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Una justicia tardía no es justicia

justicia1POSICIONAMIENTO DE JUSTICIA LEGITIMA RESPECTO DEL CODIGO PROCESAL Y LA VACANTE EN LA CORTE SUPREMA

En un documento que será leído hoy durante su encuentro de fin de año, la agrupación Justicia Legítima insta a la adopción del modelo acusatorio que popone el nuevo código. Y se pronunció a favor de completar el lugar que dejará Zaffaroni.

“Es imprescindible discutir cuál es la Justicia que se corresponde con el Estado de Derecho, cuáles son las condiciones que aseguran un Poder Judicial independiente y cuáles son los límites que la Constitución nacional impone a los magistrados en el ejercicio de sus funciones”, expresó la agrupación Justicia Legítima en una nueva declaración que será leída hoy en su encuentro de fin de año. En el texto, instó a la urgente implementación del modelo acusatorio, consagrado en el nuevo Código Procesal Penal, porque “una justicia tardía no es justicia”, y se pronunció a favor de que sea completada la vacante que deja el juez Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema, para que el máximo tribunal quede integrado con cinco miembros, porque consideró que, “en este caso, más es mejor”. También anunció que su próxima jornada abierta será en febrero de 2015.

Es probable que a la hora del brindis de fin de año de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el pronunciamiento de la agrupación que preside la jueza María Laura Garrigós de Rébori sea el asunto más comentado. Como ya había expresado con anterioridad, Justicia Legítima señaló que la independencia de la Justicia no es un debate reservado “a los miembros del Poder Judicial ni a los expertos, porque lo que está en juego es la institucionalidad democrática, y es la sociedad en su conjunto la que está interpelada a participar. En tal sentido alertó sobre los “signos preocupantes del momento” tales como “la interposición de acciones y recursos en distintos fueros (en especial el Civil y Comercial federal y el Contencioso Administrativo federal), y una expansión creciente de denuncias y de intervenciones del fuero Penal como formas de dirimir diferencias y conflictos que no debieran, en principio, ser llevados ante la Justicia”.

Para este colectivo de jueces, fiscales y empleados judiciales no alineados con la tradicional “familia judicial”, hay una “permanente amenaza” de declarar inconstitucionales las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. “Una lectura atenta permite advertir que las situaciones referidas son expresiones inequívocas de un modelo de judicialidad que procura mantener intereses y privilegios de grupos económicos concentrados, de medios de comunicación monopólicos y de sectores fuertemente corporativos del Poder Judicial”, enunció la agrupación. Y agregó con dureza que “este modelo vulnera la división de poderes, distancia cada vez más a las mayorías populares del sistema de justicia y lo que es aún más grave, lo hace en nombre de una supuesta independencia que debe ser denunciada por lo que encubre”. Por esa razón, afirmó que “los que integran ese poder del Estado deben responder por su vigencia (del orden democrático) y ampliación ante todos los ciudadanos”, y que “los lazos que vinculan a miembros de la Justicia o a sus familiares con organizaciones y grupos poderosos e influyentes son apenas síntomas de un entramado perverso que ya no puede ser ocultado si queremos construir un servicio de justicia que nos incluya a todos”.

Lo que reclama Justicia Legítima, tal como viene haciendo desde 2012, es “un debate amplio y plural acerca de las decisiones y los modos de actuación del Poder Judicial”. Por eso propone la implementación urgente del modelo acusatorio porque “la actuación de los jueces y del ministerio público no puede provocar demoras ni prescripciones en las causas, como sucediera en el desdichado ejemplo del Colegio Ecos, ni hacer eternos los procesos”. Otras de las propuestas es que el Poder Judicial, como ya lo hicieran la Procuración y la Defensoría, “cumpla de inmediato con el ingreso democrático, plural e irrestricto” y “que se amplíen y profundicen iniciativas destinadas a capacitar desde nuevas perspectivas a operadores jurídicos comprometidos con la defensa de los intereses populares y los derechos humanos”.

Fuentes: http://www.pagina12.com.ar/

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