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En un incidente de aumento de cuota alimentaria se redujo la misma, teniéndose en cuenta las prestaciones en especie

Pesos argentinos 2Partes: F. C. c/ T. J. A. s/ aumento de cuota alimentaria – incidente

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 24-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-86220-AR | MJJ86220

En un incidente de aumento de la cuota alimentaria se resolvió la reducción de la misma, teniéndose en cuenta que el aporte dinerario del padre se integra con prestaciones en especie e imponiéndose las costas por su orden.

Sumario:

1.-Resulta prudente reducir la cuota alimentaria fijada en primera instancia a favor de la hija menor del alimentante, teniendo en consideración que la obligación alimentaria del padre no se refleja únicamente con el aporte de una suma de dinero sino que además se compone de gastos en especie, y teniendo en consideración que la obligación alimentaria pesa sobre ambos padres, no exclusivamente sobre uno, y se encuentra acreditado que la progenitora peticionante tiene ingresos derivados de su trabajo personal y de los alquileres originados en tres departamentos.

2.-A los fines de determinar la procedencia de la solicitud de aumento de la cuota alimentaria de los hijos menores, debe tenerse en cuenta que el incremento de las erogaciones necesarias para cubrir la educación, vestimenta y esparcimiento ante la mayor edad de un niño, no necesitan indefectiblemente ser probados, pero no debe dejar de considerarse también que cuando parte de las obligaciones se cumplen en prestaciones directas, ello supone un acomodamiento inmediato conforme a la fluctuación de las exigencias del medio económico.

3.-Cuando un incidente de aumento de la cuota alimentaria conlleva finalmente a que se resuelva la reducción de la misma, las costas deben ser impuestas por su orden, pues si bien no se desconoce el principio que guía su imposición al alimentante en este tipo de proceso a efectos de no disminuir la cuota que percibirá el alimentado, ello no significa que el éxito que haya obtenido el alimentante en su defensa resulte irrelevante, pues como es de toda justicia y evidencia se refleja sobre el monto de los honorarios a regular, con lo cual se colma la aspiración de justicia del vencedor, pero en armonía con los intereses alimentarios conflictivos.

4.-Corresponde imponer las costas por su orden en un incidente de aumento de cuota alimentaria que culmina con la reducción de la misma, teniendo en consideración que la madre de la menor no desconocía los gastos que producía su hija, ni lo que su padre pagaba respecto a ella, ni la capacidad económica del alimentante y, sin embargo, formalizó en el reclamo por la cuota alimentaria mensual a favor de la menor una cantidad que indudablemente aparece desproporcionada con la suma acordada en un convenio de alimentos celebrado oportunamente entre ambos progenitores y su actualización posterior. En el caso, la modificación de la distribución de las costas no conspira contra la cuota alimentaria de la niña por vía de disminución, sino -por el contrario- pretende proteger la posibilidad de su cumplimiento, aliviando al progenitor demandado la carga económica que implica responder con la totalidad de los gastos causídicos que genera el proceso, lo que demuestra la concurrencia de un justificativo para eximir de cargar en su totalidad con las costas.

Fallo:

Buenos Aires, 24 de abril de 2014.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Vienen estos autos a conocimiento de este Tribunal en virtud de las apelaciones deducidas por ambas partes contra la resolución dictada a fs. 254/6 vta., por la cual el Sr. Juez de grado hace lugar al pedido de aumento de cuota alimentaria, fijando la nueva cuota a favor de su hija en la suma de siete mil pesos ($7.000) que el demandado deberá abonar mensualmente, además de los pagos en especie acordados en el acuerdo obrante a fs. 2.

Los recurrentes dan fundamento a sus apelaciones: la actora mediante el memorial que luce a fs. 268/9 y el demandado con la pieza obrante a fs. 279/86. Corrido traslado fueron contestados por las partes a fs. 291/3 y 295/300, respectivamente.

La Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara expresa los agravios de su apelación de fs. 312/14. Corrido traslado fue contestado por la demandada a fs. 316/9.

II. Los agravios de los recurrentes giran esencialmente respecto de lo decidido por el Sr. Juez de grado respecto al quantum de la pensión alimentaria que deberá satisfacer el demandado en favor de su hija.

Se impone pues, de manera preliminar, señalar que el tribunal no se encuentra constreñido al análisis de todos y cada uno de los argumentos desarrollados por las partes sino de aquéllos que fueren esenciales para la solución del litigio. De igual modo y en orden a la valoración de la prueba producida, el juzgador debe atenerse a la directriz hermenéutica contenida en el artículo 386 del Código Procesal.

Respecto a la cuota alimentaria fijada a favor de la menor, es menester recordar que la patria potestad constituye una función en cuyo ejercicio los progenitores deben proteger y formar íntegramente a sus hijos velando por su interés permanentemente y propiciando su pleno desarrollo como personas. De modo que la obligación de alimentos gravita solidariamente tanto sobre el padre como la madre.Sin embargo, cuando uno de ellos efectúa a diario una contribución en especie, estando a su cargo el ejercicio de la guarda, con el cuidado y supervisión directa de los hijos, le corresponde al otro progenitor proveer a las necesidades de los alimentados en mayor proporción, dado que tal tarea si fuera asumida por un tercero sería valuada económicamente (esta Sala, in re, «R., M. c/R., J. s/ Aumento de cuota alimentaria», del 12/11/2009, R.59389, Sumario n°19436 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).

De tal forma la índole peculiar de la obligación alimentaria, originada en la satisfacción de necesidades vitales, la inviste de una fisonomía propia, de la que se desprenden -entre otros importantes caracteres- el de ser eminentemente circunstancial y variable. Así, ningún convenio o sentencia que la comprenden tiene carácter definitivo, pero para que pueda operarse tal variación, en más o en menos o aún haciéndola cesar, es necesario que exista una modificación en los presupuestos de hecho sobre cuya base se la estableció; sea porque cambiaron las posibilidades del alimentante o las necesidades del alimentista, o que haya sobrevenido una causal de cese de la obligación alimentaria.

Llegados a este punto, se impone reconocer que la falta de demostración fehacientemente del incremento de ingresos del obligado no constituye obstáculo para que se adecue la pensión alimentaria a las nuevas condiciones del alimentado; ello en razón que la mayor edad de la hija implica mayores gastos que crean una fuerte presunción que permite acceder al aumento de la cuota alimentaria, incluso cuando no se acreditaron los ingresos efectivos del alimentante, la titularidad o cotitularidad de sus bienes, ni su estado de salud.En efecto, la jurisprudencia y la doctrina es conteste al afirmar que el incremento de las erogaciones necesarias para cubrir la educación, vestimenta y esparcimiento ante la mayor edad de un niño, no necesitan indefectiblemente ser probados, más en este caso que parte de las obligaciones se cumplen en prestaciones directas, lo que supone un acomodamiento inmediato conforme a la fluctuación de las exigencias del medio económico.

A tenor de lo expuesto, ha de tenerse en consideración la concurrencia de determinados factores conforme las necesidades de los hijos; el tiempo trascurrido desde que se celebrara el convenio de alimentos entre sus padres, la mayor edad de la hija y el proceso inflacionario que registra la economía, es que torna razonable el incremento de la pensión alimentaria convenida. Por cierto, no debe dejar de tenerse en consideración lo que las partes acordaran a partir de diciembre de 2011, una cuota alimentaria de tres mil doscientos setenta ($3.270.-) (fs. 2). Tampoco cabe olvidar que al cumplirse con el traslado del incidente el padre aumentó «motu propio» la cuota hasta la suma de $4.000 desde el 13 de febrero de 2013 (fs.136).

Asimismo, cabe señalar que para la valoración de la prueba producida en este tipo de procesos no es necesario que la misma sea directa de los ingresos del alimentante -pues no se requiere la demostración exacta de su patrimonio sino un mínimo de elementos que darán las pautas básicas para estimar si corresponde incrementar el monto de la pensión-, la carencia de otros elementos que aporten convicción sobre el punto, no permite verificar que la nueva cuota solicitada para solventar la manutención de los hijos guarde relación con la condición económica y fortuna del alimentante, y ello, a criterio del tribunal, hace que el límite en la apreciación del aumento solicitado esté dado por las efectivas necesidades a cubrir.

Así, evaluada la prueba rendida y evidenciada las necesidades de la menor de 12 años de edad, que naturalmente desarrollan actividades de esparcimiento acorde a su edad, consideramos elevado el monto asignado en el decisorio, sin que pueda obstar a ello la circunstancia de que la actora haya o no acreditado de manera contundente un mayor caudal económico de alimentante.

A dicha conclusión cabe arribar, de valorarse el incremento de los gastos de manutención de los menores y vincularlo con el valor adquisitivo de la cuota pactada, a fin de mantener cierta inalterabilidad en la equivalencia de la prestación alimentaria, unido a la presunción de los mayores gastos que implica el paso de la infancia a la adolescencia.Por ello, conscientes de que el camino que se emprende con el nacimiento de los hijos no admite claudicaciones a pesar de las dificultades, sin embargo, conforme las circunstancias de este caso, juzgamos prudente reducir la cuota alimentaria fijada en la sentencia bajo recurso en favor de la menor a la suma de $4.500.-

En efecto, sin perjuicio del error que se evidencia en el cálculo de la base remunerativa del progenitor, no puede soslayarse que en los presentes la obligación alimentaria del padre no se refleja únicamente con el aporte de una suma de dinero sino que además se compone de gastos en especie (ver acuerdo de fs. 2), pago directo del colegio y por transporte escolar, uniformes, Swiss Medical, natación, comedor escolar y libros escolares parcialmente; lo que ha sido reconocido por la madre en la absolución de posiciones de fs. 136 (ver posición once, diez, quince, diecisiete, trece y dieciocho, respectivamente).

A ello debe sumarse que desde que un reclamo por aumento de cuota alimentaria debe tenerse en cuenta todas las erogaciones que integran la obligación del progenitor y el incremento que sufre por la situación del país, máxime aún en una realidad económica como la actual, que es de público conocimiento, el costo de vida sufre variaciones ordinariamente.

Por último ha de destacarse que la obligación pesa sobre ambos padres, no exclusivamente sobre uno, y la peticionante tiene ingresos derivados de su trabajo personal y de los alquileres originados en tres departamentos (fs. 198) (art. 265 del Código Civil).

III.Tocante a las costas, consideramos que deben ser impuestas por su orden en ambas instancias, pues si bien no desconocemos el principio que guía su imposición al alimentante en este tipo de proceso a efectos de no disminuir la cuota que percibirá el alimentado, la naturaleza y finalidad de lo que se reclama, ello no significa, desde luego, que el éxito que haya obtenido el alimentante en su defensa resulte irrelevante, pues como es de toda justicia y evidencia se refleja sobre el monto de los honorarios a regular, con lo cual se colma la aspiración de justicia del vencedor, pero en armonía con los intereses alimentarios conflictivos (CNCiv. Sala D, in re «A. S. de G., M. y otros c. G., A. F. F., del 15/02/1984).

Cabe señalar al respecto que el principio de referencia sobre la carga de las costas generadas no es absoluto, sino que reconoce evidentes atemperaciones cuando así lo aconseja e impone la justicia del caso. En efecto, aquella valiosa directiva, destinada a proteger la incolumidad de la prestación alimentaria, no puede ser aplicada ciegamente y sin consideración de los factores que determinan la condena en costas en cada supuesto particular que toca decidir al órgano jurisdiccional. Es que no puede escapar a la comprensión del juzgador que el mantenimiento a ultranza del mencionado principio es no sólo irritante a la igualdad de las partes en juicio, sino que derivaría en la inmune promoción de planteamientos aventurados o en la libre resistencia caprichosa frente a articulaciones ajustadas a derecho (CNCiv., Sala D, A. S. de G., M. y otros c. G., A. F. F., del 15/02/1984, esta Sala in re «V., A. L. c/ M., J. A. s/ alimentos, expte.23.076/12, de 19 de junio de 2013).

En el caso traído a juzgamiento no puede soslayarse que la madre de la menor no desconocía los gastos que producía su hija, ni lo que su padre pagaba respecto a ella, ni la capacidad económica del alimentante y, sin embargo, formalizó el reclamo por la cuota alimentaria mensual a favor de la menor por la suma de $8.000.-; cantidad que indudablemente aparece desproporcionada con la sum a acordada en el convenio de fs. 2 y la actualización posterior.

Por lo demás, cabe señalar también que la modificación de la distribución de las costas en este caso no conspira contra la cuota alimentaria de la niña por vía de disminución, sino -por el contrario- pretende proteger la posibilidad de su cumplimiento, aliviando al progenitor demandado la carga económica que implica responder con totalidad de los gastos causídicos que genera el proceso, lo que demuestra la concurrencia de un justificativo para eximir de cargar en su totalidad con los gastos causídicos del proceso.

IV. En mérito a los fundamentos expuestos y oído el Ministerio Pupilar, se RESUELVE: modificar la sentencia de 254/6 vta., reduciendo la cuota alimentaria a favor de la menor a $4.500, además de mantener los pagos en especie que oportunamente se acordaron. Las costas en ambas instancias se imponen por su orden en función de lo expresado en apartado III.

En orden a lo normado por el art. 279 del Código Procesal, corresponde revisar las regulaciones de honorarios practicadas en las sentencia de fs. 254/6 vta. y, eventualmente, en caso de corresponder, modificarlas.

En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 19, 25, 37, 41 y concordantes de la ley 21.839 (mod. ley 24.432) se fijan en la suma ($.).- de los honorarios de la letrada apoderada de la actora, Dra.S M, y en la suma de ($.).- los del Dr. G M. M, letrado apoderado del demandado.

Por la labor realizada en la alzada, de conformidad con las pautas del art. 14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios de la representación letrada de la actora en la suma de ($.).- y los de la representación letrada de la demandada en la suma de ($.).-

Regístrese, notifíquese a la Sra. Defensora de Menores de Cámara en su despacho, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y, oportunamente, devuélvase haciéndose saber que en primera instancia deberá notificarse la recepción de las actuaciones y el presente fallo en forma conjunta.

Fdo.

Marta del Rosario Mattera.

Zulema Wilde.

Beatriz A. Verón.

Es copia fiel de su original que obra en el expediente a fs. 345/8. Conste.

 

 

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