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Responsabilidad de la Municipalidad por el accidente sufrido por el ciclista al resbalar con aguas servidas que se encontraban en la calzada.

shutterstock_33977890Partes: L. O. C. c/ Municipalidad de Córdoba s/ cosa riesgosa – municipalidades – poder de policía

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Sala/Juzgado: Sexta

Fecha: 3-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-87349-AR | MJJ87349

Responsabilidad de la Municipalidad por el accidente sufrido por el ciclista al resbalar con aguas servidas que se encontraban en la calzada.

Sumario:

1.-Encontrándose probado que el daño sufrido por el ciclista reclamante se debió al inadecuado mantenimiento de la calle, dada la existencia de aguas servidas, corresponde condenar al municipio en los términos del art. 1113 , 2 punto, segundo apartado del CCiv., ya que además el siniestro ocurrió en una calle, incorporada al dominio público, y que por ende se encuentran bajo el poder de policía de la demandada.

2.-Frente al contacto del biciclo conducido por el actor, cabe considerar al agua servida como riesgosa, en tanto se erige en un obstáculo para quien transita por la calle, y por ende debe deducirse que el siniestro se produjo por el riesgo de la cosa».

3.-Atento la función en el mantenimiento del buen estado de la vía pública, es razonable exigir a la autoridad de aplicación un actuar inmediato, de manera que la imprevisibilidad como eximente de responsabilidad se encuentra, en este caso, restringida y encorsetada de forma tal que responde hasta el límite del caso fortuito.

4.-El poder de policía es una potestad del Estado para establecer limitaciones a los derechos privados bajo nuevos títulos de intervención a los que fueran otrora admitidos a esa intervención estatal (seguridad, salubridad y moralidad), con la finalidad esencial de satisfacer el bien común.

Fallo:

En la Ciudad de Córdoba, a las horas del día 03 de julio de dos mil catorce, se reunieron en Audiencia Pública los Señores Vocales de esta Excma. Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en presencia de la Secretaria autorizante, en estos autos caratulados:

«L., O.C. C/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA -ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO – RECURSO DE APELACIÓN – EXPTE. N° 466874/36» en virtud de los recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia Número Ciento Veintisiete de fecha diecisiete de mayo de dos mil trece dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia y Octava Nominación Civil y Comercial, Dr. Fernando E. Rubiolo, quien resolvió: «I) Acoger parcialmente la demanda incoada por el Sr. O.C. L., ., en contra de la Municipalidad de Córdoba y, en consecuencia, condenar a éste último a abonar a la actora la suma de Pesos cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y uno con 90/100 ($ 58.861,90), con más los intereses fijados en el Considerando respectivo, de lo que corresponde la suma de Pesos cincuenta y un mil ochocientos sesenta y uno con 90/100 ($ 51.861,90) en concepto de daño lucro cesante, y Pesos siete mil ($ 7.000) por daño moral. II) Imponer las costas en un ochenta por ciento (80%) a cargo de la parte demandada y en un veinte por ciento (20%) a cargo del actor. III) Regular, en forma definitiva, los honorarios del Dr. Ángel Eduardo Vargas en la suma de ($.); los de los Dres. Alfredo Emilio Mansilla y Silvia O. Servino, en conjunto y proporción de ley, en la suma de ($.); y los del Dr. Pablo A. Cabrier en la suma de ($.). Regular los honorarios, en forma definitiva, del Perito Oficial Médico Dr. Oscar Mustafá y del Perito Oficial Psiquiatra Dr. C. Eleazar Garzón en la suma de ($.), para cada uno de ellos; y los de los Perito de Control Psiquiatras Dra. Adriana Leticia Correa y Dra.María del Pilar Maestre en la suma de ($.) para cada uno de ellos y los que serán a cargo de sus proponentes. Prot.», aclarado mediante Auto Número Trescientos Cincuenta y Dos de fecha cuatro de junio de dos mil trece, en el cual se dispuso: «I) Aclarar la Sentencia n° 127 de fecha 17 de mayo de 2013, en cuanto a la Ley aplicable a la regulación de los honorarios del Dr. Ángel Eduardo Vargas, debiéndose aplicar para tal caso las disposiciones de los arts. 25, 26, 27, 29, 34, 36, 42 de la Ley 8226; y rechazar la aclaratoria solicitada con respecto a la supuesta omisión de la mención expresa de la base regulatoria y los porcentajes aplicable para aquélla. Prot…»

El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Proceden los recursos de apelación?.

2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

Previo sorteo de ley los Señores Vocales votaron de la siguiente manera:

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ALBERTO F. ZARZA A LA PRIMERA CUESTIÓN DIJO:

I) A fs. 250 el Dr. Baretta en su carácter de apoderado de la Sra. Juillerat, interpone recurso de apelación en contra de la Sentencia dictada, expresando los fundamentos de sus agravios.

Manifiesta que esa parte se agravia de los intereses que se resuelve aplicar respecto del importe de la demanda que prospera en esta causa, intereses que no se compadecen de la doctrina sentada por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba en la causa «Hernández, Juan C.c/ M a t r i c e r í a A u s t r a l – D e m a n d a – R e c u r s o d e Casación».-

Reclama a partir del 07/01/2002 y hasta la fecha del efectivo pago la aplicación de un adicional del dos por ciento mensual (2%) nominal en consonancia con la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia en la causa relacionada.

Refiere que se impugnan los intereses aplicados por los períodos que van desde el 07/08/2003 y hasta el 19/12/2010, a razón de un adicional del 0,5% mensual, como que se impugna la aplicación de un interés adicional del 1% mensual por el período que va desde el 20/12/2010 hasta el 22/07/2012.

Esgrime que la modificación de los intereses, tal como lo pretende por el recurso de apelación, modifica la formación de la base regulatoria y, en consecuencia, se debe modificar la regulación de los honorarios del fallecido Dr. Ángel Eduardo Vargas, en proporción a los trabajos realizados por el mismo, razón por la que, por la representación que ejerce, se recurre la regulación de los honorarios profesionales del abogado mencionado.

II) Notificadas en los términos del art. 121 del Código Arancelario, ni la actora ni la demandada dicen algo.

III) La Municipalidad de Córdoba también apelante, presenta escrito de expresión de agravios a través de su apoderado, Dr. Pablo Alejandro Cabrier, el que obra a fs.283/289.

Refiere que la sentencia carece de fundamentación lógica y legal y que agravia a esa parte la manera en que el a quo determina y tiene por cierto la mecánica del hecho y en consecuencia la acreditación de los presupuestos de la Responsabilidad Civil, para terminar atribuyendo responsabilidad a su mandante por el siniestro acaecido.

Expone que el único testigo que refiere sobre el hecho y en cuyo testimonio se basa el sentenciante para tener por acreditada la «mecánica del hecho en los términos aducidos por el accionante» es el Sr. Jorge Eduardo Torino (fs. 120 y vta.), y el mismo no presenció el hecho, emite sólo una conclusión, pero nada que advirtiera por sus sentidos. Dice que el testimonio receptado no dice lo sucedido ni aporta elementos para dilucidar lo denunciado por el actor en la demanda. Resalta que el testigo no es presencial de modo que sus dichos no pueden tenerse como verdad absoluta a los fines de determinar cómo habría ocurrido el accidente y que más aún, refiere un sentido de circulación inverso al denunciado en la demanda. Indica que es ese testimonio sobre el que se basa el a quo para tener como una verdad absoluta la versión de los hechos aducidos por el actor en la demanda. Expresa que el testigo no conoce la causa de la caída, que no la percibió, que la presume y que del relato del testigo no puede inferirse que la verdadera causa de la caída fuera la existencia de agua servida en la calle y/o que ésta tenga una relación causal con la caída.Entiende que no se ha acreditado la relación de causalidad necesaria, entre la existencia en el lugar del hecho de aguas servidas y la caída del actor de un bicirodado como consecuencia de ello.

Destaca que no se encuentra acreditada la causa de la supuesta caída del actor.

Refiere que el testimonio no puede ser de recibo, que el mismo es débil y vago.

Expresa que el a quo apoya sus conclusiones en declaraciones testimoniales que conocen del hecho por «comentario de terceros», y que no tienen dichas testimoniales la fuerza convictoria necesaria para llegar a la conclusión a la que llega el sentenciante.

Agrega que agravia a esa parte que se considere en las presentes actuaciones a las aguas servidas que puedan encontrase en las vías de tránsito, una cosa riesgosa para la circulación vehicular, en tanto se erige como un obstáculo imprevisto e inadvertido para quien transita por la calle. Manifiesta que claramente viola el aquo el principio de no contradicción, al considerar a las aguas servidas como un obstáculo imprevisto e inadvertido y por ello una cosa riesgosa, para más adelante tener por acreditado que era habitual la existencia de agua servida en la intersección de las calles Mendoza y Trafalgar y que era normal que ocurrieran accidentes en dicho lugar y como consecuencia del agua servida. Aduce que dicha calificación de cosa riesgosa, invierte la carga de la prueba y coloca a la Municipalidad de Córdoba en la imposible y titánica tarea de patrullar en forma constante la totalidad de las calles, veredas y espacios públicos de la ciudad, velando por el correcto estado de la calles y demás vías de circulación y posterior acreditación de un elemento extraño que rompa el nexo de causalidad.

Expresa en forma subsidiaria que la cuantificación efectuada en la primera instancia respecto al daño moral es elevada y debe reducirse en un cincuenta por ciento. Cita jurisprudencia.Refiere que en autos no hay elemento de prueba alguno dirigido a probar el daño moral o bien ni siquiera a permitir cuantificar el mismo. Sostiene que el razonamiento del aquo se ha abstraído de la debida fundamentación lógica y legal.

Señala que el a quo considera pronunciamientos anteriores, que no individualiza, siendo su afirmación absolutamente dogmática y que lesiona el derecho de defensa de su representada.

Finalmente refiere que agravia a su representada el período de intereses mandados a pagar para el rubro lucro cesante pasado (desde el hecho hasta el efectivo pago).

Esgrime que cuando se fijó el lucro cesante pasado se realizó un cálculo determinando la Pérdida Patrimonial Mensual en la suma de $ 288 y es a dicho monto mensual, que se le deberá aplicar los intereses desde que el mismo es devengado (mes a mes desde el hecho hasta la sentencia) y no capitalizando todas las mensualidades para luego pretender aplicar intereses desde el hecho h a s t a e l e f e c t i v o pago.

Explica que eventualmente el lucro cesante pasado, se deberá liquidar mes a mes por la suma de $ 288 y aplicarle a dicho monto los intereses mandados a pagar a medida que se fueron devengando las pérdidas patrimoniales (cada mes) y hasta la resolución en crisis.

IV) Corrido traslado de acuerdo a lo dispuesto por el art. 372 del C.P.C., la contraria lo contesta a fs. 291, escrito al que corresponde remitirse en honor a la brevedad.

V) A fs. 295/297 obra escrito de expresión de agravios presentado por el Dr. Luis Antonio Baretta, apoderado de la Sra. María Teresa Juillerat, viuda de segundas nupcias de Ángel Eduardo Vargas.

Remite a los agravios que fueron expresados a fs. 250, señalando que los alcances de los agravios de esa parte, se encuentran limitados exclusivamente a la cuestión de la regulación de honorarios a favor del Dr.Ángel Eduardo Vargas.

Expone que efectuando las liquidaciones correspondientes tal como el Juez ha fijado los intereses, se obtiene un monto total de pesos ciento sesenta y seis mil novecientos treinta y dos con 86/100 ($ 166.932,86), que debió constituir la base económica para la regulación de los honorarios del Dr. Vargas y que la regulación a ese letrado alcanza la suma de pesos dieciséis mil seiscientos noventa y tres con veintiocho centavos ($ 16.693,28).

Esgrime que el monto de la regulación practicada constituye agravio a su parte, pues el monto regulado en forma definitiva que fueron fijados a favor del Dr.

Ángel Eduardo Vargas constituyen el producto del error del sentenciante, toda vez que, tal como se deja demostrado, el monto de la regulación que ha correspondido para el Dr. Vargas debe ascender a la suma de pesos dieciséis mil seiscientos veintitrés con noventa y ocho centavos ($ 16.693,28), mientras este Tribunal mantenga la base económica para la regulación de los honorarios.

Expone que le agravia la conformación de la base regulatoria para la regulación de los honorarios del Dr. Ángel Eduardo Vargas, y manifiesta que el modo de aplicación de los intereses por parte del Juez A quo afecta los intereses patrimoniales de su representada.

Sostiene que respecto al primer tramo por los días que van desde el 02- Enero-2002 y hasta el 06-Enero-2002, en que se liquidan intereses a razón de la Tasa Pasiva Promedio que publica el B.C.R.A., con más el 0,5% mensual nominal, en concepto de adicional, nada debe objetarse. Expresa que se agravia respecto del modo de liquidar intereses a partir de la fecha del día 07- Agosto-2003 y hasta el 22 de Julio de 2012, reclamando la aplicación de la Tasa Pasiva Promedio que publica el B.C.R.A., con más el 2% mensual nominal, en concepto de intereses adicionales. Aduce que es de aplicación al caso la doctrina fijada por el Excmo.Tribunal Superior de Justicia en causa caratulada «HERNANDEZ JUAN C. C/ MATRICERIA AUSTRAL S.A. –

RECURSO DE CASACIÓN».

Explica que por la vía propugnada por esa parte, se obtiene una base regulatoria total de pesos doscientos cincuenta y nueve mil doscientos diez con siete centavos ($ 259.210,07) para el cálculo de los honorarios del Dr. Ángel Eduardo Vargas, y que aplicando el punto medio de la escala del Art. 34 de la Ley 8226 y tomando el cuarenta por ciento en razón de la etapa cumplida por el Dr. Vargas se obtiene una regulación de pesos veintidós mil doscientos noventa y dos con seis centavos ($ 22.292,06) como valor de la regulación definitiva y es la que esa parte reclama.

VI) Corrido traslado de acuerdo a lo dispuesto por el art. 372 del C.P.C. a la contraria, a fs. 299 lo evacua la parte actora y a fs. 302/304 la parte demandada, e s c r i t o s a l o s q u e c o r r e s p o n d e r e m i t i r s e e n h o n o r a l a brevedad.

VII) Dictado y firme el decreto de autos, queda la causa en estado de resolver.

VIII) Conforme el tenor de los agravios expuestos, corresponde tratar en primer lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, desde que en el se cuestiona principalmente lo atinente a la atribución de responsabilidad.

IX) Análisis del Recurso de Apelación planteado por la demandada.

IX. a) De la lectura del escrito de impugnación se infiere que la apelante se queja de la manera cómo el A-quo determina y tiene por cierta la mecánica del hecho y en consecuencia le atribuye responsabilidad a su parte.

Ataca el testimonio del Sr. Torino, expresando que refiere un sentido de circulación inverso al denunciado en la demanda y que no es testigo presencial.—Sin embargo del análisis integral del testimonio que obra a fs.120, se extrae que aún cuando el declarante en su relato refiere que el actor venía de sur a norte (al contrario que la demanda), lo cierto es que ello resulta un dato irrelevante ya que no sólo señala coincidentemente con la demanda las mismas calles por la que el Sr. L. venía y por la cual dobló, sino que además claramente expone cómo fue el accidente ocurrido y la asistencia que él prestó seguidamente. Cabe agregar que si bien el testigo no se explayó en la descripción de la bicicleta o en la hora del hecho, ello no resta validez probatoria a este testimonio en relación a la caída del actor, es más el testigo precisó que el Sr. L. se cayó «porque había agua toda babosa, agua servida, que se junta en la esquina de Mendoza y Trafalgar, que el día era lindo que no había tormenta ni nada (…)» (fs. 120).

Asimismo es pertinente destacar que aunque el resto de los testigos declarantes no presenciaron el hecho acaecido el 02/01/2002, lo cierto es que todos ellos, vecinos o ex vecinos de la zona, refirieron a la existencia de agua servida que corría de forma habitual por la calle Mendoza y a los varios episodios de caídas producidas a causa de ello.

De esta manera, en base a lo supra expuesto y valorando la totalidad de la prueba rendida en autos, se arriba a la misma conclusión que el Sentenciante, en cuanto que se tiene por debidamente probada la ocurrencia del hecho dañoso como así también, que el mismo obedeció a la existencia de agua servida en la esquina de calles Mendoza y Trafalgar.

De este modo siendo que el siniestro ocurrió en una calle, incorporada al dominio público, y que por ende se encuentran bajo el poder de policía de la Municipalidad de Córdoba, es que encontrándose probado que el daño se debió al inadecuado mantenimiento de la calle, función propia del municipio, es que se torna aplicable el art.1113, 2 punto, segundo apartado del C.C., tal como lo entendió el A – quo.

Es dable mencionar que el art. 28 del Código de Tránsito Municipal (Ordenanza 9981) dispone que «cuando la seguridad y/o fluidez de la circulación estén comprometidas por situaciones y obstáculos anormales, tanto la Autoridad de Aplicación como la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial deben actuar de inmediato, según su función, advirtiendo del riesgo a los usuarios y coordinando su accionar a efectos de dar solución de continuidad al tránsito…».

La norma se justifica, pues atento la función en el mantenimiento del buen estado de la vía pública, es razonable exigir a la autoridad de aplicación un actuar inmediato, de manera que la imprevisibilidad como eximente de responsabilidad se encuentra, en este caso, restringida y encorsetada de forma tal que responde hasta el límite del caso fortuito.

En cuanto a la responsabilidad del Estado por los daños causados en virtud del mal estado de las calles, vale recordar algunos conceptos en relación a aquella potestad reglamentaria de los derechos constitucionales que se ha dado en llamar «Poder de Policía».

Se trata, de las limitaciones a los derechos individuales, en razón del interés público. Se ha denominado» El poder de policía -o norma de policía-«como una medida coactiva con arreglo a derecho para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública, en tanto la policía es la puesta en práctica de tal limitación de la actividad privada (intervención administrativa que afecta la libertad); actividad de limitación de derechos o imposición de obligaciones, traducidas en poderes jurídicos que el ordenamiento atribuye al Estado, a fin de hacer compatibles los derechos particulares con el bien común, (ED, 1997-1583, SCBA-LP, en internet).

El poder de policía reconoce como fundamento una ley de necesidad.El juez de la Suprema Corte de los EE.UU., Cooley, explicaba uno de sus votos que «la policía de un Estado, en su sentido amplio, comprende su total sistema de regulación interior, por el cual el Estado busca, no sólo preservar el orden público y prevenir ofensas contra el Estado, sino también establecer para la vida de relación de los ciudadanos, aquellas reglas de buenas maneras y de buena vecindad que se suponen suficientes para prevenir un conflicto de derechos y para asegurar a cada uno el goce ininterrumpido de lo suyo propio, hasta donde es razonablemente compatible con igual goce de derechos de los demás» (Thomas M. Cooley, «A Treatise on the Constitutional Limitations», 1903, Boston, p. 829, citado por Vázquez, R. F., «Poder de policía», 1957, p. 29).

Dicho poder se extiende a todo lo esencial para la seguridad, salud y moral públicas, (cf.: voto del Dr. Eduardo L. Fermé, C. Nac. Civ., Sala «I», 27/3/2001, de Tránsito»Consiste el poder de policía en la potestad jurídica en cuya virtud el Estado, con el fin de asegurar la libertad, la moralidad, la salud y el bienestar general de los habitantes, impone, por medio de la ley y de conformidad con los principios constitucionales, limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales, (cf.: «Manual de Derecho Constitucional», autores varios, T. 1, pág. 28, Ed. Advocatus, Córdoba, 1.993).

De ahí que deba admitirse que el Estado está facultado para intervenir, por vía de reglamentación, en el ejercicio de ciertas actividades a efecto de restringirlo o encauzarlo en la medida en que lo exijan la defensa y el afianzamiento de la salud, la moral o el orden público, (Fallos 322:2780).

«El poder de policía es una potestad del Estado para establecer limitaciones a los derechos privados bajo nuevos títulos de intervención a los que fueran otrora admitidos a esa intervención estatal (seguridad, salubridad y moralidad), con la finalidad esencial de satisfacer el bien común (Cassagne, Juan C., «Derecho Administrativo», t.II, Abeledo – Perrot, Bs. As., 1998, págs. 450 y ss.). El poder de policía así definido se traduce en el poder de legislación mediante leyes y reglamentos que limitan el ejercicio y contenido de los derechos individuales, para hacerlos compatibles con los derechos de los demás o con el fin del bien común.

Es dable destacar que la generalidad de las testimoniales refieren a la existencia de agua babosa, servida, en la calle Mendoza que vendría de asentamientos vecinos, y que ha habido varios accidentes por esa cuestión.

La seguridad jurídica, la educación, el control externo de la empresa, la protección del ambiente, la búsqueda de la igualdad de los ciudadanos, la conformación de un nivel básico de garantías mínimas son las principales tareas del Estado contemporáneo. Es en este último campo donde advertimos la relación con nuestro tema, ya que la seguridad de las personas, amenazada como consecuencia de la circulación de automotores, aviones, barcos, motos, es un tema inherente a las políticas públicas, tanto en el orden nacional como provincial y, especialmente, en el municipal. La primera premisa es, entonces, que la seguridad ciudadana en el ámbito de la circulación es una de las funciones del Estado (LORENZETTI, R., Accidentes de tránsito y responsabilidad del Estado por omisión, en Revista de Derecho de Daños 1, Accidentes de tránsito – I , Rubinzal Culzoni , Santa Fe , 1 9 9 8 , p .70).

En autos se ha responsabilizado al Estado Municipal en virtud del art. 1113 del Código Civil.

Es que en función de las circunstancias, una depresión, pozo, zanja, excavación, montículos de piedras o tierra, u obstáculos similares, emplazados en la vía pública, en lugares de circulación vehicular o peatonal, pueden ser considerados generadores de riesgo en los términos del art. 1113 del Código Civil (KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., en BELLUSCIO – ZANNONI, Código Civil y leyes complementarias, t. 5, art. 113, Ed Astrea, Bs. As., p. 531; TRIGO REPRESAS, F.- LOPEZ MESA, M., Tratado de la responsabilidad civil, t. III, La Ley, Bs. As., 2004, p. 353; CNCiv., Sala A, 04/03/86, LL 1986 – E-571; CNCiv, Sala F, 04/08/99, RCyS 2000-454; STJ Corrientes, 27/02/04, Actualidad Jurídica de Córdoba N° 73, marzo 2005, p. 4564, citados por PIZARRO, R., Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, T. II, La Ley, Bs. As., 2006, p. 462).

Trigo Represas y López Mesa citan un fallo en donde se dijo que el obstáculo dado por la tierra amontonada en la ruta, de noche y sin señalización, configura un elemento de riesgo cierto abarcable por la preceptiva del art. 1113 C.C. aunque no constituya propiamente una cosa en el sentido técnico-jurídico. Sí lo es en el marco de la normativa que erige a tal elemento de riesgo como dato nuclear de la imputación (TRIGO REPRESAS, F. – LOPEZ MESA, M., ob. cit., T . I I I , p .354).

También se ha considerado con similar perspectiva a la existencia de un montículo de tierra y adoquines, sin señalizar, puesta sobre la calzada, provengan los mismos de obras públicas o privadas (CCiv.Com. Azul, Sala 2ª, JA 1998- II-222); a las veredas rotas o invadidas de escombros u obstáculos (CNCiv., Sala G, 14/12/87, LL 1988-E-507; CNFed. Civ. Com., Sala III, DJ 2004-3-874; CNCiv, Sala E, 02/10/03, DJ 2004-I-351; CNCiv, Sala K, 12/08/03, RCyS 2004-977); a la existencia de baches o pozos de importante dimensión en la calzada (CNCiv, Sala K, 12/08/2003, RCyS 2004-977; Cam. 1ª C. y C., Cont.

Adm.Río Cuarto, 24/02/98, RCyS 1999-384), o de alcantarillas en mal estado de conservación (CN Civ, Sala M , 0 8 / 0 9 / 2 0 0 0 , RC y S 2 0 0 1 – I-626).

En ese orden no cabe duda que la presencia de agua servida en la calle, constituye un riesgo para la circulación vehicular .

En efecto, frente al contacto del biciclo conducido por el actor, cabe considerar al agua servida como riesgosa, en tanto se erige en un obstáculo para quien transita por la calle, y por ende debe deducirse que el siniestro se produjo por el «riesgo de la cosa».

Es así que, el fundamento de la atribución de la responsabilidad indemnizatoria a la accionada, halla su base en el deber de responder del Municipio demandado, por endilgársele la existencia de una conducta antijurídica, que se identifica con la omisión de tomar las medidas de seguridad y recaudos necesarios a los fines de garantir a todo ciudadano el tránsito por la vía pública de manera segura.

Es dable resaltar que la parte demandada había ofrecido (fs. 176) como prueba oficiar a la Dirección de Redes Sanitarias y Gas a fin de que informe si obraba en su registro denuncia y/o inspección de que en la calle Mendoza esquina Trafalgar de esta ciudad, con fecha 02/01/02, escurrían por dichas arterias aguas servidas, pero dicha prueba no fue diligenciada.

En suma, se responsabiliza a la Municipalidad de Córdoba por la omisión de cumplimentar aquellos actos destinados a la adopción de medidas de seguridad, poniéndose de relieve un inadecuado ejercicio del poder de policía.

Resulta atinado remarcar, que en el caso, la demandada no alegó de manera específica y concreta la existencia de una eximente de responsabilidad, lo cual, según el nuevo criterio sentado por el Alto Cuerpo en autos: «CAMPELLONE LLERENA, MARIANO TOMÁS C/ ANDRADA, ISIDRO Y OTRO – RECURSO DE APELACIÓN – EXPED. INTERIOR (CIVIL) RECURSO DE

CASACIÓN» (Expte. C-62/08)» (Sent.Nº 215 del 28/09/11) impide al Tribunal considerar su configuración, debiendo limitarse en ese supuesto, a disponer la atribución de responsabilidad conforme al factor de atribución que impere en el caso en análisis.

No obstante lo expuesto, este Tribunal entiende que debe primar el criterio sentado en autos «Almada» pues el hecho de que no se haya alegado al contestar la demanda no releva al juzgador de verificar la existencia de todos aquellos presupuestos que autorizan una atribución de responsabilidad, tal como se resolviera en autos: «BAIGORRIA ARIEL WALTER C/ ACOSTA DARIO Y OTRO . ORDINARIO. DAÑOS Y PERJ. EXPTE. Nº 1135339/36» (Sent. Nº 148 – 16/08/12).

Aún adoptando esta postura, se advierte que en el caso no existe eximente de responsabilidad capaz de fracturar la atribución de responsabilidad que recae sobre el Municipio, motivo por el cual y conforme a todos los fundamentos arriba expuestos, corresponde confirmar lo resuelto en relación a la responsabilidad de la de mandada por el siniestro.

IX. b) A esta altura, he de ingresar al análisis de la queja por la cual se cuestiona la cuantía indemnizatoria asignada en concepto de daño moral.

Las constancias de autos dan cuenta de las lesiones sufridas, de su intensidad y de las secuelas que necesariamente van a alterar el ejercicio normal y regular de su actividad cotidiana.

El actor sufrió a raíz del siniestro la fractura de tibia y peroné de su pierna izquierda, habiéndosele diagnosticado disbasia (fs.162). El Sentenciante determinó una incapacidad total del treinta y dos por ciento (32 %) utilizando el «sistema residual», lo cual no se encuentra cuestionado en esta instancia.

El cuadro que se presenta justifica debidamente la procedencia del reclamo indemnizatorio por cuanto posee la virtualidad de producir una afección y/o alteración espiritual.

En cuanto al monto asignado, corresponde destacar que el fijar ese quantum indemnizatorio es un aspecto aún librado al «prudente arbitrio judicial» con el sólo auxilio de algunas guías cualitativas y pautas objetivas.

Debe resarcirse con forma prudente y dentro de un marco de equidad, impidiendo que se transforme en una fuente de enriquecimiento indebido o abuso del derecho.

La determinación sobre su procedencia depende de la apreciación de las circunstancias de hecho y de las cualidades morales de la víctima, para establecer en forma presunta la relación entre el hecho lesivo y su posible repercusión en la esfera de su intimidad (cfr. Bustamante Alsina, Equitativa valuación del daño no mensurable, LL. 1990 A. 655/656).

Para resarcirlo no existen cánones fijos: es preciso analizar en cada caso hasta que punto está afectado el estado anímico y espiritual del damnificado (CNCiv, sala E, 24/9/74, LL 1975-A-573).

Cada Juez pone en juego su personal sensibilidad para cuantificar la reparación, la cantidad de dinero necesaria para servir de compensación al daño. Es la que sugiere caso por caso su particular apreciación y comprensión del dolor ajeno.

Frente al damnus certum que se tiene por probado re ipsa el cuantum queda librado a la equidad del arbitrum iudicis» (A.I. n° 586, del 20-11-89; Sent. n° 68 del 12-12-86; Sent.n° 37 del 4-6-97).

Existe una remisión a la práctica judicial, como parámetro a ponderar en la fijación del daño moral, que goza de amplio respaldo doctrinario, como medio para superar la «incertidumbre generada en la reparación del daño y la consiguiente disparidad de tratamiento jurídico de quienes se encuentran en semejantes situaciones fácticas» (Zavala de González, Matilde: «¿Cuánto por daño moral?, J.A. 1987-III, pág. 823 y ss).

De esta manera, tomando en cuenta los parámetros subjetivos (situación personal de la víctima) y objetivos (índole del hecho lesivo y sus repercusiones), cuanto los antecedentes de este Tribunal de Alzada en autos: «JUNCOS, OLGA ESTELA C/ CABRERA, ALEJANDRO DANIEL Y OTRO – ORDINARIO –

DAÑOS Y PERJ. – ACCIDENTES DE TRANSITO – EXPTE. N° 533762/36″ (Sentencia N° 25 del 15/03/06) en el cual se otorgó al actor una indemnización en concepto de daño moral igual a la suma de pesos dos mil quinientos frente a secuelas incapacitantes del 15%; y en especial en autos:

«COMINI, EDUARDO JOSE C/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA –

ORDINARIOS – OTROS – RECURSO DE APELACION – EXPTE. Nº 1864798/36″ (Sentencia N° 244 del 05/12/2012) por la similitud de lo acaecido, en donde se consideró justo fijar en concepto de daño moral la suma de pesos $ 10.000 debido a lesiones incapacitantes del 15%, se deduce que el monto asignado por el Juzgador resulta ajustado a derecho teniendo en cuenta el tenor de las lesiones y lo que evidencian los criterios jurisprudenciales.

IX. c)- En cuanto a la queja referida a cómo deben aplicarse los intereses correspondientes al rubro lucro cesante pasado, cabe decir que corresponde su admisión por cuanto este Tribunal tal como lo ha expuesto en autos:

«DELLECARBONARA, MERCEDES VIVIANA C/ GUIMIL, JUAN – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRÁNSITO – RECURSO DE APELACIÓN- EXPTE.N° 286377/36» (Sentencia N° 25 de fecha 09/04/2013) -entre otros-, entiende que se establece el momento inicial del cómputo de los intereses de ese rubro desde que cada suma debió ser abonada.— Ello así, con base en todo lo expuesto, corresponde acoger parcialm ente el recurso de apelación interpuesto por la demandada, debiéndose calcular los intereses correspondientes al rubro lucro cesante pasado de conformidad a lo indicado supra.

En relación a las costas de la Alzada, cabe decir que tratándose los agravios sobre el monto de daño moral y la fecha de inicio de los intereses, cuestión que queda en definitiva a consideración de los jueces y conforme lo resuelto por este Tribunal en anteriores resoluciones las mismas se imponen por su orden, debiéndose en consecuencia imponer costas a la demandada apelante sólo por ser vencida en relación al primer agravio (atribución de responsabilidad).

X) Análisis de los recursos de apelación interpuestos por el Dr. Baretta en su carácter de apoderado de la Sra. María Teresa Juillerat.

Tras el estudio de las presentaciones de la apelante que obran a fs. 250 y fs. 295/297, se advierte que a través de sus quejas, se pretende modificar el contenido de la condena dispuesta en la sentencia, siendo que la impugnante carece de legitimación para ello.

Es preciso destacar que la acción que detenta el abogado a los fines de cobrar sus honorarios a los condenados en costas, no le confiere legitimación para impugnar el pronunciamiento sobre la condena, cuestión que involucra directa e inmediatamente a quien es parte en el proceso, el que reclama o afronta el reembolso y no a su abogado.

Es por ese motivo que las impugnaciones que plantea la Sra. Juillerat a través de su apoderado, no pueden ser recibo y por ende ambos recursos deben ser rechazados, sin costas desde que la apelante entendía que tales impugnaciones se limitaban a una cuestión de honorarios (conf. art.112 de la ley 9459).

ASÍ VOTO.

LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO A LA PRIMERA CUESTIÓN DIJO:

Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR WALTER ADRIAN SIMES A LA PRIMERA CUESTIÓN DIJO:

Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ALBERTO F. ZARZA A LA SEGUNDA CUESTIÓN DIJO:

Corresponde: 1- Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia impugnada, debiéndose calcular los intereses correspondientes al rubro lucro cesante pasado de conformidad a lo indicado en esta resolución. Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios efectuadas en primera instancia a los letrados intervinientes, las que deberán adecuarse a lo dispuesto en la presente resolución.

Imponer costas a la demandada apelante sólo por ser vencida en relación al primer agravio (atribución de responsabilidad). Estimar los honorarios de los letrados intervinientes conforme las pautas dadas en los arts. 36, 39 y 40 de la ley 9459.

2- Rechazar los recursos de apelación interpuestos por el Dr. Luis Antonio Baretta en su carácter de apoderado de la Sra. Juillerat. Sin costas.

LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO A LA SEGUNDA CUESTIÓN DIJO:

Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR WALTER ADRIAN SIMES A LA

SEGUNDA CUESTIÓN DIJO:

Que adhería a lo expuesto por el Sr.Vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.

Por lo expuesto y el resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE :

1- Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia impugnada, debiéndose calcular los intereses correspondientes al rubro lucro cesante pasado de conformidad a lo indicado en esta resolución. Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios efectuadas en primera instancia a los letrados intervinientes, las que deberán adecuarse a lo dispuesto en la presente resolución. Imponer costas a la demandada apelante sólo por ser vencida en relación al primer agravio (atribución de responsabilidad). Estimar los honorarios del Dr. Alfredo Emilio Mansilla en el 35% del punto medio de la escala del art. 36 de la ley arancelaria, y los del Dr. Pablo A. Cabrier en el 30% del mínimo de la escala arancelaria arriba referida.

2- Rechazar los recursos de apelación interpuestos por el Dr. Luis Antonio Baretta en su carácter de apoderado de la Sra. Juillerat. Sin costas.

Protocolícese, hágase saber y bajen. Con lo que terminó el acto que firman los Señores Vocales.-

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