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Ir por más. Ése es el lema que guía al grupo de legisladores, ahora con más adeptos, que reclama transparencia nada menos que en su casa, el Congreso de la Nación. Ayer se reunieron por segunda vez junto a una red de ONG e importantes referentes regionales de la Red Transparencia Legislativa: en este marco, los legisladores argentinos lanzaron la idea de impulsar una resolución interna que asegure el acceso a la información parlamentaria.
La intención es que los jefes de bloque y los presidentes de ambas cámaras suscriban este reglamento interno, el cual debería contener los lineamientos básicos de transparencia que debe cumplir cualquier legislador: desde la publicación de sus dietas hasta sus viajes al interior y al exterior; el nombramiento de personal, tanto temporal como contratado, y sus declaraciones juradas, entre otras cosas.
Un tibio avance en la difusión pública de estos datos comenzó a visualizarse esta semana en la página web de la Cámara de Diputados, luego de que la nacion revelara que un grupo de seis diputados junto a ONG reclamaban a viva voz una mayor transparencia legislativa. Eran ellos Laura Alonso (Pro); Martín Lousteau y Carla Carrizo (Sumá +); Manuel Garrido (UCR); Adrián Pérez (Frente Renovador), y la senadora Laura Montero (UCR). Desde ayer se sumaron los senadores Diego Santilli (Pro); Norma Morandini (FAP), y la diputada Margarita Stolbizer (GEN).
Asesores y becas
Si bien celebraron la reacción que tuvo la Cámara baja, representantes de las ONG advirtieron que todavía es insuficiente. Un tema clave, por caso, es la designación del personal legislativo, un botín muy preciado por los bloques y, por tal motivo, una cuestión tabú. La información que divulgó la Cámara baja sólo detalla el número global de agentes permanentes y transitorios y los salarios correspondientes a cada categoría. Pero el personal contratado sigue siendo un misterio. En resumidas cuentas, para un ciudadano común todavía es imposible saber cuántos y qué asesores trabajan con el legislador al que votó. Algo similar ocurre con las becas y subsidios que otorgan los legisladores. Si bien los montos no son significativos (cinco millones de pesos para becas y otros 10 millones para subsidios para los 257 diputados), no se puede conocer aún adónde van destinados.
“Tampoco se pueden conocer las resoluciones internas de la Cámara de Diputados. Todos tenemos derecho, como ciudadanos, a conocer la información vinculada a nuestros representantes. Nosotros creemos en el concepto de acceso a la información pública, pero las autoridades parlamentarias no, es una diferencia de concepto básica”, planteó María Baron, directora ejecutiva de Fundación Directorio Legislativo.
En el mismo sentido se expresó Pablo Secchi, de Poder Ciudadano. “Muchas veces la gente desconfía de los legisladores, pero es por falta de información. No hay voluntad clara de un gobierno abierto.”
Un dato llamativo: por primera vez se hicieron presentes el director general administrativo del Senado, Carlos Dichiara, y su par de Diputados, Gabriel Aparicio, que escuchaban todas las inquietudes.
¿Cómo modificar esta actitud? Según la diputada Stolbizer, promoviendo el cambio “desde abajo hacia arriba”, es decir, desde los legisladores rasos hacia las autoridades, “en un espíritu de colaboración, no de la crítica”.
Carrizo coincidió: “La transparencia no debe ser una decisión personal, sino política”, apuntó, mientras Santilli lamentó que, por falta de transparencia, la ciudadanía tenga tantos prejuicios sobre los legisladores. “Me molesta que se digan cosas sobre nosotros que no son verdad. Por eso hay que difundir todo”, dijo.
Alzar la voz para reclamar un mayor acceso a la información parlamentaria no les fue gratuito a estos legisladores. La gran mayoría sufrió el dedo acusador de algunos de sus colegas, más apegados al statu quo que a la transparencia.
“Tuvimos días complicados porque molestamos. No tolero que se nos diga que denigramos la política por pedir transparencia”, lanzó Alonso. “Hay resistencia porque rompemos el molde, pero no me preocupa: sí creo que la rendición de cuentas debe ser integral para que se valore el trabajo de los legisladores y el Congreso”, concluyó..
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Fuente: La Nación
