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Se acredita la relación comercial que existe entra las partes y la falta de pago de las facturas objeto de pleito

sentenciaPartes: Hormigón Rápido S.A. c/ Fideicomiso Pacheco Mall s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 21-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85455-AR | MJJ85455 | MJJ85455

Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda quedando acreditada la relación comercial que une a las partes -compraventa de hormigón- como la falta de pago de las facturas objeto del pleito.

Sumario:

1.-La factura es un medio probatorio genérico de los contratos comerciales y no solamente de la compraventa, de donde se sigue que la norma indicada -e igualmente el art. 63 del CCom.- tiene un alcance comprensivo a todas las negociaciones mercantiles.

2.-Sea que se trate de una compraventa o de otra contratación distinta, la falta de reclamación de las facturas resulta relevante no sólo a los efectos literalmente previstos por el art. 474, párr. 3° , del CCom. (establecer una presunción de cuentas liquidadas), sino también para probar, en general, las modalidades y cláusulas del negocio al que se sujetaron las partes. De allí que inclusive corresponda asignar a los contenidos puestos en las facturas un alcance convencional .

3.-Frente a la obligación de expedirse que impone el art. 919 del CCiv., puede admitirse que el silencio es suficiente para justificar la vinculación jurídica que permitió la expedición del documento.

4.-El silencio posterior a la recepción de una factura solamente sirve para acreditar la existencia del contrato y sus condiciones. No sirve, en cambio, para probar la ejecución del contrato, extremo este último que, lógicamente, constituye un prius para hacer exigible las sumas que se consignan en las facturas, y cuya existencia debe demostrarse necesariamente por otros medios.

5.-La factura misma hace prueba de la realizada conclusión del contrato, del precio pactado y, en general, de todas las otras modalidades y cláusulas ejecutivas en ella expresadas, como las referentes al tiempo y lugar de pago, medida y vencimiento de los intereses, descuentos o abonos, términos establecidos para reclamaciones y así sucesivamente. Pero, por el contrario, no hace ni puede hacer prueba de los hechos puramente unilaterales de ejecución que quien emite la factura afirme como ocurridos, no siendo lícito a ningún obligado el constituir por sí mismo, con una simple aserción suya, la prueba del cumplimiento. Por eso la factura no valdrá nunca por sí sola para demostrar la ejecución del contrato. Y no serviría para decir lo contrario, que quien recibió la factura la aceptó expresa o tácitamente, ya que tal aceptación si puede tener eficacia en cuanto se refiere a las condiciones y a las cláusulas del contrato, no puede, en cambio, tener ninguna en cuanto a los hechos materiales de ejecución unilateralmente afirmados por quien expide la factura.

6.-El libro IVA no es jurídicamente un libro de comercio pues no refleja un cuadro verídico de los negocios (CCom. 53 ) y carece de valor probatorio por si mismo. Sin embargo, aún con estos reparos, la jurisprudencia le ha concedido cierta aptitud probatoria, pero limitada a corroborar otras pruebas que se hubieren rendido. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de febrero dos mil catorce, reúnense los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa «HORMIGON RAPIDO S.A. contra FIDEICOMISO PACHECO MALL sobre ORDINARIO», registro n° 35096/2011, procedente del Juzgado N° 7 del fuero (Secretaría N° 13), donde está identificado como expediente N° 089262, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Vassallo, Dieuzeide y Heredia.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara, Gerardo G. Vassallo

dijo:

I. Hormigón Rápido S.A., demandó a Fideicomiso Pacheco Mall con el objeto que este último sea condenado a pagarle la suma de $ 104.549,25 con más sus intereses y costas.

Dijo que su contraria adquirió a su parte cierta cantidad de hormigón elaborado, cuyo detalle resulta de las facturas que agregó; material que fue oportunamente entregado a su comprador según lo demuestran los remitos que también incorporó con su escrito de demanda.

Denunció que luego de una relación comercial pacífica, Fideicomiso Pacheco Mall incumplió con los pagos lo cual generó diversos reclamos que culminaron con una carta documento, la que fue contestada por la contraria donde negó haber adquirido la cantidad de material facturado.

II. Fideicomiso Pacheco Mall contestó demanda en fs. 97/101 donde postuló el total rechazo de la pretensión de su contraria.

Luego de una pormenorizada negativa de los hechos referidos por la actora en su escrito de inicio, capítulo en donde esencialmente negó la deuda, brindó su versión de lo ocurrido.

Reiteró no haber adquirido los 167 m3 que se le reclaman sino sólo 66m3.En rigor, dijo haber intentado adquirir dicha cantidad (fs, 99). Negó la recepción del hormigón, y a tal efecto impugnó los remitos traídos por su contraria, en particular la persona del firmante de tal recepción. A su vez dijo que las facturas no se correspondían con los remitos, lo cual demostraba la falsedad de los hechos invocados por su contraria. En particular dijo que en estos últimos no constaba el número de factura al que debían relacionarse.

Por último, impugnó la pretensión de cobro del «servicio de bombeo», pues el mismo, según dijo, siempre se encontró a cargo de la vendedora en tanto que no existe otro servicio de transportación que haga posible la entrega.

III. La sentencia de primera instancia (fs.220/228) admitió sustancialmente la demanda deducida por Hormigón Rápido S.A., condenando a Fideicomiso Pacheco Mall a pagar la suma de $ 86.853,80 con más los intereses que allí indicó. Congruente con tal solución, impuso las costas a la vencida.

Para así decidir el señor juez a quo consideró que con la prueba rendida quedaron acreditadas tanto la relación comercial entre las partes como la falta de pago de las facturas objeto de pleito. Conclusión que apoyó esencialmente en el dictamen pericial contable y en la prueba testimonial.

Fideicomiso Pacheco Mall apeló el fallo, expresando sus agravios en fs. 247/249, pieza que fue contestada en fs. 252/253.

Cabe entonces analizar este único recurso vigente referido a la sustancia del conflicto.

IV.En prieta síntesis, los agravios de Fideicomiso Pacheco Mall se circunscribieron a cuestionar la ponderación de la prueba que realizó el señor juez para decidir como lo hizo, en particular imputó una visión sesgada del contenido del peritaje contable, como cierta desatención a una respuesta de la testigo Izaguirre.

Un análisis estricto de la memoria de agravios presentada por la demandada podría llevar a entender que la misma no ha formulado una crítica eficaz de los fundamentos de la sentencia, al punto de colocarse al límite de la infracción a la regla establecida por el artículo 265 del código de rito.

Sin embargo, frente a una razonable duda, cabe soslayar este óbice formal e ingresar en su estudio a efectos de evitar toda hipotética afectación del derecho de defensa.

Como ya anticipé, la demandada atacó la sentencia de primera instancia en tanto tuvo por acreditado el contrato de compraventa a partir de cierta prueba documental producida en forma unilateral por la parte actora.

Sostuvo, que tal razonamiento resultaba absurdo por cuanto las facturas como instrumentos unilaterales, sólo podían probar la existencia del contrato si habían sido recibidas y no cuestionada por su comprador (conf. art. 474 del Código de Comercio). Situación que según dijo, no ocurrió en el caso, pues la recepción de las facturas había sido negada, amén de carecer de sello y firma. A su vez destacó que las mismas no figuraban en su contabilidad.

Sin embargo entiendo que esta afirmación es falaz.

De la lectura del escrito de contestación de demanda no advierto que Fideicomiso Pacheco Mall hubiera negado expresamente la recepción de las facturas. Es cierto que genéricamente negó su autenticidad, como lo hizo respecto de la demás documental acompañada por Hormigón Rápido S.A., o que «las ventas se encuentran debidamente documentadas con sus correspondientes facturas» (fs.97 y v), pero no formuló una clara negativa respecto del punto en estudio.

Es que tal desconocimiento hubiera sido incongruente con sus propios actos en los que expresamente había admitido tal recepción.

Según puede leerse en la carta documento que Fideicomiso Pacheco Mall envió en respuesta a una similar de Hormigón Rápido S.A. (ver transcripción de fs. 86), la demandada califica de inexactos los metros cúbicos de hormigón que refieren las facturas que aquí son reclamadas. Véase que las identifica con número y fecha, y estas coinciden con la enumeración de fs. 88 mediante la cual la actora describe los alcances numéricos de su pretensión.

Cabe señalar que tal carta documento fue explícitamente reconocida por la demandada en su escrito de responde al criticar a su contrario por no hacer referencia alguna a los cuestionamientos que su parte ensayó en la misiva (fs. 91v, último párrafo/92).

recibidas tales facturas, Fideicomiso Pacheco Mall no dijo haberlas impugnado oportunamente. Sólo lo hizo, con vía fehaciente, al cursar la referida carta documento diez meses después de la fecha de las facturas.

Frente a ello, cabe tener no sólo por acreditada la compraventa sino también, a las mismas como cuentas liquidadas al no impugnar tempestivamente su contenido (artículo 474, código de comercio).

Resulta adecuado recordar aquí que, como ha dicho la Sala en varios precedentes, «.la factura es un medio probatorio genérico de los contratos comerciales y no solamente de la compraventa, de donde se sigue que la norma indicada -e igualmente el art. 63 del Código de Comercio- tiene un alcance comprensivo a todas las negociaciones mercantiles (conf. CNCiv. Com. Fed. Sala II, 14/6/1988, «Kaiser, Erwin Ramón Valentín c/ Velloso Colombres, Pedro A. s/ cobro de pesos»; CNCom. Sala D, 30/8/1983, «Tehuelche Safari S.A.»; íd. Sala A, 14/12/1989, «Damor S.A.»; íd. Sala A, 28/9/1989, «Sebastián de Amorrortu e Hijos S.A.»; Sala B, 27/10/1995, «Rapel S.A.»; íd.Sala A, 9/6/1995, «Román S.A.»; íd. Sala C, 30/6/1983, «Con-Mor S.R.L.»; Fernández, R. y Gómez Leo, O., ob. cit., t. II, p. 186; Caputo, L., Casos y efectos del art. 474, apartado 3°, del Código de Comercio, JA t. 2000-

I, p. 902; Nissen, R., Facturas, remitos y otra documentación mercantil, LL t. 1984-C, p. 653)».

«Ahora bien, sea que se trate de una compraventa o de otra contratación distinta, la falta de reclamación de las facturas resulta relevante no sólo a los efectos literalmente previstos por el art. 474, párrafo 3°, del Código de Comercio (establecer una presunción de cuentas liquidadas), sino también para probar, en general, las modalidades y cláusulas del negocio al que se sujetaron las partes. De allí que inclusive corresponda asignar a los contenidos puestos en las facturas un alcance «convencional» (conf. CNCom. Sala E, 6/5/1998, «Marino e Hijos S.A. c/ Romo, Armando», LL t. 1990-A, p. 410, con nota de Hocsman, H., Graves consecuencias por la inactividad ante la recepción de las facturas), en el sentido de que frente a la obligación de expedirse que impone el art. 919 del Código Civil, puede admitirse que el silencio es suficiente para justificar la vinculación jurídica que permitió la expedición del documento (conf. CNCom. Sala A, 12/10/1981, «Rexson S.A.c/ Molteni, Julio»)».

«Sentado lo anterior, se concluye, en síntesis, que el silencio posterior a la recepción de una factura solamente sirve para acreditar la existencia del contrato y sus condiciones».

«No sirve, en cambio, para probar la ejecución del contrato (que es lo que aquí está en tela de juicio), extremo este último que, lógicamente, constituye un prius para hacer exigible las sumas que se consignan en las facturas, y cuya existencia debe demostrarse necesariamente por otros medios».

«En este preciso orden de ideas, la doctrina -ya clásica- ha expresado que la factura misma hace prueba de la realizada conclusión del contrato, del precio pactado y, en general, de todas las otras modalidades y cláusulas ejecutivas en ella expresadas, como las referentes al tiempo y lugar de pago, medida y vencimiento de los intereses, descuentos o abonos, términos establecidos para reclamaciones y así sucesivamente. Pero, por el contrario, no hace ni puede hacer prueba de los hechos puramente unilaterales de ejecución que quien emite la factura afirme como ocurridos, no siendo lícito a ningún obligado el constituir por sí mismo, con una simple aserción suya, la prueba del cumplimiento. Por eso la factura no valdrá nunca por sí sola para demostrar la ejecución del contrato. Y no serviría para decir lo contrario, que quien recibió la factura la aceptó expresa o tácitamente, ya que ta l aceptación si puede tener eficacia en cuanto se refiere a las condiciones y a las cláusulas del contrato, no puede, en cambio, tener ninguna en cuanto a los hechos materiales de ejecución unilateralmente afirmados por quien expide la factura (conf. Tartufari, L., en Bolafio-Rocco-Vivante, Derecho Comercial – De la venta y del reporto, t. 4, vol. 1, ps. 131/132, n° 61, Buenos Aires, 1948; Garo, F., Tratado de las compra-ventas comerciales y marítimas, t. I, p. 95, n° 62, texto y nota n° 239)» (esta Sala, 12.12.2006, «Otis Argentina S.A. c/ Fundación Instituto de Neurobiología -FINDEU- y otro»; del voto del Dr.Heredia, entre otros).

Lo hasta aquí dicho justifica ratificar lo concluido en la sentencia en punto a que la operatoria comercial habida entre las partes, referida puntualmente a las facturas en disputa, ha sido claramente acreditada.

Entiendo además que la entrega del producto vendido también ha quedado probada.

Luego de formular algunas objeciones dilatorias referidas a estos instrumentos (que facturas y remitos no se complementaban; afirmación destruida por el peritaje contable), la demandada focalizó su impugnación en la persona que habría recibido los camiones al tiempo de su descarga en la obra administrada por el Fideicomiso Pacheco Mall.

Pero la demandada se limitó a desconocer genéricamente los remitos como la autenticidad de la firma, con la argumentación de no contar con «.los sellos de ‘recibido’ de esta empresa (tal como es habitual en la operatoria de la demandada), ni sus nombres y apellidos y documento identidad» (fs. 99v).

Sin embargo esta postura no constituye una impugnación atendible, y desatiende un principio esencial de lealtad de quien concurre a la Justicia que debe aportar todos los medios a su alcance para arribar a la verdad objetiva.

Es que tanto de los remitos como del peritaje contable (ver planilla de fs. 145), resulta que quien recibió usualmente a los camiones fue un señor «Gotell» o «Gotelli», salvo en una oportunidad en que habría actuado un señor Cristian Sub.

Frente a esta precisión, la demandada debería haber manifestado, cuanto menos, si tales personas laboran en su empresa o si le son ajenas totalmente.En su caso, probar sus dichos, en tanto se encontraba en óptimas condiciones para hacerlo.

Al no cumplir tal deber de lealtad, como lo destaca la sentencia de primera instancia sin que ello sea criticado idóneamente por la recurrente, aquella negativa se desdibuja.

Tanto más cuando la declaración del testigo Mastroberti ratifica la entrega del material como chofer de los camiones en el que fue trasladado.

Por último, el peritaje contable también permite reafirmar la solución que ya puede intuirse.

A diferencia de lo ocurrido con la demandada, la actora presentó sus libros de comercio, los que fueron calificados como «llevados en legal forma» por la perito (fs. 149).

Sin embargo, al dictaminar sobre los registros de Hormigón Rápido S.A., la experta focalizó su tarea sobre el «libro subdiario IVA Ventas y el ‘Resumen de cuenta'» (fs. 149).

Igual actitud, aunque algo contradictoria, cumplió al indagar en la contabilidad de la demandada. Es que luego de afirmar que Fideicomiso Pacheco Mall «no ha exhibido libros al suscripto», sorpresivamente dijo haber tenido a la vista los «subdiarios IVA Compras por los períodos julio a noviembre de 2010» y procedió a dictaminar con base en ellos.

Ha sido dicho que el libro IVA no es jurídicamente un libro de comercio pues no refleja «un cuadro verídico de los negocios» (CCOM 53) y carece de valor probatorio por si mismo (esta Sala, 14.11.2001, Complements S.A. c/ Díaz de Mansour; en igual sentido Com A, 16.5.1996, Frigorífico Ebro SRL c/ Bastianelli SRL s/ ordinario, LL 1996-D-391; íd. A, 16.7.92, Matisso Lingerie SA C/ Castagno, Roberto s/ cobro de pesos; Com B, 14.11.01, Conapa Cía. Naviera Paraná s/ quiebra s/ inc. de verificación por Marítima Seghini; íd B,

7.8.1990, Ledafilms SA c/ Video de la Costa SA s/ sumario; íd D, 5.2.1991, Tintorería Industrial Muller y Cía S.A. c/ Dubella S.A.s/ sumario; Com E,

30.11.1990, Telecher, Margarita c/ Alifraco Salvador s/ ordinario; íd E,

12.5.1999, Excelsitas S.A. c/ Sanatorio Quintana S.A.).

Sin embargo, aún con estos reparos, la jurisprudencia le ha concedido cierta aptitud probatoria, pero limitada a corroborar otras pruebas que se hubieren rendido. (CNCom Sala E, 3.6.1994, Giordano Angel c/ Pedraza Bruno: en igual sentido CNCom Sala A, 14.6.2000, Consultas y Diagnósticos S.A. c/ Administraciones Médicas S.A.; Com Sala B, 12.5.1999, Perfidur SRL c/ Gypsum Arg. SRL; CNCom Sala C, 7.4.2000, Obregón Cano, María Raquel y otros c/ Carlozzi de Cabrera, Haydee del Valle; CNCom Sala C,

14.7.2000, Inter Cotton Asociados S.A. c/ La Plata Cereal Co. S.A.; íd. Sala

C, 1.3.2005, Alvarez Viviana c/ Italpapelera S.A.).

En principio es de presumir que si la experta analizó tanto los libros Inventario y Balance cuanto el diario, debería haber constatado que las registraciones en el Libro IVA ventas quedaron también reflejadas en aquellos.

De todos modos, como ya dije, la demandada reconoció explícitamente en la carta documento que cursó a su contrario como respuesta, haber recibido las facturas y no dijo haberlas impugnado oportunamente, lo cual ratifica los asientos hallados por la experta en el libro «impositivo».

A diferencia de ello, y según los estrictos dichos de la contadora, la demandada sólo le exhibió un libro (IVA compras), pero que cubre el período julio a noviembre de 2010 (no aclara si noviembre está incluido o es hasta noviembre), espacio temporal ajeno al de las operaciones controvertidas.

aún cuando cubriera el mes de noviembre 2010, la solución no variaría.

En primer lugar es de advertir que buena parte de las ventas se produjeron en diciembre de 2010.Pero además, de comprender aquel mes, la ausencia de registros de las operaciones constituiría una nueva falla contable de Fideicomiso Pacheco Mall, quien como adelanté, ya reconoció haber recibido la totalidad de las facturas y no haberlas impugnado.

Así, aún cuando no sea posible en el caso, aplicar las reglas probatorias del artículo 63 del código de comercio, es claro que desde lo presuncional, el dictamen pericial ratifica las demás probanzas que mostraron la realidad de las ventas y la entrega del producto. Y a partir de tal premisa, la demandada debió anejar algún recibo u otro instrumento que permita demostrar que saldó la deuda que se le reclama.

Por último cabe destacar que la calidad de deudora de Fideicomiso Pacheco Mall es confirmada mediante el testimonio de la señora Jesica Silvina Izaguirre (fs. 185/186; empleada administrativa de Hormigón Rápido S.A.) pues al ser preguntada sobre el estado de cuenta de la demandada, respondió: «.actualmente mantiene una deuda con la firma, que esta información surge del resumen de cuenta y que la dicente lo pudo verificar porque pertenece al sector de cobranzas, y ha reclamado esta saldo deudor en varias ocasiones telefónicamente. » A lo que agregó, en su respuesta a la segunda repregunta de Fideicomiso Pacheco Mall: «. que el Fideicomiso, cuando se le reclamó el saldo deudor en varias ocasiones dijeron que no iban a pagar porque no habían pedido tanto hormigón. » (fs. 186).

Resulta adecuado recordar en este punto que no resta fuerza probatoria a este testimonio el hecho de que provengan de personas ligadas a la parte actora. Es que, como lo ha destacado la jurisprudencia de esta Cámara, circunstancias subjetivas como las indicadas, no ponen por sí mismo en tela de juicio la veracidad de lo declarado, en razón de tratarse de testigos necesarios por su intervención directa y personal en el aspecto de que se trata, lo cual les permitió acceder al efectivo conocimiento de los hechos (conf. CNCom. Sala D, 13/12/1990, «Galas Color»; íd. Sala D, 25/5/2001, «Abocon S.A.c/ Blanca Nieve S.R.L. s/ ordinario; íd. Sala D, 29/11/06, «Ernesto Ricardo Hornus S.A. c/ Ingalfa S.A. s/ sumario»; íd. Sala D, 14/2/07, «Recupero Energético SA c/ Camuzzi Gas Pampeana S.A.»; íd. Sala D, 18/4/07, «La Equitativa del Plata S.A. c/ EDESUR»; íd. Sala D, 19/9/07, «Converques S.R.L. s/ quiebra s/ inc. extensión de quiebra»; íd. Sala C, 1/8/1989, «O. Ferrari S.R.L. c/ Cía. Instrumental del Litoral S.A.»; íd. Sala C, 8/9/1989, «Heinen de la Torre»; íd. Sala C, 29/1219/92, «Desar S.A. c/ Transporte Intercap S.A.»; íd. Sala E, 21/3/2003, «Omega Coop. De Seg. Ltda. c/ Cencosud S.A.»; etc.). Ello sin perjuicio de la debida ponderación de la veracidad de los testimonios de acuerdo a lo previsto por el art. 456 del Código Procesal.» (esta Sala, 8.3.2010, «Driollet, César Augusto c/ Village Cinemas S.A. s/ordinario»).

V. Conforme lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo que estamos celebrando, confirmar íntegramente la sentencia en estudio, imponiendo las costas de Alzada a la recurrente vencida (artículo 68 código procesal).

Así voto.

Los señores Jueces de Cámara, doctores Dieuzeide y Heredia adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Confirmar íntegramente la sentencia en estudio.

(b) Imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida (artículo 68 del Código Procesal).

(c) En virtud de la naturaleza, importancia, calidad y extensión de las tareas desarrolladas, teniendo en cuenta el límite establecido por el art. 505 del Código Civil y las etapas procesales efectivamente cumplidas por cada uno de los profesionales intervinientes, por estar apelados únicamente por altos, se confirman en $ 21.500 (pesos veintiún mil quinientos) los emolumentos del letrado apoderado de la parte actora doctor Pablo N. Guzmán Antelo.Asimismo, se elevan a $ 15.700 (pesos quince mil setecientos) los honorarios del letrado apoderado de la parte demandada, doctor Julián Jorge De Mendieta. De su lado, se reducen a $ 5.100 (pesos cinco mil cien) los estipendios de la perito contadora, Jésica Mariela Lerner (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21839, modif. por la ley 24432; art. 478 Cod. Proc. y art. 3 Dcto Ley 16638/57 modif. por ley 24432). Finalmente, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto 91/98, reglamentario de la ley 24.573, se confirma en $ 1.200 (pesos un mil doscientos) los honorarios de la mediadora, doctora Margaritá Juliá.

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

Pablo D. Heredia

Gerardo G. Vassallo

Juan José Dieuzeide

Julio Federico Passarón Secretario de Cámara

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