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Además de probar las lesiones, es imprescindible probar que estas se originaron en el ámbito laboral

bottle_burst_action2_450Partes: Dieguez Lucas c/ Lealtad S.A. s/ accidente

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Fecha: 26-may-2014

Cita: MJ-JU-M-86184-AR | MJJ86184

A pesar de haberse probado las lesiones sufridas por el trabajador, se rechaza la demanda por el cobro de indemnización pues no se acreditó que el accidente hubiere ocurrido en el ámbito laboral.

Sumario:

1.-Debe rechazarse la demanda deducida, pues si bien surgen probadas las lesiones denunciadas por el trabajador, que habrían sido producidas al explotarle una botella en su mano, no se acreditó que el siniestro hubiera ocurrido mientras realizaba sus tareas de repositor para la demandada, omisión probatoria que sella la suerte del proceso puesto que, cualquiera sea la vía elegida, el hecho indemnizable surge siempre de la comprobación de un engarce adecuado entre el accidente o enfermedad- incapacidad o muerte-trabajo, lo que en el caso concreto no es posible verificar.

2.-El presupuesto fáctico para caracterizar el accidente está dado por la necesaria presencia de un acontecimiento súbito y violento y que sea con motivo o en ocasión del trabajo, constituyendo accidente todo fenómeno que por su modo de manifestación sea compatible con su verificación rápida y certera; esto es, que el propio empleador, los compañeros de trabajo u otros terceros presentes, quienes ocurran en auxilio inmediato del accidentado o a su asistencia médica posterior puedan dar cuenta de la ocurrencia del evento, o que, en defecto de todo ello, la mecánica del siniestro pueda ser posteriormente reconstruida al punto de no dejar dudas sobre su origen laboral.

3.-Las cooperativas formales son in re ipsa fraudulentas cuando prestan servicios a terceras empresas reemplazando a los trabajadores que las mismas debieran incorporar y aligerando de ese modo los costos de producción, pues ya no se trata de servicios en propias empresas sino de tareas en empresas ajenas.

4.-Las personas enviadas por una cooperativa a prestar servicios para terceros se encuentran ligadas a esta por una relación laboral y no pueden ser consideradas socios, pues se trata de una formalidad sin contenido real toda vez que no realizan aporte alguno de trabajo a la cooperativa, sino a otra persona jurídica y reciben como contraprestación un pago de carácter salarial.

5.-Debe admitirse la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada, pues no existe prueba alguna que permita demostrar la existencia de la prestación de servicios del actor en alguno de los establecimientos comerciales de propiedad de esta accionada.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los veintiseis días del mes de Mayo de dos mil catorce, se presenta en la Sala Unipersonal de esta Excma. Cámara Primera del Trabajo- la Dra. MARIA DEL CARMEN NENCIOLINI con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos nº 46.325 caratulados «DIEGUEZ LUCAS C/ LEALTAD SA. P/ACCIDENTE» de los que,

RESULTA:

A fs. 14/35 se presenta el actor LUCAS DIEGUEZ por intermedio de su apoderado e interpone formal demanda ordinaria contra LEALTAD S.A. en su calidad de propietario de Supermercados Leal, por el reclamo de $193.225,00 y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos en concepto de reparación por la incapacidad laboral devenida de un accidente de trabajo, con más intereses y costas.

Expresa que ingresa a trabajar en el supermercado denominado «Leal» de propiedad de Lealtad S.A. en el mes de Enero/10 y en la categoría de repositor. Que mientras estaba realizando esas tareas, el día 11-03-10 le explotó una botella de cerveza en su mano, ocasionándole heridas en la región nasal, párpado y pérdida de visión del ojo izquierdo. Que fue llevado al Hospital Central, donde estuvo internado y a pesar de los tratamiento que se le efectuaron, quedó como secuela del evento cicatrices y la pérdida de visión en el ojo izquierdo, generando todo ello una incapacidad del orden del 59.89% de la T.O.

Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 46, 8 inc.3, 49 disp. Adic. 3º, 39 y del procedimiento previsto en el Decreto 1278/00 y del Decreto 717/96.

Reclama la reparación integral, incluyendo daño moral y tratamiento sicoterapéutico. Solicita en subsidio, la indemnización tarifada prevista en la ley 24.557.

Acompaña liquidación, ofrece pruebas, funda en derecho.

A fs. 38 el actor amplía demanda solicitando la rendición de una pericia en higiene y seguridad y la absolución de posiciones del representante legal de la demandada.

A fs.43/49 comparece la demandada LEALTAD S.A. y plantea contra el progreso de la acción la defensa de FALTA DE LEGITIMACION SUSTANCIAL PASIVA. Relata que es titular de tres locales comerciales y que en ninguno de ellos estuvo el actor. Que además el actor era asociado a la Cooperativa de Trabajo Instaladores Ltda., no existiendo vínculo laboral. Niega el accidente y por ende solicita el rechazo del reclamo. Rechaza las inconstitucionalidades planteadas por las razones que allí expone.

Impugna liquidación, ofrece pruebas y funda en derecho.

A fs. 66/67 el actor solicita que se integra la litis con la Cooperativa de Trabajo Instaladores Ltda. y ofrece prueba.

A fs. 86 y vta. se hace parte la COOPERATIVA DE TRABAJO DE INSTALADORES LTDA. y solicita el rechazo del reclamo. Niega la existencia de vínculo laboral en cuanto que el actor era asociado a dicha cooperativa pero que nunca prestó servicios en el Supermercado Leal.

Ofrece prueba y funda en derecho.

A fs.73 el actor contesta el traslado conferido por el art. 47 CPL, ratifica s reclamo.

A fs. 92 el Tribunal declara la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 46, 8 inc.3 y 49 disp. Adic. 3º de la LRT.

A fs.97 se dicta el auto de admisión de pruebas.

A fs. 105 acepta el cargo la perito en higiene y seguridad Norma Lopez, a fs. 107 hace lo propio el perito oftalmólogo Fabian Moreau, a fs. 118 el perito neurólogo Dr. Ruben Cornejo y a fs. 120 el perito médico Dr. Jorge Ganun.

A fs. 127 y vta. rinde informe el perito médico Dr. Ganun quien otorga un 55% de incapacidad laboral.

A fs. 132/1435 rinde informe el perito en higiene y seguridad.

A fs. 162 se celebra la audiencia de vista de causa, se incorpora la prueba instrumental y las partes rinden alegatos a fs. 163/177, quedando la causa en estado de dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERA CUESTION: EXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL

SEGUNDA CUESTION: EXISTENCIA DE DAÑO INDEMNIZABLE.

TERCERA CUESTION: COSTAS.

A LA PRIMERA CUESTION LA DRA. MARIA DEL C.NENCIOLINI DIJO:

El actor invoca en sustento de lo que reclama en autos la existencia de un vínculo de trabajo, el periodo de extensión del mismo y una categoría profesional determinadas, que constituyen en la litis extremos legales cuyo peso probatorio recaen sobre el mismo (art. 45 C.P.L.).

Los demandados niegan la existencia del vínculo de trabajo, planteando contra el progreso de la acción la defensa de FALTA DE LEGITIMACION SUSTANCIAL PASIVA.

Paso a detallar cada una de las pruebas aportadas al proceso:

Instrumental: a) Certificado médico del Dr. Jorge Alonso, otorgado al actor el 59,89% de incapacidad laboral; b) guía de servicios médicos de la Cooperativa de Instaladores Ltda.; c) rechazo de denuncia de accidente del 20-05-10 efectuada ante la Subsecretaría de Tr. y Seg. Social; d) recibo de retribución de asociado del actor por la Cooperativa Instaladores Ltda.; e) informe de Alta médica del Hospital Central del 15-03-10; f) Acta de constitución societaria de Lealtad S.A.;

LEGITIMACION SUSTANCIAL PASIVA DE LEALTAD S.A.

Sostiene la accionada que el actor no cumplió tareas en ninguno de los tres establecimientos comerciales que posee. Denuncia que el domicilio de los mismos se ubican en: Joaquín V. Gonzalez 1558 de Godoy Cruz; en calle Pedro Molina 422 de San José, Guaymallén y en calle 9 de Julio 2468 de esta Ciudad.

En el acta constitutiva de la sociedad Lealtad S.A. se registra como domicilio social el de calle San Martin 650 de Las Heras. Los integrantes de esta sociedad, son: YOU XIAOXIONG con domicilio en calle San Martin 650 de Las Heras, es decir donde se ha constituido el domicilio social. El otro integrante de la sociedad sería SHI TAO con domicilio en calle Joaquin V. Gonzalez 1558 de Godoy Cruz, o sea donde se encuentra otro supermercado de la sociedad demandada.

El actor denuncia que prestó tareas en el local comercial ubicado en calle San Martin 650 de Las Heras que es el domicilio de uno de los socios y el social de Lealtad S.A.Pero, el único recibo de retribuciones cooperativas acompañado en calidad de prueba instrumental de la codemandada Cooperativa de Trabajo de Instaladores Ltda., registra como beneficiario de la prestación de los servicios cooperativos del actor a YU QI MING con domicilio en Pte. Alvear 54.

Esta orfandad probatoria, llevan al Tribunal a admitir la defensa de Falta de legitimación sustancial pasiva de Lealtad S.A. en cuanto que no existe prueba alguna que permita demostrar la existencia de la prestación de servicios del actor en alguno de los establecimientos comerciales de propiedad de esta accionada.

LEGITIMACION SUSTANCIAL PASIVA DE LA COOPERATIVA INSTALADORES LTDA.

De las pruebas ut supra detalladas, específicamente el recibo de retribuciones, sí ha quedado demostrada la vinculación del actor con la Cooperativa demandada.

Debe entonces resolverse en primer lugar la calificación legal del vínculo jurídico que unió al actor con la accionada. Dicho análisis debe efectuarse en el marco del principio de primacía de la realidad para descubrir la verdadera situación jurídica que existió entre ellas.

Cabe tener presente que, si bien como es el trabajador quien debe probar los extremos constitutivos de la pretensión, ello no invalida que la accionada deba hacerse cargo de sus afirmaciones en sostenimiento de la resistencia manifestada. Debiendo todas las partes acompañar los elementos de prueba que colaboren a la dilucidación del conflicto planteado, por el principio de solidaridad y el deber de recíproca colaboración en procura de mejorar el rendimiento del servicio de justicia.

Opera así el funcionamiento de las cargas probatorias dinámicas, recepta-das por nuestro Superior Tribunal, quien el caso «Oilher» dijo que:»los deberes de los jueces en el área de la prueba están remarcados en la propia necesidad que ellos tienen de llegar a adquirir la certeza moral sobre la plataforma fáctica en el ejercicio de la función judicial o cabe prescindir de la preocupación por la justicia». «La igualdad de oportunidades en materia de pruebas no se opone a que resulte a cargo de una de las partes la necesidad de suministrar la prueba de ciertos hechos, sea porque los invoca a su favor, o porque de ellos se deduce lo que pide, o porque el opuesto goza de presunción o de notoriedad o porque es una negación indefinida. Este principio de autorresponsabilidad de las partes por su conducta en el proceso, al disponer de libertad para llevar o no la prueba de los hechos que las benefician y las contrapruebas de las que pueden valerse.».

Como primera premisa, y como lo ha sostenido la jurisprudencia, acreditada la existencia de los recaudos formales que hacen a la constitución e inscripción de la Cooperativa, juega una presunción iuris tantum que la relación socio-cooperativa de trabajo queda excluida del ámbito del Derecho Laboral. Por lo tanto, quien afirma lo contrario, tiene a su cargo el aportar los elementos de prueba que lo acrediten (C.N. Sala VI- DT. 1996-A-1199). «En función de esta premisa interpretativa, el sujeto asociado a una Cooperativa que pretende la tutela de la ley laboral debe en principio acreditar que ha mediado una situación de fraude a la legislación laboral, mediante el enmascaramiento de la relación de dependencia bajo la figura del socio, si aquel estandar jurídico fuera negado».

En el mismo sentido se ha expresado la S. Corte de Mza. a través del voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, en el caso Rios c/ T.A.C.- Y y S.A.-1992- Livellara Carlos y Silvina «Las Cooperativas de trabajo y la legislación laboral. Ambitos diversos y fraude laboral Revista del Foro nro.37-1999-163).

Entonces, corresponde verificar si la existencia de la Cooperativa aquí demandada importa la creación de una forma jurídica para valerse de sus efectos, sin que esta forma o «cáscara» esté acompañada de una real vinculación societaria. Teniendo en cuenta que en las cooperativas de trabajo todos los asociados usan el servicio de ocupación que les brinda la Cooperativa por ellos organizada y en la que personalm ente y cada uno y en conjunto todos sus miembros, deben realizar una labor o trabajo asociado que permita la concreción del objeto social previsto en el estatuto y que el ingreso a una cooperativa no puede ser forzado por la necesidad de trabajo asalariado.

Existen distintas formas de determinar el fraude a las leyes laborales, sea por procedimientos administrativos creados por la normativa dictada a partir del Decreto 2015/94, como asimismo a través de la configuración del fraude en sede judicial:

a) De la compulsa del Libro de Registro de asociados, ver la fecha de su ingreso y el número de acta de Consejo de administración en donde se aceptó su ingreso o se resolvió su egreso.

b) De la compulsa del Libro de Actas de Reuniones del Consejo de Administración, se puede determinar la fecha de ingreso del asociado y si éste presentó la solicitud de ingreso pertinente y la fecha de egreso por ser el Consejo de Administración, el órgano de la Cooperativa que posee las facultades tanto de aceptación de nuevos asociados, como de ejercicio de poderes disciplinarios, siendo en principio este órgano quien decide las sanciones a aplicar a los asociados previo sumario.Además determina el Consejo la máxima sanción prevista en los estatutos sociales que es la «exclusión».

c) Si el Consejo ha sido integrado por las mismas personas, lo que en principio demuestra la falta de participación parapolítica de la masa societaria, siempre administrada por el mismo grupo de personas, generalmente ellos solamente han realizado tareas administrativas y nunca han realizado trabajos como la mayoría de la masa societaria, por ejemplo, en este caso, trabajos rurales.

d) De la compulsa del Libro de Inventarios y Balances, se puede extraer el padrón de asociados, cotejar sus fechas de ingreso y egreso y verificar el modo en que se distribuyen los excedentes (art. 42 de la ley 20.337).

e) De la compulsa del Libro de Asistencia a Asambleas se puede determinar la cantidad de asociados presentes en cada acto asambleario, que si bien no es una forma directa para probar el fraude, puede suministrar datos sobre la cantidad de asociados asistentes y si el porcentaje de asistencia condice con el cumplimiento de notificación fehaciente prevista (Res. nro. 1692/97 y Resol. de INACYM nro. 506/95). Teniendo en cuenta que la Res. 493/87 al reglamentar los alcances del art 48 de la ley 20.337 dispone que en el caso particular de las Cooperativas de Trabajo cuyo objeto social consistiera en actividades que en forma habitual se desarrollen fuera de su sede, deberán hacerlo: a) notificando telegráficamente a sus asociados; b) notificando personal y fehacientemente a cada uno de sus asociados, debiendo el Consejo de Administración exhibir constancia fehaciente de las notificaciones por estos medios.

f) Cumplimiento de la Resolución 167/98 de la A.F.I.P. como obligadas las Cooperativas a actuar como agentes de información ante la AFIP;

g) constancias de notificaciones fehacientes de las Convocatorias a Asambleas con 15 días de antelación como mínimo; de sumarios disciplinarios practicados a asociados excluídos, etc.

Es necesario ponderar que la cooperativa de trabajo es una empresa laboral definida en el art. 5 de la L.C.T.lo cual no impide que tenga caracteres singulares: a) es una empresa personalizada, no hay separación entre sociedad-persona jurídica y empresa, los mismos integrantes de la empresa son los integrantes de la sociedad, sin excepción alguna; b) la condición igualitaria del trabajador-socio, debe asegurar una participación igualitaria en la total gestión y dirección de la empresa.

El art. 26 de la ley 21.297 habla de la persona jurídica como empleador y el ordenamiento jurídico permite la constitución de personas jurídicas a fin de alcanzar determinados fines. Cuando el uso de este instrumento se desvía, la persona jurídica pierde sentido, se convierte en un esquema instrumental titular aparente de una relación jurídica o de una actividad para posibilitar a sus titulares reales, los codemandados, el incumplimiento de sus obligaciones con la limitación indebida de su responsabilidad.

Por otro lado, la noción de trabajo en relación de dependencia de las cooperativas de trabajo ha sido excluida, salvo, según la Res. 360/75 del INAES, que existiera sobrecarga circunstancial de tareas, necesidad de contar con un especialista para tarea determinada y personas en periodo de pruebas, pero por un plazo máximo de 6 meses, pero existe la obligación por parte de la Cooperativa de comunicar a la gerencia de fiscalización del ínstituto, la nómina de trabajadores no asociados, indicando específicamente la razón por la cual prestan servicios en relación de dependencia y el plazo de la prestación.

Las cooperativas formales son «in re ipsa» fraudulentas cuando prestan servicios a terceras empresas reemplazando a los trabajadores que las mismas debieran incorporar y aligerando de ese modo los costos de producción. Ya no se trata de servicios en propias empresas sino de tareas en empresas ajenas. Este proceder es perseguido por el Decreto 2015/94 y la Resolución 1510/94 del I.N.A.C., normas que en una situación de fraude objetivo enmarcan una solución razonable. Tales directivas fueron receptadas por la Ley 25.250 art.4 in fine y hoy por la Ley 25.877 en su art. 40.

Ha dicho la jurisprudencia: «Las personas enviadas por una cooperativa a prestar servicios para terceros se encuentran ligadas a esta por una relación laboral (art. 27 L.C.T.) y no pueden ser consideradas socios. Se trata de una formalidad sin contenido real toda vez que no realizan aporte alguno de trabajo a la cooperativa, sino a otra persona jurídica y reciben como contraprestación un pago de caracter salarial (C.N. Trab. Sala VII, «Peña Nelida c/ Finexcor S.A. y ot. p/despido» 27-05-99).

Hechas estas consideraciones y a través de la merituación en conjunto de las pruebas arrimadas a la causa, y del control de cumplimiento de la normativa vigente en la materia, en el subjúdice, se elaboran las siguientes microconclusiones:

a) la Cooperativa demandada se encuentra legalmente constituida y autorizada a funcionar;

b) el actor en su calidad de asociado a la Cooperativa ha cumplido servicios para YU QI MING;

c) no hay constancia de la participación del actor en alguna Asamblea de la Cooperativa, ni de la puesta disposición de los asociados de las cuentas y balances y distribución de utilidades;

d) el actor recibía una retribución con recibo otorgado por la Cooperativa;

Sobre este tipo de relación ha sostenido la jurisprudencia que las cooperativas de trabajo no pueden actuar como las empresas de servicios eventuales, es decir, como colaboradores de personal en terceros establecimientos, pues esta es una forma sencilla de alterar toda la estructura de la ley laboral y de privar de la tutela respectiva al personal so pretexto de la existencia de actos cooperativos entre el trabajador y la empresa donde presta servicios (D.T. 1995, T-A, pag. 1018). Por lo que, en tal supuesto la empresa usuaria debe responder como empleadora directa y la cooperativa como intermediaria solidariamente responsable en los términos del art. 29 de la L.C.T.Actividad además que está expresamente vedada -como ya se expresara- según Res.2015/94 del I.N.A.C.(D.T. 1997 B- pag.2484 «Rico de Guarino c/Laboratorios Andromaco, conf. también con voto del Dr. Fernandez Madrid en D.T. 1996 A, pag.1201, cita 4).

En tal caso el trabajador será considerado empleado directo de quien utilice su prestación, pues ello evidencia la existencia de una interposición fraudulenta que justifica la responsabilidad solidaria de la cooperativa por todas las obligaciones derivadas de dicha relación laboral.

El actor tuvo con la empresa que percibió su prestación personal una relación laboral directa y, por haber obtenido la mano de obra de una mera intermediaria ni siquiera puede entrar a considerarse la existencia de «picos de trabajo» y la consiguiente relación de tipo eventual o temporal.

El principio protectorio que prima en el derecho laboral a diferencia de lo que ocurre en materia civil (art.959 C.C.) se impone que se considere irrelevante jurídicamente la voluntad del trabajador dirigida a la evasión de las normas del derecho laboral. El dependiente siempre tendrá acción para poner en claro la simulación ilícita y beneficiarse con la aplicación de dichas normas (Lopez Justo «Algunas figuras de la simulación laboral L.T. XVII-1073- y sis)(CNTr. Sala I, 21-04-97- D.T. 1997-B-2484;C.N.Tr.Sala I 30-11-99 D.T. 2000-A-880; C.N.Tr. Sala X, 26-11-97).

Este Tribunal en numerosas oportunidades se ha expedido sobre la vinculación entre la Cooperativa y sus asociados en supuestos en que, a través de las pruebas aportadas se ha detectado un fraude laboral y la cooperativa ha servido de pantalla para esconder la existencia de un verdadero vínculo laboral entre el «socio cooperativo» con la empresa usuaria de los servicios haciendo responsable solidariamente a la cooperativa por esta situación fraudulenta, fundamentos que doy aquí por reproducidos (sent.del 25-09-08 en los autos nº 36.445 caratulados «HERRERA CANCINO ROMAN C/ TROGLIA GABRIELA HERMINIA Y OTS. P/ACCIDENTE-DESPIDO»; del 08-08-06 en los autos Nro.35.739 «ECHENIQUE JUAN EDUARDO c/ GUGLIELMO EXIMFRUT A. Y C. S.A. y ot. p/ DESPIDO», sent. del 05-12-07; autos nro. 35.713, caratulados «GAMNAN MARIA TERESA C/ ESTORNEL JOSE S.A. Y OTS. p/ DESPIDO»).

De lo expuesto resulta que el actor fue asociado de la Cooperativa pero cumpliendo servicios para un tercero sin haberse acreditado la situación extraordinaria que permitiera deducir que se trataría de tareas temporales y/o extraordinarias.

Se rechaza la defensa de FALTA DE LEGITIMACION SUSTANCIAL PASIVA interpuesta por la Cooperativa demandada, las que resulta ser, ante la existencia de fraude laboral responsable frente al actor de las obligaciones emergentes del vínculo laboral (art.29 LCT). ASI VOTO.

A LA SEGUNDA C UESTION LA DRA. MARIA DEL C. NENCIOLINI DIJO:

Relata el actor que el día 11-03-10, mientras se encontraba cumpliendo tareas como repositor, le explota en la mano una botella de cerveza que le produjo lesiones en la región nasal y en el ojo izquierdo. Que fue internado en el Hospital Central, recibiendo tratamiento médico pero que ha quedado como consecuencia del evento dañoso con mínima visión en ese ojo, además de daños estéticos. Reclama la reparación integral por daños.A tenor de haberse admitido la defensa de Falta de legitimación sustancial pasiva de Lealtad S.A., queda sólo por resolver la responsabilidad de la Cooperativa.

No queda dudas a través de la instrumental arrimada al proceso del accidente que sufriera el actor como asimismo de una incapacidad devenida del mismo, en especial a través de las pericias médicas y del informe del Hospital Central arrimado a la causa.

Debe pues analizarse si existe el necesario nexo causal entre el accidente y el trabajo, es decir, como acontecimiento súbito y violento con motivo o en ocasión del cumplimiento de sus tareas (art.6 L.R.T.).Teniendo presente que es a cargo del actor demostrar la existencia de la relación causal o concausal entre la minusvalía que lo afecta y que el accidente sea de naturaleza laboral.

Cabe asimismo tener en cuenta que la asistencia médica brindada por el empleador constituye una obligación que pesa sobre éste ante el requerimiento del trabajador y se funda en lo normado por los arts. 75 y 77 de la LCT, no pudiendo interpretarse como reconocimiento del accidente.

Hechas estas consideraciones, analizando la prueba ut supra detallada, surge en primer lugar de la pericia médica rendida en autos la existencia de la dolencia que denuncia el trabajador y su vinculación con la mecánica del accidente que el actor relata, como asimismo la incapacidad laboral devenida de la misma.

Pero en cambio no ha quedado demostrado a mi entender, que el mismo haya ocurrido en el lugar de trabajo.

Por un lado, llama la atención que no ha habido testigos del hecho, en principio, sus propios compañeros de labor. Que, en vez de concurrir al prestador de servicios médicos de la Cooperativa, que era la Sociedad Española de Socorros Mutuos, circunstancia que no desconocía el actor, ya que obra en la instrumental por su parte arrimada al proceso, concurriera al Hospital Central para ser atendido al momento de producirse el hecho.Y esta omisión y descuido en la ausencia de la probanza, sellan la suerte del proceso puesto que, cualquiera sea la vía elegida, el hecho indemnizable surge siempre de la comprobación de un engarce adecuado entre el accidente o enfermedad- incapacidad o muerte-trabajo, lo que en el caso concreto no es posible verificar.

Como lo expresa Brebbia «se está aquí ante la aplicación lisa y llana del principio de que el cargo de la prueba de los hechos constitutivos del derecho invocado, corresponde a quien lo hace valer» (La relación de causalidad en el derecho civil, pag. 117)

Dice la Dra. Zavala de Gonzalez:»dentro de la teoría general del derecho, los hechos son el sustento de las diversas consecuencias jurídicas.son el antecedente necesario de la aportación de las pruebas. y de la sentencia»; agrega que «es una exigencia generalizada en los códigos procesales la de indicar en la demanda los hechos en que se funda la acción y la carga del demandante de probar los hechos pertinentes si estuviesen controvertidos, es decir en este caso probar la plataforma fáctica que ponga de manifiesto una relación causal aparente entre la cosa y el daño que surge de su intervención en el suceso».

Como ya lo manifestara ut supra, el presupuesto fáctico para caracterizar el accidente, está dado por la necesaria presencia de un acontecimiento súbito y violento y que sea con motivo o en ocasión del trabajo.Y comentan Corte-Machado, que la utilidad práctica de esta norma es determinar como accidente todo fenómeno que por su modo de manifestación sea compatible con su verificación rápida y certera; esto es, que el propio empleador, los compañeros de trabajo u otros terceros presentes, quienes ocurran en auxilio inmediato del accidentado o a su asistencia médica posterior puedan dar cuenta de la ocurrencia del evento, o que, en defecto de todo ello, la mecánica del siniestro pueda ser posteriormente reconstruida al punto de no dejar dudas sobre su origen laboral (Siniestralidad laboral-Ley 24.557, pags. 276 y sigs.). Todo lo cual aparece de imposible logro en el supuesto en examen, cerrando a todo evento la posibilidad de una reparación desprendida del sistema legal vigente.

En definitiva, falta en el caso la comprobación de la situación de hecho que le ocasionara la incapacidad al actor y su conexión con el trabajo realizado, que es precisamente un recaudo inexcusable para la viabilidad de la reparación de daños a cargo del empleador, ya sea plena o tarifada.

Por lo expuesto se impone el rechazo de este reclamo indemnizatorio.

Lo resuelto ut supra hace devenir in abstracto el planteo de inconstitucionalidad del actor respecto del art. 39 de la LRT.ASI VOTO.

A LA TERCERA CUESTION LA DRA. MARIA DEL C. NENCIOLINI DIJO:

Las costas, siguiendo el principio chiovendano de la derrota se imponen en el orden causado, en cuanto que el actor tuvo razón probable para ejercer la acción de reparación (art. 31 C.P.L. y arts. 35 y 36 C.P.C.) ASI VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar la sentencia que a continuación se inserta.

Mendoza, 26 de Mayo de 2.014.

Y VISTOS: El Tribunal en Sala Unipersonal

RESUELVE:

I.-Declarar in abstracto la inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT y de la ley 7198.

II.- RECHAZAR EN TODAS SUS PARTES la demanda interpuesta por LUCAS DIEGUEZ contra LEALTAD S.A. y contra COOPERATIVA DE TRABAJO DE INSTALADORES LTDA, por el reclamo indemnizatorio por incapacidad laboral devenido de un accidente acaecido el 11-03-10, CON COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO.

III.- Oportunamente, practíquese liquidación por intermedio del Departamento Contable, y se regulen los honorarios de los profesionales actuantes, determinándose la suma de pesos ($.) con más sus intereses legales, al solo efecto del cálculo de las costas, teniendo presente lo dispuesto por el art. 277 de la LCT.

IV.- Emplazar a las demandadas a abonar en el plazo de CINCO DIAS a abonar Aportes Jubilatorios y Derecho Fijo Colegio de Abogados y en el plazo de TREINTA DIAS la Tasa de Justicia; y al actor en el plazo de CINCO DIAS a abonar Aportes Jubilatorios y Derecho Fijo Colegio de Abogados, bajo apercibimiento de ley.

CUMPLASE, NOTIFIQUESE Y REGISTRESE.

Maria Del Carmen Nenciolini – Camarista

 

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