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Las tareas de un policia son similares a la «cosa riesgosa» prevista en el art. 1113 del Código Civil

shutterstock_148373132Partes: S. A. A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro/a s/ daños y perjuicios

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 2-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87760-AR | MJJ87760

Accidente de trabajo: las tareas de un agente policial pueden asimilarse al concepto de cosa riesgosa previsto en el art. 1113 del Código Civil.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto rechazó la demanda deducida por un agente policial a raíz del accidente sufrido en servicio, y devolver los autos al tribunal de origen para que -nuevamente integrado, previa renovación de los actos procesales que considere necesarios y con arreglo a las alegaciones de las partes- determine si se configuró o no la responsabilidad civil del empleador en los términos del art. 1113 del CCiv. (Del voto del Dr. Negri, al que adhieren los Dres.Kogan, de Lázzari y Hitters – mayoría)

2.-La expresión «cosa» utilizada por el art. 1113 del CCiv. excede el marco restringido de la definición del art. 2311 del ordenamiento citado y, en este sentido, puede ser utilizado para designar una tarea, porque la naturaleza riesgosa de la cosa deviene de un cúmulo de circunstancias que le son idealmente referibles. (Del voto del Dr. Negri, al que adhieren los Dres.Kogan, de Lázzari y Hitters – mayoría)

3.-La asimilación del empleador en una tarea de relación de dependencia con la figura del dueño o guardián respecto de las consecuencias del riesgo de la labor que se le presta subordinadamente representa una adecuada utilización del respectivo concepto, enmarcado en la unidad y contextualidad del orden del derecho. (Del voto del Dr. Negri, al que adhieren los Dres.Kogan, de Lázzari y Hitters – mayoría)

4.-La expresión «cosa» utilizada por el art. 1113 CCiv. no establece un sistema de responsabilidad que contemple el denominado riesgo de autoridad o profesional, sino que recepta la responsabilidad fundada en el riesgo creado que se aplica solamente a los casos en que media intervención de una cosa, pero que no se extiende a supuestos diferentes ni lo constituye el trabajo desempeñado por el dependiente. (Del voto del Dr. Pettigiani, al que adhieren los Dres. Domínguez y Soria – disidencia)

Fallo:

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 2 de julio de 2014, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, Kogan, Soria, Dominguez, de Lázzari, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 116.328, «S. , A. A. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro/a. Daños y perjuicios» A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n’ 5 del Departamento Judicial La Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (fs. 458/465).

La parte actora y Fiscalía de Estado -en representación de «Provincia A.R.T. S.A.», conf. decreto 3858/2007 (v. fs. 405/406)- interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 479/485 vta. y 488/491 vta., respectivamente), concedidos por el citado tribunal a fs. 493.

Dictada a fs. 519 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 479/485 vta.? En su caso:

Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del deducido a fs. 488/491? V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. En lo que resulta de interés -por constituir materia de agravios- el tribunal de grado rechazó la demanda que A. A. S.promovió contra la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual pretendía el cobro de una indemnización integral -con sustento en las disposiciones del derecho común- por los daños y perjuicios provocados por las secuelas incapacitantes atribuidas al accidente de trabajo que sufrió el día 20 de enero de 2006.

Para así resolver, juzgó que no se hallaban acreditados los presupuestos fácticos necesarios para atribuir responsabilidad objetiva y subjetiva a la demandada en los términos de los arts. 1113 y 1109 del Código Civil (v. sent., fs. 462 y vta.).

II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que cuestiona esencialmente la conclusión del a quo que desestimó la demanda por no haber identificado el actor

cuál fue la cosa riesgosa que le provocó el daño.

Refiere que al resolver de tal manera, el juzgador se desentendió de la doctrina sobre la cual sustentó la pretensión indemnizatoria reclamada al amparo de las normas del derecho común, vinculada ésta a los alcances e interpretación que esta Suprema Corte ha establecido en torno a la norma del art. 1113 del Código Civil, omitiendo así referirse sobre un aspecto que resultaba decisivo para la correcta solución de la controversia.

En ese orden de ideas, afirma que habiéndose acreditado en autos la existencia del accidente de trabajo sufrido por el actor mientras cumplía funciones como dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como así también las secuelas incapacitantes que derivaron del infortunio, correspondía identificar a la actividad que desempeñó el señor S. con el concepto de «cosa riesgosa» al que alude el citado precepto normativo y, sobre la base de dichos presupuestos, condenar al Fisco provincial a responder integralmente por el daño ocasionado por hallarse configurada en el caso su responsabilidad civil objetiva.

III. El recurso debe prosperar.

1. Tras considerar demostrado el siniestro -que se produjo el día 20 de enero de 2006, cuando, en ocasión de encontrarse el señor S.afectado al Operativo Sol

2005/2006 en la ciudad de Mar del Plata, y realizar una recorrida de rutina junto a su compañero Mauro Rosales, al intentar la identificación de un sujeto recibieron heridas de armas de fuego, siendo absorbido el proyectil que impactó en el cuerpo del accionante por el chaleco antibalas provisto por la demandada-, así como las consecuencias que se derivaron del evento -trastorno de ansiedad y depresión crónica, compatible con Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado III por estrés postraumático, que le provoca una incapacidad parcial y permanente del 20% de la total obrera (v. vered., cuest., fs. 458/459)-, explicitó el tribunal de grado que no correspondía atribuir responsabilidad civil extracontractual objetiva y subjetiva a la empleadora, habida cuenta que el promotor del pleito no había individualizado ni probado cuál fue la cosa riesgosa, de propiedad o bajo la guarda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, causante del daño padecido, en los términos del art. 1113 del Código Civil. Tampoco logró demostrar -agregó- la supuesta omisión culposa de la demandada, con incidencia total o parcial en el perjuicio acreditado (art. 1109, Cód. Civil) (v. sent., fs. 462 y vta.).

2. Por las razones que a continuación desarrollaré, considero que esta última definición del a quo debe ser revocada.

a. De los antecedentes señalados surge corroborado que no fue motivo de controversia que el accidente -por cuyas secuelas incapacitantes se reclama en estas actuaciones- ocurrió mientras el actor se encontraba cumpliendo tareas para la demandada. b. Ahora bien, contrariamente a lo que señaló el sentenciante de origen (v. fs.462 in fine y vta.), de la lectura del escrito inicial se advierte con meridiana claridad que el actor identificó como factor de causación del daño a la actividad que desempeñaba como sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la cual le atribuyó el carácter de riesgosa, expresando además que, de conformidad a las directrices plasmadas por este Tribunal al fallar en la causa L. 80.406, «Ferreyra», sent. del 29- IX-2004, correspondía subsumir la cuestión en las disposiciones del art. 1113 del Código Civil, hallándose configurada en tales condiciones la responsabilidad objetiva de la empleadora (v. fs. 50/51). c. Consecuentemente, debió el tribunal de trabajo

-y no lo hizo- determinar si la actividad laboral del actor pudo o no ser enmarcada en el ámbito del citado precepto normativo. Ello así, pues, como lo sostiene el recurrente, en el precedente L. 80.406, «Ferreyra», sent. del 29-IX- 2004, como en muchos otros (conf. causas L. 88.672, «Doufour», sent. del 28-V-2010; L. 93.818, «Lezcano», sent.

del 25-XI-2009; L. 92.726, «Galán», sent. del 17-XII-2008; L. 82.743, «Vetancor», sent. del 26-IX-2007; L. 88.325, «Cepede «, seni . de 1 9 —V— 2 O O 7 ; L . 7 9 . 6 9 0 , «R . , L . G . «, s eni . del 28-VI-2006; L. 72.336, «lommi», sent. del 14-IV-2004; entre otras), esta Corte sostuvo que el vocablo «cosa» se extiende para abarcar, en la actualidad, las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda, razón por la cual, cuando esas tareas pueden generar un resultado dañoso, se impone admitir su inclusión en las previsiones del art. 1113 del Código Civil.

Doctrina que, por mi parte, he contribuido a conformar con mis votos, reiterando el criterio que había anticipado en innumerable cantidad de precedentes anteriores, en los que hube de señalar que la expresión «cosa» utilizada por el art. 1113 del Código Civil excede el marco restringido de la definición del art.2311 del ordenamiento citado y, en este sentido, puede ser utilizado para designar una tarea, porque la naturaleza riesgosa de la cosa deviene de un cúmulo de circunstancias que le son idealmente referibles. Destaqué entonces que la asimilación del empleador en una tarea de relación de dependencia con la figura del dueño o guardián respecto de las consecuencias del riesgo de la labor que se le presta subordinadamente representa una adecuada utilización del respectivo concepto, enmarcado en la unidad y

contextualidad del orden del derecho (conf. mis votos en las causas L. 73.223, «Herrera», sent. del 18-VI-2003; L. 74.881, «Pereyra», sent. del 30-IV-2003; L. 72.690, «Galván», sent. del 5-XII-2001; L. 61.403, «Bardecio Pereira», sent. del 16-11-1999; L. 59.092, «Toroski», sent. del 21-IV-1998; L. 61.766, «Springer», sent. del 12-VIII- 1997; L. 62.095, «Ovejero», sent. del 8-VII-1997; L.

57.920, «Muñoz», sent. del 9-IV-1996; L. 56.413, «Schwan», sent. del 8-VIII-1995; L. 52.101, «Pontífice», sent. del 22-11-1994; L. 48.564, «Sosa», sent. del 31-III-1992; L.

40.068, «Barraza», sent. del 16-VIII-1988; L. 35.089,

«Arriarán», sent. del 16-IX-1986), opinión que mantengo hasta el presente (conf., además de las causas citadas en el párrafo anterior, mis votos en los precedentes L. 89.043, «G., A.», sent. del 12-XII-2007 y L. 83.342, «F., d.», sent. del 26-IX-2007, entre muchas).

Partiendo de esa base, considero que corresponde revocar la sentencia de grado en este aspecto y devolver los autos al tribunal de origen para que -nuevamente integrado, previa renovación de los actos procesales que considere necesarios y con arreglo a las alegaciones de las partes- determine si se configuró o no la responsabilidad civil del empleador en los términos del art. 1113 del Código Civil.

IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer

lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance indicado en el punto III, ap.2.c. Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que proceda de conformidad con lo allí señalado.

Costas de esta instancia a cargo de la demandada (art. 289 del C.P.C.C. ).

Voto pues, por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

1. Disiento con la propuesta decisoria de mi distinguido colega doctor Negri, en tanto considero que el recurso deducido por la actora debe ser desestimado.

II. A partir de los antecedentes reseñados por el doctor Negri, y centrándome en el concreto planteo impugnatorio expuesto en el recurso de fs. 479/485 vta., he de señalar que -pretéritamente en otras causas- discrepé con la hermenéutica del art. 1113 del Código Civil por la que se admite que el ambiente laboral o las condiciones en las que se presta el trabajo pueden considerarse incluidos en el concepto de cosa generadora de infortunios laborales.

Efectivamente, tal como lo manifesté en la causa L. 82.743, «Ventancor» (sent. del 26-IX-2007), participo de la interpretación doctrinaria acuñada anteriormente por esta Corte, en el sentido de que si bien no corresponde circunscribir el carácter de cosa al concepto que enuncia

el art. 2311 del Código Civil; la tarea realizada por el dependiente no puede enmarcarse dentro de la definición de cosa productora de riesgo a que se refiere el art. 1113 del mismo cuerpo legal (conf. causa L. 56.413, sent. del 8- VIII-1995).

La expresión «cosa» utilizada por el artículo citado en último término no establece un sistema de responsabilidad que contemple el denominado riesgo de autoridad o profesional, sino que recepta la responsabilidad fundada en el riesgo creado que se aplica solamente a los casos en que media intervención de una cosa, pero que no se extiende a supuestos diferentes ni, como se señaló, lo constituye el trabajo desempeñado por el dependiente (conf. causa L. 67.051, sent. del 9-11-2000).

III.Por lo tanto, ante la improcedencia del planteo efectuado, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.

Voto por la negativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó la primera cuestión también por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. En mi opinión, corresponde desestimar el

recurso.

1. No comparto la interpretación que realiza el colega ponente en torno al vocablo «cosa» al que alude el art. 1113 del Código Civil.

En la causa L. 72.336, «lommi» (sent. de 14-IV- 2004), siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmé que el ambiente laboral es un elemento de juicio útil para tener por acreditada la presencia de cosa riesgosa o viciosa causante de la incapacidad laborativa, posteriormente en la causa L. 76.864, «Obredor», (sent. de 13-IV-2005) tuve oportunidad de llevar a la práctica aquel criterio y encontrar configurado un supuesto de responsabilidad objetiva del art. 1113, segunda parte del Código Civil.

Sin embargo, de una lectura detenida de mi opinión puede advertirse que, no obstante descartar la restrictiva visión contenida -entre otros pronunciamientos de esta Corte- en la doctrina del precedente L. 67.051, «Iparraguirre» (sent. de 9-11-2000), no me inclino tampoco por considerar cosa riesgosa o viciosa a la «tarea» o «actividad», como sí lo hace la mayoría del Tribunal, según surge del precedente L. 80.406, «Ferreyra» (sent. de 29-IX- 2004).

Y en lo fundamental, no se verifican aquí las circunstancias que en la causa «Obredor» me llevaron a fallar del modo antes indicado, recuerdo, en un escenario

fáctico signado por ciertos acontecimientos extraordinarios que consideré conducentes para caracterizar al establecimiento carcelario como cosa riesgosa.

2. Con todo, no concurren en el caso los presupuestos que hacen a la responsabilidad objetiva receptada en la norma examinada, único ámbito en el cual transita la impugnación traída.

II.En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la negativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Dominguez dijo:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones del doctor Pettigiani.

Sin perjuicio de lo expuesto -y sólo a mayor abundamiento-, señalo que la pretensión no podría prosperar aun bajo la distinta hermenéutica que aparece propiciada respecto de la comprensión de la actividad laboral en la locución «cosa» (arts. 1113 y 2311, Código Civil). En efecto, el art. 14 inc. «c» del decreto ley 9550/1980 establecía el deber de: «Defender contra las vías de hecho, a todo riesgo, la vida, libertad y propiedad de las personas, como así todo bien jurídico prescripto como tal por la ley penal o convenciones y mantener el orden público

general»

Si bien el decreto 1766/2005 no mantuvo la redacción transcripta, conservó el espíritu de la norma para las fuerzas policiales. Esto significa que el agente lesionado -o inclusive muerto- en acto de servicio no hace otra cosa más que padecer una circunstancia propia de los deberes a su cargo. El aspirante sabe, cuando ingresa a la fuerza, que el hecho de perseguir y combatir el delito lo pondrá necesariamente en situaciones de posible riesgo, situaciones inherentes al desempeño de sus funciones, para lo cual ha sido debidamente capacitado y muñido de los elementos necesarios.

En definitiva, el personal policial asume un

riesgo que de suyo forma parte de su labor profesional. Es por eso que la normativa aplicable prevé todo un régimen de licencias, compensaciones económicas e inclusive indemnizaciones en previsión de las contingencias del servicio.

Prueba de ello es la disposición del art. 51 de la ley 13.982, que dice:»A los efectos legales se entenderá por acto de servicio a todo aquel resultante del cumplimiento del deber de defender contra las vías de hecho o en acto de arrojo, la vida, la propiedad o la libertad de las personas, de la condición policial de agente o de su obligación de mantener el orden público, preservar la

seguridad, prevenir y reprimir los delitos y las contravenciones, como así el enfrentamiento armado con delincuentes».

El texto del juramento a la bandera según Resolución 98.398/96 dice: «Juráis a la Patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida».

Las normas transcriptas receptan los elementos típicos exigibles a toda fuerza de seguridad. Así es deber de todo agente el mentado acto de arrojo del artículo citado, acto que bien puede implicar la pérdida de la vida misma. Pero además hay otro deber exigible que es el de evitar toda conducta que rehúya el máximo rendimiento en el cumplimiento de la función.

La legislación comparada prevé al efecto un régimen específico para fuerzas de seguridad, tipificando las conductas reprochables por disonantes con el servicio. Aparecen así delitos como el de «cobardía» o «abandono de servicio». Así, por ejemplo el Código Penal Militar colombiano, aplicable según el art. 4 a la Policía nacional, prevé en el Título II del Libro Segundo los delitos contra el servicio, a saber, abandono del comando y del puesto, abandono del servicio y deserción. Y en el Titulo IV de «delitos contra el honor» tipifica en el art.

136 el delito de cobardía, en el art. 137 cobardía en el

ejercicio del mando y en el 138 la cobardía por omisión. El primer artículo citado dice textualmente:»El que en zonas o áreas donde se cumplan operaciones de combate o en presencia del enemigo o de delincuentes, huya o de

cualquier modo eluda su responsabilidad el solo hecho en prisión de 2 a 4 años». incurrirá por

En conclusión, las consecuencias adversas de la persecución del delito constituyen un elemento propio de la función que contrasta absolutamente con el régimen de responsabilidad objetiva aplicable al ciudadano común.

Voto por la negativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

Adhiero al voto del doctor Negri.

Sólo habré de agregar que producto de esta temporaria conformación del Tribunal, podría quedar en entredicho el precedente «Ferreyra» (causa L. 80.406, sent. del 29-IX-2004), revelando la fragilidad que, en ciertos casos, padece la doctrina legal de esta Suprema Corte. Tal fragilidad genera situaciones de inequidad (en casos particulares) y de incertidumbre (en lo general).

El recurso extraordinario previsto en la legislación de la Provincia de Buenos Aires tiene características muy especiales, heredadas -según es tradición afirmar- de la casación francesa. Más allá de que

se trate de una forma bastarda (como decía Morello) del modelo francés o que resulte legítimo heredero de anteriores y autóctonos recursos españoles (conf. «Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación» de nuestro colega Juan Carlos Hitters; edición, pág. 42), lo cierto es que el nuestro presenta, a la altura de la ley procesal, una nota particular. Según se legisla en nuestro Código formal, el recurso extraordinario local no sólo autoriza a revisar la probable infracción a la ley o su errónea aplicación a un caso por parte de los jueces inferiores, sino que también faculta a este Tribunal a verificar y, en su caso, corregir la violación o incorrecta aplicación de la doctrina legal que él mismo ha establecido (art.279, C.P.C.C.).

Dicha doctrina legal, según se ha expuesto inveteradamente, es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (causas A. 71.590, «D’Onofrio», sent. del 27-XI-2013; L. 113.584, «Rodríguez», sent. del 18-IX-2013; L. 103.596, «Lamas», sent. del 22-V- 2013, por citar sólo las más recientes), y no la que fluye de los votos en minoría de alguno de los magistrados que conforman el Tribunal (causas L. 116.824, «G., R.E.», sent. del 23-X-2013 y L. 44.643, «Kieffer», sent. del 20-XI- 1990).

Tal definición, y en tanto se quiera reforzar la característica vinculante de la doctrina legal y alejar todo atisbo de fragilidad que pudiera afectar a nuestro clásico remedio impugnativo, no puede depender de la accidental constitución del Tribunal (por ejemplo, por ausencia temporal de uno de sus miembros). Por el contrario, a no dudarlo, debe ser entendida como la emanada del acuerdo logrado por los miembros ordinarios y naturales de la Suprema Corte, de manera tal que se eviten situaciones de desigualdad que podrían provenir de accidentales integraciones de la misma.

Voto por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. Acompañando la propuesta decisoria del doctor Negri; consider o que el recurso debe prosperar.

1. En torno al tópico debatido en la especie, he sostenido en anteriores oportunidades (incluso respecto de actividades como las que desempeñaba el actor en la presente causa, relacionadas con el servicio prestado por la policía de seguridad, ver mi voto en la causa L. 81.930, «D., M. N.», sent. del 25-11-2009) que no comulgo con la hermenéutica plasmada en la doctrina legal que -por mayoría- sostiene actualmente esta Corte, por la que se admite que el ambiente laboral o las condiciones en las que

se presta el trabajo pueden considerarse incluidos en el concepto de cosa generadora de infortunios del trabajo.Por el contrario, he suscripto la interpretación acuñada anteriormente por este Tribunal, en el sentido de que si bien no corresponde circunscribir el carácter de cosa al concepto que enuncia el art. 2311 del Código Civil, la tarea realizada por el dependiente no puede enmarcarse dentro de la definición de cosa productora de riesgo a que se refiere el art. 1113 del mismo cuerpo legal (conf. causas L. 67.051, «Iparaguirre», sent. del 9-11-2000; L. 56.413, «Schwan», sent. del 8-VIII-1995; entre otras).

2. Sin embargo, mi aludida interpretación ha resultado (a partir de las causas L. 80.406, «Ferreyra», sent. del 29-IX-2004 y L. 72.336, «lommi», sent. del 14-IV- 2004, cuya transgresión denuncia la quejosa) minoritaria, habiéndose consolidado desde entonces -por mayoría, que hasta el momento no he integrado- una sostenida doctrina legal que habilita la inclusión de las actividades laborales riesgosas como factor de atribución de responsabilidad civil objetiva en el marco del art. 1113 del Código Civil (conf. causas L. 97.263, «Azpeitía», sent. del 19-XII-2012; L. 88.672, «Doufour», sent. del 28-V-2010; L. 93.818, «Lezcano», sent. del 25-XI-2009; L. 92.726, «Galán», sent. del 17-XII-2008; L. 82.743, «Vetancor», sent. del 26-IX-2007; L. 88.325, «Cepeda», sent. del 9-V-

2007; L. 79.690, «R., L. G. «, sent. del 28-VI-2006).

3.Si bien -y como adelanté- en los citados precedentes no adherí a la posición mayoritaria de esta Corte (y en tal sentido dejo a salvo mi opinión respecto del mérito de dicha doctrina legal), lo cierto es que, como fuera anticipado supra, la temática ha sido resuelta por este Tribunal en los aludidos casos análogos, lo que resulta suficiente para dar respuesta al sub judice (art.

31 bis, ley 5827), habida cuenta que -en definitiva, y como bien lo destacan los doctores Negri y de Lázzari en sus respectivos sufragios- asiste razón a la recurrente en cuanto denuncia que el tribunal de grado ha vulnerado la doctrina legal vigente sobre la temática debatida.

II. En virtud de lo expuesto, corresponde acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance establecido en el voto que inaugura el acuerdo.

Voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

Contra la decisión de grado que reguló los honorarios de los profesionales que intervinieron en la tramitación de la causa, la parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que sostiene que el sentenciante vulneró el art. 505 del Código

Civil, así como la doctrina legal que este Tribunal sentara en el precedente L. 77.914, «Zuccoli» (sent.del 2-X-2002), toda vez que -afirma- el importe fijado por tales conceptos excede el límite del 25% con relación al monto de la condena.

La solución que propicié al votar la anterior cuestión revela inoficioso el examen sobre el tópico, pues, conforme allí lo puse de manifiesto, habiéndose dispuesto la revocación de la sentencia de grado, la causa deberá volver al tribunal de origen a efectos de que dicho órgano jurisdiccional -con otra integración- renueve los actos procesales necesarios y dicte el nuevo pronunciamiento que corresponda.

Así lo voto.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Atento el resultado al que -por mayoría, que no integré- se arribó al votar la anterior cuestión, el tratamiento de la presente deviene inoficioso.

Así lo voto.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó la segunda cuestión en igual sentido.

Los señores jueces doctores Soria y Dominguez,

por los mismos fundamentos del señor Juez doctor

Pettigiani, votaron la segunda cuestión en igual sentido.

Los señores jueces doctores de Lázzari e Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la segunda cuestión en igual sentido.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por

mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III, ap. 2.c. del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión aquí resuelta.

Costas de esta instancia a la vencida (art. 289,

Con relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, se declara inoficioso su tratamiento.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

DANIEL FERNANDO SORIA

JUAN CARLOS HITTERS

HILDA KOGAN

HECTOR NEGRI

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO FEDERICO G. J. DOMINGUEZ

NESTOR

DE LAZZARI

GUILLERMO LUIS COMADIRA

Secretario

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