Si la ambulancia circulaba en código rojo, con sirenas y luces encendidas, el motociclista que se interpuso es responsable por el accidente

ambulanciaPartes: Corsi Matías Gerardo c/ Giménez Guillermo Alejandro y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: K

Fecha: 16-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-89965-AR | MJJ89965 | MJJ89965

Si la ambulancia circulaba en código rojo, con sirenas y luces encendidas, el resto de los vehículos debían ceder el paso, por lo tanto, el motociclista que se interpuso y resultó colisionado es responsable por el accidente.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la demandada dado que el actor se colocó en una situación apta para que sobreviniera el siniestro, al no haber reducido la velocidad al atravesar la encrucijada, ni adoptado las medidas preventivas necesarias a fin de evitar colisionar con el móvil de emergencia, el que, en la ocasión, se encontraba prestando un acto de servicio.

2.-Toda vez que se encuentra demostrado que la ambulancia se dirigía a una emergencia (código rojo) y circulaba con sirenas y luces encendidas, el resto de los vehículos debían ceder el paso o detenerse junto a la calzada o banquina; por lo tanto, el motociclista que colisionó con la ambulancia, resulta responsable por el accidente.

3.-La ubicación de los daños en ambos móviles indica que la motocicleta impactó con su frente en el lateral derecho trasero del vehículo de emergencia, lo que demuestra que la ambulancia había ingresado ya al cruce cuando es embestida por la moto y por lo tanto, no resulta responsable por el accidente.

4.-Toda vez el conductor de la motocicleta no advirtió la circulación del vehículo de emergencia que lo hacía con sirena y balizas activadas, habiendo ya iniciado el cruce cuando ocurrió la colisión, surge acreditada la totalidad de las condiciones que hacen viable la excepción prevista en el art. 61 de la ley de tránsito y consecuentemente, la demanda por daños iniciada por el motociclista debe rechazarse.

5.-La libertad de maniobra y el régimen preferencial de tránsito de que gozan las ambulancias o vehículos policiales no encubre la injustificada temeridad de sus conductores, debiendo extremarse la prudencia, cuando se pretende trasponer una arteria con semáforo que lo impide, para no convertirse en un factor generador de graves riesgos.

6.-Las particulares circunstancias fácticas que rodearon el accidente encuadran en el art. 1111 del CCiv. pues la necesaria relación causal que debe existir entre la acción y el daño, se puede ver alcanzada por la presencia de factores extraños, con idoneidad para suprimir o aminorar sus efectos, en cuyo caso se configura la interrupción del nexo causal o la concausa; máxime siendo que la causa material del menoscabo se desplaza hacia otro centro de imputación, exclusivo o concurrente: el hecho de la propia víctima, de un tercero extraño, o el caso fortuito.

Fallo:

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes septiembre de 2014, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de dictar sentencia en los autos “Corsi, Matías Gerardo c/ Giménez, Guillermo Alejandro y otros s/ daños y perjuicios”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Ameal dijo:

I. Vienen estos autos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de Primera Instancia dictada a fs. 486/94, expresando agravios la actora en la memoria de fs.515/17, cuyo traslado fuera contestado a fs. 523/31 y fs. 534/36.

II- Antecedentes:

La presente causa tiene origen en el accidente de tránsito ocurrido el 2 de diciembre de 2009, a las 11 hs. aproximadamente, en la intersección de las calles Gorriti y Thames de esta Ciudad, encrucijada regulada por semáforos.

El siniestro se produjo al colisionar una motocicleta marca Suzuki GS 500, patente 355-AWP, que al mando de Matías Gerardo Corsi circulaba por la primera de las arterias mencionadas, y una ambulancia del SAME, marca Mercedes Benz Sprinter, dominio GHD-201, conducida por Guillermo Alejandro Giménez, que transitaba por Thames.

Adujo el actor que al arribar a la encrucijada, contando con semáforo verde que le habilitaba el paso, sorpresiva e imprevistamente, una ambulancia del SAME que avanzaba por la calle Thames, sin señal lumínica ni sonora, se interpuso en su línea de marcha, ocasionando el contacto de los vehículos pese a la maniobra de esquive realizada por el accionante, quien resultó seriamente lesionado, a raíz del impacto.

Atribuyó responsabilidad a los demandados y solicitó se haga lugar a la demanda en todas sus partes.

Los emplazados negaron en el responde los hechos esgrimidos e invocaron la culpa de la víctima.

Sostuvieron así, que la ambulancia circulaba en estado de emergencia (código rojo), a velocidad reglamentaria, con las balizas encendidas, las luces de posicióny sirena colocada.

Que al alcanzar a la intersección, su conductor diminuyó la velocidad por encontrarse el semáforo en rojo, y luego que los automovilistas le cedieran el paso, comenzó a trasponer la encrucijada. En dichas circunstancias, apareció de manera imprevista, la motocicleta conducida por el actor, quien sin detenerse se lanzó a cruzar la arteria a excesiva velocidad, colisionando de tal manera a la ambulancia en el sector lateral trasero derecho.

Solicitaron en función de lo expuesto, el rechazo de la demanda con costas.

III- Sentencia.

El Sr. juez de la instancia previa, con fundamento en lo dispuesto por el art. 1113 del Código Civil, y luego de analizar la prueba producida, consideró como único responsable del accidente, al conductor de la moto, al no haber reducido la velocidad al atravesar la encrucijada, ni adoptado las medidas preventivas necesarias a fin de evitar colisionar con el móvil de emergencia, el que, en la ocasión, se encontraba prestando un acto de servicio.

En consecuencia, desestimó la demanda interpuesta, con costas.

IV- Agravios.

Contra dicha decisión se alza el accionante, quien cuestiona la valoración que efectúa el a quo de la prueba producida.

Entiende así, que no se ha demostrado en autos, la totalidad de las condiciones que hacen viable la excepción prevista en el art. 61 de la normativa de tránsito.Ello, en tanto no han acreditado debidamente los demandados, emergencia alguna que justifique la trasgresión de la señal lumínica.

Sostiene, por lo demás, que debió valorarse el resultado dañoso provocado, no bastando en tal sentido, la sola invocación de una emergencia, en tanto se trata de no ocasionar, con la infracción de tránsito, un daño mayor que aquel que se intenta resolver.

Considera, por otra parte, que las pruebas aportadas resultan contradictorias en cuanto al motivo y la gravedad de la emergencia, no habiéndose probado, la utilización de balizas distintivas en funcionamiento.

Agrega, por último, que la colisión se produjo en el inicio de la intersección y no cuando la ambulancia se encontraba trasponiéndola, como con errado criterio sostuvo el a quo.

Considera en función de lo expuesto, que la responsabilidad debe recaer en los accionados, solicitando en consecuencia se haga lugar a la demanda en todas sus partes.

V.- En primer lugar cabe destacar que la valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso interpuesto, no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio. Si así se actúa, cabe descalificar lo resuelto por haberse incurrido en arbitrariedad.

De ahí que, en la sustanciación de dicho recurso, el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con amplitud, mediante una interpretación que los tenga por cumplidos aun frente a la eventual precariedad de la crítica del fallo apelado, directiva que tiende a la armonía en el cumplimiento de los requisitos legales y la aludida garantía de la defensa en juicio y a delimitar restrictivamente el ámbito de las sanciones que importan pérdida o caducidad de los derechos del apelante (conf. CNCiv., sala E, del 24/9/74, LL 1975-A-573; íd. Sala G, del 10/4/85, LL 1985-C-267; conf. CNEsp. Civ. y Com.Sala I, del 30/4/84, ED 111-513).

El criterio amplio que preside la materia tiende, así, a asegurar a las partes en litigio una mayor oportunidad para defender sus derechos y afianzar con ello la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional.

En ese marco, y dado que el recurrente al expresar su disconformidad con el pronunciamiento en vista ha dado cumplimiento, en lo pertinente, con lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal, es que se desestima la pretensión de su contraria de declarar desierto el recurso interpuesto.

VI.- El hecho generador del accidente, encuadra en las disposiciones previstas en la segunda parte del segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil, que sólo autoriza que se exima de responsabilidad el dueño o guardián que prueba la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, el caso fortuito o la fuerza mayor (conf. norma citada y art. 513 del CC).

En dicha inteligencia, la Cámara en pleno in re “Valdez Estanislao F. C/ El Puente S.A.T. y otro s/ daños y perjuicios” de fecha 10 de noviembre de 1994, resolvió como doctrina legal obligatoria (art. 303 del CPCC) que “la responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento, no debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del Código Civil”, toda vez que conforme el criterio sostenido por la mayoría, el choque entre dos vehículos en movimiento pone en juego las presunciones de causalidad y responsabiliza a cada dueño o guardián por los daños sufridos por el otro (art. 1113, párr. 21 “in fine”) con fundamento objetivo en el riesgo; y en consecuencia para eximirse cada uno de los responsables debe probar e invocar alguno de los eximentes mencionados, que fracture la relación causal.

La directiva del art. 377 del Cód.Procesal en coherencia con lo resuelto en el plenario, pone a cargo del damnificado actor que ejerció la acción resarcitoria, la prueba del daño sufrido y el contacto con la cosa de la cual aquel provino, en tanto el emplazado en su condición de dueño o guardián de esa cosa, para eximirse de responsabilidad o disminuir la que se le atribuye, debe acreditar alguno de los eximentes citados.

Debe analizarse, entonces, si los demandados han logrado destruir el nexo causal entre el contacto con la cosa y el resultado dañoso y aquella presunción de responsabilidad, mediante la alegada culpa de la víctima, examen que, efectuado en forma integral y a la luz de los principios que inspiran la sana critica (conf. art. 386 del CPCC), da sustento a la versión esgrimida por los emplazados e impide abogar los argumentos desarrollados por el recurrente en su fundamentación recursiva.

Destaco en tal sentido el derecho elemental del juzgador de no seguir a las partes en todos y cada uno de las explicaciones que esgrimen en resguardo de sus pretensos derechos, limitándose a escoger entre aquellos que guardan relación directa con la litis y que revisten sustancial importancia para la justa solución del diferendo (Conf. Art. 386 del CPCCN; Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado”, Astrea, Buenos Aires, 1993, T. I, p. 620; Colombo, Carlos J. y Kiper, Claudio Marcelo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado”, Buenos Aires, La Ley, 2006, tomo II, P. 167; Corte Sup., ED 18-780; CNac. Civ., Sala D, ED20-B-1040; Sup. Corte de Bs. As., ED 105-173; esta Sala, Expte.114.223/98 entre muchos otros).

Que corresponde asimismo apreciar y valorar las pruebas en conjunto y no aisladamente de conformidad a los principios que inspiran la sana crítica, la que sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia ( Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado”, T II, p. 356). Ello por cuanto la certeza, no se obtiene con una evaluación aislada de los distintos elementos, sino en su totalidad, de tal modo que unidas eleven al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos (cfr. Falcón, Enrique, Código Procesal, T.III, p. 190; Peyrano, J. W., Chiappini, J.O. “Apreciación conjunta de la prueba en materia civil y comercial” J.A. 1984-III-799).

Desde tal óptica, debo remarcar, que la actividad desplegada por el magistrado encuentra su razón de ser en las facultades propias que le confiere el ordenamiento legal (cfr. arts. 34 y 163 del Código Procesal), razón por lo cual lo decidido no resulta objetable en tal sentido.

En efecto, los elementos de prueba obrantes en autos, demuestran que, en la ocasión, la ambulancia se dirigía a una emergencia (código rojo) y circulaba con sirenas y luces encendidas, debiendo en consecuencia el resto de los vehículos, ceder el paso o detenerse junto a la calzada o banquina.

Los informes oficiados por SAME son contestes en tal sentido, al indicar que el 2 de diciembre de 2009 a las 10.48 hs. aproximadamente, se recibió un pedido de auxilio médico para la calle Thames al 1211, siendo el motivo del mismo: pérdida de conciencia -código rojo-emergencia- (fs. 168/70 y fs. 174/82) y traumatismo leve- herida cortante por caída – código rojo (fs.227).

Coincido con el a quo que la eventual discrepancia respecto al motivo del auxilio médico por el que se desplazaba la ambulancia (más allá que a mi criterio, uno no desplaza al otro), no obsta a la sí comprobada existencia de la categoría: “código rojo”, la que reviste, según la testigo López (médica que se encontraba a bordo de la ambulancia) el carácter de urgente y grave.

La deponente mencionada es conteste en señalar que la ambulancia conducida por Guillermo Giménez, se desplazaba por la calle Thames, a reducida velocidad y con la sirena activada, en virtud de una solicitud de auxilio médico por persona con pérdida conocimiento en la vía publica. Al arribar a la intersección con la calle Gorriti no recordando si el semáforo se hallaba en verde o rojo, se escuchó desde atrás un estruendo, motivo por el cual el chofer frenó, pudiendo observar al bajarse, a una persona del sexo masculino que se hallaba caído junto con una motocicleta. Agrega que la dicente prestó asistencia al joven, lo subieron a la ambulancia y lo llevaron al Hospital Fernández (fs. 17 de la causa penal y fs. 372/74 de esta causa).

Aclara que, cuando se enciende la sirena se prenden también las balizas, destacando que la señal sonora tiene un sonido muy fuerte.

Recordó, además, que el motociclista le habría mencionado que se había quedado sin frenos.

Tal declaración goza, a mi criterio, de plena eficacia probatoria, aun cuando los dichos de la testigo deban analizarse en forma restrictiva en su condición de dependiente de la codemandada, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ello, en tanto, no hay elemento alguno que permita arrojar dudas suficientemente fundadas sobre su idoneidad, imparcialidad y sinceridad y consecuentemente que autoricen a descalificarla.

Tengo en consideración que la apreciación de la prueba (conf. art.386 del CPCC), – en especial la testimonial-, exige al juzgador que se realice conforme a los principios de la sana crítica, siendo totalmente lícito apreciar oportuna y justamente si los testimonios en cuestión parecen objetivamente verídicos, no solamente por la congruencia de sus dichos sino, además, por la corroboración de ellos con el resto de las pruebas que pudieren obrar en el expediente, lo cual es una facultad privativa del magistrado (cfr. en tal sentido CNCiv. Sala D 22/02/2007, in re: “Ledesma, Carlos A. c/ Manzanelli, José L, Lexis. N° 1/70037544-1; CNCiv. Sala H 20/12/2002, Lexis. N° 1/551613).

Máxime cuando la actora no objetó la idoneidad del testimonio en los términos del art. 456 del CPCC.

Lo expuesto resulta, por lo demás, coincidente con la versión brindada en la denuncia de siniestro efectuada ante la compañía aseguradora de la demandada (fs. 134),

Se deja constancia en dicha ocasión, que circulando la ambulancia por la calle Thames, con baliza y sirena activada, dirigiéndose a un código rojo, al cruzar Gorriti, habiéndole cedido el paso el tránsito por encontrarse el semáforo en rojo, una moto que circulaba por esta última arteria colisiona al móvil en el lateral derecho trasero. El motociclista es atendido por la médica que iba en la ambulancia y trasladado al Hospital Fernández.

Por otra parte, la ubicación de los daños en ambos móviles indica que la motocicleta impactó con su frente en el lateral derecho trasero del vehículo de emergencia, lo que demuestra, pese a que el actor entienda lo contrario, que la ambulancia había ingresado ya al cruce cuando es embestida por la moto.

Tales circunstancias fácticas se desprenden, asimismo, de la pericial mecánica obrante a fs. 389/406, donde el perito indica como mecánica del hecho:que la ambulancia de SAME circulaba por la calle Thames desde la zona de Pacífico hacia el suroeste, cuando al traspasar la intersección con la calle Gorriti resulta colisionada en su parte lateral trasera derecha por el sector frontal derecho de la motocicleta conducida por el Sr. Corsi, la cual circulaba por esta última arteria con sentido hacia el sureste.

El impacto no se habría producido en forma perpendicular, siendo la parte delantera derecha de la moto lo primero en tomar contacto con el lateral trasero derecho de la ambulancia. Así, la embestida se dio en forma frontal angular y con un cierto grado de incidencia. Esto ocurrió como consecuencia de una maniobra esquiva que habría realizado el actor con el fin de intentar evitar el impacto, sesgando su trayectoria hacia la izquierda.

Agrega el perito que la moto revistió el carácter de agente activo físico mecánico.

No se comprende, entonces, como en dichas circunstancias, el conductor de la motocicleta no advirtió la circulación del vehículo de emergencia que lo hacía con sirena y balizas activadas, a tenor de la prueba reseñada, habiendo ya iniciado el cruce cuando ocurrió la colisión.

Lo expuesto surge, sencillamente, de la ubicación de los daños en ambos rodados (ver asimismo croquis de fs. 389), no pudiendo desconocerse, como con atinado criterio menciona el a quo, que el actor le habría referido a la testigo López que se había quedado sin frenos.

Dispone en dicha inteligencia la Ley de Tránsito 24.449, en su art.61, que “los vehículos de los servicios de emergencia pueden, excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, no respetar las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ello les fuera absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate, siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquél que intenten resolver.”. “. Sólo en tal circunstancia deben circular para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencia en funcionamiento y agregando el sonido de una sirena si su cometido requiriera extraordinaria urgencia. Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales circunstancias.”.

Por cierto, que esa libertad de maniobra y el régimen preferencial de tránsito de que gozan las ambulancias o vehículos policiales, no encubre la injustificada temeridad de sus conductores, debiendo extremarse la prudencia, cuando se pretende trasponer una arteria con semáforo que lo impide, para no convertirse en un factor generador de graves riesgos.

En el caso particular, sin embargo, la ambulancia se dirigía a una emergencia (código rojo) por orden del Sistema de Atención Medica de Emergencia y circulaba con los dispositivos de alarma luminosos y acústicos exigidos, permitiendo de tal manera, anticipar el estado de urgencia. El resto de los vehículos debía, en consecuencia, ceder el paso o detenerse junto a la calzada o banquina.

Entiendo en definitiva y contrariamente a lo sostenido por el recurrente, que sí se han acreditado la totalidad de las condiciones que hacen viable la excepción prevista en el art. 61 de la ley de tránsito.

Las particulares circunstancias fácticas que rodearon el lamentable accidente, encuadran entonces en el art. 1111 del CC.

La necesaria relación causal que debe existir entre la acción y el daño, se puede ver alcanzada por la presencia de factores extraños, con idoneidad para suprimir o aminorar sus efectos, en cuyo caso se configura la interrupción del nexo causal o la concausa.Así la causa material del menoscabo se desplaza hacia otro centro de imputación, exclusivo o concurrente: el hecho de la propia víctima, de un tercero extraño, o el caso fortuito (Pizarro, Ramón D. “Causalidad adecuada y factores extraños”, en “Derecho de daños en homenaje al Dr. Mosset Iturraspe”, 1989, ps. 255/302).

La propia conducta del damnificado se puede convertir entonces, en causa exclusiva o concausa del daño, en cuyo caso la víctima es autor material del daño sufrido y lo debe soportar en esa medida (Pizarro, Ramón, Ob. Cit.). El fundamento de la imputación al perjudicado se halla en su propia conducta descuidada o negligente. Imputabilidad que no significa reproche, desde que ninguna sanción se impone a la víctima, sino imputabilidad fáctica o causal y en su virtud, quien experimenta el perjuicio no tiene derecho a cargarlo en la cuenta de otro (Conf. Matilde Zavala de González “Resarcimiento de daños” T° 4, Presupuestos y funciones del derecho de daños, p. 280).

El actor, en definitiva, se colocó en una situación apta para que sobreviniera el siniestro.

VII.- Por las razones expuestas expido mi voto porque se confirme la sentencia recurrida en todo lo que decide, manda y fuera objeto de agravios. Las costas de Alzada se imponen a la recurrente vencida (art. 68 del CPCC).

La Dra. Hernández y el Dr. Domínguez, por las consideraciones y razones aducidas por el Dr. Ameal, votan en igual sentido a la cuestión propuesta.

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I) confirmar la sentencia recurrida en todo lo que decide, manda y fuera objeto de agravios; II) Imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida (art. 68 del CPCC) y III) diferir la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad.

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

Se deja constancia que la difusión de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Come rcial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase.

OSCAR J. AMEAL-

LIDIA B. HERNANDEZ-

CARLOS A. DOMINGUEZ-

RAQUEL ELENA RIZZO (SEC.).

Es copia.

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