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No resulta exigible para el ahorrista una reserva para preservar el derecho a recibir en su integridad lo depositado en la entidad financiera demandada

Pesos argentinos 3Partes: Bodes Alberto Adrián c/ Citibank N.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 14-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-89884-AR | MJJ89884 | MJJ89884

No resulta exigible para el ahorrista una reserva para preservar el derecho a recibir en su integridad lo depositado en la entidad financiera demandada, haciéndose lugar, a la indemnización solicitada ante la diferencia entre los dólares depositados y la conversión a pesos realizada para entregarlos.

Sumario:

1.-Aún en caso de una omisión en formular la reserva, para que un acto jurídico pueda ser calificado como voluntario, es indispensable que haya sido ejecutado con discernimiento, intención y libertad.

2.-No puede considerarse que la elección por el accionante de alguna de las opciones que ofrece el régimen de emergencia haya sido realizada con la libertad necesaria para conformar el consentimiento y que, en consecuencia, medie una aceptación voluntaria de la pesificación de los depósitos al tipo de cambio prescripto por el Decreto 214/02 , si es que no se ha renunciado expresamente a esos derechos.

3.-El actor, al haber aceptado sin formular reservas, desafectar su depósito a razón de $ 1,40 por cada dólar impuesto, observó una conducta que le impedía reclamar luego la diferencia con el valor actual de la divisa.

4.-Resulta inaplicable la doctrina de los propios actos cuando no cabe exigir de los particulares inmersos en la crisis una coherencia a ultranza que no ha observado, en la emergencia, ni el propio Estado, quien a través de una ley que se autoproclamó de orden público, como fue la ley 25.466 , dispuso la intangibilidad de los depósitos en el sistema financiero, y luego, por otra ley, la suspendió (ley 25.561 ), configurándose, así, un venire contra factum propium emergente del mismo Estado, que resultó contradictorio e incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.

5.-No resulta congruente descartar liminarmente la acción del ahorrista por haber omitido dejar constancia de su reserva, y homologar, de otro lado, la conducta del Estado, que primero otorga un reaseguro a la garantía constitucional que tutela la propiedad a través de una ley sancionada para afianzar la certeza de los ahorristas, que enfatiza a rajatabla, que es de orden público y que pocos meses más tarde suspende retroactivamente la promesa hasta nuevo aviso .

6.-No era exigible que el actor hubiese conformado reserva al disponer de sus ahorros, puesto que es un principio esencial de nuestro derecho el que predica la integridad del pago, por lo cual el acreedor que ha recibido un pago parcial o incompleto del capital que le es debido no se encuentra obligado a constituir una reserva para reclamar el resto adeudado.

7.-Las normas, llamadas de emergencia, se emitieron en un contexto de incertidumbre generalizada, en el que las propias autoridades carecían de un proyecto definido y de una prospectiva clara en punto a las consecuencias de las medidas adoptadas, como lo ponen de relieve las contradicciones en las sucesivas alocuciones de quienes ejercían las altas magistraturas del Estado en ese período, así como las consecuentes marchas y contramarchas en torno de una normativa en permanente cambio durante muchos meses. En aquel tiempo, además, los operadores del sistema financiero -sea por estar sumidos en la misma incertidumbre o por considerar comprometidos sus propios intereses, no proporcionaban una información y asesoramiento imparcial a todos sus clientes, lo que comprometía aún más la situación de éstos.

8.-No resulta exigible, para el ahorrista, una reserva para preservar el derecho a recibir en su integridad lo depositado en la entidad financiera, pues es un principio esencial de nuestro derecho el que predica la integridad o completitud del pago y ninguna reserva cabría requerir al acreedor que ha recibido un pago parcial o incompleto para reclamar la parte adeudada del capital que sostiene que le es debido.

9.-La reserva a que alude el art. 624 del Código Civil sólo es exigible cuando se trata de intereses, pero no cuando lo reclamado y recibido ha sido capital, como ocurre en este caso. Es decir, la falta de reserva sólo obstaría a un reclamo ulterior relativo a los intereses que pudiera haber devengado la suma recibida, pero en modo alguno puede sanear la falta de integridad del pago por la incidencia de las diferencias en la paridad cambiaria que imponía la ley al momento en que éste se efectuó y la que realmente debió tomarse como punto de partida. Y en punto a los intereses, como enseñaba Salvat. En caso de adeudarse una parte de capital, el recibo sin reservas por la parte pagada extingue los intereses sólo respecto de esa parte, pero no por la porción insoluta.

10.-El hecho de que no hubiera resultado de menester efectuar reserva para percibir el capital mismo, cercenado por la pesificación y no ya, sus frutos (art. 624 Cód.Civ) y debe añadirse a ello que si bien todo derecho patrimonial puede ser renunciado, la renuncia a percibir un derecho, como lo es el saldo del propio capital invertido, sólo puede ser expresa. El silencio observado ante un pago parcial o la aceptación, por imperio del estado de necesidad, de mecanismos de acogimiento a determinadas condiciones, que viabilizaran la percepción parcial de fondos propios retenidos, si no tuviese el contenido de la expresa renuncia legalmente requerida, no podría autorizar el cercenamiento de derecho alguno (arg. art. 874 del Cód. Civil).- N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto de dos mil catorce, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Secretaria de Cámara, para entender en los autos caratulados «Bodes Alberto Adrián c/ Citibank N.A. s/ ordinario» (Expte. N° 104645, Registro de Cámara N° 39194/2011), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 9, Secretaría Nro. 17, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C.N., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctora María Elsa Uzal, Doctor Alfredo Arturo Kolliker Frers y Doctora Isabel Míguez.

Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara Doctora María Elsa Uzal dijo:

I.Los hechos del caso.

1)En fs. 18/22 y vta. se presentó Alberto Adrián Bocles y promovió demanda contra Citibank N.A., por los daños y perjuicios producidos por la falta de devolución total de los dólares depositados en esa entidad, persiguiendo el cobro de la suma de $123.470 -o la que en más o en menos resultara de las pruebas a producirse en autos, con más intereses y costas.

Explicó que con motivo de su actividad comercial dedicada a la compraventa de productos de importación abrió una caja de ahorro en dólares en el Citibank N.A. (N° 5-31558-040), en la que, al día 28.12.01, la suma depositada ascendía a U$S77.835,99.

Agregó que en oportunidad de requerir el retiro de la suma de U$S70.000, la demandada, con fecha 28.12.2001, extendió un Manager Check Citibank N.A.a su favor, pero que en ocasión de concurrir a cobrarlo por ventanilla el banco se negó a abonarlo y requirió su devolución, por lo que, con fecha 24.01.02, remitió una nota haciendo reserva de derechos, la que fue recibida por la entidad bancaria el 28 del mismo mes.

Señaló que la demandada, con mala fe, negó la restitución del depósito hasta el 28.01.2002 cuando, al amparo de la legislación de emergencia vigente en ese entonces, procedió a depositar en su cuenta la suma pesificada al cambio de $ 1,40 por dólar, lo que representó un total de $98.000.

Siguió diciendo que, a los fines de resguardar el poder adquisitivo de la moneda, con aquélla suma pesificada, pudo adquirir la cantidad de U$S 47.804 a una cotización de $2,05 por dólar, lo que le representó una reducción de sus ahorros de U$S 22.196, suma que reclamó invocando el fallo de la CSJN, recaído en autos «Massa Juan Agustin c/ Poder Ejecutivo Nacional -dto. 1570/01 y otro s/amparo ley 16.986», del 27.12.06. Solicitó que los intereses correspondientes se devengaran, sin topes, hasta el efectivo pago.

Indicó que inició las actuaciones caratuladas «Bocles Alberto Adrian c/ PEN Ley 25.561, Dec. 1570/01, Dec. 214/02 s/ amparo Ley 16.986» que tramitaron ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 8, Secretaría del Trabajo n° 2, en las que se determinó que el reclamo por la suma de U$S70.000 debía tramitar por vía ordinaria, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30.09.09.

Planteó la inconstitucionalidad de la Ley 25.561, Decreto 1570/01 y Decreto 214/02, remitiéndose a los fundamentos del fallo «Massa» referido supra.

2)En fs. 34/45 se presentó Citibank N.A.-por medio de apoderado-, contestó demanda y solicitó su rechazo, con costas.

Reconoció que el actor era titular del Manager Check N° 96624096, pero explicó que dichos fondos fueron convertidos a pesos y reprogramados por imperio de la Ley 25.561, de los Decretos 1570/01 y 214/02 y de la Resolución 6/02 y sus complementarias, normas de cumplimiento obligatorio para su parte.

Alegó que al momento de emisión del cheque (28.12.2001) el actor sabía perfectamente que el mismo no iba a poder ser cobrado como consecuencia de las restricciones impuestas por la normativa de emergencia.

Sostuvo que la imposibilidad de pago en su momento no resulta imputable a su parte, señalando que no hizo más que obedecer la normativa vigente. Aclaró que no existió una negativa de pago de su parte, sino que se informó al actor que el importe debía ser convertido a pesos y acreditado en una cuenta.

De otro lado, agregó que en el marco de las excepciones contempladas por el régimen de pesificación y reprogramación, el actor solicitó la desafectación de la totalidad de los fondos correspondientes a sus depósitos reprogramados, de forma voluntaria, por lo que -entiende- que su conducta lo inhabilitó para percibir cualquier «diferencia de cambio» en virtud del efecto cancelatorio del pago y la aplicación de la teoría de los actos propios.

Invocó la doctrina sentada por la Corte en los fallos «Cabrera» y «Manniello».

3)Abierta la causa a prueba se produjo la que surge del certificado obrante a fs. 113 y puestos que fueron los autos a los fines del art. 482 CPCCN, ambas partes hicieron uso de ese derecho (fs. 121/4 y 126/128). En fs. 132/34 se expidió el Sr. Agente Fiscal.

II.La sentencia apelada.

En la sentencia de fs.138/143, remitiéndose a los fundamentos vertidos por la CSJN en el fallo «Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional» del 27.12.06, la a quo juzgó que debía admitirse el reclamo del actor reconociendo su derecho a obtener una indemnización por la diferencia existente entre el importe del cheque emitido a su favor convertido en pesos a la paridad de $1,40 por cada dólar ajustado por el C.E.R. y los pesos depositados en su cuenta, con más la aplicación de un interés a la tasa del 4% anual, hasta el efectivo pago.

Asimismo, dispuso que debían deducirse los importes percibidos por el depositario con anterioridad o durante el proceso judicial, computándose como pagos a cuenta en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados «Kujarchuck Pablo Felipe c/ Poder Ejecutivo Nacional» del 28.08.07 y consideró que más allá de la pretensión del interesado, no existían motivos para apartarse de los topes a los que permanentemente aludió el Alto Tribunal como límite para el resarcimiento, señalando que así fue resuelto también en los autos «Bocles Alberto Adrián c/ Pen Ley 25561 s/ amparo» que tramitaron ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, Secretaría N° 2, en los que se ventiló una cuestión referida a otros depósitos del mismo actor y que tuvo a la vista.

Por último, señaló que -contrariamente a lo sostenido por la entidad demandada- en el caso concreto el actor formuló expresa reserva para reclamar las diferencias objeto de la demanda y aclaró que, de todas maneras, resultaría inaplicable la teoría de los actos propios si el sujeto que realizó el acto previo no tuvo la suficiente libertad para realizarlo, lo que autorizaría a sustraer el caso de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re «Cabrera Gerónimo E.y otro c/ Estado Nacional», del 13.07.04, por quedar suficientemente desvirtuado el carácter voluntario de su proceder atento al contexto de incertidumbre generalizada en que se emitieron las normas de emergencia.

Las costas del proceso fueron distribuidas en el orden causado, teniendo en cuenta la naturaleza del reclamo, las distintas interpretaciones a que dio lugar la materia examinada y la inexistencia de jurisprudencia uniforme sobre el punto (art. 68 in fine del Código Procesal).

III.Los agravios.

Contra la sentencia de la anterior instancia se alzaron ambas partes. La parte demandada expresó agravios a fs. 158/167, mientras que la actora hizo lo propio en fs. 168/169 vta. En fs. 172 fue oída la Sra. Fiscal actuante ante esta Cámara Comercial.

a)Los agravios de Citibank N.A.

La demandada se agravia de que la a quo considerara aplicable al caso el fallo «Massa» de la CSJN. Sostiene que la interpretación efectuada en la sentencia resultó errónea y que en el caso resulta aplicable los fallos «Cabrera» y «Maniello» invocados por su parte, insistiendo en que el Sr. Bocles decidió desafectar voluntariamente sus depósitos reprogramados de acuerdo con las excepciones contempladas en la normativa vigente en ese entonces, lo que lo inhabilitó a pretender la devolución de su depósito en la moneda de origen o una diferencia de cambio, por aplicación de la teoría de los propios actos y como consecuencia de los efectos cancelatorios del pago.

b)Los agravios de la parte actora.

De su lado, la parte actora se agravia de la imposición de costas en el orden causado. Sostiene que la negativa de pago por parte de la demandada lo obligó a demandar los daños y perjuicios y considera que en este tipo de acciones las costas deben ser impuestas al demandado vencido, siguiendo el principio general establecido en el art.68 CPCCN.

IV.La solución propuesta.

1)Señálase liminarmente que, en la sentencia de grado el a quo hizo aplicación del precedente «Massa» de la CSJN, del 27.12.06, del que se desprende la constitucionalidad de la legislación de emergencia, lo que importó el rechazo del planteo de inconstitucionalidad incoado originariamente por el actor, cuestión no fue materia de agravio, con lo cual no cabe su abordaje en esta instancia, señalo sin embargo, el diferente criterio que he sustentado en torno a la constitucionalidad de la mentada pesificación de los depósitos bancarios que predica la sentencia recurrida, tanto como juez de primera instancia a cargo del Juzgado N° 26 de este fuero, in re: «Montero, Carlos Alberto c/ HSBC Bank Argentina S.A.», del 19.07.02 y muchos otros, cuanto, luego, como integrante de esta Sala donde, en criterio uniformemente compartido con mis colegas nos hemos expedido en numerosos precedentes en punto a que la denominada pesificación de los depósitos en moneda extranjera impuestos en el sistema financiero, es inconstitucional (conf. CNCom, esta Sala A, 26.04.07 «Forest Car SA c. Estado Nacional y otro s/ amparo», entre otros). No obstante, se reitera, habida cuenta de la solución alcanzada e n la anterior instancia, que predica sobre la validez constitucional de la mentada pesificación de los depósitos bancarios, no fue resistida por los justiciables, debe mantenerse aquélla decisión.-

2)Falta de reserva al retirar, transferir y/o reprogramar los depósitos.

Entrando a la materia del recurso se observa que la demandada afirma que la parte actora optó voluntariamente por desafectar su depósito reprogramado en el marco de las excepciones contempladas en el régimen de pesificación y reprogramación, y que en su intención de obtener la diferencia con el dólar libre, pretendió volver sobre sus propios actos.Apuntó que no habría formulado reserva con respecto a su disconformidad con las disposiciones de la norma y solicita la aplicación del fallo «Cabrera» de la CSJN.

Liminarmente, señálase sin embargo que, en el sub lite el actor, lejos de obviar la reserva que se sostiene omitida, la formuló expresamente, según resulta del documento copiado a fs. 15, tal como lo ha señalado la a quo en su sentencia (véase considerando V, a fs. 142/143), punto que no mereció reproches en esta instancia.

La controversia se reduce entonces a determinar si el comportamiento del actor fue deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, o si cabe aplicar la doctrina de la Corte Suprema in re: «Cabrera» (Fallos 275:235, 294/220, 300:480, 307/1602, 312:1706, 313:367, entre otros).-

Es de señalar que, en la tesitura de la recurrente, un planteo en punto a la omisión de reserva aquí pretendida, ha sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: «Cabrera Gerónimo R. c/ P.E.N. ley 25.561 – Decretos 1570/01 y 214/02 s/ amparo sobre ley 25.561» , del 13 de julio de 2004 (E.D. 208¬262), admitiendo que esa conducta obstaba la aplicación de la doctrina «Massa». Mas aún en esa hipótesis fáctica, esta Sala no ha compartido el criterio sustentado por el Alto Tribunal en el mentado fallo, posicionamiento éste que cabe reiterar aquí para un debido encuadramiento general en el abordaje del caso (conf. esta Sala A, 8.4.2008, in re: «26.04.07 «Forest Car SA c. Estado Nacional y otro s/ amparo», entre otros).

En efecto, hemos señalado que aún en caso de una omisión en formular la mentada reserva, para que un acto jurídico pueda ser calificado como voluntario, es indispensable que haya sido ejecutado con discernimiento, intención y libertad.En virtud de ello, aún en esa hipótesis hemos sostenido que no podía considerarse que la elección por el accionante de alguna de las opciones que ofrecía el régimen de emergencia haya sido realizada con la libertad necesaria para conformar el consentimiento y que, en consecuencia, medie una aceptación voluntaria de la pesificación de los depósitos al tipo de cambio prescripto por el Decreto 214/02, si es que no se ha renunciado expresamente a esos derechos.

Es de señalar que en el caso «Cabrera Gerónimo Rafael y otro c. P.E.N. -ley 25-561-dtos. 1570/01. 214/02 s.amparo s. ley 25.561 del 13.7.2004», la CSN resolvió que el actor, al haber aceptado sin formular reservas, desafectar su depósito a razón de $ 1,40 por cada dólar impuesto, observó una conducta que le impedía reclamar luego la diferencia con el valor actual de la divisa. Sin embargo, en tales hipótesis esta Sala ha estimado inaplicable al caso la doctrina de los propios actos (conf. esta Sala, 8.4.2008, in re: «Parino Eduardo Ricardo c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ ordinario», entre otros). Ello, a poco que se piense en que no cabe exigir de los particulares inmersos en la crisis una coherencia a ultranza que no ha observado, en la emergencia, ni el propio Estado, quien a través de una ley que se autoproclamó de orden público, como fue la ley 25.466, dispuso la intangibilidad de los depósitos en el sistema financiero, y luego, por otra ley, la suspendió (ley 25.561), configurándose, así, un venire contra factum propium emergente del mismo Estado, que resultó contradictorio e incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.En ese marco y bajo estos antecedentes, se interpretó que no resultaba congruente descartar liminarmente la acción del ahorrista por haber omitido dejar constancia de su reserva, y homologar, de otro lado, la conducta del Estado, que primero otorga un reaseguro a la garantía constitucional que tutela la propiedad a través de una ley sancionada para afianzar la certeza de los ahorristas, que enfatiza a rajatabla, que es de «orden público» y que pocos meses más tarde «suspende» retroactivamente la promesa «hasta nuevo aviso» (Véase, nota al fallo «Bustos», comentado por Wetzler Malbrán en ED 210-99 y sig).-

Por último, también se sostuvo que no era exigible que el actor hubiese conformado reserva al disponer de sus ahorros, puesto que es un principio esencial de nuestro derecho el que predica la integridad del pago, por lo cual el acreedor que

ha recibido un pago parcial o incompleto del capital que le es debido no se encuentra obligado a constituir una reserva para reclamar el resto adeudado.-

Debe señalarse además que las normas, llamadas de emergencia, se emitieron en un contexto de incertidumbre generalizada, en el que las propias autoridades carecían de un proyecto definido y de una prospectiva clara en punto a las consecuencias de las medidas adoptadas, como lo ponen de relieve las contradicciones en las sucesivas alocuciones de quienes ejercían las altas magistraturas del Estado en ese período, así como las consecuentes marchas y contramarchas en torno de una normativa en permanente cambio durante muchos meses.En aquel tiempo, además, los operadores del sistema financiero -sea por estar sumidos en la misma incertidumbre o por considerar comprometidos sus propios intereses, no proporcionaban una información y asesoramiento imparcial a todos sus clientes, lo que comprometía aún más la situación de éstos.

Es decisivo señalar por lo demás, que no resultaba exigible, en el caso, una reserva para preservar el derecho a recibir en su integridad lo depositado en la entidad financiera, pues es un principio esencial de nuestro derecho el que predica la integridad o completitud del pago (conf. Arts. 742, 744 y 673 y concordantes del Cód. Civil; ver Jorge Joaquín Llambías, «Tratado de Derecho Civil, Obligaciones- T. II- B-n° 1469 pág. 198 y ss.) y ninguna reserva cabría requerir al acreedor que ha recibido un pago parcial o incompleto para reclamar la parte adeudada del capital que sostiene que le es debido.

En efecto, la reserva a que alude el art. 624 del Código Civil sólo es exigible cuando se trata de intereses, pero no cuando lo reclamado y recibido ha sido capital, como ocurre en este caso. Es decir, la falta de reserva sólo obstaría a un reclamo ulterior relativo a los intereses que pudiera haber devengado la suma recibida, pero en modo alguno puede sanear la falta de integridad del pago por la incidencia de las diferencias en la paridad cambiaria que imponía la ley al momento en que éste se efectuó y la que realmente debió tomarse como punto de partida. Y en punto a los intereses, como enseñaba Salvat. En caso de adeudarse una parte de capital, el recibo sin reservas por la parte pagada extingue los intereses sólo respecto de esa parte, pero no por la porción insoluta (conf. Raymundo M. Salvat, «Tratado de Derecho Civil Argentino» – Obligaciones- anotado por Enrique V. Galli, T. I, o, 453 n° 511 ed. Tea, Buenos Aires, 1952).

En suma, la recordada doctrina de la Corte sería aplicable, en todo caso, en supuestos particulares que no se dan en la especie.Su base normativa se encuentra en el art. 918 del Cód. Civil, en cuanto prevé una manifestación tácita de voluntad. Pero del propio texto legal y de su nota se infiere el alcance restrictivo y circunstanciado que la ley le asigna a esa forma de exteriorización de voluntad, en tanto viene sólo presumida por el intérprete a partir de signos inequívocos y, como es obvio, precedidos por un conocimiento pleno de las circunstancias y una cabal libertad de elección que aseguren la concurrencia de los requisitos propios de una voluntad jurídicamente eficiente -arts. 897 y conc. del Código Civil.

Cabe remarcar pues, el hecho de que no hubiera resultado de menester efectuar reserva para percibir el capital mismo, cercenado por la pesificación y no ya, sus frutos (art. 624 Cód.Civ) y debe añadirse a ello que si bien todo derecho patrimonial puede ser renunciado, la renuncia a percibir un derecho, como lo es el saldo del propio capital invertido, sólo puede ser expresa. El silencio observado ante un pago parcial o la aceptación, por imperio del estado de necesidad, de mecanismos de acogimiento a determinadas condiciones, que viabilizaran la percepción parcial de fondos propios retenidos, si no tuviese el contenido de la expresa renuncia legalmente requerida, no podría autorizar el cercenamiento de derecho alguno (arg. art. 874 del Cód. Civil).-

Más allá de los reparos de la entidad bancaria acerca de la aplicación de los citados precedentes de la Corte supra citados, lo cierto es que, es clara en el caso la inaplicabilidad de la doctrina sentada por la Corte en el caso «Cabrera», no solo porque medió en el sub lite la expresa reserva que luce a fs. 15, sino porque a igual conclusión cabría arribar, según criterio de esta Sala, aún en la tesitura de una supuesta omisión de tal reserva.Por ello, es que no resulta óbice que el accionante haya percibido sumas de dinero provenientes de lo depositado, ya que aquellos montos, en todo caso, deberán ser tomados como pagos a cuenta e imputados como tales.

Vale decir entonces que, no hallándose apelada la sentencia en punto al rechazo de la inconstitucionalidad planteada, con base en la aplicación del fallo «Massa», ni tampoco, otros aspectos del fallo, no queda margen para una lesión jurídicamente relevante para el banco, por lo que, no cuadra otra conclusión que mantener la condena en la forma allí dispuesta.-

3)Las costas del proceso.

Es sabido es que en nuestro sistema procesal los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello así, en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 Cód. Proc.) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

Sin embargo, si bien esa es la regla general, la ley también faculta al Juez a eximirla, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss., Cód. Proc.). Síguese de lo expuesto que la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso- procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes, su regulación requiere un apartamiento de la regla general (conf. Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», T° I, pág.491).

Ahora bien, dentro de ese contexto, no puede perderse de vista que los efectos producidos por las normas de emergencia por las que atravesó el país han sido en extremo dispares sobre los actores sociales, generando una serie interminable de litigios que han versado sobre cuestiones dudosas, con decisiones judiciales disímiles, lo que configuró un cuadro de situación en el que todos los protagonistas abarcados por las relaciones jurídicas afectadas por dichas normas se vieron de algún modo perjudicados por ellas y ciertamente con derecho a creerse legitimados a obrar como lo hicieron en autos. Desde esta perspectiva, más allá del resultado de la litis, se estima que -ponderando las particularidades del sub examine- es justo que las costas tanto de primera instancia como de la Alzada sean distribuidas en el orden causado, pues esta solución se advierte armónica con la solución dada a los intereses aquí en conflicto y, por ende, se rechazará la pretensión recursiva en este aspecto.

Por todo lo expuesto, propicio en este Acuerdo:

Rechazar los recursos de apelación incoados por ambas partes y confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravio, con costas de Alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo CPCCN).

He aquí mi voto.

Por análogas razones los Sres. Jueces de Cámara Dr. Kolliker Frers y Dra. Isabel Miguez adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores Alfredo A. Kolliker Frers, Isabel Míguez y María Elsa Uzal. Ante mí: María Verónica Balbi. Es copia fiel del original que corre a fs.Del Libro Nro. 124 de Acuerdos Comerciales – Sala «A».

María Verónica Balbi – Secretaria de Cámara

Buenos Aires, 14 de agosto de 2014

YVISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

a)Rechazar los recursos de apelación incoados por ambas partes y confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravio, con costas de Alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo CPCCN).

b)Notifíquese a las partes y devuélvase a primera instancia.

c)A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.

Aifredo A. Köiiiker Frers

Isabei Miguez

María Eisa Uzai

María Verónica Baibi – Secretaria de Cámara

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