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Se declaró oponible a la víctima la franquicia del contrato de seguro, respondiendo limitadamente la aseguradora citada en garantía

shutterstock_45483118Partes: Arguello Laura Jésica c/ Transporte 9 de Julio y otros s/ interrupción de prescripción (art. 3986 Cciv.)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 14-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-87957-AR | MJJ87957 | MJJ87957

Se declaró oponible a la víctima la franquicia del contrato de seguro y se resolvió que la empresa aseguradora deberá responder en los términos y con el alcance del art. 118 de la Ley 17.418.

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Sumario:

1.-Corresponde establecer la desaparición de la obligatoriedad legal del plenario Obarrio por la descalificación de su fundamento y la convicción en el sentido de que es correcto el criterio expresado por la minoría el 13 de diciembre de 2006. En consecuencia, la franquicia del contrato de seguro es oponible a la víctima y la empresa aseguradora deberá responder por su obligación en los términos y con el alcance del art. 118 de la ley 17.418.

2.-La revocación de la doctrina establecida en el plenario Obarrio por la decisión de la CSJN en la causa Gauna , ha hecho caer -en este particular tipo de casos- la obligatoriedad de la decisión plenaria de la Cámara Civil, que no es una razonable derivación del derecho vigente, teniéndose en consideración que la misma fue dictada antes de la sanción de la Ley 26.853 y consecuente derogación del art. 303 del CPCCN.

3.-Las costas de alzada imponen en el orden causado habida cuenta del resultado obtenido y atento a que la jurisprudencia respecto de la oponibilidad de la franquicia a favor del asegurado no es uniforme.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 14 días del mes de agosto de dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «E», para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: «ARGUELLO LAURA JESICA C/ TRANSPORTE 9 DE JULIO S.R.L. Y OTROS S/ INTERRUPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN (ART.3986 C.C.)», respecto de la sentencia corriente a fs. 237, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CALATAYUD. DUPUIS. RACIMO.

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:

1.- Contra la sentencia de fs. 237/44, que admitió parcialmente la demanda y condenó a la empresa demandada y su aseguradora a abonar a su contraria la suma de $ 35.200, con más sus intereses a una tasa del 8% anual desde la fecha del accidente y hasta la del citado pronunciamiento y, a partir de ese momento, a la activa prevista en el plenario «Samudio de Martínez» , y las costas del juicio, se agravian la citada en garantía y la actora. La primera lo hace por el alcance de la condena en su contra (ver fs. 266/67) y la segunda por considerar reducidos los montos indemnizatorios reconocidos y por la tasa de interés (ver fs. 271/73).

2.- A mi juicio, resulta viable el motivo de queja concerniente al alcance de la condena con relación a Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. Es que, esta Sala, con primer voto del Dr. Racimo y la adhesión del Dr.Dupuis y mía, resolvió la inaplicabilidad del plenario «Obarrio» y «Gauna», frente a los alcances de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver causa 502.145 del 29-5-08). Allí se dijo que se unen a la fortísima obligación moral de los fallos de nuestro máximo tribunal -con un grado de exposición creciente en la definición de la doctrina correcta desde sus orígenes en «Nieto», pasando por «Cuello» y arribando al trío «Villarreal» y los aludidos «Obarrio» y «Gauna»-, la desaparición de la obligatoriedad legal del plenario por la descalificación de su fundamento y la convicción en el sentido de que es correcto el criterio expresado por la minoría en el plenario del 13 de diciembre de 2006. Por otra parte, la Sala también ha decidido reiteradamente que la revocación de la doctrina establecida en la reunión plenaria por las decisiones de nuestro más alto tribunal en la causas O.166-XLIII («Obarrio María Pía c/ Microómnibus Norte S.A.») y G.327-XLIII («Gauna Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro» ), ha hecho caer -en este particular tipo de casos- la obligatoriedad de dicha decisión de esta Cámara que imponía -antes de la sanción de la ley 26.853 y consecuente derogación del art. 303 del Código Procesal-, al considerarla que no es una razonable derivación del derecho vigente e impuesto como doctrina que la franquicia del contrato de seguro es oponible a la víctima (ver causas 498.853 del 26-5-08 y 505.245 del 24-6-08 y, en el mismo sentido, ver Sagüés, La vinculatoriedad de la doctrina de la Corte Suprema, en L.L. 2008-E-837; Ibarlucía, Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema, en L.L. del 15-12-08; Laplacette, Valor de los plenarios descalificados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en L.L.del 27-2-09). Por consiguiente y toda vez que tal es el criterio que el tribunal comparte en este tipo de procesos (ver, en tal sentido, el ilustrado voto del Dr. Racimo en la causa 438.516 del 27-2-07), corresponde hacer lugar a la pretensión de la citada en garantía y revocar la decisión apelada, imponiendo la obligación de la empresa aseguradora de responder en los términos y con el alcance del art. 118 de la ley 17.418.

3.- La pericia médica llevada a cabo por la Dra. Marcela Alejandra Pérez, que fuera designada de oficio por el juzgado -con la imparcialidad que cabe presuponer, en principio, dado el origen de su nombramiento-, concluyó que la demandante lo único que presentaba eran dos cicatrices en la mano izquierda, una de 1,5 cms. en el pulpejo de la tercera falange, lineal, con impronta de puntos de sutura e hiperestesia, y otra de 1 cms. en cara lateral y pulpejo de la tercera falange, lineal, hipopigmentada, con impronta de puntos de sutura e hiperestesia. Si bien la actora en un principio alegó limitación funcional en el miembro, lo cierto es que de acuerdo al dictamen pericial presenta una leve alteración en la flexión de la articulación metacarpiana (va de 0° a 70° siendo que lo normal es de 0° a 90°), estimando la experta una incapacidad parcial y permanente del 3%. En el aspecto psíquico, ostenta un cuadro compatible con un trastorno adaptativo con ansiedad sobre una base de personalidad predisponerte, lo que le ocasiona una discapacidad del 12%, de la cual es atribuible al accidente sufrido solamente el 6%, aconsejando un tratamiento de seis meses de duración a razón de una sesión semanal y un costo aproximado de $ 150 cada una (ver fs. 159/65). Dichas conclusiones ya no merecieron objeción alguna en esta instancia, motivo por el cual y no existiendo otros elementos objetivos de similar o mayor rigor científico que las desmerezcan, deben ser aceptadas (arts.386 y 477 del Código Procesal; ver Palacio, Derecho Procesal Civil, t. IV pág. 720). Más allá de que a criterio de la Sala cuando se producen lesiones puramente estéticas y se reclama, además, una condena por daño moral, en principio, puede producirse un doble resarcimiento por la misma causa (conf. mis votos en causas 89.040 del 18-3-92 y 117.931 del 26-10-92), puesto que, en realidad, la lesión estética provoca intrínsecamente daño a un bien extra patrimonial: la integridad corporal, lesión que siempre, por ende, provocará un agravio de tipo moral y que puede, o no, afectar el aspecto patrimonial del individuo damnificado. Si lo provoca, se estará en presencia de un daño patrimonial indirecto, habida cuenta que -además de la afección extra patrimonial- indirectamente se traduce en perjuicios de aquel tipo que pueden revestir el carácter de daño emergentes -como los gastos en la curación de las lesiones-, como de lucro cesantes -pérdida de la fuente de trabajo o su disminución- (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 5 pág. 222; Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, 2a. ed., 1987, nº 45 en págs. 160/164 y sus citas de referencia; CNCiv. esta Sala, causas 81.847 del 18-2-91, 53.570 del 21-11-89 y 29.837 del 31-8-87, entre otras; Sala «G», voto del Dr. Greco en E.D. 172-82), lo concreto es que los condenados no han cuestionado este aspecto del pronunciamiento, por lo que la procedencia de la partida en concepto de incapacidad física sobreviniente no podrá verse alterada.Ello aclarado, sabido es que para fijar el quántum indemnizatorio de esta partida debe valorarse la naturaleza de las lesiones sufridas, así como también la edad del damnificado, cómo habrán aquéllas de influir negativamente en sus posibilidades de vida futura e, igualmente, la específica disminución de sus aptitudes laborales, dado que la incapacidad sobreviniente comprende no solamente la minusvalía de la capacidad laborativa del individuo propiamente dicha, sino también todo menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits., pág. 219 nº 13 y pág. 220 y citas de la nota 87; Llambías, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, t. IV-A pág. 120; CNCiv. Sala «F» en E.D. 102-330; íd., en E.D. 105-452; esta Sala, causas 119.627 del 4-12-92 y 127.457 del 19-4-93, entre muchas otras). Así las cosas, habida cuenta la entidad de las lesiones sufridas, edad de la damnificada a la época del infortunio (21 años), según refiere en pareja y con un bebé y que trabajaba como empleada en una fábrica, aun cuando no se cuenta en autos con elementos de prueba que acrediten estas circunstancias, la suma reconocida por incapacidad física y psíquica de ninguna manera me parece exigua, sino por el contrario elevada atento la levedad de las afecciones descriptas en el dictamen y que no podrá ser disminuida dada la inexistencia de agravio de parte de los demandados. Y, en cuanto al monto fijado para encarar el tratamiento psicoterapéutico aconsejado, si bien aparecería algo reducido, lo cierto es que es mi parecer que no podrá ser modificado en razón de lo expresado en el párrafo anterior.4.- En lo que atañe al daño moral, este tribunal entiende por tal cualquier lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se han perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. CNCiv. Sala «D» en E.D. 61-779; íd., en E.D. 69-377; Sala «F» en E.D. 42-311; íd., en E.D. 53-350; Sala «G» en E.D. 100-300; esta Sala, causas 502 del 26-12-83 y 66.984 del 30-5-90). En tanto que, para fijar su cuantía, reiteradamente ha decidido que deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen ser citados, a modo de ejemplo, la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia y cuantía de los perjuicios materiales, las condiciones personales de aquél y las de la víctima, etc., factores todos que quedan librados al prudente arbitrio judicial (conf. CNCiv. Sala «B» en E.D. 57- 455; Sala «D» en E.D. 43-740; esta Sala, causas 19.073 del 13-3-86 y 124.140 del 16- 11-94). Ello establecido, habida cuenta la forma como sucediera el accidente, los inconvenientes y sufrimientos que seguramente las heridas le han ocasionado a la víctima y demás antecedentes personales que ya he señalado anteriormente, la cantidad reconocida por este concepto resulta una justa y razonable valoración de este perjuicio.

5.- Si b ien con fecha 20 de abril de 2009 el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en los fallos «Vázquez Claudia Angélica c/ Bilbao Walter y otros s/ daños y perjuicios» del 2-8-93 y «Alaniz Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 S.A.C.I.interno 200 s/ daños y perjuicios» del 23-3-04 -que ratificó el anterior-, estableciendo como doctrina legal obligatoria la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (ver autos «Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» ), lo cierto es que la Sala ha interpretado dicha doctrina de manera diferente a la que propicia el quejoso. En efecto, sobre el punto ha considerado que aceptar que la tasa activa mencionada se devengue desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, arrojaría un resultado objetivamente injusto y representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, se estaría computando dos veces la misma cosa: la desvalorización monetaria operada entre el hecho y la sentencia, dado que en esta se contemplaron valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda (ver fallos de esta Sala -aunque referidos a la tasa pasiva promedio- en causas 146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-8-94, 463.934 del 1-11-06 y 492.251 del 19-11-07, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 8a. ed., t. I pág. 338 n° 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en L.L. 151-864, en especial, pág. 873 cap.V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A. 1970-7-332, en especial, cap. V; Vázquez Ferreyra, La tasa aplicable en los juicios de responsabilidad civil, en L.L. del 10-6-09, pág. 7; ver mis votos en causas 527.451 del 12-5-09 y 615.823 del 14-8-13, entre muchos otros). Como en el caso, los demandados consintieron la sentencia que aplicó la tasa del 8% anual desde la producción del daño y la indemnización se fijó a valores de la época de su dictado, sólo cuadra propiciar que se confirme dicho pronunciamiento en este aspecto. Ello así, puesto que de aplicarse el criterio de la Sala que en estos supuestos considera que debe devengarse la del 6% anual, se configuraría una reformatio in peius, que está fuera de las facultades del Tribunal, que conforme lo disponen los arts. 271, 277 y concs. del Cód. Procesal debe limitarse a examinar las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a su decisión (ver voto del Dr. Dupuis en causa 525.696 del 30-4-09).

6.- En definitiva, voto para que se modifique la sentencia de fs. 237/44 únicamente en lo que concierne al alcance de la condena respecto de la aseguradora citada en garantía, que deberá ser en los términos del art. 118 de la ley 17.418, confirmándosela en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso. Las costas de Alzada propicio sean impuestas en el orden causado, habida cuenta el resultado obtenido en esta instancia y a que respecto de la situación de la compañía de seguros la jurisprudencia no es uniforme (arts. 68 y 71 del Código Procesal). Los Señores Jueces de Cámara Doctores Dupuis y Racimo por análogas razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.

FERNANDO M. RACIMO.

MARIO P. CALATAYUD.

JUAN CARLOS G. DUPUIS. Este Acuerdo obra en las páginas Nº a Nº del Libro de Acuerdos de la Sala «E» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 14 de agosto de 2014.-

Y VISTOS: En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se modifica la sentencia de fs. 237/44 únicamente en lo que concierne al alcance de la condena respecto de Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, que habrá de ser en la medida y en los términos del art. 118 de la ley 17.418, confirmándosela en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso.

Costas de alzada en el orden causado, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad correspondiente. Not. y dev.-

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