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Buscará aprobar el oficialismo la polémica lista de conjueces

CSJNEl recinto del Senado se convertirá hoy en escenario de una dura puja política entre el kirchnerismo y los bloques del Frente Amplio UNEN por la designación de una decena de conjueces (jueces suplentes) para la Corte Suprema de Justicia.

La disputa estará centrada en la mayoría que se requerirá para aprobar la nómina de diez abogados remitida por el Poder Ejecutivo.

Mientras las bancadas opositoras sostienen que deberá hacerse con mayoría calificada de dos tercios de los presentes, proporción exigida por la Constitución para dar acuerdo a los jueces del máximo tribunal, el oficialismo sostiene y avanzará con su teoría de que sólo se necesita simple mayoría. Tiene los números para imponer su criterio.

A pesar de contar con dictamen para aprobar conjueces para otros once tribunales, entre ellos las cámaras nacionales de la Seguridad Social y Electoral, en la sesión de hoy, convocada para las 14, el oficialismo sólo avanzará con la nómina de jueces subrogantes para la Corte.

Para la oposición, la aprobación de listas de conjueces que impulsa el Poder Ejecutivo (entre diciembre y marzo últimos envió más de veinte nóminas) es una maniobra para asegurarse impunidad en las causas judiciales que complican al kirchnerismo.

«Ésta es una maniobra perversa del Gobierno para colonizar la Justicia, llenándola con militantes de La Cámpora y del Frente para la Victoria», denunció Gerardo Morales (Jujuy), jefe del bloque de senadores radicales.

La nómina propuesta por el Poder Ejecutivo para subrogar causas en la Corte ante eventuales ausencias o recusaciones la integran León Arslanian, Tomás Hutchinson, Ernesto Marcer, Héctor García Cuerva, Arístides Corti, Carlos Cárcova, Walter Huggias, Gustavo Ferreira, Ricardo Nissen y José Chirico.

El radicalismo no llegó a plantear objeciones a estos nombres, como sí hizo con los candidatos de las otras nóminas de conjueces, porque hace dos semanas se plantó en la Comisión de Acuerdos con su reclamo de que estos conjueces debían aprobarse con el voto de los dos tercios de los presentes antes de entrar a discutir la capacidad de los postulantes. Como el oficialismo no lo aceptó, la UCR se retiró de la reunión.

«La posición del bloque es que debe aplicarse el artículo 99, inciso 4, de la Constitución nacional y, por lo tanto, se requiere el voto de los dos tercios de la Cámara», explicó Ernesto Sanz (UCR-Mendoza). Esa cláusula es la que establece que el acuerdo para designar a un juez de la Corte requiere mayoría calificada.

La postura de la UCR es acompañada por los integrantes del interbloque del FAP. No así por los peronistas disidentes y el Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle (FPV-Chubut), replicó a la UCR que «el caso de los conjueces es distinto (al de los jueces del máximo tribunal), ya que tienen un régimen de designación diferente, totalmente transitorio» establecido por la ley de subrogancias. En tanto, Aníbal Fernández (Buenos Aires) sostuvo que no se requieren los dos tercios porque los primeros en la lista de prelación para ocupar vacantes en la Corte son camaristas, magistrados que no son designados por mayoría especial.

Abal Medina, embajador

En la sesión de hoy, el oficialismo avanzará también con el acuerdo a Juan Manuel Abal Medina como embajador ante el Mercosur.

También está previsto el tratamiento del Digesto Jurídico, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara baja.

Sin embargo, este tema podría postergarse por diferencias con la oposición que dificultarían la mayoría que se requiere para sancionarlo.

Morales, con el fiscal de Milani

Tras la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que solicitó la semana pasada profundizar la investigación en la que es investigado el jefe del Ejército, César Milani, por la desaparición de Alberto Ledo, el titular del bloque de los senadores radicales, Gerardo Morales, junto a la senadora Silvia Elías de Pérez y el diputado Pablo Baca, se presentaron en la fiscalía a cargo de Carlos Brito. «Las instituciones del Estado, en nuestro caso el Congreso, deben garantizar que Milani no quede impune», dijo Morales..
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