fbpx

Corresponde adecuar la prestación por fallecimiento en tanto la situación económica ha variado al momento de la exigibilidad de la misma

Pesos argPartes: Barreto Denis Leobildo y otros c/ Anses y otros s/ accidente – ley especial

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 25-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-90036-AR | MJJ90036 | MJJ90036

Resulta equitativo fijar el monto de la prestación dineraria por el fallecimiento del hijo de los reclamantes de acuerdo con el art. 3 del Dec. 1.694/2009, pues al momento de la de exigibilidad del crédito se han producido cambios sustanciales en las circunstancias económicas.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el monto fijado en concepto de prestación dineraria como consecuencia del fallecimiento del hijo de los reclamantes, -producto de un accidente in itinere -, pues resulta justo y equitativo tomar en cuenta los parámetros del art. 3 del dec. 1694/2009 pues es público y notorio que entre la fecha de entrada en vigencia de los montos fijados por el dec. 1278/2000 y la de exigibilidad del crédito de los actores se han producido cambios sustanciales de las circunstancias económicas, entre los cuales cabe destacar el importante aumento nominal de los salarios, tanto en el sector privado como en el público.

2.-Corresponde confirmar la declaración de inconstitucionalidad del art. 16 del Dec. 1694/2009 pues deviene indefendible desde el punto vista constitucional, ya que el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulta contradictoria con lo establecido en la Carta Magna.

3.-Corresponde confirmar la condena respecto de la codemandada dada que, ante la nueva normativa que rige la vinculación entre las partes, resulta claro que la AFJP ya no resulta depositaria de la suma oportunamente provista por la ART en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 24.557 y que se encuentra en poder de la ANSES, quien se subrogó tanto en los derechos como en las obligaciones de la AFJP.

4.-El valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, circunstancia que instauraría una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres.

5.-La violación del deber de no dañar a otro genera la obligación de reparar el menoscabo causado y tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio y/o en sus derechos o facultades, y dicha reparación no se logra si el resarcimiento derivado de la aplicación de un sistema resarcitorio especial resulta en valores irrisorios o insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible.

6.-La obligación de respeto y garantía de los derechos humanos, que normalmente tiene sus efectos en las relaciones entre los Estados y los individuos sometidos a su jurisdicción, también proyecta sus efectos en las relaciones interindividuales, pues la obligación impuesta por el respecto y garantía de los derechos humanos frente a terceros se basa también en que los Estados son los que determinan su ordenamiento jurídico, el cual regula las relaciones entre particulares y, por lo tanto, el derecho privado, por lo que deben también velar para que en esas relaciones privadas entre terceros se respeten los derechos humanos, ya que de lo contrario el Estado puede resultar responsable de la violación de los derechos.

7.-Toda vez que los poderes públicos deben ajustarse, -al reglamentar los derechos humanos sociales-, a los principios y normas de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional y supralegal, pesa sobre los poderes públicos el deber de reglamentar razonablemente los derechos sociales, deber cuyo cumplimiento, -a partir de la reforma constitucional de 1994-, será valorado a la luz de los principios de progresividad y de irreversibilidad de los derechos humanos, que implican la no regresividad del nivel tuitivo alcanzado.

8.-Puesto que según el art. 11 inc. 3 de la Ley 24.557 el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado a mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en dicha ley cuando las condiciones económicas financieras generales del sistema así lo permitan, y siendo que recién a través del dec. 1694/2009 fueron mejoradas nuevamente las prestaciones dinerarias, cabe estarse a dichas disposiciones a los fines de fijar la cuantía indemnizatoria.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 25 días del mes de setiembre de 2014 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y El DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

Contra la sentencia de fs. 442/451 que hizo lugar a la demanda, apelan Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA a fs. 455/464 y ANSES a fs. 467/470, escritos que merecieron réplica de los actores a fs. 472/475 y 480/483.

Por razones de método iniciaré el análisis de los agravios que deduce la aseguradora, dirigido contra la decisión que declaró inconstitucional el art. 16 del dec. 1694/09 y en virtud de lo cual resolvió que el monto del crédito al que tenían derecho los reclamantes, como consecuencia del fallecimiento de su hijo, producto de un accidente «in itínere», era la suma mínima de $ 180.000 establecido en el art. 4º (a distribuirse entre las accionadas y en favor de cada progenitor, como se lo dispone en el punto 9 de fs. 449).

Pero adelanto que el agravio no podrá prosperar.

De la lectura del escrito de inicio se evidencia que los accionantes plantearon la inconstitucionalidad de aquel artículo, «…en cuanto decide que tales nuevos montos son aplicables a accidentes ocurridos desde la fecha de publicación de la nueva norma, y no es aplicable a los casos como el presente, en que la indemnización no fue cobrada, por impedimento mismo del Estado Nacional, quien dispuso el pase de los fondos de las AFJP al ANSES, y hasta la fecha se ha negado a efectuar el pago…» (v. fs. 8/9).

El juez de grado consideró audible el planteo, ya que ante «… las particularidades que exhibe el caso, el tiempo transcurrido desde el acaecimiento del infortunio… considerar el método de cálculo establecido por el art.15 inciso 2 segundo párrafo de la LRT texto Decreto 1278/00 importaría convalidar una indemnización contraria a los lineamientos y objetivos que declara la Ley 24.557, ya que las sumas a considerar según aquélla fórmula cálculo no representa la reparación del daño sufrido, por lo que en el supuesto, aunque el accidente fatal haya ocurrido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1.694/09, ello no impide que pueda aplicársele a la litis y declarar la inconstitucionalidad de las pautas de cálculo del valor mensual del ingreso base…» (v. a fs. 445).

Según jurisprudencia constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, frente a supuestos regidos por el principio alterum non laedere, debe tenerse en cuenta la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos por nuestra Constitución Nacional, que no debe cubrirse sólo en apariencia (Fallos: 327:3753, considerando 7º, pág. 3769).

El valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, circunstancia que instauraría una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres («Aquino», voto de los jueces Petracchi y Zaffaroni, Maqueda y Belluscio y Highton de Nolasco, Fallos:327:3753, 3765/3766, 3787/3788 y 3797/3798, «Díaz», voto de la jueza Argibay, Fallos: 329:473, 479/480 y «Arostegui», Fallos:331:570).

En el conocido caso «Milone», al analizar la constitucionalidad del art.14.2.b de la ley 24.557 (texto originario), que prescribía el pago de la prestación dineraria allí prevista en forma de renta periódica, nuestro más Alto Tribunal señala que debe evaluarse si la indemnización consagra una reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparador en concreto («Milone», Fallos: 327:4627).

Los criterios expuestos fueron expresamente ratificados por el Supremo Tribunal Federal en el caso: «Calderón de Loiza, Norma Isabel c/Eternit Argentina S.A. y otro», sent. del 9/03/2011, a través del voto coincidente de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni.

En el caso «Ascua» la Corte Suprema señala en lo pertinente:

«…Que el art. 14 bis de la Constitución Nacional enuncia el llamado principio protectorio, destinado a comprender todos los aspectos del universo del derecho al trabajo: «el trabajo en sus diversas formas gozará de las protección de las leyes». Asimismo, los dos requerimientos que exige respecto de las condiciones de trabajo, esto es, que resulten «dignas y equitativas», especifican el sentido y contenido del mentado principio en el terreno de dichas condiciones y, por ende, el sentido y contenido de los medios que «asegurarán» a estas últimas: las «leyes». Todo ello, por cierto, sin perjuicio de resultar ambos recaudos un común denominador que se proyecta sobre los restantes contenidos de la norma, los cuales, no por su identidad propia, dejan de integrar el concepto de condiciones de labor («Vizzoti», Fallos: 327:3677, 3689 – 2004)…»

«…Que a conclusiones análogas conducen los instrumentos internacionales que enuncian el derecho del empleado tanto a condiciones de trabajo «equitativas y satisfactorias» (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23.1) o «dignas» (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XIV), cuanto a la protección en los supuestos de incapacidad, enfermedad o invalidez (arts. 25.1 y XVI, respectivamente). El art.7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), a su vez, después de reiterar la citada Declaración Universal en orden al derecho de toda persona al goce de «condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias», especifica que éstas deben asegurar «en especial […] b)la seguridad y la higiene en el trabajo». Ello, asimismo, se ve reafirmado y complementado en ese tratado por otros preceptos. Reafirmado, mediante su art. 12, relativo al derecho de toda persona al «disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental», cuando en su inc. 2 prevé: «entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para […] b.El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo […]; c.La prevención y el tratamiento de las enfermedades […] profesionales», lo cual entraña, en particular, «la adopción de medidas preventivas en lo que respecta a los accidentes laborales y enfermedades profesionales», so riesgo de violar las obligaciones que dimanan del PIDESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), 2000, párrs. 25 y 49). Y complementado por vía del art. 9, del cual se sigue que los Estados «deben también garantizar la protección a los trabajadores que hayan sufrido un accidente laboral durante el empleo u otro trabajo productivo» (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación

general Nº 19. El derecho a la seguridad social (artículo 9), 2007, párr. 17) …»

«…Que respecto del carácter «equitativo» de las condiciones de labor, ello significa, en el presente contexto reparador, «justo en el caso concreto», tal como lo ha entendido esta Corte en el cuadro del sistema tarifado que sustituyó («Milone», Fallos: 327:4607, 4617 -2004-, relativo a la Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557). De ahí que, como también lo sostuvo en dicha oportunidad, el ya citado art.7.b del PIDESC implica que, una vez establecida por los Estados la legislación apropiada en materia de seguridad e higiene en el trabajo, uno de los más cruciales aspectos sea la reparación a que tengan derecho los dañados (p. 4618; asimismo: Craven, Mattew, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, p. 242). Sumase a ello, que del también recordado art. 9 del PIDESC deriva el derecho «de obtener protección, en particular contra: a)la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez [o] accidente laboral», mediante un sistema que sufrague «los gastos y la pérdida de ingresos resultante de la lesión o condición de morbilidad», y que ofrezca «prestaciones suficientes en forma de acceso a la atención de salud y prestaciones en efectivo para asegurar los ingresos» (Observación general Nº 19…, cit., párrs. 2 y 17)…».

«…una discapacidad de carácter permanente…repercutirá no sólo en la esfera económica de la víctima, sino también en diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural y social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida. Un trance de tamaña gravedad, por ende, llevará seguramente al trabajador -y, en su caso, a la familia de éste- a una reformulación de su proyecto de vida, para lo cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia inocultable por mayúsculo. Es precisamente por ello que el medio reparador, de ser inadecuado o insuficiente, puede añadir a la mentada frustración una nueva («Milone», cit. p. 4619)…» (C.S.J.N., A. 374.XLIII., 10/08/2010, «Ascua, Luis Ricardo c/Somisa»).

Una semana más tarde, nuestro más Alto Tribunal, al resolver un caso donde se cuestionaba el carácter justo y reparador de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557, manifiesta en lo pertinente:

«…el examen del caso no se limitaba solamente en la forma de pago, sino que debió evaluarse si la indemnización consagraba una reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparador en concreto…».

«…el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclu siva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres…» (C.S.J.N., L.

515. XLIII., 17/08/2010, «Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/Taddei, Eduardo y otro»). Muy recientemente, en la misma línea hermenéutica, el Supremo Tribunal Federal ha reiterado que es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el menoscabo causado y tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio y/o en sus derechos o facultades, y que dicha reparación no se logra si el resarcimiento derivado de la aplicación de un sistema resarcitorio especial resulta en valores irrisorios o insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible (Fallos: 314:729, considerando 4º; 316:1949, considerando 4º, entre otros; R. 401. XLIII., 27/11/2012, «Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/Ejército Argentino»).

Las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional «cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagren una manifiesta iniquidad» (Fallos:299:428, 430, considerando 5° y sus numerosas citas).

Los derechos constitucionales tienen un contenido que, por cierto, lo proporciona la propia Constitución. De lo contrario, debería admitirse una conclusión insostenible y que, a la par, echaría por tierra el mentado control: que la Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, o que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este último.

Todo ello explica que la determinación de dicho contenido configure, precisamente, uno de los objetos de estudio centrales del intérprete constitucional. Explica también que al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquél toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Los derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, pero esta última está destinada a no alterarlos (art. 28 cit.), lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto que los enunció y que manda a asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para garantizar «el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos» (Constitución Nacional, art. 75 inc. 23).

El mandato que expresa el art. 14 bis de la Constitución Nacional se dirige primordialmente al legislador, pero su cumplimiento atañe asimismo a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima a dicho

precepto (C.S.J.N., «Vizzoti, Carlos Alberto c/AMSA S.A.», 14/09/2004, Fallos:327:3677).

Garantizar significa «mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas», según indica en su Observación General Nº 5 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que constituye el intérprete autorizado del Pacto homónimo en el plano internacional y cuya interpretación debe ser tenida en cuenta ya que comprende las «condiciones de su vigencia» de este instrumento que posee jerarquía constitucional en los términos del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional (C.S.J.N., Fallos:332:709, Q.64. XLVI., 24/04/2012, «Q. C., S. Y c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires», voto concurrente de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni).

Por otra parte, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares.

De esta manera, la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos, que normalmente tiene sus efectos en las relaciones entre los Estados y los individuos sometidos a su jurisdicción, también proyecta sus efectos en las relaciones interindividuales.

La obligación impuesta por el respecto y garantía de los derechos humanos frente a terceros se basa también en que los Estados son los que determinan su ordenamiento jurídico, el cual regula las relaciones entre particulares y, por lo tanto, el derecho privado, por lo que deben también velar para que en esas relaciones privadas entre terceros se respeten los derechos humanos, ya que de lo contrario el Estado puede resultar responsable de la violación de los derechos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de2003).

La inserción en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos comporta, además, la asunción por los Estados de concretas obligaciones de cara a todas las personas sometidas a su jurisdicción y de cara a la comunidad internacional, cuya inobservancia, por acción u omisión, puede configurar actos ilícitos internacionales, además de una injusticia interna. Ello ha impreso un claro perfil, y una nueva dinámica, a todas las instituciones estatales, dadas las características de las obligaciones que asume el Estado al ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos, y al hecho de que junto con otros principios constitucionales, como el de justicia social y el de protección del trabajo humano, consagra la inequívoca vigencia de un Estado Social y Democrático de Derecho.

En tal sentido, pesan sobre el Estado las siguientes obligaciones: a)de respetar los derechos humanos, es decir, abstenerse de todo acto que entrañe una interferencia en el goce de éstos; b)de proteger los derechos humanos, o sea, prevenir que las personas (físicas o jurídicas) produzcan dichas interferencias y c)realizar los derechos humanos, dentro de lo cual se distinguen la obligación de facilitar, en el sentido de iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y disfrute de aquéllos, y la de hacer efectivos directamente esos derechos cuando un individuo o grupo sea incapaz, por razones ajenas a su voluntad de lograrlo por los medios a su alcance (conf. Gialdino, Rolando E., «Dignidad, justicia social, principio de progresividad y núcleo duro interno. Aportes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al Derecho del Trabajo y al de la Seguridad Social).

El art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional pone énfasis en determinados grupos tradicionalmente postergados, dentro de los cuales se menciona en forma expresa a las personas con discapacidad. Por tal razón, una interpretación conforme con el texto constitucional indica que la efectiva protección al trabajo dispuesta en el art. 14 bis se encuentra alcanzada y complementada por el mandato del art. 75, inc.23, norma que, paralelamente, asienta el principio de no regresión en materia de derechos fundamentales. Así lo preceptúa también el principio de progresividad asentado en el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en concordancia con su art. 11, inc. 1, por el que los estados han reconocido el derecho de toda persona «a una mejora continua de las condiciones de existencia» (C.S.J.N., «Milone», Fallos: 327:4627).

También son fuentes normativas del mentado principio de progresividad los arts. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1 del Protocolo de San Salvador aprobado por la ley 24.658, de jerarquía constitucional y supralegal respectivamente (conf. arts. 75, inc. 22, párr. 1º y 2º, C.N.).

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el objetivo general y la razón de ser del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo. Si bien la plena realización de los derechos pertinentes puede lograrse de manera paulatina, las medidas tendientes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados, y deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto.

Además, corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 3, «La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párr. 1 del art.2 del Pacto), 14/12/1990).

Los derechos humanos son, además de exigibles, progresivos y expansivos, caracteres éstos que imponen una actitud interpretativa consecuente y, por ende, la necesidad de considerar en cada caso, no sólo el sentido y alcances de las propias normas interpretadas, en su texto literal, sino también su potencialidad de crecimiento, convertida en derecho legislado por los arts. 2 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales sobre la materia; el primero, para todos los derechos; el segundo, en función de los derechos económicos, sociales y culturales (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, «Propuesta de mo dificación de la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización», voto separado del Juez Rodolfo E. Piza E., párr. 2 y 3).

La obligación de no regresividad constituye una limitación que los tratados de derechos humanos pertinentes y la Constitución Nacional imponen sobre los Poderes Legislativo y Ejecutivo a las posibilidades de reglamentación de los derechos sociales. Desde la perspectiva del titular del derecho, la obligación constituye una garantía de mantenimiento de los derechos sociales de los que goza desde la adopción de la norma que los consagre, y de su nivel de goce, a partir de dicha adopción y de toda mejora que hayan experimentado desde entonces. Se trata de una garantía de carácter sustantivo, es decir, de una garantía que tiende a proteger el contenido de los derechos vigentes al momento de adopción de la obligación internacional, y el nivel de goce alcanzado cada vez que el Estado, en cumplimiento de su

obligación de progresividad, haya producido una mejora (conf. Courtis, Christian, «La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios», en «Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales», Courtis, Christian (compilador), Centro de Asesoría Laboral, Centro de Estudios Legales y Sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, p.17/18).

Los poderes públicos deben ajustarse, al reglamentar los derechos humanos sociales, a los principios y normas de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional y supralegal.

Desde esta perspectiva, pesa sobre los poderes públicos el deber de reglamentar razonablemente los derechos sociales, deber cuyo cumplimiento -a partir de la reforma constitucional de 1994- será valorado a la luz de los principios de progresividad y de irreversibilidad de los derechos humanos, que implican la no regresividad del nivel tuitivo alcanzado (conf. Gianibelli, Guillermo y Zas, Oscar, «Estado Social en Argentina: modelo constitucional y divergencias infraconstitucionales», pub. en Contextos, Revista Crítica de Derecho Social, Nº 1, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 202).

Según el art. 11, inc. 3º de la ley 24.557 el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado a mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en dicha ley cuando las condiciones económicas financieras generales del sistema así lo permitan.

Luego del dec. 1.278 dictado el 28/12/2000 y publicado en el Boletín Oficial el 3/01/2001, que mejoró las prestaciones dinerarias establecidas en la ley 24.557, recién a través del dec. 1.694 dictado el 5/11/2009 y publicado en el Boletín Oficial el 6/11/2009, fueron mejoradas nuevamente las prestaciones dinerarias.

Es público y notorio que entre la fecha de entrada en vigencia de los montos fijados por el dec. 1.278/2000 y la de exigibilidad del crédito de l os actores (el 20/2/08 fue el accidente del causante) se han producido cambios sustanciales de las circunstancias económicas, entre los cuales cabe destacar el importante aumento nominal de los salarios, tanto en el sector privado como en el público.

Son elocuentes en tal sentido los considerandos del dec.1.694/2009 que rezan en lo pertinente:

«…Que mediante el Decreto Nº 1278 del 28 de diciembre de 2000 se modificaron algunas previsiones de la ley…, destacándose, entre otras, …la mejora de las prestaciones dinerarias…».

«…Que sin embargo, dicha modificación parcial no fue suficiente para otorgar a ese cuerpo legal un estándar equitativo, jurídico, constitucional y operativamente sostenible…» «…Que…, resulta pertinente mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio; de acuerdo a las previsiones del artículo 11, inciso 3, de la Ley 24.557 y sus modificaciones…».

En concordancia con lo expuesto, entonces, corresponde declarar la inconstitucionalidad de normas que -aunque no ostensiblemente incorrectas en su inicio- devienen indefendibles desde el punto vista constitucional, pues el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulta contradictoria con lo establecido en la Carta Magna

(Fallos:301:319, considerando 6º). Por consiguiente, a los fines de cuantificar la reparación pretendida, estimo justo y equitativo tomar en cuenta los parámetros del art. 3º del dec. 1.694/2009, y fijar la suma de $ 180.000 en concepto de prestación dineraria, por lo que lo decidido en la instancia de grado debe mantenerse.

Diferiré la apelación por honorarios de fs.463 in fine/ y vta.

La coaccionada ANSES apela la condena en su contra, por desestimación de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por su parte.

En el sub-lite, es un hecho incontrovertido que la aseguradora efectuó un pago a los reclamantes de $ 50.000 ($ 25.000 a cada uno) en concepto de prestación adicional de pago único, y que simultáneamente transfirió a Nación AFJP SA las prestaciones de la ley de riesgos, a razón de $ 142.145,55, importe éste que luego dicha AFJP transfirió a ANSES (ver fundamentos a fs. 444, punto 4) y sgtes.).

Sobre la base de tales hechos y los fundamentos que se explicitan a fs. 447 punto 7), el juez de grado resuelve condenar a la ANSES, en virtud de haber sido ésta quien a influjo de una subrogración legal, recibió los fondos correspondientes a estos autos -y que a la fecha se encuentra sin cancelar-, condena que además del capital de $ 142.145,55 comprende los intereses (a la tasa fijada en Acta CNAT nº 2357/02 y Res. nº 8/02) generados por la mora a partir de dicho traspaso (v. a fs. 447).

Cabe señalar que además de esta condena, y en concordancia con la inconstitucionalidad ya analizada en el punto anterior, se le manda pagar a Consolidar ART la suma de $ 37.854,45, en concepto de diferencia y saldo impago por prestación por fallecimiento ($ 180.000- $ 142.145,55) con más los intereses a aquélla tasa a partir del vencimiento del plazo de contestación de demanda, conforme cédula de fs. 111 vta. (v. a fs. 446, penúltimo apartado)

Pues bien, en orden a los cuestionamientos que despliega la ANSES contra la condena a su cargo, ya esta Sala se ha expedido en oportunidad de resolver otros casos de aristas similares (v. entre otros «Grasso, Ruth P. c/ Consolidar Cía.De Seguros de Retiro SA y otro s/ accidente-acción civil», SD nº 72614, del 30/9/10).

Allí se dijo que el artículo 7 de la ley 26.425 dispone: «Transfiéranse en especie a la Administración Nacional de la Seguridad Social los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados y beneficiarios al régimen de capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la Ley 24.241 y sus modificatorias, con las limitaciones que surjan de lo dispuesto por el artículo 6 de la presente ley. Dichos activos pasarán a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto creado por el Decreto 897/07».

No es un hecho a esta altura controvertido que a la ANSES que le fueron transferidos por parte de Nación AFJP S.A. los fondos que estaban depositados en la cuenta de capitalización originada por el fallecimiento del hijo de los reclamantes (existe reconocimiento expreso de ésta: v. sentencia a fs. 447), por ello, en virtud de los términos expresos de la ley 26.425, no caben dudas de que dichos fondos fueron transferidos de pleno derecho.

A su vez, el art. 18 de la ley 26.425 establece que: «La Administración Nacional de la Seguridad Social se subroga en las obligaciones y derechos que la Ley 24.241 y sus modificatorias les hubiera asignado a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones» y, el art. 7 del decreto 2104/2008, dispone que:»Las solicitudes de prestaciones previsionales y/o cualquier requerimiento o reclamo respecto de prestaciones de seguridad social que se encuentren pendientes de resolución en sede de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), pasarán a la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en el

estado en que se encuentren, las que deberán ser resueltas conforme a las normas aplicables al Régimen Previsional Público» (lo remarcado en cursiva me pertenece).

En este contexto, dada la nueva normativa que rige la vinculación entre las partes resulta claro que Nación AFJP SA ya no resulta depositaria de la suma oportunamente provista por la ART en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 24.557, tal cantidad no está en su poder y por el contrario se encuentra en poder de la ANSES quien se subrogó tanto en los derechos como en las obligaciones de la AFJP.

En consecuencia, corresponde la confirmatoria de lo resuelto en grado.

En orden a la tasa de interés aplicable (agravio de fs. 469 vta.), no debe perderse de vista que se trata de un crédito que tiene origen en la relación laboral y, más precisamente en un accidente de trabajo, y no de naturaleza previsional, por lo que sin perjuicio de que pueda entenderse que esa indemnización forma parte del subsistema de la seguridad social, lo cierto es que a los fines de su percepción los accionantes debieron transitar por este proceso que tramitó ante la Justicia Nacional del Trabajo y, esta Cámara invariablemente ha aplicado, para el período aquí involucrado, la tasa establecida en primera instancia, por lo que no cabe sino desestimar la queja articulada en este punto.

Esta solución torna inaudible el agravio por las costas que se deduce a fs. 469 vta.in fine, atento la forma de resolver y el marco en que se encuentra deducid o.

En relación con los honorarios, que se encuentran apelados por las demandadas recurrentes, teniendo en cuenta las tareas desarrolladas, su extensión, mérito e importancia y el valor económico del litigio, lucen equitativos por lo que propicio su confirmación (arts. 38 LO, 6, 7 y cc ley 21.8239, 3 dec. 16.638/57).

Por ello, opino que el fallo apelado debe confirmarse, con costas de alzada a cargo de las accionadas vencidas, en la medida de sus respectivos vencimiento, atento la suerte de los recursos (art. 68 CPCCN); y regular a la representación y patrocinio de los actores, y de cada una de las reclamadas, por sus trabajos en esta instancia, el 25% de lo que en definitiva les corresponda por la anterior a los abogados de cada parte (art. 14 LA).

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT manifestó:

Disiento con el voto que antecede.

El tope puede ser declarado inconstitucional si y solo sí se entiende que la cuantía determinada por su aplicación afecta la garantía de suficiencia de la reparación -teniendo en cuenta la particularidad del factor de atribución – en los términos de la seguridad social.En la medida que la acción por ley especial importa la existencia de un factor de atribución autónomo (basta que el daño se haya producido por el hecho o en ocasión del trabajo lo que en el caso del accidente in itinere importa incluso la exclusión de autoría) no se está ante supuestos de aplicación del principio constitucional alterum non laedere sino de la reparación necesaria para el resguardo de la vida de todo ser humano en los términos de la garantía de un proyecto de vida en los términos de un estado de derecho.

Por el contrario, el criterio de insuficiencia en términos de la acción civil está estrechamente vinculado al principio neminem laedere que impone la integralidad del resarcimiento pero exige la existencia de autoría en el responsable (inmediata o mediata) y antijuridicidad que no son exigidas por la acción especial. En este orden de ideas, si la exclusión de la acción de reparación por el daño injusto es siempre y por definición inconstitucional (ya que se excluye a un grupo de ciudadanos lo que es concedido al resto), la inconstitucionalidad de un tope requiere siempre la indicación de la insuficiencia que siempre ha de estar en relación a una situación de derecho (la

existencia de daño injusto que importa el principio de integralidad o su ausencia que determina la insuficiencia en términos de seguridad social) y de hecho (la particular y concreta situación en la que la insuficiencia se hace patente).

Por esta razón, en mi opinión debe confirmarse el fallo de origen, pero por las razones vertidas en el fallo de primera instancia. Esto es, en el desfasaje entre el objeto de seguro y la suma asegurada.

En lo demás concuerdo con el primer voto.

EL DOCTOR LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI manifestó:

Por análogos fundamentos en lo que resulta objeto de disidencia en autos, adhiero al voto del Dr. Oscar Zas.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE : 1) Confirmar la sentencia apelada en lo que fuera materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de alzada y regular los honorarios por los trabajos en esta instancia, como se lo sugiere en el punto V del primer voto. 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Luis Anibal Raffaghelli

Juez de Cámara

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: