Legitimación de la asociación para proteger a aquellos asegurados a quienes se les abona la indemnización por un siniestro acaecido

shutterstock_102271846Partes: Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Generali Argentina Cía. de Seguros S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: E

Fecha: 20-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90527-AR | MJJ90527 | MJJ90527

Goza de legitimación la asociación de consumidores actora quien promovió demanda con el fin de proteger a aquellos asegurados a quienes se les abona la indemnización por un siniestro acaecido, descontando el saldo de cuotas pendientes de pago a ese momento y de una vez.

Sumario:

1.-Resulta admisible el derecho cuya protección procura la actora, quien ha puesto en cuestión la procedencia de una conducta que perjudicaría por igual a todos aquellos asegurados a quienes se les abona la indemnización por un siniestro acaecido, es de incidencia colectiva, referente a intereses individuales homogéneos, y además de ello se encuentran cumplidos los recaudos para hacer viable una acción colectiva en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Halabi (Fallos 332:111, del 24.02.09).

2.-Las particulares características del tipo de seguro contratado o la existencia de distintos montos que correspondería a cada consumidor podrán resultar relevantes a la hora de evaluar la repercusión que el proceder cuestionado produjo en cada uno de los asegurados, mas no impiden que la materia de fondo planteada pueda decidirse, útilmente y con efecto expansivo, en el marco de un único proceso judicial, y no se advierte que dichas singularidades de la relación aseguradora-asegurado tengan una entidad tal como para descartar la existencia de una homogeneidad fáctica y normativa que habilite la vía intentada.

3.-No reconocer legitimación procesal a la asociación actora, en una acción de incidencia colectiva, en la cual se han cumplido todos los requisitos legales para habilitar la misma, se produciría una clara vulneración del acceso a la justicia.

4.-De acuerdo con lo ordenado en el precedente de la Corte: Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros s/ ordinario , el juez de grado deberá encuadrar el trámite de la presente acción en los términos del art. 54 de la Ley 24.240 y a tales efectos, deberá: identificar en forma precisa el colectivo involucrado en el caso, supervisar que la idoneidad de quien asumió su representación se mantenga a lo largo del proceso y arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar afuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires,20 de noviembre de 2014.-

Y VISTOS:

1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto el pronunciamiento dictado a fs. 117/118 por la Sala B y devolvió las actuaciones a fin de que se dicte un nuevo fallo (fs. 183).

2. Para una apreciación más adecuada de la cuestión a decidir, este Tribunal juzga conveniente efectuar una breve reseña de los antecedentes pertinentes:

a) La Asociación demandante denunció que la demandada en los casos en que pactó primas en cuotas y se produjo el siniestro cubierto, abonaba la indemnización pertinente descontando el saldo de cuotas pendientes de pago a ese momento y de una vez, sin discriminar capital e intereses. La accionante entendió que debió detraer de las cuotas de prima adeudadas la suma cargada en concepto de intereses, por haber sido pagadas las mismas con anticipación al plazo de vencimiento originalmente pactado.

Por ello promovió estas actuaciones con el objeto de obtener una sentencia en la que se condene a la aseguradora demandada a reintegrar a sus asegurados las sumas percibidas en dicho concepto por cuotas canceladas antes de la fecha de pago pactado.

b) El juez de primera instancia hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por

la demandada (v. fs. 83/84).

c) Dicha resolución fue apelada por la actora, quien expresó sus agravios a fs.89/99, que fueron contestados por la demandada a fs. 102/107.

d) El pronunciamiento de segunda instancia de fs. 117/118 desestimó el recurso y confirmó la decisión apelada.

e) Ante ello, la accionante interpuso el recurso extraordinario pertinente que fue concedido a fs. 159/160.

En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia declaró procedente el recurso extraordinario deducido por la actora, dejó sin efecto la sentencia apelada y mandó a dictar un nuevo pronunciamiento.

3. Sobre tales bases, corresponde dictar nueva sentencia respecto del recurso interpuesto contra el fallo de primera instancia dictado a fs.83/84 de acuerdo a los argumentos expuestos por el Supremo Tribunal.

Para así resolver, dicho Tribunal sostuvo que el caso en estudio es sustancialmente análogo a las cuestiones examinadas en las cusas «Padec c/ Swiss Medical S.A s/ nulidad de cláusulas contractuales» y «Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros s/ ordinario» del 21.08.13 y 24.06.14.

En ese contexto cabe juzgar, tal como lo hizo la Corte Suprema, que el derecho cuya protección procura la actora en el sub examine es de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos, y que se encuentran cumplidos «los recaudos para hacer viable una acción colectiva en los términos de la doctrina sentada por esta Corte en el precedente «Halabi» (Fallos 332:111, del 24.02.09).

Además debe admitirse que la pretensión de la actora está concentrada en los «efectos comunes» para toda la clase involucrada, en tanto se ha puesto en cuestión la procedencia de una conducta que perjudicaría por igual a todos aquellos asegurados a quienes se les abona la indemnización por un siniestro acaecido.

Se reconoce así que los fundamentos jurídicos de la pretensión resultan uniformes respecto de la totalidad del colectivo que se pretende representar.

De acuerdo con lo explicado por la Corte Suprema, las particulares características del tipo de seguro contratado o la existencia de distintos montos que correspondería a cada consumidor podrán resultar relevantes a la hora de evaluar la repercusión que el proceder cuestionado produjo en cada uno de los asegurados, mas no impiden que la materia de fondo planteada pueda decidirse, útilmente y con efecto expansivo, en el marco de un único proceso judicial.Resulta que no se advierte que dichas singularidades de la relación aseguradora-asegurado tengan una entidad tal como para descartar la existencia de una homogeneidad fáctica y normativa que habilite la vía intentada.

Juzgó el Superior Tribunal que, de no reconocer legitimación procesal a la actora, se produciría una clara vulneración del acceso a la justicia. Ello pues no le pareció justificado que cada uno de los posibles afectados del colectivo involucrado promueva su propia demanda. Por ello entendió que la escasa significación económica de las sumas disputadas, individualmente consideradas, permite suponer que el costo que insumiría a cada usuario accionar en forma particular resultaría muy superior a los beneficios que derivarían de un eventual pronunciamiento favorable.

En ese contexto, debe disponerse que, en atención a los intereses involucrados en el presente, el Ministerio Público deberá tomar la intervención que corresponda en virtud de lo previsto en los arts. 25, inc. a, y 41 de la ley 24.946, y 52 de la ley 24.240.

Además, de acuerdo con lo ordenado en el precedente de la Corte: «Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros s/ ordinario», el juez de grado deberá encuadrar el trámite de la presente en los términos del art. 54 de la ley 24.240. A tales efectos, deberá: identificar en forma precisa el colectivo involucrado en el caso, supervisar que la idoneidad de quien asumió su representación se mantenga a lo largo del proceso y arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar afuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte (confr. considerando 20 de la causa «Halabi», ya citada).

4. Por lo expuesto, se resuelve: Admitir los agravios y revocar la decisión apelada, con costas a la demandada vencida (CPr: 69).

Notifíquese al Representante del Ministerio Público Fiscal en su despacho, comuníquese (cfr. Acordada C.S.J.N. N° 15/13) y devuélvase sin más trámite, encomendándose al juez de la primera instancia las diligencias ulteriores y las notificaciones pertinentes (CPr. 36:1).

Firman únicamente los suscriptos por hallarse vacante la vocalía N° 14 (art. 109 R.J.N.).

MIGUEL F. BARGALLÓ

ÁNGEL O. SALA

MIGUEL E. GALLI

PROSECRETARIO DE CÁMARA

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