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Si el interés familiar no se encuentra comprometido no corresponde mantener la indivisión del bien de familia una vez decretado el divorcio vincular

Divorsio 4Partes: G. A. A. L. c/ G. D. A. s/

Tribunal: Cámara de Familia de Mendoza

Fecha: 19-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-88709-AR | MJJ88709

Si el interés familiar no se encuentra comprometido, no corresponde mantener la indivisión del bien de familia una vez decretado el divorcio vincular.

Sumario:

1.-En caso de mediar diferencia de voluntades entre los esposos divorciados, sea el inmueble propio o ganancial, la cuestión de la subsistencia del bien de familia debe ser decidida judicialmente del modo que mejor atienda al interés familiar, sin que ello implique reconocer una suerte de supremacía con relación al interés particular de cada una de las personas involucradas.

2.-La oposición del cónyuge separado de hecho al pedido de desafectación como bien de familia de un inmueble de carácter propio de la esposa, cuyo beneficiario es su pequeño hijo, con el solo fundamento de que se trata del único bien que dispone para su seguridad integral, resulta en el caso no sólo abusivo, sino también contrario a derecho; ello, pues si el interés familiar desaparece no se justifica la aplicación de este régimen de excepción, pues de otro modo se desnaturalizaría el fin tuitivo que lo inspira, manteniendo un inmueble indefinidamente bajo su amparo sin que a la par existan las razones que le sirven de sustento.

3.-Prolongar la indivisión del único inmueble perteneciente al acervo conyugal irrogaría un gran perjuicio, siendo que su ex cónyuge es una persona sana, que trabaja, que si bien su hijo reside con él, a la fecha cuenta con veintitrés años de edad, no habiéndose invocado y mucho menos acreditado que el mismo no pueda trabajar.

4.-Reciben la denominación de recompensas los créditos entre uno de los cónyuges y la sociedad conyugal que surgen con motivo de la gestión patrimonial de los bienes propios y gananciales durante la sociedad conyugal, y que deben ser determinados después de su disolución para establecer con exactitud la masa que ha de entrar en la partición. La determinación de las recompensas tiende a evitar que el haber propio de cada cónyuge aumente a expensas del común, o disminuya en beneficio de la masa ganancial. Uno de los casos de recompensa está representado por el valor de las deudas comunes pagadas con dinero propio.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los diecinueve días del mes de septiembre del 2.014 se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones de Familia los Sres. Jueces Dres. Carla Zanichelli, Germán Ferrer y Estela Politino, y traen a deliberación para resolver en definitiva la causa N° 1202/11/2F- 373/13 caratulada «G. A. A. L. contra G. D. A. p/ Liquidación de la Sociedad Conyugal , originaria del Segundo Juzgado de Familia de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 386, 400 y 401 por el perito martillero Mario Augusto Agüero y Dra. Martha A. Naves, ambos por sus honorarios, y por el demandado, respectivamente en contra de la sentencia de fs. 374/378 la que hizo lugar a la demanda de liquidación de la sociedad conyugal; declaró que integra la sociedad conyugal el inmueble que individualiza de titularidad registral de la actora; desestimó la reconvención en la que se peticiona el mantenimiento del estado de indivisión y el pago por crédito de recompensa; hizo lugar al pedido de compensación por privación del uso del inmueble integrante de la sociedad conyugal; tuvo presente el pedido de desafectación del inmueble al régimen de bien de familia para su oportunidad; impuso costas y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

Habiendo quedado en estado los autos a fs. 455, se practicó el sorteo que determina el art. 140 del C.P.C., arrojando el siguiente orden de votación: Dres. Zanichelli, Ferrer y Politino.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, plantéaronse las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION, LA DRA. CARLA ZANICHELLI DIJO:

1. En contra de la sentencia recaída a fs. 374/378 apelaron el perito tasador Mario Augusto Agüero y la Dra. Martha A. Naves, ambos por sus honorarios, y el demandado Sr. D. A. G..

El Juez que nos precedió en el juzgamiento luego de referirse a las normas y principios que rigen la constitución y disolución del régimen patrimonial matrimonial argentino, expresa que en el caso no existen circunstancias que obstaculizan la liquidación de la sociedad conyugal ni que tornen procedente el mantenimiento del estado de indivisión puesto que se trata de un inmueble de titularidad de la actora donde se radicó el hogar conyugal, de naturaleza ganancial, y ocupado exclusivamente por el demandado después de la separación; que las partes se encuentran divorciadas por sentencia firme habiendo operado, en consecuencia, una de las causales de disolución de la sociedad conyugal; que los hijos de las partes son mayores de edad, no habiéndose acreditado la existencia de alguna discapacidad o situación similar respecto de ninguno de los miembros de la familia u otra circunstancia que amerite el mantenimiento de la indivisión; que no es un hecho controvertido la naturaleza ganancial del inmueble y ante la falta de acuerdo para una partición privada, corresponde la partición judicial prevista por el art 352 del Código Civil; que en atención al estado de indivisión en que se encuentra la sociedad conyugal, deben aplicarse respecto del referido inmueble las normas de condominio, debiendo considerarse que las partes son condóminos en igual proporción, al no haberse distinguido un porcentual de participación diferente; que para que la compensación por la privación de uso pretendida por la actora resulte procedente se requiere que la misma sea titular del condominio, que también lo sea quien ocupa el inmueble y este último haya sido emplazado fehacientemente para el pago de la misma, momento a partir del cual corre la compensación; que en el caso ha sido acreditado que el inmueble se encuentra ocupado por el Sr. G. y su hijo mayor edad, habiendo sido el primero intimado fehacientemente por la parte actora ; que las defensas opuestas en contra de la pretensión de fijación de una compensación resultan improcedentes por cuanto son todas cuestiones ajenas a las causales de liquidación; para determinar el quantum de la compensación debe tenerse en cuenta la pericia de fs. 296 la que no fue impugnada en la que se informa un valor locativo de $ 1.800 de modo que a la accionante le corresponde una compensación de $ 900 , a partir de la fecha de recepción de la carta documento por la que intimó fehacientemente al demandado de su pedido; que respecto del reclamo formulado por el demandado a fin de que se le reconozca un crédito por recompensas por los gastos efectuados y mejoras introducidas en el inmueble con posterioridad a la separación de los cónyuges las mismas no han sido acreditadas, puesto que las testimoniales rendidas no precisan fechas ni permiten determinar el origen de los fondos con que se habrían abonado, razón por la que se desestima la reconvención; que no es la oportunidad procesal para disponer judicialmente la desafectación del régimen de bien de familia al que se haya sometido el inmueble sino que tal análisis debe efectuarse al momento de la partición, cuestión que incluso puede resultar innecesaria o por el contrario inevitable ante las eventualidades de la forma de partirse la sociedad conyugal que se liquida.

2. A fs. 419/426 expresa agravios el apelante D. A. G..

Se agravia por cuanto aduce que el Juzgador se ha apartado de los principios constitucionales que protegen la vivienda y el bien de familia y en cuanto no se ha pronunciado expresamente respecto de la solicitud de desafectación de dicho régimen.

Considera que el divorcio por sí mismo no constituye causal de desafectación del bien de familia y que el mismo no es particionable como el resto de los bienes que componen el acervo de la sociedad conyugal en tanto su destino debe resolverse más por las reglas propias del referido régimen caracterizado por la indisponibilidad y la indivisibilidad que por las reglas disolutorias de la sociedad conyugal.

Relata que desde que se produjo la separación el inmueble fue habitado por su parte junto con los dos hijos de la pareja viviendo en la actualidad sólo él y su hijo Nicolás, pero, agrega, su hija Florencia y su nieto también disfrutan del mismo.

Se queja por cuanto el Juzgado de origen ha considerado peticiones que la accionante no ha efectuado, puesto que la misma nunca solicitó la compensación por el uso del bien ni tampoco obra intimación fehaciente por dicha compensación, sino que siempre solicitó canon locativo habiéndose trabado la litis de esta forma.

Respecto del derecho de recompensa invocado en la reconvención, arguye que el Juez a-quo no ha considerado el pago de deudas a cargo de la sociedad conyugal como las cuotas mensuales del Instituto Provincial de la Vivienda y la cancelación de la hipoteca que pesaba sobre el inmueble, habiendo acompañado el comprobante de libre deuda y certificado de cancelación del que surge que las cuotas han sido abonadas con fondos propios. Agrega que la accionante dejó de pagar las cuotas del crédito desde el año 2.005 y que los servicios por ella pagados lo fueron durante la vigencia de la sociedad conyugal

Finalmente sostiene que no corresponde imponerle las costas en forma exclusiva a su parte.

3- Corrido traslado a la parte actora, a fs. 432/435 contesta solicitando el rechazo del recurso de apelación interpuesto por las razones que esgrime a las que me remito en honor a la brevedad.

4- A fs. 438/439 expresa agravios el perito Mario Augusto Agüero.

Alega que la decisión recurrida, al regular sus honorarios, omite aplicar normas específicas habiendo disminuido sustancialmente sus honorarios, puesto que los mismos debieron regularse de acuerdo al art. 35 inc. J de la ley 3043 el que prevé para las tasaciones el 1% del valor que arroja la tasación. Por ende, continúa diciendo, si el valor informado es de ($…), suma que fue consentida por las partes, sus honorarios ascienden a la suma de ($…) y no ($…) como se le regulan en la sentencia apelada.

Refiere que el Juez de grado invoca el principio de proporcionalidad sin explicar las razones que ha tenido en cuenta para ello tornando en arbitraria su decisión.

5- A fs. 442 la parte actora contesta los agravios del perito tasador, sin formular oposición a la procedencia del recurso por él intentado.

A fs. 445 hace lo propio el demandado, solicitando su rechazo por los motivos que expone a los que también remito brevitatis causae.

6- Pasando analizar los agravios esgrimidos por el demandado, de una atenta lectura del escrito de fs,. 419/426 surge que los mismos se centran en la liquidación del inmueble que él habita, dispuesta por la sentencia recurrida y la falta de pronunciamiento respecto de la desafectación del mismo al régimen de bien de familia; la condena por compensación por privación del uso de dicho inmueble; y el rechazo del crédito por recompensa por él solicitado limitado al pago del crédito hipotecario al Instituto Provincial de la Vivienda, puesto que no se agravia del rechazo del pedido de recompensa por mejoras y pago de impuestos y servicios que recaen sobre dicho bien.

a- En punto a la primera queja estimo que resulta oportuno definir con precisión las diversas etapas que deben ser cumplimentadas, luego de la disolución de la sociedad conyugal, para lograr finalmente la partición de los bienes que la componen.

Es que sabido es que la masa postcomunitaria está destinada a ser dividida entre los cónyuges o sus sucesores. Pero antes de proceder a la partición se requiere establecer con precisión la composición de la masa por dividir. Para ello es necesario concluir los negocios pendientes, determinar el carácter de los bienes y fijar su valor, pagar las deudas a favor de terceros, ajustar las cuentas entre la sociedad conyugal y los cónyuges, separar los bienes propios de cada cónyuge, para finalmente establecer el saldo partible. Todo este conjunto de operaciones integra la liquidación de la sociedad conyugal (cfr. Belluscio, Augusto, «Manual de Derecho de Familia , tomo II, pág. 155, Ed. Depalma, Bs.As. 1995).

En el caso no ha sido impugnado en sus agravios el carácter de ganancial del inmueble habitado por el demandado y su hijo mayor de edad. Tampoco ha sido materia de controversia entre las partes que el mismo se encuentra afectado al régimen de bien de familia, extremo éste que también surge de la instrumental que glosa a fs. 3/9.

Por otra parte, es dable destacar que el demandado reconviene por la indivisión del bien inmueble en cuestión por encontrarse el mismo afectado al régimen de bien de familia.

La parte actora en el escrito de demanda en el punto III- expresa que viene a promover la liquidación de la sociedad conyugal. Luego de denunciar los bienes que la componen, manifiesta que solicita la venta forzada del inmueble que fuera la sede del hogar conyugal y la división del producido en el porcentual que corresponda.

El Juez de grado en la sentencia apelada hace lugar a la demanda de liquidación de la sociedad conyugal; declara que integra la sociedad conyugal el inmueble referido, disponiendo que debe procederse al respecto conforme lo dispuesto por el art. 352 del C.P.C.; desestima la reconvención por mantenimiento de indivisión y hace lugar al pedido de compensación por privación del uso del inmueble.

Corresponde distinguir lo que es la liquidación de la sociedad conyugal de la partición de los bienes.

Posteriormente a la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, le sigue la última etapa de este proceso que es la partición.

El derecho en expectativa a la mitad indivisa del valor de cada bien ganancial que cada cónyuge tenía, se convierte por medio de la partición, en una suma de valores concretos de su absoluta propiedad, que se traduce en la adjudicación de los bienes a cada uno de los cónyuges.

La participación se caracteriza por ser forzosa. (art. 3452 del C.C.); integral.- (art. 3453 C.C.) con las siguientes excepciones: los bienes cuya división resulte antieconómica (art. 3475 bis Párr. 2º del C.C.), si el bien inmueble asiento del hogar conyugal, atribuido al cónyuge que no dio causa a la separación o divorcio, que durante el juicio continuó ocupando y solicitare su exclusión cuando la partición le causare grave perjuicio (art. 211, 217 del c.c.), cuando la causal de disolución es la muerte y se hubiese impuesto la indivisión (art. 51,52 y 53 Ley 14.394) o si se tratare de un solo inmueble y el cónyuge sobreviviente ejerce el derecho real de habitación que reconoce su origen legal en el art. 3576 bis del C.C..

En el caso la parte demandada se opone al progreso de la demanda, invocando como causal de impedimento a la división la inscripción del inmueble como bien de familia.

Recordemos que el art. 37 de la ley 14.394 prevé la inenajenabilidad del bien de familia, razón por la que en principio, sin previa desafectación, no podría ser el mismo objeto de partición. Y justamente la sentencia apelada ordena la liquidación de la sociedad conyugal y la partición del bien.

Como indica Belluscio, si el propietario constituyó el inmueble en bien de familia, la división queda excluida hasta la desafectación, salvo que sea posible adjudicarla al cónyuge titular. La ley no lo dispone expresamente, pero la solución surge sin equívocos de un conjunto de reglas (arts. 36, 37 ley 14.394) que proyecta los efectos del bien de familia hasta el momento en que todos los beneficiarios hayan muerto (cfr. Belluscio, citado por Kemelmajer de Carlucci, Aída «Protección jurídica de la vivienda familiar , pág. 122, Ed. Hammurabi, Bs. As. 1995).

Siendo ello así estimo que necesariamente debo pronunciarme si subsisten razones para mantener la afectación al régimen del bien de familia y por ende su indivisión como lo sostiene el recurrente- o si por el contrario dicho régimen cede en el caso frente a las disposiciones que gobiernan la liquidación y partición de los bienes que integran la sociedad conyugal, sin perjuicio que no sea necesaria a esta altura del proceso disponer la desafectación como tal, dejando ello librado al resultado de la partición. Puesto que, puede ocurrir, que como resultado de la partición el bien se adjudique a alguno de los cónyuges, en cuyo caso el inmueble entra sin desafectación en el patrimonio del nuevo titular, o en condominio a ambos, manteniéndose de esta forma la inscripción como bien de familia. Considero que tal ha sido el criterio del Juez a-quo al expresar que en esta etapa no debe analizarse la cuestión.

Ahora bien, para un sector minoritario, el divorcio vincular por sí, es causa de desafectacion del bien de familia, puesto que se ha interpretado que al disolverse el vínculo y la convivencia cesa la protección del grupo familiar que tiene por fin la ley (Novellino, Norberto José, Los alimentos como resarcimiento. Abuso de derecho en el cobro de las cuotas, Derecho de Daños, Cuarta parte (A), p. 472 y 473).

Pero la tesis contraria es mayoritaria tanto en doctrina como jurisprudencia y en este sentido se sostiene que, como regla general la tutela del grupo familiar continúa aun cuando los cónyuges se hubieren divorciado, puesto que el divorcio en si mismo no constituye una causal de desafectacion del bien de familia ( (Guastavino, Elías, Bien de familia y divorcio, ED, 127-248; Kemelmajer de Carlucci, Aída, Protección Jurídica de la Vivienda Familiar, Hammurabi, p. 120/121; Medina, Graciela, El bien de familia en condominio, la quiebra y el divorcio del fallido, LL 2002-E, 660, comentario al fallo de la CNCom., sala D, «M.M.H. , 25/2/2002; Méndez Costa, María J., Divorcio y bien de familia ganancial, LL 1986-A, 491, comentario a fallo; Peralta Mariscal, Leopoldo L., Régimen del bien de familia, Rubinzal Culzoni, 2005, p. 146. Jurisprudencia: SCJ Mendoza, sala I, 22/2/85, «Bordón, Juan José en: Bordón Juan José v. Antonio Aureliano Benítez, por liquidación sociedad conyugal , LL, 1986-A, 496, CNCom., sala C, «Eurogoma, S.A. c.Granato, Carlos A. , 28/5/1984, AR/JUR/895/1984; CNCiv. sala K, «N. de B., L. G. c. B., J. M. , 20/6/1996, LL 1997-F , 310, DJ 1998-1, 507, idem, sala E, 23/2/99, E.D., 187-526; ídem, sala B, «G., F. E. c. N., M. A. , 25/4/2002, DJ 2002-2, 1003, LL 2002-E, 241; CACC 1ª Nominación de Córdoba, «P., S. D., 27/5/1999, LLC 2000, 1469).

No obstante ello puede decidirse la finalización del régimen de indivisión si el interés familiar no se encuentra comprometido y así se ha resuelto que «la circunstancia de estar registrado el inmueble como bien de familia no empece en el caso la posibilidad de que sea incluido entre los bienes susceptibles de liquidación de la sociedad conyugal desafectándolo al efecto (cfr. Cám.1° Civ. y Com. Bahía Blanca, sala II, ED 107-663).

«En caso de mediar diferencia de voluntades entre los esposos divorciados, sea el inmueble propio o ganancial, la cuestión de la subsistencia del bien de familia debe ser decidida judicialmente del modo que mejor atienda al interés familiar, sin que ello implique reconocer una suerte de supremacía con relación al interés particular de cada una de las personas involucradas. El juez tendrá que analizar la magnitud de los intereses en juego y tener en cuenta la prohibición del abuso de derecho y el requisito de la solidaridad con el que necesariamente deben desenvolverse las relaciones familiares… Nada impide que, a efectos de decidir sobre la subsistencia del bien de familia cuando hay divergencias entre los cónyuges divorciados…, el juez determine la cesación del statu quo existente no sólo si genera un grave perjuicio a uno de los cónyuges sino también por la incidencia que puede tener respecto del instituto familiar y bienestar habitacional y espiritual de los hijos menores del matrimonio» (cfr. Arrinda, María F., «Abuso de derecho en el fuero de familia , Cita Online: 0003/800566).

Cabe preguntarnos entonces cuál es el interés que debe protegerse: «un interés de dimensión familiar, que deriva de la suma de intereses o preocupaciones recíprocas que normalmente, de acuerdo a lo que debe ser la familia, deben existir entre los miembros que lo componen (cfr. Bossert, Gustavo, «Protección del hogar familiar y conflicto conyugal , LL 1982-B-715). La subsistencia de este interés es lo justifica el mantenimiento de la protección habitacional creada con la afectación al régimen de familia y el diferimiento de la liquidación de inmueble ganancial donde se asienta el hogar conyugal.

A los fines de dilucidar si en el caso se encuentra comprometido el interés familiar resulta útil hacer referencia a las pautas fijadas por nuestro superior Tribunal in re «Bordón : 1. La familia amparada por la figura incorporada de modo general por la ley 14.394, no es la «pequeña familia constituida por los padres y los hijos menores de edad. Prueba de ello es que se incorpora a los ascendientes y descendientes (mayores o menores, legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, pues la ley no distingue) y, a falta de estos, a los parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive que convivieren con el constituyente. 2. Si bien la convivencia con el constituyente es un presupuesto para ser beneficiario en el caso de los colaterales (art. 36), no lo es en el supuesto del cónyuge, ascendientes y descendientes. 3. El divorcio en sí mismo no es causa de desafectación del bien de familia; el bien de familia no es particionable como el resto de los bienes que componen el acervo de la sociedad conyugal; una vez producido el divorcio el destino del bien de familia debe resolverse más por las reglas propias del régimen de bien de familia, caracterizado por la indisponibilidad y la indivisibilidad, que por las reglas disolutorias de la sociedad conyugal. 4. Si el interés familiar está o no comprometido en el caso concreto es una cuestión de hecho. La convivencia con hijos menores patentiza claramente el interés familiar; pero que los hijos sean mayores no lo excluye.

5. El inmueble en sí mismo es un bien que está fuera del comercio en forma relativa, al que no se aplican los arts. 2612 y 2604 del Cód. Civil; que los beneficiarios no se limitan a adquirir expectativas, sino que se convierten en titulares de auténticos derechos subjetivos; lo cierto es que la afectación implica someter el inmueble a un régimen especialísimo donde no sólo se tendrá en cuenta el interés del constituyente, sino el superior interés familiar.

En el caso, estimo que el interés familiar no se encuentra comprometido por lo que no corresponde mantener la indivisión del bien.

En efecto, no ha sido controvertido, que en la actualidad el inmueble que fuera sede del hogar conyugal se encuentra ocupado por el Sr. G. y el hijo de las partes, mayor de edad.

Surge de las testimoniales rendidas a fs. 240, 284 y 286 que la Sra. G. A. desde la separación reside en un inmueble alquilado.

A través del informe que glosa a fs. 240 se ha probado que la accionante trabaja como maestra de grado y materias especiales en una escuela en el departamento de Godoy Cruz, percibiendo al mes de abril del 2.012 un haber mensual de $ 2.856,04 (cfr. instrumental de fs. 309).

La testimonial rendida a fs. 289 da cuenta que el accionado es técnico electricista desempeñándose en forma independiente en trabajos de electricidad, construcción, herrería, pintura y restauración de edificios, etc; que no tiene problemas de salud que le obstaculicen de algún modo trabajar; que tiene vehículo propio y que su madre colabora económicamente con él.

Surge de la instrumental que glosa a fs. 113/114 que Nicolás, el hijo de las partes, tiene 23 años de edad a la fecha, en tanto que con la prueba rendida a fs. 288 ha sido probado que el mismo por lo menos hasta el mes de abril del 2.012 estudiaba.

La tasación que glosa a fs. 296/39 informa que el inmueble consta de un terreno de 205 metros cuadrados y una superficie cubierta de 121 metros y que su valor al mes de mayo del 2.012 era de $ 265.000.

En el supuesto en examen, a diferencia del caso fallado por este Tribunal en autos Nº 681/7/2F- 492/10 «GOLDSACK RICARDO ANTONIO CONTRA LEZANO NORMA BEATRIZ POR SEPARACION DE BIENES, de fecha 13/02/2014, la accionante no cuenta con otro inmueble en donde vivir, y no está en mejor situación económica que el demandado.

En razón de ello entiendo que prolongar la indivisión del único inmueble perteneciente al acervo conyugal le irrogaría un gran perjuicio, siendo que su ex cónyuge es una persona sana, que trabaja, que si bien su hijo reside con él, a la fecha cuenta con 23 años de edad, no habiéndose invocado y mucho menos acreditado que el mismo no pueda trabajar.

En este sentido se ha resuelto que «la oposición del cónyuge separado de hecho al pedido de desafectación como bien de familia de un inmueble de carácter propio de la esposa, cuyo beneficiario es su pequeño hijo, con el solo fundamento de que se trata del único bien que dispone para su seguridad integral, resulta en el caso no sólo abusivo, sino también contrario a derecho… La institución del bien de familia responde a un doble objetivo: económico uno, para la conservación de una parte del patrimonio dentro del núcleo familiar, y social el otro, al propender al mantenimiento de la familia bajo un mismo techo. En consecuencia, si el interés familiar desaparece no se justifica la aplicación de este régimen de excepción, pues de otro modo se desnaturalizaría el fin tuitivo que lo inspira, manteniendo un inmueble indefinidamente bajo su amparo sin que a la par existan las razones que le sirven de sustento (del dictamen del asesor de menores)» (C. Nac. Civ., sala E, 9/4/1991, «P., R. M. v. Estado Nacional – Ministerio de Educación y Justicia», LL 1992-A-52, DJ 1992-1-478)..

En consecuencia se impone el rechazo del agravio esgrimido en este aspecto debiendo confirmarse la sentencia apelada en cuanto ordena la liquidación de la sociedad y la partición del bien.

b- En punto a la compensación por privación del uso del inmueble fijada en la resolución impugnada, se queja el recurrente aduciendo que la accionante nunca solicitó tal compensación ni tampoco obra intimación fehaciente al respecto, sino que siempre solicitó canon locativo habiéndose trabado la litis de esta forma. No cuestiona el monto de la referida compensación.

Estimo que el argumento no resiste el menor análisis, puesto que es el Juzgador el encargado de calificar jurídicamente las acciones actuando con independencia de las partes, en virtud del principio del «iura curia novit», sin que esa circunstancia pueda significar un menoscabo al derecho de defensa, pudiendo prescindir del encuadre normativo que las partes formulen o aplicar un norma aún cuando no se hubiera invocado, ello en virtud de las facultades conferidas por el art.46 inc.9 del C.P.C..

En el supuesto en examen la parte actora en el escrito de demanda solicita en el punto VII que, mientras dure el proceso de liquidación de bienes y desde la fecha en que efectuó la intimación correspondiente por carta documento, se fije a su favor «una cuota equivalente al 50% del valor de plaza del alquiler mensual del inmueble y que su parte estima en la suma de $ 2.000, reclamando por ende la suma de $ 1.000. Luego a fs. 28 vta. a requerimiento del Tribunal, la accionante aclara que de la suma que el perito tasador a designarse en la causa informe como valor del alquiler mensual del inmueble, o lo que U.S. considere en más o en menos, reclama el 50% , desde el día de recepción de la carta documento enviada al demandado en la que lo intima al pago del canon solicitado.

En sentido coincidente en la carta documento cuya copia obra a fs. 15 se expresa que lo intima a pagar por el uso exclusivo del inmueble la suma de $ 1.000 por mes en carácter de canon locativo.

En punto a la calificación de esta pretensión es dable considerar que tanto en doctrina como jurisprudencia se la denomina de diversas formas: prestación compensatoria, compensación por uso, canon locativo, etc. Incluso el art. 211 del Código Civil califica al uso del inmueble que fuera la sede de hogar conyugal como locación.

Pero la distinta denominación otorgada por el Juez a-quo no modifica la naturaleza jurídica de la pretensión.

Tal como lo afirma el Juez de grado, la doctrina y la jurisprudencia son uniformes en el sentido que resulta aplicable en el caso el régimen sentado sobre el uso exclusivo y excluyente de los bienes por uno de los partícipes del condominio y el correlativo derecho a compensación a favor del excluido. «La jurisprudencia ha admitido la sujeción del inmueble ganancial indiviso a las normas que rigen las cosas en condominio, ya sea por estimar que son bienes que invisten dicha cualidad o por analogía, y aceptado el derecho a compensación a percibir por el excluido del goce a partir de que se formalice su exigencia por vía judicial (cfr. Méndez Costa, María J., «Condominio y cosas gananciales indivisas: un aspecto de la cuestión , La Ley 1990-B-322). El derecho a tal compensación deriva de la frustración de obtener frutos civiles de dicho bien en la etapa de indivisión comunitaria (cfr. SCJ Bs. As. Ac. 34.920, A. y S. 1987-V-87; Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Nicolás 05/11/1996 R., L. J. c. B., de R. M. LLBA 1997 LLBA 1997 , 506 AR/JUR/5271/1996). En cuanto a la fecha en que nace el derecho a la compensación, tal como ya se expresara, la opinión unánime la fija a partir del momento en que los condóminos manifiestan su oposición al uso o goce exclusivo (cfr. Lafaille-Alterini, Derecho Civil, Tratado de los Derechos Reales, Editorial La Ley, 2010, Tomo III, pág. 278 y sigs).

Cuando se hace referencia al «uso exclusivo el mismo lo es en relación al otro cónyuge. Ello no significa considerar que el demandado vive «solo en él. Efectúo esta aclaración ya que el recurrente, al expresar razones niega haber usado el bien en forma exclusiva aduciendo que vive junto a su hijo.

Fuera del nomen iuris que las partes o el Juez a-quo haya utilizado para tipificar la acción entablada, lo cierto es que no ha modificado la pretensión ejercida, esto es, la fijación de una compensación, renta, canon o prestación compensatoria a cargo del demandado quien usa en exclusividad el inmueble.

Por lo demás, igual razonamiento cabe respecto de los términos utilizados en la carta documento obrante a fs. 15 por cuanto la intimación contenida en la misma reúne los presupuestos necesarios toda vez que la accionante expresa en forma categórica su reclamo a fin de obtener la compensación por el uso.

c- No corre igual suerte el agravio referido al rechazo del derecho de recompensa invocado por el demandado fundado en el pago de las cuotas del préstamo con garantía hipotecaria al Instituto Nacional de la Vivienda, toda vez que, adelanto, el mismo debe tener acogida.

Reciben la denominación de recompensas los créditos entre uno de los cónyuges y la sociedad conyugal que surgen con motivo de la gestión patrimonial de los bienes propios y gananciales durante la sociedad conyugal, y que deben ser determinados después de su disolución para establecer con exactitud la masa que ha de entrar en la partición. La determinación de las recompensas tiende a evitar que el haber propio de cada cónyuge aumente a expensas del común, o disminuya en beneficio de la masa ganancial. Uno de los casos de recompensa está representado por el valor de las deudas comunes pagadas con dinero propio (arg. arts. 1289, 1713 y 1731) (cfr. Belluscio, Augusto, op. cit. tomo II, pág. 103).

En el caso, sin calificarlo de esta forma, el accionado invoca haber pagado con dinero propio una deuda de la sociedad conyugal, puesto que aduce, haber cancelado él las cuotas del préstamo hipotecario.

La parte actora tanto al contestar la reconvención (ver fs. 176) como al alegar (cfr,. fs. 350) reconoce haber pagado las cuotas del mutuo sólo hasta el mes mayo del 2.005.

Pero surge de la informativa obrante a fs. 242/265 que las cuotas del préstamo se terminaron de cancelar en el mes de mayo del 2.011.

Si bien la accionante niega el derecho de recompensa invocado por el actor, sólo aduce haber cancelado las cuotas del préstamo hasta el año 2.005 sin haberse pronunciado respecto de los pagos efectuados desde dicha fecha hasta el año 2.011. Al contestar la demanda se pronuncia al respecto en los siguientes términos: «Niega que el demandado haya pagado desde junio del 2.004 las cuotas mensuales del I.P.V. La verdad de los hechos es que desde el año 1.994 hasta el año 2.005 (es decir que la esposa continuó pagando aún después de haberse retirado del hogar) quien pagaba las cuotas era ésta….Se acompañan boletas de pago desde el mes de enero de 1.996 hasta el mes de mayo del 2.005, esto acredita que el Sr. G. faltó a la verdad al afirmar en su responde que pagó las cuotas desde el año 2.004 .

Con respecto a los pagos posteriores al año 2.005 considero que la posición de la accionante no resulta categórica y su respuesta ambigua carece de significación (arg. art. 168 inc. 1 del C.P.C.). de tal modo que debe tenerse por cierto que quien canceló el préstamo desde dicha fecha hasta la cuota final fue el demandado.

En este orden de ideas se ha resuelto que «la negativa general formulada en el responde está desprovista en principio de significación, al imponer la ley formal que sea circunstanciada, desde que los enunciados de la contestación servirán luego para imponer o eximir al actor del «onus probandi», habiendo resuelto la Suprema Corte de Justicia que la negativa opuesta a los hechos invocados en la demanda debe ser explícita, clara, referida a cada una de las afirmaciones del actor, y ese requisito procesal no se cumple con una negativa genérica ambigua sobre la verdad de los hechos (Expte.: 4122 – JOPIA, MARCELA FABIANA GODOY, LUIS MARCELO DAñOS Y PERJUICIOS, 03/12/1999, : 5° CÁMARA EN LO CIVIL – PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN

LS013-303; en el mismo sentido Expte.: 19667 – QUIROGA, ELEAZAR A. CONESA, GUAQUINCHAY MIGUEL Y OT. DAñOS Y PERJUICIOS, 12/05/1992, 4° CÁMARA EN LO CIVIL – PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN , LS123-349).

Siendo ello así, y habiendo sido disuelta la sociedad conyugal con fecha 27/11/2007 debe reconocerse el derecho de recompensa al demandado por el valor de las cuotas abonadas desde dicha fecha hasta el pago final del mes de mayo del 2.011, esto es por la suma de$ 5.966,65 con más los intereses previstos por la ley 7198 desde cada desembolso hasta el 28/05/2009 y de allí en más la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.) (cfr. expte. N° 93319 – AGUIRRE HUMBERTO POR SÍ Y POR SU HIJO MENOR EN J. 146.708/39.618 AGUIRRE HUMBERTO C/OSEP P/EJEC. SEN-TENCIA S/ INC. CAS., 28/05/2009 PLENARIO, SUPREMA CORTE – SALA N° 1, LS401-2119).

Se queja también el recurrente en cuanto a la imposición de costas contenida en la sentencia en crisis.

Los ordenamientos procesales reconocen dos sistemas en materia de costas: 1) el sistema automático, que funda la condena en la derrota procesal, encontrándose algunas modalidades según la instancia o las características del proceso; se parte del presupuesto objetivo de la derrota, de manera que la sentencia debe contener una decisión expresa en tal sentido. 2) el sistema de albedrío judicial que sienta el principio de que las costas se impondrán al litigante de mala fe o temerario, pero deja la apreciación casuística de la norma al criterio del juzgador, con la consiguiente facultad de no imponer las costas cuando se estime que el vencido procedió de buena fe (Gozaíni, Osvaldo A., «Costas procesales , Ediar, Bs. As., 2007,Vol I, p. 39).

Nuestro código procesal local adopta el primer sistema. Las costas deben ser soportadas por el perdidoso, no se imponen como sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, los que deben ser reembolsados con independencia de la buena o mala fe del litigante.

Así se ha dicho que «el principio general contenido en nuestra legislación procesal se asienta en el criterio objetivo de la derrota. Quien pierde afronta las costas (art. 36 inciso primero del Código Procesal Civil). El inciso segundo de la norma establece una aparente excepción al principio, pues al hablar de vencimiento recíproco, aunque las costas puedan ser dispuestas en el orden causado, el fundamento sigue siendo el del vencimiento. Aún en el caso de que las costas provengan de una nulidad de procedimiento -las que deben ser soportadas, en principio, por quien la ocasionó- la excepción contenida en el inciso tercero del artículo 36, carga las costas a la parte que se opone a la nulidad y resulta vencida. El inciso cuarto del artículo involucrado no hace excepción al principio general, sino que añade responsables por las costas.

Por último, el inciso quinto establece una verdadera excepción y vuelca las costas sobre el vencedor o las distribuye en el orden causado «cuando resulte evidente que el contrario no dio motivo a la demanda o articulación, y se allanó de inmediato .

El Juez que nos precedió en el pronunciamiento impuso las costas tanto de la acción de liquidación y partición del bien perteneciente al acervo conyugal como de la pretensión por compensación del uso por parte del demandado, a este último por resultar vencido.

Y estimo que no puede ser otra la solución puesto que el recurrente se opuso a ambas pretensiones las que prosperaron en su totalidad, por lo que no se vislumbra motivo alguno que autorice a eximirlo de costas aunque sea en forma parcial.

En razón de ello se impone el rechazo del agravio esgrimido en este sentido.

7- Corresponde analizar el recurso de apelación interpuesto por la Dra. Martha A. Naves por sus honorarios.

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 40 del C.P.C. este Tribunal debe revisar la regulación de honorarios efectuada respecto de la apelante, aún cuando no se hayan expresado agravios respecto a la resolución recurrida en este aspecto.

El Juez a-quo efectúa dos regulaciones, una en el dispositivo VII por la acción de liquidación de la sociedad conyugal y la otra en el resolutivo VIII por la pretensión de compensación de uso. Si bien está así expuesto en forma expresa, ello surge de los considerandos.

En cuanto a los honorarios por la liquidación de la sociedad conyugal, considero que debe aplicarse el art. 18 de la ley 3641.

Ello por cuanto, si bien el divorcio tramitó en otro expediente (autos 3188/7/2F) y allí se le regularon honorarios profesionales al abogado interviniente por el art. 10 de la LA., lo cierto es que la división y liquidación de la sociedad conyugal disuelta mediante la sentencia de divorcio-, aunque se le haya impreso el trámite del proceso ordinario, constituye la etapa de ejecución de la sentencia ya dictada, no siendo, en consecuencia, un proceso autónomo.

En efecto, esta Cámara de Apelaciones de Familia tiene dicho que: «diferentes son las vías procedimentales en las que se pueden encausar las cuestiones litigiosas que se producen durante la tramitación de la liquidación de la sociedad conyugal; sin embargo, esto no afecta su carácter jurídico-procesal, es decir, ser la última etapa del proceso de divorcio: la ejecución de la sentencia en él dictada (autos Nº 820/11, «FURLANO GLADYS NOEMÍ C/ LLANOS OSCAR HUGO POR BENEFICIO DE LITIGAR S/ GASTOS , del 14/03/2012, LA04-440).

Se resaltó en ese precedente que: «concebimos a la ejecución de sentencia como una etapa más del proceso; la llamada actio iudicati (acción que nace de lo juzgado) no es, pues, entre nosotros, una acción, en el sentido de posibilidad de iniciar un nuevo proceso en virtud de la sentencia. Es sólo una de las facultades que integran la acción, consistente en pedir que se cumpla y subsidiariamente se ejecute forzadamente lo juzgado. No obstante nuestra posición, igualmente consideramos que actualmente resulta insustancial mantener diferencias como las apuntadas, pues si bien en algunos casos a través de una simple incidencia puede quedar cumplimentada una sentencia (vgr. la práctica de una liquidación), en otros no resulta necesaria liquidación alguna, y la sentencia podemos considerarla como autoejecutable (como en el caso de las sentencias recaídas en una acción meramente declarativa, o bien las sentencias constitutivas, vgr. el divorcio, que determina un nuevo estado civil, que requiere sólo su inscripción en el registro respectivo), y en cambio en otros casos sí se puede dar lugar a un nuevo proceso (vgr. la liquidación de la sociedad conyugal). Por lo tanto, como vemos, la vinculación entre la clase de sentencia a la que nos enfrentemos condiciona de algún modo el alcance del procedimiento de ejecución… (Arazi, Roland y Rojas, Jorge A., «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales , Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni, t. II, p. 609-610) .

Con el mismo criterio la Tercera Cámara Civil dijo que: «En la liquidación de la sociedad conyugal, es de aplicación el art. 18 de la ley de aranceles. Debe tomarse como base para la regulación, el cincuenta por ciento del avalúo de los bienes actualizados. (Tercera Cámara de Apelaciones Civil, autos 36615, «Funes de Borremans c/ Francisco Borremans p/ Divorcio , 06/03/1999, LA066-452).

Tampoco procede aplicar la escala arancelaria prevista por el art. 9 inc. k- como lo hace el Juez a-quo, debido a que en el sub exámine, como lo destaqué, tramitó con anterioridad el proceso por divorcio vincular y allí se regularon honorarios al abogado, en la sentencia que disolvió la sociedad conyugal, por el art. 10 de la ley de aranceles. Por ende, no se verifica en el caso el supuesto previsto por aquel artículo y no resulta aplicable lo resuelto por esta Cámara en otros precedentes, en los cuales hemos aplicado el artículo 9 inc. k, por cuanto, a diferencia de los ocurrido en autos, en aquellos supuestos junto a la demanda de divorcio por presentación conjunta tramitó la división y liquidación de la sociedad conyugal.(Autos N° 603/11, caratulados «LUCERO ROSA DEL CARMEN Y MENDEZ PITO FERNANDO P/DIV. CONSENSUAL , 16/12/2011; autos N° 499/12, «BOLCATO GABRIELA LORENA Y MAFAUD LUIS A. P/ DIVORCIO VINCULAR (PRESENTACIÓN CONJUNTA), 18/12/2012, autos N° 497/13, caratulados «SACOLLE VERÓNICA SILVANA C/ LEDDA ROBERTO FABIÁN POR DIVORCIO VINCULAR (MEDIDAS PRECAUTORIAS), 04/11/2013, entre otros).

El art. 18 de la ley 3641 dispone, en la parte pertinente que aquí interesa citar: «En el procedimiento de ejecución de sentencia, el honorario del abogado se regulará aplicando el art. 7 cuando la sentencia no haya recaído en procesos compulsorios y cuando ella se hubiera dictado en esta clase de procesos, se regulará un tercio del monto que resulte de aplicar la escala del art. 2, haya o no existido excepciones. .

Por lo que, siendo que la sentencia de divorcio que disolvió la sociedad conyugal no recayó en un proceso compulsorio, sino en uno ordinario debe aplicarse la pauta prevista por el art. 7 de la ley arancelaria que establece: «Si en los procesos compulsorios no hubieran sido opuesta excepciones, el honorario será determinado reduciendo un 25% el monto que resulte de aplicar la escala del art. 2 .

En cuanto a la base de cálculo, debe tenerse en cuenta el valor del inmueble integrante de la sociedad conyugal, que asciende a la suma de $ 265.000 conforme surge del informe obrante a fs. 297/305 el que no fue objeto de observación único elemento incorporado al proceso en este aspecto.

Sin embargo, no corresponde tomar el total del valor del bien sino que procede regularles honorarios a la recurrente, quien patrocinara al demandado sobre la base del 50% de dicho valor, que es lo que ha recibido esa parte, con la reducción del art. 3 de la ley de aranceles por ser la vencida, teniendo en cuenta que el mérito jurídico de la labor profesional sólo puede medirse en función del resultado obtenido y en este caso la actuación de la referida profesional le permitió al accionado el ingreso de ese valor en su patrimonio.

En este sentido la Suprema Corte de Justicia ha señalado que en materia de honorarios, el ordenamiento mendocino encuentra sólidas bases en la regla de la proporcionalidad entre el valor del servicio prestado y su retribución. En consecuencia, los honorarios deben tener relación con lo que el abogado ha impedido salir o ha logrado incorporar al patrimonio de su cliente (LS311-108, L.S.268, 275-319, 277-359, entre otros).

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el presente proceso no ha concluido por cuanto aún falta la etapa de partición del bien, dado que la sentencia ordena proceder conforme lo dispuesto por el art. 352 del C.P.C.

Es que la actuación de la referida profesional debe ser merituada teniendo en cuenta las etapas cumplidas en el proceso y no aquéllas que se encuentran pendientes por aplicación analógica del art. 12 de la 3641 que dispone que «cuando el proceso concluyera inmediatamente después de la demanda, escrito inicial o contestación, se entenderá que corresponde la mitad del honorario que se establecería en caso de juicio completo. Ocurriendo la terminación del proceso con posterioridad, se aumentará atendiendo a su estado y las actuaciones producidas.

Siendo ello así, considero razonable y adecuado a las actuaciones cumplidas hasta el presente fijar el 70% de los honorarios que le hubieran correspondido si el proceso hubiera concluido con la partición del bien. Por otra parte, al ser la letrada de la parte perdidosa corresponde la reducción prevista por el art. 3.

Conforme con estas pautas, corresponde regular los honorarios profesionales, por su actuación en esta causa con relación al bien inmueble integrante de la sociedad conyugal, en la suma de pesos cinco mil ochocientos cuarenta y tres con 25/100 ($ 5.843,25) (arts. 12, 18 y cc. ley 3641).

Respecto a la acción por compensación del uso, el Juez de primera instancia decide apartarse de la norma arancelaria aplicable al caso (art. 9 inc. 1 de laley 3641) la que prevé que la base regulatoria es el monto total que debe abonar el inquilino durante todo el tiempo que deba durar dicho canon, aduciendo que en el caso no puede determinarse dicho lapso, por lo que aplica por analogía el inciso f) previsto para la regulación de honorarios en un supuesto que considera similar que es el de fijación de alimentos que se abonan por mes

Considero que si bien a esta altura del proceso no puede conocerse el tiempo en que regirá la prestación compensatoria fijada en la decisión apelada no por ello corresponde apartarse de la norma pertinente, debiendo en todo caso mantenerse la regulación efectuada en primera instancia como provisoria y difiriéndose la regulación definitiva para el momento en que pueda determinarse con exactitud la base regulatoria representada por el monto total que debe abonar el demandado durante el tiempo que rija dicho canon. Se mantiene la regulación efectuada en primera instancia, como provisoria, no difiriéndose en su totalidad, por aplicación del principio de la reformatio in peius en virtud del cual el apelante no puede nunca quedar como consecuencia del recurso de apelación en peor situación que la que se encontraba antes de plantear el mismo,.

En este orden de ideas nuestro máximo Tribunal provincial tiene dicho que «la ley arancelaria admite regulaciones parciales, provisionales y complementarias, en los supuestos en que al dictarse la primera regulación, faltan elementos fácticos que impiden, en los hechos, la regulación completa (Expte.: 44811 – EL CABILDO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. EN J: MIRANDA VICTORINO H. SANTILLI Y OTROS DAÑOS Y PERJUICIOS – INCONSTITUCIONALIDAD CASACION, 07/07/1988, SUPREMA CORTE – SALA N° 1, LS204-047).

Es por ello que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Dra. Naves modificándose la regulación de honorarios por la acción de liquidación de la sociedad conyugal y difiriéndose la regulación definitiva en lo que respecta a la acción por fijación de compensación por el uso del inmueble, conforme a lo expresado ut supra.

8- Resta analizar entonces, el recurso interpuesto por el perito tasador Mario Augusto Agüero.

Estimo que la queja resulta procedente por cuanto no vislumbro en el caso razones para apartarnos de la pauta fijada por el art. 35 inc. j) de la ley 3043 que fija los honorios de los peritos tasadores en el 1% del valor de la tasación, la que en el caso asciende a $ 265.000 conforme surge de la pericia de fs, 295/305 la que no fue impugnada.

Siendo ello así la suma de $ 2.650 para retribuir la labor desplegada por el perito, no resulta exorbitante en relación a la tarea desarrollada, teniendo en cuenta que la misma versó no sólo sobre la tasación del inmueble sino también su valor locativo. Tampoco puede desconocerse el merito que del informe se efectuó en la sentencia y que por otra parte el mismo no fue objeto de impugnación, conforme lo expresara.

Es por ello que estimo que en el caso no resulta procedente reducir los honorarios del perito, debiendo acogerse el recurso por él interpuesto.

Los Dres. Ferrer y Politino adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. CARLA ZANICHELLI DIJO:

Atento el resultado del recurso planteado por el demandado, el que prospera en forma parcial, las costas de la Alzada deben ser soportadas en el orden causado.

Respecto de los recursos promovidos por la Dra. Naves y el perito Martillero Agüero no corresponde imponer costas en atención a lo dispuesto por el art. 40 del C.P.C.

Los Dres. Ferrer y Politino adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el presente acuerdo procediéndose a dictar la parte resolutiva de la sentencia, la que se inserta a continuación:

SENTENCIA:

Mendoza, 19 de Septiembre de 2014.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta del presente acuerdo el Tribunal,

RESUELVE:

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs.

401 por el demandado en contra de la sentencia recaída a fs. 374/378 la que se modifica en su punto III. quedando redactado como sigue: «Hacer lugar parcialmente a la reconvención planteada y en consecuencia rechazar la petición de mantenimiento del estado de indivisión del bien inmueble y reconocer en forma parcial el derecho a recompensa invocado, condenándose a la parte actora reconvenida a pagar al demandado reconviniente dentro de los diez días de quedar firme la presente resolución la suma de pesos cinco mil ochocientos sesenta y seis con 65/100 ($ 5.866,65) con más los intereses indicados en los considerados de la presente resolución y hasta la fecha de su efectivo pago .

II- Hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por la Dra. Martha A. Naves y por el perito martillero Mario Augusto Agüero y en consecuencia modificar los puntos VII, VIII y IX de la sentencia apelada los que quedan redactados como sigue: «VII- Regular los honorarios profesionales de las Dras. Analía Silvia Faro y Martha A. Naves en las sumas de s ($…) y ($…) respectivamente por la acción de liquidación de la sociedad conyugal (arts. 12, 18 y cc. ley 3641). VIII- Regular los honorarios profesionales de la Dra. Analía Silvia Faro en la suma de ($…) y de la Dra. Martha A. Naves en la suma de($…), sin perjuicio de la regulación complementaria que corresponda cuando se determine en forma definitiva la base regulatoria, por la acción por compensación del uso del inmueble. IX- Regular los honorarios profesionales del perito martillero Mario Augusto Agüero en la suma de pesos dos mil seiscientos cincuenta ($…)(ley 3043).

III- Imponer las costas del recurso de apelación interpuesto por el demandado en el orden causado.

IV- No imponer costas por los recursos de apelación promovidos por la Dra. Martha A. Naves y por el perito Mario Augusto Agüero.

V- Diferir la regulación de los honorarios de Alzada hasta tanto se practique la de primera instancia.

NOTIFIQUESE. BAJEN.

Dra. Carla Zanichelli

Juez de Cámara

Dr. Germán FerrerDra

Juez de Cámara

Estela Inés Politino

Juez de Cámara

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