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Empresa de transporte y aseguradora deben indemnizar a un pasajero que se cayó al bajar del colectivo donde no había parada

Colect.Partes: Emmanuel Alberto Rubén c/ Cárdenas S.A. Empresa de Transportes s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 12-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-86386-AR | MJJ86386

Se condenó a una empresa de transporte y a su aseguradora a indemnizar a un pasajero que se cayó cuando bajaba del colectivo, detenido por su chofer más allá de la zona de descenso, donde no había parada. 

Sumario:

1.-No habiendo la empresa de transportes demandada alegado -ni mucho menos probado- una imposibilidad objetiva y absoluta para cumplir la obligación de seguridad, corresponde hacer lugar a la indemnización pretendida por los daños y perjuicios sufridos por el pasajero cuando descendía del colectivo que lo transportaba, el cual continuó su marcha, encontrándose acreditada su calidad de pasajero y las lesiones sufridas.

2.-El vínculo entre el transportador y el pasajero constituye una típica relación de consumo, razón por la cual el art. 184 del CCom. -que ya de por sí pone a cargo del transportador una obligación de seguridad de resultado- se integra con los arts. 42 de la CN. y 5 y cc. de la ley 24240 , que consagran el derecho a la seguridad de los consumidores y usuarios. Es decir que también por el juego de las normas citadas en último término la responsabilidad del proveedor (en este caso, la empresa de transportes) tiene un corte netamente objetivo. En definitiva, probado el incumplimiento -que en el caso se configura por la simple producción del daño con motivo de la ejecución del contrato-, el deudor únicamente podrá eximirse de responder demostrando la imposibilidad sobrevenida de la prestación, con los caracteres de objetiva, absoluta y no imputable al obligado. 3. El caso encuadra en el art. 184 del CCom. que impone al transportista el pleno resarcimiento de los daños causados en caso de muerte o lesión de un viajero durante el transporte, excepto que acredite que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien no sea civilmente responsable.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio de 2014, hallándose reunidos los señores jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados «Emanuele, Alberto Rubén c/ Cárdenas S.A. Empresa de Transportes s/ Daños y perjuicios», y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Picasso dijo:

I.- La sentencia de fs. 449/453 rechazó la demanda entablada por Alberto Rubén Emanuele contra Miguel Ángel Suau Fabri y Cárdenas S.A. Empresa de Transporte, así como la citación en garantía de Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, con costas a cargo de la parte vencida.

El pronunciamiento fue apelado por el actor, quien a fs. 540/46 se queja por el rechazo de la demanda. El traslado respectivo fue contestado a fs. 548/56 por los demandados y su aseguradora.

II. Previo a todo aclaro que, al cumplir los agravios del actor la crítica concreta y razonada que prescribe el art. 265 del CPCCN, en aras de la amplitud de la garantía de defensa en juicio, y conforme al criterio restrictivo que rige en esta materia (Gozaíni, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426), no propiciaré la sanción de deserción que postulan los demandados y la citada en garantía a fs. 546/58, punto I.

III.- El recurrente se agravia del rechazo de la demanda y de los fundamentos de tal decisión. Afirma que el chofer demandado reconoció que el actor viajaba en el colectivo que conducía, la discusión que ambos mantuvieron y que el colectivo se detuvo más allá de la zona de descenso.Sostiene que también se encuentran acreditadas las lesiones que sufrió, con el informe del Hospital Santojani y con el informe médico legal. Critica que el magistrado haya descartado la declaración del testigo presencial del hecho debido a ciertas contradicciones que aquel mencionó, pues sostiene que se trata de un testigo imparcial, que declaró en sede penal y civil, que sus declaraciones son coincidentes, y que no es procedente dudar de su declaración por no haber informado que iba con una mujer. Cuestiona que el juez de grado no haya considerado verosímil la afirmación del actor en el sentido de que el colectivo arrancó en forma brusca con el argumento de que no podía circular a más de cinco kilómetros por hora cuando las puertas se encuentran abiertas, ya que, según afirma el demandante, el vehículo puede circular con la puerta abierta hasta la velocidad antes indicada. Finalmente, se agravia de que para rechazar la demanda se haya tenido en cuenta la diferencia entre lo relatado en el escrito inicial y lo declarado por el actor en la audiencia del art. 360 del CPCCN respecto del día en que fue atendido en el Hospital Santojani.

IV.- Previo a todo, memoro que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino que pueden centrar su atención únicamente en aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386, CPCCN).

Sentado ello, corresponde examinar si, a la luz de las pruebas colectadas en autos, se debe confirmar la sentencia en crisis en cuanto desestimó la demanda.

IV.-El actor, al iniciar la presente acción, expresó que el 13 de mayo de 2008, a las 11.15 hs. aproximadamente, viajaba en el interno 44 de la línea de colectivos 126, propiedad de la empresa demandada y conducido por el restante emplazado. Relató que al arribar a la parada ubicada en Av.Directorio y Pieres tocó el timbre para que el chofer detuviera la marcha y así podría descender, pero que, no obstante ello, este no frenó. Refirió que, dado que el conductor hizo caso omiso a su nuevo pedido para que se detuviera, el actor discutió con él. Luego de gritar reiteradamente, el chofer detuvo el colectivo en Av. Directorio entre Av. Larrazabal y Fonrouge, donde no había parada, y a metros del cordón, y abrió la puerta para que el demandante descendiera. Refirió que cuando estaba bajando y ya había colocado un pie en la cinta asfáltica el demandado, sorpresivamente, reanudó la marcha, lo que provocó la caída al piso del actor, quien sufrió golpes en la parte derecha de su cuerpo. Manifestó que, al intentar reincorporarse con fuertes dolores, fue ayudado por una persona que le brindó sus datos para declarar como testigo. Indicó que al día siguiente de ocurrido el hecho, y debido a los dolores que sentía, se dirigió al Hospital Santojani donde fue atendido en el servicio de guardia, le diagnosticaron politraumatismos y le aconsejaron reposo y analgésicos.

Al contestar la demanda, la sociedad demandada y la citada en garantía -a cuyo escrito adhirió el chofer- negaron la existencia del hecho.

La sentencia rechazó la demanda, lo que origina la apelación en análisis.

V.- Como correctamente se afirma en la sentencia en crisis, el caso encuadra en el art. 184 del Código de Comercio que impone al transportista el pleno resarcimiento de los daños causados en caso de muerte o lesión de un viajero durante el transporte, excepto que acredite que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien no sea civilmente responsable.

Más allá de ello, como lo ha sostenido la Sala A de esta cámara, de la que soy vocal (in re «Pérez Carmen Evangelina c/ Herrera Mario Alberto y otros s/ daños y perjuicios», L. 578.758, del 8/11/2011; ídem, «E., G. O. c/ Trenes de Buenos Aires S. A.y otro s/ Daños y Perjuicios», del 25/11/2011, LL, 2012-A-80, entre muchos otros), de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el vínculo entre el transportador y el pasajero constituye una típica relación de consumo, razón por la cual el citado art. 184 del Código de Comercio -que ya de por sí pone a cargo del transportador una obligación de seguridad de resultado- se integra con los arts. 42 de la Constitución Nacional y 5 y concs. de la ley 24.240, que consagran el derecho a la seguridad de los consumidores y usuarios (CSJN, Fallos, 331:819 y 333:203 ). Es decir que también por el juego de las normas citadas en último término la responsabilidad del proveedor (en este caso, la empresa de transportes) tiene un corte netamente objetivo (conf. mis trabajos «Las leyes 24.787 y 24.999: consolidando la protección del consumidor», en coautoría con Javier H. Wajntraub, JA, 1998-IV-753, y «La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema», LL, 2008-C-562. Vid. asimismo López Cabana, Roberto M., en Stiglitz, Gabriel (dir.), Derecho del consumidor, nro. 5, Juris, Buenos Aires, 1994, p. 16; Mosset Iturraspe, Jorge – Lorenzetti, Ricardo L., Defensa del consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 311; Prevot, Juan M., «La protección del consumidor en el transporte», en Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto A. (dirs.), Ley de defensa del consumidor comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, p.617 y ss.).

En definitiva, probado el incumplimiento -que en el caso se configura por la simple producción del daño con motivo de la ejecución del contrato-, el deudor únicamente podrá eximirse de responder demostrando la imposibilidad sobrevenida de la prestación, con los caracteres de objetiva, absoluta y no imputable al obligado (Bueres, Alberto J., «El incumplimiento de la obligación y la responsabilidad del deudor», Revista de Derecho Privado y Comunitario, nº 17, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 95 y ss.; Idem., «Culpa y riesgo. Sus ámbitos», en Revista de Derecho de Daños, «Creación de riesgo I», Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, p. 40 y ss. Vid. asimismo mis trabajos «El incumplimiento de las obligaciones contractuales. El problema de la ausencia de culpa y de la imposibilidad sobrevenida de la prestación. Obligaciones de medios y de resultado», en Ameal, Oscar J. (dir.) – Gesualdi, Dora M. (coord.), Derecho Privado, libro de homenaje al profesor Dr. Alberto J. Bueres, Hamnmurabi, Buenos Aires, 2001, p. 1097 y ss., y «La culpa en la responsabilidad contractual. Ausencia de culpa e imposibilidad sobrevenida de la prestación», Revista de Derecho de daños, 2009-1-125).

Como acabo de señalarlo, la puesta en marcha de esa responsabilidad requiere la previa prueba del incumplimiento, que en función de lo establecido por el art. 377 del CPCCN se encontraba en cabeza del actor, en tanto constituye el presupuesto de hecho necesario para la aplicación de las normas que estructuran la obligación de seguridad del transportador (arts. 184, Código de Comercio, y 5 y concs., ley 24.240). En otras palabras, debía la victima acreditar su calidad de pasajera, el hecho de haber sido dañada con ocasión del transporte, y la relación de causalidad adecuada con los perjuicios cuya reparación pretende (CSJN, Fallos:313:1184; 316:2774; 321:1462 ; 322:139(rf:MJJ58849), 323:2930 , ídem, 16/11/2004, «Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Salcedo, Alberto c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A.» , JA, 2005-II-782, entre muchos otros; Trigo Represas, Félix A. – López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, La Ley, Buenos Aires, 2011, 2ª ed., t. III, p. 411). Probados estos extremos, cabía a la transportista la prueba de la imposibilidad de cumplimiento en los términos ya mencionados.

V.- El magistrado de la anterior instancia rechazó la demanda por considerar que la prueba producida era insuficiente, y que lo relatado por el actor no había encontrado apoyatura en tales pruebas.

Corresponde analizar entonces las cuestiones que dieron sustento al fallo.

En su demanda el actor mencionó: «se acercó un a persona que me ayudó y me brindó sus datos como testigo presencial del hecho» (sic. fs. 120). En coincidencia con ello, a fs. 1 vta. de la causa penal (que tramitó por ante el Juzgado Correccional no 3, Secretaría no. 60 de esta ciudad, cuyas fotocopias certificadas tengo a la vista) también refirió: «En el lugar del hecho se encontraba una persona de sexo masculino quien habiendo visto lo ocurrido se acercó al declarante ofreciendole ayuda para incorporarse» (sic).

Por otra parte, el demandante, al ser interrogado por el juez en la audiencia prevista por el art. 360 del CPCCN, expresó «Que fue ayudado por un señor mayor de 60 años grandote que pasaba por el lugar. Que el actor le pidió los datos para que saliera de testigo. Dice que el actor iba con una mujer caminando» (sic, fs. 187 vta.).

Entiendo que el hecho de que el actor hubiera mencionado en la audiencia que el testigo iba con una mujer no torna dudosa su versión original de los hechos, ni tampoco tiñe de sospecha la declaración del testigo, como lo entendió el magistrado de grado.Por el contrario, estimo que tal mención sólo constituye un dato más que el demandante agregó. Resulta, incluso, entendible que el Sr. Emanuele no lo hubiera mencionado anteriormente, si la mujer no le prestó ayuda y sólo lo hizo el testigo, pues la presencia de ella carecía de relevancia en el caso. Además, en ningún momento el demandante señaló que el deponente se encontraba solo, y tampoco lo hizo éste cuando declaró en la causa penal (fs. 50), ni en estas actuaciones (fs. 216). Asimismo, no puedo dejar de resaltar que la dirección letrada de los demandados y de la citada en garantía, que se encontraba presente en la audiencia testimonial, omitió interrogar al testigo sobre el punto, no impugnó su idoneidad, ni formuló ningún cuestionamiento en la oportunidad de alegar (con lo cual, por otra parte, los realizados en esta instancia, al contestar los agravios de su contraria, son extemporáneos).

Si bien en la pericia psicológica los expertos dijeron que el actor «relata que una pareja que transita por el lugar se acercó a auxiliarlo» (sic, fs. 264 vta.), lo cierto es que tal afirmación -si bien no puede dejar de ponderarse en conjunto con los restantes elementos de la causa- no puede ser equiparada a la realizada por el demandante en forma directa.Debe tomarse en consideración que no se trató de una declaración formal del actor, ni de una transcripción literal de sus dichos, sino que los peritos volcaron su relato de lo sucedido en el dictamen pericial, con lo que es probable -en el caso- que esas expresiones no hayan reflejado las palabras exactas dichas por él.

Por otro lado, el colega de grado entendió que no parecía posible la narración del testigo acerca de que el colectivo arrancó bruscamente, y que ella estaría encaminada a avalar la versión del actor en sede policial, en donde dijo que el chofer «aceleró en forma brusca y violenta». Fundó esa conclusión en lo informado por la CNRT en el sentido de que el Equipo de Seguridad de Apertura de Puertas (ESAP) «permite la apertura de la puerta sólo cuando la unidad está circulando a una velocidad inferior a 5Km/h (actualmente modificado a 8 km/h) (.) y que no permite que el vehículo en la operación de aceleración pueda superar los 5km/h si no cierra la puerta. Por lo cual la ventaja fundamental de estos equipos es que no permite al conductor circular con las puertas abiertas» (sic, fs. 451 vta.).

No concuerdo con este razonamiento. En primer término, no es cierto que el colectivo no pudiera comenzar su marcha con las puertas abiertas, ya que del informe (que obra a fs. 91/2 de la causa penal) se desprende claramente que podía circular en tales condiciones hasta la velocidad de 5 km/h. Además, respecto de lo señalado por el testigo y por el actor sobre la brusquedad con que el vehículo arrancó coincido con la interpretación efectuada por el juez penal en el auto de procesamiento -cuya claridad de ideas me exime de efectuar mayores precisiones sobre el tema-, donde se lee:»ha quedado entonces desvirtuada la versión del incuso en cuanto es imposible que la unidad arrancara con sus puertas abiertas ya que del informe antes citado se infiere que en realidad el vehículo de pasajeros en el que se trasladaba Emanuele, pudo reiniciar la marcha con su puerta abierta tal como lo han sostenido el propio damnificado y el testigo I., dando ello por tierra la versión del conductor Suau Fabri, por lo que la misma debe ser tomada como un mero intento de salvaguardar su comprometida situación procesal. Al respecto, cabe señalar que si bien los nombrados estimaron que el colectivo reinició su marcha en forma brusca y violenta, ello puede obedecer a una apreciación teñida del nerviosismo vivido en el momento, pero ello no es indicativo a que el hecho no haya sucedido en lo fundamental como los mismos lo relatan» (sic, fs. 101 de la causa penal).

En razón de todo lo expuesto, no encuentro que los dichos del testigo presenten contradicciones, ni aun con lo relatado por el actor. Por el contrario, a mi modo de ver los testimonios que brindó resultan veraces y no generan dudas acerca de que presenció el hecho, por lo que tomaré en cuenta su declaración para decidir este pleito. Además, reitero, este testigo no mereció cuestionamiento alguno en forma oportuna por los demandados ni por la aseguradora.

También considero que la sola contradicción en la que incurrió el actor acerca del día en el que concurrió al Hospital Santojani (en la demanda dijo que lo hizo el día posterior al accidente, y en la audiencia del art. 360 manifestó que fue el mismo día del siniestro) no resulta suficientemente relevante como para determinar el rechazo de la demanda.

Sentado ello, vuelvo sobre las declaraciones del testigo a fin de establecer la forma en que ocurrió el hecho.

En la causa penal (fs. 51) y en este expediente (fs.216), dijo el deponente que vio bajar al actor de un colectivo, lejos del cordón, y que antes que hubiera terminado de hacerlo dicho vehículo arrancó bruscamente, por lo que el demandante cayó al asfalto y se golpeó.

El demandado Suau Fabri, al absolver posiciones (fs. 215), si bien por un lado negó que el actor hubiera estado descendiendo cuando el colectivo reanudó la marcha, que lo hubiera hecho en forma violenta, y que eso hubiera provocado la caída del actor (respuestas a las posiciones 9, 10 y 11), aclaró «que entonces que la persona que estaba detrás de él también se cayó y no dice nada» (posición 10). Entiendo que, con la utilización de la palabra «también», el demandado estaba reconociendo que el actor «también» cayó.

Asimismo, considero que se encuentra acreditado que el demandante sufrió lesiones a raíz de la caída.

En efecto, el testigo dijo: «tenía sólo raspado el codo y que refirió dolor en el costado entre las costillas y las caderas» (sic, fs. 216).

Con las constancia de fs. 237/40 de este proceso, y con la de fs. 5 de la causa penal, se demuestra que el actor recibió atención médica en la guardia traumatológica del Hospital Santojani el 14 de mayo de 2008.

Asimismo, resulta concluyente el informe médico legal que obra a fs. 9 de la causa penal, que da cuenta de que el demandante presentaba «excoriaciones en codo derecho, cara dorso externa, de data aproximada de más de 48 horas, por roce, golpe o choque contra superficie o cuerpo duro».

En virtud de lo expuesto, acreditada la calidad de pasajero del Sr.Emanuele y las lesiones que sufrió en ocasión del transporte, y no habiéndose alegado -ni mucho menos probado- una imposibilidad objetiva y absoluta para cumplir la obligación de seguridad, entiendo que correspondería hacer lugar al agravio que vierte el recurrente sobre este medular aspecto del debate, y en consecuencia revocar la sentencia y hacer lugar a la demanda contra los emplazados.

La condena sólo se hará extensiva a la citada en garantía en la medida del seguro, en razón de que la franquicia denunciada no mereció ningún cuestionamiento por parte del demandante.

VI.- Sentado ello, corresponde tratar los rubros indemnizatorios. a) Daño moral.

El demandante reclamó $30.000 por esta partida, en razón «de la afección espiritual el padecimiento físico y psíquico sufrido por la molestia, el dolor, las secuelas correspondientes directamente ligadas a la magnitud de las lesiones padecidas a consecuencia del accidente de marras» (sic, fs. 121 vta.).

Siguiendo a Pizarro, «El daño moral importa (.) una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial» (Pizarro, Ramón D., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en la diversas ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31).

En lo que atañe a su prueba, cabe señalar que, a tenor del principio que sienta el art.377 del CPCCN, se encuentra en cabeza de la actora la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, «Equitativa valuación del daño no mensurable», LL, 1990-A-655).

En cuanto a su valuación, cabe recordar lo recientemente señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que: «Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (.). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida» (CSJN, 12/4/2011, «Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros», RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós).

En otras palabras, el daño moral puede «medirse» en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge M., «Breve apostilla sobre el daño moral (como «precio del consuelo») y la Corte Nacional», RCyS, noviembre de 2011, p. 259). La misma idea se desprende del art.1041 in fine del Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado que actualmente se encuentra a estudio del Congreso Nacional, a cuyo tenor: «El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas».

Es ese el criterio que tendré particularmente en cuenta para evaluar la suma que corresponde fijar en el sub lite en concepto de daño moral, a la luz de las características del hecho generador, su repercusión espiritual en la víctima, y las demás circunstancias del caso.

Sentado lo expuesto, he de considerar que el demandante sufrió excoriaciones a nivel de su codo derecho, las que «Si no median complicaciones curan en 10-15 días, sin inutilidad» (sic, informe médico legal de fs. 9 de la causa penal).

Asimismo, el perito médico legista designado en autos, luego de efectuar un análisis de los elementos obrantes en este expediente y en la causa penal, y de los estudios realizados, informó: «No se constata secuelas acordes a la documentación presentada en autos (lesiones leves en el codo derecho» (sic, fs. 286), y reiteró en sus conclusiones la ausencia de secuelas incapacitantes como consecuencia del accidente de autos.

Este dictamen no fue impugnado por ninguna de las partes, por lo que estaré a dichas conclusiones.

En la pericia psicológica (fs. 263/66), llevada a cabo por psicólogos a cargo del Gabinete Pericial de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, se concluyó que no se evidenciaron indicadores de simulación respecto de las vivencias relacionadas con el hecho de autos, y se destacó que, como consecuencia de este «se ha encontrado en el Sr. Emanuele la vivencia subjetiva de un perjuicio moral, sentimientos desagradables en relación a ello; así como también intenso malestar anímico por las secuelas físicas que atribuye al evento» (sic, fs. 265 vta./66).

Esta pericia tampoco fue cuestionada por las partes. Ahora bien, en ella no se informó que el actor hubiera presentado secuelas psicológicas.Además, si bien se dijo que el demandante tenía sentimientos desagradables y un malestar anímico relacionado con sus secuelas físicas, entiendo que eso no debe tenerse en cuenta, pues, como se acreditó, dicha parte carece de tales secuelas.

En consecuencia, a efectos de justipreciar este aspecto del reclamo, tomaré en consideración que el actor sufrió lesiones, las que curaron rápidamente y sin secuelas, no obstante lo cual debió sufrir malestares y angustias. Teniendo en cuenta esa circunstancia, y las condiciones personales del actor (38 años al momento del evento, es electricista, hace changas, y vive con su padre -según manifestó a fs. 1 y 71 del incidente sobre beneficio de litigar sin gastos y resulta de las declaraciones testimoniales de fs. 64 y 69 del mismo incidente-), entiendo que corresponde conceder al demandante por este ítem la suma de $7.000, lo que así propongo al acuerdo. b) Gastos médicos, de medicamentos, de traslados, de estudios y radiografías.

El demandante solicitó que se le otorgaran las sumas de $1.000 por gastos de traslados, $1.500 por gastos de medicamentos, $2.500 por gastos de tratamiento médico, y $1.300 por gastos de radiografías y estudios médicos.

Debo recalcar que una constante y antigua jurisprudencia ha entendido que los gastos en que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada prueba documental; se presume que quien ha sufrido lesiones que requirieron tratamiento médico realiza gastos extraordinarios en concepto de medicamentos y traslados. No obsta esta solución que el damnificado hubiera sido atendido en hospitales públicos o a través de su obra social, ya que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos (por ejemplo, medicamentos) que le ocasionan un detrimento patrimonial (esta sala, 28/06/2013, «Lapietra, Sandra Marcela c/ Transportes 27 de Junio S.A.C.I.F. y otros s/ daños y perjuicios», L. 617.694).

Con la constancia de fs.237/40, remitida por el Hospital Santojani, se acreditó la asistencia médica recibida por el actor, aunque sólo presentó una lesión leve consistente en excoriaciones en el codo derecho (fs. 9 de la causa penal), debido a lo cual es lógico suponer que debió, al menos, ingerir analgésicos.

En cuanto a los gastos de traslado, no obstante la escasa gravedad de las lesiones, cabe presumir que durante los primeros momentos posteriores al hecho la movilidad del demandante se vio reducida.

Todo ello determina la procedencia del reclamo por gastos de medicamentos y de traslados.

Ahora bien, no se demostró que el actor haya tenido que realizarse estudios médicos, ni radiografías, ni otros tratamientos a raíz de las lesiones sufridas, ni tampoco pueden inferirse esas circunstancias dada la entidad de las lesiones que presentaba.

Por ello, y en los términos del art. 165 del código Procesal, propicio que se haga lugar sólo al reclamo efectuado por gastos de traslado y de medicamentos, por la suma de $500.

VII.- De acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta cámara en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios»(rf:MJJ43082) (del 20/4/09), sobre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento del hecho (ver mi voto como vocal de la Sala A de esta cámara, in re «Piñeiro, Gabriel Alberto c/ Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios», del 10/11/2011, L 574.847, LL 2011-F, 568), lo que así propongo.

VIII.- Finalmente, mociono que las costas de ambas instancias sean impuestas a los demandados y la citada en garantía, por haber resultado vencidos (art.68 del Código Procesal).

IX.-Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso del actor, y en consecuencia revocar la sentencia recurrida, hacer lugar a la demanda y condenar a Miguel Ángel Suau Fabri y a Cárdenas S.A. Empresa de Transporte a pagar al actor la suma de $7.500, con más intereses calculados de acuerdo a lo dispuesto en el considerando VII de este voto. Asimismo, la sentencia deberá hacerse extensiva a Argos Mutual de Seguros del Transporte público de Pasajeros, en la medida del seguro. Con costas de ambas instancias a los demandados vencidos.

El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Picasso, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO. Sebastián Picasso, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, de junio de 2014.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I.- revocar la sentencia recurrida, hacer lugar a la demanda y condenar a Miguel Ángel Suau Fabri y a Cárdenas S.A. Empresa de Transporte a pagar al actor la suma de $7.500, con más intereses calculados de acuerdo a lo dispuesto en el considerando VII de este voto. Asimismo, la sentencia deberá hacerse extensiva a Argos Mutual de Seguros del Transporte público de Pasajeros, en la medida del seguro. Con costas de ambas instancias a los demandados vencidos.

II.- En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones establecidas en la instancia de grado y fijar los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.

Sentado lo anterior se tendrá en cuenta el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido resultante del capital de condena con más sus intereses (cfr.esta Sala en autos «Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero» del 27/09/11), naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas, y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-.

En consecuencia, regúlase el honorario del Dr. Carlos Osvaldo Severino por su intervención como letrado patrocinante de la actora en la suma de $ ., el de la Dra. Claudia Villarino letrada apoderada de la citada en garantía y del demandado en la suma de $ . y los de la Dra. Noelia Alejandra Sánchez, apoderada de la aseguradora en la de $ .

III.- En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a su respectivos dictámenes, mérito, calidad y extensión de la tarea, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).

Por lo antes expuesto se regulan los honorarios del perito médico Rodolfo Burgueño en la suma de ($.) y los correspondientes al Gabinete Pericial de la Facultad de Psicología de la UBA en la suma de ($.).

IV.- En cuanto a los honorarios del mediador, esta Sala entiende, por mayoría de votos de sus integrantes, que a los fines de establecerlos corresponde aplicar la escala arancelaria vigente al momento de la regulación (cfr. autos «Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.», del 25/10/2013, Exp. 6618/2007, con disidencia del Dr. Picasso).

En consecuencia, ponderando el monto de condena con mas sus intereses y lo dispuesto por el Dec. 1467/2011, Anexo III, art. 1, inc. d), se fija la retribución de la Dra. Jorgelina del Carmen Rodríguez en la suma de ($.).

V.- Por su actuación en la etapa recursiva que culminó con el dictado de la presente sentencia definitiva, regúlase el honorario del Dr. Carlos Osvaldo Severino en la suma de ($.) y los de la Dra. Claudia Villarino en la de ($.) (art. 14 del Arancel).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO.

Sebastián Picasso.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.

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