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Un canal de televisión debe indemnizar el daño moral causado por usar la imagen de una mujer en un blooper con tono de burla

shutterstock_86410933Partes: S. B. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.-Canal 13- y otro s/ daños y perjuicios (28676/2007)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 4-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87290-AR | MJJ87290

En tanto las demandadas explotaron comercialmente la imagen de la actora a modo de blooper y en tono de burla, apartándose de las circunstancias en que había sido obtenida, deben indemnizar el daño moral causado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada, condenando a las demandadas a indemnizar a la actora el daño moral que sufriera a raíz de la transmisión en dos oportunidades de una imagen de su persona captada en una manifestación pública contra el corralito en la vía pública, de la cual se extrajo un episodio para ella vergonzoso en donde al hablar, se le caía la dentadura postiza, tratando rápidamente de volvérsela a colocar, pues el uso que se hiciera de la imagen de la actora trascendió al hecho y marco original de la entrevista, debiendo responder ambos demandados por el daño generado, pues han explotado comercialmente la imagen de la actora en contradicción con sus derechos.

2.-Sin perjuicio de que la imagen de la actora haya sido captada en lugar público y que la actora voluntariamente se prestara a que le realizaran una entrevista, ello no autoriza la explotación comercial de la imagen a modo de blooper y en tono de burla, en virtud de lo cual se condena a las demandadas a indemnizar a la actora por el daño sufrido.

3.-Para saber si la publicación es o no es lícita, se debe atender a la finalidad con que se la publica y a las circunstancias en que la imagen fue obtenida, las cuales deben estar directamente relacionadas con motivos de la publicación.

4.-El derecho a la imagen debe protegerse en sí mismo, y con independencia de que su utilización lesione o no algún otro bien jurídico, como es el derecho al honor o el de intimidad, en razón que toda persona tiene que tener la posibilidad de desarrollar su personalidad sin la presión del medio social, ello es así porque están en juego derechos primarios del sujeto.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 04 días del mes de Junio de dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «B», para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: «S., B. c/ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO SA -CANAL 13- y ot. s/ Ds. y Ps.» respecto de la sentencia de fs. 316/323, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: DIAZ SOLIMINE-RAMOS FEIJOO-MIZRAHI- A la cuestión planteada el Dr. Díaz Solimine, dijo:

I.- La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 316/323, hizo parcialmente lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por B. S. contra «Arte Radiotelevisivo Argentino SA -Canal 13-» y «GP Producciones SA».

En consecuencia, condenó a los accionados al pago de una suma de dinero con más los intereses y las costas de el proceso.

Contra el referido pronunciamiento se alzaron las partes, expresando agravios la actora a fs. 465/468, y las codemandadas «GP Producciones SA» y «Arte Radiotelevisivo Argentino SA -Canal 13-» a fs. 469/482 y 497/504, respectivamente. Tales piezas merecieron réplica a fs. 491; 492/496; 506/508 y 509/512.

II. La actora, cuestiona -de manera exclusiva- el justiprecio que se efectuara en la anterior instancia como resarcimiento. En tal sentido, solicita el incremento del mismo en la convicción de que la cuestionada suma luce exigua a la luz de las circunstancias del caso.

Por otra parte, la co-demandada «GP Producciones SA» dirige su queja -en primer término- a la arbitrariedad del decisorio y luego a la interpretación que se hiciera del art.31 de la ley 11.723.

Respecto de esto último, aduce que el carácter de interés público, a la que no existen dudas de que la accionante se expuso voluntariamente, quedaría encuadrado en los términos de las excepciones contempladas por el art. 31 in fine de la ley 11.723. Agrega la encartada que existe una nula interpretación de la conducta de su representada, analizada en autos a la luz de la jurisprudencia existente en materia de libertad de expresión.

Así también, la codemandada «Arte Radiotelevisivo Argentino SA», básicamente con los mismos fundamentos expuestos en el párrafo que antecede se queja de la sentencia de grado. Agrega a lo expuesto que la sentencia no hizo ningún mérito a la cuestión de la falta de participación de su mandante en la producción del programa, tanto en la edición de imágenes como en la decisión de sus contenidos. Por último, critica la indemnización otorgada considerándola desmedida.

III. Procederé seguidamente a analizar las quejas de los recurrentes, aclarando que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso ( ver Fassi-Yañez, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado», Tº I, pág. 825; Fenocchieto-Arazi, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado», Tº 1, pág. 620; CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, etc.).

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611). Por lo tanto, no seguiré a los recurrentes en todas y cada una de sus argumentaciones sino tan sólo en aquellas que sean conducentes para decidir este conflicto. Ello sentado, abordaré las cuestiones que considero sustanciales.

IV.En primer término corresponde aclarar -respecto a la arbitrariedad invocada por los codemandados- que nuestra Corte Suprema, al desarrollar la doctrina de la arbitrariedad de sentencias la ha caracterizado con expresiones tales como «sentencia carente de fundamento, determinada sólo por la voluntad del juez» (Fallos: 235:654 y los allí citados), «sentencia fundada en razones caprichosas» (Fallos: 242:252), o sentencia que consagra una «interpretación manifiestamente irrazonable de los jueces de la causa» (Fallos: 244;309), extremos éstos que, junto a los mencionados por las quejosas: «desacierto total (Fallos 242-179) (.) ausencia palmaria de fundamentos (Fallos 296-177) (.) arrogarse los jueces el papel de legisladores sin sentirse limitados por el orden jurídico existente»(sic); no se verifican en el sub-lite.

Sabido es que la tacha de arbitrariedad es excepcional, requiere la invocación y prueba de la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial, consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, un apartamiento palmario de las constancias del proceso, la omisión de considerar hechos y pruebas decisivas, o la carencia absoluta de fundamentación (conf. esta Sala en autos: «Tomé, N. E. c/Consejo Profesional de Médicos Veterinarios s/imp. de acto administrativo» 10.10.01).-.

En virtud de lo expuesto precedentemente, no dándose los supuestos invocados habré de proponer al Acuerdo que sean desestimadas las quejas sobre este punto.

Efectuada la precedente aclaración, y en orden a motivos de índole metodológico, creo prudente realizar una breve reseña de la etapa constitutiva del presente proceso; ello a lo fines de demarcar con claridad la cuestión a resolver. Veamos.

A fs. 13/17 se presenta B. S. entablando formal demanda de daños y perjuicios contra «ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO SA -CANAL 13-«, y «GP PRODUCCIONES SA». Relata que el día 11 de junio de 2005 el canal mencionado emitió el programa «El ojo cítrico», y su repetición el día 27 de Agosto de 2005, en donde se podía ver una imagen de su persona captada en una manifestación pública contra el «corralito» en la vía pública.De dicha imagen captada por el canal televisivo -Crónica TV- se extrajo un episodio para ella vergonzoso en donde al hablar, se le caía la dentadura postiza, tratando rápidamente de volvérsela a colocar.

Agrega la accionante que luego de una mediación privada seguida contra ARTE RADIO TELEVISIVO ARGENTINO SA y FILMIC SA, éstos se comprometieron a no volver a transmitir dicha imagen, en cuanto ellos dependa (sic). Pero haciendo caso omiso a dicho acuerdo, ARTEAR SA emitió el día 11 de junio de 2005 el programa «El ojo cítrico» -esta vez con la producción de «GP PRODUCCIONES SA»- en donde nuevamente se podían ver las imágenes reeditadas, en tono de burla de mi persona y a modo de blooper.

Luego de intercambio epistolar, y ante un resultado negativo, la pretensora inició mediación privada con ARTEAR SA y GP PRODUCCIONES SA, en donde no se llega a acuerdo alguno y se decide no continuar por decisión de las partes. Concluye su relato sosteniendo que tal cuadro de situación le generó los daños por los cuales reclama.

Fundan su posición en derecho, acompañan y ofrecen la prueba que estiman pertinente; peticionando la favorable acogida de la demanda con más sus intereses y costas.

Corrido el traslado de ley, a fs. 43/50 y fs. 54/64, comparecen por apoderado los co-demandados «ARTEAR S.A.» y «GP PRODUCCIONES», respectivamente; quienes, luego de cumplir con la negativa pormenorizada de los hechos expuestos en la demanda que a los emplazados impone el art. 356 del rito, dan su versión defensiva.

Por el lado del codemandado ARTEAR SA, éste reconoce que si bien se comprometió en aquella conciliación a no volver a transmitir la imagen de la requirente, lo hizo aclarando «en cuanto de ella dependa», y que tal como se lo hizo saber a la actora en el intercambio epistolar, no resulta responsable de la inclusión de los contenidos del programa en cuestión, los cuales está a cargo de GP PRODUCCIONES.A la hora de contestar demanda, este último, sostuvo que la aparición de la actora en «El ojo cítrico» no es apto para lesionar la intimidad, o la honra de la persona que protagoniza esta clase de escenas, a la que voluntariamente, libre y decididamente la propia actora se expuso. Aduce también que fue la actora quien buscó la presencia del ojo electrónico que es la cámara de televisión y que al no haberse anoticiado a su mandante que debía abstenerse de proyectar la imagen pública de la actora, jamás se lo podrá condenar por responsabilidad contractual derivada del incumplimiento del mismo. Así también, sostiene la inaplicabilidad del art. 1071 bis del Código Civil y que la nota emitida por «El ojo cítrico» es el ejercicio regular de un derecho, normado expresamente por el art. 31 in fine de la ley 11.723.

V. Sentado lo expuesto, procederé a considerar ahora al encuadre jurídico de la cuestión, para luego -y en su virtud- resolver el agravio de las vencidas en lo atinente a la atribución de responsabilidad.

Comenzaré diciendo que el derecho a la propia imagen se encuentra genéricamente protegido en el art. 31 de la ley 11.723 sobre «régimen legal de la propiedad intelectual» (Adla, 1920-1940, 443), el cual regula su uso disponiendo que «el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos o, en su defecto, del padre o la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre o los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre». Esta disposición, que ha sido tomada casi literalmente del art. 11 del decreto real italiano de 1925 -el que a su vez se reproduce en líneas generales en la ley italiana de 1941 sobre derecho de autor- debe ser interpretada junto con los arts. 33 y 35 de la misma ley.Estas normas prescriben, respectivamente, que «cuando las personas cuyo consentimiento sea necesario para la publicación del retrato fotográfico o de las cartas, sean varias, y haya desacuerdo entre ellas, resolverá la autoridad judicial», y que «el consentimiento a que se refiere el art. 31 para la publicación del retrato no es necesario después de transcurridos 20 años de la muerte de la persona retratada.».

Así también el Cód. Civil -luego de la Reforma de 1968- ha incorporado el art. 1071 bis, que genéricamente, tutela el denominado derecho a la intimidad cuando sostiene que: «.El que arbitrariamente se entrometiera en la vida ajena publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos o perturbado de cualquier modo su intimidad y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubiese cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez.».

Como se ve, ambas normas aluden al «retrato fotográfico» o «retrato», aunque se entiende que el concepto de imagen debe ser interpretado con sentido amplio. Así también lo entiende reconocida doctrina cuando considera jurídicamente a la imagen como la reproducción de la figura de una persona sobre cualquier soporte material. Originariamente, sólo se tuvo en cuenta el retrato fotográfico, pero existe consenso sobre la extensión de la tutela a cualquier otra forma de exhibición de fisonomía (Conf. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, «Daños a la imagen personal, en La responsabilidad (Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg)», LÓPEZ CABANA, Roberto M. (dir.) – ALTERINI, Atilio A.(dir.), LexisNexis – Abeledo-Perrot 1995, Lexis Nº 1009/001732).

Por otro lado, no puede soslayarse que en la jurisprudencia el derecho a la imagen ha encontrado un fértil desarrollo, que -concordantemente con destacadas posiciones doctrinarias- le ha brindado una importante tutela.

En la línea referida, la Corte Suprema ha dicho que «de una exégesis de la ley 11.723 se extrae que el legislador ha prohibido -como regla- la reproducción de la imagen en resguardo del correlativo derecho a ella, que sólo cede si se dan circunstancias que tengan en mira un interés general que aconseje hacerlas prevalecer por sobre aquel derecho» (ver CSJN, en autos «Lambrechi, Norma B. y otra c/ Wilton Palace Hotel y otro», del 28/06/1988, LL 1989-C- 478). En concordancia con este precedente, la Sala 1° del Tribunal Supremo de España sentenció que «el derecho a la propia imagen es el derecho que cada individuo tiene a que los demás no reproduzcan los caracteres esenciales de su figura sin su consentimiento; en tal sentido, todo acto de captación, reproducción o publicación por fotografía, filme u otro procedimiento de la imagen de una persona en momentos de su vida privada o fuera de ellos supone una vulneración o ataque a tal derecho fundamental» (cfr. Trib. cit., en autos»C. G., F.», del 27/03/1999, publicado en La Ley on line). Por su parte, los tribunales franceses han dicho que «toda persona tiene sobre su imagen y sobre la utilización que de ella se hace un derecho absoluto que le permite oponerse a su reproducción y a su difusión sin su autorización expresa, sea cual fuere el soporte utilizado» (ver Cám. de Apel. de París, sala 14, in re «Halliday, Estelle c. Lacambre, Valentin», del 10/02/1999, publicado en La Ley on line). En Italia, por último, el Tribunal de Milán -el 3 de octubre de 1974- estableció en la causa «Mazzola c/ soc.Franca Bambola» que «el derecho a la imagen sólo puede ser sacrificado en tanto y en cuanto concurran efectiva y actualmente las exigencias de carácter público y social que la ley considera prevalente frente al respeto del derecho de las personas sobre su imagen y teniendo en cuenta al mismo tiempo que el sacrificio de ese derecho personal no puede exceder los límites exactos del interés público» (citado por Villalba y Lipzsyc, op. cit.; con remisión a «Il diritto di Autore», p. 148, 1976).

Así las cosas, esta Sala viene sosteniendo -a la luz de los antecedentes legales, doctrinarios y jurisprudenciales hasta aquí citados- que el derecho a la imagen debe protegerse en sí mismo, y con independencia de que su utilización lesione o no algún otro bien jurídico, como se el derecho al honor o el de intimidad, en razón que toda persona tiene que tener la posibilidad de desarrollar su personalidad sin la presión del medio social. Ello es así porque están en juego derechos primarios del sujeto (ver Villalba y Lipzsyc op. cit. Ver, también, Cifuentes, «Autonomía de los derechos personalísimos a la integridad espiritual», LL 1998-B-702).

VI. Realizado el enfoque jurídico de la cuestión, he de adentrarme al análisis de las quejas vertidas por las partes.

VI.a.- Como fuera manifestado, ambas codemandadas se agraviaron de la aplicación del art. 31 de la ley 11.723.Entienden que la difusión de la imagen de la actora no fue asimilada a las excepciones de dicho artículo.

Referido a ello, debo decir que como fuera desarrollado, la citada normativa prohíbe genéricamente la publicación de la imagen y no solamente su puesta en el comercio; refiriéndose dicho artículo -de manera exclusiva- a todos aquellos casos en que una imagen es difundida sin el consentimiento de la persona a la que corresponde, independientemente de que con esa difusión pública se cause o no una lesión a otros derechos, económicos o morales.

Sin embargo, la prohibición hasta aquí analizada lejos está de ser absoluta, toda vez que el referido artículo contiene sus propias excepciones, al establecer la libre publicación del retrato «.cuando se relaciona con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público.» (conf. Villalba Carlos -Lipszyc Delia «Protección de la propia imagen», LL 1980-815).

Con la expresión «hechos o acontecimientos de interés público», el artículo alude a supuestos en que, como consecuencia de la captación de un hecho público (desfile, manifestación, cortejo fúnebre, acto político, cultural, etc.) se toman y posteriormente se difunden las imágenes de las personas participantes en dichos acontecimientos. Pero para que la excepción opere, es necesario que de la fotografía o imagen resulte evidente que el objetivo principal fue cubrir el acontecimiento público, no la utilización de la imagen o la identificación de una persona, que es extraña al interés público.

Frente a la publicación de imágenes de personas sin requerir su consentimiento fundada en interés público, recuérdese que la libertad de expresión y la necesidad de informar deben armonizarse con los derechos personalísimos de las personas retratadas y que, en particular, cuando la captación de la imagen implica violar la intimidad, no pueden invocarse ni las excepciones del art.31 ni la vigencia de la libertad de información, pues se trata de supuestos de ejercicio abusivo de tales derechos.

Ahora bien, sin perjuicio de que la imagen haya sido captada en lugar público y que -tal como aluden las quejosas- la actora voluntariamente se prestara a que le realizaran una entrevista, ésto no autoriza la explotación comercial de la imagen de la manera que fue motivo de la presente litis. Para saber si la publicación es o no es lícita, se debe atender a la finalidad con que se la publica y a las circunstancias en que la imagen fue obtenida, las cuales deben estar directamente relacionadas con motivos de la publicación (Conf. Belluscio Zannoni «Código Civil y leyes complementarias Comentado Anotado y concordados»- Tomo 8, pág.397).

Sentado lo expuesto, en el sub examine se puede afirmar -sin hesitación- que el uso que se hiciera de la imagen de la actora trascendió al hecho y marco original de la entrevista, en la que ahora intentan apoyarse los emplazados.

Por otro lado, la imagen en cuestión tiene entidad suficiente como para molestar a la pretensora según lo indica el sentido común; o sea, ese conocimiento vulgar que por pertenecer a la naturaleza de los hombres es igual en todos ellos (vid. Jaques Maritain, «Introducción a la Filosofía», p. 101, Club de Lectores, 3° ed., Bs. As. 1944, citado por el Dr. Ramos Feijoó en precedente de esta Sala); lo que me lleva a concluir que válidamente la Sra.S., pudo haberse visto mortificada en su pudor, lo que la habilita a una pretensión como la de autos.

En concreto, ante la utilización por las demandadas de una imagen que nada agregaba al supuesto «interés general» de la entrevista, la conclusión lógica es que deben responder por el daño generado.

Lo manifestado, me lleva a proponer al Acuerdo que las quejas vertidas sobre este punto sean desestimadas.

VI.b.- Otro de los agravios de la codemandada «Arte Radiotelevisivo Argentino SA», apunta a que la sentencia no hizo ningún mérito a la cuestión de la falta de participación de su mandante en la producción del programa, tanto al editar las imágenes como en la decisión de sus contenidos.

Sobre el punto, he de adelantar que la defensa esgrimida por esta codemandada en la falta de injerencia en la producción del programa, tampoco tendrá favorable acogida. Es que ambas han explotado comercialmente la imagen de la actora en contradicción con sus derechos (art. 19 de la Constitución Nacional, 11 de la Convención aludida, 31 de la ley citada y 1071 bis del Cód. Civil), lo que sella la suerte de esta queja.

Por otro lado, aun ante la existencia de un acuerdo entre las codemandadas en lo que hace a la injerencia en la producción de un programa, considero que tal previsión no puede ser opuesta a la pretensora (conf. art. 1195 del Cód. Civil; C. Nac. Civ., sala E, «O., N. C. c. América TV S. A.», del 30/04/2009, en La Ley Online; íd., sala D, «K. de C., A. R. c. L.», del 22/10/2009, en La Ley 2010-A, p. 77; íd., sala H, «S., L. J. c. América Televisión S. A.», del 21/02/2011, en La Ley Online; íd., sala I, «C., O. c. América TV S. A.», del 11/10/2011, en RCyS, 2012-III, p.125).

Corolario de lo expuesto, he de proponer al Acuerdo la confirmación de estos aspectos de la sentencia recurrida en los términos del art. 31 de la ley 11.723, y arts. 1071 bis, 1109 y 1195 del Código Civil.

VII.- Procederé a examin ar ahora los agravios vertidos por las partes en torno al monto de condena.

VII.a.- En lo que al daño moral respecta, esta Sala viene sosteniendo -en casos como el de autos- que el agravio moral es consecuencia necesaria de la violación de uno de los derechos inherentes a la personalidad del sujeto, como lo es el relativo a la propia imagen. Por lo tanto, la sola demostración de dicha transgresión será en sí misma prueba de la existencia del daño, que consiste en el disgusto propio de sentir agredida dicha personalidad. La demostración de la inexistencia del daño (inversión del onus probandi), corresponderá en el supuesto al responsable del hecho (ver Gregorini Clusellas, op. cit.).

No es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima. Sólo ella puede saber cuanto sufrió, pues están en juego sus vivencias personales.

Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Cfe. Orgaz Alfredo «El daño resarcible» pág. 187; Brebbia, Roberto «El daño moral»n* 116; Mosset Iturraspe, Jorge «Reparación del dolor: solución jurídica y de equidad», LL 1978-D-648).

Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (Cfe. Fischer Hans A.»Los daños civiles y su reparación» pág. 228).

Es indudable que el sufrimiento de la actora a partir del hecho de marras originó un daño de la naturaleza indicada, destacando que el quantum indemnizatorio habrá de incrementarse; por lo que en uso de las facultades contempladas por el artículo 165 del CPCCN, fijo las sumas en pesos veinte mil ($ 20.000), conclusión que lleva implícita el acogimiento parcial de los agravios esgrimidos por la parte actora.

VII.b.- Respecto del daño psicológico, mientras la parte actora entiende que la suma consignada en la instancia de grado es insuficiente, no resultando una justa reparación de ese perjuicio, los emplazados la consideran exorbitante e infundada.

El daño psíquico configura un detrimento a la integridad personal, por lo que para que éste sea indemnizado independientemente del moral, debe producirse -o de existir agravarse- como consecuencia del hecho generador de la presente litis. Esto se da en una persona que presente luego de producido ese suceso, una disfunción, un disturbio de carácter psíquico, objetivado en pruebas de la especialidad.

En el caso, a través de la experticia se señaló que la actora -conforme lo verificado en las entrevistas- ha sufrido un daño psíquico, que guarda relación de concausalidad con el hecho de autos (depresión agravada). Si bien el dictamen fue impugnado, no puede soslayarse que el art.458, in fine, del ritual, autoriza a las partes a designar un consultor técnico; el que -contando con la idoneidad del caso- está en condiciones de glosar a la causa no sólo una mera impugnación insustancial sino una verdadera contra experticia que lleve al ánimo del juez de que son acertadas sus operaciones técnicas y fundamentos científicos, en lugar de los volcados por el perito designado de oficio.

Así corresponde aceptar y valorar las conclusiones de la experta en los términos del artículo 477 del CPCCN.

En función de todo lo explicitado, teniendo en cuenta que los sentimientos de insuficiencia, declinación y tristeza tenían origen en sus imposibilidades físicas y que se vieron profundizados por el episodio de marras; considero que la suma otorgada por este concepto debe ser mantenida, lo que propondré al Acuerdo (arg. art. 165 del CPCCN).

Por las consideraciones antes expuestas, propongo al Acuerdo que se confirme la sentencia apelada en lo principal que decide, y se modifique el monto por el que prospera la demanda, que será de $ 25.000; con más sus intereses, según lo resuelto en los acápites precedentes. Costas de Alzada de igual modo que en la instancia de grado. Así lo voto.

Los Dres. Ramos Feijóo y Mizrahi, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Díaz Solimine, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:

DIAZ SOLIMINE.

RAMOS FEIJOO.

MIZRAHI-

Es fiel del Acuerdo.-

Buenos Aires, Junio 04 de 2.014.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, modificando el monto por el que prospera la demanda, que será de $ 25.000; con más sus intereses, según lo resuelto en los acápites precedentes. Costas de Alzada de igual modo que en la instancia de grado.

Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia, difiérese la adecuación dispuesta por el art. 279 del Código Procesal respecto de las regulaciones practicadas a fs. 323, así como la determinación de los honorarios correspondientes a la tarea desplegada en la Alzada, hasta tanto exista liquidación definitiva aprobada (conf. art. 1 de la ley N° 24.432).

Asimismo hágase saber a la señora Juez de grado que deberá proceder a regular honorarios a la totalidad de los profesionales que han intervenido en estas actuaciones previamente a la oportuna elevación a este Tribunal.

Regístrese, notifíquese por cédula por Secretaría.

Fecho, publíquese (c. Acordada 24/2013 CSJN).

Cumplido, devuélvanse las actuaciones a primera instancia.-

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