la ley establece que en esa situación se encuentran los “empleados”, es inocultable al sentido común que la misma regla debe establecerse para quienes, aun cuando no se hallen en relación de dependencia, trabajan para la sociedad por haber sido contratados para colaborar en el cumplimiento de las funciones que desempeñan sus órganos, y reciben de ésta remuneraciones cuya conservación les interesa (ver, en el mismo sentido, Nissen, Ricardo Augusto, Ley de sociedades comerciales, t. 2, pág. 768 y siguientes, Ed. Astrea, 2010).

Es decir: estar en el seno de la misma administración, o tener con ella -o con quienes integran sus órganos de control- una relación tal que habilite a suponer ese conflicto que supone la misma ley, es el aspecto que dirime la cuestión, lo cual exige indagar no tanto una relación jurídica, como sí una cuestión de hecho.

Aplicados estos conceptos al caso, parece claro que, aun cuando no se considerara probada la calidad de “gerente de legales” atribuida al Dr.Moledo, la relación de éste con la demandada es de una intensidad tal que ha justificado que él tenga en la sede social su oficina, lo cual habilita a considerar que, tal como sostuvo el demandante, el nombrado se encontraba incurso en la prohibición examinada.

No obstante, de esto no se deriva que asista razón al apelante en lo demás que solicita.

Así concluyo pues, para que la violación de esa norma funcione como detonante de la nulidad de la decisión asamblearia respectiva, es necesario que los votos emitidos por el apoderado incurso en la prohibición de marras hayan sido determinantes de la mayoría.

Se trata de juzgar, a la luz de lo que se ha dado en llamar “prueba de la resistencia”, si esa decisión hubiera sido o no igualmente tomada aun sin la participación del accionista así representado, supuesto -el de una respuesta afirmativa- que habilitaría a concluir en la inocuidad de lo actuado.

Que este criterio es aplicable a este supuesto, parece claro, como se infiere de que la norma en cuestión no es sino una variante de la prevista en el art. 248 de la misma ley, que expresamente contempla ese criterio.

Y que ambas disposiciones no son sino variantes de lo mismo, también parece obvio, desde que ambas se inspiran en la misma razón ética: la necesidad de evitar que la configuración de un conflicto de intereses lleve a quien vota en la asamblea a hacer prevalecer su propio interés, o alguno extraño al de la sociedad, por sobre el de ésta y sus accionistas.

No obsta a ello que el citado art.248 no establezca expresamente la nulidad de lo actuado en tal caso, toda vez que, sin perjuicio de la posibilidad del interesado de consentir lo actuado y limitar su acción a la sola responsabilidad por daños, parece razonable concluir -juntamente con la doctrina hoy abrumadoramente mayoritaria- que la infracción legal en él prevista habilita también, como ocurre con cualquier otra infracción de esa naturaleza, la acción prevista en el art. 251 LSC.

Así las cosas, las diferencias entre estas normas se acota al modo en el que ellas funcionan: mientras el conflicto de intereses que se procura evitar es presumido por la ley sin admitir prueba en contrario en el supuesto del art. 239 -al igual que en el previsto en el art. 241 que se refiere más abajo-, cosa diversa ocurre con la hipótesis contemplada en el art. 248 (o con la prevista, bien que para el directorio, en el art. 272), en el que, en cambio, la existencia de un interés contrario en quien votó, debe ser demostrado.

A los efectos que aquí interesan, esa diferencia es irrelevante, lo cual habilita a concluir en la viabilidad de la aplicación analógica reseñada y, por ende, a rechazar el planteo así fundado.

Y esto pues, aun suprimiendo los 600.000 votos utilizados por el representante cuestionado (v. fs. 307), el sentido de las mociones aprobadas no hubiera variado, lo cual impone esa solución a la luz de los conceptos analizados (ver, en el mismo sentido, esta Sala, “Gysin, Norberto c/ Federal S.A.”, del 30.08.84).

5. Igual suerte debe correr, según mi ver, la impugnación articulada con respecto a la aprobación de la gestión de los directores.

Esa impugnación fue fundada, como se dijo, en que dicha aprobación habría sido obtenida en infracción a la prohibición de votar el asunto que impone el art.241 LSC a los administradores que, a su vez, son accionistas.

Por las razones expresadas en el punto anterior, corresponde, también aquí, indagar si los votos pretendidamente emitidos en violación a esa norma, fueron dirimentes a los efectos de lograr la mayoría necesaria para tomar la decisión.

La respuesta es negativa: aun cuando no se computaran los votos de esos accionistas directores, ni los emitidos en infracción al art. 239 más arriba tratado, los restantes accionistas hubieran alcanzado igualmente esa mayoría.

Téngase presente que los votos cuestionados son los emitidos por los accionistas Amado Riva (5.600.000 acciones), Cristina Riva (500.000 acciones) y Carolina Riva (600.000 acciones), los que, en tanto no susceptibles de ser emitidos en la respectiva decisión (art. 243 LSC), tampoco hubieran debido integrar la base para el cálculo.

En tales condiciones, los restantes socios presentes en la asamblea -me refiero a Amado Luis Riva, a Pedro Jaime Riva, a Santiago Enrique Riva y a Sofía Riva, cada uno titular de 600.000 votos- aportaron los votos suficientes para tener por aprobado el referido punto del orden del día.

Descontados los votos del actor -que sólo influyó con el 1,538% de las acciones con tal derecho- y, como se dijo, también los emitidos por el Dr. Moledo, la mayoría hubiera seguido siendo nítida.

En tales condiciones, resulta sobreabundante expedirse acerca de si, como sostuvo el actor a la luz de la inteligencia que asignó al citado art. 241 LSC, se configuró o no la infracción en él prevista.

En cualquier caso, la solución seguiría siendo contraria a la viabilidad de la impugnación examinada, por lo que he de proponer sobre esas bases el rechazo de la apelación articulada.

6. Corresponde ahora que me ocupe de examinar si, tal como insiste el apelante, la decisión que aprobó los honorarios de los directores es nula por haber sido adoptada en violación a lo dispuesto en el art.261 LSC.

El juez de grado tuvo por acreditado que las aludidas remuneraciones habían sido fijadas en exceso a los límites establecidos en la citada norma, mas consideró que ésta no había sido infringida, toda vez que el asunto había sido incluido en el orden del día y habían sido probadas las funciones técnico-administrativas que habían justificado tal exceso.

No advierto que esos argumentos del sentenciante hayan sido conducentemente cuestionados por el apelante.

Así concluyo a partir del hecho de que el nombrado se ha limitado a reiterar ante esta Sala que esas funciones no son especiales -ni, por ende, susceptibles de habilitar la perforación de aquellos límites- sin siquiera mencionar las t areas que el magistrado tuvo en consideración para decidir lo contrario.

De las referencias efectuadas en la sentencia surge que el sentenciante tuvo en consideración la actuación de los directores en distintos cometidos inherentes al ejercicio de sus propias profesiones liberales, tales como el desempeño de arquitecto con funciones en la producción y en la parte comercial (fs. 344/46); atención de ciertas licitaciones y otros aspectos (fs. 356/57, nro. 19); actuación como ingeniero en construcciones y analista de sistemas, tareas de ingeniero como estimador de costos (fs. 382/83 respuestas quinta y diecinueve), ejecución de funciones administrativas financieras, coordinación en la producción de una cantidad importante de obras (fs. 408/409), entre otras.

Esas referencias coinciden con las explicaciones que se dieron al actor durante la asamblea, por lo que, admitida la validez de esas explicaciones por el sentenciante, parece lógico que exigir que, si el demandante consideraba que esas concretas actuaciones -referidas ellas, reitero, a desempeños técnicos inherentes a las profesiones liberales de quienes las llevaron a cabo- no eran aptas para encuadrar en la norma, interpretada ésta del modo en que lo fue por él, lo menos que debió hacer, fue decirlo.

Y no lo hizo. Reitero:ni siquiera mencionó las características de aquellos desempeños, ni, menos aún, cuestionó la idoneidad de la prueba que el magistrado ponderó a efectos de tener por acreditados esos extremos.

Lo hasta aquí expresado alcanzaría, según mi ver, para declarar desierto el recurso y rechazar el agravio.

Pero, con prescindencia de ello, no puedo dejar de ponderar otros dos extremos que me conducen a ratificar la pertinencia de la solución propuesta.

Me refiero al hecho de que en una asamblea posterior a la que generó este conflicto, fueron aprobados por unanimidad -con voto favorable del apelante- los estados contables y la gestión de los mismos administradores, a quienes el actor felicitó.

Es verdad que este dato lo he obtenido a partir del “hecho nuevo” invocado por la demandada, que fue rechazado por el señor juez de grado.

Pero es dudoso que ese rechazo no habilite a la Sala a ponderarlo, toda vez que, como el mismo magistrado lo señaló, esa incidencia quedó sin resolver, produciéndose ese rechazo recién en la oportunidad de ser dictada la sentencia apelada.

Dudoso es, entonces, que esa falta de oportuno rechazo no habilite a considerar ese extremo -muy relevante a mi juicio- como definitivamente incorporado a la causa, máxime cuando tal rechazo no fue apelado por la defendida porque en nada la afectaba, al haberse decidido, simultáneamente con él, el rechazo de la demanda.

A ese argumento -que resalté a título meramente corroborante-, agrego otro, que también me conduce al mismo resultado.

Me refiero al hecho de que de la demanda surge que el actor introdujo un puntual reproche a la decisión que me ocupa: el de haber fijado los honorarios en la suma de “.$ 1.337.349,23, importe que excedía el tope del 25% previsto el citado art. 261.” para luego concluir que “.para agravar aún más la irregularidad se convoca a la asamblea a votar por un monto de honorarios de $ 700.000 y luego se termina aprobando el monto de honorarios por casi el doble de lo estipulado en el balance.” (v.Capítulo IV apartado 7 Capítulo IV, fs. 37 vta.).

Ninguna otra explicación numérica brindó el actor, quien, por lo demás, ofreció como prueba de su aserto, el peritaje contable que se produjo en la causa, en el que fue informado que las remuneraciones fijadas a favor de los directores habían representado sólo un 23,05% de las ganancias (v. fs. 402 vta.).

Esa respuesta fue observada por el actor (v. fs. 417/18), pero, ratificada por la perito (v. fs. 432), el nombrado guardó silencio.

Efectuada esa breve reseña de las constancias de la causa, encuentro relevante destacar que la crítica que el actor ha efectuado en esta instancia no guarda relación con ellas.

Adviértase que su agravio radica en que, según aduce, la suma que se habría fijado como remuneración para los directores ascendería a $ 2.037.349,23, esto es, al resultado de sumar los $ 700.000 indicados en la memoria más la suma de $ 1.338.349,23 ya mencionada.

Más allá de que esto no es verdadero, lo cierto es que, para sostener esta queja el actor modificó la interpretación de los hechos que había exteriorizado al plantear la acción.

Ello, pues del fragmento más arriba transcripto (v. fs. 37 vta.) se infiere que el demandante reprochó a la sociedad haber votado en esa asamblea honorarios por $ 700.000 para después terminar aprobándolos por “.casi el doble de lo estipulado en el balance.” al fijarlos en el importe de $ 1.337.349,23 (es decir, suma que se adecua exactamente a la expresión “casi el doble de lo estipulado en el balance”).

Jamás mencionó la suma de $ 2.037.349,23 que por primera vez refirió ante esta alzada, contradiciendo su textual manifestación de fs. 418 al decir “.Los honorarios aprobados por la asamblea ascienden a $ 1.337.349,23.” (v. observaciones al peritaje contable, obrante a fs.417/18).

No encuentro explicación para ese proceder.

Ni encuentro que, mediante él, pueda admitirse debidamente impugnada la sentencia de primera instancia que, incluso prescindiendo del resultado al que se había arribado en el peritaje contable -que había dado cuenta de que ningún exceso se había producido-, tuvo por probado que tal exceso, bien que justificándolo del modo más arriba expuesto.

El agravio del apelante se limita en este punto a reprochar al juez no haber tenido en consideración el régimen de proporcionalidad que resulta del tercer párrafo del citado art. 261.

El reproche es inconducente, dado que, en todo caso, esa alegación se orientaría a tener por acreditado un exceso que el mismo sentenciante admitió.

Y, además, es injusto, toda vez que nada sobre este aspecto fue alegado al demandar.

El art. 330, inc. 3ro., del Código Procesal exige que la demanda contenga, entre otros recaudos, “la cosa demandada, designándola con toda exactitud”.

La exigencia procesal de precisar el objeto de la demanda se vincula con el principio de congruencia (arts. 163, inc. 6, y 34, inc. 4, del citado código), y tiene fundamento en el art. 18 de la Constitución Nacional pues su finalidad es garantizar el derecho de defensa del demandado (v. Colombo, Carlos J. – Kiper, Claudio M.: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, La Ley, Bs. As., 2006, t. III, p. 523; Kielmanovich, Jorge L.: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Abeledo Perrot, Bs. As., 2010, t. I, p. 718) (esta Sala, “Bleu Tel S.A. c/ Corporación Golfos S.A. y otros s/ Ordinario”, 24.6.14).

La pretensión que ahora me ocupa no fue siquiera mencionada en el escrito inaugural, lo cual impidió que la demandada se expidiera sobre ella y que, en su caso, ofreciera la prueba que estimara corresponder (esta Sala, “Lamuraglia, Raúl c/ Montes, Marcelo”, 29.8.03; íd. “Friedrichs Jorge Walter y otros c/Marcrelli Roberto y otros s/ordinario”, 15/6/10; íd. “Banco Mayo C.L.s/ Quiebra s/ incidente de escrituración p/ Asociación Mutual de Comerciantes de la República”, 16.4.13; íd. “Kleppe S.A. c/ Barón de Río Negro S.A. s/ sumario”, 30.8.83).

7. No encuentro tampoco fundados los reproches que el apelante continúa efectuando en contra de los estados contables.

Baste señalar, para tener por fundada la conclusión que antecede, que en el peritaje contable producido en autos la experta no se hizo eco de ninguno de esos reproches del actor, ni consideró tampoco que la falta de inclusión de los honorarios del síndico dentro del balance cuestionado se hubiera presentado como una deficiencia susceptible de invalidarlos.

En tales condiciones, y toda vez que el demandante no ha aportado ningún argumento que permita a la Sala otorgar al asunto una lectura diversa de la que se infiere del mencionado peritaje, la impugnación no se aprecia fundada.

Adviértase, en tal sentido, que el actor sostuvo textualmente en su demanda que “el balance no respeta la registración legal”, enumerando después la serie de irregularidades que, según adujo, afectaban a tales estados contables (v. apartado 10, Capítulo IV, fs. 40 vta. y ss.).

A fin comprobar sus afirmaciones, el propuso el punto pericial nº 2 (v. fs.44 vta.), que dio ocasión para que la experta efectuara ciertas observaciones que, de su lado, dieron lugar a pormenorizadas impugnaciones de la demandada enderezadas, en lo sustancial, a demostrar que las objeciones levantadas se vinculaban con aspectos formales que en nada justificaban las denuncias efectuadas por su contraria.

El señor el juez de grado tuvo por cierto -según opinión que comparto- que las conclusiones de la perito eran inconducentes para sustentar los argumentos expuestos en la demanda.

En la expresión de agravios, el demandante se limitado a remitirse a las observaciones señaladas en el peritaje, sin esbozar la más mínima explicación acerca de cuál sería la relación existente entre ellas y lo sostenido por él en su impugnación.

No se encuentra rebatido, entonces, nada de lo expresado sobre el punto en la sentencia, lo cual fuerza a descartar la procedencia de la queja.

IV. La conclusión.

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia. Costas de segunda instancia al actor, por haber resultado vencido (art. 68, Código Procesal).

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor Juan R. Garibotto, adhiere al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Juan R. Garibotto, Julia Villanueva. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.

Rafael F. Bruno

Secretario

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014.

Y VISTOS:

Por los fund amentos del acuerdo que antecede se resuelve rechazar el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia. Costas de segunda instancia al actor, por haber resultado vencido (art. 68, Código Procesal).

Notifíquese por Secretaría.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Juan R. Garibotto

Julia Villanueva

Rafael F. Bruno

Secretario

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