Se ordenó al GCBA indemnizar a quien se cayó en la vía pública, fijándose en 30 días el plazo de cumplimiento de la condena

shutterstock_170161988Partes: Palavecino Lidia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 23-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87647-AR | MJJ87647 | MJJ87647

Se ordenó al GCBA indemnizar a una persona que sufrió una caída en la vía pública, fijándose en 30 días el plazo de cumplimiento de la condena por los importes que no superen el límite del doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno, que a su vez es equivalente a la retribución del presidente del Tribunal Superior de Justicia (según art. 98 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). 

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia de grado que ordenó reparar la incapacidad física -en el caso opacidad de córnea- sufrido por la actora como consecuencia del accidente, toda vez que en la actualidad la incapacidad existe, y un futuro trasplante de córneas no puede asegurar o pronosticar el resultado exitoso de dicha intervención.

2.-Debe confirmarse la reparación del rubro gastos médicos, de traslado y reposición de vestimenta, toda vez que dichas partidas proceden aun cuando no se aporten documentos que acrediten la efectiva realización del gastos que se resarce, porque al haberse demostrado la existencia de lesiones que determinaron la atención médica es dable presumir que la víctima debió efectuar gastos médicos y de farmacia, como también que durante ese lapso tuviera mayores gastos de traslado y que, por la naturaleza de las lesiones, pudo habérsele deteriorado la ropa que vestía al momento del accidente.

3.-Encontrándose fijados los valores indemnizatorios al momento del dictado de la sentencia de grado, la tasa de interés determinada por el plenario Samudio de Martínez, Ladilaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios debe regir recién a partir de dicho pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido

4.-Corresponde fijar en 30 días el plazo en el que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de cumplimiento de la condena por los importes que no superen el límite del doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno y, en cuanto al monto que sobrepase ese límite, deben someterse a lo establecido en los arts. 399 y 400 CCAyT. de la Ciudad Buenos Aires.

5.-La tasa de interés activa determinada por el fallo plenario dictado en los autos Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios , debe fijarse desde el momento en que se causó cada perjuicio, por lo que la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria.- Del voto en disidencia parcial del Dr. Picasso.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 23 días del mes de mayo del año dos mil catorce, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: “PALAVECINO, Lidia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios”, respecto de la sentencia de fs. 318/325 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: HUGO MOLTENI – SEBASTIÁN PICASSO – RICARDO LI ROSI –

A la cuestión propuesta el Dr. HUGO MOLTENI dijo:

1°.- La sentencia dictada a fs. 318/325 admitió la demanda por daños y perjuicios entablada por la Sra. Lidia Palavecino, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, condenándolo a abonarle la suma de $ 94.292 con más sus intereses y costas del proceso.-

Contra dicho pronunciamiento apela la letrada apoderada del Gobierno de la Ciudad, cuyos agravios de fs. 385/392 fueron respondidos por la actora a fs. 407/413, centrándose

sus quejas en relación a las sumas otorgadas para enjugar las partidas “incapacidad física”, “tratamiento psicológico”, “daño moral”, “gastos de farmacia, médicos traslado y vestimenta”, así como también respecto de la imposición de costas y en lo atinente a la tasa de interés. Asimismo, se agravia del plazo establecido para la ejecución de la sentencia.-

Por otro lado, la demandante expresó agravios a fs. 395/404, donde persigue el incremento de la “incapacidad física”, el “daño moral”, los gastos por “tratamientos médicos y psiquiátricos futuros”, los “gastos de farmacia, traslado y vestimenta”. Asimismo, se queja del rechazo del “daño psicológico”. Dichas quejas no fueron respondidas por la demandada.-

2°.- La presente acción persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por la Sra.Lidia Palavecino, con motivo del accidente acaecido el día 23 de junio de 2006, mientras caminaba por la acera de la calle Murguiondo y finalizaba el cruce de la avenida Riestra. Refiere que cuando intentó subir al cordón, no pudo evitar introducir su pie en un pozo, lo que provocó la pérdida de equilibrio y su posterior caída. Con motivo de ello, la demandante experimentó una serie de lesiones en virtud de las cuales acciona en estas actuaciones.-

3°.- Toda vez que la cuestión relativa a la responsabilidad en el ilícito ha sido consentida por las partes, corresponde entonces analizar las quejas efectuadas respecto a las partidas indemnizatorias.-

Se queja tanto la actora como la emplazada de la suma otorgada en concepto de “incapacidad física” ($60.000). Asimismo, la actora se queja del rechazo de “daño psicológico”.-

Cabe destacar que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la incapacidad física y el daño psíquico deben ser valorados en forma conjunta, porque los porcentajes incapacitantes padecidos por el damnificado repercuten unitariamente, lo cual aconseja que se fije una partida indemnizatoria que abarque ambos aspectos, que si bien conforman dos índoles diversas de lesiones, se traducen en el mismo daño, que consiste, en definitiva, en la merma patrimonial que sufre la víctima por la disminución de sus aptitudes y para el desempeño de cualquier trabajo o actividad productora de beneficios materiales (conf. libres de esta Sala nº 261.021 del 2/3/2000; n° 299.193 del 31/8/2000; nº 326.844 del 27/8/2001, n° 581.376 del 8/2/2012 entre muchos otros).-

En cada caso debe adoptarse un criterio que contemple sus específicas circunstancias, especialmente las referidas a la edad de la víctima, su preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción padecido y la incidencia que ésta posee para el ejercicio de sus actividades (conf. esta Sala ,L.L.1991-B-281).-

A fin de examinar si el monto otorgado bajo este acápite se adecua a la merma patrimonial realmente inferida a la víctima y guarda relación con precedentes análogos de esta Sala, es menester ponderar las constancias probatorias que dan cuenta de la lesión sufrida y las secuelas permanentes que aquélla ha dejado.-

De la pericia médica obrante en autos a fs. 228/231, se desprende que la Sra. Palavecino presenta “a) leucoma corneal de ojo izquierdo, que fue traumatizado. El leucoma corneal es la opacificación de la córnea. Cuando la Córnea pierde su transparencia el daño visual es del todo similar a lo que ocurre con la catarata, la agudeza visual disminuye en grado variable, llegando al extremo que el paciente solo perciba luz y bultos”

En sus conclusiones el experto estableció que “Si bien es verosímil que el leucona corneal sea consecuencia del accidente de autos, la incapacidad que determina es

en relación a la disminución de la agudeza visual. La actora tiene una disminución en su ojo izquierdo de un 40%, pero atento a que con corrección llega al 100%, no hay tabla de Baremos que le asigne incapacidad. Seguramente esto se debe a que el leucoma es paracentral. No obstante, no puede descartarse una progresión de esa opacidad en un futuro y que pueda llegar a límites mencionados en las consideraciones medico legales”.-

A raíz de ello, le asigna a la Sra. Palavecino una incapacidad parcial y permanente del 15%.-Asimismo, en relación al ítem traumatismo de cráneo, sostuvo que no existen elementos para asignar incapacidad (cfr. fs. 230).-

En la faz psíquica, a partir del psicodiagnóstico realizado a fs. 194/209, se concluyó que “la Sra. Lidia Palavecino padece de un F40.2 Trastorno por Fobia Específica: (300.29), compatible con un Desarrollo Reactivo Moderado, ocasionándole a la examinada un 15% de Incapacidad psíquica, según el baremo neuropsiquiátrico de Mariano Castex & Daniel Silva.El inicio del mismo guarda relación causal con el accidente sufrido, ya que de las entrevistas, resultados de las técnicas administradas y estudios practicados no surgen elementos que hagan inferir la existencia de alguna alteración previa. Se recomienda que el tratamiento tenga una frecuencia de 1 sesión semanal ($80 a $120) y que su duración no sea menor de 2 años y/o hasta la remisión de los síntomas más incapacitantes”.-

El experto en sus conclusiones se remitió a lo informado en el psicodiagnóstico, adjudicando un 15% por el desarrollo reactivo moderado y la necesidad de tratamiento psicoterapéutico (cfr. fs. 230).-

A fs. 268/271, la parte actora solicitó explicaciones e impugnó el informe pericial respecto a la incapacidad física detectada y al tratamiento recomendado.-

Al contestar a fs. 284/286, el experto afirmó que “en base al informe oftalmológico que el mismo letrado presentó en autos, donde la actora corrige a 10/10 en el ojo eventualmente interesado en el hecho traumático, informé que atento a que con corrección llega al 100%, no hay tabla de Baremos que le asignen Incapacidad”. Asimismo, respecto del grado de incapacidad que le correspondería a la actora, atento a la progresión de la agudeza visual, contestó que “Es una evolución impredecible; puede o no presentarse. De presentarse, el porcentaje variaría de acuerdo a la invasión de la córnea. De opacificarla toda, debería someterse a un trasplante y, de esta manera recuperaría el 100% de visión” (respuestas 2 y 3 de fs. 285). Respecto a la parte psicológica, reiteró y ratificó el tratamiento recomendado (respuesta 1 de fs. 285).-

Por su parte, la demandada a fs. 281 impugnó el porcentaje de incapacidad psicológica detectada por el experto, quien al contestar manifestó que otorgó el porcentaje exclusivamente en base al informe psicodiagnóstico, donde se descartaron alteraciones psicopatológicas previas al evento (cfr. fs.292).-

Por otro lado, más allá de la escueta y equivocada -respecto de porcentaje de incapacidad que el experto detectó en la disminución visual del ojo izquierdo- queja que formula la demandada (ver. fs.385vta), entiendo acertado el criterio utilizado en la instancia de grado, a fin de evaluar el grado de incapacidad que la actora posee en la actualidad, en tanto el futuro trasplante de córneas no puede asegurar o pronosticar el resultado exitoso de dicha intervención.-

Se señala que la posibilidad de mejora no excluye calificar la incapacidad como permanente si aquella no es cercanamente verosímil. La expectativa de mejora clínica no obsta -por definición- a que, en la actualidad, la incapacidad se informe como permanente (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, 2ª daños a las personas [integridad sicofísica], t2a, 2da edición ampliada, 3ª reimpresión, pág. 347y sgtes, cfr CNCiv., Sala “E”, 4/10/74, LL, 1975-B-870).-

Asimismo, es sabido que nuestro sistema procesal no asigna fuerza de prueba legal al dictamen pericial, quedando en manos del juez su valoración de acuerdo a las pautas que suministra el art. 477 del Código Procesal. En la apreciación, el juez debe tener en cuenta otros factores que se suman a la pericia, como las restantes circunstancias y elementos que ofrezca la causa, ello tanto para completar, como para comparar la eficacia probatoria del dictamen (C. N. Civ., “Sala C”, L.L. 149-265; id., “Sala D”, L.L. 1979-C-114; C. N. Esp. Civ. y Com., “Sala VI”, L.L. 1975-B-629).-

Para valorar acabadamente este aspecto, resulta de vital importancia analizar las características de la víctima, quien al momento del accidente contaba con 64 años de edad, se desempeñaba como enfermera y sargento primero de la Policía Federal, se encuentra actualmente retirada, percibiendo un haber de $608,15 (septiembre de 2008) y vivía con su pareja en una vivienda alquilada, dedicándose al cuidado de enfermos (cfr.constancias del beneficio de litigar sin gastos n° 49.169/2008).-

Por consiguiente, juzgo apropiado conceder una partida en concepto de incapacidad sobreviniente (integrada por los desmedros físicos y psíquicos) por la suma de setenta y cinco mil pesos ($75.000).-

4°.-La demand ada descalifica el monto otorgado en concepto de tratamiento psicológico $8.342, en tanto entendió que si el tratamiento recomendado podría redimir la sintomatología detectada, es de suponer que la incapacidad no es tal, resultando inocuo la realización del tratamiento (ver. fs. 386 punto 2).-

Este agravio resulta inconsistente, porque parece no haber leído correctamente la sentencia, toda vez que el Sr. Juez “a-quo” valoró la realización del tratamiento para redimir los síntomas más incapacitantes, por lo cual debe juzgarse desierto este aspecto del recurso de la emplazada (art. 266 del Código Procesal).-

Por su parte, el actor se queja en cuanto considera que el costo total de $8.342 resulta insuficiente para cubrir la terapia al día de hoy, manifestando que los montos establecidos por el experto se corresponden al año 2012. Asimismo, se queja que se haya omitido reconocer una suma por la futura intervención quirúrgica.-

En su informe, el experto aconsejó a partir del psicodiagnóstico efectuado, que el actor realice un “tratamiento tenga una frecuencia de 1 sesión semanal ($80 a $120) y que su duración no sea menor de 2 años y/o hasta la remisión de los síntomas más incapacitantes” (cfr. fs.229).-

Empero, también es cierto que no se ha aportado constancia en autos que indique que la damnificada haya emprendido tratamiento psicoterapéutico alguno o prueba documental que avale su cuantía, pese al tiempo transcurrido desde la fecha del siniestro (23/06/06). Ello hace suponer que, o bien su atención se llevó a cabo en una entidad pública -con la consiguiente gratuidad del servicio-, o no se sometió a ninguna terapia.-

Pese a esto, considero que la necesidad de encararlo no resulta discutible en función de la meritada prescripción médico-legal, por lo que estos extremos me inclinan a confirmar la suma otorgada en la instancia de grado.-

Por lo demás, respecto de la omisión de una partida para una futura intervención quirúrgica, cabe destacar que no resultan acumulables los gastos terapeuticos para la reversion de la incapacidad y el daño por las secuelas incapacitantes que ese tratamiento procura remediar, el cual ya se encuentra subsumido y resarcido junto a la incapacidad sobreviniente en el apartado 4° (conf. Zavala de González, Matilde Mosset Iturraspe, ob. cit., p. 348).-

5º.- La suma fijada en la anterior instancia ($25.000) para indemnizar el agravio moral sufrido por la accionante, motiva la queja de ésta, quien requiere su elevación. Por su parte la demandada pretende su rechazo o su fijación prudencial.-

Este daño se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser consecuencias del hecho perjudicial (conf. Llambías, J.J. “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”, t.I, págs.297/298, núm.43).-

Desde esta óptica, teniendo en cuenta la ya aludida edad de la víctima, así como los dolores y molestias, que sin duda padeció a causa del traumatismo sufrido y la omalgia derecha diagnosticada, justifican la existencia del resarcimiento fijado en la sentencia de grado.Desde que resulta incuestionable el perjuicio moral experimentado por la accionante, el cual puede tenerse por suficientemente acreditado con la lesión padecida.-

En consecuencia, en virtud de la magnitud de los sufrimientos provocados en la esfera de los sentimientos, el monto otorgado en la instancia de grado resulta insuficiente, por lo que propongo su elevación a la suma de treinta y cinco mil pesos ($35.000).-

6°.-Con relación a los gastos médicos y de farmacia, de traslado y de reposición de vestimenta, estimo que las críticas vertidas por ambos apelantes no satisfacen la exigencia del art. 265 del Código Procesal, porque en realidad no expresan más que una disconformidad con los montos de $800 fijados para los dos primeros y de $150 para la última partida, por estimarlos excesivos la demandada -quien erróneamente se queja de la suma de $300 por vestimenta- y reducidos la actora, pero sin formular una crítica concreta y razonada de los fundamentos brindados por el sentenciante para fijar esas sumas.-

En rigor, la sentencia se ha sustentado en el conocido criterio jurisprudencial que autoriza a definir estas partidas aún cuando no se aporten documentos que acrediten la efectiva realización del gastos que se resarce, porque al haberse demostrado la existencia de lesiones que determinaron la atención médica es dable presumir que la víctima debió efectuar gastos médicos y de farmacia, aún cuando se atendiera en un establecimiento asistencial gratuito, como también que durante ese lapso tuviera mayores gastos de traslado y que, por la naturaleza de las lesiones, pudo habérsele deteriorado la ropa que vestía al momento del accidente.-

Pero esta inferencia debe aceptarse del modo cauteloso y prudente que lo hiciera el Sr. Juez “a-quo”, ya que si se pretenden sumas superiores, es obvio que era la víctima quien debía aportar elementos que acrediten el pago de facturas que superasen los gastos manuales sobre los que ordinariamente no se guardan los comprobantes.En el caso, no es dable presumir que la actora haya sufrido un deterioro de ropa mayor al establecido o haya erogado sumas superiores a las reconocidas por gastos médicos y de traslado. Pero tampoco me postuló su reducción, porque entiendo que los montos han sido definidos con equidad y por ello deben ser mantenidos.-

7º.- A continuación habré de evaluar la queja que esgrime la demandada respecto de la imposición de costas.-

Al tratarse de un juicio donde se discutió la responsabilidad civil de los demandados, resulta de aplicación la jurisprudencia reiterada que hace soportar la totalidad de las costas al responsable, aún cuando alguno de los renglones no fueron acogidos, porque en esa inteligencia se sostiene, que como las costas forman parte de la indemnización y su cuantía es acorde al monto de la condena (excluidos los rubros desestimados), es al emplazado a quien debe imponérsele estos accesorios (conf. esta Sala, libres n° 35.574 del 21/3/88 y n° 35.317 del 25/4/88, etc.).-

Por ello opino que debe confirmarse este aspecto de la controversia.-

8°.- En lo relativo al planteo de la parte actora referido a la tasa de interés a aplicar, de acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos “Samudio de Martínez, Ladilaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” del 20/04/09, sobre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.Empero, toda vez que en la especie se fijaron los valores indemnizatorios al momento del dictado de la sentencia de grado, la indicada tasa debe regir recién a partir de dicho pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal. Ello así, en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya fuera ponderado al definir el capital a los valores vigentes a la sentencia de grado.

Por ello, corresponde que desde el inicio de la mora y hasta el pronunciamiento apelado, se calculen los intereses a la tasa de interés del 8% anual, que representan los réditos puros y, desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.-

9°.- Para finalizar, habré de abocarme al análisis de los agravios introducidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respecto del plazo de ejecución de sentencia estipulado en la sentencia de grado para el cumplimiento de la condena.-

Sobre el punto, resalta que el capital de condena requiere la inclusión presupuestaria regulada en los art. 399 y 400 de la ley 189, conforme lo normado en el art. 395 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.-

Al respecto, el art. 22 de la ley 23.982 resultaba aplicable a la Ciudad Autónoma por ser sucesora de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que en su momento adhirió a la citada ley federal. El art.5 de la ley 24.588 dispuso la continuidad del régimen jurídico federal “en tanto no sea derogada o modificada por las autoridades nacionales o locales, según corresponda”.-

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires legisló sobre el “sub examine” adhiriendo al régimen del art. 22 de la ley mencionada, aunque con modificaciones, cuando aprobó el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el dictado de la ley nº 189 (CNCiv., Sala F, junio 22/2001, Barletta c/ M.C.B.A. s/ expropiación”, R. 321.943; id., Sala F, febrero 1°/2002, “F.A.D.A. I.C.y F. S.R.L c/ M.C.B.A. s/ cobro de sumas de dinero”, R.335.443; íd. Sala C, “Antunes c/ G.C.B.A.” mayo 15/2001, R. 322.207; id. Sala C, marzo 6/2001, “G.C.B.A. c/Sarabia, Juan”, R. 314.749). Este último ordenamiento señaló el carácter declarativo de las sentencias que condenan al pago de una suma de dinero a las autoridades administrativas, sujetándolas a la inclusión presupuestaria de la condena (art. 398 Cód. Cont. Adm. y Trib. de la Ciudad de Bs. As.), con excepción de los créditos de carácter alimentario cuyo importe total no sobrepase el doble de la remuneración del Jefe de Gobierno (art. 398, ap. 2º del Cód. cit.).-

Si bien el principio general establecido para las condenas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando se trata de obligaciones de dar sumas de dinero, para su cumplimiento se requiere el trámite de previsión presupuestaria con templado por el art. 399, sin perjuicio de su posterior ejecutoriedad conforme la misma norma lo prevé, cuando se trata de créditos de naturaleza alimentaria cuyo importe no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno, el mismo código dispone que están exentos de lo previsto en los arts.399 y 400.

La Sala 1ª de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, ha sostenido “.que si la suma que resultase de la liquidación excediese el tope previsto por el art. 395, párr. 2°, CCAyT. Ciudad Bs. As., los montos que superen dicho límite, y sólo ellos, serán sometidos a lo establecido en los arts. 399 (ver texto y art. 400 CCAyT. Ciudad Bs. As.). Es decir, al procedimiento ordinario de ejecución de las sentencias condenatorias contra el estado local cuyo objeto es la obligación de dar sumas de dinero (conf. Sala cit in re “Thays de Gorostiaga, Cora M. v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ejecución de sentencias contra aut. adm.”, expte: 1.838/0, entre otros)” , id idem 1ª, mayo 9/2007, “Bergaglio, Juan J. v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, Lexis Nº 70037925; CNCiv., conf. mi voto en causa libre n 588.306 del 7/5/12).-

Coincido con esta interpretación de las normas que regulan el cumplimiento de las condenas contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que en razón de las características de la indemnización que aquí se admite, propongo que se establezca un plazo para el cumplimiento de la condena, en cuanto a los importes que en la liquidación que se practique no superen el límite del doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno y sólo en cuanto al monto que sobrepase ese límite serán sometidos a lo establecido en los arts. 399 y 400 Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Buenos Aires (CNCiv., Sala F, libres n° 498.244 del 13/5/08 y 516.263 del 13/5/09, con primer voto del Dr.José Luis Galmarini y del suscripto, respectivamente).-

Por ello, en cuanto al plazo para el cumplimiento de la condena, en función de mi voto precedentemente citado, estimo prudente fijar el de treinta días desde la fecha en que la liquidación quede aprobada, en razón de los trámites administrativos que el Gobierno de la Ciudad debe realizar.-

10°.- En síntesis, de ser compartido mi criterio, debería elevarse los montos acordados en concepto de “incapacidad psicofísica sobreviniente” (integrada por los desmedros físicos y psíquicos) y el “daño moral” a la suma de pesos setenta y cinco mil ($75.000) y treinta y cinco mil pesos ($35.000) respectivamente, y confirmarse todo lo demás que fuera motivo de agravios.-

Los intereses deberían calcularse a la tasa fijada en el apartado 8°.-

Asimismo correspondería modificar el plazo de cumplimiento de la condena hasta el límite establecido en el apartado 9°.-

Las costas de alzada deberían imponerse a la demandada recurrente, dado que resultó

sustancialmente vencidas en el caso (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).-

EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

I. Coincido en líneas generales con el voto de mi distinguido colega el Dr. Molteni, con una aclaración y una excepción en lo atinente a la tasa de interés a aplicar.-

II.En reiteradas oportunidades he dicho que para valorar la incapacidad sobreviniente resulta aconsejable el empleo de criterios matemáticos que, partiendo de los ingresos acreditados por la víctima (o de la valuación de las tareas no remuneradas que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de incrementos futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener mensualmente (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba al damnificado.-

Sin embargo, también he sostenido que estas pautas de cálculo no tienen por qué atar al juzgador, por lo que no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa.-

Así las cosas, y dado que los importes que propone el Dr. Molteni para enjugar este rubro lucen equitativos a la luz de las pautas descriptas, votaré con él también en este aspecto.-

III. En lo que atañe a los intereses, y como lo he expuesto en el precedente de esta sala “Piñeiro, Gabriel Alberto c/ Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios”, del 10/11/2011 (libre n° 574.847), soy de la opinión de que, por aplicación de la doctrina sentada por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A.s/ daños y perjuicios”, del 20/4/2009, debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento en que se causó cada perjuicio, y estimo -por los argumentos que expuse en mi voto en la causa ya citada, a la que me remito- que la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria.-

IV. Sentado lo que antecede, adhiero al voto del Dr. Molteni, con la salvedad que acabo de efectuar en punto a la tasa de interés a aplicar en el caso.-

El Dr. Ricardo Li Rosi votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Hugo Molteni.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

Buenos Aires, 23 de mayo de 2014.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo cuanto fuera motivo de agravios, salvo en cuanto se dispone elevar la

condena por “incapacidad sobreviniente” y “daño moral” en las sumas de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000.-) y pesos treinta y cinco mil ($35.000.-) respectivamente.-

Se modifica la tasa de interés, que deberá calcularse a la fijada en el apartado 8° del primer voto.-

Asimismo se modifica el plazo para el cumplimiento de la condena, el cual queda fijado en treinta días, en los términos del apartado 9° del primer voto.-

Las costas de alzada se imponen a la demandada apelante sustancialmente vencida.-

Atento lo decidido precedentemente corresponde adecuar los honorarios fijados en la anterior instancia, de conformidad con lo normado por el artículo 279 del ordenamiento adjetivo y dentro de los límites del artículo 505 del Código Civil.-

Ello así, teniendo en cuenta la labor desplegada por los profesionales intervinientes dentro de las tres etapas en que se dividen los juicios ordinarios, monto de la condena con sus intereses, lo establecido por el decreto ley 7887/55, los arts. l, 6, 7, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 y conc. de la 24.432, como así también lo decidido por la sala en cuanto a la forma de retribuir los emolumentos de los peritos médicos, que carecen de arancel propio (conf. LH.620.026 del 30/04/2013 entre muchos otros), corresponde fijar los honorarios de la dirección letrada de la parte actora, Dr. O S. D, Y B y S A, en conjunto, en ($.-); los de la dirección letrada de la parte demandada, Dres. M P, R I, S B, M T y C P, en conjunto, en ($.-); los del perito médico, Dr. N P, en ($.-); los del perito ingeniero, J R. G, en ($.-) y los de la consultora A B. L, en ($.-).-

Por su labor en la alzada que diera lugar al presente fallo, se fijan los honorarios del Dr. D, en ($.-) y los de la Dra. S S. L, en ($.-) mientras que los del Dr. C F. L, en ($.-) (arts. l, 6, 7, 14 de la 21.839 y conc. de la 24.432), sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días.

Notifíquese, a los interesados en los términos de las Acordadas 38/13, 31/11 y concordantes, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase.-

HUGO MOLTENI

SEBASTIÁN PICASSO

(EN DISIDENCIA PARCIAL)

RICARDO LI ROSI

  1. el martes 11. 11 .2014 me dirijia al registro nacional de las personas ubicada en la calle paseo colon y en la vereda de del ese lugar me cai x q falta una baldosa me doble el tobillo y llevaba a mi bebe en brasos . como puedo iniciar tramites con el gobierno de la ciudad .

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